Ambientalistas son criminalizados por un supuesto asesinato ocurrido hace 30 años

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12 noviembre, 2024

^{En portada: Protesta de familiares y habitantes de Santa Marta para demandar la libertad de los defensores detenidos en enero del 2023. Foto: Marvin Recinos}

Este lunes (11), habitantes de la comunidad de Santa Marta, departamento de Cabañas al norte de El Salvador, y miembros de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de dicha población, se posicionaron para reclamar un alto a la criminalización de cinco líderes comunitarios y defensores ambientales, sobre quienes, a pesar de obtener su libertad el mes pasado, aún se mantiene abierto un proceso penal en su contra, acusados de un asesinato ocurrido hace 30 años durante el conflicto armado interno en El Salvador.

Al cumplirse 22 meses de su arresto, la ADES sostiene que la “ilegal detención” de los cinco defensores fue una represalia contra la denuncia de la comunidad sobre la posible reactivación de la minería metálica en el país centroamericano. Desde el año 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería en su territorio y en esta lucha, los pobladores de Cabañas tomaron un papel preponderante al defender sus tierras ante la amenaza de la extracción de oro y plata.

Tras su detención el 11 de enero el 2023, los cinco ambientalistas permanecieron recluidos durante nueve meses, hasta que en septiembre de ese año les fue concedido el arresto domiciliario. Fue hasta octubre pasado cuando se realizaron las audiencias y, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que contaba con “contundentes evidencias” sobre su culpabilidad, el día 18 de ese mes un Tribunal de Sentencia decretó el sobreseimiento del caso, retirando los cargos contra los acusados.

Sin embargo, el 29 de octubre, la FGR presentó una apelación ante las autoridades penales el distrito de Cojutepeque. “Como hemos denunciado, los intereses extrajudiciales que conspiraron para montar la acusación falsa contra los ambientalistas se empeñan en revertir el fallo absolutorio o, al menos, dilatar la libertad definitiva”, señala la ADES en su posicionamiento de este lunes (11), mediante el cual exige la ratificación de la libertad para los defensores.

“Han sido 22 meses de persecución contra el activismo ambiental y de criminalización de la resistencia comunitaria contra los proyectos extractivistas que amenazan al agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida”, argumentan los miembros de la organización y habitantes de Santa Marta.

¿Libertad?

A pesar de que en septiembre del 2023 la justicia salvadoreña les concedió el arresto domiciliario a los cinco defensores, esta medida les mantuvo la prohibición de trabajar y restringía su movimiento al perímetro de sus viviendas, lo cual acarreó graves afectaciones en su economía y en algunos casos, debido a su avanzada edad, con impactos negativos en su salud.

Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas y Alejandro Laínez García son líderes ambientalistas quienes toda su vida se han dedicado a la agricultura y, ahora, se encuentran preocupados ante la falta de alimentos derivado de su restricción para cultivar la tierra.

Por su parte Saúl Rivas y Antonio Pacheco son integrantes de la ADES Santa Marta. Rivas se desempeña como asesor legal y Pacheco funge como director ejecutivo cuyos trabajos, de más de 30 años, son reconocidos en la zona, razón por la cual han obtenido apoyo de su comunidad frente a las afectaciones de la criminalización.

Los cinco defensores aseguran que la única razón de su criminalización responde a su lucha contra la minería, una amenaza que, coinciden, jamás permitirán acontecer en sus territorios. Cabe resaltar que meses después de su detención, representantes de dos empresas consultoras visitaron la comunidad de Santa Marta para intentar convencer a sus autoridades para reactivar la industria minera en la región norte del país.

Además, la Policía Nacional Civil detuvo, en mayo del 2023 al hijo de la ambientalista Vidalina Morales con el pretexto del régimen de excepción que se vive en El Salvador desde marzo del 2022. Fue sólo por la presión internacional que las autoridades liberaron a Manuel Gámez Morales, miembro del movimiento antiminero en Cabañas.

