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Aún con tensiones diplomáticas, EEUU realiza tres ejercicios militares en Latinoamérica

En portada: Ejercicios en el Curso Combinado de Orientación en la Selva entre Estados Unidos y Panamá en territorio panameño, en la Base Cristóbal Colón.

Mientras se avivan los vientos de intervencionismo de los Estados Unidos (EEUU) frente a México y Venezuela, solo durante el mes de agosto, el Comando Sur realiza al menos tres ejercicios militares en diversos países de Latinoamérica. Estas acciones buscan afianzar su estrategia con la cual afirman van a contrarrestar lo que denominan como Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT, por sus siglas en inglés) o Redes Ilícitas Transregionales y Transnacionales (T3Ns, por sus siglas en inglés).

Desde el pasado 7 de agosto, la administración de Donald Trump, endureció su postura frente al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, equiparándolo como presunto líder del llamado "Cártel de los Soles". Ante ello, el Departamento de Estado de EEUU, bajo el liderazgo del secretario Marco Rubio, anunció una oferta de recompensa de hasta 50 millones de dólares a quien brinde información que conduzca al arresto del mandatario de Venezuela. 

La oferta de recompensa, autorizada por el secretario en virtud del Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP, en inglés), se dio justo dos semanas atrás cuando el Departamento del Tesoro había designado al “Cártel de los Soles” como "Terroristas Globales Especialmente Designados" (SDGT), un estatus que permite congelar los activos del grupo en jurisdicción estadounidense y criminaliza cualquier transacción con él.

Es así que la situación ha escalado a una crisis tensa entre Estados Unidos y Venezuela, ya que Trump ordenó el despliegue de tropas militares estadounidenses hacia el Caribe, en las proximidades de las costas venezolanas. 

Según información confirmada por funcionarios de Defensa, el despliegue ordenado por el presidente Donald Trump incluye: el Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG), compuesto por los buques de desembarco anfibio USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio. También 4 mil infantes de Marina de la 22.ª Unidad Expedicionaria.

A este despliegue sin precedentes se suman al menos tres destructores de la clase Arleigh Burke equipados con el sistema de misiles guiados Aegis: el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson.     

El Comando Sur de EEUU afirma que las operaciones se enmarcan dentro de la estrategia de operación en contra de la lucha contra los cárteles de droga. Por su parte, el presidente Trump, advirtió que usaría "todos los medios" del poder estadounidense para detener el narcotráfico.

El Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM, por sus siglas en inglés), es uno de los once comandos combatientes unificados (COCOM) del Departamento de Defensa del país norteamericano.

Milicianos venezolanos responden al llamado de Maduro.

Frente a este escenario, Maduro anunció la movilización de 4,5 millones de milicianos para hacer frente a lo que calificó como "amenazas" de Washington, preparando el escenario para un potencial conflicto.

El teatro de operaciones que se presenta en la región se fue fraguando desde tiempo atrás y se intensificó desde el momento en que Trump firmó, en secreto, una indicación que ordena al ejército estadounidense actuar contra los cárteles del narcotráfico y otros grupos criminales de América Latina, como lo informó, desde el 8 de agosto, el medio estadounidense The New York Times.

Al referirse a América Latina también incluye a México. Desde su primera administración (2017 a 2021), el presidente Trump ya perfilaba la idea de bombardear laboratorios de drogas en territorio mexicano. Posteriormente, en campaña para su segundo mandato, Trump prometió que desplegaría las tropas de Operaciones Especiales y Fuerzas Navales para “declarar la guerra a los cárteles”.

Participación de México en Fuerzas Comando 2025.

Por su parte, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo declaró tajantemente que "Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado. Absolutamente descartado”.

La mandataría afirmó que, a través de las llamadas entabladas con Trump, de ninguna manera se ha llegado a un acuerdo sobre una posible intervención de EEUU. “Cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no. Entonces no. Incluso, fuimos informados de esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestros territorios”, señaló la jefa del ejecutivo.

Desde el año 2022, al menos 1,500 militares y civiles de EEUU ampliaron sus ejercicios militares de Belice hacia México, por primera vez se les permitió a las tropas estadounidenses entrar al territorio mexicano con los ejercicios llamados Tradewinds.

Actualmente el Comando Sur ejecuta en El Salvador, desde el 18 hasta el      29 de agosto, la competencia denominada Fuerzas Comando 2025, donde participan 16 equipos de élite provenientes de Argentina, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.     

La sede de la 19.ª edición de Fuerzas Comando es la Base Aérea de Ilopango. Más que una competencia, se desarrolla como una herramienta estratégica de la política de seguridad de Washington y para afianzar las alianzas. Los altos mando del Comando Sur aseguran que estos ejercicios son para “hacer frente a las amenazas transnacionales que afectan a la defensa y la estabilidad en toda la región”.

Casi simultáneamente, entre el 17 al 18 de agosto, el Comando Sur realizó el Curso Combinado de Orientación en la Selva entre Estados Unidos y Panamá en territorio panameño, en la Base Cristóbal Colón.Este ejercicio tuvo como objetivo      capacitar a las fuerzas armadas de ambas naciones en habilidades de supervivencia y movilidad necesarias para operar en entornos austeros. 

El embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó que este ejercicio “subraya cómo Panamá y Estados Unidos estamos ampliando nuestra cooperación en seguridad en maneras que fortalecen a ambas naciones”.

Por su parte, el almirante de la Marina de Estados Unidos Alvin Holsey, actual comandante del Comando Sur, sostuvo, mientras se realizaban las actividades, que “entrenar hombro a hombro con nuestros socios panameños en uno de los entornos más exigentes del mundo genera confianza, mejora nuestra interoperabilidad y nos prepara para enfrentar desafíos de seguridad que compartimos en toda la región”.

