Labores de reforestación en las recuperaciones de tierras quilombolas, donde se involucran desde niños y adultos. Foto: Aquipoa
Campesinos de los estados de Sergipe y Bahía, localizados en el noreste de Brasil, denuncian contaminación genética de semillas criollas de maíz, frijol y cacahuate por transgénicos en distintos territorios de los dos estados.
El Movimiento Campesino Popular (MCP), en cooperación con instituciones científicas del país, como el Instituto Federal de Sergipe (IFS), ha trabajado en la región hace una década para promover sistemas sustentables de producción de alimentos, basado en la agrobiodiversidad.
Las familias producen semillas criollas, principalmente de maíz, frijol y cacahuate, para consumo propio, pero también las comercializan. De acuerdo con el MCP, en total, ya fueron comercializadas 110 toneladas de semillas criollas. Además de semillas, han comercializado harina de maíz y frijoles criollos, sobretodo en el periodo de la pandemia.
El movimiento denuncia que todo este trabajo de recuperación y reproducción de las semillas criollas está amenazado por el avance de los transgénicos y la uniformización de variedades cultivadas alrededor de sus territorios. “Se ha provocado contaminación genética de las semillas criollas, colocando en riesgo nuestro patrimonio genético, responsable por toda la diversidad de variedades agrícolas, fundamentales para afrontar los cambios climáticos y garantizar la producción diversificada de alimentos”, sostiene el MCP en un informe.
Desde 2018, los campesinos, junto con el Instituto Federal de Sergipe, han realizado pruebas para verificar si sus cultivos están siendo contaminados por especies transgénicas. “Esta rutina permitió verificar que las contaminaciones han alcanzado índices cada vez mayores. En la cosecha de 2023, llegamos a un porcentaje alarmante. El 68% de las 40 muestras (9 variedades de maíz) están contaminadas por transgénicos. Nos provoca mucha preocupación en relación al futuro de la producción de las variedades criollas”, señalan los campesinos.
Las muestras analizadas fueron colectadas directamente en las plantaciones, en los stocks individuales y también en los bancos de semillas comunitarios. Las pruebas también incluyeron la producción en comunidades indígenas y quilombolas de la región.
La contaminación ha ocurrido a pesar de que las familias han implementado técnicas que buscan proteger las semillas. “Se ha implementado estrategias de prevención a la contaminación, como la utilización de instrumentos para detener el viento, la siembra en periodos distintos, realización de limpieza de los equipos de siembra, cosecha y procesamiento de las semillas, entre otras”, afirman.
Las estrategias no “han sido suficientes para contener los procesos de contaminación genética que avanzan cada día sobre nuestros territorios; por eso sostenemos que las contaminaciones imponen a los campesinos prejuicios productivos, económicos, culturales, ambientales y alimentarios”.
Protección
En el estado de Sergipe se aprobó en 2016 una ley que instituye el concepto de semillas criollas y el incentivo a la conservación de la diversidad de cultivos en el estado. La ley define: “Considerase área de protección de la agrobiodiversidad las áreas/terrenos/regiones/territorios donde hay producción de semillas locales, tradicionales o criollas, quedando prohibido el cultivo de cualquier material genético (semillas transgénicas e híbridas) que amenace las características fenotípicas y genotípicas de las semillas locales, tradicionales o criollas”.
Sin embargo, todavía no existe una reglamentación para que la ley pueda ser realmente implementada.El MCP hace una serie de exigencias al gobierno brasileño. Entre ellas que revise y aplique los protocolos normativos de distanciamiento entre la siembra del maíz transgénico y del maíz criollo y que imponga a los sembradores de transgénicos la obligación de implementar medidas de seguridad. Además, que establezca medidas de protección como áreas de uso de conservación de la agrobiodiversidad, áreas libres de transgénicos y áreas libres de agrotóxicos.
Julia Bernal es una mujer nativa que pertenece a las Naciones indígenas de Sandia Pueblo y Yuchi, uno de los 19 pueblos originarios que habitan lo que hoy se conoce como el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Ahí los pueblos viven en las orillas de los ríos. “No somos pueblos nómadas, somos agricultores”, cuenta al equipo de Avispa Mídia. Poseen su soberanía alimentaria, siembran principalmente maíz, calabaza y frijol.
“Sobrevivimos a las colonizaciones de España y Estados Unidos, y estamos sobreviviendo hace un siglo a la explotación de recursos energéticos”, comparte Bernal, que hace parte de la organización Alianza de Pueblos en Acción.
En sus territorios fue detonada la primera bomba atómica, la bomba Trinity, en 1945, la primera experiencia nuclear, antes de ser usada contra las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Fue parte del Proyecto Manhattan, impulsada por el gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Todavía hoy existen laboratorios de producción de energía nuclear, cuya basura radioactiva es almacenada en los territorios que pertenecen a estos pueblos.
En el centro de la comunidad de otra joven indígena, Alicia Gallegos, de los Pueblos de Acoma y Laguna, en las orillas del llamado Río Puerco, está una mina de Uranio, mineral usado en la producción de la energía nuclear. “Ha contaminado mucho y no ha habido ninguna indemnización. Utilizamos solamente agua subterránea, la de los ríos está altamente contaminada”, comparte Gallegos al equipo de Avispa Mídia.
Estos pueblos también tienen en común el hecho de que están asentados sobre la mayor reserva energética de Estados Unidos y una de las de mayor producción de gas y petróleo del mundo. Ahí está la cuenca Pérmica, que se extiende hasta Texas, abarcando los dos estados. “Los proyectos empezaron en 1912, justamente cuando Nuevo México fue transformado en un Estado más de los Estados Unidos”.
Esta infraestructura de extracción de petróleo, gas metano y una gran red de gasoductos, forma parte del paisaje de estos territorios y de la cotidianidad de estos pueblos. La zona es conocida como la Arabia Saudita de Estados Unidos. Produjo al menos 6 millones de barriles de petróleo al día en 2023. Eso es más que Irak, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait.
Alicia Gallegos y Julia Bernal nativas de New Mexico se reúnen con activistas mexicanas que están luchando contra gasoductos y otros proyectos. Foto por Santiago Navarro F
Los pueblos nativos conservan sus lugares sagrados, incluso uno de ellos fue reconocido como patrimonio cultural por la Unesco. “Ahora, el 92% de la tierra que rodea este lugar sagrado ha sido concesionado para la extracción de petróleo y gas”, señala la indígena Bernal.
Hoy, dice Julia Bernal, su territorio es afectado con mayor intensidad por la extracción de hidrocarburos, sobre todo, porque se usa el sistema de fractura hidráulica o fracking (técnica de extracción de petróleo y gas de formaciones rocosas poco permeables; se inyecta una mezcla de agua, arena y productos químicos en la roca a alta presión para que se libere el hidrocarburo).