*^{Los defensores de Santa Marta aguardan la resolución de la apelación presentada por la FGR.}*

Ante la persecución y la reciente apelación de su libertad, decenas de colectivos, organizaciones y personalidades del país centroamericano y a nivel internacional se han sumado a la solidaridad con la comunidad de Santa Marta y su resistencia antiminera, posicionandose vigilantes de la resolución que emitirán las autoridades con respecto a la apelación de la sentencia.

“Como han señalado Santa Marta y ADES, el recurso presentado carece de argumentación seria y se refiere en forma irrespetuosa a la actuación de las honorables juezas de sentencia, lo cual -además- constituye un comportamiento misógino de los personeros de la Fiscalía que amerita ser denunciado como una acto de violencia contra la mujer”, acusaron los habitantes de Cabañas en documento difundido el pasado 4 de noviembre.

En su respuesta al recurso de apelación, la población de Santa Marta exige a las autoridades penales que sea rechazada pues “una decisión distinta sería un enorme escándalo jurídico que tendría serias implicaciones en el país y sería un gran desprestigio de la justicia salvadoreña ante los ojos del mundo”, alertan.

Además, se dirigieron a la FGR al acusarla de “malgastar” tiempo y recursos durante casi dos años en una “acusación sin pruebas” contra los líderes comunitarios, por lo cual exigen investigar “los verdaderos delitos de la guerra y no se empeñe en instrumentalizar la justicia restaurativa y transicional para arremeter contra defensores del agua, el medioambiente y la vida del país”, sostuvieron.

Reelección de Rosario Piedra en la CNDH violaría altos estándares internacionales

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Jeny Pascacio

11 noviembre, 2024

^{En portada: Rosario Piedra Ibarra durante comparecencia en el Senado mexicano para buscar la reelección de la titularidad de la CNDH. Foto: Gabriel Pano}

Organizaciones de la sociedad civil rechazaron la terna de aspirantes para encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al no tomar en cuenta criterios objetivos, así como el estándar de no reelección de Los Principios de Venecia, que regulan el funcionamiento de los organismos o instituciones públicas de derechos humanos y que instan a que las personas titulares de organismos como la CNDH ejerzan su cargo por solamente un mandato.

El 6 de noviembre, las comisiones de Derechos Humanos y Justicia del Senado aprobaron la terna integrada por Paulina Hernández Diz, Nashieli Ramírez Hernández y María del Rosario Piedra Ibarra, actual presidenta de la CNDH.

El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez A.C. (Centro ProDH), el Observatorio Designaciones MX, además de Documenta, integrada por más de 150 organizaciones de la sociedad civil, se articularon para señalar que desde la primera etapa del proceso de elección se demostró que Piedra Ibarra no cuenta con el mejor perfil para continuar en la CNDH.

Para las organizaciones, no existe ningún elemento objetivo que justifique que la actual titular forme parte de la terna. Rosario Piedra Ibarra, después de cinco años de gestión en el organismo, deja una institución “debilitada y a la deriva”, dijo Eduardo Guerrero Lomelí, representante del Centro ProDH.

Aunque parte del proceso de elección de la terna fue abierto, las organizaciones señalaron que no fue transparente. El dictamen emitido por las comisiones enumera los indicadores que los senadores tomaron en cuenta en cada perfil, pero no se conocen los puntajes que tuvo cada una de las 47 personas que se presentaron a las comparecencias públicas.

Dentro de los 22 indicadores que deben tener los perfiles se menciona la capacidad de diálogo con representantes de la sociedad civil, independencia político partidista, compromiso con la progresividad de los derechos humanos, capacidad de diálogo e imparcialidad, así como las aportaciones en derechos humanos.

De acuerdo a las organizaciones, en la comparecencia de Rosario Piedra Ibarra, dijo que no le interesa trabajar con sociedad civil o al menos con posturas críticas, “refrendando su postura de distanciamiento”, la misma que niega la crisis de derechos humanos, militarización y ejecuciones extrajudiciales.

“Si existen las voces desde las víctimas y la sociedad civil, además de un balance objetivo a partir del funcionamiento de esta institución, y el Senado aprueba una reelección, sería ir en sentido completamente contrario a los intereses de garantizar una CNDH independiente y autónoma”, dijo Guerrero Lomelí.