También en Belice, desde el 6 de agosto, se realizó el evento militar denominado AGILE BEAR 25, un ejercicio donde participaron integrantes de la Fuerza de Defensa de Belice, la Guardia Costera de Belice, la Unidad de Apoyo de Entrenamiento del Ejército Británico y la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-Bravo,por sus siglas en inglés) la cual es el puesto de avanzada militar permanente del Comando Sur en el corazón de Centroamérica.

Ejercicios Agile Bear en Belice.

AGILE BEAR se ha presentado como un ejercicio en torno a la necesidad de aumentar la capacidad de respuesta hacia “desastres naturales y desafíos de seguridad”, a través de capacidades multifacéticas que garantizan “nuestra fortaleza mediante la unidad y consolidan a la Fuerza Operativa Conjunta Bravo del Comando Sur de los Estados Unidos como el socio preferido en Centroamérica”, expresan los instructores estadounidenses pertenecientes a la JTF-Bravo, establecida en la Base Área Soto Cano en Palmerola, Honduras.

La estrategia de la lucha contra el crimen organizado se viene arrastrando con estos ejercicios militares desde el año 2017. En el primer mandato de Trump, a través del Comando Sur, dirigido en ese momento por el Almirante Kurt Walter Tidd, se actualizaron diversas incitativas a nivel Latinoamérica, para ser ejecutadas hasta el año 2027, llamada Estrategia del Teatro 2017-2027.

La columna vertebral de esta estrategia gira en torno a lo que Estados Unidos (EEUU) denomina como enemigos establecidos en diversas esferas llamándolos como Redes Ilícitas Transregionales y Transnacionales (T3Ns, por sus siglas en inglés), mediante el cual han justificado diversos ejercicios militares, campañas de ayuda humanitaria, apoyo para organizaciones de derechos humanos, apoyo a periodistas y hasta universidades, tal como lo establece la Estrategia del Teatro 2017-2027 .

Por tanto, el escenario bélico que se asoma por la región, no es nuevo, se viene configurando desde tiempo atrás. Incluso, el Comando Sur, en 2020, realizó un simulacro de guerra convencional entre los estados de Amazonas y Roraima de Brasil, los mismos que hacen frontera con Venezuela.

Transmasculinidades y el laberinto del acceso a la salud en México

En portada: Ari, retrato por Tyara Rebeca Pérez Olvera

En México, las personas transmasculinas, como hombres trans y personas no binarias, viven una lucha constante para ejercer su derecho de acceder a una atención médica digna, tanto en general, como específicamente para quienes deciden llevar procesos médicos de afirmación de género.

En los últimos cinco años, se ha fortalecido el marco legal para el acceso de las personas trans a la salud. Actualmente 21 estados cuentan con leyes de identidad de género, además de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Específicamente en temas de salud, desde 2020 existe el Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual. Es un documento donde se recuperan los Principios de Yogyakarta, los cuales establecen que las personas trans, entre otras cosas, tienen “elderecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, así como el derecho a la protección contra abusos médicos”.

Sin embargo, estas regulaciones parecen no tener el efecto deseado en la práctica del personal médico, tanto de instituciones públicas como privadas. La constante son distintas formas de patologización y estigmatización que se expresan a través de la negación del servicio, la malgenerización (una forma de transfobia que consiste en tratar a las personas trans como si fueran de un género que no es el suyo), y otras violencias. 

El resultado de este tipo de barreras es que las personas trans dejan de utilizar los servicios médicos, teniendo el riesgo de obtener diagnósticos tardíos o la falta de tratamiento en general, lo que tiene importantes efectos en su salud y su calidad de vida. “La discriminación y la estigmatización en el ámbito médico son barreras importantes que impiden que las personas trans y de género diverso (TGD) busquen atención médica. Las experiencias negativas, como el trato irrespetuoso, la falta de conocimiento por parte de los profesionales de la salud y la negación de servicios, son comunes”, sostiene la doctora Daniela Muñoz en un informe emitido por la comunidad de atención médica Transsalud, este año.

Este es el caso de Kiki, quien ha tenido constantes experiencias de malgenerización y violencia por parte de médicos privados, haciéndole sentir incómode e insegure de acudir de nuevo a este tipo de servicios, “A mí me da pavor ir a cualquier tipo de doctor, incluso al Simi [red de Farmacias Similares], cuando iba a que me inyectaran, me decían cada mamada. No tienen idea de qué es ser una persona trans”, relata Kiki, carpinterx trans no binarie que habita en las afueras de la ciudad de Oaxaca.

Kiki, carpinterx trans no binarie. Foto: Isabel Ortega

El acceso a servicios de salud ginecológica es especialmente complicado para las personas transmasculinas, y resulta en una serie de violencias, como nos cuenta Manuel, estudiante radicado en Querétaro: “Se han negado a atenderme en el área de ginecología y a hacerme estudios para prevenir el cáncer de mama, diciendo que los hombres trans no pueden tener cáncer de mamá porque toman hormonas”.

Además de la atención médica general, las personas transmasculinas se enfrentan a una serie de retos al querer acceder a procesos de afirmación de género. Sobre este punto, es importante aclarar que llevar tratamiento de remplazo hormonal no es sinónimo de ser una persona trans, existen personas trans que deciden llevarlos a cabo y otras que deciden no hacerlo, así como existen personas trans que tienen la posibilidad de tener el tratamiento, y otras que no.

De acuerdo a las personas entrevistadas para este reportaje, así como a la información promovida por Transsalud, un proceso de afirmación de género para hombres trans o personas no binarias transmasculinas, idealmente, tendría que ser un tratamiento integral y personalizado que incluya diversas áreas de atención del cuerpo, entre las que destacan la endocrinología, la dermatología, la cardiología y la nutrición, siendo complementadas con cualquier tipo de atención específica que requieran las personas a partir de sus experiencias de vida, genética y otras manifestaciones específicas del efecto del tratamiento en sus cuerpos. 

