Intervención silenciosa y suave de EEUU a México

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29 diciembre, 2024

El pasado 27 de noviembre la revista digital Rolling Stone publicó un reportaje controversial que llamó la atención de diversos analistas en México y Estados Unidos, relacionada con una posible intervención militar estadounidense a territorio mexicano para contrarrestar a los cárteles de las drogas. La revista de espectáculos que, aunque no cita la fuente, señala que un destacado miembro del presidente electo, Donald Trump, cuestiona “¿hasta qué punto deberíamos invadir México?”.

De acuerdo con Rolling Stone, el equipo de transición de Trump está discutiendo abiertamente la viabilidad de atacar a los cárteles mediante operaciones militares, incluso, otra vía que debaten, es lo que llaman una “invasión suave” de México donde grupos de élite podrían ingresar al territorio mexicano de forma encubierta, cuyo objetivo, afirma la revista es “asesinar a los líderes de los cárteles”.

Esta descabellada idea, promesa de campaña de Trump, no está fuera de la realidad, ya que la doctrina militar de los Estados Unidos viene implementando diversas estrategias para ingresar, intervenir e invadir diversos países. Desde el año 2017, en el primer mandato de Trump, a través del Comando Sur, dirigido en ese momento por el Almirante Kurt Walter Tidd, se actualizaron diversas incitativas militares a nivel Latinoamérica, para ser ejecutadas hasta el año 2027, llamada Estrategia del Teatro 2017-2027.

El Comando Sur (USSOUTHCOM, por sus siglas en inglés) es uno de los 11 comandos militares unificados pertenecientes a Estados Unidos, con influencia en Centro y Sudamérica, incluyendo el Caribe.

La columna vertebral de esta estrategia ha girado en torno a lo que Estados Unidos (EEUU) denomina como enemigos establecidos en diversas esferas llamándolos como Redes Ilícitas Transregionales y Transnacionales (T3Ns, por sus siglas en inglés), mediante el cual han justificado diversos ejercicios militares, campañas de ayuda humanitaria, apoyo para organizaciones de derechos humanos, periodistas, entre otras, en diversos países de la región.

Para el Almirante Tidd, el cuidado de la seguridad nacional de EEUU, así como de los 31 países y 16 dependencias en América Central, América del Sur y el Caribe, área de influencia del Comando Sur, se presenta como una oportunidad para endurecer “la cooperación bilateral y ampliar la cooperación a dimensiones trilaterales, multilaterales o transregionales”, señala en su documento presentado al congreso estadounidense en 2017.

De tal forma que lazos de cooperación están engarzados a la lógica de la denominada “Teoría del éxito: una red de redes”, parte de la misma estrategia del teatro que, al justificar el desmantelamiento de las llamadas redes ilícitas, se prioriza la conformación de una red de aliados, dentro y fuera del territorio estadounidense a través de “coparticipes interagenciales, regionales y no gubernamentales trabajando conjuntamente para interrumpir las redes subalternas T3N (financieras, de transporte, de liderazgo, etc.) y afectando las condiciones subyacentes que les permiten crecer”, señala el documento de la Estrategia.

El Comando Sur ha desdoblado su Estrategia de acercamiento con los países aliados de forma gradual, con el objetivo de buscar una “presencia directa de una Defensa Escalonada contra la amenaza de las redes ilícitas”. Además, reza el documento, también se ha establecido a un acercamiento directo a través de organizaciones no gubernamentales.

“SOUTHCOM se asociará con la sociedad civil, el sector académico, el sector privado y las poblaciones que extienden la gobernabilidad, mejoran la resiliencia de la comunidad, amplían las oportunidades económicas y sociales y ayudan a las poblaciones vulnerables a resistir la influencia corrupta proveniente de la existente amenaza por parte de las redes ilícitas, y de los actores externos inicuos o perversos”, destaca el Plan de Campaña del Teatro 2017-2027, así la mayoría de sus acciones no son novedad, sino que, siguen una ruta de acción trazada para una década y que va evolucionando de acuerdo a los acontecimientos geopolíticos.

México

En el caso de México, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder en 2018, el Comando Sur, por primera vez, ingresó a territorio mexicano para llevar acabo los ejercicios militares denominados Tradewinds 2022. El gobierno mexicano fue “coanfitrión de Tradewinds desde que el ejercicio se realizó por primera vez en 1984”, sostuvo la general Laura J. Richardson, quien asumió el mando del Comando Sur desdeel año 2021.

El Departamento de Defensa de los EEUU señaló que estos ejercicios fomentan la coordinación regional y subregional, que permite a las fuerzas estadounidenses y a sus socios cumplir con sus objetivos estratégicos. En el caso de Tradewinds 2022, realizado entre México y Belice, con la participación de más de mil militares de diversos países, estuvo enfocado en la coordinación regional para la lucha contra las “organizaciones delictivas organizadas transnacionales y contra las organizaciones extremistas violentas”, agregó el Departamento de Defensa en su boletín informativo en abril del 2022.

Por otra parte, la Secretaría de Marina de México detalló que otro de los objetivos fue “mejorar la capacidad de defensa de las Zonas Económicas Exclusivas”, ya que México alberga la decimotercera zona de esta índole, de una superficie que comprende más de 3 millones de km², establecidas en el Océano Pacífico, el Golfo de California y el Golfo de México.

La intervención de militares estadounidenses a México se volvió a repetir en diversas ocasiones durante el gobierno de López Obrador, como la del 2023, cuando el Comando Norte (USNORTHCOM, por sus siglas en inglés) ingresó a Baja California Sur para complementar actividades de adiestramiento previo al Ejercicio Bilateral Anfibio bautizado como “Fénix 2023” y para reforzar la cooperación a través del Batallón de Artillería de la Fuerza de Tarea “Fénix 2023".

De acuerdo con la Plan de Campaña del Teatro, los ejercicios militares, junto a las llamadas Fuerzas de Tarea Conjunta implementadas en diversos países de Centro y Sudamérica, forman parte de la red regional “para poder llevar acabo los objetivos establecidos” de la Estrategia 2017-2027.

Pareciera ser que el primer ejercicio militar abrió las puestas del territorio mexicano al teatro de operaciones 2017-2027, y de ahí siguieron una serie de iniciativas más. El congreso mexicano aprobó la entrada de las Fuerzas Especiales pertenecientes al Comando de Operaciones Especiales Norte (SOCNORTH por sus siglas en inglés) en enero pasado con el fin de adiestrar a militares de élite de la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) en los municipios mexiquenses de Temamatla y San Miguel de los Jagüeyes, al oriente y norte de la Ciudad de México, respectivamente.

SOCNORTH es un componente del Comando Norte – Comando unificado con influencia en Puerto Rico, Canadá, México y Las Bahamas- que planifica y ejecuta operaciones especiales en todas las áreas de influencia, destinado a identificar, disuadir y desbaratar amenazas, al tiempo que posiciona a EEUU para obtener ventajas estratégicas, enmarcadas en la Estrategia del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica y el Mando Norte de EEUU (2021 N–NC Strategy), el cual viene desarrollando lo que califican como “Experimentos de Dominio Global de la Información (GIDE), en asociación con el Centro Conjunto de Inteligencia Artificial”.

SOCNORTH organiza sus operaciones en tres entornos operativos distintos: la región ártica, el territorio continental de Estados Unidos y sus accesos marítimos, así como la región meridional, incluyendo México.

En el resto del año 2024 al Comando Norte tuvo presencia, al menos en dos ocasiones más, con las actividades de Entrenamiento de Ejercicios Combinados Conjunto (JCET por sus siglas en inglés), llevado en el Centro Nacional de Adiestramiento (Santa Gertrudis, Chihuahua), entre el 9 de abril al 16 de mayo de este año 2024. También en el mes de junio tuvieron un acercamiento con el ejercicio militar bilateral llamado "Fuerzas Amigas" en Ciudad Juárez. De este modo, tanto el Comando Norte y Sur han tenido presencia en el Sur, Centro y Norte de México, justificando la necesidad de cooperación con México.

El Departamento de Defensa del país vecino, señaló que los ejercicios estuvieron enmarcados en la “Cooperación de Seguridad de Teatro”, por la creciente inestabilidad en la región por la presencia de organizaciones criminales transnacionales que comercian con fentanilo, además, para abordar “preocupaciones geopolíticas”.