Para las organizaciones es importante mencionar el antecedente de la elección de la titular que hace cinco años fue objeto de múltiples cuestionamientos, pues entonces tampoco se cumplió con los criterios de imparcialidad y autonomía, por el contrario, se evidenciaron sus vínculos partidistas.

Balance

El Centro ProDH presentó recientemente un balance del debilitamiento institucional de la CNDH durante su gestión de 2019-2024, en el que demostraron la necesidad de cambios en el sistema ombudsperson nacional y local en el país.

Este estudio señala que la reivindicación de la agenda de cambio de la CNDH no puede instrumentalizarse, como ha sucedido desde el 2019, cuando Piedra Ibarra tomó la titularidad para impulsar un proceso de partidización y subordinación plena del organismo al partido que está en el poder, en este caso el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Uno de los ejemplos más públicos es que la actual CNDH se ha abstenido de emitir recomendaciones o pronunciarse frente a eventos trascendentes como las graves violaciones cometidas por miembros de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De 2020 a 2023, la Guardia Nacional tiene 1,816 quejas ante la CNDH, mientras la Sedena suma 1,664. Estos números contrastan con las recomendaciones emitidas respecto a estos abusos castrenses, pues en el mismo periodo la Sedena solo cuenta con 26 recomendaciones y la GN con 13 por graves violaciones a los derechos humanos.

Este balance del Centro ProDH, publicado en octubre de 2024, también hace visible el aumento de 75% del total de las quejas en un periodo de cuatro años. Es decir, en 2020 la CNDH registró 11,387 quejas y para el 2023 fueron 19,916.

El estudio dividido en cinco partes concluye en que después de cinco años la CNDH se encuentra a la deriva tanto internamente como en su posición frente a la sociedad como garante de los derechos humanos y contrapeso del poder.

Durante el citado proceso de elección para la titularidad de la CNDH existen inconformidades de distintos actores, incluso han evidenciado a Piedra Ibarra de falsificar documentos presentados ante el pleno para respaldar su participación como candidata a una reelección.

Erosión democrática

“Nos parece sumamente reprobable este tipo de prácticas, nos parece muy desafortunado que la llamada cuarta transformación no haya impactado justamente en cómo hacer mejores designaciones o tener designaciones idóneas”, agregó Itzel Checa, de Designaciones Mx.

*^{Rosario Piedra fue designada como titular de la CNDH durante el gobierno de AMLO.}*

Recordó la demanda ciudadana de “sin cuotas ni cuates” que es un llamado a transformar las prácticas que colocan a personas con perfiles no adecuados en altas responsabilidades públicas, pues tiene consecuencias en la vida de las personas, en los derechos y, por ende, en la calidad democrática que se vive en México.

“Esta reproducción de una decisión evidentemente unilateral, discrecional, de arriba (...) tiene que ver con la conveniencia de estar cuidando intereses de la clase gobernante. El escenario es complejo, porque no solo es esta decisión, está en un marco y un contexto más alto”, dijo.

Esto en referencia a la reforma judicial, las tendencias de profundizar la militarización, así como el proceso de la eliminación de órganos autónomos, varios de ellos con un papel importante en la protección de los derechos como el Sistema Nacional de Transparencia.

Las organizaciones coinciden en que el país vive un escenario de “erosión democrática”, de “disminución de los controles y contrapesos”. Por ello la importancia e insistencia de recuperar la CNDH aunque las probabilidades sean escasas, coincidieron las organizaciones.

“Si queremos transformar esta forma de hacer política, entendiendo que lo público es de todas y todos, elijan con otros criterios y transparenten las evaluaciones”, enfatiza Itzel Checa.

De llegar la reelección de Piedra Ibarra como titular de la CNDH, las organizaciones visualizan el aumento de la crisis de derechos humanos en el país que se quedará sin un mecanismo de protección de los derechos y con más indefensión ante los abusos del poder.