Además, es necesario el monitoreo constante a partir de consultas y exámenes médicos. Este proceso también tendría que ser acompañado por atención psicológica no patologizante y la posibilidad de compartir experiencias entre pares.

En la realidad, las experiencias que tienen los hombres trans y otras personas transmasculinas dependen mucho del acceso que tengan a todos estos tipos de atención, lo que a su vez depende principalmente del lugar donde radican y su clase social. En la mayor parte del país, no existen instituciones públicas de salud que atiendan especializadamente a las personas trans o que brinden acompañamiento para el tratamiento de remplazo hormonal u otros procedimientos de afirmación de género, por lo que en la mayoría de los casos, el costo y la gestión de estos procesos recaen en las personas mismas.

Aunque existe el marco legal y, en teoría, instituciones como el IMSS (Instituto Mexicano de Seguridad Social) y el ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) tendrían que proveer estos servicios a sus derechohabientes, en la realidad no lo hacen, salvo en casos muy específicos donde las personas libran una batalla legal con la institución, como es el caso de una mujer trans que, en marzo de este año, en Chihuahua, logró que un juez ordenara al IMSS proveerle de tratamientos de afirmación de género. 

El procedimiento es largo y desgastante y generalmente implica denuncias ante las instancias gubernamentales que trabajan contra la discriminación y en defensa de los derechos humanos. Sobre esto, André, estudiante de Veracruz, comenta: “No he accedido a mi derecho público porque los trámites son muy transfóbicos y cero informados, es muy cansado ir a pedir atención como persona trans”.

Esta negativa, además de la evidente transfobia que contiene, responde a que los tratamientos y procedimientos alrededor de la afirmación de género para personas trans se conciben desde las instituciones de salud tradicionales como procedimientos estéticos, no como necesidades reales de la población que tendrían que atenderse como parte de su derecho a gozar de una salud plena.

Kiki, carpinterx trans no binaria. Foto: Isabel Ortega.

Es por esta razón que la mayoría de las personas transmasculinas que deciden iniciar el tratamiento de remplazo hormonal lo hacen a través de servicios médicos privados, o que son facilitados por asociaciones civiles o redes de profesionales de la salud solidaries, como son Transsalud e Impulso Trans, solo por mencionar dos. En algunos casos, el acompañamiento se hace de forma integral, por medio de clínicas especializadas, en otros, mediante la atención de profesionales específicos.

La autogestión del tratamiento, aunque tiene ventajas como poder elegir a qué servicios acudir, y no tener que pasar por filtros y trámites institucionales, es poco accesible por sus costos elevados, al mismo tiempo que representa una serie de riesgos para las personas que lo reciben, ya que el proceso requiere monitoreo constante y se necesita del diálogo entre las distintas especialidades médicas, así como de una comprensión global del proceso. Si existe alguna condición crónica o vigente previa, debe monitorearse, y partir de las consultas, cada persona debe recibir dosis adecuadas y en ocasiones tratamientos alternos.

En el caso específico de las transmasculinidades, los riesgos más conocidos tienen que ver con el agravamiento de condiciones previas como la resistencia a la insulina, el aumento de colesterol, condiciones dermatológicas y problemas cardiovasculares. Sin embargo, también pueden presentarse diversas reacciones y condiciones que es imprescindible atender. Es por esto que la atención integral se vuelve relevante, sobre todo una atención no estigmatizada que trascienda la tendencia a culpar a las personas o cuestionar sus decisiones sobre el tratamiento.

La omisión y la negligencia son una constante en la atención a personas transmasculinas que presentan alguna complicación, o cualquier problema de salud en general, esté relacionado o no con el tratamiento, como relata Manuel que le ha pasado en varias ocasiones:

“De parte de mi endocrinólogo todo prefecto, pero al tener problemas de salud, todo lo relacionan con la terapia de reemplazo hormonal, no hacen seguimiento, ni estudios para llegar a un diagnóstico adecuado. El primer caso fue cuando me dijeron que tenía un tumor en el hígado y que, si seguía tomando testosterona, este se iba a convertir en cáncer. Al final tuve que ir con un especialista en oncología y me explicó que era un nódulo, algo de nacimiento, y que la testosterona no generaba cáncer en el hígado. El primer doctor nunca contestó mis mensajes, me canceló mi cita de seguimiento y al final todo fue un mal diagnóstico”.

Además de la falta de acompañamiento integral, la autogestión en el tratamiento de remplazo hormonal es complicada por los altos costos que implica. Dependiendo de los servicios a los que pueda acceder, una persona transmasculina que autogestiona su tratamiento de remplazo hormonal en México gasta entre 1,500 y 6,000 pesos mensualmente entre medicamentos, suplementos, consultas, estudios de laboratorio y otros servicios. De esta manera, hay quienes tienen las posibilidades económicas de llevar un tratamiento integral, mientras otres lo llevan de manera parcial, y muches de elles cubren lo más esencial. 

Esta desigualdad provoca que, ante la falta de atención médica adecuada, muchas personas transmasculinas sostengan tratamientos de remplazo hormonal con poca o nula supervisión médica, o que, ante cambios de residencia o empleo, tengan que interrumpir sus tratamientos, con los respectivos riesgos a la salud que esto implica. Un riesgo adicional es la circulación de medicamentos de origen dudoso y la poca regulación que existe sobre ellos.

Sam tiene 29 años, es originarie de Oaxaca y estudia en la Ciudad de México. Como persona trans no binaria lleva, desde hace poco más de un año, acompañamiento y tratamiento de remplazo hormonal en la Unidad de Salud Integral para Personas Trans (USIPT). Esta instancia le provee, además de las dosis del tratamiento, seguimiento endocrinológico, dermatológico y acompañamiento psicológico.

