Foto: Elizabeth Verónica González
En los últimos días diversos medios de comunicación han dado cobertura al flujo migratorio que partió desde San Pedro Sula, en Honduras, con aproximadamente 2 mil personas que tienen por objetivo llegar a los Estados Unidos. Hasta la frontera con Guatemala y México el número de personas habían rebasado los 7 mil integrantes de esta gran oleada migratoria, de los cuales un 30% corresponde a niñas, niños y adolescentes. La determinación de migrar fue provocada por el aumento de la pobreza en este país, representado por el 68% de la población. El 44%, 3.9 millones, viven en la pobreza extrema. A esto se suma el aumento del desempleo y los bajos salarios, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El éxodo migratorio también es empujado por el aumento de violencia generalizada y la presencia del crimen organizado, agudizado en le periodo de gobierno de Juan Orlando Hernández reelegido en 2017.
El 26 de noviembre del año 2017 el gobierno de los Estados Unidos reconoció a Juan Orlando Hernández como el ganador de las elecciones presidenciales en Honduras a pesar de que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea reconocieron una serie de irregularidades en el conteo de votos. El gobierno de Orlando ha recibido todo del apoyo de los EEUU, pero también ayuda financiera que no ha logrado contener la pobreza, por el contrario va en aumento. En respuesta a esa gran oleada migratoria, Donald J. Trump, en su cuenta de twitter expresó que, “¡Estados Unidos ha informado firmemente al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que se dirige a los Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras, con efecto inmediato!”.
En este contexto de crisis humanitaria, “resulta fundamental explicar a la sociedad civil cual es la situación real de las y los migrantes, el contexto histórico y socioeconómico que les obliga a exiliarse forzosamente”,
EXPRESAN LOS MIGRANTES EN UN TEXTO QUE HICIERON LLEGAR A MEDIOS INDEPENDIENTES DE MÉXICO.
Además expresan la necesidad de romper con la estigmatización que se ha creado por diversos medios de comunicación e intentar, “crear redes de apoyo y solidaridad con ellas y ellos, venciendo así́ el discurso del miedo y el odio difundido por quienes son, a su vez, responsables de las causas de este éxodo; es decir, la clase política y empresarial tanto de los países de origen como de los de destino”.
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A continuación la producción colectiva de los migrantes enviado a distintos medios libres e independientes de México.
Éxodo migrante 2018
Durante los últimos días Centro América y México han sido testigos de un movimiento migratorio de características únicas. El día 13 de octubre, alrededor de 2 mil personas salieron desde Honduras decididas a llegar a Estados Unidos con el propósito de huir de la inseguridad y la pobreza que en su país alcanza al 68% de los hogares, cifra de la cual un 40% corresponde a extrema pobreza según los últimos datos arrojados por el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo en Honduras.
Una vez que los hondureños inician su andar desde San Pedro Sula, se ha ido sumando más y más gente, ya no sólo de su país; sino que también se han agregado a este gran cuerpo migrante personas provenientes de Nicaragua, Guatemala y el Salvador, lo que visibiliza directamente la existencia de una crisis social, política y económica en la región.
Si bien tenemos conocimiento que desde hace muchos años México ha funcionado como un país de tránsito y/o de recepción para migrantes procedentes de dichos países, el escenario que se está presentando hoy en día es absolutamente nuevo.
De acuerdo con lo expresado por organizaciones que trabajan sobre migraciones y derechos humanos y que en estos momentos están ubicadas en la frontera sur de México, monitoreando el andar de las y los migrantes, nos señalan que referirnos a este éxodo migratorio como Caravana no es correcto. Las caravanas migrantes que salieron en los años anteriores, de hecho respondían a una agenda con tiempos y lugares definidos, justamente lo que este éxodo migrante no tiene y que, por lo tanto, nos lleva a un panorama lleno de incertidumbres, planteando nuevos desafíos tanto para ellos como para la sociedad civil, las organizaciones y los gobiernos.
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Integrantes de organizaciones de DDHH que han estado en contacto directo con quienes conforman el grupo migrante, nos afirman que no existe una organización estructurada que guía y define los pasos a seguir de modo que tampoco cuenta con un plan determinado en cuanto a tiempos y espacialidades. Es importante aclarar este punto puesto que este vacío informativo -entendido en términos de agenda- es uno de los factores que mantiene tanto a organizaciones como a la sociedad civil a la expectativa (con miras a respuestas efectivas) de las decisiones que se van tomando a diario en las asambleas de las y los compañeros migrantes.
Con respecto a esta forma de operar, se vuelve fundamental mencionar que este cuerpo migratorio ha tenido una capacidad de agencia y política totalmente efectiva, ellas y ellos saben sin lugar a duda lo que sí y no es seguro en el actuar del día a día. En este sentido, la decisión de acuerpar a este gran grupo que hoy en día se contabiliza en alrededor de 7 mil 200 personas (número documentado en Ciudad de Guatemala), de las cuales un 30% corresponde a niñas, niños y adolescentes (más de un 50%, si sumamos a las mujeres) pasa directamente por cuestiones de seguridad. Han señalado a México como un corredor de sangre y es precisamente por esta razón que han visto este caminar en conjunto como una posibilidad para resguardarse y proteger sus vidas.