De acuerdo con un documento presentado en junio pasado de la Comisión Legislativa de Finanzas Nuevo México (LFC), en este Estado se concentran actualmente 73 mil pozos de petróleo y gas activos, y casi 100 plataformas activas, perforando nuevos pozos cada mes. “Nuevo México es el segundo mayor productor de petróleo de Estados Unidos, produciendo el 15,1% del petróleo del país en febrero de 2024”, según el informe.
Además, hay toda una red de gasoductos que se fue construyendo poco a poco a lo largo de las últimas décadas para distribuir el gas metano. “Sabemos que la expansión sigue y ahora está afectando también a territorios de pueblos indígenas y campesinos en México”, lamenta Bernal.
Bernal está en lo correcto, después de la reforma energética del año 2013 en México, ha habido una expansión de la construcción de la infraestructura energética para recibir el gas metano extraído en Estados Unidos. De acuerdo a investigaciones realizadas por el Colectivo Geocomunes, casi se ha duplicado la cantidad de ductos en términos de distancia y capacidad en un poco más de una década.
Hoy existen alrededor de 20 mil km de ductos en territorio mexicano. La gran mayoría se ha construido entre 2011 y 2024. La expansión, identificaron los investigadores de Geocomunes, ocurre principalmente en dos regiones. “La primera es el Noroeste del país, la región de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa; la segunda es el Sur-Sureste, región de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y la Península de Yucatán. A eso se le suma una serie de otros proyectos”, coinciden los integrantes de Geocumunes.
Puerta al Sureste, de la empresa canadiense TC Energy, es uno de los gasoductos estratégicos del mercado del gas estadounidense, ya que conecta en aguas marinas con otro, el gasoducto Sur de Texas – Tuxpan, también de su propiedad junto a la estadounidense Sempra Energy, de 772 kilómetros. En conjunto, suman más de 1400 kilómetros de tubería que cruza por el Golfo de México.
Fuente Geocomunes 2024
Los pueblos nativos conservan sus lugares sagrados, incluso uno de ellos fue reconocido como patrimonio cultural por la Unesco. “Ahora, el 92% de la tierra que rodea este lugar sagrado ha sido concesionado para la extracción de petróleo y gas”, señala la indígena Bernal.
Hoy, dice Julia Bernal, su territorio es afectado con mayor intensidad por la extracción de hidrocarburos, sobre todo, porque se usa el sistema de fractura hidráulica o fracking (técnica de extracción de petróleo y gas de formaciones rocosas poco permeables; se inyecta una mezcla de agua, arena y productos químicos en la roca a alta presión para que se libere el hidrocarburo).
De acuerdo con un documento presentado en junio pasado de la Comisión Legislativa de Finanzas Nuevo México (LFC), en este Estado se concentran actualmente 73 mil pozos de petróleo y gas activos, y casi 100 plataformas activas, perforando nuevos pozos cada mes. “Nuevo México es el segundo mayor productor de petróleo de Estados Unidos, produciendo el 15,1% del petróleo del país en febrero de 2024”, según el informe.
Además, hay toda una red de gasoductos que se fue construyendo poco a poco a lo largo de las últimas décadas para distribuir el gas metano. “Sabemos que la expansión sigue y ahora está afectando también a territorios de pueblos indígenas y campesinos en México”, lamenta Bernal.
Bernal está en lo correcto, después de la reforma energética del año 2013 en México, ha habido una expansión de la construcción de la infraestructura energética para recibir el gas metano extraído en Estados Unidos. De acuerdo a investigaciones realizadas por el Colectivo Geocomunes, casi se ha duplicado la cantidad de ductos en términos de distancia y capacidad en un poco más de una década.
Hoy existen alrededor de 20 mil km de ductos en territorio mexicano. La gran mayoría se ha construido entre 2011 y 2024. La expansión, identificaron los investigadores de Geocomunes, ocurre principalmente en dos regiones. “La primera es el Noroeste del país, la región de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa; la segunda es el Sur-Sureste, región de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y la Península de Yucatán. A eso se le suma una serie de otros proyectos”, coinciden los integrantes de Geocumunes.
Puerta al Sureste, de la empresa canadiense TC Energy, es uno de los gasoductos estratégicos del mercado del gas estadounidense, ya que conecta en aguas marinas con otro, el gasoducto Sur de Texas – Tuxpan, también de su propiedad junto a la estadounidense Sempra Energy, de 772 kilómetros. En conjunto, suman más de 1400 kilómetros de tubería que cruza por el Golfo de México.
Gas que navega hacia Europa y Asia
El gas metano que fluye desde Estados Unidos, además de ser usado internamente en México, también será reexportado, desde territorio mexicano, hacia a los mercados europeos y asiáticos. ¿De qué forma? Se está construyendo toda una red de infraestructura en las costas Pacífico y Golfo do México para eso.
Ocho Terminales de Exportación de Gas Natural Licuado están planeadas en las costas mexicanas. La Terminal Altamira I, de la empresa New Fortness Energy Inc., en el municipio de Altamira, Tamaulipas, ya fue finalizada y ya empezó con la licuefacción del gas.
El gas metano que llega a estas terminales es licuado y enviado por buques a diferentes partes del mundo. Esta estrategia de reexportación “es novedosa, de los últimos tres o cuatro años y ha avanzado de manera tan rápida, que incluso hay plantas que ya está exportando gas”, comenta Luis Pérez de Geocomunes.
De acuerdo con Pérez, México importa de Estados Unidos alrededor de 6.000 millones de pies cúbicos diarios de gas metano, datos de 2023. Todo el país consume entre 8.000 y 9000 millones de pies cúbicos diarios.
Sin embargo, de acuerdo con los informes de CFE, se comprometió a importar de Estados Unidos entre 21.000 y 22.000 millones de pies cúbicos de gas metano, más del doble de lo que consume. “Por eso surgió la justificación por parte del gobierno de que es necesario crear toda una infraestructura para exportar este gas que ya se comprometió la CFE”, dice el investigador de Geocomunes.
Los 8 terminales proyectados
Terminal Saguaro Energía. Empresa: México Pacific Limited LLC. En proyecto, Puerto Libertad, Sonora.
Terminal Amigo LNG Fase I. Empresa: LNG Alliance Pte Ltd. En proyecto, Ciudad Guayamas, Sonora.
Terminal Vista Pacífico. Empresa: Sempra. En proyecto, Ciudad Topolobampo, Sinaloa.
Terminal Lakach. Empresa New Fortness Energy Inc. Proyecto pausado, Veracruz.
Terminal Coatzacoalcos. Empresa CFE. En proyecto, Coatzacoalcos, Veracruz.
Terminal Salina Cruz. Empresa CFE-Sempra. En proyecto, Salina Cruz, Oaxaca.
Terminal en Puerto Manzanilla. Empresa Gato Negro Permitium Uno. Proyecto, Colima.
Recientemente fue anunciado un segundo proyecto en Salina Cruz.