Los servicios son brindados por personas trans y sexodisidentes, lo que, para Sam, hace toda la diferencia en la atención. “Eso cambia completamente, porque además de vivir desde su corpo-sentir, siempre están tomando talleres de sensibilización respecto a identidades trans, personas no binarias, etc. Sin romantizar, pero en mi experiencia, en su trato no son violentxs. Para mi es muy chido, y me hace sentir en un lugar seguro, que al llegar haya una mujer trans en la mesa de registro, por ejemplo”, comenta Sam.

Otra de las ventajas que ofrece esta clínica, fundada en 2021, es que es un centro de salud integral, donde también se llevan a cabo actividades entre pares, lo que permite el diálogo entre personas sobre sus distintos procesos, y talleres para familiares y redes de apoyo. De igual manera, las personas trans pueden ser atendidas por complicaciones de procedimientos anteriores no seguros, sin ser juzgadas. 

La USIPT, junto con otras dos clínicas que ofrecen algunos de los mismos servicios, son las únicas instituciones de salud pública que ofrecen acompañamiento para la afirmación de género en México, y las tres se encuentran en la capital del país.

Entre los límites y retos de estas instituciones se encuentra que para el ingreso solicitan como requisito no contar con seguro social, algo que obstaculiza a las personas trans en el acceso a una salud integral. No toma en cuenta que la atención para personas trans y no binaries con seguro social, en el IMSS e ISSSTE, no cuenta con los protocolos necesarios e implica una serie de violencias y omisiones para las personas que quieran acceder a ella, ya que, como afirma Sam: “Si la atención fuera en el seguro no sería sensible, sería a partir de la patologización”.

Otro reto es la amplia demanda que tienen las clínicas, lo que hace que las consultas deban ser muy espaciadas, o que los estudios sean entregados de manera tardía, lo que a veces implica que las personas usuarias tengan que acudir a servicios privados para mantener la constancia en sus tratamientos. Por último, y al igual que los servicios privados, la información que reciben las personas no es completa o siempre oportuna: “Aunque parece que el tema trans ya está en la agenda pública, al menos en la CDMX, hay cosas que no te dicen sobre los cambios que vas vivir, algunos cuidados que tienes que tener, y tampoco hay información clara disponible, es un poco como ir a ciegas, es ir descubriendo cómo reacciona tu cuerpo”, comenta Sam.

Como nos muestran estas experiencias de transmasculinidades en diversas partes del país, la salud de las personas trans en México no se ha colocado aún como un tema en la agenda de salud pública, más allá de la atención a las enfermedades de transmisión sexual. Esto se hizo evidente en 2021 y 2022, cuando la crisis del desabasto de testosterona puso en riesgo la continuidad de los tratamientos de miles de personas transmasculinas en el país, ante los ojos omisos del gobierno y las instituciones de salud.

Los logros en las demandas de la población sexodisidente son visibles, junto con el surgimiento de actores en la sociedad civil que proveen alternativas, sin embargo, estos servicios siguen concentrados en la Ciudad de México, y aunque se han convertido en una opción muy importante para cierta población, hay mucho camino que recorrer hasta que existan las condiciones para que los hombres trans, las personas transmasculinas y en general las personas sexodisidentes de otros Estados puedan ejercer su derecho a la salud de forma segura y libre de violencia.

Por otro lado, autogestionar un tratamiento de remplazo hormonal desde la periferia, donde no hay servicios públicos, ni oferta de clínicas especializadas, implica que las personas transmasculinas dependan del autocuidado y de procurar para sí mismes y sus cuerpos, procesos de cambio seguros. “A veces las personas trans tenemos mucha más conexión con nuestro cuerpo y sus necesidades de cuidados y de salud, porque le ponemos mucha más atención a nuestros deseos y necesidades, que las personas cis. Entonces, pensando en la gente que piensa que lo que hacemos a nuestro cuerpo es dañarlo, pues al contrario, estamos mucho más al pendiente de nuestra salud”, afirma Ari, persona trans no binaria de Oaxaca, quien desde hace años trata de llevar un proceso integral, adecuado a sus posibilidades, que le permita cuidar su cuerpo y su salud.

Ante la ausencia de servicios públicos de salud, personas transmasculinas dependen también de las redes de apoyo que van construyendo, lo que muchas veces les provee, además de cuidados, de información relevante en sus procesos y contención emocional. “Antes de empezar con las hormonas, para mi fue importante hacer red, tener amix que estuvieran en las mismas, o algo similar, que estuviéramos en esos procesos y pudiéramos hablarlo, y compartir información, compartir cómo nos sentíamos”, comenta Kiki.

Avances y retrocesos en el caso de las 56 personas mazatecas con órdenes de aprehensión

En portada: Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón a las afueras del Juzgado de Huautla. Fotografías por David Peralta

Este lunes (18) fue suspendida una audiencia en Huautla de Jiménez, cuya finalidad era dar seguimiento a los casos de tres miembros de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón. La razón de la suspensión se debió a que abogados de la Defensoría Pública Federal no se presentaron, debido a las modificaciones en la Reforma Judicial que implican, que este 1 de septiembre tomen posesión los nuevos titulares surgidos de la elección judicial el 1 de junio pasado.

Desde el 2014, Manuel Zepeda Cortés –expresidente municipal de Eloxochitlán—, su hija Elisa Zepeda Lagunas –diputada de Morena–, demás familiares y otros miembros de Eloxochitlán, han perseguido a integrantes de la Asamblea comunitaria porque representan una amenzan a su poder caciquil y a su empresa extractiva que se sustenta despojando al río Xanga Ndá Ge. Hasta el año pasado eran 40 los perseguidos políticos, pero a partir de junio de este año la lista aumentó a 56 personas -entre estas 8 mujeres- con 200 órdenes de aprehensión en su contra.