Claudia Sheimbaum y Trump

Donald Trump, quien asumirá por segunda ocasión la presidencia de los EEUU el 20 de enero del 2025, dijo en un discurso dirigido a los conservadores en Phoenix en el evento Turning Point USA que tipificará a los cárteles de las drogas de México como “Organizaciones Terroristas Extranjeras”, agregando que desatará todo el peso de la ley contra ellos. Con esto se anuncia la política de su gobierno con México, agregando otro capítulo que compone la Estrategia del Teatro, enfocado al concepto de “Terrorismo”, del cual hay amplia experiencia de EEUU para intervenir bajo esa política a diversos países, dejando daños colaterales irreversibles, como la invasión a Irak y Afganistán.

En el marco de la política antiterrorista de EEUU, la Estrategia 2017-2027 establece que todas las piezas posibles se mueven para cumplir con los objetivos. Ello significa que se incluyen otros actores que colaboran con el Comando Sur y Norte, desde organismos federales y socios regionales, “para detectar y desarticular actividades terroristas y reforzar la legislación antiterrorista”, para la “creación de nuevos delitos penales relacionados con el terrorismo” advirtió el Almirante Faller desde 2019.

El domingo (22), la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, se pronunció argumentando que la relación con el gobierno de Trump es de colaboración. “Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar”, señaló Sheinbaum.

Además, la mandataria mexicana remarcó que “México es un país libre, soberano, independiente y no aceptamos injerencismo. Es colaboración, es coordinación, pero no es subordinación. Y vamos a ir construyendo la paz”, arremetió.

Mientras tanto, en materia de Cooperación militar, al finalizar el 2024, la mandataria mexicana solicitó al Congreso de México la autorización para permitir el ingreso de una aeronave C-130 Hércules, de la Fuerza Aérea de EEUU, con una delegación de militares adheridos al Comando Norte, para continuar con el adiestramiento a Sedena, del 27 de enero al 28 de marzo de 2025. Es así como arranca la relación bilateral en ambos países para el nuevo periodo de gobierno de Trump.

Nuevo huésped en la embajada

Por si fuera poco, tras su victoria en la contienda electoral, Trump anunció a su candidato para embajador de México, el coronel retirado Ronald Douglas Johnson, una ex boina verde con amplia experiencia en la inteligencia y espionaje. El candidato ha prestado su servicio por más de 30 años a EEUU, inicialmente en el Ejército y luego en inteligencia. Actualmente, es enlace científico y tecnológico de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) con el Mando de Operaciones Especiales en Tampa. Fue asesor del Comando Sur, gestionando colaboraciones interagenciales en áreas como narcotráfico, terrorismo y salud pública.

“Juntos, pondremos fin a la delincuencia migrante, detendremos el flujo ilegal de fentanilo y otras drogas peligrosas hacia nuestro país y, haremos que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, dijo Trump al anunciarlo.

Aunque las palabras de Trump pueden parecer fuera de lugar, lo cierto es que, al mover esta pieza a la Embajada de México, está colocando al alfil en el tablero, pues el propio Almirante Faller ya había advertido que los equipos de asuntos civiles “colaboran estrechamente con las embajadas estadounidenses y USAID”, en sus iniciativas de ayuda humanitaria, intercambio de información, grupos criminales y en políticas antiterroristas, para ello, Jhonson tiene amplia experiencia y, al no haber ningún obstáculo por parte de México, el especialista en inteligencia y espionaje podrá trabajar como mejor le parezca al servicio de EEUU.

El candidato a embajador también ha trabajado en diversos asuntos en la región latinoamericana, como el tema de refugiados, lucha contra los estupefacientes, lucha antiterrorista, derechos humanos y control de enfermedades víricas tropicales. El Sr. Johnson es licenciado por la Universidad del Estado de Nueva York y máster por la Universidad Nacional de Inteligencia.

A pesar del ir y venir de los discursos de ambas naciones, la doctrina militar estadounidense es clara y tajante en su estrategia al asumir lo que denominan como“puntos fuertes y de oportunidades” que se presentan en torno al cuidado de la “democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho, y las relaciones entre militares arraigadas en la educación, la cultura y los valores- se combinan con una preocupante serie de retos y amenazas a la seguridad mundial y a nuestra patria”, puntualiza el documento de la Estrategia estadounidense.

Con el buen español que habla ex Boina Verde, con certeza, también dará continuidad a su cabildeo en proyectos estratégicos en la república mexicana, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Plan Sonora, el despliegue de gasoductos por donde atraviesa el gas proveniente de EEUU, entre otros, como lo hizo el actual embajador Ken Salazar. A esto se le puede llamar una intervención blanda, diplomacia, o como se le quiera llamar, lo cierto, es que el país vecino a ampliado su influencia militar y civil en el territorio mexicano y hoy lo hace de forma abierta con sus ejercicios y colocando a un especialista en espionaje como el nuevo embajador.

Canadá: Momento decisivo de la lucha de los Gitxsan contra gasoducto PRGT

Por

Renata Bessi

23 diciembre, 2024

^{En portada: Jóvenes gitxsan y simpatizantes protestan contra proyecto de gasoducto en la Columbia Británica que afecta territorios de poblaciones originarias en Canadá. Foto de Mike Graeme}

La nación Gitxsan es un pueblo originario que vive en el noreste de la Columbia Británica, provincia localizada al oeste de Canadá, entre el mar Pacífico y una cadena de montañas. Las comunidades del pueblo Gitxsan viven principalmente en las orillas de los ríos del abundante sistema fluvial de su territorio, entre ellos los ríos Skeena y Kispiox. Estos ríos son conocidos por ser el lugar donde habita el salmón.

Tan importante es la existencia de este pescado en la región que “nos llamamos gente del salmón”, comparte para Avispa Mídia Jesse Stoeppler, de la nación Gitxsan, miembro de la comunidad Hagwilget Village, formada por aproximadamente 350 personas. “Al igual que nuestros pueblos vecinos - como los Tsimshian y los Nisga'a -, dependemos de la salud de la población de los salmones. Nuestra cultura depende del salmón, nuestra alimentación depende del salmón, nuestros bosques dependen del salmón. El ADN del salmón se encuentra en los árboles y en las plantas”.

El pueblo de Gwii Lok - como es conocido Stoeppler en la lengua de los Gitxsan -, así como otros pueblos de la región, ha entablado desde por lo menos una década una lucha para defender su territorio de los gasoductos proyectados para transportar gas metano, que es extraído en la misma provincia, hacia regiones del mar Pacífico. Ahí, pasa por un proceso de licuefacción para ser exportado vía navíos principalmente a Europa y Asia.

La técnica utilizada para la extracción del gas es la fractura hidráulica (fracking). “Las empresas utilizan millones y millones de litros de agua. Nuestra región, donde hay agricultores, bosques y salmones, está en sequía extrema. Ya no hay suficiente agua en nuestros ríos para que viva el salmón. Nuestros lagos son cada vez más pequeños. La mayoría de nuestras comunidades carecen de agua potable. Los pozos están envenenados”, cuenta Gwii Lok.

*^{Gitxsan significa «gente del río Mist», que refleja su profunda conexión con el río Skeena, que fluye a través de sus tierras. Foto de Mike Graeme.}*

Por el territorio de los Gitxsan, conformado por 33 mil kilómetros cuadrados, cruza el gasoducto Coastal GasLink, de la empresa TransCanadá Energy (TC Energy), finalizado en 2023, y que ha enfrentado fuerte resistencia por parte de los pueblos Wet’suwet’en y Gitxsan que sufrieron, por años, la violencia policial, acoso por parte de la empresa y la vigilancia de sus defensores de la tierra.

Por lo menos otros ocho proyectos, según Gwii Lok, están en camino, siendo que uno de ellos, de 900 kilómetros de extensión, empezó a ser construido en agosto de 2024, cuando empezó la tala forestal en el trazado del proyecto. Es el gasoducto Prince Rupert Gas Transmission (PRGT), que fue vendido en mediados de 2024 por la empresa TC Energy a la nación Nisga’a y a la empresa Western LNG LLC, con sede en Texas. En abril, mientras se construía el acuerdo de venta del gasoducto PRGT, otro de los gasoductos de TC Energy explotó en la provincia de Alberta, provocando un incendio forestal y contaminando el medio ambiente.

