El Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito confirmó la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito sobre el amparo presentado por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal: la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y las obras de los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya deben permanecer paralizadas.
El 30 de noviembre del 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por conducto de la Dirección General de Impacto y Riesgo e Impacto Ambiental (DGIRA), autorizó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) la MIA en modalidad regional (MIA-R), para la ejecución del proyecto del Tren Maya en los tramos 1, 2 y 3; que van de Palenque, en Chiapas, a Izamal, en Yucatán.
Ante ese panorama, el 20 de enero del 2021, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, presentó un amparo por las violaciones al derecho al medioambiente sano y a sus derechos como pueblo maya originario, entre ellos, a obtener información y participar en las determinaciones que pueden afectar su territorio y recursos naturales, tal y como indica el Acuerdo de Escazú, ratificado en la actual administración.
Como consecuencia de ese amparo, el Juzgado Cuarto de Distrito determinó conceder la suspensión definitiva. Ordenó a la Semarnat y DGIRA dejar sin efectos la MIA-R.
Por ello, el 9 de abril del 2021, Semarnat y DGIRA impugnaron la resolución del Juzgado Cuarto ante el Tribunal Colegiado, el cual confirmó la suspensión definitiva.
Pese a la resolución del Juzgado, las obras no han cesado. “Es preocupante la reacción del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha insistido en señalar que el Tren Maya no se detendrá a pesar de lo resuelto de manera definitiva por un Tribunal Federal”, señaló la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal.
De acuerdo con la asamblea, “esto evidencia una tendencia autoritaria que viola la separación de poderes”. Además señalan las “descalificaciones permanentes que el titular del Ejecutivo Federal ha hecho hacia quienes de manera legítima se oponen a este proyecto, (…) poniendo a quienes viven en las comunidades indígenas afectadas en riesgo, dado el contexto de alta vulnerabilidad en que se encuentran”.
Este 8 de marzo, la Brigada Marabunta reportó que, durante las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, las fuerzas de seguridad que protegían el Palacio Nacional, en el Zócalo de la ciudad, utilizaron granadas de gas lacrimógeno contra las manifestantes.
En un primer momento, por detrás de las altas vallas que rodeaban la sede de la presidencia, y que la aislaba de la multitud, las fuerzas de seguridad lanzaron polvos de extintores, pero después arrojaron cartuchos del cual salía un gas blanco que, según relataron diversas manifestantes, así como el director de la Brigada Marabunta, Miguel Barrera, generaba ardor intenso en la boca, ojos, nariz y piel.
En una conferencia de prensa, la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad (SCC) de México, Marcela Figueroa, sostuvo que “categóricamente negamos el uso de cualquier agente químico o gases de cualquier tipo, para uso de estas manifestaciones; nuestros protocolos no lo contemplan”.
Los extintores que “usamos contienen polvo químico seco al 75% compuesto de fosfato monoamónico de acuerdo a la NOM 04 (…), nuestros protocolos únicamente contemplan equipo de protección personal como son las rodilleras, coderas, cascos, escudo y el extinguidor para atender conatos de incendio”, señaló.
No obstante, la Brigada Marabunta levantó las granadas utilizadas. “El polvo [del extintor] no genera estas cosas [ardor en la piel, boca, ojos y nariz]. Además, un objeto de estos sale de una armería, ningún civil puede tener acceso a un material de este tipo. Esto es utilizado por las corporaciones de seguridad”, dijo el director de la Brigada.
Denuncia, además, que a las granadas les fue borrado el registro para dificultar su identificación. “No hay pretexto para utilizarlas. Es imposible mover las vallas. Entonces es una cuestión de contener la manifestación”, señaló Barrera.
En 2021, durante las manifestaciones del 8 de marzo, igualmente las fuerzas de seguridad capitalina y federal negaron el uso de granadas de gas lacrimógeno contra las manifestantes. Sin embargo, diversos medios de comunicación evidenciaron el uso del artefacto.
Una investigación del portal latinus.us encontró que entre agosto de 2020 y marzo de 2021, el gobierno federal gastó más de 250 millones de pesos en equipo táctico para contener protestas y disuadir manifestaciones públicas.
“María de los Remedios Jiménez Gordillo, era el nombre de mi mamá; María Virginia Morales Jiménez, era el nombre de mi hermana, ambas fueron asesinadas el 20 de julio del 2013”, dijo Helena, sobreviviente y víctima de orfandad por feminicidio, durante el mitin que realizaron cerca de 2 mil mujeres en la entrada del Palacio de Gobierno de Chiapas, en la capital del estado.
