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Alertan académicos que México podría alcanzar los dos grados centígrados para 2040

Mientras que el planeta se acerca al límite de 1.5 grados centígrados en su temperatura, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pronostican que, de no hacer nada en los próximos 18 años, México crecerá a dos grados centígrados para la década de 2040, con efectos devastadores en la agricultura y la economía nacional.

El investigador Francisco Estrada Porrúa ha advertido que el territorio mexicano se esta calentando más rápido que el promedio global. “De hecho, en el 2020, que ha sido el año más caliente que hemos registrado, rebasamos los 1.5 grados y estuvimos por arriba de 1.6 grados. Esto se debe a la variabilidad natural y a la tendencia de calentamiento”, señalo el investigador quien es el coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM.

La investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), Paulina Ordóñez Pérez, cuestiona “¿por qué decimos que esto es peligroso? Pues hemos recopilado numerosas evidencias científicas que nos dicen que este aumento de 1.5 grados rebasa un límite seguro para el planeta, porque a partir de allí los riesgos se incrementarán”.

En conferencia de prensa el grupo de investigadores señalaron que, de 1975 a la fecha, México se ha calentando aproximadamente 0,3 grados cada década, lo que es alto en comparación con otras regiones del planeta. El 2021 fue el sexto año más caluroso a nivel global, con un aumento de 1.1 a 1.2 grados centígrados con respecto al periodo preindustrial. Aunque el calentamiento se ha presentado de diversas formas en la geografía mexicana, “mientras que en el centro y gran parte del país está alrededor de dos grados por siglo, hay regiones en el norte que han alcanzado tendencias de hasta seis grados”.

Los expertos de la UNAM han registrado que la última década ha sido la más calurosa. “Hay estimaciones de que la temperatura aumentará a 1.5 grados centígrados para inicios de 2030 y a dos grados para 2040 en el planeta (con respecto a principios del siglo pasado)”, estimaron expertos de la UNAM.

Para el año 2070, el territorio mexicano podría alcanzar aumentos mayores a cuatro grados en la temperatura anual, lo que significaría un daño irreversible para los ecosistemas e incluso algunos no podrían adaptarse. Algunas de las principales ciudades que podrían sufrir perdidas millonarias son, “Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey tendrán pérdidas económicas por cambio climático que podrían rebasar mil millones de dólares anuales en esta década de 2020”, sostienes los investigadores.

Se alerta que la agricultura es un sector que se verá fuertemente impactada con reducciones en rendimientos de 5 a 20% en las próximas dos décadas, y de hasta 80% a finales del siglo para algunos cultivos y entidades, lo que significa escases de alimentos. “Los estados con mayor aptitud actualmente para maíz de temporal podrían perder, a finales de siglo, entre un 30 y un 40 por ciento en rendimientos”, destacaron los investigadores de la UNAM.

Los expertos también puntualizan que algunas regiones sufrirán inundaciones como, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.

“El cambio climático afecta ya todas las regiones del planeta, de manera más intensa en las zonas continentales del hemisferio norte, y de manera global más de mil 800 millones de personas han padecido como el año más caluroso al 2021”, añadió la investigadora Ordóñez.

Entre las posibles soluciones que propone Alejandro Jaramillo Moreno, también investigador del ICAyCC, está la aceleración en la transición energética, pero sobre todo remarca con sus colegas especialistas de la UNAM, reducir fuertemente el consumo “como individuos y lograr un cambio en el modelo social, mantener el suelo de conservación para proteger los acuíferos, incrementar en las ciudades superficies y azoteas verdes, así como modificar los pavimentos hacia materiales permeables que permitan el paso del agua”.

Assange, el fundador de Wikileaks, logra temporalmente que no lo extraditen a EEUU

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, recibió este lunes (24) la información del Alto Tribunal británico, que la ha concedido el derecho de continuar su apelación en Reino Unido, contra una posible extradición a Estados Unidos.

El país norteamericano lo acusa por 18 delitos de espionaje e intrusión informática que, de acuerdo con la legislación estadounidense, tendría que pagar hasta con 175 años de cárcel en ese país.

Desde el pasado mes de diciembre de 2021, los jueces Ian Burnett y Tim Holroyde del Tribunal Superior, habían determinado que Assange podía ser extraditado a Estados Unidos, en el entendido de que este país brindaría las garantías sobre su trato en ese país.

Por tanto, esta es una victoria que ha conseguido el periodista y programador, fundador y editor de Wikileaks, un sitio web pionero al servicio de la transparencia. Entre otros temas, Wikileaks expuso al publico, atrocidades y crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán, también sus prácticas de tortura en Guantánamo.