La audiencia que este lunes se vió suspendida correspondía al caso de Antonio, Adán y Gaspar, tres hombres mazatecos acusados de daño por incendio y robo desde el 2014. La Asamblea comunitaria espera una nueva fecha en el juzgado de Huautla de Jiménez, que será después del 1 de septiembre cuando la nueva administración esté instalada. Así mismo, determinaron que no tomarán acciones legales sin los defensores federales de confianza, para evitar retrocesos y enturbiar el caso.

Al tiempo que posponían la audiencia, les llegaba una noticia desde el Juzgado de Boca del Río Veracruz: la resolución en el expediente 989/2024 que declara la preescripción del delito para Francisco Durán, es decir, que la persecución judicial por los cargos de daño por incendio y robo en su contra llegó a su fin. Posteriormente, este miércoles (20), la abogada Argelia Betanzos viajó al juzgado en Veracruz para obtener la copia de la sentencia y poder corroborar la información notificada.

Además de la preescripción del delito para Francisco Durán, otro de los logros recientes en materia legal que la comunidad mazateca ha tenido es la obtención de auto de libertad para la profesora Olga Maribel el pasado 11 de julio de este año. Sin embargo, en medio de las victorias legales también han obtenido regresiones.

El 12 de junio del 2024, la Asamblea comunitaria mazateca logró la liberación de sus últimos tres presos políticos: Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán, después de permanecer nueve años y seis meses en prisión.

El 26 de febrero de este año, voceras mazatecas anunciaron que la continuidad de su lucha únicamente sería por la imposibilidad que tienen 14 personas para volver a sus hogares en Eloxochitlán, tras 10 años de exilio político. Dos meses después, sus planes políticos cambiaron de rumbo. 

A inicios de mayo de este año, la abogada Argelia Betanzos confirmó la existencia de 200 nuevas órdenes de aprehensión, liberadas el 31 de marzo de este año por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Estas están dirigidas contra 56 personas de la comunidad, entre las que figuran adultos mayores, madres, padres, ex presos y perseguidos políticos.

“Estas nuevas órdenes están fundadas en delitos fabricados y preescritos” explicó Betanzos en la conferencia de prensa realizada en la comunidad el pasado jueves (14) y que contó con la presencia de familiares de las 56 personas criminalizadas por el cacique Manuel Zepeda. La abogada detalló que el expendiente 81/2017 de la Tercera Sala, contiene antecedentes donde el daño por incendio se declaró inexsistente, se reclasificó a daño con fuego y se declaró prescrito, es decir, que el plazo para juzgar a los comuneros por esa acusación había expirado y por lo tanto, la acción penal ya no podía ni puede ejercerse.

Pese a la preescripción ya mencionada, el 31 de marzo del 2025 fueron reactivadas 200 órdenes de aprehensión que señalan la existencia del incendio. Lo anterior, se debe a que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en Huautla violaron la norma de competencia por antecedentes, asignando el caso de las 200 órdenes de aprehensión a la Segunda Sala y no a la Tercera -como correspondía- para ignorar la invadilación de la acción penal.

Durante la conferencia, Betanzos presentó el amparo más antiguo que tienen (917/2017) en el tema de las 200 órdenes de aprehensión, el cual se encuentra en revisión. En ese amparo, una autoridad judicial a nivel de Tribunal Colegiado, determinó que el delito de daño por incendio no se puede comprobar pues no se acredita con las acusaciones que hicieron en contra personas de la comunidad.

En ese mismo documento, hay una diferenciación aseverada por la magistrada Berenice Ramírez Jiménez y el Juez Constantino Agustín, donde se menciona que “un incendio es la intención de acabar con lo que quede. Un daño con fuego es un incendio controlado” explica la abogada. Sin embargo, el mismo juez afirmó que sí existe el daño por incendio y “lo dijo porque le pagaron porque así funciona ese tribunal en Huatlua no porque haya hecho un estudio conforme a la ley”, afirma Betanzos.

Para la abogada se trata de una criminalización de Estado “porque son los tres poderes quienes arropan a Elisa Zepeda y le dan poder para hablar cínicamente de derechos de los pueblos indígenas” afirmó. También se trata de un problema de corrupción por parte de los jueces de Huautla de Jiménez y la Segunda Sala del Tribunal, al evadir la argumentación jurídica y científica resuelta por el Tribunal Colegiado y que la Tercera Sala resolvió en 2017.

Refierió que en el expediente 789HJ2014 se encuentran las puebas científicas que evidencian que el grupo caciquil de la comunidad intentó asesinar con balas a la asamblea comunitaria. “La Fiscalía tiene archivado un expediente donde ahí sí obran pruebas científicas de los orificios de entrada y orificios de salida de las balas en los cuerpos de nuestros compañeros”, afirmó la abogada.

Uno de los puntos más sobresalientes durante la conferencia de prensa fue que Argelia Betanzos se dirigió directamente hacia Hugo Aguilar Ortiz, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien ha ganado fama por ser el primer indígena ocupando ese cargo: “Usted es abogado, Hugo Aguilar, usted debe resolver y no debe ver la situación de manera dogmática, ni por la corrupción, ni por el amiguismo político que tenga usted con MORENA o con Elisa Zepeda, le retamos a que el hombre que va a dirigir la Suprema Corte de la Nación tenga la capacidad de decir: ‘en efecto el caso de Eloxochitlán está preescrito y debe llegar a su fin”, señaló con coraje.

Francisco Durán fue acusado de robo e incendio en el expediente 16/2016. Posteriormente, en tribunales se determinó la inexistencia de los delitos y fue liberado. Sin embargo, la Décima Tercera Sala Penal, a través del magistrado Javier García, revirtió la libertad de Durán y reactivó el proceso legal en su contra. 