El gasoducto PRGT debe llevar gas metano desde Hudson’s Hope, en el noreste de la Columbia Británica, hasta una instalación de exportación de ese gas, en el noroeste de ésta provincia, cuya ubicación exacta aún no se ha confirmado, para pasar por el proceso de licuefacción.

Las centenas de kilómetros de ducto atravesarán diversos territorios de pueblos originarios, más de mil arroyos, ríos, lagos y fiordos, según un informe de Amnistía Internacional de Canadá, que da seguimiento al caso desde hace años.

Ahora los pueblos viven un momento decisivo. El destino del gasoducto PRGT está incierto, después de que su certificado de evaluación medioambiental expiró en noviembre de 2024.

En 2014, el gobierno aprobó el certificado “pese a que éste concluía que el proyecto tendría importantes efectos adversos y aumentaría las emisiones de gases de efecto invernadero”, sostiene Amnistía Internacional.

Ahora, la Ministra de Medio Ambiente y Parques de la Columbia Británica, Tamara Davidson, decidirá si hace permanente ese certificado y permite que el megaproyecto siga adelante, o si exige una nueva evaluación ambiental que ralentizaría la continuación del proyecto dos o tres años, pero no le pondría fin definitivamente. Esa decisión se espera para marzo de 2025.

Una de las preocupaciones de Amnistía Internacional es que la construcción del gasoducto fue iniciada sin que haya un punto de final aprobado. “El actual certificado de impacto ambiental se basa en el trazado del gasoducto con final en la isla de Lelu [donde hubo resistencia por parte de los pueblos y que acabó siendo cancelado]. Puesto que esto ya no es así, y el trazado del gasoducto probablemente se modificará si el proyecto sigue adelante, es más necesaria que nunca una nueva evaluación de impacto ambiental”, sostiene Amnistía Internacional.

*^{Protestas contra proyectos de gasoductos en tierras de naciones originarias de Canadá.}*

Organizaciones nacionales e internacionales, como Peace Brigades International -Canada, instan a que el gobierno garantice que se lleve a cabo una nueva evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto de PRGT. “Las circunstancias han cambiado considerablemente desde 2014. Las condiciones económicas y medioambientales no son ya las mismas, y el cambio climático va en aumento. Los ríos locales son más cálidos y menos caudalosos, la población de salmón y otros peces y fauna corre mayor peligro, y la mayor frecuencia de los incendios tiene un impacto cada vez más fuerte en la región”, sostienen en una llamada internacional de acción contra el gasoducto.

Exigen que se emprenda de “forma urgente y transparente un proceso de consulta con los pueblos indígenas por los que pasa el trazado del gasoducto, un proceso que sea conforme con el derecho y las normas nacionales e internacionales de derechos humanos”.

Además, apuntan que, como emisor histórico de gas carbónico, Canadá tiene un mayor deber de detener la concesión de licencias de nuevos proyectos de extracción de combustibles fósiles. Desde 2021, alegan, la Agencia Internacional de la Energía ha advertido que los nuevos proyectos de combustibles fósiles mantendrían el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero e incumplirían el requisito de lograr cero emisiones netas en todo el mundo para 2050.

A lo largo de los años los Gitxsan y sus aliados han realizado acciones de protestas, han montado bloqueos y campamientos en las orillas del trazado propuesto del gasoducto y han presentado denuncias judiciales contra el proyecto. En 2016, durante los primeros intentos de construcción, se levantó el campamento Madii Lii, que se mantiene hasta hoy, para bloquear el acceso al derecho de paso del gasoducto en el valle de Suskwa.

La resistencia al megaproyecto continúa mientras se espera una decisión por parte de las autoridades ambientales canadienses. “Si se construye el gasoducto cruzando nuestro territorio, después que todas las máquinas sean retiradas, es nuestra gente la que quedará con la destrucción, nos quedará familias rotas, y perderemos mucho de nuestro territorio”, dice Gwii Lok.

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Avispa Mídia platicó con Gwii Lok durante el encuentro continental Construyendo una Alianza contra Gasoductos y Otros Megaproyectos en Defensa de los Territorios de los Pueblos Originarios, realizado en Matías Romero, en el Istmo Tehuantepec, en Oaxaca.

En lo que sigue, destacamos partes de la entrevista en las que el Gitxsan constata la destrucción histórica de sus territorios, promocionada por el Estado canadiense, pero también partes en las cuales resalta estrategias y los detonantes de la resistencia. “El dinero no conoce fronteras, pero nosotros tampoco las conocemos”, dice.

En Canadá, la colonización continúa

Hemos vivido en nuestras tierras desde hace miles de años. De hecho, ayudamos a los colonos cuando llegaron. Sin embargo, no hemos recibido la misma cortesía. Tras el contacto, perdimos a muchos, muchos de nuestros hijos, por ejemplo, en internados y escuelas residenciales.

La desaparición de nuestros hijos afectó a las generaciones sucesivas. Estas escuelas no tenían un patio de recreo. Estas escuelas tenían un cementerio adjunto. El último internado se cerró en 1996. Cada persona de nuestra comunidad y de nuestras comunidades vecinas tiene a alguien en su familia que no regresó a casa de estas escuelas.

Las amenazas y muertes continúan. Nos amenazan, amenazan a nuestras mujeres y niños, entran por la puerta de nuestras casas con motosierras. La industria en Canadá creó toda una nueva división de policía militarizada sólo para nosotros. Esto ocurre en un momento en que nuestro país, Canadá, habla de reconciliación con los pueblos indígenas. Nos enfrentamos a la reconciliación a punta de pistola. Nos vemos obligados a ver cómo se destruyen nuestras tierras. Hay gente que está siendo asesinada. Canadá tiene una larga historia al respecto.

Las mismas estrategias

Las mismas estrategias utilizadas por empresas y gobierno contra nosotros en nuestros territorios son utilizadas en territorios de pueblos en otros países. Deseo pedir perdón ante ustedes [dirigiéndose a los pueblos presentes en el encuentro intercontinental]. Disculpas porque muchas de estas operaciones son de empresas canadienses. Así como nos tratan, así tratan a los demás pueblos indígenas en el mundo. Toman nuestros recursos, toman nuestros territorios, toman nuestros niños, nos matan. Pero no tenemos miedo, hemos resistido por generaciones. Creemos en lo que hacemos y en lo que somos. Y esta es la manera por la cual hemos sobrevivido por miles de años. Y esta es la paz que los gobiernos electos de Canadá no entienden. No entienden que algunas personas no pueden ser compradas.

Hacerse visibles

La Nación Gitxsan y la Nación Wet'suwet'en han luchado durante décadas por el reconocimiento de sus territorios ante el Tribunal Supremo de Canadá y finalmente ganaron las acciones legales y recibieron el reconocimiento de que nuestros territorios nunca han sido cedidos, nunca hemos renunciado a la titularidad.

Infelizmente tenemos que ir a la Corte para demostrar que existimos. Primero hay que hacernos visibles para poder tener derechos. Y esta estrategia ha sido usada en diversas partes de América Latina. No estamos robando a nadie como pueblos indígenas, solo queremos conservar lo que es nuestro.

También estamos intentando recurrir a tribunales internacionales. Hemos emprendido acciones legales contra Canadá una y otra vez. Estamos recibiendo ayuda de las Naciones Unidas y de organizaciones internacionales. Pero nada es tan fuerte como la unidad con nuestros parientes y otros pueblos indígenas de todo el mundo.

Conocer el territorio

Es muy importante conocer el estado de su tierra y su territorio. Lo que quiero decir es que, antes de que tus tierras se vean afectadas por la industria y los megaproyectos, en los casos en que no se logra detenerlos, tienes que conocer la salud de tu medio ambiente para poder demostrar que las empresas lo han envenenado. Tener elementos para probarlo es muy importante.

Fortaleza

Nuestra ventaja más fuerte en esta lucha contra nuestros propios gobiernos e industria es la unidad dentro de nuestras naciones, la unidad con nuestras naciones vecinas, la unidad entre Gitxsan y Wet’suwet’en por un objetivo común.

Además, es cada vez más fuerte y eficaz el uso y la ocupación cotidiana de nuestras tierras. Ya no vivimos en las ciudades, vivimos en nuestra propia tierra. Nunca olvides quién eres, tu herencia, tu lengua, tu cultura, tu tradición. Todo eso define quién eres y te fortalece.

