En portada: Protesta de comunidad maya Ixil, Yucatán, contra intentos de despojo de sus tierras de uso común por empresarios inmobiliarios. Foto: Patricio Eleisegui
Tres personas defensoras del territorio en la comunidad maya de ixil, al norte de Yucatán, fueron vinculadas a proceso penal acusados por el delito de despojo en medio de una disputa por más de 5 mil hectáreas de tierras de uso común que se encuentra en la mira de proyectos inmobiliarios para convertirlas en zonas turísticas y residenciales sin considerar la propiedad común de las tierras ni la protección del medio ambiente de la región.
Acorde a información difundida por medios locales y organizaciones de derechos humanos que acompañan el proceso, tras una audiencia realizada este martes (12) en el Juzgado Tercero de Control en materia Penal de la ciudad de Progreso, y con una duración de más de 12 horas, se vinculó a proceso penal al campesino Cecilio Cisneros, poblador de Ixil; el ejidatario Guillermo Yam Ek y a Sergio Oceransky, miembro de la Fundación Yansa.
La decisión fue emitida por la jueza Suemy Lizama Sánchez, en respuesta a denuncias presentadas por los empresarios Gerardo Millet Palomeque, Andrés Abimerhi Briceño y Gerardo Millet Menéndez quienes, aseguran, las más de 5 mil hectáreas de tierras en Ixil son de su propiedad. Entre los denunciantes destacan los primos Millet, empresarios vinculados a la compra y venta de lotes al sector hotelero y de bienes inmuebles en la región.
Medios locales aseveran que, durante la audiencia, la juzgadora calificó a los campesinos de Ixil como “un grupo de choque” debido a las acciones de protesta que han realizado para defender su territorio. Al mismo tiempo, acorde a la jueza Lizama, existen elementos de prueba suficientes de la denuncia promovida por los empresarios para vincular a proceso por el delito de despojo contra las tres personas.
Para las organizaciones que acompañan la defensa legal de los acusados, el juicio contra los defensores evidencia un patrón de criminalización contra pobladores de comunidades mayas que defienden tierras comunitarias ante el avance de proyectos inmobiliarios y turísticos en la península de Yucatán.
“Aquí lo verdaderamente preocupante es que esta vinculación a proceso en contra de Cecilio es una medida de criminalización por su labor de defensa del territorio, en general, del ejido de Ixil”, detalló el abogado Roberto Sánchez, miembro de Kanan Derechos Humanos. Por su parte, la abogada Alejandra Poot, de Fundación Yansa, anunció que impugnarán la decisión judicial.
Criminalización en medio de una disputa agraria
La reciente resolución judicial ocurre mientras las acciones legales promovidas por pobladores de la comunidad maya de Ixil para frenar la privatización de tierras de uso común permanecen sin una resolución pública de fondo.
En ese contexto, en marzo de 2024, ejidatarios de Ixil demandaron ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, ubicado en Mérida, la nulidad de un acta de asamblea fechada el 30 de marzo del 2014. De acuerdo a Kanan Derechos Humanos, mediante dicho documento se habría aprobado de manera ilegal “un acta ejidal fraudulenta para el cambio de destino de más de 5 mil hectáreas de tierras de uso común, lo que provocaría el despojo y privatización de estas tierras”.
El 11 de marzo del 2024, el Tribunal admitió la demanda y concedió una medida de protección para que el Registro Agrario Nacional (RAN) revisara la inscripción del acta, al mismo tiempo que le ordenó abstenerse de entregar certificados o títulos sobre las tierras de Ixil a personas externas o empresarios hasta el término del juicio agrario.
Dos días después, el 13 de marzo de 2024, una comisión de la comunidad maya de Ixil, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), contra el empresario Alejandro Escoffié por actos fraudulentos cuyo fin, argumentan, era despojarles de más de 5,200 hectáreas de tierras ejidales de uso común.
En aquel momento, Mercedes Cocom Noriega, integrante de la comunidad maya, aseveró que el conflicto forma parte de una lucha de al menos una década por el control de las tierras de uso común. Ante ello, en esa misma denuncia, los pobladores mayas acusaron al empresario por presuntos delitos de fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa para privatizar las tierras mediante documentos y firmas presuntamente falsificadas ante el RAN.
Para febrero de 2026, en seguimiento del caso agrario, el Tribunal de Mérida declaró en rebeldía al Comisariado Ejidal de Ixil, con lo que dicho órgano de representación ejidal perdió su derecho a contestar la demanda. Además, ordenó remitir copia íntegra del expediente a la FGR para que se investigue el posible uso indebido de sellos oficiales y documentos apócrifos.
Mientras las denuncias y acciones legales promovidas por la comunidad maya de Ixil no cuentan con resolución pública de fondo, la reciente denuncia presentada por los empresarios inmobiliarios ya derivó en la vinculación a proceso de tres defensores, por lo que organizaciones de derechos humanos anunciaron que continuarán la defensa legal de los acusados por despojo.
Ya en marzo de 2025, medios locales reportaron sobre otra denuncia presentada por los empresarios. En esa ocasión, una audiencia previa contra tres defensores del territorio de la comunidad de Ixil fue aplazada debido a que la Fiscalía de Yucatán argumentó que necesitaba realizar “ajustes” a la carpeta de investigación, debido a que los abogados de los empresarios necesitaban incorporar nuevas pruebas en el expediente legal.
Dicha denuncia fue presentada por miembros de las familias Abimerhi y Millet, presuntamente por el delito de invasión, lo que fue respondido por los ejidatarios de Ixil como “absurdo”, debido a que las tierras han sido trabajadas por ellos de forma continua desde hace generaciones.
Sin embargo, la violencia ha alcanzado a la población maya. El 17 de agosto del 2023, con el pretexto de asegurar tierras en litigio correspondientes a 400 hectáreas, un contingente de 300 policías estatales tomaron caminos y accesos al territorio después de que la Fiscalía de Yucatán emitiera una orden de aseguramiento a favor de las familias Millet y Abimerhi.
Como consecuencia, los campesinos denunciaron afectaciones a sus actividades agrícolas debido a que las tierras aseguradas estaban destinadas a la producción de hortalizas, viveros y proyectos comunitarios que incluían sistemas de riego colectivo fotovoltaico. Además, denunciaron que los elementos policiacos permanecieron en la zona para impedir a los habitantes el retiro de los alambres de púas que cercaban sus tierras de uso común. Posteriormente, la comunidad maya de Ixil obtuvo una suspensión provisional que dejó sin efecto la orden de la Fiscalía de Yucatán.
Desde entonces, ejidatarios y pobladores de la comunidad maya han denunciado presiones, acoso policial y restricciones para ingresar a las tierras que cultivan. Además, han denunciado la expansión inmobiliaria sobre tierras de campesinos en Yucatán. Los pobladores de Ixil aseveran que el conflicto está relacionado con una “mafia de empresarios que se está queriendo apropiar de nuestras tierras” en una red de complicidades que integran políticos, comisariados, notarías y fiscalía del estado. “Intentan que a la gente se amedrente y abandone el campo, pero estamos unidos y seguiremos defendiendo el territorio”, afirmó Jorge Yam Ek, integrante de la comunidad maya.