El Juzgado Sexto de Boca del Río, Veracruz, bajo la dirección del juez Vicente Salazar, fue quien este lunes (18) notificó la resolución en el expediente 989/2024 que declara la preescripción del delito para Durán y en consecuencia, el final de la persecución en su contra.

La abogada Argelia Betanzos refiere, para Avispa Mídia, que lo anterior es de gran significado “pues sienta un precedente en el Séptimo Circuito para exigir la prescripción del delito en las 200 órdenes de aprehensión que mantienen criminalizadas y perseguidas a 56 personas pertenecientes a la Asamblea, pero para ello, es importante que el tema se traslade al juzgado de Boca Río”.

Uno de los pendientes legales para la comunidad mazateca, es que los juzgados veracruzanos decidan quién llevará cada caso en el amparo contra las 200 órdenes de aprehensión y el resto de amparos para los 14 mazatecos que aún no pueden volver a la comunidad. Betanzos explica que esa falta de decisión es sumamente grave pues “se están entreteniendo con asuntos administrativos en lugar de procurar la justicia expedita como lo señala la Constitución Mexicana” .

El próximo 2 de septiembre en Boca del Río, Veracruz, la comunidad mazateca realizará frente a los juzgados federales el FESTIVAL ‘ÉNNÁ’ Nuestra Palabra + Cumbia, para continuar exigiendo el fin a la criminalización de más de una década.

Colectiva reclama simulación en búsquedas de personas en Chiapas

Fotos por Jeny Pascacio

La colectiva Madres en resistencia de Chiapas exige al gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas acciones reales de búsqueda de personas y cumplimiento de los acuerdos tomados en cada mesa de trabajo, desde diciembre de 2024. 

Después de la toma de protesta como gobernador, Eduardo Ramírez se comprometió a mantener “puertas abiertas” a las causas de desaparición forzada y feminicidios del grupo integrado por familias de diferentes municipios del territorio chiapaneco. 

“El propio Jorge Luis Llaven Abarca se había comprometido a estar en cada reunión, pero nada más en dos estuvo presente. Después fueron sólo simulaciones. Tratando de engañar con un pegue de ficha, simulando cateos. “Buscamos donde ellos quieren que busquemos, no donde nosotras proponemos”, agregan las integrantes de Madres en Resistencia en entrevista con Avispa Mídia

El 4 de agosto, la colectiva Madres en Resistencia, integrada por 14 familias de víctimas de desaparición forzada y dos de feminicidio, inició una huelga en la entrada del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, para exigir un diálogo directo con Eduardo Ramírez.

Hicieron varias acciones durante casi una semana que permanecieron a la intemperie con lluvia y altas temperaturas lo que afectó la salud de las integrantes de mayor edad, por lo que una de ellas tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

“Estamos cansadas de tener intermediarios”, la colectiva relata que a la manifestación acudieron representantes de gobierno que intentaron fracturar la lucha, además de revictimizar y discriminar a las familias. En una de las actividades, en la que se encadenaron y bloquearon la principal avenida de la ciudad, una camioneta blanca del gobierno intentó circular a toda velocidad por esa vía, “nosotras lo vimos como un acto premeditado y de intimidación”. 

El 8 de agosto decidieron levantar la protesta tras haber logrado agendar una audiencia con Eduardo Ramírez. La fecha fue acordada para antes de que termine el mes.

En ocho meses, no hubo avances en las carpetas de investigación de 16 causas. Las mujeres que, en su mayoría integran al grupo, consideran que las acciones institucionales sólo funcionan “para la foto”. 

A pesar de que existe un compromiso, también de la Comisión Estatal de Búsqueda y Protección Civil, es necesario la coordinación entre la Fiscalía y los cuerpos de seguridad, explican, “pero en las reuniones se logra solamente una negociación de cinco horas y sin ningún progreso, sin ningún resultado”, detallan.

Las búsquedas en campo que deberían ser seguras y respaldadas por las autoridades, se realizan sin apoyo real. Denuncian que elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Nacional acuden ocasionalmente y no les brindan seguridad. Hay actividades a las que solo acuden  representantes de la Fiscalía, pero se deslindan, las dejan a la deriva y exponen sus vidas.

En el proceso de los hermanos Luis y Marvin Nanga Pérez, la Fiscalía autorizó una búsqueda en un predio de, al menos, 64 hectáreas, cercano al poblado de Galecio Narcía, municipio de Chiapa de Corzo. “Muestran drones, vehículos todo terreno, cuatrimotos y todo eso para combatir la delincuencia. Era el momento de llevar todo, pero en esa búsqueda no llevaron nada, ni siquiera llevaban picos y no nos permitieron buscar al interior de la casa”, señalan. 

Para las Madres en Resistencia el bloqueo y la violencia es institucional, pues en varias causas de la colectiva, a pesar de las solicitudes formales, los Ayuntamientos niegan el acceso a las cámaras de vigilancia y argumentan que están fuera de servicio, “no se puede avanzar”, señalan. 

A la colectiva le preocupa que para Eduardo Ramírez y Llaven Abarca no sea prioridad atender los delitos que sucedieron en otro sexenio. “Están abriendo las oficinas de mujeres que llaman espacios seguros, ¿pero cómo?, nosotras somos mujeres y no tenemos acceso a la justicia ni espacios seguros”, cuestionan. 

“Las leyes funcionan para los delincuentes, no para las víctimas. Quieren espacios seguros para mujeres, infantes y adolescentes, nosotras tenemos adolescentes desaparecidos y no nos apoyan”, aseguran las buscadoras. 