Fuente: Geocomunes
Según el integrante de Geocomunes, no hubo ninguna iniciativa de organizaciones sociales o económicas capaz de cuestionar esta política de CFE de comprometerse a comprar mucho más gas de lo que consume el país. “Pues no tiene ningún sentido. Debería ser un caso judicial en México. ¿Cómo es que se comprometieron con esa compra, que está desplegando toda una red de gasoductos en el territorio mexicano y terminales, que tiene amarrado el futuro energético del país? Si las cosas no salen bien, ¿quién va a pagar?”, cuestiona Pérez.
Eso porque “las inversiones que se están haciendo son gigantescas y llevan por lo menos 25-30 años para recuperarse”, complementa el investigador.
El costo para la extracción de gas no convencional en EEUU es relativamente barato, lo que hace que su venta sea lucrativa para las empresas productoras. El problema es que “muy probablemente esto no va a durar mucho tiempo. Hay muchas versiones de cuándo llegará el pico de la extracción del fracking en EUA”.
Además, el investigador analiza que, los Estados Unidos tienen su propio mercado directo de exportación y, hoy, es el principal exportador de gas licuado en el mundo, seguido por Qatar y Australia.
Para el equipo de Geocomunes esta “es una política estadunidense que utiliza a la CFE, al Estado mexicano y a la política energética mexicana, como plataforma para hacer llegar su gas a otras partes del mundo”.
Geocomunes ha estudiado y acompañado la política energética en México en la última década. “México se ha ido configurando en términos energéticos como un país dependiente del gas y una economía subordinada principalmente a los intereses de las empresas estadunidenses”, sostiene Luis Fernando Pérez, integrante de Geocomunes.
Desde los años 1990, poco antes de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, ya había una política de enviar gas metano de Estados Unidos a estados del norte de México, pero no abarcaba el resto del país.
Fue a inicios de los 2000 que las compañías de la industria fósil en Estados Unidos lograron destrabar, por medio de nuevas tecnologías, los campos de extracción de hidrocarburos no convencionales. “Empieza una especie de boom en la extracción de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica. Aunque lo que buscaban era petróleo, pues este petróleo extraído también venía con gas metano y requerían darle destino”.
Entonces la estrategia fue empezar a venderlo a México, lo que empieza a acontecer alrededor de 2011. “En este año se asigna una transformación del discurso de la política energética con Felipe Calderón donde toda la política energética se vuelca al argumento de Estados Unidos, que tiene mucho gas y muy barato y, por tanto, había que traerlo porque era energía barata. Entonces todo se transforma en el país a partir de eso”, explica Pérez.
La Reforma Energética en 2013 engranó toda la parte jurídica que permitiera la expansión de esta infraestructura. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) jugó un papel central para crear las condiciones para traer el gas de Estados Unidos. “Empezó a buscar territorios por donde expandir su uso. El argumento para justificar la construcción de nuevas plantas eléctricas a partir de gas, por ejemplo, era que siempre iba a estar este gas barato de Estados Unidos”, sostiene.
Además, CFE empezó a hacer licitaciones para construir una red gigantesca de ductos principalmente en la frontera norte y hasta el centro del país, conectando con los centros de producción en Estados Unidos. Eso desplegó y ha desplegado toda la infraestructura que se está construyendo en el territorio mexicano.
Encuentro contra gasoductos y otros proyectos en el Istmo de Tehuantepec. Foto por Santiago Navarro F
Conectados por la destrucción
Si pueblos originarios en Estados Unidos, como son las Naciones indígenas de Sandia Pueblo y Yuchi, pagan los costos ambientales y sociales de proyectos de extracción de hidrocarburos en sus territorios, en específico el gas metano, la realidad de los territorios de comunidades campesinas, indígenas y pesqueras en México, que reciben este hidrocarburo, no es distinta.
Pescadores artesanales del Golfo de México y de sus sistemas lagunares, por ejemplo, en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, denuncian que tienen sus territorios de pesca impactados por gasoductos submarinos por donde fluyen el gas desde Estados Unidos.
Henry Márquez Escudero es de la comunidad Tantalamos, en las orillas de la Laguna de Tamiahua, en Veracruz, estado que cuenta con 35 mil pescadores registrados. “Mi familia se dedica a la pesca. Mi padre, mi abuelo, mis tíos. La pesca en nuestra zona es artesanal. No se ocupan artes de pescas tecnificadas. Son artes de pesca que tienen alrededor de 80 años”, cuenta para el equipo de Avispa Mídia, el miembro de la Federación de Cooperativas de Pescadores de la Laguna de Tamiahua y Tampamachoco, que hace parte de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesquerasde México.
La Laguna de Tamiahua tiene 88 mil hectáreas. A su lado está la laguna de Tampamachoco, que tiene 6mil 800 hectáreas. Ellas se conectan con el área del Golfo de México, donde se trabaja la pesca del camarón, el atún, la pesca de escama marina. En 2017 llegó en la región la empresa Transcanadá (hoy TC Energy), de Canadá. “De repente nos dicen que iban a construir un gasoducto, desde Texas (Estados Unidos) hasta el municipio de Tuxpan (Veracruz)”, este es el gasoducto Texas-Tuxpan, recuerda Escudero.
Fuente Geocumunes
La noticia tomó de sorpresa a los pescadores. En aquel entonces intentaron acercarse de la empresa vía gobierno del Estado. “Pensábamos que podía ser un ente neutral, el cual fungiera como mediador entre nosotros y la empresa”. En ese tiempo ni siquiera se llegó a una mesa de diálogo. “La empresa puso las condiciones que ella quiso, y hasta el día de hoy el gasoducto se construyó por encima del sector pesquero, de las comunidades y de las familias que en ellas habitan”, sostiene.
El área de pesca se quedó restringido. Hay una zona donde realizaban sus actividades y ahora con el gasoducto tienen que realizarlas mucho más lejos. “Si nosotros pescábamos a 35 millas, ahora lo vamos a hacer a 60-65 millas. Eso implica más gastos en combustible, mas desgastes en los equipos, del motor, de la lancha”, reclama el pescador.
Además, estas instalaciones son consideradas de máxima seguridad. “Se abre un espacio donde no te puedes acercar a los gasoductos. Ahí no puedes pescar. Si llegas a estar en ese polígono el delito que se te imputa es el de terrorismo”, complementa el pescador.
Hace no más de un año y medio los pescadores recibieron la noticia de la construcción de un nuevo gasoducto que partiría de Tuxpan hacia la refinería Dos Bocas, en Tabasco. Es el ducto Puerta al Sureste, el cual, según los informes de la empresa TC Energy, “se ha concluido al cien por ciento”. Además, conecta con el gasoducto Mayakán, en la Península de Yucatán, y a otras centrales eléctricas.
Fuente Geocomunes
“Es un área donde se reproducen especies marinas y se realizan las actividades diarias de la pesca. Sostiene a una infinidad de sistemas de arrecifes”, advirtió el veracruzano Escudero.