“Nos parece lamentable que la señal que mande el segundo piso de la cuarta transformación con las víctimas de derechos humanos, sea apostarle a una gestión ineficiente y que ha sido omisa en distintos procesos y distintas reformas importantes en materia de derechos humanos”, menciona Checa.

El Proceso

El 9 de octubre el Senado de la República aprobó la convocatoria para la elección de la persona que ocupará la presidencia de la CNDH durante el periodo 2024-2029. Fueron 47 los aspirantes que se registraron en línea durante seis días a partir del llamado.

En el proceso, el 22 de octubre las comisiones de Derechos Humanos y Justicia realizaron un parlamento abierto con la presencia de las organizaciones de la sociedad civil y dos días después los candidatos fueron llamados a comparecer. El 6 de noviembre, las comisiones del Senado aprobaron la terna.

Ahora habrá una votación en el pleno del Senado para elegir a la persona que ocupará el cargo de presidente de la CNDH del 16 de noviembre de 2024 al 15 de noviembre de 2029. Todavía no hay claridad sobre la fecha de la decisión, pero se prevé que a más tardar el 14 de noviembre se conozca el nombre del perfil seleccionado.

Éxodo migratorio busca llegar a EEUU antes que Trump al poder

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Jeny Pascacio

8 noviembre, 2024

^{En portada: En el campamento de migrantes en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérre, algunos jóvenes como Cristian de 21 años, sobreviven haciendo cortes de cabello modernos masculinos por 50 pesos. Foto: Jeny Pascacio.}

Cientos de personas migrantes salen en caravanas desde el sur de México rumbo a la frontera norte, ante la incertidumbre que provoca la victoria de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.

Para Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula, es importante no confundir el objetivo de las caravanas, pues las personas que caminan kilómetros durante meses no se movilizan por un tema político, sino por una necesidad humana.

Las personas migrantes decidieron que las caravanas salieran de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, simultáneamente, el 5 de noviembre durante las elecciones presidenciales en el vecino país con un objetivo mediático, incluso por seguridad.

Los extranjeros contenidos en ambas ciudades de Chiapas se organizaron en un grupo de Whatsapp. En esto, se han infiltrado personas que de forma individual los amenazan para desistir de caminar rumbo al norte de México.

Pero la migración continuará y seguirán saliendo en pequeños grupos, puntualizó Villagrán. Este 7 de noviembre otro pequeño grupo partió de la plaza central de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, para alcanzar en Arriaga a las caravanas que salieron dos días antes. Juntos tomarán la carretera federal hacia Oaxaca.

“Las personas migrantes creen que van a cerrar la frontera (norte) y Trump lo confirmó en sus declaraciones tras el triunfo. Tienen miedo, están aterrorizados porque no es posible tanta lucha para que quite el CBP ONE (la aplicación digital Customs and Border Protection)”, dijo para Avispa Mídia el defensor de los derechos humanos.

Consideró que con Trump será más compleja una oportunidad de diálogo con los países que aportan más a la migración, entre ellos México, Venezuela, Haití y países de Centroamérica.

*^{En las calles venden chicha, empanadas o arepas para ganar dinero.}*

México seguirá participando con la contención migratoria como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria reconoció que hubo una reducción de un 70% de la migración que llega a la frontera norte del país.

Con estos fines, el gobierno federal ha planteado promover a Tapachula como una ciudad donde las personas migrantes pueden vivir y trabajar, “pero ni Tapachula ni Tuxtla tienen la infraestructura para alojar a los miles de migrantes”, dijo.

Sin importar las condiciones, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) se dedican a trasladar a Tuxtla y Tapachula a las personas migrantes que cruzan el río Suchiate, frontera entre Guatemala y México. No pueden salir de Chiapas en transporte público o caminando porque son detenidas, incluso hay tramos donde personal de la Fiscalía General de la República (FGR) también realiza labores de “control migratorio”.

Las autoridades no les brinda información clara sobre el proceso que deben seguir y en la mayoría de los casos son detenidas por días en las estaciones migratorias, de las citadas ciudades, sin alimento y atención médica, incluso si son menores de edad los que requieren de estos derechos.