“Lo que ha sucedido hoy en el tribunal es precisamente lo que queríamos que pasara. El Tribunal Superior ha certificado que hemos planteado una cuestión jurídica de interés público general y que el Tribunal Supremo tiene buenos motivos para escuchar esta apelación”, afirmó Stella Moris, esposa de Assange.

“Pero no olvidemos cada vez que ganamos que, en tanto este caso no sea desestimado y no se libere a Julian, él continúa sufriendo. Durante casi tres años ha estado en la prisión de (alta seguridad de) Belmarsh y está sufriendo profundamente”, señaló Moris.

El periodista, de origen australiano, cumple ya más de mil días de reclusión en la prisión de Belmarsh, en el sureste de Londres, desde donde ha podido sentir la presencia de la solidaridad y también a sus más cercanos. En esta prisión le fue concedido, el mes pasado de noviembre, el permiso para casarse con su pareja, Stella Moris, con quien tienen dos hijos. Antes de ser recluido en Belmarsh, Assange vivió casi siete años en la Embajada de Ecuador en Londres, en calidad de asilado político.

Oaxaca: Familiares de Claudia Uruchurtu exigen justicia sin tintes electorales

foto: nosfaltaclaudia.wordpress.com

Hoy (24) arranca la audiencia intermedia del proceso penal por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, en Nochixtlán, el 16 de marzo de 2021. El desahogo de la audiencia está a cargo del licenciado José Antonio Carreño Jiménez, juez de control del circuito judicial de Valles Centrales, con sede en Oaxaca, a pesar de que la causa penal se encuentra radicada en el juzgado de control de Asunción Nochixtlán.

Por temas de seguridad, el año pasado, la entonces jueza de control del circuito judicial de la mixteca, la licenciada Elizabeth Contreras Hernández, pidió que la etapa intermedia de este caso se desahogue a través de un juez de control de Valles Centrales.

En una misiva dirigida al Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, Elizabeth y Sara Uruchurtu, hermanas de Claudia y víctimas indirectas del crimen, exigieron que se aplique la justicia independientemente de los escenarios políticos del momento, ya que la audiencia intermedia se da en medio de las precampañas a la gubernatura del estado:

“Esta preocupación se centra en la posibilidad de injerencia que pudieran tener actores vinculados a las personas que han sido señaladas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de ser quienes planearon y ejecutaron la desaparición, como lo es, la ex presidenta municipal de Nochixtlán LVH (Lizbeth Victoria Huerta), y otras cuatro personas más. Algunas de las cuales desarrollaban funciones en la administración pública municipal. En el estado de Oaxaca se avecina el relevo gubernamental y las proyecciones dan un amplio margen de preferencia al partido en el que militan los hoy procesados” se lee en el documento.

En entrevista, Elizabeth y Sara Uruchurtu advierten que hay un riesgo de interferencia política y partidista a pesar de que los poderes del estado deberían ser independientes: “la experiencia de Oaxaca nos muestra que la justicia está supeditada a intereses políticos” puntualizan.

Más de 10 meses y Claudia no aparece

Claudia Uruchurtu Cruz fue desaparecida durante una manifestación contra el gobierno municipal de Asunción Nochixtlán el 16 de marzo de 2021. Antes de ser desaparecida, Claudia había documentado y denunciado durante meses la corrupción de la entonces presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta.

Victoria Huerta (quien entonces buscaba la reelección por Morena) y algunos de sus colaboradores más cercanos se encuentran vinculados a proceso y en espera de sentencia por la presunta planeación y participación en el crimen de lesa humanidad.

El 7 de mayo de 2021 la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejecutó las primeras órdenes de aprehensión contra tres de las cinco personas hoy vinculadas a proceso y el 22 de julio de 2021 detuvieron al resto.

El juez de distrito, luego de consultar a las partes, “decidió acumular en este caso el desahogo de estas audiencias intermedias para que se lleve a cabo en una sola ocasión, al tratarse de los mismo hechos y los mismos datos de prueba”, dice el abogado Velázquez Antonio, asesor jurídico de las hermanas Uruchurtu Cruz.

“Estamos en el momento procesal en el que el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como la defensa, ofrecen ante un juez de control sus datos y sus medios de prueba con los que cuentan hasta este momento”, explica Velázquez Antonio, “en esta etapa también se pueden depurar esos medios de prueba”.

Sobre la búsqueda de Claudia, el abogado Velázquez señala que “es un delito continuo, permanente, y en razón de ello, obviamente, la investigación se estará continuando, en tanto no se dé con el paradero de la víctima, sin embargo, no se han obtenido los resultados esperados”.

