Staff Sgt. Brett Rosales-Carr, Staff Sgt. Mekai Stewart and Airman 1st Class Tristan McNay, 57th Aircraft Maintenance Squadron load crew members, load a Mark 84 bomb on an F-15 Eagle fighter jet during the load crew competition of the year at Nellis Air Force Base, Nev., Jan. 8, 2018. Each Airman played a role to increase their team’s success by working as one cohesive unit. (U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Andrew D. Sarver/Released)
En portada: Militares de EEUU cargan una bomba Mark 84 en un avión de combate F-15 Eagle durante una competencia de tripulación de carga en 2018
Un cargamento de bombas MK-84 de 2.000 libras procedente de Estados Unidos ha llegado a Israel, según anunció este domingo (16) el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, coincidiendo con la primera visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al país. Con este acontecimiento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levanta la pausa en el suministro de este tipo de armamento a Israel, que la administración Joe Biden había impuesto por nueve meses.
“El cargamento de municiones que llegó a Israel, liberado por la administración Trump, representa un activo significativo para la fuerza aérea y las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y sirve como una prueba más de la fuerte alianza entre Israel y Estados Unidos”, señaló el ministro de Defensa Israel Katz.
El envío se produjo en un momento en que Israel ha estado considerando la posibilidad de reanudar la guerra en Gaza en las próximas dos semanas en caso de que el grupo armado Hamás deje de entregar rehenes según los acuerdos establecidos.
Arribo de municiones pesadas a Israel.
Mientras tanto, el cargamento de bombas pesadas procedente de Estados Unidos llegó al puerto israelí de Ashdod y después fue traslado en docenas de camiones hacia las bases aéreas israelíes, según el ministro.
Desde el comienzo de la guerra de Gaza, en octubre de 2023, más de 76 mil toneladas de material militar han llegado a Israel a través de 678 aviones de transporte y 129 barcos, la gran mayoría procedente de Estados Unidos. Desde inicios del mes de febrero de este año 2025, Trump aprobó la venta de más de 7.400 millones de dólares en bombas, misiles y equipos para Israel.
Estos acontecimientos se dan al tiempo que el enviado estadounidense, Marco Rubio, intercambia conversaciones sobre la situación en Medio Oriente y la propuesta de trasladar a los palestinos de Gaza hacia Egipto y Jordania.
Qué es una MK-84
Esta bomba pesada de aproximadamente una tonelada es utilizada por las Fuerzas Aéreas estadounidenses para destruir objetivos blandos y protegidos, como edificios, estaciones de ferrocarril y líneas de comunicación. Es una bomba de uso general que entró en servicio durante la guerra de Vietnam.
El 40% del peso de la bomba es una mezcla de alto explosivo, mientras que el resto es su carcasa de acero. Al detonar, la carcasa de acero se rompe en fragmentos afilados como cuchillas que pueden destrozar cuerpos humanos y vehículos no blindados. Los pilotos que utilizaron estas bombas en Irak la habían apodado el “martillo” por su poder destructivo y su radio de explosión.
Estas bombas fueron responsables por algunos de los peores ataques contra civiles en Gaza. Más del 90% de las municiones lanzadas durante las dos primeras semanas de la guerra fueron bombas guiadas por satélite.
El 19 de enero entró en vigor un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Israel ha dejado un saldo de más de 48.200 palestinos asesinados, la mayoría mujeres y niños.
En portada: Para las tareas de vigilancia en comunidades, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampíscuenta con el grupo de control socioambiental Charip.
El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) denuncia el intento, por parte de la empresa estatal Petroperú y el Gobierno Regional de Loreto, de imponer la explotación de un lote petrolero en su territorio.
En las últimas semanas, el gobierno regional y la Petroperú organizaron reuniones en comunidades amazónicas, con el fin de convencerles de participar en una consulta previa para la ejecución del lote 64 del oleoducto, comprendido en el proyecto Situche.
El GTANW, que reúne a 85 comunidades y representa a 16.000 personas, ya posee un historial de lucha contra las operaciones del oleoducto norperuano, una muestra del desastre ambiental, social y cultural causado por la actividad petrolera en la Amazonía.
Esta infraestructura cruza los territorios de siete pueblos indígenas, afectando en su trayecto a 95 comunidades nativas, desde la Amazonía hasta la costa norte peruana.