“Van a sellar Chiapas con pretexto de la seguridad y de la presencia de cárteles, pero en realidad están militarizando y la política del terror ya está impuesta”, precisó el defensor.

*^{Las personas migrantes acampan en al menos cinco puntos de la capital de Chiapas.}*

Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han solicitado, durante años, reuniones para presentar sus propuestas para solucionar el tema migratorio con base en los derechos humanos, pero hasta ahora no han sido escuchadas por ningún gobierno.

Chiapas, la cárcel migratoria

Emmy con 28 años, tres hijos y gran desesperación salió de su país Venezuela. Logró reunir un poco de dinero, puso lo necesario en tres mochilas y dejó el país gobernado por Nicolás Maduro.

Para llegar a México le tomó dos meses y, al igual que la mayoría de migrantes que caminan por varios países, opina que la travesía es extremadamente peligrosa en puntos como la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, y las fronteras entre países donde son víctimas de delitos por grupos delincuenciales.

“Estoy recién llegada a México pero ha sido duro, fuerte. Nosotros llegamos a Tapachula y de ahí salimos en la caravana del 5 de noviembre, pero me tuve que entregar a migración porque los niños no aguantaron”, sostuvo para Avispa Mídia.

Caminaron un día con el grupo de migrantes y al siguiente los agentes del INM trasladaron a Emmy y sus hijos a Tuxtla Gutiérrez. Llegaron a las 3 de la tarde con hambre y sed, pero con la seguridad de no querer avanzar más.

“Ha sido muy difícil, hemos pasado muchas cosas en la calle que ni siquiera te puedo contar porque me da miedo. Ya no quiero seguir porque si lo intentamos nos van a regresar o nos pueden deportar y por eso estamos considerando quedarnos aquí en Tuxtla”, dijo.

Emmy y una de sus hijas hacen trenzas para obtener ingresos. Por toda la cabellera de una persona cobran 50 pesos y en trenzas menos elaboradas 30 pesos, pero espera pronto poder conseguir un trabajo estable.

“Es muy complicado porque la gente desconfía de darnos trabajo, los arriendos son demasiado caros y la discriminación ni hablar. Por unos días estaremos durmiendo en la calle, por ahora no veo como opción regresar a Venezuela, al menos con este gobierno yo no regreso, pero para el norte con Trump también se pone difícil”.

En Tuxtla Gutiérrez, las personas migrantes acampan en las estaciones de autobuses, en algunos parques y la mayor población se encuentra asentada en los alrededores de las oficinas de Regulación Migratoria del INM, espacio que también funciona como centro de detención.

En uno de los parques se aloja Nurkari de 23 años con sus dos hijos. Ella también salió de Venezuela por la misma razón que Emmy y admite que la travesía hasta México está llena de terror y violencia.

“Maternar es duro. A mí me intentaron quitar a los niños en Guatemala, antes de cruzar el Suchiate nos secuestraron y me dijeron que si no daba dinero se iban a quedar con los niños”, dijo a Avispa Mídia. Pero Nurkari se aferró a sus hijos y logró que la liberaran.

Esta no es la primera vez que la joven madre venezolana intenta llegar a Estados Unidos, hace unos meses también se unió a una caravana pero fue detenida con sus hijos en Oaxaca y devuelta a Tuxtla.

Para Nurkari las caravanas ya no son opción, no solo por la caminata, también por el hostigamiento de agentes del INM. Por ahora sobrevive con la venta de empanadas al estilo Venezuela.

Su compatriota Jessica, tiene 30 años y tres pequeños, coincidió en que “el viaje ya ha sido muy duro para los niños, por la comida, por la dormida y pasar por todos los países y la selva. Yo espero la cita de migración, tengo cuatro meses aquí, he intentado subir dos veces (al norte del país) y las dos veces me devolvieron.

Jessica cuestiona la abierta corrupción que hay en INM, pues se han percatado de que hay personas que logran pagar una cuota para acelerar el trámite, “a nosotros nos han pedido 100 o 200 dólares por hacer un registro” y así poder avanzar.