En ese sentido, las hermanas Uruchurtu Cruz mencionan que a pesar de que las autoridades realizaron algunas acciones de búsqueda, ninguna ha sido exitosa. “La comunicación con la Comisión Nacional de Búsqueda ha tenido sus altas y sus bajas, al principio más cercana a la familia, pero ahora ya tenemos un par de meses en los que no hemos tenido respuesta de cuáles serán la siguientes acciones”, comentan, “esto es crucial para la familia, pues como siempre hemos expresado, no descansaremos hasta encontrar a Claudia.”

Banco Mundial acelera paquete de políticas verdes de ajuste estructural

A inicios de 2022 el Banco Mundial (BM) alertó que, al entrar al 3er año de pandemia, las previsiones no son tan buenas. La producción mundial de mercancías y servicios, reflejado en el indicador de “crecimiento mundial”, se desacelerará drásticamente. Los llamados mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED), serán las más afectadas. También subrayó que, con el fin de fortalecer la recuperación mundial, se continúa promoviendo “una recuperación verde, resiliente e inclusiva”.

En el informe del BM presentado este año 2022, llamado Perspectivas Económicas Mundiales, puntualiza la necesidad de salir de la crisis a través de políticas económicas verdes. “Dirigir el crecimiento hacia una dirección verde, resiliente e inclusiva requiere un menú de políticas estructurales que faciliten la transformación digital, aceleren la transición verde y aumenten la movilidad laboral”, reza el informe del BM.

La justificación de este organismo supranacional reside en sus proyecciones. “Se espera que el crecimiento mundial se desacelere del 5,5 % en 2021 al 4,1 % en 2022 y al 3,2 % en 2023”. Se percibe una larga caída que podría rebasar hasta el año 2023.

Además de los rebrotes continuos de COVID-19, una elevada inflación, niveles de deuda sin precedentes y una mayor desigualdad de ingresos para los países en vías de desarrollo, el BM alerta, “estrés financiero relacionado con la deuda; interrupciones por fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales”.

De no implementar el paquete de reformas estructurales, los Estados nación sufrirán caídas económicas severas, señala el BM. “En el mediano plazo, la falta de implementación de mejoras de productividad y otras reformas necesarias obstaculizarán el crecimiento”, dice el documento.

Se prevé que la severidad de los desastres relacionados con la crisis ambiental y climática, se recargará con más agresividad hacia los países llamados MEED. El Banco Mundial advierte que en Centroamérica y el Caribe, los riesgos por las consecuencias relacionadas con la crisis ambiental y climática, van desde “un aumento del nivel del mar, tormentas extremas más frecuentes, inundaciones costeras y erosión en el futuro”, mientras que “partes de América del Sur, incluidas las zonas agrícolas, se enfrentan a un riesgo creciente de sequía”.

Soluciones verdes

Este organismo apela a los gobiernos, a la sociedad civil y a las empresas para trabajar en conjunto para acelerar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (UKCOP 2021) como una solución al conjunto de crisis que actualmente se atraviesa a nivel global.

Lo más apremiante, según el Banco Mundial, es que “la comunidad internacional puede ayudar a ampliar el financiamiento y el desarrollo de capacidades necesarias para fomentar recuperaciones económicas verdes y resilientes en los MEED, incluso mediante el aumento de las inversiones verdes y la facilitación de una transición hacia la energía verde”.

El conjunto de políticas verdes que se han venido implementando, apegados a la Agenda 2030 de la ONU, se han justificado, en primera instancia, para reducir las emisiones de carbono, asegurando que con las “energías verdes” se logrará esto. Pero el ritmo de crecimiento y de explotación de recursos naturales (bienes comunes) no se cuestionan.

Las medidas verdes hacia las empresas y gobiernos más contaminantes han sido permisibles, en nombre del “desarrollo sostenible”. De acuerdo con el documento del BM, lo que se ha implementado son los llamados “impuestos sobre el uso de energía, los impuestos sobre el carbono y los precios de los permisos de emisión negociables”, el organismo argumenta que, estos impuestos (que funcionan como permisos de contaminación) “también son importantes para garantizar una transición ecológica sin problemas”.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, también llamado Foro de Davos, “la extracción mundial de recursos se ha triplicado de 27 mil millones de toneladas en 1970 a 92 mil millones de toneladas en 2017”, una explotación exponencial de recursos que el “desarrollo (sostenible)” continúa exigiendo.  Es ahí dónde se han reflejado los índices de crecimiento económico y las capacidades de consumo.