Entre 1997 y 2023, el oleoducto norperuano registró 139 derrames, de las 1.462 emergencias reportadas por instituciones públicas en este período, según un informe del Grupo de Trabajo de Impactos de Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Loreto, donde ocurrieron 707 derrames de petróleo en los últimos 25 años, es la región con más emergencias ambientales por hidrocarburos.
Derecho a la autodeterminación
“Los más de dos mil sitios contaminados por petróleo no remediados son una prueba indignante de la incapacidad de Petroperú, gobierno regional, Ministerio del Ambiente y demás instituciones, encubierta con una demagogia tecnocrática irresponsable”, señala la nación Wampís en un comunicado.
El proyecto Situche, el lote 64 y el oleoducto norperuano carecen de licencia social, no cuentan con el consentimiento de los pueblos originarios. “No se puede realizar consultas sobre derechos que pongan en peligro la vida y la supervivencia cultural de la Nación Wampís”, subraya la organización autónoma.
Por ello, el GTWNA pide que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) abra un expediente al Estado peruano por la violación de derechos contemplados en el Convenio 169.
Alertan la vulneración de su derecho a la autodeterminación y la decisión de optar por la bioeconomía, “como modelo de economía autónoma y vida plena”; así como el derecho a la protección del medio ambiente y al respeto a sus instituciones.
En enero, líderes wampís denunciaron en Londres el financiamiento de bancos internacionales a Petroperú, como medida para exponer la relación entre las instituciones financieras y la depredación ambiental.
Violencia se expande por toda Amazonía
Las comunidades wampís también se enfrentan al crítico avance de la minería y tala ilegal en la cuenca del río Santiago, en la región peruana Amazonas.
Los representantes del pueblo originario y las autoridades regionales y comunitarias del área solicitarán al gobierno central la declaración del estado de emergencia por la creciente problemática de los extractivismos informales.
Para las tareas de vigilancia en comunidades, el GTANW cuenta con el grupo de control socioambiental Charip, activo en las incautaciones de insumos y armas que se transportan para mineros y taladores ilegales.
La violencia en torno a estas actividades se expande por toda la Amazonía y, con ella, los desplazamientos de pueblos. En Amazonas fueron rescatados en enero 53 habitantes de la comunidad awajún Kumpanam, quienes habían dejado su territorio debido a la minería informal.
Mientras que en el sector Tambo, cerca de la frontera de Perú con Ecuador, hubo enfrentamientos armados entre sicarios de ambos países. Las bandas serían contratadas por mineros inscritos en el Registro de Formalización Minera (Reinfo) que se disputan zonas de explotación ilícita.
El aumento de los precios del oro y el cobre registrado en 2024 es un incentivo para el crecimiento de sectores informales. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), en 2024 el valor de las exportaciones de oro de origen ilegal se incrementó en un 40%, alcanzando los 6.840 millones de dólares. El Perú exporta el 44% del oro ilegal sudamericano.
En el Perú el proceso de formalización minera no ha dado resultados en casi una década. Sin embargo, en noviembre de 2024, el Congreso aprobó la ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera, por seis meses más y con posibilidad de extención, a pesar de los mínimos avances: solo 2.000 de los más de 84.000 inscritos culminaron el proceso de legalización.
“La minería ilegal opera en complicidad con las autoridades del Estado, incluyendo el Congreso de la República, que permite que miles de criminales contra el medio ambiente destruyan la Amazonía al legalizar sus cometidos. De esta forma, el sector minero informal se fortalece, convirtiendo las prórrogas para su formalización en un modus operandi”, considera Gil Ionach Shawit, pamuk (gobernador) del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, pueblo también afectado por la minería ilegal y formal.
En el Ecuador, la minería informal se duplicó desde 2020. Entre 1985 y 2023, tanto esta como la formal ocuparon 13.000 hectáreas. El 70% de esta expansión se concentra en la Amazonía ecuatoriana, donde la extracción ilícita crece hasta en 500 hectáreas por año y se calcula que ha afectado 7.490 hectáreas, de acuerdo a la Fundación Ecociencia. A la par, aumenta la violencia en las zonas mineras.
Por su parte, Greenpeace advirtió que entre julio y setiembre de 2024 la minería ilegal devastó 50 hectáreas de tierras ancestrales yanomami, en Brasil. En total, 4.123 hectáreas de sus territorios han sido destruidos.
