El pasado 13 de noviembre, familiares de víctimas y sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco, acompañados de organizaciones sociales, realizaron un acto de conmemoración a 13 años de la violenta agresión contra el pequeño poblado tzeltal y chol en el municipio de Ocosingo, Chiapas.
Las y los participantes del evento, reunidos en la comunidad de San Martín Chamizal, municipio de Palenque, junto a la Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas CDLI-XI’NICH’,Ucisech, Tsolej Yu’un Wocoltic, realizaron una peregrinación hacia La Trinitaria durante la cual difundieron un comunicado. En él, enfatizaron que a 13 años de los eventos “los responsables intelectuales y materiales siguen libres y en la impunidad, y las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación de daño”.
Fue en las primeras horas del 13 de noviembre del año 2006 cuando 40 personas provenientes de las comunidades Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab entraron a la comunidad Viejo Velasco. Dicho grupo iba armado con machetes, palos, escopetas y rifles calibre 22, además de ir acompañados por 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas equipados con armas de alto poder como rifles AR-15 y AK-47.
“Así también hubo presencia de cinco fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social. Estos actos violentos provocaron el desplazamiento forzado de 36 habitantes, cuatro ejecuciones extrajudiciales y cuatro desapariciones forzadas, de las cuales se encontraron restos de dos personas y fueron entregados a sus familiares cinco años después”, leyeron los participantes del evento para enfatizar la impunidad y el cobijo institucional con el cual se permitió la masacre.
De acuerdos a testimonios de los sobrevivientes el objetivo de la masacre era sembrar el terror entre los pobladores para que abandonaran sus tierras. Dicha acción se enmarca en un conflicto agrario en la Selva Lacandona de larga data, el cual se gestó por políticas del Estado mexicano para reubicar y desalojar a poblados indígenas tzeltales, tsotsiles, choles y tojolabales ubicados dentro y en los límites de la actual Reserva de la Biósfera de Montes Azules.
Conflictos: responsabilidad del Estado Mexicano
En abril de 1971, tres pueblos lacandones iniciaron una solicitud agraria para la dotación de sus ejidos con una superficie de 10 mil hectáreas. Ocho meses después, el presidente Luis Echeverría firmó el decreto de reconocimiento y titulación de Bienes Comunales de la Zona Lacandona (BCZL) con una superficie de 614, 321 hectáreas en favor de 66 familias lacandonas.
El decreto presidencial ignoró y se encimó sobre 17 ejidos tzeltales y choles que para entonces ya contaban con resolución presidencial. A su vez, el decreto de BCZL también excluyó a 30 núcleos agrarios que ya desarrollaban la solicitud agraria con las autoridades mexicanas. En total, con el decreto el gobierno mexicano canceló el reconocimiento agrario de las tierras para 4,000 familias.
En el año de 1976, el gobierno fundó los pueblos de Frontera Corozal y Nueva Palestina donde reubicó a 21 ejidos quienes aceptaron la reubicación como “subcomunidades” de la Zona Lacandona.
Para el año de 1978, el gobierno federal complicó aún más la situación agraria al decretar la creación de la Reserva de la Biósfera “Montes Azules” con una superficie de 331,200 hectáreas encima del polígono de la comunidad Lacandona.
En la década de los años 80s, los poblados de Nuevo Tila, Ojo de Agua Tsotsil, Flor de Cacao, San Jacinto Lacanjá y Viejo Velasco sufrieron brutales desalojos debido a que estaban establecidos en las inmediaciones de la BCZL.
En un convenio firmado en el año de 1984 entre las comunidades desplazadas y las autoridades de los BCZL, las familias desalojadas fueron reubicadas en la zona de “El Desempeño”. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se comprometió a regularizar las tierras en un plazo no mayor a 10 días. No obstante, a más de tres décadas, las autoridades federales jamás entregaron los documentos para la titulación agraria.
Entre los años de 2005 y 2006 y bajo la coordinación de Marta Cecilia Díaz Gordillo, delegada de la Secretaría de la Reforma Agraria, se realizó la denominada mesa interinstitucional en la comunidad de el Limonar, proceso de “diálogo” con el objetivo de convencer a las comunidades para llevar a cabo un “desalojo voluntario” de una de las zonas más ricas en biodiversidad, con amplias fuentes de agua, cobertura forestal y un fuerte atractivo turístico en el sureste de México.