Las madres, hermanas e hijas buscadoras tienen muchas preguntas que nadie tiene la voluntad de responder. “Vivimos como en estado de psicosis, no sabemos si están vivos o muertos, si están bien, si ya comieron o dónde están, qué hacen. Aquí el silencio y las desapariciones continúan. Aquí todo sigue igual”, lamentan. 

En mayo, el Congreso del Estado instaló la Comisión Especial para Conocer, Proponer y Dar Seguimiento a las Acciones de Búsqueda de las Personas Desaparecidas en Chiapas, pero las familias consideran que el proceso está estancado. 

La conformación de la comisión se dio tras las reformas a Ley en materia de Desaparición de Personas para Chiapas que, entre otros temas, destaca que la Comisión Estatal de Búsqueda y las autoridades que integran el Sistema Estatal, sin dilación alguna, emitirán la Alerta Amber. Este es un mecanismo de búsqueda y localización inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, con el objetivo de proteger su integridad y prevenir daños graves de conformidad con el Protocolo Nacional Amber México.

“Nosotras queremos que se forme el Consejo Ciudadano para ahí emprender nuestros casos como familiares de desaparecidos y de feminicidio”. Este grupo estaría conformado por familias de víctimas de desaparición, especialistas y organizaciones civiles, para garantizar la participación ciudadana en el proceso. Su función sería asegurar la transparencia en el trabajo de las autoridades y vigilar que se cumplan los protocolos establecidos de manera efectiva.

Con motivo del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, el colectivo Madres en Resistencia convoca a las familias de víctimas de desaparición en Chiapas para marchar el próximo 30 de agosto a las 16h. Saldrán de La Pochota rumbo al Palacio de Gobierno en la ciudad capital.

Honduras: Movilizaciones campesinas exigen justicia por asesinato de defensor y ambientalista del Bajo Aguán

En portada: Protesta de campesinos en las inmediaciones del poder Judicial, en la ciudad de San Pedro Sula, para exigir justicia y castigo para los responsables materiales e intelectuales por el asesinato de Juan López.

A un mes de cumplir un año de su asesinato, el pasado 14 de agosto estaba prevista la realización de la audiencia preliminar por el caso del defensor del territorio Juan López, religioso y líder social quien participó en diversas luchas por la recuperación de las tierras campesinas en el Bajo Aguán, norte de Honduras, así como por la defensa de la montaña Botaderos y los ríos Guapinol y San Pedro, amenazados por la implementación de una serie de megaproyectos donde destaca la industria minera.

Acorde a Ruy Barahona, portavoz del poder Judicial en la ciudad de San Pedro Sula, donde se realiza el proceso penal, la audiencia fue reprogramada debido a que el juez accedió a la petición de la defensa de dos de los tres imputados, quienes aludieron una posible indefensión, consiguiendo con ello la reprogramación de la audiencia para el siguiente jueves 21 de agosto.

En entrevista para Radio Progreso, la abogada Rita Romero del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCT), organización que López ayudó a fundar hace una década, denunció lo que calificó como negligencia institucional por parte del Ministerio Público. Esto debido a que, acusa, la Fiscalía entregó demasiado tarde un dictamen pericial realizado a los dispositivos telefónicos de los involucrados en el crimen, un informe que podría aportar pistas sobre los autores intelectuales.

Las comunidades exigen celeridad en las investigaciones del Ministerio Público hondureño.

“Debió saber de que si venía con un documento a última hora, que la defensa no conocía, le iba a pedir tiempo para valorarlo, diligentemente su actuación hubiera sido entregárselo tres días antes, sabía que iba a venir a esta reprogramación y para (la familia de Juan y las comunidades de Tocoa) significa seguir poniendo la mejilla ante la burla de la institucionalidad, una burla para la gente que no ha dormido, que pasó toda la noche viajando para poder estar aquí”, sostuvo la litigante.

Por su parte, el sacerdote jesuita Ismael Moreno señaló que la justicia en Honduras es lenta, “se aplica implacablemente contra la gente indefensa y se interpreta permanentemente para quienes tienen poder”, sostuvo, mientras campesinos, integrantes de comunidades campesinas del Bajo Aguán, bloquearon las vialidades cercanas para exigir justicia y castigo a los autores intelectuales del asesinato del defensor y ambientalista.

Previo a su asesinato, López fue criminalizado e incluso fue encarcelado derivado de su participación en las protestas contra el proyecto de minería de óxido de hierro a cielo abierto que amenaza con contaminar los ríos Guapinol y San Pedro y que ya ha provocado el asesinato de otros tres defensores del territorio en el año 2023.

Durante el año 2024, como parte de sus labores de denuncia, ya como regidor del municipio de Tocoa, López señaló al entonces alcalde Adán Fúnez de estar involucrado en el otorgamiento de permisos ilegales para facilitar la instalación de la minera. Pero las amenazas se incrementaron tras la publicación de un video del medio Insight Crime donde se evidencia a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, junto a Fúnez, durante una negociación con narcotraficantes hondureños, lo que llevó al defensor a exigir la renuncia del alcalde.

Cuatro días despues, al salir de una iglesia en Tocoa, ocurrió su asesinato, a pesar de que López contaba con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya implementación, por parte del Estado hondureño, no se había concretado.

A 11 meses del homicidio, en el exterior, la Oficia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH) se posicionó a través de redes sociales al demandar “la importancia de esclarecer los hechos relacionados con su muerte, investigar las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas contra las comunidades y los impactos generados en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía”. 

Mediante su mensaje, la OACNUDH aseveró que solo con investigaciones expeditas, exhaustivas, imparciales y diligentes, y la sanción de todos los responsables, se podrá garantizar el derecho a la verdad y a la justicia para Juan López, las víctimas y las comunidades afectadas.