TC Energy se ha acercado a los pescadores y se abrió una mesa de diálogo. Sin embargo, dice Escudero, hasta el día de hoy, no existe una propuesta de desarrollo de la actividad pesquera, que realmente garantice la continuidad de la pesca artesanal. Tampoco una propuesta de cuidado de todas estas áreas que son nichos ecológicos.
Todas las propuestas que “lanzamos en términos de sustentabilidad de nuestras actividades pesqueras, de recuperación ambiental no son llevadas en consideración”, comenta el pescador.
Lo que la empresa ofrece, reclama Escudero, son recursos, como un motor, una lancha, por una única ocasión. Piden todos los documentos personales de los pescadores y de sus cooperativas y, además, hacen que los pescadores firmen un documento donde se comprometen a jamás demandar a la empresa, aunque haya posteriormente daños ecológicos en el mar y en las lagunas, o en las comunidades. “Nosotros no estamos de acuerdo, considero que en una mesa de negociación no puede haber quien imponga porque entonces ya no es negociación”, sostiene.
La empresa considera en sus “negociaciones” solamente a los pescadores que tienen permisos de pesca en el Golfo de México. Desconsideran que los que trabajan en las lagunas y ríos están totalmente vinculados al golfo.
Escudero no está de acuerdo con esta perspectiva. Según él, los sistemas están conectados. Las especies pesqueras no son de un solo lugar. Siempre están cambiando dependiendo de la temperatura del agua, de las corrientes, entonces por supuesto que va a haber un impacto ambiental no solo en el golfo. “Hay estudios que dicen que las especies salen al golfo y buscan áreas con temperaturas ideales, se reproducen allá y retornan a los sistemas lagunares”, explica Escudero que también es biólogo.
Entonces los impactos en el Golfo de México, “porque sí los hay, la vibración y el ruido emitidos por el gasoducto, por ejemplo, cambian el comportamiento biológico de las especies”, eso afecta todo lo demás.
Zonas de Sacrificio
La Unión Europea otorgó el sello de “verde” al gas metano, que lo denomina como un “gas natural” a partir del 1°de enero de 2023. La idea es que el gas metano tenga un papel de “transición energética” para que los países europeos alcancen el objetivo de descarbonización en 2050.
“El gas es un combustible fósil y los combustibles fósiles son los principales responsables por esta crisis global que el planeta se esté calentando y está trayendo consecuencias para todes nosotres. Se dice gas natural, nosotros no decimos este término, es como decir ‘petróleo natural’. Es natural porque es formado por un proceso natural, pero cuando se dice ‘natural’ las personas lo relacionan con algo bueno y no lo es. Hablamos de gas fósil, o gas metano”, puntualiza Claudia Campero, de la organización Conexiones Climáticas.
El norte global ha construido el discurso de que tiene que descarbonizar su economía y está creando una serie de políticas para sostener las inversiones económicas, que le llaman “economía verde”, y lo que consideran como una “transición energética”. Mientras tanto en el sur global “se está impulsando una reconfiguración geopolítica y geoeconómica muy importante”, explica Carlos Tornel, de la red Tejido Global de Alternativas, e investigador del Programa Nacional de Energía y Cambio Climático, de Conahcyt.
La reconfiguración es justamente para que se lleve acabo la “transición energética” del norte global. “Necesitan de lugares para extraer minerales, para poner inmensos parques solares, eólicos, sus gasoductos. Son zonas de sacrificio verde. Son lugares que se ‘tienen que sacrificar’ para sostener el modelo de crecimiento económico perpetuo, sin cuestionar la lógica estructural del capitalismo”, analiza.
Las zonas de sacrificio, “son lugares que son designados por este modelo de capital a ser completamente prescindibles, su cultura, sus formas de ser, existir, de ver el mundo se eliminan ante esta necesidad constante de seguir acumulando”, describe Tornel.
Campero subraya que hace mucho tiempo que la humanidad quema los combustibles fósiles. “Pero no todas las regiones del mundo lo queman de la misma forma. Hay países que han estado quemando por más tiempo y en mayor cantidad, [por lo tanto] se han beneficiado económicamente mucho más del uso de estos combustibles. Pues entonces deberían de tener otro nivel de responsabilidad”, critica.
En portada: El pasado sábado (19) colectivos e individuos realizaron una protesta en la CDMX para exigir el cese de la violencia paramilitar contra las comunidades autónomas zapatistas. Foto: Alejandro Meléndez.
El Congreso Nacional Indígena (CNI) anunció la Jornada de Movilizaciones en Solidaridad con las Comunidades Zapatistas que se replica a nivel internacional contra la violencia criminal y brutal en el sur de México.
Entre las actividades por realizar, el miércoles 23 de octubre, a las 14h, proyectarán películas y medios libres e independientes harán transmisiones en vivo de programas. Para el jueves 24 de octubre, a las 16h, convocan a una manifestación Contra la guerra a los pueblos zapatistas, que saldrá del Antimonumento de los 43 hasta llegar al Zócalo en la Ciudad de México.
El sábado 26 de octubre, 16h, participarán en la acción global por Ayotzinapa en el Ángel de Independencia. Las movilizaciones y diferentes formas de protesta pacífica se replicarán en otros estados, así como a nivel internacional.
Las acciones iniciaron tras el mensaje del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el que denunció la violencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra la comunidad 6 de Octubre, perteneciente al Caracol Jerusalén, ubicado en Ocosingo, Chiapas.
En rueda de prensa, el CNI señaló que los pobladores de la comunidad 6 de Octubre, en Ocosingo, Zona Selva, son amenazados con armas de alto poder, les dicen que violarán a las mujeres, quemarán casas y robarán sus pertenencias, cosechas y animales para desalojarlos de las tierras que ocupan y trabajan desde hace más de 30 años.
“Estamos reunidos pero en denunciar la intensificación de la violencia de esta guerra que ya dura años en Chiapas y en el país”, dijo Carlos González García, integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI.
El pasado sábado (19) colectivos e individuos realizaron una protesta en la CDMX para exigir el cese de la violencia paramilitar contra las comunidades autónomas zapatistas. Fotos: Alejandro Meléndez.
La comunidad 6 de octubre está ubicada en el polígono de Bienes Comunales de la Zona Lacandona que frecuentemente es agredida, sostiene González, por pobladores de la comunidad Palestina aliados al crimen organizado.
“Esta situación es de suma gravedad pero con lo que ocurrió con el asesinato violento y atroz del párroco Marcelo Pérez Pérez, el escenario se vuelve todavía más oscuro”, dijo González.
El también abogado recordó que la situación no es nueva en el sur del país. Desde 2021 lo denunció el EZLN en un comunicado en el que habló sobre la guerra civil que aún se gestaba.