La marcha conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres partió del poniente de Tuxtla Gutiérrez, minutos antes de las 5 de la tarde. Pero las actividades en Chiapas iniciaron desde temprana hora en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó.
“Seguimos luchando”
Las integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal peregrinaron del crucero de Majomut a la ermita donde recordaron a las 34 mujeres asesinadas en la Masacre de Acteal, “por ellas seguimos luchando y esta lucha se las dejaremos a nuestras hijas y nuestros hijos para que se quede en nuestra memoria”.
Manifestación de mujeres de Acteal en el marco del día internacional de las mujeres. Chiapas, 2022. Foto: Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Convocaron a las mujeres a no tener miedo de alzar la voz: “pido que hablen, que luchen” contra las violencias, incluso la institucional que les anula sus derechos humanos. “Este día, en otros países, miles de hermanas y compañeras se reúnen para ¡gritar sin miedo, justicia! Para que no se multipliquen los feminicidios, en México y en el mundo”, dijeron.
Se solidarizaron con las mujeres víctimas de distintas violencias provocadas por la guerra, el crimen organizado, grupos armados y despojos de territorios que viven los pueblos originarios por falta de voluntad política, “responsabilidad y flojera de las autoridades”.
También exigieron que se respeten sus derechos como pueblos originarios e hicieron un llamado especial para que se erradique la venta de alcohol en las comunidades, pues son detonantes de las violencias que enfrentan.
En San Cristóbal de Las Casas, la conmemoración del 8 de marzo continuó con distintas actividades en espacios públicos y tendederos para exhibir rostros de hombres señalados de cometer algún tipo de violencia contra las mujeres.
Mujeres tzeltales hicieron lo propio en Bachajón, Chilón, comunidad ubicada al noroeste de la entidad. Salieron a las calles para acabar con el machismo y para hacer visible la anulación de sus derechos humanos.
Manifestación de mujeres en la costa de Chiapas. Foto: Mujeres de la costa en rebeldía
La Red de Mujeres de la Costa, el Frente Cívico Tonalteco y el Consejo Autónomo Regional de la zona Costa de Chiapas, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, también se unieron a la exigencia de una vida libre de violencia.
Al igual que en los demás municipios, en Cintalapa, las mujeres exigieron a la Fiscalía General del Estado realizar su trabajo con una verdadera perspectiva de género.
Por la vida de las mujeres
En la capital de Chiapas los grupos de mujeres caminaron de manera ordenada y bajo protocolos de seguridad. Realizaron pintas y pegaron imágenes en muros, ventanas, puentes y aceras, de hombres acusados de ejercer algún tipo de violencia.
‘Jueces y fiscales, también son criminales’, ‘no que no, sí que sí, ya volvimos a salir’, ‘las hijas de una son las hijas de todas’, ‘que nos devuelvan a nuestros hijos’, ‘fuimos todas’, ‘la niñez no se toca’, fueron algunas de las consignas que retumbaron en el boulevar Belisario Domínguez.
El contingente se organizó en bloques de familiares de víctimas de violencias, sobrevivientes, activistas, artistas, creadoras, periodistas, estudiantes, trabajadoras sexuales, familias solidarias, además de la Red de familias víctimas de feminicidio, conformada por 20 familias; por mencionar algunas participantes.
Mujeres participantes de la manifestación en la capital de Chiapas. Foto: Jeny Pascacio
Helena fue la primera en compartir el pronunciamiento de la Red de familias cuando las mujeres llegaron a la entrada del edificio institucional que ya estaba resguardado, en su interior, por policías con equipo antimotines y bomberos; mientras otros uniformados patrullaban el primer cuadro de la ciudad.
“Tenía 13 años cuando mataron a mi mamá y a mi hermana, yo era una niña cuando vi el cuerpo sin vida de ellas, lastimado y violentado sexual y físicamente; mi lucha inició desde el día en que Víctor Hugo Aguilar Oliver las mató y con ellas, arrebató mi infancia, mi familia, nuestros sueños y toda mi felicidad”, dijo Helena.
La joven habló del dolor, del sufrimiento y cuestionó: ¿Cómo se atreven a ver el dolor y sufrimiento de las familias y aun así liberar a los feminicidas?, ¿Cómo le explicas a un niño que a su mamá la mataron y que ahora debe vivir con la familia del feminicida?