Para los pueblos originarios, la vía de salida a la depredación y la violencia del extractivismo se encuentra en sus gobiernos autónomos. En el Encuentro Internacional de Autonomías Indígenas de Tierras Bajas, realizado en enero en San Ignacio de Mojos, Bolivia, las organizaciones amazónicas señalaron como punto de partida el reconocimiento constitucional de sus autonomías.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó a mediados de enero el Plan México, anunciado como una estrategia de “desarrollo nacional” junto al sector privado, para transformar el país en la décima economía del mundo, que hoy ocupa el lugar número 12. Para eso se ha propuesto un portafolio de inversiones, nacionales y extranjeras, de 277 mil millones de dólares en diversos sectores económicos.
El sector minero está dentro de este paquete, industria que será incentivada y que atraerá nuevas inversiones con más proyectos. El anuncio ha sido tomado por el sector como una posibilidad de reactivación de las actividades de mineríaen el país.
Diversas organizaciones sociales, comunidades y académicos reunidos en la Colectiva ¡CambiémoslaYa! sostienen que la intención de promover proyectos mineros en el país genera “incertidumbre y preocupación”, favoreciendo inversiones de empresas como Grupo México, “cuya negligencia criminal ha causado daños irreversibles al ambiente y a la salud, que permanecen desatendidos e impunes”, señalan.
Si bien las informaciones públicas sobre el plan son escasas - hasta ahora se cuenta solamente con las presentadas en un evento público el 13 de enero por Sheinbaum -, uno de los puntos divulgados por la mandataria prendió el foco rojo entre las organizaciones. El plan especifica que la Secretaría de Economía debe promover una nueva reformar a la Ley Minera – una reforma fue realizada en 2023 - en un plazo de 100 días para permitir la exploración privada (etapa anterior a la explotación minera, en la cual se busca y evalúa el yacimiento de minerales).
La Colectiva que, durante el proceso de la reforma tuvo un papel activo para exigir un mayor control de la actividad minera, alerta que la iniciativa actual podría “diluir los avances” obtenidos con los cambios legislativos de 2023, cuando se asigno al Servicio Geológico Mexicano (SGM) como responsable por la exploración.
De acuerdo con el profesor de derecho de la Universidad Iberoamericana y miembro de la Clínica Jurídica para Justicia Ambiental “Berta Cáceres”, Jorge Peláez, la propuesta inicial de la reforma de 2023 garantizaba que la exploración minera estuviera 100% a cargo del SGM, sin ninguna participación de particulares. Por presión de las mineras se aprobó que el órgano puede establecer contratos por medio de licitación con empresas privadas para la exploración.
Para Peláez, a pesar de no haber sido aprobada la propuesta inicial de la reforma, el texto final representó un avance. “Hoy no está vedada completamente la exploración a los privados. Sin embargo, no pueden ellos mismos, como era antes, solicitar una concesión de exploración. Como quedó [en la ley] no es lo ideal, pero el Estado sigue teniendo control de los recursos”, señala para Avispa Mídia.
El abogado subraya que si antes el Estado daba una única concesión minera, que incluía el derecho de exploración y explotación, ahora el SGM es responsable por la exploración y concede, o no, por medio de licitación, el derecho a privados a la explotación.
Uno de los puntos positivos de esta nueva dinámica es que elimina la posibilidad de especulación con las concesiones. “Antes se permitía que una empresa fuera concesionaria por 50 años, exploraba cuándo quería, podía transferir la concesión a quién quisiera y, mientras tanto, cotizaba en la bolsa de valores, aunque nunca desarrollara un proyecto. No explotar no quería decir que no generaba recursos”, explica.
Además, desapareció la lógica de que todo el territorio mexicano estaría disponible a las empresas mineras. Ahora el SGM define los polos mineros.
Para el abogado, es clave que no haya un regreso en estos términos aprobados en la reforma de 2023. “Lo complicado sería que el control de la exploración vuelva a tener los privados [como anunció Sheinbaum con el Plan México]. Este sería el gran riesgo y tenemos que tener todas las alarmas prendidas”, alerta el profesor de derecho.
Ataques
Los partidos PRI, PAN y PRD abrieron procesos de impugnación a la reforma aprobada en 2023, señala Dolores Rojas, de la organización Heinrich Böll y de la Colectiva ¡CambiémolasYa! Para ella, no puede haber una nueva reforma a la ley si no se aclara primero la petición de impugnación por parte de los partidos.
Explica que también ha habido una serie de amparos promovidos por empresas mineras. “Sin embargo, una resolución en la Suprema Corte decidió no resolver estos amparos hasta que no se resuelva la impugnación que hay de la ley. Por lo pronto la ley sigue vigente, con estas indefiniciones”, explica Rojas para Avispa Mídia.