“Chiapas está en guerra, pero también Guerrero, con una cruenta guerra en la Costa Chica, en la montaña baja y alta. En Michoacán también con decenas de comuneros asesinados en la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula. Se vive en el norte de Nayarit, donde poblaciones Nayeri han sido desplazadas; también en Colima, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y muchas otras regiones de este país”, detalló Carlos González.
Hizo hincapié que se trata de un problema añejo, no pertenece a un sexenio o color de partido, pues desde hace años las instituciones del Estado mexicano están consumadas con los cárteles criminales que se encargan de ocupar los territorios, “son intereses criminales”.
Por ello, dijo, no existe una acción determinada del Estado por detener la cruenta guerra y, por el contrario, deja en el abandono territorios como Frontera Comalapa, en la frontera de Chiapas con Guatemala. Un municipio avasallado por los enfrentamientos entre el cárteles, desapariciones, secuestros y otros delitos.
“Y esta guerra se articula o tiene como uno de sus capítulos los grandes megaproyectos impulsados desde hace 20 años por los intereses de Estados Unidos y las corporaciones multinacionales”, pero se ha nombrado de diferente manera, como Plan Mesoamérica, Plan Puebla Panamá y desde el 2018 es conocido como Tren Maya y Corredor Interoceánico.
Para Isabel Valencia de la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México, en México se vive mucha crueldad del gobierno, que busca criminalizar y callar las voces, sobre todo de los pueblos originarios.
“Estamos alzando la voz e invitándole al pueblo de México, al mundo entero a sumarse a esta lucha de exigencia de ¡ya basta con esta guerra!, ya no vamos a permitir que nos sigan matando y que nos sigan desplazando”, dijo la Otomí.
Militarización igual a inseguridad
La organización Europa Insumisa, en la que convergen más de 10 países, manifestó la preocupación e indignación que ha provocado el contexto de las comunidades zapatistas. “Pareciera contradictorio que uno de los Estados con más presencia militar de todo el país es también uno de los Estados con mayor inseguridad”, dijo uno de los representantes de la ONG en la rueda de prensa.
El contexto de Chiapas refleja no sólo el fracaso de la política de Seguridad Nacional, dijo, sino que pone en evidencia la carencia de interés del Estado mexicano en garantizar los derechos de autodeterminación de los pueblos originarios, pactados en la Convención Internacional del Trabajo.
“Las amenazas a la comunidad zapatista 6 de octubre, las más de 15,000 víctimas del desplazamiento forzado documentadas de 2023 al 2024 en la Frontera, Sierra, Altos y Norte de Chiapas, el constante acoso a los migrantes, el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez y creciente número de desapariciones negadas por los registros oficiales, no deben entenderse de manera aislada”, precisó el representante de Europa Insumisa.
Desde Europa realizan actos de protesta en solidaridad con las comunidades zapatistas.
Llamó a los tres niveles de gobierno a detener esta guerra de larga intensidad y garantizar la seguridad de la paz de defensores de territorios, de los derechos humanos y a la sociedad civil organizada, como las madres buscadoras y las bases eclesiásticas.
El exhorto se compartió también en un pronunciamiento firmado por más de 200 organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, actores, cineastas, periodistas, académicos y demás aliados zapatistas en todo el mundo contra la violencia y despojo criminal que sufren las comunidades indígenas de Chiapas.
“Las mismas tierras que el EZLN liberó de manos de los finqueros en 1994 son las que ahora los gobiernos de los tres niveles pretenden, favoreciendo pasiva o activamente los despojos y la violencia, poner nuevamente en manos de criminales”, reza el texto.
Menciona que ell gobierno justifica el creciente e ineficaz militarismo para proteger a criminales extractivistas, intereses narcoeconómicos y contrainsurgentes para que suceda esta “guerra narcoparamilitar”.
“Y uno de los pocos rincones de dignidad que le quedan a México y al planeta, el territorio Zapatista, es nuevamente acechado por la muerte y la destrucción. Como dice el comunicado del EZLN: “ésta es la realidad de la ‘continuidad con cambio’ en los malos gobiernos”.
Para el pueblo Otomí en voz de Isabel Valencia, el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum no representa a los pueblos originarios y el Bastón de Mando que recibió de mujeres indígenas durante la ceremonia de cambio de gobierno se trató de una simulación más, porque no estuvieron presentes todos los pueblos, “como ella dijo”, ni los Otomíes ni los zapatistas, “ni madres buscadoras o los padres de Ayotzinapa”.
En portada: Familias tsotsiles, desplazadas del municipio de Chenalhó, protestan en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
El Colectivo EPU Mx llamó a las autoridades en Chiapas, sur de México, a priorizar la implementación de recomendaciones en materia de desaparición forzada, militarización, desplazamiento forzado, movilidad humana y violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas, que fueron dirigidas a México en el Examen Periódico Universal (EPU).
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para revisar el desempeño de los países en la implementación de sus compromisos internacionales en derechos humanos, en el caso de México a cada cuatro años y medio.
En julio de este 2024, se emitieron 318 recomendaciones del EPU, realizadas por 115 países, de las cuales México aceptó 304 y “tomó nota” de 14. Este número es mayor al pasado EPU (2019), donde se emitieron 264 sugerencias.
Para Mario Andrés Hurtado, representante del Espacio Organizaciones de la Sociedad Civil, esto puede tener distintas interpretaciones como la inclusión de temas como el desplazamiento forzado, que hasta el 2019 el Estado mexicano lo adoptó como un problema público.
Hurtado fue parte del conversatorio titulado “Implementación de las Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Examen Periódico Universal en Chiapas: Retos y Oportunidades a Nivel Estatal”, llevado a San Cristóbal de Las Casas por el Colectivo EPU Mx.
Este colectivo está integrado por 300 organizaciones nacionales e internacionales que presentaron informes en el marco del 4o Examen Periódico Universal de México (EPU), para dar un amplio diagnóstico sobre la situación general de derechos humanos en el país, mismos que detallaron el contexto de Chiapas debido a la violencia por enfrentamientos entre cárteles del crimen organizado.
Chiapas, sin registros oficiales de personas desplazadas
El desplazamiento forzado interno es un problema grave en México. Cada año miles de personas se ven obligadas a dejar sus hogares a consecuencia de la violencia, los desastres naturales, desalojos forzados o explotación de los recursos.
Sin embargo no existe desde el Estado mexicano un compromiso por diagnosticar adecuadamente la situación, mencionó Mario Ortega, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). “Lo que incluye que a la fecha no existen registros oficiales sobre el número de víctimas del desplazamiento forzado en nuestro país”.
Los números que en la actualidad se manejan son estimaciones de la sociedad civil y la academia. Por mencionar el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno estima que en México se han desplazado 392,000 personas entre 2008 y 2023 por situaciones de violencia.