La situación que se devela tras estos diez días de caminata es bastante compleja, pues han tenido que luchar contra obstáculos de alto riesgo, sobre todo al momento de ingresar a territorio mexicano. El día viernes 19 de octubre se produjo una represión en el puente que pasa sobre el río Suchiate y que delimita la frontera de Guatemala con México, en la región Soconusco, estado de Chiapas. Este hecho se produce en respuesta a que personas afuerinas, desde el río, comenzaron a lanzar piedras al puente, razón por la cual la policía actuó tirando lacrimógenos hacia el puente y provocando asfixia momentánea a la población migrante, que se encontraba atorada en dicho lugar, sobre todo, poniendo en grave riesgo a las y los bebés que se encontraban allí.
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La lectura de este episodio represivo se puede dar en el marco de la división creada en el imaginario de la población mexicana por voluntad política del ejecutivo de Enrique Peña Nieto, que procuró difundir a través de su aparato de comunicación una imagen de “migrante bueno”, que se somete a los procesos burocráticos de petición de asilo, contrapuesta a la imagen de un “migrante malo”, que decide entrar saltándose la legalidad del Estado mexicano. Lo que el ejecutivo no dice, sin embargo, es que el migrante “supuesto malo”, sólo es alguien que ya no cree su mentira del refugio, y sabe que pasar por las autoridades significa ser deportado.
A pesar del intento por parte del gobierno de EPN y de los medios de comunicación oficialistas de criminalizar y sembrar el racismo y la xenofobia entre la sociedad mexicana, sin embargo, la respuesta directa del pueblo ha sido la solidaridad con las y los migrantes, repartiendo comida y víveres, dándoles ”raite” e, incluso, recibiéndoles con música.
Otro ejemplo de las estrategias intimidatorias del gobierno mexicano se produjo cuando, en el camino desde Ciudad Hidalgo a Tapachula, se escuchaban escalofriantes grabaciones en altavoces que, retomando el estilo de las patrullas fronterizas estadounidenses, señalaban que los migrantes “se encontraban en territorio nacional”, y exhortaban a “regularizar su situación”; en caso contrario, el Estado se vería obligado a “aplicar la ley”.
Con respecto a la capacidad de reacción de los diversos niveles que actúan en función colaborativa con el éxodo migratorio, es importante que asumamos que las condiciones materiales para dar abasto a las exigencias de las más de 7 mil personas que conforman el contingente se vuelven una problemática crucial. Sin duda estamos ante una verdadera crisis humanitaria, ya que además de estas 7 mil personas ya se ha confirmado desde distintas organizaciones que otros grupos (entorno a 2 mil personas) estarían intentando cruzar Guatemala con dirección a la frontera mexicana. Y otras dos oleadas se están organizando para salir el 31 de octubre desde El Salvador y Honduras. Este éxodo no es, por lo tanto, un hecho puntual, sino que estamos frente a un desplazamiento forzado con causas estructurales muy enraizadas en la región.
Cabe señalar también el trabajo que se está realizando desde algunas organizaciones. De un lado, algunas han acompañado el proceso monitoreando cada paso, observando y documentando las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo de manera arrasadora; otras intentan colaborar desde el ámbito de la salud, pues tras tantos kilómetros recorridos, los golpes de calor, fiebre, diarrea, tos, deshidratación, la aparición de ampollas y la aparición de conjuntivitis, son hechos inevitables. Sin embargo, ante tanta persona afectada,las manos que están en disposición para colaborar, no son suficientes. Así mismo, la comida y los espacios para dormir han resultado escasos. El gobierno ha intentado de alguna forma sumarse a las ayudas, pero el grupo migrante no está dispuesto a recibir colaboración de los actores gubernamentales.
El miedo y la desconfianza que les genera recibir ayuda por parte de los mencionados, se justifica en el historial de violaciones que se han cometido de manera continuada en torno a los procesos migratorios. Sin ir más lejos, cuando EPN les incita a cruzar de manera ordenada por el puente fronterizo de Ciudad Hidalgo, a fin de proveer un ingreso seguro, el Instituto de Migraciones (INM) desde el otro lado se encontraba deteniendo a quienes accedieron a ingresar de dicha manera, con el objetivo de deportarlos a su país de origen.
También cabe señalar que el pasado lunes 22 de Octubre, una vez que el grueso del grupo ya había avanzado, el gobierno mexicano empezó a realizar redadas entre Ciudad Hidalgo, Tapachula y Huixtla, abordando a los grupos pequeños que habían quedado rezagados. Estos hechos han constatado la necesidad de que las y los migrantes permanezcan lo más juntas posibles.
En este contexto de crisis humanitaria, resulta fundamental explicar a la sociedad civil cuál es la situación real de las y los migrantes, el contexto histórico y socio-económico que les obliga a exiliarse forzosamente; para así intentar crear redes de apoyo y solidaridad con ellas y ellos; venciendo así el discurso del miedo y el odio difundido por quienes son, a su vez, responsables de las causas de este éxodo; es decir, la clase política y empresarial tanto de los países de origen como de los de destino.