Las entrevistadas aseguran que a los campamentos se acercan personas o vehículo extraños, por eso, cerca del anochecer, implementan seguridad entre ellos para poder proteger a las infancias.

Contención al servicio de EEUU

Enrique Vidal, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), sostuvo para Avispa Mídiaque, con la victoria de Donald Trump, “nos estaríamos acercando no solamente a un escenario como el de hace 8 años, cuando ocurrió su primera victoria, si no a una expresión mucho más radical en la permisividad de expresiones racistas, xenófobas, eugenésicas, de altísima discrimanación”.

Coincidió con Villagrán en que para el gobierno mexicano será más difícil la gestión de la política migratoria. Vidal explicó que por un lado México social y culturalmente pertenece a latinoamerica, pero a nivel político y económico “pertenecemos al bloque de norteamérica por el Tratado de Libre Comercio y por toda la integración que existe en materia migratoria”.

Es decir, México tienen un historial de 30 años de servir como la frontera sur de Estados Unidos, “una sesión de soberanía que es pública en términos geopolíticos”.

Estados de América Latina son blanco de empresas del norte global; demandas se multiplican

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Sare Frabes

6 noviembre, 2024

Las demandas de inversores extranjeros contra Estados de América Latina y Caribe se han multiplicado en las últimas dos décadas. Eso es lo que revela la séptima edición del informe Impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra Estados de América Latina y el Caribe, realizado por TNI (Transnational Institute).

En 1996 fueron registrados seis casos de demandas bajo tratados comerciales en todo el mundo. A finales de 2023 llegó a 1,332 casos. De ese total, los países de América Latina y Caribe fueron demandados en 380 ocasiones, lo cual representa un 28,5% de las demandas inversor-Estado conocidas a nivel mundial.

De los 42 países de América Latina y Caribe, 23 ya han sido demandados en el sistema internacional de arbitraje. México, Argentina, Venezuela, Perú y Ecuador son los países más demandados de la región. Conjuntamente acumulan lo que representa casi dos tercios del total de las demandas.

El 2023 fue el año con más demandas en la historia del arbitraje en América Latina y Caribe, con 28 demandas registradas, de las cuales 11 corresponden a México.

La organización alerta que los Estados han sido los grandes perdedores en los sistemas de arbitraje de inversiones a nivel mundial. De las 380 demandas conocidas contra países de América Latina y Caribe, en 239 ocasiones existió una resolución del caso. De las 239 demandas resueltas, el inversor salió beneficiado en casi el 60% de los casos. Las demandas relacionadas con minería, gas y petróleo suman el 22,4% del total de los casos.

Los gobiernos han sido condenados a pagar a inversores extranjeros la suma de 33.629 millones de dólares. Esa cifra es superior a toda la inversión extranjera directa que recibieron juntos los seis países de Centroamérica, los 15 del Caribe, Uruguay, Paraguay y Ecuador en 2022.

Los países de América Latina y el Caribe firmaron cientos de tratados internacionales, a partir de la década de 1990. Estos tratados protegen a la inversión extranjera y “otorgan a los inversionistas derechos sin precedentes, incluyendo el de demandar a los Estados ante tribunales internacionales cuando consideran que sus ganancias han sido afectadas de alguna manera por las acciones de los gobiernos”, contextualiza el informe, ya sean por leyes, regulaciones, decisiones judiciales u otras medidas tomadas por el Estado.

Los países de la región tenían la expectativa de que la firma de estos Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones fuera decisiva en la atracción de inversión extranjera, sostiene. Sin embargo, 30 años después, “la evidencia muestra que los tratados han estado lejos de ser un instrumento que contribuya a atraer inversiones y mucho menos a promover el desarrollo; por el contrario, han tenido efectos nocivos para los países de la región”, señala.

La organización subraya que los impactos negativos de estos tratados son poco conocidos y debatidos, tanto en los círculos de políticos y parlamentarios como en la sociedad civil, la academia y los movimientos sociales.

Argentina

El monto más alto ya pagado por un país a raíz de una única demanda fueron los 5,000 millones de dólares que pagó Argentina a la empresa Repsol en un acuerdo de partes.