En 2021, miles de personas en la región de los Altos de Chiapas se vieron obligadas a desplazarse forzadamente de sus comunidades debido a la violencia de grupos civiles armados. Foto: FraybaFamilias huyen de la cabecera municipal de Tila, al norte de Chiapas, tras los enfrentamientos entre civiles armados.Amenaza conflicto con desplazar a más de 3 mil indígenas de Aldama, Chiapas. Foto: Jeny Pascacio
“Con preocupación observamos que el común en los casos de desplazamiento es la inacción estatal para prevenir y proporcionar atención humanitaria y reparar a las víctimas”.
Para las organizaciones, los deberes del Estado no deberían estar en duda, pues el desplazamiento forzado interno vulnera una gran esfera de derechos, entre ellos la libre circulación, la vivienda, el libre desarrollo, la seguridad, la alimentación y un largo etcétera.
Incluso la Ley General de Víctimas estipula derechos específicos y prioridades de atención en las personas desplazadas internas como el acceso a medidas de ayuda inmediata, alojamiento, alimentación, a servicios médicos y psicológicos, entre otros.
En este punto, Ortega hizo hincapié en la falta de voluntad política y posturas oficiales que pretenden invisibilizar el fenómeno, aunado a la ausencia de conocimientos sobre DDHH por parte de funcionarios responsables de la atención y la carencia de procedimientos adecuados a las especificidades del desplazamiento forzado interno.
“En la mayoría de las ocasiones no hay una respuesta a la emergencia humanitaria máxime si no existe una presión mediática o de instancias internacionales. En los casos donde se ha logrado algún tipo de atención humanitaria podríamos decir que no existen procedimientos homologados y adecuados, ni garantías de qué esta atención sea permanente”.
El Estado aún se niega a levantar los registros de las personas desplazadas lo que es una condición básica para que sigan las medidas adecuadas, incluso si logran retornar, especificó Ortega.
Hasta ahora no existe un tipo penal a nivel federal y en el estado de Chiapas que castigue el delito de desplazamiento forzado, “lo que sería una medida necesaria para combatir la impunidad y evitar por ende la repetición”, especificó Ortega.
El número de desaparecidos puede ser mayor
En este conversatorio, Jorge Hernández, de Serapaz, dijo que 40 delegaciones emitieron 43 recomendaciones en el EPU en materia de personas desaparecidas, principalmente en temas de investigación, judicialización, aplicación del marco constitucional y legislativo, y desaparición de mujeres.
De las 116,482 personas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta octubre de 2024, al menos 1,328 se han reportado en Chiapas. En la actualidad Tapachula encabeza la lista, le sigue Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa.
En los municipios mencionados, las propias organizaciones han denunciado un incremento de la violencia criminal en los últimos tres años, lo que dificulta el acceso para la documentación y hace proliferar el temor en las familias de víctimas de denunciar ante las autoridades o buscar a sus familiares públicamente. Por lo que la cifra real de personas desaparecidas podría ser mayor.
De acuerdo a la documentación del Frayba, los grupos poblacionales afectados por esta situación son las mujeres, además de niñas, niños y adolescentes (NNA). Por ejemplo, Melel Xojobal AC y Redias documentaron de 2020 al 30 de junio de 2024 un total de 2,350 desapariciones sólo de NNA en Chiapas, siendo el 70% adolescentes mujeres.
Cassandra, de 18 años, fue desaparecida por un grupo armado durante la boda de su mamá.
Jorge Hernández explicó que también hay particularidades como la desaparición de personas migrantes y solicitantes de refugio, que se suman a las desapariciones en el marco de la violencia extrema en regiones la Frontera, Sierra, Costa, Frailesca y Centro.
“No siempre se denuncia por temor a las consecuencias de tocar intereses económicos y políticos detrás de las desapariciones… y al tener un subregistro de desapariciones, las cifras esconden la dimensión de la problemática y son usadas por las autoridades para minimizar o negar la situación”, sostuvo Hernández.
En este tenor es necesario, dijo, que la Comisión Estatal de Búsqueda fortalezca los mecanismos de comunicación y registro. También está pendiente el desarrollo de todo el andamiaje necesario para la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, de la desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
“Se requiere asegurar los suficientes recursos estructurales, operativos y económicos para su buen funcionamiento”, así también crear el Consejo Estatal Ciudadano que es fundamental para garantizar la voz de las familias de víctimas en las estrategias contra las desapariciones del Estado.
Migración, militarización y violencia
En cuanto a la migración, México recibió 29 recomendaciones del EPU, aceptó 26 y “tomó nota” sobre tres. Las 26 que son aceptadas tienen que ver con investigación, sanción de delitos y violaciones graves de derechos humanos cometidas contra personas migrantes.
Mientras que las tres restantes son fundamentales para transitar de una política migratoria que está basada en la securitización de la frontera hacia una política de integración social y acceso a los derechos de las personas migrantes, dijo Yuridia Salvador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma).
Una de ellas fue hecha por Nueva Zelanda para retirar progresivamente a las Fuerzas Armadas de las actividades policiales públicas y del control de la migración mediante una transición dirigida por civiles. Un tema que las organizaciones han reiterado desde el 2019 cuando la Guardia Nacional se desplegó por el río Suchiate –que divide a Guatemala de México– y demás municipios fronterizos de Chiapas para contener los flujos migratorios.
Personal de la Guardia Nacional impide el paso a migrantes en las oficinas del INM en Huixtla, al sur de Chiapas.
Las otras dos recomendaciones son de Brasil y de Kirguistán. Tienen que ver con revisar la Ley de Migración para que la detención sea el último recurso y una excepción, así también eliminar las posiciones que permiten la detención automática de las personas en situación irregular.
La defensora de los derechos humanos destacó que no sólo en el marco del EPU se ha hecho énfasis en el tema de las detenciones migratorias como práctica sistemática, arbitraria y generalizada, también el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en el informe del 2023 pone énfasis en el tema.
“No hay otras vías para la regularización migratoria y las personas están en riesgo de detenciones reiteradas”, explica la defensora.Es decir, son detenidas más de una vez y esto se refleja en los números. Por ejemplo el año pasado hubo 440 mil eventos de detenciones, mientras que de enero a julio de 2024 suman 700 mil detenciones; 80 mil corresponden a niñas, niños y adolescentes en albergues del Sistema Nacional DIF (Desarrollo Integral de la Familia).
“En las estaciones migratorias no tienen autonomía de comunicación con el exterior, información adecuada y suficiente; la posibilidad de tomar decisiones, están sometidas al control total de la libertad y esto constituye un entorno carcelario de privación de la libertad”.
Consideró que para traducir las recomendaciones en una política pública y garantía de derechos, tienen que ser dotadas de presupuesto a las instituciones, mejorar la coordinación entre el Instituto Nacional de Migración (INAMI) y demás autoridades para propiciar una política más respetuosa y de goce efectivo de derecho.