Futuras generaciones

Nosotros recibimos una canasta. La tenemos que pasar a la siguiente generación. Y esta nueva generación recibirá lo que yo deje en esta canasta. Es mi obligación no disminuirla; yo debo dejarla como la recibí. En esto se basa todas mis tomas de decisiones.

TMEC favorece a EEUU en disputa por maíz transgénico sin pruebas de que no daña a la salud

Por

Jeny Pascacio

22 diciembre, 2024

El panel constituido conforme el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) falló, el 20 de diciembre, a favor de Estados Unidos al considerar que elementos del decreto presidencial de México, firmado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2023, que prohíbe el glifosato y maíz genéticamente modificado, no pueden aplicarse “al no estar basadas en una evaluación de riesgo adecuada, evidencia científica y en normas internacionales relevantes”.

El panel de controversias fue solicitado por Estados Unidos luego de que México prohibió la importación de maíz genéticamente modificado (GM). El gobierno mexicano dijo no compartir la determinación del panel, pero la respetará.

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La campaña nacional “Sin maíz no hay país” sostiene que el panel comercial no tiene la legitimidad ni la capacidad para evaluar las medidas adoptadas por un país, destinadas a proteger la salud de su población, preservar su riqueza biocultural y salvaguardar el reservorio genético de un cultivo que, por su volumen de producción y diversidad de usos, es el más importante del mundo.

De acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Nuestro, México cuenta con 64 razas de maíz, de las cuales 59 pueden considerarse nativas. En 2021 la producción del grano fue de más de 27 millones de toneladas y es tan importante que se cultiva en los 32 estados del país.

“Por ello, bajo ninguna circunstancia un tratado comercial puede estar por encima de la soberanía de México”, sostienen las redes, organizaciones y personas que integran la campaña nacional.

Para asegurar y fortalecer la posición de México, mencionan la importancia de elevar a rango constitucional la prohibición de la siembra de maíz genéticamente modificado y su consumo como alimento básico.

Al respecto, hace unas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó en su conferencia que para protección del grano se puede elevar a rango constitucional el decreto presidencial. La iniciativa fue presentada en el paquete de reformas presentado a inicios del 2024 por López Obrador, algunos meses antes de dejar la presidencia.

La reforma a los artículos 4° y 27° se enfoca, entre otros asuntos, en declarar a México país libre de maíz genéticamente modificado (GM) para la siembra y consumo humano, y por el reconocimiento del maíz como alimento básico y elemento de identidad nacional, sin la intromisión mercantil.

La iniciativa habla de la modificación del párrafo tercero del artículo 4° constitucional que declara al maíz elemento de identidad nacional, libre de modificaciones genéticas transgénicas; mientras el quinto párrafo se establece la obligación estatal de asegurar la conservación y manejo sostenible de la biodiversidad nacional.

En la fracción XX del artículo 27, se establece la obligación del Estado de promover las condiciones para el desarrollo rural integral y garantizar el “óptimo uso de la tierra libre de cultivos y semillas de maíz genéticamente modificado”.

En agosto de este año, la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y se remitió a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales. En la página oficial de los legisladores mencionan que a partir del decreto, el ingreso al país de maíces genéticamente modificados únicamente debe permitirse en la modalidad de maíz quebrado, grano fragmentado, de manera que carezca de capacidad para germinar a menos que se cuente con una evaluación de los riesgos a la salud que tenga en cuenta las prácticas de consumo, diversificación, resguardo, comercialización, industrialización y distribución que puedan provocar la mezcla con maíces libres de esta tecnología.

Por otro lado, en el informe final sobre la controversia, en respuesta a la pregunta del panel respecto de si el decreto de 2023 podría modificarse, México respondió que es extremadamente difícil responder en ausencia de constataciones y razonamientos específicos.

México recordó en las controversias que, si se viera obligado a modificar el decreto de 2023, “estaría retirando medidas consideradas necesarias para cumplir con las obligaciones legales de México con los pueblos indígenas”. En este caso el panel no tuvo comentarios.

Controversias

Con la instalación del panel, desde el 2023 inició el proceso en el que ambos países presentaron argumentos escritos para emitir una resolución el 14 de diciembre. Pero el fallo ocurrió seis días después, el 20 de diciembre.

El panel estuvo integrado por Christian Häberli, de Suiza, presidente del panel; además de los panelistas Hugo Perezcano Díaz, de México; y Jean E. Kalicki, de Estados Unidos. Además, de expertos en comercio internacional y aspectos legales vinculados con procesos comerciales.

“Sin maíz no hay país” señala que no son científicos, ni especialistas en salud pública o ambiental. Su labor se limita a resolver la controversia administrativa presentada por Estados Unidos contra México, sin considerar los posibles impactos del maíz genéticamente modificado en la salud, la biodiversidad o el medio ambiente del país.

En un contexto de 30 años México ha documentado los efectos del uso de la biotecnología en los alimentos y en la biodiversidad de cultivos. El gobierno de México presentó ante el panel la recopilación de artículos científicos y dictaminados por pares.

Estados Unidos presentó investigaciones financiadas por la propia industria e incluso panfletos publicitarios, que no comprueban que el maíz genéticamente modificado es inocuo para la población mexicana.

Para la campaña nacional ‘sin maíz no hay país’ desde hace nueve años la agroindustria tiene la posibilidad de realizar todos los estudios científicos para evaluar los efectos a la salud y al medio ambiente por la siembra de maíz GM en México, bajo supervisión judicial y de la colectividad demandante, pero “al día de hoy se ha rehusado a realizar cualquier estudio en México”.

*^{La importancia de la conservación del maíz nativo mexicano.}*

“El gobierno mexicano ofreció a EUA realizar una evaluación de riesgos conjunta que cubriera las necesidades de ambas poblaciones, lo que EUA se negó a realizar por considerarla innecesaria. [La decisión del panel] evidencia los riesgos que representa que los alimentos básicos sean parte de los tratados comerciales y sean considerados como una mercancía y no como un bien prioritario para la humanidad”, enfatiza un comunicado de la campaña nacional.

La representación de EUA también reiteró que el decreto presidencial de México obstaculiza el libre comercio, pero a decir de las organizaciones, el argumento carece de fundamentos, pues las importaciones de maíz han crecido en los últimos años, concentrándose principalmente en grano destinado al consumo animal, con base en las cifras oficiales de importación.

“Es esencial que sigamos exigiendo al gobierno de México que mantenga su postura firme en contra del maíz GM ante los intereses transnacionales. Este debate ha evidenciado deficiencias en los sistemas internacionales de evaluación de organismos genéticamente modificados y sus riesgos para la salud humana y ambiental”, enfatiza. En el panel tampoco evaluaron las implicaciones en la diversidad del maíz que es fundamental para contender contra los fenómenos derivados del cambio climático.

La raíz

México es centro de origen, domesticación y diversidad del maíz, y tiene el acervo genético más grande del mundo, de acuerdo al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), resultado del mejoramiento a manos de campesinos desde hace 10 mil años.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se emitieron dos decretos presidenciales que prohíben la importación del maíz genéticamente modificado (GM) para siembras agrícolas, para evitar los riesgos en la biodiversidad de los maíces nativos y la salud humana.

En el primer decreto, publicado en 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se hace el planteamiento sobre restricción general al maíz genéticamente modificado, pero la disposición carecía de claridad.

Para febrero de 2023 se publicó un nuevo decreto que sustituye al previo y que, además, de la prohibición de este maíz para consumo humano, prevé la sustitución gradual y especifica, por ejemplo, que ya no pueda ser importado el maíz genéticamente modificado, que no se otorguen permisos para la siembra, no debe existir este maíz en el alimento de la población mexicana (en la industria de la masa y la tortilla) y que gradualmente ese maíz tampoco deberá estar presente en la industria pecuaria y otros usos industriales alimentarios.

Partiendo de que la exportación estadounidense de maíz a México es un negocio de 5 mil millones de dólares, es decir, es enorme, destaca Tania Monserrat Tellez de ‘sin maíz no hay país’, “entonces EEUU para presionar a México, y que nosotros quitáramos esas disposiciones, comenzó a activar algunos artículos del Tratado Comercial”.

*^{Un trabajador supervisa la transferencia de maíz a un camión de transporte de grano durante una cosecha en Leland, Mississippi, EE.UU.}*

Tras la publicación del decreto en el DOF, en agosto de 2023, Estados Unidos solicitó un panel de controversias con México sobre la biotecnología agrícola, en específico del maíz genéticamente modificado y se amparó en el Artículo 31 del T-MEC.