Además, todavía no se publica el reglamento de la ley, que debió ser publicado hasta diciembre de 2023. “El hecho de que no está la reglamentación, limita la ejecución y la operatividad de la ley. Eso hace que haya mucho más margen de interpretación a la ley vigente”, explica la integrante de la organización Heinrich Böll.
Es evidente, señala Rojas, que existe una resistencia a la reglamentación. “De nuestra parte hicimos una propuesta. La Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales], en el sexenio pasado, entregó el borrador del reglamento a la consejería jurídica de la presidencia. Hizo lo que le tocaba. Pero faltaba entregar la parte de la Secretaría de Economía. Tuvimos varias reuniones y una comunicación fluida con Economía. De repente ya no nos contestaron y nunca supimos lo que paso con el reglamento”, sostiene.
Señales
Para el profesor de derecho, además de la no reglamentación, existen otras señales que indican que es posible que se esté articulando una nueva reforma a la Ley Minera.
En comisiones de la Cámara de Diputados hay un dictamen aprobado, en agosto de 2024, que establece la prohibición de la minería a cielo abierto y el fracking. La propuesta fue presentada por el ex presidente Andrés López Obrador en febrero de 2024, como parte de un paquete de 20 proyectos que buscaba modificar el artículo 27 de la Constitución. “Sin embargo, no se ha debatido la iniciativa en sesiones plenarias, lo que sugiere que podría no prosperar”, dice Rojas.
Además, existe una clara articulación especialmente entre la Secretaría de Economía y el sector minero. Por ejemplo, están las declaraciones del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, quien informó a medios locales que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha sostenido reuniones preliminares con el clúster (grupo de empresas) minero local. El objetivo sería, dentro del Plan México, desarrollar un “importante proyecto minero” relacionado a la explotación de cobre.
Otro factor apuntado por Peláez es la guerra de los aranceles detonada tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de establecer impuestos altos sobre productos mexicanos. Eso ha generado cierta sinergia entre los distintos sectores económicos mexicanos y el gobierno de ese país.
Una publicación de Ebrard en sus redes sociales resalta una reunión en la que detalla que “el sector privado cierra filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum y su defensa del interés nacional frente a cualquier arbitrariedad comercial o de otra índole que debamos encarar en las próximas horas”, escribió en el contexto de la amenaza de Trump.
Para Peláez, “con todos estos problemas de los aranceles y la necesidad de tener a sectores privados e inversionistas contentos, hay el riesgo de que eso [una nueva reforma a la Ley Minera] pueda ser una moneda de cambio”.
Las familias de personas desaparecidas en Chiapas que integran el colectivo Madres en Resistencia dieron el plazo de un mes a Jesús Jubilian Sarmiento Santos, fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, para que inicie las investigaciones de los casos de desaparecidos, de lo contrario exigirán su renuncia.
Las madres, hermanas e hijas de personas desaparecidas se reunieronel 23 de enero con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para el diálogo, que lograron tras un mes de hacer manifestaciones, entre ellas, una huelga de hambre de una semana.
Entre otros temas, cuestionaron al gobernador la permanencia de Jubilian Sarmiento y de Néstor Fabián Mejía Sarmiento en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el último es el policía de investigación a cargo de los casos del colectivo Madres en Resistencia.
“Él [el gobernador] puso cara de asombro. Le dijo a sus asistentes, apúntame los dos nombres, el de Jubilian y de su primo [Néstor]”, sostiene Isabel Torres, madre de Cassandra Arias e integrante del colectivo.
“El gobernador dijo que si Jorge Luis Llaven Abarca [fiscal general]dejó ahí a Jubilian, es por algo. El gobernador nos pidió que le diéramos una oportunidad”, pero la respuesta contundente del colectivo fue, “no queremos a Jubilian”.
El gobernador dijo que, si Jubilian Sarmiento sale del cargo, tendrían que comenzar de cero. “Le respondimos que no, porque las carpetas las tiene el Ministerio Público no el fiscal y el MP tiene el obstáculo de ese fiscal y por eso no avanza”, explica Isabel.
Las madres buscadoras sostienen que, en la mesa de diálogoresultado de la huelga de hambre en diciembre de 2024, el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, reconoció ante ellas, que la Fiscalía de Desaparecidos pone “trabas” en las investigaciones. “Las madres cuestionamos, si Jubilian obstaculiza ¿por qué sigue en funciones?”.
