Un nuevo informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registra la continuación de la crisis humanitaria en Chiapas, caracterizada por la violencia armada y criminal en un contexto de inacción del Estado, que permite la sucesión de desplazamientos forzados, desapariciones y ataques contra defensores de derechos humanos.
El documento titulado “Chiapas en la espiral de la violencia armada y criminal”, presentado la tarde de este miércoles (19) en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, enfatiza que existen regiones enteras del Estado que se han convertido en un sitio donde el crimen organizado ha consolidado el control sobre el territorio, las poblaciones e, incluso, estructuras políticas.
Para las y los miembros del Frayba, el caso en el sureste mexicano no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia nacional en la que, al menos, 19 de los 32 estados que conforman el país se encuentran en medio de la violencia criminal generada por la delincuencia organizada.
No obstante, destacan que “en Chiapas, la situación se agrava debido a la colusión entre estructuras estatales y criminales, la falta de acceso a la justicia y la militarización como una estrategia fallida para contener la violencia”.
La organización de derechos humanos sostiene que el caso de Chiapas demuestra la crisis de derechos humanos y violencia que vive el país, donde no hay ningun actor ni institución que detenga la “situación de terror” en la que viven pueblos y comunidades enteras.
Paz simulada
El documento, elaborado por el Frayba a partir de datos documentales provenientes de fuentes directas en los territorios, tiene el objetivo de constatar la urgencia de reconocer las atrocidades que ocurren en el periodo reciente chiapaneco.
Sostienen que la respuesta del Estado, mediante la militarización, consituye una “estrategia fallida, una tragedia con resultados sumamente desproporcionados”.
Frayba argumenta que, lejos de ser una solución, la militarización en Chiapas ha exacerbado la violencia. “La Guardia Nacional y el Ejército no han disminuido los niveles de criminalidad, sino que han generado un clima de desconfianza y complicidad”, dice en el informe.
Según casos documentados por el centro de derechos humanos, el Estado mexicano, a través de sus funcionarios, tiene responsabilidad directa en crímenes como la desaparición de personas, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, torturas y privaciones arbitrarias de la libertad.
En ese contexto, se ha registrado un incremento en las quejas por violaciones a los derehos humanos. Según los datos presentados desde el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el periodo entre 2019 y 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acumula 2, 284 reclamos por violaciones a derechos; le sigue la Guardia Nacional (cuerpo de seguridad militar bajo el mando de Sedena), con 1,917 expedientes; mientras la Secretaría de la Marina (Semar) suma 599.
El Frayba asevera que en Chiapas existe una ausencia total de gobernabilidad donde se afecta la protección y garantía de los derechos humanos, debido a que estos territorios son controladas por lo que denomina “un cuarteto del mal” integrado por la DO, empresas nacionales e internacionales, gobiernos de los tres niveles cuyos funcionarios, instituciones y estructuras “trabajan para que fluyan los negocios criminales” y, actualmente, organizaciones corporativas que, entrelazados, actúan con total impunidad.
“Todas estas circunstancias están ampliamente documentadas por el Frayba, ahora con el impulso de un discurso gubernamental basada en una paz simulada y usurpación de narrativas de la sociedad civil que constituye un gobierno sustentado en la mercadotecnia y una práctica cosmética en la administración gubernamental”, denuncia el informe.
Más que cifras
En el marco de su 36 aniversario en la labor de defensa de derechos humanos, el informe elaborado por el Frayba recopila datos y cifras que dan un panorama sobre el ambiente de terror criminal que se vive en Chiapas. Por ejemplo, el documento destaca el desplazamiento forzado de miles de personas sin acceso a refugio o apoyo humanitario.
Sólo entre enero del 2023 y junio del 2024, el centro de derechos humanos registró 20 eventos que afectaron a un aproximado de 15,780 personas, resaltando que varias regiones como los Altos, Frontera y Sierra, además de la Selva fueron las más afectadas, entre ellos los municipios de Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas y Ocosingo. Destaca el caso de la Frontera y Sierra donde 8,190 personas fueron desplazadas debido a la violencia armada y criminal.
Otro de los aspectos más alarmantes que muestra el informe es el referente al incremento de las desapariciones en Chiapas, particularmente de mujeres y adolescentes, en un contexto donde no se realizan denuncias oficiales ante el temor de las familias a las represalias por parte del crimen y los funcionarios involucrados quienes operan con total impunidad.
“Considerando las desapariciones que el gobierno de Chiapas ha colocado en el RNPDNO (Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas), el 45% de estos reportes son de niños, niñas y adolescentes, lo que posicionaba a Chiapas en el cuarto lugar nacional de menores de 18 años desaparecidos”, dice el informe.
Los municipios con mayor incidencia son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Comitán de Domínguez y Palenque.
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A lo anterior, el Frayba señala que, a pesar de un discurso público “progresista” y favorable a la justicia desde la gubernatura de Chiapas, y a nivel nacional con la autodenominada “Cuarta Transformación”, el Estado ha sido incapaz de garantizar los derechos humanos y, al mismo tiempo, de proteger a las personas defensoras.
Registros de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TdT) señalan la violencia en la región sur de México donde los estados de Oaxaca y Chiapas evidencian los mayores números de casos de ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras de derechos humanos sucedidas entre el 1 de diciembre del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2023.
A su vez, destacan que en Chiapas, “el sector minero ejemplifica la colusión entre grandes intereses económicos y políticos, y cómo estos vulneran el derecho a defender la vida”, al señalar su implicación en la masacre ocurrida en la comunidad de Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, el 12 de abril de 2024, en contra de 11 personas (seis hombres y cinco mujeres) quienes se habian opuesto públicamente a la violencia criminal en el contexto de explotación ilegal de barita.
Como enfatiza la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas en un comunicado posterior a los hechos, la región se encuentra arrasada “por la violencia generada por el control del territorio y el interés latente de continuar con la explotación minera por grupos criminales que han operado en total impunidad”.