El Artículo 31 establece que cuando un país considera que otro está incumpliendo con el acuerdo se pueden realizar consultas técnicas, esto permite los cuestionamientos de EEUU a México respecto a las regulaciones que adoptó.

“Desde que inició el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), en la sociedad mexicana hubo voces muy críticas respecto de la inclusión de granos básicos, entre ellos el maíz desde 1994. Ahora, este es resultado justamente de esa entrega de nuestro país, del mercado, de nuestra alimentación a partir de la firma”, lamenta Tellez.

“Hay que aclarar que lo que se cuestiona en el panel no es si los transgénicos hacen daño o no, lo que está en cuestionamiento en el panel es una cuestión de procedimiento de si México cumplió con el proceso que establece el T-MEC para establecer una disposición como el decreto”, explica.

La sociedad civil de México, Estados Unidos y Canadá participó en el panel y se pronunció contra la presión de EEUU a México que hace a través del T-MEC. Las organizaciones de México buscaron ampliar la discusión dentro del panel con más elementos.

Aportaron en la figura de Opiniones Técnicas que consiste en que cualquier entidad no gubernamental puede solicitar ante el panel el envío de una opinión técnica y, en términos generales, se aceptaron las emitidas por las organizaciones de México y de EEUU algunas fueron desechadas.

“Las de Canadá fueron rechazados porque es un país tercero interesado y argumentaron que no era parte de la controversia”, explica la representante de ‘sin maíz no hay país’. Pero, dentro de todos los argumentos de la sociedad civil, solo uno no era favor de México.

En marzo de 2024 se presentaron opiniones escritas de manera formal ante el panel y, en ellas, las organizaciones buscaron incorporar distintos elementos como el impacto a la gran diversidad de maíces en México como centro de origen y diversificación del cultivo; los impactos al patrimonio biocultural, al derecho a la salud y para apelar a una medida precautoria ante la inexistencia de pruebas sobre las industrias que dedican a su creación y distribución.

Pero el proceso del panel de controversias siguió sin la participación formal de las organizaciones porque no hay otro mecanismo contemplado dentro del panel para que la sociedad participe. “Lo que hicimos fue organizar una campaña de difusión de lo que estaba pasando en el panel, en redes sociales fundamentalmente”, señala Tellez.

Entre otras acciones, llamaron a firmar una carta que enviaron a los panelistas invitando a resolver en favor de la salud de las y los mexicanos, del patrimonio cultural y de los derechos medioambientales y culturales, en el contexto de una sesión presencial entre los países y los panelistas realizada en la Ciudad de México.

En ese tenor también se presentaron los resultados de la campaña de divulgación, así como las 125 mil firmas que lograron reunir contra el maíz genéticamente modificado.

Tras el fallo negativo a México, Tellez señala que no hay ninguna figura para la cual las organizaciones de la sociedad civil puedan apelar. “Nosotros creemos que el panel es un procedimiento que responde a una estructura que está hecha para que el libre comercio gane sin tomar en cuenta los daños que puede ocasionar, en este caso los derechos que afecta el que llegue el maíz transgénico a nuestro país”, sostiene.

EEUU no puede demostrar inocuidad del maíz

“Las empresas (de EEUU) han tenido la oportunidad de hacer solicitudes para siembra de maíz transgénico, pero no lo han hecho porque no quieren cumplir con el procedimiento de demostración de la inocuidad de esos maíces. Entonces, en todos estos años y fuera del marco de la demanda, ni la industria estadounidense ni el gobierno han desarrollado alguna evidencia para demostrar que el maíz es inocuo para la población. Consumimos once veces más maíz que en EEUU”, informa Téllez.

Ella señala que tampoco han demostrado lo propio en términos del medio ambiente, tan es así que no han solicitado permisos para sembrar, “podrían hacerlo en el marco de la demanda”, pero, en realidad, no quieren ser sometidos a esas pruebas, “entonces no hay evidencia”.

“Nosotros cuestionamos: ¿Por qué quien compra tiene que demostrar que un producto que alguien está vendiendo hace daño? Es absurdo, en ninguna circunstancia un consumidor le demuestra al vendedor que lo que va comprar no hace daño. Estados Unidos debería probarlo y no lo ha hecho”.

La campaña nacional ‘sin maíz no hay país’ apela a la medida precautoria, al ser una figura jurídica en donde, ante la existencia de duda de daños de las citadas tecnologías, se deben tomar medidas de precaución, “y es lo que México está haciendo”.

En el panel de controversias, el gobierno mexicano nutrió su defensa con los argumentos de Conahcyt, Semarnat, Cofepris. La Secretaría de Economía mantuvo un equipo jurídico que llevaba a cabo la defensa.

Contaminación comprobada

De acuerdo al Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), de enero a noviembre de 2023, a México entraron más de 18 millones de toneladas de maíz genéticamente modificado. Aunque, la exportación de este grano tiene una historia muy larga, desde los 90’s con el TLCAN hubo un crecimiento mayor de la importación.

En el 2001 se presentaron los primeros reportes sobre la presencia de transgenes provenientes de organismos genéticamente modificados (OGM) en granos nativos de la Sierra de Oaxaca. El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) realizó un análisis por técnicas moleculares de 5,304 muestras de maíz nativo en México en el periodo de 2000 a 2023.

Lo anterior es parte de la Evaluación de la Presencia de Secuencias Genéticamente Modificadas en el Maíz Nativo de México, que también destaca que de 2009 al 2023, el porcentaje de presencia de transgenes a nivel nacional aumentó de un 1% a un 33%.

En cuanto a las 5,304 muestras analizadas, Conahcyt demostró que el 12 %, es decir, 644 presentaron secuencias genéticamente modificadas. La mayoría se concentra en ocho de las 32 entidades del país, es decir el 26% del territorio.

La región sur del país se presentan una mayor cantidad de datos y estudios, principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas, aunque la Ciudad de México y Puebla son los territorios donde se encontraron los valores más altos de la presencia de secuencia GM, de 35 % y 27 % respectivamente.

“Se observó que después de la etapa de liberación de maíces genéticamente modificados en el país (2005 al 2012) hubo un notable incremento en la presencia de transgenes en los estados de Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sinaloa”, señala el estudio.

A través de estos resultados, el Consejo urgió la necesidad de desarrollar estrategias a corto plazo para mitigar la propagación de transgenes en el maíz nativo; propuso la divulgación del problema ambiental y cómo afecta en el acervo genético de México y a los productores.

Así también habla sobre el diseño e implementación de estrategias de bioseguridad para la protección de sus maíces nativos, que sean acordes a los conocimientos agrícolas tradicionales, sus creencias y su bioculturalidad para cada una de las regiones del país. Estos argumentos fueron presentados en el panel como parte de la estrategia de México en las controversias con Estados Unidos.

Paramilitarismo y desaparición forzada: flagelos históricos en Chiapas reconocidos por la Corte IDH

Por

Aldo Santiago

19 diciembre, 2024

^{En portada: Familiares de Antonio González Méndez sostienen un retrato del indígena ch’ol quien fue desparecido forzadamente por paramilitares en el año 1999. Foto: CDH Frayba.}

El pasado jueves (12), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hizo pública su sentencia en la cual declaró responsable internacionalmente al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, indígena maya ch’ol quien integraba las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En el denominado Caso González Méndez y otros vs México, la Corte IDH también responsabiliza al Estado por la falta de debida investigación en el paradero de González, quien tenía 32 años de edad en el momento en que fue desaparecido en el municipio de Sabanilla, el 19 de enero de 1999, en un contexto de intensificación de la violencia contrainsurgente en Chiapas tras el levantamiento zapatista del año 1994.

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La Corte asegura que la respuesta del Estado mexicano a la insurgencia indígena de los pueblos mayas fue la implementación del “Plan de Campaña Chiapas 1994” cuyas acciones, encaminadas por la Secretaría de Defensa Nacional, tenían como objetivo principal la destrucción de la estructura política militar del EZLN.