Contabilidad ambiental

Mientras tanto, según las políticas verdes, existe la necesidad de incrustar a los ecosistemas que restan en el planeta como prestadores de servicios. Desde 2018 la Comisión Estadística de las Naciones Unidas (CENU) implementó el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económico 2012 – Contabilidad Experimental de Ecosistemas (SEEA EEA).

Esta iniciativa tuvo por objetivo, hasta 2021, “desarrollar un marco estadístico consensuado para la contabilidad de los ecosistemas, incluida la terminología, los conceptos, las definiciones y las clasificaciones acordadas para los activos y servicios de los ecosistemas tanto en términos físicos como en términos monetarios utilizando un enfoque contable”, anunció la CEPAL al concluir esta meta.

En diciembre del mismo año 2021, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la comisión regional de la CEPAL, en el Foro Nacional sobre la Contabilidad del Capital Natural y Valoración de los Servicios de los Ecosistemas, aseveró que, “la Contabilidad Ecosistémica ofrece un marco que incorpora una visión sistémica, al integrar datos biofísicos; evalúa acervos, flujos e interacciones entre los elementos del capital natural, su integridad y los vincula con actividades económicas”.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL argumentó que, esta iniciativa, pretende visibilizar lo que la economía neoclásica llama, “fallas de mercado”, es decir, los costos que dejan detrás todas las cadenas productivas y nadie se hace cargo. “Se trata de avanzar en la estandarización de datos, modelos y valorización para introducir el capital natural en los sistemas de cuentas nacionales y contabilizar las interacciones con la naturaleza para rebalancear la demanda social con la capacidad de los ecosistemas de proveer bienes y servicios”, expresó Bárcena.

Aquí la pregunta obligada es ¿quién estará a cargo de la administración de estos espacios y de sus supuestos servicios?, la realidad es que, las “comunidades indígenas son las que sostienen el 80% de la biodiversidad remanente del planeta y el 17% de los depósitos de carbono naturales de la Tierra”, como lo documentó la Organización No Gubernamental (ONG) The Nature Consevancy. Esta organización, entre otras, como El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), vienen acaparando tierras indígenas y declarando “Áreas Naturales Protegidas”, “Parques para la Paz”, “Santuarios”, entre otros.

Las medidas que se han tomado en las diversas Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, desde 1995 hasta el 2021, en ningún momento se ha planteado poner un tope a la producción de mercancías, sino solo impuestos. De la misma forma, no hay una sanción para los mayores contaminantes del planeta. Pero si existen servicios ambientales que funcionan como “permisos de contaminación”, con los llamados “créditos de carbono” que se emiten, por ejemplo, de las Áreas Naturales Protegidas. Así es como se viene materializando la Contabilidad ambiental y las políticas verdes, mercantilizando a tope los últimos ecosistemas que restan en el planeta.

Legisladores de EEUU incrementan presión para rechazar reforma eléctrica mexicana

Este martes (18), congresistas de Estados Unidos publicaron una carta mediante la cual demandaron a la administración de Joe Biden para que exprese enérgicamente su preocupación sobre la “perjudicial agenda de combustibles fósiles del presidente López Obrador”.

Mediante misiva dirigida a los titulares del Departamento del Estado y de la Secretaría de Energía, los congresistas Robert Menendez Brian Schatz y Jeff Merkley Tim Kaine reiteraron su rechazo a las políticas energéticas de la administración mexicana, sobre todo a la iniciativa de reforma eléctrica impulsada por AMLO desde octubre del año pasado.

Desde su presentación, la iniciativa ha generado rechazo de legisladores de los EEUU, pues argumentan que con ella se vulnera el tratado comercial de Norteamérica (T-MEC) al desfavorecer las inversiones estadounidenses en México.

AMLO informó este lunes (17) la visita a México de Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos, a quien los congresistas norteamericanos demandaron abordar el tema de la polémica reforma.

“Se van a tratar todos los temas, siempre es así, no hay un tema intratable o vetado (…) informar el porqué de la Reforma Eléctrica, si hace falta, y ella (Granholm) quiere conocer mi opinión, se la voy a hacer con mucho gusto”, refirió Obrador.

La funcionaria estadounidense arribó este jueves (20) a la ciudad de México en una visita de dos días al país. De acuerdo a un comunicado emitido por la embajada de su país, el objetivo de Granholm será fomentar un “intercambio de puntos de vista sobre los cambios propuestos a las leyes y regulaciones energéticas de México”.

También sostendrá reuniones con las secretarías de energía y relaciones exteriores mexicanas, líderes de la industria energética y miembros de la sociedad civil. Se espera también un encuentro de la funcionaria norteamericana con el presidente mexicano.