En portada: El padre Marcelo (al frente, con gorra) durante un evento en el ejido Candelaria, San Cristóbal de Las Casas. En enero del 2021, y tras los estragos de la pandemia del Covid19, se congregaron representantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Terrtitorio para articular estrategias en defensa de las comunidades indígenas chiapanecas. Foto: Aldo Santiago
Por su labor en la defensa de los pueblos indígenas de Chiapas, el párroco tsotsil Marcelo Pérez Pérez fue asesinado la mañana de este 20 de octubre, a unos metros de la parroquia del barrio de Cuxtitali en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, sur de México.
De acuerdo a las primeras declaraciones, el sacerdote salió del recinto tras oficiar la primera misa del domingo, se subió a su vehículo varado en la calle La Pera esquina con calle Franz Bloom. Segundos después recibió varios disparos con arma de fuego.
El estruendoso sonido alertó al barrio organizado de Cuxtitali y de inmediato se dieron cita vecinos y religiosos que se aproximaron para dar aviso a las autoridades y despedir al padre con rezos y cantos.
La Fiscalía de Asuntos Especiales y Distrito Altos realizó lo correspondiente al levantamiento del cuerpo que se encontró al interior de una camioneta marca Ford Titanium color blanco, con placas de circulación del estado de Chiapas. Así mismo inició la indagatoria, pero hasta ahora no hay detenidos.
Cuando el Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó a Pérez Pérez la multitud que se hizo presente se despidió con lágrimas, velas y ¡vivas!. Después colocaron una bandera blanca en el campanario de la parroquia de Cuxtitali.
“Me siento muy afligido por la muerte del padre Marcelo. Por la forma en que estaba la camioneta, salía de Cuxtitali para ir a la parroquia de Guadalupe y el cristal de la parte del chófer estaba acribillado, con varios disparos. Yo vi la camioneta y ahí estaba el cuerpo adentro. Él andaba con seguridad pero no día y noche”, dijo Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez durante la misa del mediodía.
El representante de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas dijo que el párroco será velado en la iglesia de Guadalupe de la misma ciudad. Agregó que están dispuestos a perdonar a los homicidas y a quien los mandaron, pero hizo un llamado a recapacitar sobre este acto y continuó el llamado por la paz en Chiapas.
El peregrinar por la justicia
Marcelo Pérez Pérez era originario de San Andrés Larráinzar, en los Altos de Chiapas. Fue párroco de la iglesia de San Antonio de Padua de Simojovel donde en marzo de 2015 convocó a una Magna Peregrinación para pedir por la paz y la justicia en el municipio.
La manifestación pacífica fue acompañada por miles de feligreses y pobladores de distintos municipios de Chiapas, que caminaron 121 kilómetros durante una semana hasta llegar al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez.
Entonces no hubo respuesta del gobierno de Manuel Velasco Coello, pero tal fue la incomodidad que provocó la movilización que las amenazas incrementaron contra el padre Marcelo.
A pesar de este contexto, el sacerdote decidió apoyar la causa de 31 recién nacidos de la comunidad La Pimienta, afectados por la aplicación de vacunas contaminadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en mayo del mismo año (2015).
No desistió y buscó justicia para dos bebés que perdieron la vida y atención médica para 29 bebés que quedaron con secuelas. Las amenazas siguieron, por lo que los propios feligreses le brindaban seguridad al Pérez Pérez dentro y fuera de la parroquia o el municipio.
El padre Marcelo predicó por la justicia para los pueblos indígenas frente al despojo y la violencia criminal. Fotos: Aldo Santiago.
La labor de Marcelo Pérez nunca se detuvo y continuó el activismo con la organización de peregrinaciones por la paz y la justicia en los Altos de Chiapas y, en 2021, en coordinación con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y otras organizaciones de la sociedad civil, fue mediador durante los enfrentamientos que encabezó el grupo armado El Machete en el municipio de Pantelhó.
El pasado 13 de septiembre, tres Diócesis se organizaron en una peregrinación para pedir por la paz y el padre Marcelo fue uno de los religiosos que encabezó la manifestación, ahí dijo que existe incongruencia del gobierno, pues a pesar del otorgamiento del mecanismo de protección, las autoridades giraron una orden de aprehensión en su contra.
En esta protesta dijo que la respuesta de la población para pedir justicia fue esperanzadora y parteaguas de la lucha de la iglesia por lograr la paz.
Ineficaz mecanismo de protección
De acuerdo a información de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), las organizaciones de derechos humanos denunciaron la situación de riesgo que enfrentaba el padre por amenazas y hostigamiento de grupos delincuenciales.
La Red TDT, encabezada por Victor Hugo López, señaló la ineficacia de los mecanismos de protección en México, pues Pérez Pérez contaba con medidas cautelares número 506-14 otorgadas en el 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la vida, la integridad y seguridad.
Incluso, en junio de 2022, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) solicitó orden de aprehensión al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, que hasta ahora, según Monseñor Rodrigo Aguilar, permanecía detenida.
“Este crimen de lesa humanidad devela lo insuficiente que resultan estas acciones ante la creciente violencia en México”, destacó la Red TDT en un pronunciamiento emitido tras el crimen contra el padre Marcelo, al igual organizaciones en México e internacionales que se unen a la exigencia de justicia y paz para Chiapas.
El Frayba también lamentó el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez. “Es una muestra del riesgo existente para las personas defensoras de derechos humanos, y del territorio”, publicó y exigió a las autoridades de todos los niveles la investigación sin dilación de este atroz crimen.
El padre Marcelo (al micrófono) predicó por la justicia para los pueblos indígenas frente al despojo y la violencia criminal. Foto: Aldo Santiago.
Los Jesuitas de México dijeron que rechazarán cualquier intento de minimizar el asesinato como un caso aislado, “la violencia en esta región refleja un problema estructural que demanda una respuesta integral y urgente del Estado”.
La Mesa de Paz Chiapas de la Comisión Nacional de Cultura de Paz y la no violencia (Comnapaz) hizo un llamado urgente a la unidad social para la construcción de la cultura de paz, para ello harán un pronunciamiento escrito y en video.
Además convocarán a una mesa de diálogo entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones religiosas y sociedad civil para la generación de acciones a favor de la construcción de la paz, la unidad social para los Altos de Chiapas.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció la labor de Marcelo Pérez por su profunda solidaridad al pueblo católico de Simojovel, a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.
En portada: Cigüeñas descansan a un costado de un cuerpo de agua, amenazado por la expansión de la agroindustria, en la comunidad garífuna de Nueva Armenia, norte de Honduras. Foto: Aldo Santiago
La próxima semana iniciará la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), en Cali, Colombia, y previo a su inauguración organizaciones sociales a nivel mundial alertan sobre uno de los objetivos de dicho evento: la creación de un sistema global de créditos de biodiversidad, así como un mercado para su comercialización, cuyos efectos, vaticinan, serán peores que los registrados por los créditos de carbono y sus afectaciones contra pueblos indígenas y el medioambiente.