“Si vemos que no hay investigación le vamos a pedir la renuncia de Jubilian y de Néstor porque no los queremos en las investigaciones, por omisos e incompetentes”, reitera Isabel que en septiembre de 2023 solicitaron lo mismo al entonces gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, pero no fueron escuchadas.
En esta ocasión, hubo diálogo y anotaciones por parte de Eduardo Ramírez, que se comprometió a brindar las facilidades para que se hagan las búsquedas de personas.
Al día siguiente que hablaron con el gobernador morenista, el colectivo se reunió con la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), Protección Civil y representantes de la Fiscalía General de Chiapas (FGE). Llaven Abarca confirmó, pero no se presentó en la reunión.
“El que estuvo presente fue Jubilian Sarmiento que por fin nos dio cara, pero no sabía ni qué decir, estaba todo nervioso y entregó los supuestos avances de las investigaciones, pero es lo mismo que tenía hace cuatro meses, vamos a ver en marzo [cuando habrá la próxima reunión] qué información presenta”, lamenta Isabel.
En estos primeros encuentros no se signaron documentos, pero se estableció que cada mes tendrán reuniones con las partes involucradas en la búsqueda de personas y deberá estar presente el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca.
Además, con las dependencias acordaron acciones que incluyen búsquedas, hacer perifoneo y pegar fichas de búsqueda en paredes y postes en las calles de municipios que estén relacionados con los casos de personas desaparecidas.
En estos espacios, las autoridades no hablaron sobre el presupuesto que se destinará para la búsqueda de personas este año o si investigarán a las personas al frente de la CEB el sexenio pasado, quienes dificultaron las labores de búsqueda de las Madres en Resistencia.
Jubilian Sarmiento Santos llegó al cargo en el 2021, cuando Olaf Gómez Hernández fungía como fiscal general, tres años después de que iniciara funciones la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas en Chiapas.
Para las Madres en Resistencia y organizaciones de derechos humanos que las acompañan, Jubilian Sarmiento representa un obstáculo en las investigaciones, “siempre dice que está esperando la autorización o que necesita la firma del fiscal”.
El Fiscal de Desaparecidos es responsable de investigar, autorizar las búsquedas, dar seguimiento y procesar los casos de personas desaparecidas en territorio chiapaneco. “De eso no ha hecho es nada”. Lo mismo sucede con Mejía Sarmiento, señalan.
Este personaje fue de los primeros policías que hablaron con Isabel Torres cuando su hija Cassandra Arias Torres desapareció el 17 de diciembre de 2022, en Berriozábal. En ese primer acercamiento, Néstor Fabián Mejía Sarmiento, a través de una llamada telefónica, le aseguró que su hija había aparecido. “Y me exigía una fotografía de que ya estaba conmigo, pero no era así”.
Cassandra, de 18 años, fue desaparecida en Chiapas por grupo armado durante boda de su mamá.
Ante la insistencia, Isabel y su familia desconfiaron de inmediato del policía de investigación que después les tomó la declaración en un bar. Isabel recuerda que cuando la FGE publicó la ficha de búsqueda de Cassandra, marcó a los números que pusieron, pero la llamada siempre envió a buzón y la única explicación que le dieron es que se descompuso el teléfono.
“Yo no quiero saber nada de esa persona [Mejía Sarmiento], no quiero que esté en la investigación de mi hija, pero ahora sí que es el comandante, pues es el único que supuestamente hay. No hay más policías de investigación”, lamenta la madre de Casandra.
Dice que, a pesar de la disposición que hasta ahora demuestra el gobierno, se siente insegura, porque son muchas las personas que siguen en cargos de seguridad que podrían estar relacionados con grupos del crimen organizado.
“Y como madres que estamos en la búsqueda hay temor de que nos manden a desaparecer o matar, pero eso no nos impide seguir buscando a nuestros hijos”, dice Isabel que dedica las 24 horas del día a indagar sobre el paradero de su hija, junto a las otras mujeres que integran el colectivo.
Los últimos avances del caso de Cassandra Arias Torres es la localización geográfica de su celular en Cancún, Quintana Roo. Mientras que otro de los teléfonos móviles que fueron sustraídos en el momento de la desaparición forzada de Cassandra, se muestra en Tijuana, Baja California.