Minerales estratégicos

Los congresistas de los Estados Unidos enfatizaron que otro punto aún más perjudicial a sus intereses sería la prohibición desde la administración mexicana para otorgar concesiones en la extracción de minerales estratégicos como el litio y el cobre.

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De acuerdo al sitio especializado Mining Technology, México posee el mayor yacimiento de litio actualmente en desarrollo. Éste se encuentra en el estado de Sonora, contiene 4.5 millones de toneladas de carbonato de litio y se prevé será una operación a cielo abierto con una vida útil de 19 años.

Inicialmente propiedad de la empresa británica Bacanora Minerals Ltd., esta mina pasó a manos de la empresa china Ganfeng, fabricante de baterías eléctricas y quien actualmente controla la mitad de la producción de litio a nivel mundial, mineral estratégico para la “transición energética”.

Suprema Corte posterga decisión sobre inconstitucionalidad de Ley Minera

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) postergó el análisis, previsto para ayer (19), del amparo interpuesto, desde 2015, por la comunidad nahua de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla, contra la Secretaría de Economía. La discusión es acerca de la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley Minera que vulneran los derechos humanos de las comunidades en favor de la empresa minera canadiense Almaden Minerals. La minera pretende instalar una mina de oro y plata a cielo abierto en el municipio de Ixtacamaxtitlán.

En la sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte, llevada a cabo ayer en la tarde, el ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo informó que el asunto se quedaría en lista. “No dieron detalles, no se explicó los motivos, simplemente se informó”, afirmó Itzel Silva, una de las abogadas del caso. Todavía no hay una fecha definida para el debate que llevará a la decisión de la demanda de la comunidad Tecoltemi.

“Lo que estamos reclamando es la entrega de dos concesiones mineras que la Secretaria de Economía otorgó a la empresa canadiense y también estamos impugnando varios artículos de la Ley Minera. Lo que se está planteando es que la Suprema Corte reconozca su inconstitucionalidad e inconvencionalidad, es decir, que contraviene de manera directa derechos a tierra y territorio de los pueblos indígenas”, detalla Silva.

Dos de estos artículos, el 6 y el 19, por ejemplo, determinan que las actividades mineras son de utilizada pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio y que el titular de las concesiones tienen el derecho de obtener expropiación de terrenos así como de aprovechar las aguas presentes en el territorio para las actividades mineras. “Estos artículos permiten el despojo de los pueblos de sus territorios”, resume la abogada.

Camino hasta la Suprema Corte

El juicio de amparo fue presentado en un juzgado de amparo federal en Puebla, en abril de 2015. Se dictó una primera sentencia, en abril de 2019, en la cual se concedió el amparo a la comunidad y la jueza reconoció que hubo una violación al derecho a la consulta en el momento de otorgar las concesiones. “La jueza determinó que las concesiones eran ilegales y que el secretario de Economía tendría que volver a resolver la solicitud de la empresa en relación a las concesiones, considerando que Tecoltemi es un pueblo indígena”, explica la abogada.

Sin embargo, no analizó los argumentos presentados por el pueblo nahua sobre la Ley Minera. “Y por esta razón, nosotras impugnamos esta parte específica de la sentencia – el hecho de que no se entró a analizar nuestros argumentos contra la Ley”, explica.

Por su vez, la Secretaria de Economía y la empresa impugnaron toda la sentencia. “El asunto llegó a un tribunal colegiado, una segunda instancia. Esperábamos que se resolviera de manera definitiva ahí, pero el colegiado determinó que por ser un asunto de inconstitucionalidad de ley le tocaba a la Suprema Corte. Entonces fue el tribunal colegiado quien decidió enviar el asunto a la Corte”, informó Silva.

Relevancia nacional

El caso que se resuelve en la Suprema Corte es de Tecoltemi, pero la decisión tendrá implicación para otros pueblos. “Sería un precedente para otras comunidades que están realizando la defensa judicial de sus casos. Sería una herramienta muy poderosa, muy útil para los pueblos que están haciendo la defensa de su territorio”, sostiene la abogada.

Hasta la mañana del jueves (20), más de 11 mil personas, así como organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, se han pronunciado y han llamado a la Corte a analizar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera. 

Desde la Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, del Agua y de la Vida, así como de las organizaciones que han acompañado a la comunidad de Tecoltemi, el Consejo Tiyat Tlali y Fundar, “seguimos confiando en que las y los Ministros tomarán una decisión con base en el mayor respeto, protección y garantía de los derechos de los pueblos y las comunidades del país”, dicen en un comunicado.