En el año de 2006 los habitantes de distintas comunidades, incluidos los de Viejo Velasco, rompieron la negociación con las autoridades federales y para el 20 de marzo del mismo año la SRA anunció el finiquito del proceso agrario con lo cual iniciaron las amenazas de desalojo en toda la Selva Lacandona.
En la zona del Valle de Santo Domingo y la Cojolita, región donde yacen las ruinas de la ciudad maya de Yaxchilán cerca del río Usumacinta, los poblados de Viejo Velasco, Flor de Cacao, Ojo de Agua Tsotsil y San Jacinto Lacanjá se convirtieron en los objetivos prioritarios de la represión.
Áreas protegidas ¿de quièn?
La creación de los BCZL y el decreto de la Reserva de la Biosfera Montes Azules partieron de un intento gubernamental para detener la colonización de la selva por indígenas quienes huían de las fincas campesinas que poblaban el estado de Chiapas. Además de dicho objetivo, el Estado mexicano también buscó con dichos decretos y políticas, el obtener el control sobre la boyante industria de la explotación forestal y otros recursos naturales como el agua.
“Tres de las comunidades (Flor de Cacao, San Jacinto Lacanja, Ojo de Agua el Progreso) están localizadas en un terreno en donde todavía hay maderas preciosas que la comunidad Lacandona quiere explotar”, enfatiza en su análisis la asociación civil Maderas del Pueblo del Sureste, organización que concentra vasta documentación sobre la región y sus complejidades.
Entre las diversas industrias que tienen intereses en la selva se encuentran las energéticas, sobre todo en cuanto a los proyectos de construcción de una veintena de presas hidroeléctricas en el cauce del río Usumacinta cuya planeación data desde la década de los años 70s. También existen 19 pozos petroleros, algunos perforados por Petróleos Mexicanos entre los años de 1984 y 1992. Aunado a estas actividades también existe una enorme presión para incluir la zona en el desarrollo ecoturístico, sector donde participa la comunidad lacandona.
Recientemente, en conferencia de prensa realizada el 11 de noviembre de 2019, indígenas lacandones, choles y tzeltales de los BCZL señalaron a la organización Natura Mexicana y su fundadora, Julia Carabias Lilo, de confrontar a las comunidades de la región.
“Natura quiere hacer creer al pueblo de México y el mundo, que choles y tzeltales somos responsables de la devastación de la Selva Lacandona, cuando discurre en una superficie de 1.8 millones de hectáreas ubicadas al oriente de Chiapas, en los municipios de Las Margaritas, Altamirano, Ocosingo, Palenque, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas-Zamora Pico de Oro y Benito Juárez ”, refirieron los representantes de los BCZL sobre la deforestación de dicha zona, causada principalmente por la expansión del monocultivo de palma aceitera promovida por el gobierno estatal.
Debido a la “desestabilización de la comunidad” por el sector ambiental, el núcleo agrario de los BCZL acordaron el pasado 20 de septiembre no renovar el convenio, que venció el 31 de octubre, con Natura y Ecosistemas Mexicanos por lo cual exigieron su expulsión de esa región.
“Natura Mexicana, Julia Carabias, Javier de la Maza y sus aliados se enojaron, ellos quieren todo, sin indígenas en el territorio, y si se ‘exterminan’ entre ellos mejor. Por eso dividen pueblos, para quedarse con flora, fauna, agua, tierras y con los beneficios del mercado de carbono donde se proyecta que se necesitarán otros USD 700,000 millones al año en 2030 para financiar la transición hacía economía de bajos niveles de emisión de carbono”, señalaron los representantes de los BCZL en la conferencia de prensa.
Impunidad
En este año 2019, las y los sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco denunciaron que la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) sigue sin realizar una investigación efectiva, a 13 años de ocurrido este crimen. Dicha institución también ha cesado las acciones de búsqueda de Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, personas desaparecidas desde la masacre.
En su denuncia, los familiares de las víctimas y sobrevivientes señalaron que el gobierno federal mantiene en la impunidad el desplazamiento forzado de 36 personas lo que genera la continua violación a los derechos humanos de las comunidades indígenas tseltales y choles ante la “nula respuesta institucional”.
También reportaron que continúa la criminalización contra cinco personas que dieron auxilio a las víctimas, y hasta el día de hoy cuentan con órdenes de aprehensión al ser acusados de asesinar a sus compañeros.
“Hasta la fecha no hemos vuelto en ese lugar por miedo a sufrir otras agresiones. Por todo esto queda truncado nuestro objetivo, nuestra familia necesita salir adelante”, denunció una mujer sobreviviente de la masacre durante la conmemoración.