A cuatro meses de que Isabel fue informada sobre estos hallazgos, la Fiscalía de Desaparecidos no ha tenido mayores avances en la investigación.
Fichas a la basura
El 4 de febrero las Madres en Resistencia fueron citadas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Ese día el gobierno de Berriozábal, municipio ubicado a 24 kilómetros de distancia de Tuxtla Gutiérrez, fue el primero en anunciar la creación de la Célula Municipal de Búsqueda de Personas.
A decir del colectivo, desconocía sobre la creación de esta célula de búsqueda, pero la CEB les compartió que es una orden del gobierno del Estado para los 124 ayuntamientos de Chiapas.
Isabel Torres reside en Berriozábal y el 5 de febrero se dirigía a la capital chiapaneca a una cita del colectivo con la comisionada Estatal de Búsqueda, Elizabeth Santiago, cuando se percató que personal del Ayuntamiento de Berriozábal despegó las fichas de búsqueda que el colectivo pegó apenas el 1 de febrero.
Durante el pegado de fichas en Berriozábal
El colectivo difundió en su cuenta de Facebook fotografías y videos que lograron captar la acción en infraganti. Las imágenes muestran a los trabajadores arrancando y tirando más de 500 fichas en los contenedores de basura del parque.
“Por eso el anuncio de Célula Municipal de Búsqueda lo vemos como una burla para nosotras las madres, resulta que ahora si van a apoyar cuando por años no lo han hecho con ninguna familia. El día (1) que nosotras fuimos a pegar fichas se acercaron madres a nosotras con miedo, nos dijeron que les daba miedo alzar la voz por sus hijos y que se sintieron cobijadas por nuestra presencia, porque han buscado a Jorge Acero [alcalde de Berriozábal] pero no da respuesta”, señaló el colectivo en rueda de prensa.
Hasta ahora contabilizan al menos 25 personas desaparecidas en Berriozábal, la más joven es de 15 años. Pero hay casos que no han llegado a las autoridades por desconfianza y el temor que persiste en la población, pese a la actual promesa gubernamental de pacificar Chiapas.
Isabel Torres considera que existe una campaña constante de criminalización y discriminación de las personas desaparecidas en las redes sociales, en las que participan trabajadores del gobierno de Berriozábal, a través de perfiles falsos.
“Lo hacen para hablar mal de nuestros hijos. Nosotras decimos si eran delincuentes y si tenían algo que pagar, para eso están las leyes. Son nuestros hijos y los seguiremos buscando hasta debajo de las piedras si es necesario”, enfatiza Isabel.
El colectivo interpuso una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) contra Jorge Acero por ordenar el retiro de las imágenes de las personas desaparecidas, por lo que emitió la recomendación 0048/2025. En los próximos días tendrán un diálogo con el delegado de la comisión, Horacio Culebro Borrayas.
“Lo que estamos pidiendo es que Jorge Acero ofrezca una disculpa pública”, pues las madres señalan que él ordenó retirar las fichas de búsqueda, pero en los comunicados emitidos por el ayuntamiento responsabilizaron al director de Jardines y Parques, de más de 60 años de edad, “y lo despidieron de forma injusta”, dijo Isabel.
En septiembre de 2024, Jorge Acero fue ratificado como alcalde de Berriozábal, “pero nunca se ha acercado a las familias de desaparecidos”. Durante el pasado trienio del edil abanderado por Morena, el colectivo denunció de forma pública el aumento de las desapariciones y la violencia criminal.
Cuando Cassandra desapareció, Acero negó los hechos y dijo a los medios de comunicación que sólo se trató de una riña. Tras la denuncia pública de Isabel Torres, la madre fue hostigada por el personal del ayuntamiento que ahora también es parte de la Célula Municipal de Búsqueda.
Este viernes (7), la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó la sentencia a 30 años de prisión contra Sergio Rodríguez Orellana, uno de los autores del asesinato de la ambientalista lenca Berta Cáceres ocurrido en marzo de 2016.
Rodríguez se desempeñó como gerente ambiental y social de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), la cual buscó imponer el proyecto Agua Zarca, que consistía en una hidroeléctrica en el río Gualcarque, afluente sagrado de la población lenca. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el cual coordinaba Cáceres, mantuvo una férrea oposición al proyecto y detuvo su construcción.
En un comunicado tras la difusión de la sentencia, el Copinh sostuvo que Rodríguez es parte de una estructura criminal que aterrorizó a la comunidad lenca de Río Blanco, desde el año 2013, con la intención de imponer la hidroeléctrica Agua Zarca en beneficio económico de la familia Atala Zablah, la mayor promotora de DESA a través de la empresa “Inversiones Las Jacarandas”.