La organización Survival International, como una de las 250 organizaciones medioambientales que avocan por la suspensión del desarrollo de los mercados mundiales de “biocréditos”, realizó una conferencia de prensa este martes (15) para detallar las amenazas alrededor de la negociación que se efectuará en la COP16 donde, encabezada por los gobiernos francés y británico, se presentará una ruta para la creación de los mercados mundiales de “biocréditos”.
Mediante boletín de prensa, enfatizaron que este nuevo mercado plantea graves amenazas a los pueblos indígenas, sobre todo al incrementar la presión de los acaparamientos de tierras y, al mismo tiempo, a enfrentarse a “acuerdos injustos en los que los proyectos de compensación biológica pretenden beneficiarse de la biodiversidad, a menudo rica, de los lugares en los que viven y que han gestionado durante generaciones”, critica la organización.
Frederic Hache, integrante del Observatorio de Finanzas Verdes, ubicado en Bélgica, detalló que, al igual que con los créditos de carbono, el nuevo mercado propone desplazar la destrucción de biodiversidad, de una geografía hacia otra, pero no la frena; peor aún, argumenta, pretende transformar a millones de especies y una gran variedad de ecosistemas en “activos líquidos negociables”, lo cual es inviable con la idea de preservar la integridad medioambiental.
La organización Salva la Selva explica que la propuesta consiste en calcular el valor de la naturaleza destruida en un lugar determinado A y compensar dicha destrucción pagando un valor equivalente por la protección de la naturaleza en otro lugar B. “Pero este valor es imposible de calcular en moneda o mediante créditos. La «lógica» de este sistema es que la naturaleza en el lugar B se destruiría sin dichos pagos, por lo que la protección es adicional, permanente y no se transfiere a una tercera ubicación C mediante un mecanismo similar. Pero no hay garantias”, advierten los ambientalistas.
“Es esencialmente lo mismo que la compensación del carbono, pero es infinitamente peor, porque en un caso tenemos seis gases de efecto invernadero y, en el otro, tenemos millones de especies vinculadas por una compleja red de interdependencias”, criticó Hache, quien alertó que éste es sólo uno de los varios mercados naturales que se avecinan. Por ejemplo, existen propuestas como la de Reino Unido para escalar a nivel global el “comercio de mitigación de nutrientes”, que opera en sus territorios desde el año 2023 y consiste en el comercio de permisos para contaminar ríos.
El objetivo real: retrasar acciones para frenar crisis climática
Hache subrayó que el principal objetivo que se vislumbra en la operación del mercado de biodiversidad es la de retrasar acciones reales para contrarrestar la crisis climática, sobre todo desde países del norte global, quienes de acuerdo a estudios son responsables de hasta el 68% de las emisiones contaminantes.
“El fin es proteger los beneficios corporativos, desviando la conversación de la necesidad de frenar la destrucción. Se trata de proteger el status quo y, para algunos países, como el Reino Unido y Francia, existe una clara intención de beneficiarse de esta nueva clase de activos, muy rentables para su propio sector financiero, que intenta rebautizarse como ‘centro financiero ecológico’”, sostuvo Hache durante la rueda de prensa.
El investigador señaló que este mercado va en consonancia con los informes del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el cual afirma que dar prioridad a la naturaleza supondría una oportunidad de negocio valuada en más de 10 billones de dólares. Por ello, uno de los puntos que serán negociados para establecer este mercado es que, desde su inicio, a diferencia del carbono que comenzó como voluntario, se pretende su obligatoriedad, como ya sucede en Reino Unido donde es necesario “compensar” emisiones previamente a la obtención de permisos de construcción. Acorde a Hache, esta es una señal de que el mercado será infinitamente más grande que el de la compensación de carbono.
Activistas climáticos participan en una protesta antes de la apertura de la reunión anual del FEM en Davos, Suiza.
Será a partir de las negociaciones en la COP16, donde sus principales promotores, el Comité Internacional Asesor sobre Créditos de Biodiversidad (IAPB, por sus siglas en inglés) -iniciativa encabezada por Francia y Reino Unido-, y la Alianza de Créditos de Biodiversidad de las Naciones Unidas -respaldada por la ONU y WEF- presentarán sus planes para la financiación del mercado, así como se prevé el lanzamiento de 30 proyectos pilotos a nivel mundial.
“Este es un momento crucial para la biodiversidad”, aseguró el investigador belga, para quien la implementación de este mercado representará apostar por otra falsa solución a la crisis climática, “que nos hará perder, al menos, una década”.
Malas experiencias prevén fracasos
El integrante del Observatorio de Finanzas Verdes explicó que la propuesta de comerciar con la biodiversidad no es nueva, sino es una idea implementada desde hace por lo menos una década en países como Estados Unidos (EEUU), Canadá y Australia, lo cual permite analizar y evaluar los impactos reales de estos mecanismos financieros.
En el caso de Australia, un informe del Consejo de Conservación de la Naturaleza sostiene que, en un 75% de los sistemas de compensación de biodiversidad, los resultados son “malos” o “desastrosos” para la fauna y flora. Mientras el restante 25% obtuvo resultados “adecuados”, ninguno demostró resultados “buenos” para la naturaleza.
Según refiere Hache, un estudio reciente que analiza el impacto de la compensación de biodiversidad en la región de Victoria, Australia, entre los años 2000 y 2013, descubrió un impacto entre limitado y nulo, ya que la mayoría de las pérdidas sobre la vegetación autóctona no se contrarrestaron.
En el caso de Canadá, investigadores descubrieron que el 63% de los proyectos que compensaban la pérdida de hábitats piscícolas no alcanzaron sus objetivos. Por su parte, en EEUU, científicos que examinaron 12 de las zonas de mitigación de humedales más antiguas de Ohio descubrieron que muchas ni siquiera cumplían los objetivos de la normativa.
A los resultados negativos, el investigador belga añade como problemática la transferencia de soberanía, pues al crear el mercado se transfieren decisiones críticas de conservación que, en lugar de recaer en los gobiernos, se trasladan a los mercados financieros globales.
“Los mercados financieros decidirán cuál será el precio de los diferentes tipos de créditos y, por tanto, qué proyectos de restauración se llevarán a cabo o no. Por desgracia, es muy poco probable que las prioridades de los mercados financieros coincidan con las prioridades ecológicas, por lo que se cuestiona el hecho de que debamos transferir esta decisión de conservación, que es crítica para nuestra supervivencia, a los mercados financieros que son bien conocidos por sus fluctuaciones caprichosas”, criticó Hache.
El investigador, desde el punto de vista medioambiental, prevé que la implementación del nuevo mercado global de biodiversidad será un fracaso. Además, desde el punto de vista social, “es probable que los problemas sean muy similares a los de la compensación del carbono. Sabemos que la compensación requerirá mucha tierra, lo que se sumará a los problemas de acaparamiento de tierras, conflictos por el uso de la tierra y violaciones de los derechos humanos que ya hemos visto en muchos proyectos de compensación de carbono”, sostuvo.