“En ese marco, surgieron grupos paramilitares, entre estos ‘Paz y Justicia’, que actuaban con apoyo, tolerancia y aquiescencia del Estado con el objetivo de neutralizar a las fuerzas consideradas enemigas”, sostienen los jueces del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Dentro de la sentencia existen señalamientos que indican que la última persona con la que González tuvo contacto tenía vínculos con el grupo paramilitar, elemento que consideró la Corte IDH para determinar la responsabilidad estatal en su desaparición forzada. “La Corte concluyó que, pese a diversas actuaciones, transcurridos más de 25 años desde la desaparición de Antonio González Méndez, esta permanece en impunidad, sin que se haya determinado su paradero ni las personas responsables”, sentencia.

*^{Antonio González Méndez, indígena maya ch’ol quien integraba las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Foto: CDH Frayba}*

En entrevista para Avispa Mídia, Chloé Stevenson, integrante del equipo de incidencia internacional del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba), califica la sentencia como histórica pues con ella la Corte IDH reconoce la violencia del Estado mexicano y coloca en el centro la importancia de verdad y justicia para otras víctimas de desaparición en el contexto de la contrainsurgencia.

Stevenson remarca que, en los 35 años de trabajo del CDH Frayba, la organización ha documentado decenas de casos de violaciones graves a los derechos humanos, los cuales están vinculados a la participación de grupos paramilitares y, en particular, por parte del grupo “Desarrollo, Paz y Justicia”, que operó sobre todo en la zona norte de Chiapas.

De acuerdo a la integrante del CDH Frayba, la sentencia reconoce que fue el Estado mexicano quien decidió crear, armar y entrenar a este grupo paramilitar para intentar eliminar la lucha zapatista. “En el caso de Antonio, hay una organización atrás y toda una visión política de tratar de eliminar, literalmente, a este movimiento a favor de la dignidad, de la libertad, de la autodeterminación de los pueblos de Chiapas y que hasta la fecha se ven las consecuencias de estas políticas de contrainsurgencia”, reflexiona Stevenson.

Desapariciones, ayer y hoy

Acorde a los jueces, el sentido de su sentencia se basó en un conjunto de indicios entre los cuales destaca el riesgo para las personas que fueran percibidas como miembros y simpatizantes del EZLN, en el contexto de la actividad paramilitar dictada por la política del Estado plasmado en el “Plan Chiapas”.

La Corte IDH enfatizó que la impunidad en este caso tiene un efecto colectivo, en la medida en que la sociedad desconoce la verdad sobre la violación de los derechos de una persona que participaba activamente en la vida política de su región. Como agravantes, se suma la negligencia en las acciones de investigación y búsqueda que coincidió con la impune operación de los paramilitares.

Por ello, además de señalar la afectación a la integridad personal de los familiares de González, la Corte ordenó al Estado mexicano la realización de acciones de reparación. Entre éstas deberá implementar un programa permanente de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de desaparición forzada, dirigido a agentes de Chiapas. También deberá crear un registro único y actualizado que permita identificar casos de despariciones.

De acuerdo a un análisis realizado por la Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), actualmente existe un ocultamiento de los casos de desaparición forzada de personas en Chiapas. Para el año 2024, el estado sureño contabilizaba 1,192 casos de desaparición. No obstante, acorde al análisis de la Red Lupa, entre los años 2019 y 2022 en Chiapas no ha se ejecutado ninguna sentencia condenatoria por este crimen, lo que la organización interpreta como una impunidad sistemática.

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“La regla en el Estado ha sido y continúa siendo la impunidad para todo tipo de delitos (…). La desaparición de personas está envuelta en una impunidad sistémica que trastoca los tres niveles de gobierno. Las cifras se ocultan bajo la alfombra para que la población crea que se ha puesto remedio a este problema”, sostiene el análisis.

*^{Minerva Guadalupe Pérez Torres, indígena ch'ol fue desaparecida el 20 de junio de 1996 en el municipio de Tila, zona norte donde operaba el grupo paramilitar "Paz y Justicia". Foto: CDH Frayba.}*

La Red asegura que la situación actual de falta de justicia está relacionada con los casos de “larga data”. Su lectura indica que los casos sucedidos entre 1995 y 2000, periodo en el que se contabilizan 37 personas desaparecidas, todos crímenes atribuidos a “Desarrollo, Paz y Justicia”, acontecidos en la zona norte de Chiapas dan muestra de la impunidad en que permanencen las desapariciones de ayer y hoy.

Stevenson coincide en que la desaparición forzada mantiene una continuidad histórica en la lógica para callar voces disidentes. “Todavía se desaparecen a personas defensoras de los derechos humanos, defensoras de la vida”. La integrante del CDH Frayba asevera que todas las desapariciones forzadas suceden como parte de un fenómeno sistemático, con un alto nivel de consentimiento y tolerancia por parte del Estado, a quien se debe señalar por sus acciones y omisiones para prevenir estos crímenes.

¿Paz y Justicia?

El “Plan Chiapas”, de corte militar y contrainsurgente, fue adoptado en 1994 y conocido públicamente hasta el año 1998. En éste, la Sedena se dispuso utilizar estrategias que iban desde la censura en medios de difusión masivos, la implementación de un centro de operaciones tácticas militares en la capital del Estado e incluso la participación de civiles para contribuir con las acciones del Ejército mexicano. “Organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados a órdenes de apoyo de nuestras operaciones”, se lee entre las directrices del plan.

Así, esta política elevó el riesgo para todos quienes fueran percibidos como miembros o simpatizantes del EZLN, cercanos a movimientos favorables a reivindicaciones indígenas, -en particular de autonomía y propiedad de la tierra- e incluso del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual se señalaba por contar con miembros en su estructura política que simpatizaban con la insurrección zapatista.

Para el año de 1995, cuando entró en vigor la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que colocó la posibilidad de negociación entre las autoridades federales y el EZLN, se consolidó la estrategia por dos vías del Estado mexicano: al mismo tiempo que prometía canales de diálogo, las autoridades mexicanas mantenían el uso de la fuerza con la intervención de grupos paramilitares.

Uno de los grupos paramilitares que surgió en este contexto fue “Paz y Justicia”, al cual se le atribuye la autoría de violaciones de derechos humanos: ejecuciones, desapariciones, el bloqueo de comunidades y caminos, la quema de casas y el desplazamiento forzado de familias y comunidades enteras.

Este grupo fue creado a inicios de 1995 en los municipios de Salto de Agua y Tila y ejemplifica la actuación coordinada entre grupos de poder de los sectores ganaderos, agroindustriales y políticos locales en conjunto con policías, fiscales y militares.

“Esta alianza promovió la creación de grupos paramilitares a partir de sus relaciones con autoridades legislativas y ejecutivas. Uno de los métodos fue mediante el apoyo que se dio a grupos paramilitares para que se conformaran como organizaciones de productores. Esto significa que las organizaciones podían recibir apoyos a la producción, es decir, obtener recursos federales y estatales para financiar la operatividad de estos grupos clandestinos y criminales”, asevera un análisis del paramilitarismo en Chiapas elaborado por Adrián Galindo de Pablo.

En el año 1997, el grupo paramilitar se constituyó formalmente como una asociación civil bajo el nombre de “Desarrollo, Paz y Justicia” y el 4 de julio de ese año celebró un convenio con el gobierno estatal de Chiapas, por el cual obtuvo un financiamiento de más de 4 millones de pesos, detalla el artículo “El paramilitarismo en Chiapas. Respuesta del poder contra la sociedad organizada”, difundido por el centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Esto ocurrió durante la gestión del ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, durante la cual sucedió la masacre de Acteal, donde se responsabiliza al grupo paramilitar “Máscara Roja”, que había recibido entrenamiento militar por parte del Ejército mexicano. “Procedimientos especiales de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales dieron cuenta de una situación general de impunidad respecto a los actos de grupos paramilitares”, destaca la Corte IDH en su sentencia.

Por su parte, Stevenson reflexiona que sí existe una continuidad de la violencia contrainsurgente. Es el caso de la zona norte de Chiapas, en las tierras bajas de Tila donde se puede observar a familiares, hijos de quienes integraron los grupos paramilitares en los noventas y que aún hoy perpetuan las actividades violentas.

En sus reflexiones en torno a la sentencia, la integrante del Cdh Frayba sostiene que la Corte está reconociendo que al tratar de reprimir y matar a las voces que se trataban de organizar para alcanzar la libertad de los pueblos indígenas de Chiapas, se sembró la semilla de la violencia de Estado, la cual está dando sus frutos actualmente, con el panorama de violencia generalizada y el miedo que genera en las poblaciones.