Tras la confirmación de esta sentencia, en total han sido condenadas ocho personas por su participación en el homicidio de Cáceres. Seis de ellas como autores materiales, así como Roberto David Castillo Mejía, en el grado de autoría material intermedia y, ahora, contra Rodríguez Orellana como autor por inducción, es decir, aquél que no comete el delito, pero quien induce o instiga para que sea cometido.
“Su rol, disfrazado de gerente ambiental y social, era el de infiltrar, enemistar y agredir a la comunidad lenca y de vigilar e identificar los liderazgos como objetivo de ataque de la empresa criminal de los Atala”, enfatiza el Copinh, organización que exige sean investigados diversos miembros de la familia Atala involucrados con la promoción del proyecto Agua Zarca.
Cabe resaltar que, hasta el momento, la justicia hondureña sólo ha emitido un requerimiento judicial contra Daniel Atala Midence (ex director financiero de DESA), quien se encuentra prófugo de la justicia.
Pruebas indiscutibles
La ratificación de la sentencia llega después de un largo proceso iniciado en 2018, cuando la Sala I del Tribunal de Sentencia declaró culpable a Sergio Rodríguez como coautor del asesinato de Berta Cáceres.
Para noviembre del año pasado, la Sala de lo Penal ratificó las condenas contra siete de las ocho personas sentenciadas en su grado de autoría material, quienes habían apelado la condena. No obstante, en el caso de Rodríguez no existió un consenso entre los magistrados, situación que el Copinh alertó fue generado debido a una campaña mediática y presiones contra el sistema de justicia que se sostuvieron durante el 2024.
Días previos al anuncio de la ratificación de la sentencia, el Copinh reiteró que la existencia de pruebas contra Rodríguez no se limitó a testimonios aislados, sino que derivan de sus propias comunicaciones. Destaca el hecho de que, en la extracción de evidencia de su teléfono, la justicia hondureña halló mensajes de texto y llamadas de coordinación con los demás participantes del homicidio de Cáceres.
“La evidencia de la extracción de teléfonos es la prueba clave que condena a la responsabilidad de Roberto David Castillo y Sergio Rodríguez por su participación en los ataques sistemáticos contra Berta y la tentativa de asesinato que se realizó entre el 5 y 6 de febrero del año 2016, así como las acciones anteriores y posteriores al asesinato de Berta”, sostuvo el Copinh mediante posicionamiento público.
La referencia es en relación con la participación de Rodríguez en el denominado grupo “Seguridad PHAZ”. Éste era un canal de comunicación mediante una aplicación de mensajería digital integrado por, entre otros, David Castillo, para monitorear las acciones del Copinh y coordinar ataques contra sus miembros.
“Es evidente que mientras no llegue Tomas o Bertha el movimiento se debilita y hay poca convocatoria. De allí que contra ellos es que debemos también encaminar acciones”, se lee en uno de los mensajes atribuidos a Rodríguez y encontrados en su dispositivo móvil que le incriminan en el caso.
Por su parte, las hijas de la ambientalista hondureña difundieron una carta dirigida a Rodríguez donde aseveran que su rol en DESA fue el de realizar actos de violencia contra Berta Cáceres. En la misiva, publicada como respuesta a una campaña que el Copinh calificó como “desinformación”, argumentan que el ex empleado de DESA buscaba confundir a la opinión pública debido a que presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano no jurisdiccional, por presuntas violaciones de derechos humanos.
“Es importante recordar que el asesinato de nuestra mamá, Berta Cáceres, no fue un acto aislado, sino el resultado de una cadena de decisiones tomadas por personas que buscaban silenciar su lucha por la defensa de los derechos indígenas y de la naturaleza. Usted fue parte de esa cadena, y su condena es un paso necesario para alcanzar justicia”, acusan las hijas de la ambientalista.
Para el Copinh, durante el juicio se presentaron pruebas indiscutibles que evidenciaron la participación criminal de Rodríguez mediante la vigilancia y hostigamiento contra Berta Cáceres, “acciones indispensables para la concreción del crimen”.
Al cumplirse cinco meses de la represión ocurrida el 5 de septiembre del 2024, durante la cual manifestantes fueron agredidos por grupos de choque y policías en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, este miércoles (5), personas heridas aquel día se presentaron a una audiencia para exigir el desistimiento de la acción penal que, acusan, realizan funcionarios locales para criminalizar la protesta social.