Recordó que nadie habla en voz alta del impacto en la niñez cuando es testigo de un feminicidio, “nuestras vidas son invadidas por duda, miedo, tristeza, impotencia y el dolor más profundo de una muerte lenta, una y otra vez ante la falta de justicia”.
No hay un solo día, un solo lugar, un solo espacio en el que podamos estar seguras, lamentó. La multitud encendió las luces de sus teléfonos móviles y se escuchó una y otra vez al unísono ¡no estás sola!, cuando Helena entregó el micrófono.
Por último, la Red de familias pasó lista de las mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio, “por las sobrevivientes: ¡presente!; por la vida y la libertad de las niñas y adolescentes: ¡presente!; por la vida e integridad de las mujeres chiapanecas: ni una más, ni una más, ni una asesinada más”.
Feminicidios
En enero de 2022, Chiapas se colocó en el séptimo lugar a nivel nacional con cuatro feminicidios, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Protesta de mujeres en Tuxtla Gutiérrez. Foto: Jeny Pascacio
Los feminicidios ocurrieron en los municipios de Benemérito de las Américas, Las Margaritas, Tapachula y Suchiapa, las tres primeras demarcaciones localizadas en la frontera con Guatemala.
En 2021, la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres registró 48 víctimas de feminicidios, una cifra superior comparada con los 29 casos contabilizados en 2020.
Aunque el Observatorio feminista contra la violencia a las mujeres de Chiapas tiene otros datos y en el año pasado documentó 65 feminicidios, entre ellos el de Mariana Sánchez Dávalos, la médica asesinada en Ocosingo, que la Fiscalía de Chiapas no tomó en cuenta porque incineró su cuerpo antes de la investigación.
Para la defensora feminista y activista Marta Figueroa Mier, el trabajo de la Fiscalía se realiza de manera descuidada a pesar del protocolo para investigar feminicidio que está en vigor desde agosto de 2020.
El instrumento dice que cualquier muerte violenta de mujeres debe investigarse como feminicidio y la investigación tiene que estar basada en cuestiones científicas. La defensora explicó que la autoridad no realiza la autopsia o lo hace con errores y en algunas situaciones orilla a los familiares a negarse al estudio; si el feminicidio sucede en una zona rural se justifican en muertes por ahogamiento o accidentes. Pero en los medios urbanos las mujeres se suicidan. La autoridad finca la responsabilidad en la víctima, entonces ocurre la violencia institucional que discrimina y hace más difícil conseguir justicia, lamentó Figueroa Mier.
En la mañana de este martes (8), la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó, durante la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, en Suiza, los niveles alarmantes de violencia a los que se enfrentan los periodistas en todo el mundo. “En numerosos países, los trabajadores de los medios se enfrentan a niveles alarmantes de violencia, incluidos asesinatos – a menudo en impunidad”, dijo.
Para ejemplificarlo citó la realidad vivida por las personas que trabajan en medios de comunicación en México. “Documentamos el asesinato de cuatro periodistas y un trabajador de los medios tan solo en los primeros dos meses de este año, y dos casos adicionales están aún en proceso de verificación”, sostuvo.
El más reciente asesinato ocurrió el viernes (4). El periodista del portal de noticias Testigo Minera, Juan Carlos Muñiz, fue asesinado en Fresnillo, Zacatecas.
En 2021, reportó Bachelet, ocho periodistas y dos guardias de un medio de comunicación fueron asesinados y otros dos periodistas desaparecidos. “Los reporteros que trabajan sobre política local, corrupción y crimen enfrentan mayores riesgos de ataques”, agregó.
Mencionó que “desafortunadamente, en ocasiones funcionarios han contribuido al clima de miedo en el que trabajan al denigrar a los periodistas y la relevancia de su trabajo de investigación”.
Llamó a que los gobiernos “fortalezcan la protección de los periodistas, así como la rendición de cuentas por los delitos contra ellos”.
Mundo
La alta comisionada de las Naciones Unidas relató al Consejo de Derechos Humanos de la ONU una serie de situaciones críticas en todo el mundo que “exigen medidas urgentes”, en países como Afganistán, Bielorrusia, República Centro-Africana, Colombia, Chipre, República Popular Democrática da Corea, República Democrática República do Congo, Etiopia, Eritrea, Guatemala, Honduras, Myanmar, Nicaragua, Territorio Palestino Ocupado, Sudan do Sul, Sri Lanka, Sudan, Ucrania y Venezuela.