Por su parte, el pasado 6 de agosto, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa exigió al Ministerio Público en la ciudad capital, Tegucigalpa, la captura y enjuiciamiento de los autores intelectuales del crimen que calificaron como “vil asesinato” de López.

En el documento aseveraron que la Fiscalía de Honduras “tiene en sus manos todas las pruebas necesarias para detener y procesar a los autores intelectuales, pero ha elegido la inacción”, reclamó el CMDBCT, organización que, acompañada de otros movimientos sociales, hace un llamado a mantener la exigencia por justicia durante el proceso que reiniciará el próximo jueves (21).

Argentina: mapuches en resistencia contra fracking en la Patagonia

Fotos por Confederación Mapuche del Neuquén

Las comunidades mapuches de la provincia argentina de Neuquén están en alerta para defender los lagos Mari Menuco y Los Barreales, ubicados en un área entregada al megaproyecto Vaca Muerta, iniciativa para la explotación de hidrocarburo no convencional (extraido por la técnica de fracking) en la formación geológica Vaca Muerta, zona de importantes fuentes de agua de la Patagonia norte argentina. 

Este miércoles 13 de agosto, la petrolera estatal argentina YPF anunció la decisión de iniciar el desarrollo de una locación de fracking en el istmo que une los embalses Los Barreales y Mari Menuco, tras meses de tensiones en el territorio ancestral. 

En Loma La Lata, líderes de la comunidad Kaxipayiñ reiteraron a los funcionarios de YPF que no les permitirán trabajar hasta que el gobierno provincial cumpla el compromiso de realizar una consulta previa a la población. Se teme que la empresa ingrese a la zona mediante la represión letal contra los guardianes de los lagos. 

“YPF va creando condiciones para conseguir el aval de la justicia e ingresar a la fuerza a territorio comunitario. Hacemos responsable al presidente de YPF, Horacio Marin, de las consecuencias”, señaló la Confederación Mapuche de Neuquén.

La explotación de hidrocarburos en el territorio donde se encuentran los embalses que almacenan agua del río Neuquén es parte de la expansión de Vaca Muerta en Neuquén, autorizada por el gobernador Rolando Figueroa. El crecimiento del proyecto también comprende la construcción de 800 kilómetros de oleoductos e instalaciones en reservas marítimas en otras provincias del país. 

“Este es un nivel de acercamiento inédito, se quiere perforar la laguna. Se excluyó la consulta previa, no hay estudios de impacto ambiental. En Vaca Muerta no hay regulación alguna, políticas de conservación. En Río Negro había una normativa para que no se exploren hidrocarburos, la anularon”, declaró para Avispa Mídia Leonora Jáuregui, integrante del Observatorio Petrolero Sur.

Semanas atrás, una manifestación en la Gobernación de Neuquén por el reconocimiento de las personerías jurídicas indígenas fue reprimida con un violento operativo policial en que detuvieron a 18 personas, entre ellas un menor de edad.  

Por decreto de la justicia, en 2023, se fijó un plazo de noventa días para crear el Registro de Comunidades Indígenas del Neuquén. El gobierno provincial dilata este proceso porque implicaría la aceptación formal de territorios ancestrales que son codiciados por Vaca Muerta. 

Al respecto, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) de Argentina recuerda que la provincia de Neuquén fue sentenciada por la Corte Suprema de la Nación, en 2013, por violar derechos relativos a la personería jurídica.

“Ratificamos nuestros derechos dentro del área. YPF también reconoce la posesión y el derecho comunitario en diferentes acuerdos donde inclusive ha coordinado tareas con la comunidad”, subraya la organización mapuche, respaldada por actas fiscales que reconocen la existencia de la comunidad Kaxipayiñ.  

Bajo el suelo de Kaxipayiñ se expandieron combustibles debido a operaciones de YPF. El 5 de agosto, la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales comprobó la falta de suministro de agua potable a la comunidad, motivo de una denuncia penal contra la petrolera y el gobierno provincial de Neuquén.

A 12 años de la inauguración de Vaca Muerta, el megaproyecto situado en un área agrícola causó más de 500 sismos - interrumpidos cuando se detuvo la producción. El acaparamiento de agua y el colapso del transporte en la provincia afectan a una población que ni siquiera cuenta con el gas que extraen de su territorio.   

“Se entregan los territorios con marco legal para el saqueo y destrucción. Vaca Muerta crece, se expande, se va entramando con otras políticas, con el paquete de leyes, la ley de bases, los incentivos a grandes inversiones. Los riesgos de contaminación aumentan, la gestión de YPF hoy es más violenta, el gobierno provincial no pone límites. El último año es notable que hay más extracción y su capacidad está limitada al transporte”, añade la especialista del Observatorio Petrolero Sur.

Es insostenible, según ella, la narrativa de que Vaca Muerta garantizará la soberanía energética, cuando la población argentina afronta alzas de combustible, y el ingreso de dólares frente al endeudamiento externo, al que recurrió la administración de Milei. 

“Hay una continuidad del modelo de hidrocarburos, pero la inédita desregulación legal cambió las condiciones internas. Hasta el año pasado había una protección para el acceso interno del combustible frente a precios internacionales; hoy, bajo un marco de ajuste y empobrecimiento, su valor aumenta”, indica la investigadora. 

Mientras la extracción de petróleo en Vaca Muerta mediante el fracking se expande y amenaza más fuentes de agua, se consolida su orientación a la exportación. 

En julio se anunció la construcción de un nuevo oleoducto de 207 kilómetros que conectará Puesto Hernández (Neuquén) con la estación de bombeo en Allen (Río Negro). Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén serán los inversionistas. Esta red se sumará al proyecto de ducto Vaca Muerta sur, que recorrerá 600 kilómetros hasta la costa de Río Negro, donde se planea instalar un puerto de exportación cerca del golfo San Matías, de gran biodiversidad marina.