Durante conferencia de prensa realizada el 18 de Diciembre, una docena de personas integrantes del Gobierno Comunitario del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), junto a representantes de familias desplazadas denunciaron la escalada de violencia en la región norte del estado de Chiapas.
“En el transcurso de los meses, la inseguridad y la violencia fue creciendo para los miembros de Gobierno Comunitario. Es por ello que el día de hoy hemos venido a manifestar nuestra inconformidad ante estas agresiones como es el caso de desplazamiento de 190 personas a causa de un grupo armado”, leyó Anita Pérez Hernández, concejala del Gobierno Comunitario en la región de Guaquitepec, municipio de Chilón.
Con la exigencia del retorno inmediato a las familias desplazadas el 6 de diciembre del año en curso y acompañados de organizaciones de derechos humanos, los voceros de las personas afectadas denunciaron que un grupo civil armado de 25 personas procedentes de la comunidad de ’Icotsilh’ atacó con armas de fuego a la población de San Antonio Patbaxil en el municipio de Chilón.
“Queremos solución inmediata”, demandaron para las 65 personas desplazadas recientemente quienes algunas se refugian aún en las montañas, mientras otras viven rentando en la cabecera municipal. Al mismo tiempo, los presentes señalaron la complicidad de las autoridades locales y estatales en la operación del grupo armado “que provoca terror en los municipios de Chilón y Sitalá”.
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De acuerdo a los testimonios de los desplazados y de las organizaciones civiles, el grupo armado realiza actividades de extorsión, robo y secuestro con anuencia de las autoridades locales.
Durante los últimos dos años, coincidiendo con el proceso para la libre determinación de los pueblos tseltales del norte de Chiapas impulsado por miles de habitantes de la región, han sucedido acciones de agresión, intimidación y persecución contra quienes reivindican la desaparición de los partidos políticos como forma de sistema político.
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El mismo grupo agresor también es acusado de asesinar a Luis Marín y desplazar a 125 personas de la comunidad Carmen San José el día 3 de junio del año de 2018.
“Desde meses antes ya habían sido hostigados y obligados a pagarles dinero para que no les agredieran. Los compañeros al ya no tener dinero para seguirles pagando decidieron salirse de su comunidad para salvaguardar sus vidas y las de sus hijos e hijas. Ha pasado un año y seis meses sin tener una solución. La denuncia del hecho fue ingresada el 25 de julio de 2018 en el Ministerio Público (MP) de Chilón sin que hasta la fecha la fiscalía haya informado a las víctimas los avances de la investigación”, compartieron los integrantes del Gobierno Comunitario sobre el contexto de impunidad en el que opera el grupo de civiles armados.
“Estos grupos de delincuentes viven robando, desplazando, sacando dinero a la gente. Cuando atacaron a los compañeros de Juan Sabines fue cuando se integraron al gobierno comunitario. Los vinieron a intimidar. Primero les pidieron una lista delos compañeros que debían entregarle al líder del grupo criminal. Como no accedieron les venían a presionar”, comentó Pascuala Velazquez, también integrante del Gobierno Comunitario.
“Primeramente les pidieron 1,000 pesos por miembro. Si había 60 eran 60,000 pesos. Si no acceden a entregar dinero los desplazan y se adueñan de lo que tienen”, detallaron los representantes del gobierno Comunitario y de familias desplazadas, quienes señalaron a Ignacio y Manuel Álvaro Méndez como los responsables de dirigir el grupo armado.
Según testimonios, estos personajes están vinculados a Leonardo Rafael Guirao Aguilar actualmente diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y quien se desempeñó como presidente municipal entre los años 2012 y 2015. Él funcionario sería responsable de crear el grupo para funcionar como sus guardaespaldas pero “no les quitó las armas y se sentían con respaldo de autoridades locales, por eso hacen esto que están haciendo”, denunciaron durante la conferencia de prensa.
“Denunciamos la falta de responsabilidad y de compromiso por parte de las autoridades competentes para atender esta situación que viola los derechos humanos y coloca en total vulnerabilidad la vida de las personas afectadas. Denunciamos el hostigamiento por este mismo grupo a las comunidades de Juan Sabines y Tzubute’el la Rosita en el municipio de Chilón y Santa Cruz La Reforma en el municipio de Sitalá quienes se encuentran en riesgo de desplazamiento por la misma situación”, alertaron los voceros del Gobierno Comunitario de Chilón ante futuros desplazamientos.