“Si te organizas, si denuncias, te matan o te desaparecen, esos son métodos del Estado muy eficientes”, sin embargo, para Stevenson es importante recalcar que aún con “el contexto de Chiapas, ante un panorama de un capitalismo tan brutal, tan salvaje, de una violencia criminal en un aumento tremendo, pues aún así los pueblos se siguen organizando, a lo mejor de una forma más defensiva, se están tratando más de proteger, pero aún así siguen en pie de lucha”.

*^{Familiares de Antonio González Méndez quien fue desparecido forzadamente por paramilitares en el año 1999. Foto: CDH Frayba}*

Para Stevenson es importante destacar que la sentencia de la Corte IDH ha sido un proceso de muchos años, en los que se hizo palpable la indolencia del Estado al nunca reconocer su responsabilidad. “En enero se va a cumplir 26 de la desaparición y aún no ha habido acciones de búsqueda serias”, reclama.

Por ello, remarca, hay que ver el potencial de la sentencia para otros casos, familias de víctimas y sobrevivientes, “que sea de la masacre de Acteal, o de las personas desaparecidas de la zona baja de Tila, realmente es un paso histórico que va a ser un punto de apoyo para seguir nutriendo esta demanda de verdad y de justicia de muchísimas otras personas”, finaliza Stevenson.

Gobierno de Chiapas no reconoce a desaparecidos por el crimen organizado

Por

Jeny Pascacio

18 diciembre, 2024

^{En portada: Colectivo de Madres en Resistencia reciben información, denuncias y reporte de personas desaparecidas en diferentes municipios en Chiapas. Foto: Carlos López}

Ante la negativa del gobierno de Eduardo Ramírez para atender los casos de las personas desaparecidas en Chiapas, el Colectivo Madres en Resistencia iniciará una huelga de hambre este miércoles (18) en la entrada del Palacio de Gobierno que se localiza en Tuxtla Gutiérrez.

“Eduardo Ramírez no toca el tema de desaparecidos”, enfatiza Isabel Torres, madre de Cassandra Arias Torres que fue desaparecida forzadamente en el municipio de Berriozábal el 17 de diciembre de 2022, por hombres encapuchados que portaban insignias de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Tras dos años de la desaparición forzada de Cassandra no hay avances en su caso, ni en el de otras familias que integran el colectivo. “Vamos a hacer bloqueos y marchas para que nos reciban, porque ya lo pedimos y no nos escuchan”, señala para Avispa Mídia.

Hace tres meses, antes de que rindiera protesta como gobernador, el colectivo se acercó a Ramírez Aguilar en un acto político en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. En ese momento las puso en contacto con otra persona para coordinar un próximo encuentro que nunca llegó.

“Nosotros no confiamos en las autoridades, no creemos en las autoridades, no hay justicia para nosotras, pero vamos a exigirle a este nuevo gobierno que haga las búsquedas porque tampoco las quieren hacer, no las hacen”, enfatiza la madre de Cassandra.

Isabel Torres aclara que como Madres en Resistencia ya no buscan justicia, “porque sabemos que no la hay, aquí en Chiapas o en todo México”. Con las acciones planeadas para esta semana exigirán que todas las autoridades correspondientes trabajen en la búsqueda de las personas desaparecidas.

¿En manos de quién estamos ahora?

“Vuelven a dejar a Llaven Abarca como Fiscal. Todos hacen oídos sordos y se vuelven ciegos. El crimen organizado siempre ha dejado narcomensajes donde mencionan a Llaven Abarca; lo mencionan o lo señalan como delincuente y nadie ha hecho nada para investigarlo y, en su caso, levantar una carpeta de investigación”, lamenta la madre de Cassandra Arias Torres.

Unos días antes de que Eduardo Ramírez Aguilar asumiera al cargo como gobernador, la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado aprobó el nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal General por los próximos nueve años.

De inmediato, más de 60 redes y organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en conjunto al considerar que este nombramiento agrava aún más la situación de los derechos humanos en Chiapas. “Durante su desempeño en el servicio público, Llaven Abarca ha demostrado ser perjudicial, especialmente en su rol como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana durante el gobierno de Manuel Velasco Coello”, versa el comunicado.

También menciona que en su gestión se documentó el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas, hechos que permanecen en la impunidad. “Abarca ha tenido varios cargos muy cuestionables en cada una de su gestión”. Ante esto, Isabel Torres, de Madres en Resistencia, cuestiona, “¿en manos de quién estamos ahora?

Llaven Abarca ha mantenido cargos importantes en Chiapas en materia de seguridad. En el 2002 fue Ministerio Público Especializado de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio de la Fiscalía General de Chiapas (FGE), con el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía.

Seis años más tarde, con Juan Sabines Guerrero, fue subdirector de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada del Ministerio de Justicia de Chiapas, en ese periodo también ocupó los cargos de jefe de la Unidad Especializada contra el Delito de Secuestro, Fiscal de Distrito de la Fiscalía de Distrito Selva y Fiscal Especializado en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada (FECDO).

De 2011 al 2012 fue Delegado de la Procuraduría General de la República en Chiapas. Cuando inició el gobierno de Manuel Velasco Coello fue nombrado secretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. Y con Rutilio Escandón Cadenas fue Fiscal General de Chiapas del 2018 al 2020, posteriormente Diputado Federal.

En la FECDO, fue señalado como responsable de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, como lo demuestra la recomendación 26/2002 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por detenciones arbitrarias y tortura en la comunidad San José, municipio de Marqués de Comillas.

También tiene recomendaciones por Comisión Estatal de Derechos Humanos que solicita una investigación administrativa y la integración de una averiguación previa contra Llaven Abarca.

Aquí todo sigue igual

Desde el 8 de diciembre, en su toma de protesta, Eduardo Ramírez Aguilar ha seguido la estrategia del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, de realizar constantes conferencias de prensa sobre los “avances” en materia de seguridad, pero en ningún momento ha mencionado los casos de personas desaparecidas en Chiapas.

“Ni si quiera mencionan el cambio del Fiscal de Desaparecidos”, afirma Isabel Torres, “porque sabemos que hubo otros movimientos y cambios de fiscales, pero a Jubilian no lo tocaron”.

Jesús Jubilian Sarmiento Santos ocupa el cargo de Fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares desde el 2021, pero de acuerdo a las familias del Colectivo de Madres en Resistencia todo lo que obra en las carpetas de investigación ha sido aportado por ellas, “de lo contrario no habría nada”.

Respecto a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), el colectivo desconoce si habrá cambios y el tema se mantiene en total hermetismo. “Por eso tomamos la decisión de plantarnos en Palacio de Gobierno y pedir la audiencia con Eduardo Ramírez, Jorge Luis Llaven Abarca y Óscar Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad, y otras dependencias”.

Como Colectivo de Madres en Resistencia reciben información, denuncias y reporte de personas desaparecidas en diferentes municipios. “Como son personas de escasos recursos, en su mayoría, es muy difícil que estén viajando, entonces las asesoramos para reportar a las personas desaparecidas”.

En el último año han recibido reportes de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa, principalmente, así también de Ocosingo, Comitán, Chenalhó y Yajalón. Isabel Torres aclara que no son los únicos lugares donde hay un alza en el número de desaparecidos. Los pobladores de la Sierra Mariscal, por ejemplo, “tienen mucho miedo de denunciar”.

Las familias del colectivo son amenazadas o intimidadas por lo que también mantienen estrategias de seguridad, incluso cuando visitan la Fiscalía General del Estado, ubicada en la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez. “Así tenemos que estar todas las mamás, mi mayor miedo es que si yo llego a faltar, ¿quién va a buscar a mi hija?”

Anteriormente informaron a la Fiscalía sobre esta persecución, pero optaron por dejar de hacerlo debido a la desconfianza que les genera la autoridad. Hace unos meses el colectivo presentó un amparo en el que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera los casos, pero la respuesta del juez federal fue negativa.

“Nosotros pedimos que las carpetas fueran atraídas por la FGR porque hay policías involucrados, Fiscalía y personal de gobierno también en el caso de algunas desapariciones como la de mi hija, Cassandra. Queríamos que este juez obligara a las autoridades a hacer la búsqueda, obligara a la Comisión de Búsqueda a hacer la búsqueda como debería”, explica.

