jueves, octubre 1, 2020
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Condenan a cadena perpetua a 24 represores de la Operación Cóndor

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La Justicia italiana ha condenado a cadena perpetua a 24 represores de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú quienes participaron en “Operación Cóndor”, la operación militar coordinada por el gobierno de los Estados Unidos en Sudamérica en la década de 1970. Los jerarcas y militares de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú han sido acusados por el homicidio de 23 ciudadanos italianos

Esta condena ha sido resultado de un proceso que iniciaron los familiares de los desaparecidos 20 años atrás, cuando las familias radicadas en Sudamérica, de origen italiano, denunciaron sus casos en Roma. La Corte de Asissi, en Roma, condenó este lunes 8, en segunda instancia, a cadena perpetua a 24 militares, policías y jerarcas.

Entre los condenados de este lunes está el exmilitar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, el único que se ha personado en el proceso, ya que reside en libertad en Italia desde que se escapara de la justicia de su país en 2007 y que había sido absuelto.

El juicio dio inicio el 12 de febrero de 2015 con 33 imputados, incluidos tres dictadores, debido a su edad y la muerte de algunos se redujo al número a los 27 acusados sobre los que la fiscalía reclamó cadena perpetua en octubre pasado. En una primera sentencia de 2017, el Tribunal había establecido ocho cadenas perpetuas y 19 imputados absueltos por haber prescrito los delitos, pero esta sentencia se tuvo que cambiar.

La Operación Cóndor o el Plan Cóndor fue un plan de inteligencia diseñado y coordinado por la CIA junto con los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, para aniquilar a la izquierda opositora durante la década de los 70 y 80.

El 22 de diciembre de 1992, se desclasificó información sobre la Operación Cóndor, estos archivos llevaban por nombre los “archivos del terror””, en ellos se detalla el destino de miles de latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados y asesinados por los servicios de seguridad de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Algunos de estos países han utilizado desde entonces algunas partes de este archivo para procesar a ex oficiales del ejército. Los archivos cuentan 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidos y encarcelados 400.000.

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