Argentina es un caso emblemático. Solamente seis de las 30 demandas donde existe laudo fueron decididas a favor del Estado, mientras que 23 se decidieron a favor del inversor, y solo una a favor de ninguno de los dos. Si se suma a estos 23, los 18 casos en los cuales se llegó a un acuerdo, “concluimos que el 85% de las demandas contra Argentina tuvieron un resultado favorable para el inversor”, dice el informe.

Los tratados más utilizados

Empresas europeas (principalmente de España, Países Bajos, Gran Bretaña y Francia) y de América del Norte (sin considerar a México) son responsables por 47% y 38% respectivamente de las demandas. Inversores de Estados Unidos son quienes han iniciado la mayor cantidad de ellas. Los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones de este país junto con los tratados comerciales TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), incluso en su versión actualizada el T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá) y CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominicana) son los más usados por los inversores.

Centros de arbitraje

Existen diversos centros de arbitraje donde se pueden resolver diferencias relativas a inversiones. El centro de arbitraje más concurrido es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial. El CIADI fue utilizado 294 veces por los inversores para sus demandas contra países de la región. Esto significa que el 77,4% de todas las demandas fueron llevadas a este centro de arbitraje.

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Otros centros arbitrales son la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en La Haya, Países Bajos, y la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA).

Cada 4 días se ha asesinado a un periodista en el mundo; 1,700 en los últimos 18 años

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Ñaní Pinto

6 noviembre, 2024

^{En portada: Familiares y colegas de los periodistas palestinos Sari Mansour y Hasona Saliem, que fueron asesinados mientras trabajaban, lloraban durante la ceremonia fúnebre en Deir al-Balah, Gaza, el 19 de noviembre del 2023. Foto: Ali Jadallah}

Entre 2006 y 2024, más de 1,700 periodistas han sido asesinados en todo el mundo y alrededor del 85% de los casos no llegaron a los tribunales, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), lanzado el pasado 2 de noviembre, fecha Internacional elegida para la campaña Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

De acuerdo con el informe, llamado Periodistas en primera línea de crisis y emergencias, los asesinatos de los comunicadores han aumentado en un 38% solo entre 2022 y 2023, incrementando hasta 162 periodistas asesinados en este periodo. “Cada 4 días matan a periodistas por buscar la verdad”, señala este documento.

Lo más resaltante de estas cifras es que la UNESCO tiene un registro de 61 periodistas asesinados en países no afectados por conflictos armados, en este caso en países de América Latina y el Caribe, seguido con 31 casos en los Estados Árabes y con 31 por países asiáticos y del pacífico. Europa también figura con 15 decesos.

Entre las personas que perecieron por informar en este periodo bianual figuran 14 periodistas mujeres, lo que representa el 9% del total de los casos. La falta de justicia se impone, según este documento, ya que “la impunidad en estos casos se mantiene alta, con un 85% de los asesinatos sin resolver, y el tiempo promedio para la resolución de casos es de aproximadamente 4 años, lo que indica que la justicia es frecuentemente denegada”.

De acuerdo con el informe, el territorio mexicano sigue siendo uno de los países más peligrosos para quien ejerce la profesión de informar, sumando 26 periodistas caídos entre 2022 y 2023.

*^{Periodistas mexicanos protestan por los asesinatos de periodistas palestinos y mexicanos. Fotos: Colectivo SOS}*

El Estado de Palestina, actualmente en conflicto armado con Israel, registra el mismo número de casos que México, con 26 asesinatos en el ejercicio de su profesión en el mismo periodo.

Palestina

Son al menos “130 periodistas palestinos asesinados en manos de las fuerzas israelíes” en los últimos 380 días según informes de la ONU hasta este mes de noviembre. La situación en Gaza ha sido descrita por esta instancia como "inédita" y "nunca antes vista en ningún conflicto de los tiempos modernos".

El Secretario General de la ONU, António Guterres, señaló que, en la actualidad, en Gaza se ha producido el mayor número de asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación” y pidió a los gobiernos que “adopten medidas urgentes para proteger a los periodistas, investigar los crímenes contra ellos y procesar a los autores”.