Activistas, estudiantes, periodistas e integrantes de la comunidad Otomí - quienes fueron atacados en dos distintos momentos durante una jornada violenta de casi 12 horas - se presentaron en la Fiscalía de Investigación Territorial de Tlalpan donde se les informó el cierre de las indagatorias en un plazo de, máximo, dos semanas. Esto se debe a que, un día antes, funcionarios de Xochimilco, quienes señalaban a los detenidos por los delitos de resistencia de particulares, motín y lesiones, se presentaron para desistir de las acusaciones penales.
“No hay pruebas suficientes para poder seguir con el proceso”, anunció la joven Otomí Anselma Margarito, quien también fue objeto de agresiones durante el 5 de septiembre pasado, cuando en una jornada en solidaridad con la activista xochimilca Hortensia Flores -también criminalizada-, un grupo de choque atacó violentamente a los manifestantes, mientras los policías se negaron a intervenir y sólo actuaron, posteriomente, para detener a las y los agredidos.
Por su parte, Karen Castillo, integrante del Observatorio Memoria y Libertad, ante el anuncio de las autoridades aseveró que el cierre de la acción penal es producto de la lucha social. “Si nosotros no hubiéramos seguido yendo a la fiscalía, a días de haber sido golpeados, de haber sido torturados por policías, con esguinces, con contusiones, ellos hubieran seguido con esta carpeta. Este caso expresa la magnitud de la criminalización a la lucha social que el gobierno está dispuesto a usar contra los defensores del territorio”, sostuvo Castillo.
Represión contra manifestación en Xochimilco el pasado 5 de septiembre del 2024.
Pese a que miembros de organizaciones sociales celebraron el anuncio que detiene la criminalización de los activistas, también aseguraron que aún está pendiente el seguimiento a las denuncias presentadas por las agresiones, tortura sexual y robo que elementos policiacos cometieron contra las y los manifestantes.
Reparación
Para el activista Diego García los actos de represión de septiembre pasado son parte de un proceso contra la lucha social de colectivos y organizaciones en la CDMX, donde el uso del Cuerpo de Granaderos -elementos antimotínes, cuya extinción fue anunciada por el gobierno de Claudia Sheinbaum en 2018-, continúa “operando con plena impunidad, sigue haciendo uso excesivo de la fuerza pública”.
En un breve mensaje tras la audiencia, García aseveró que aún queda pendiente el castigo a los funcionarios por su acto de omisión ante las agresiónes contra los manifestantes llevadas a cabo por “el grupo de choque comandado desde la alcaldía de Xochimilco”, y también por la brutalidad policiaca que se ejecutó horas más tarde en la alcaldía Tlalpan, a donde fueron trasladados los manifestantes heridos y detenidos en Xochimilco.
“Exigimos también se esclarezca lo que tiene que ver con el grupo de choque: ¿quién lo comandó?, ¿de parte de quién llegaron?, ¿quién los financió y quién dio la orden?, eso no puede quedar impune”, reclamó García.
La joven Mayahuel, miembro de Radio Zapote, enfatizó que pese al cierre de las investigaciones contra los activistas, los servidores públicos responsables continúan impunes, lo que representa un peligro para quienes se manifiestan por la defensa del territorio al sur de la ciudad. “El coordinador de seguridad, que fue quien dio la orden para que se retirara la policía de Xochimilco, Darío Corrales, sigue todavía trabajando para la alcaldía”, denunció sobre el funcionario que permitió la operación del grupo de choque.
Además, entre las demandas de reparación, Diego García compartió que están exigiendo el seguimiento a las denuncias por robo, ya que los elementos policiacos sustrajeron cámaras, celulares y equipo de comunicación de integrantes de medios independientes y alternativos quienes acudieron a la alcaldía de Tlalpan para coberturar la represión.
Karen Castillo puntualizó que documentaron el monto de los equipos robados, a más de cinco medios y periodistas, el cual asciende a 200 mil pesos, ante lo cual presentaron denuncias ante la Fiscalía de Asuntos Especiales.
Castillo, quien también fue agredida, resalto que darán seguimiento a las denuncias interpuestas por la violencia de los elementos policiacos quienes cometieron actos transfóbicos, insultos racistas y, contra las mujeres, desnudos forzados que constituyeron actos de tortura sexual.
