Fotos: Aldo Santiago
El pasado 22 de febrero, en medio de la pandemia de Covid-19 que arroja más de 250,000 muertxs en Brasil, se realizó el juicio de un ex policía militar y un guardia civil del municipio de Barueri, ambos acusados de participar en la mayor masacre en la historia del estado de São Paulo.
La noche del 13 de agosto de 2015, tras una serie de ataques violentos en 10 distintos puntos de las municipalidades de Osasco y Barueri, en la región metropolitana de São Paulo, 17 personas fueron asesinadas y siete más heridas con armas de fuego. El objetivo de la masacre era vengar los homicidios de dos policías acontecidos en la región días antes.
Victor Cristilder Silva dos Santos y Sérgio Manhanhã, ambos en prisión preventiva, fueron señalados en distintos juicios entre 2018 y 2019 como autores materiales de los asesinatos. No obstante, el Tribunal de Justicia de São Paulo anuló las sentencias en 2019, mediante las cuales se condenaba a Manhanhã a 110 años de prisión y a Cristilder a 119 años.
En el segundo juicio que duró cinco días, ambos fueron absueltos.
“Este nuevo jurado, que absolvió a los dos acusados, fue utilizado (en una vergonzosa inversión) para atacar políticamente a todos los grupos de madres y familiares que, víctimas de la violencia del Estado, luchan por la memoria y la verdad”, denuncia una nota de apoyo emitida por más de una centena de colectivos, organizaciones sociales e individuos en apoyo a los grupos 13 de Agosto Madres de Osasco y Barueri, además de las Madres de Mayo.
De acuerdo a la nota, Zilda Maria de Paula, quien perdió a su único hijo y está organizada en el grupo de madres de las víctimas de la masacre de Osasco y Barueri, “fue tratada durante su testimonio como si fuera ella la que estuviera en juicio”.
La defensa de los policías, a cargo de João Carlos Campanini, exhibió en pantalla grande 122 páginas de impresiones de las redes sociales de Zilda con la intención de cuestionar su relación con periodistas y organizaciones sociales que luchan contra la violencia del Estado brasileño.
“En el mismo acto, el abogado sugirió que no sólo se puede criminalizar el trabajo de la prensa que cubre la violencia policial, sino también cualquier tipo de solidaridad y compromiso político organizado entre los familiares de las víctimas de la letalidad del Estado, incluidos los nombrados como periodistas, que los expone a otras formas de violencia”, señala la nota.
Fernando Luiz de Paula, de 34 años, fue asesinado en un bar cercano a la estación de autobuses Munhoz Junior, en la ciudad de Osasco. Según el testimonio de Zilda, madre de Fernando, su hijo no tenía antecedentes penales y habría ido a tomar agua en el lugar del tiroteo.
Violencia policial, política de Estado
Grabaciones de cámaras de seguridad muestran a los asesinos encapuchados, quienes de acuerdo a testigos preguntaban si las personas contaban con antecedentes criminales para después dispararles. Semanas después de los ataques no hubo ningún detenido por la masacre y hasta febrero del 2021 solo fueron condenados cuatro policías.
Esto pese a que de acuerdo a testimonios, una patrulla de la policía militar habría acompañado a los pistoleros, guardando siempre distancia de ellos para ofrecerles protección mientras cometían las ejecuciones.
Aunado a ello, las armas utilizadas en los ataques en las calles Osasco y Barueri (pistolas 45 y 9 mm) son de uso exclusivo de las fuerzas armadas y la policía federal, lo cual refuerza la vinculación de elementos de seguridad pública con la actuación de escuadrones de exterminio.
De acuerdo a registros de seguridad pública del estado de São Paulo, las muertes violentas en 2020 aumentaron tras siete años de descenso. Según datos del Mapa de Violencia 2012, los primeros años de la década registraron en promedio más de 50 mil asesinatos y para 2016, Brasil registró el mayor número de personas asesinadas en su historia, con más de 61 mil registros.
Lucha por la memoria y verdad
En febrero pasado, días previos al inicio del reciente juicio, las madres de las víctimas de la masacre de Osasco y Barueri realizaron un acto de protesta para exigir justicia tras cinco años de impunidad en los asesinatos.
En el acto realizado en el centro de Osasco, Aparecida Gomes da Silva Assunção, madre de Leandro Pereira Assunção, asesinado a los 36 años, se manifestó sobre el peligro que representaba la liberación de los policías juzgados.
“¿Ahora (los policías) no quieren pagar por el delito que cometieron? Es muy fácil matar a 17 personas y salirse con la suya, eso no es justo para las familias. ¿Ahora quieren ir a la calle? Matar a más gente, porque tienen una naturaleza criminal. Tienen que pagar”, cuestionó Aparecida.
“Todos los días vemos morir a chicos negros, Brasil es un país que mata, es la Zona Este, la Zona Sur, Río de Janeiro y el Norte. Tenemos un gobierno federal al que le importa un bledo la pandemia y está liberando armas para acabar de matar negros, pobres y de la periferia”, denunció Zilda Maria de Paula, quien resaltó la labor y lucha de las organizaciones de madres para demandar castigo a los culpables.
Sin embargo, días después, además de la absolución de los enjuiciados, durante el nuevo juicio se criminalizó al movimiento Madres de Mayo, mediante un señalamiento sin pruebas de que dicha organización mantiene vínculos con el crimen organizado.
Las Madres de Mayo es una organización surgida después de que en mayo del año 2006 fueron asesinadas 505 personas en un contexto de corrupción del sistema carcelario, así como de la violencia entre el crimen organizado y el estado de São Paulo.
Las víctimas, en su mayoría jóvenes negros que vivían en la periferia de la metrópolis de São Paulo, fueron ejecutadas y en por lo menos 122 casos existen indicios de la participación de escuadrones de exterminio integrados por policías.