Para el colectivo, incluso el ex Fiscal Olaf Gómez Hernández debe ser investigado. “Hay muchos policías del Estado que deben ser investigados y no lo hacen. Veo que con este gobierno nuestra lucha tendrá que seguir porque esperanza en el gobierno no hay, en Dios sí”, señala Isabel Torres.

Javier Milei y su guerra contra los de abajo

Por

Avispa

16 diciembre, 2024

^{Por Darío Aranda / Agencia Tierra Viva}

Cuando la realidad está alterada de forma extrema se hace necesario buscar otras categorías de análisis para pensar, luego hacer y transformar esa realidad. Con una pobreza del 50 por ciento, con un millón de niños sin cenar cada noche, con la quita de remedios a los jubilados y una política que, con complicidad judicial, arrasa territorios, no alcanza con decir que se trata solo de un modelo económico. Otra categoría posible para pensar la realidad: «Nos han declarado la guerra», explicaron en numerosas oportunidades los zapatistas, en referencia a las políticas económicas, sociales y represivas que padecen.

El 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos —y aniversario del regreso a la democracia en Argentina—, el presidente Javier Milei decidió, por decreto, acabar con la Ley Nacional 26.160 que protegía derechos de los pueblos indígenas. Una muestra más del desprecio por los de abajo y su coherencia en servir a los de arriba. Pero Milei no es el mayor problema, sino a quiénes responde y para quiénes gobierna.

En Chubut, el lonko Mauro Millán analiza la última arremetida de Milei y resume: «Nuestra lucha es por la existencia de los pueblos». En la misma Patagonia sucedieron tres asesinatos en la lucha por los territorios en los últimos años: Rafael Nahuel, Santiago Maldonado y Elías Garay Cañicol. Los dos primeros durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de Mauricio Macri. Mismo cargo con el que fue premiada por Milei.

Desde hace años que en Catamarca y en San Juan se denuncia la «dictadura minera», donde las asambleas plantean con claros ejemplos de cómo las multinacionales extractivas manejan a su antojo a gobernadores, legisladores y al Poder Judicial.

A quienes viven en ciudades, y a quienes no salen de la realpolitik (más pragmatismo que coherencia ideológica) ni traspasan la General Paz, les parece exagerado hablar de «dictaduras mineras» y de «guerras» por la vida. Quizá unos días en Andalgalá, Salinas Grandes (epicentro de la disputa por el litio), Las Lomitas (Formosa), Aristóbulo del Valle (Misiones) o Las Lajitas (Salta) hagan cambiar de parecer. Lugares donde el poder económico hace lo que quiere, con total complicidad política y judicial.

«Durante la colonia hubo un reparto de regiones y riquezas. El capitalismo actual reconfigura nuevamente el mapa de América, hay un nuevo reparto por intereses económicos, las multinacionales legislan por nuestros legisladores, quienes muy cómodamente sirven a los intereses de esas empresas sin ningún recato», resumió con precisión Marcos Pastrana, abuelo diaguita de Tafí del Valle (Tucumán).

El ataque contra las infancias, los abuelos, a las personas con discapacidad, a los trabajadores de la economía social y a las mujeres —por solo citar a cinco sectores— es dramático.

Como en los años de la dictadura, las alertas llegan desde el exterior. El 4 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por «las decisiones administrativas de Argentina que podrían afectar la protección de los derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas y su ejercicio del derecho a la libre determinación». Exhortó al Estado a «cumplir con sus deberes internacionales en materia de derechos» de los pueblos indígenas, en particular los referidos a las tierras. Y precisa que el contexto de Argentina es de «retrocesos en el reconocimiento de los territorios indígenas y desalojos forzosos de comunidades en provincias como Jujuy, Río Negro y Chubut».

El Movimiento Nacional Campesina Somos Tierra (MNCI-ST) resumió: «Un año de ataque a la agricultura familiar, campesina e indígena. Alimentos más caros y más hambre». Y apuntaron:

-Crisis alimentaria sin precedentes en nuestra historia reciente.

-140% de aumento en precio de alimentos.

-12% de la población pasa hambre.

-25% de la población sufre inseguridad alimentaria.

-El consumo interno de carne vacuna es el más bajo en 28 años (11% por debajo de 2023).

El periodismo no adicto, que décadas atrás funcionó como un contrapeso, tampoco la pasa bien. «Censura, violencia, precarización y políticas de silenciamiento: la libertad de expresión sufrió un ataque sistemático durante el primer año de gobierno de Milei», denunció el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). Y, algo sabido, si así se vive en la ciudad de Buenos Aires, mucho peor es las provincias.

Fotos libres para la soberanía alimentaria y el buen vivir. Foto: Natalia Roca

Cómplices, responsables y los de arriba

Javier Milei asumió el poder con solo 37 diputados (sobre 257 bancas) y siete senadores (sobre 72). Sin embargo, obtuvo mayorías parlamentarias junto al PRO, UCR y sectores del peronismo. Así como la compra de votos con «la Ley Banelco» en 2000, los recientes casos del senador Edgardo Kueider y de Cristian Ritondo (jefe de la bancada del PRO) son solo botones de muestra de la casta. Sectores políticos que hablan de «la gente» o de «pueblo», pero no viajan en tren, no se atienden en hospitales públicos y sus hijos no concurren a escuelas públicas. Mucho menos pisan un barrio popular (salvo en elecciones).

En la ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, se hizo «normal» ver personas en busca de alimentos en la basura —cuerpos sumergidos en contenedores olorosos—, familias enteras viviendo en plazas y bajo autopistas, cajeros bancarios como refugio de personas sin casa. «Daños colaterales», como llaman en las guerras, para contentar a los especuladores internacionales y al FMI.

“La verdadera división que hay que hacer es entre quienes están con la lucha del pueblo y los que están con la entrega (…) Un dirigente sindical tiene que vivir en la misma condición que los trabajadores a los que representa”, afirmaba el histórico dirigente sindical Agustín Tosco.

La CGT actual, sinónimo de burocracia sindical, no leyó a Tosco y mucho menos sigue su ejemplo. Es cómplice en el padecer de los trabajadores.

El tercer poder del Estado, el Judicial, es el más retrógrado y conservador de los tres. Casos como el de Lago Escondido (donde jueces y empresarios viajaron a la estancia del magnate Joe Lewis en la Patagonia) muestra la connivencia entre funcionarios judiciales y poder económico. Innumerables casos, como lo son el juez Pablo Oritja en San Juan, el fiscal Martín Camps de Catamarca o el Superior Tribunal de Jujuy (puesta a dedo por el entonces gobernador Gerardo Morales).

El plan de Milei es claro. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la avanzada contra los pueblos indígenas tienen el mismo objetivo: hacerse de los territorios para entregárselos a mineras, petroleras, forestales y empresas del agronegocio. Obtener «inversiones» extractivas de enclave, de dólares rápidos para pagar la deuda externa y, al mismo tiempo, acumular consecuencias ambientales, sanitarias y sociales. Y, también, para profundizar la dependencia y la pobreza, lugar asignado a los países proveedores de materias primas.

Si la guerra es contra los de abajo, los aliados y beneficiarios son los de arriba. Desde los Elon Musk hasta los fondos de inversión como BlackRock y Vanguard, pasando por las multinacionales Bayer-Monsanto, Syngenta, Barrick Gold, Río Tinto, Livent y Glencore, entre otras. En lo local, celebran los Eduardo Elsztain, Marcos Galperín, Hugo Sigman y Silvia Gold, Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy), Luis Pérez Companc (Molinos Río de la Plata, Molinos Agro y la energética Pecom), Paolo Rocca (Techint), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Eduardo Eurnekian, Eduardo Costantini, Jorge Brito, Enrique Eskenazi, Carlos Blaquier Arrieta y hermanos (Grupo Ledesma) y Miguel Galuccio (petrolera Vista).

El extractivismo no es un modelo nuevo. Toda la ingeniería legal moderna fue sancionada en la década menemista. E implementada en los territorios durante todos los gobiernos siguientes, incluso más en los autodenominados «nacionales y populares». El «veto Barrick», de Cristina Fernández de Kirchner para favorecer a la megaminería, es un hito histórico.

Tiempos de guerra contra quienes defienden la tierra. En la primera trinchera están las comunidades indígenas, pueblos milenarios que —a pesar de los siglos de represión— saben lo que es resistir y construir futuros.

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