En El Salvador, destacó el uso masivo de Malware, como el Pegasus, para vigilar periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
En Brasil, relató que 79% de las personas muertas en intervenciones policiales en 2020 eran afrodescendentes. “Estadísticas preocupantes en esta misma línea surgen en varios otros países”.
Migrantes
Bachelet criticó la política migratoria llevada a cabo por los Estados. Uno de los ejemplos citados por ella fue la muerte de 2 mil migrantes en el mar Mediterráneo en 2021, sumando un total de 10 mil muertos desde 2017. “Esta trágica perdida no es inevitable”, dijo, se podría evitar con acciones como la búsqueda y rescate de los migrantes en el mar o garantizando el desembarque en locales seguros.
También pidió que los Estados cesen las acciones que criminalizan o obstaculizan el trabajo de las organizaciones humanitarias que prestan asistencia a los migrantes.
Durante el 8 y 9 de agosto del año 2018, decenas de comunidades de la región norte, selva y altos de Chiapas, se reunieron en el pueblo de Bachajón para intercambiar experiencias encaminadas a fortalecer gobiernos comunitarios.
En portada: Comunidades de la región norte, selva y altos de Chiapas, se reunieron en el pueblo de Bachajón para intercambiar experiencias encaminadas a fortalecer la defensa de sus territorios. 2018. Foto: Aldo Santiago
El despojo de los territorios de los pueblos originarios de México y como consecuencia la migración, abonan al declive de las lenguas maternas, mientras otras resisten sin el reconocimiento del Estado.
El docente e investigador indígena zoque, Roberto Lorenzo Rueda, señala que los verdaderos territorios, los espacios donde la lengua se reproduce, están disminuyendo en gran medida. El saqueo y la explotación de los recursos naturales se realiza bajo la premisa de “Estado de desarrollo”.
La electricidad, infraestructura, telecomunicaciones y megaproyectos extractivos (minería a cielo abierto) o como el Tren Maya, generan devastación, “los daños ambientales y culturales son irreversibles”, insiste.
El espacio territorial que habitan los pueblos originarios se reduce: los ríos, árboles, lagos, plantas, animales. “Si se destruyen los territorios físicos hay una gran dispersión. Es como tirar un vaso de vidrio al suelo, entonces se rompe y los hablantes se van por su lado”.
Para Lorenzo Rueda la institución debe respetar el territorio, pues el despojo provoca migración, cargada de fascismo estructural y de discriminación, “elementos que no son nuevos, son de larga duración y han hecho que muchas generaciones hayan dejado de hablar lenguas y que las de ahora también dejen de hablarlas”.
Manifestación de comunidades indígenas en Chiapas contra la imposicion del tren maya.
El artículo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) titulado Peligro de muerte para muchas lenguas indígenas de México coincide que pese al cambio en las políticas lingüísticas, la discriminación hacia las lenguas originarias y sus hablantes persiste en México.
Concesionan espacios sagrados
La migración sumada al racismo, discriminación, desaparición de espacios sagrados y físicos y acompañados de políticas homogéneas, “es como querer meter a los pueblos indígenas en un solo costal”.
Lorenzo Rueda explica que el Estado debe cancelar las concesiones que existen hasta por 50 años del agua, minería, geotermia y geoparques; asimismo, esforzarse más para dialogar y consensuar con los pueblos originarios, aunque no con consultas “que no están bien construidas”.
Ejemplifica la idea del Día Internacional de la Lengua Materna, que se creó en 1999 por la Unesco, aunque “muchas comunidades ni siquiera saben que el 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua y quien se vanagloria es la institución”.
Asegura que también desconocen el 9 de febrero como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esto se suma a la reducción de los presupuestos otorgados a las instituciones encargadas de promover la preservación de las lenguas indígenas que, según estudiosos de la UNAM, representa un retroceso para México, un freno significativo para las políticas lingüísticas de los últimos años.
El investigador zoque agrega que los pueblos originarios son vistos para entregar bastones de mando a figuras públicas que diseñan políticas de arriba hacia abajo sin consenso, diálogo ni interacción con los pueblos. “Es ahí donde se empieza a generar estas rupturas, evidencias y esas políticas públicas culturales, lingüísticas, educativas, no llegan a donde deberían”.
Reconocimiento
En el mundo se hablan entre 6 mil y 7 mil lenguas indígenas y no indígenas. Según el Atlas Sociolingüístico de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, el 10 por ciento de la población de América Latina habla una: 522 pueblos indígenas hablan en promedio 420 lenguas. Esto habla de una gran diversidad de la lengua.
Representación teatral de agradecimiento a la Madre Tierra; reunión de personas en defensa del maíz nativo en los valles centrales de Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F.
En México existen 68 lenguas indígenas más el español; 364 variantes dialectales y conformadas por 11 familias lingüísticas. Según los estudiosos, la diversificación es mayor y las cifras imprecisas.
Chiapas reconoce 13 pueblos originarios: akateko, chol, quiché, lacandón, mam, muxo, tojolabal, tzeltal, tzotzil, zoque, ixil, teko y chuj. El académico considera que hablantes de lenguas maternas de al menos cinco pueblos pueden desaparecer en los próximos años.
“He detectado que son los chuj, quichés, ixil o los tekos que son lenguas que están reconocidas por el Estado nación. Los números de hablantes han reducido entre 10 o 15 personas adultas que las hablan”.
Además, de acuerdo a la documentación de Lorenzo Rueda existen pueblos hablantes de lenguas maternas que emigraron hace varios años, asentados en la frontera de Chiapas con Guatemala. Al no ser reconocidos por el Estado se les niega el acceso a sus derechos.
En el caso de Oaxaca, el investigador considera que el panorama es distinto. Los pueblos generaron sus propias formas para la supervivencia de la lengua: en la música, la danza y la literatura desde la escritura de las mismas lenguas.
El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, bajo la ponencia de la magistrada Julia Ramírez Alvarado, desestimó las quejas presentadas por niños y niñas mayas de Homún, Yucatán, contra las violaciones a la suspensión de operaciones de la mega granja de cerdos, cometidas por la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo), en complicidad con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).
En 2018 se ordenó la suspensión de la mega granja de cerdos en territorio del pueblo Maya de Homún, en Yucatán, y la medida fue ratificada en abril de 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La suspensión fue otorgada a seis niños de la región de Homún. Con apoyo de sus familias y la ONG Indignación interpusieron una demanda de amparo para detener las actividades de la granja. El argumento principal fue la transgresión de los derechos de los niños a tener una vida digna con un medioambiente sano, con agua y aire limpios.
La primera queja fue interpuesta cuando la SDS permitió que Papo realizara trabajos de mantenimiento en la fábrica de cerdos, con lo cual incumplió con la medida cautelar de suspensión de actividades de la mega granja.
Otra queja fue presentada cuando la misma dependencia estatal, pese a la orden de no reactivar las operaciones en la granja, permitió la instalación de la planta de tratamiento de aguas. Esto lo confirmó la propia SDS al emitir un documento asegurando que esa infraestructura cumplía con los estándares de descargas contaminantes.
La tercera queja fue interpuesta cuando el juez le dio trámite a un recurso presentado por Papo para revocar la suspensión, el cual era totalmente improcedente.
Sin embargo, en la audiencia realizada el jueves (3), el Tribunal declaró infundadas las dos primeras quejas, y desechó la tercera. Ahora, toca al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, Rogelio Leal Mota, decidir si retira o no la suspensión, la cual fue confirmada y ratificada en su momento por quien era la Jueza Cuarto de Distrito, Miriam Cámara Patrón; por el Tribunal Colegiado e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hasta ahora, no se han publicado los acuerdos de la sesión, sin embargo, la decisión nos alerta: el Juez Leal Mota podría quitar la suspensión y reactivar las operaciones de la mega granja, poniendo en riesgo el derecho a la salud, al medio ambiente sano, al agua y a la libre determinación de la infancia y del pueblo maya de Homún.
El Juez Leal Mota ya se ha pronunciado a favor de la empresa Papo. En el 2018, ese juzgador se negó a otorgar una suspensión contra la fábrica de cerdos, dándole prioridad al discurso del empleo y el mal llamado desarrollo, por encima de la salud humana y ambiental, y de la libre autodeterminación del pueblo maya.
En la semana pasada, especialistas en salud y materia ambiental pertenecientes a universidades y organizaciones internacionales, presentaron un amicus curiae, en el que señalaron que la mega granja de Homún amenaza con ocasionar daños graves e irreversibles. También describieron los graves impactos a la salud, al agua y al ambiente ocasionados por la industria porcícola en Estados Unidos, y manifestaron la expectativa de que Leal Mota resuelva a favor de la niñez y el medio ambiente sano de Homún.