Voceros de la ONU han puntualizado que en Gaza la información se ha visto gravemente restringida. Se ha asesinado a periodistas, se ha destruido redacciones, se ha bloqueado a la prensa extranjera y se ha cortado las comunicaciones. “Las fuerzas israelíes, como potencia ocupante, han desmantelado sistemáticamente la infraestructura de los medios de comunicación palestinos, silenciando voces mediante restricciones, amenazas, asesinatos selectivos y censura”, resume Cheikh Niang, presidente del Comité de la ONU sobre los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino.

A pesar de ello, los periodistas en Gaza siguen informando sobre la crisis humanitaria que está sufriendo la población civil y principalmente los niños.

En contraste, el jefe de la Sección de Oriente Medio y Norte de África de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha declarado que, “según el derecho internacional humanitario, el ocupante, Israel, tiene la obligación de proteger a los civiles, incluidos los periodistas”, pero, señala que acontece lo contrario, “estamos oyendo a políticos y dirigentes de muy alto nivel decir que está bien matar a civiles para conseguir objetivos militares, lo que constituye una violación de la proporcionalidad, de los principios y también de la necesidad militar”.

Pueblo Creyente demanda desarticulación de grupos criminales en Chiapas

Por

Jeny Pascacio

4 noviembre, 2024

^{En portada: Romeo Pérez Pérez y Miguel Pérez Santiz, hermano y padre del padre Marcelo encabezaron la peregrinación para exigir justicia por el asesinato del párroco. Foto: Jeny Pascacio}

Miles de integrantes del Pueblo Creyente -movimiento católico que busca la paz y defensa del territorio- caminaron en una magna peregrinación para exigir justicia por el asesinato del padre tsotsil Marcelo Pérez Pérez y la desarticulación, desarme y desmantelamiento de los cárteles del crimen organizado del territorio chiapaneco.

La movilización fue convocada en el contexto del año jubilar y de los 100 años del natalicio del obispo Samuel Ruiz García, quien durante cuatro décadas sirvió y defendió los derechos de los pueblos originarios de Chiapas.

En su memoria, el Pueblo Creyente alzó la voz y exigió justicia para el también defensor de los derechos humanos Marcelo Pérez Pérez, asesinado el pasado 20 de octubre cuando salía de oficiar misa en la parroquia de Cuxtitali; lugar de donde partió uno de los tres contingentes que integró la peregrinación.

En el lugar del crimen los feligreses colocaron una ofrenda de flores y velas. Después iniciaron con la caminata con rezos y consignas. Antes de llegar al destino final, se unieron a otro extenso grupo de peregrinos, presididos por la familia de Marcelo Pérez, la parroquia de San Andrés, la Diócesis de San Cristóbal y Las Abejas de Acteal.

La multitud de mujeres, hombres e infancias procedentes de todo Chiapas, clamaron justicia con imágenes del sacerdote tsotsil en manos, además de banderitas blancas con las palabras justicia y paz, entre otros enérgicos mensajes escritos contra el crimen organizado y sus vínculos con el Estado.

“Alto al desplazamiento forzado”, “alto a los proyectos de muerte”, “alto a la narcopolítica”, “fuera cárteles de Chiapas”, “Marcelo, amigo, el pueblo está contigo”, “Viva la paz con justicia y dignidad”, por mencionar algunos.

Así caminaron hasta llegar al corazón de la ciudad, donde esperaron por casi una hora a que terminaran de llegar todos los grupos de peregrinos que abarrotaron la Plaza de la Paz, donde posteriormente se celebró la eucaristía.

Los líderes religiosos agradecieron a los miles de asistentes por viajar horas desde los diferentes municipios, para unirse a la magna peregrinación este domingo 3 de noviembre. La enorme respuesta de este llamado de paz, coincidieron, los llena de esperanza.

Más sacerdotes en riesgo

Después de las actividades, los líderes religiosos y dos representantes del Pueblo Creyente dieron una rueda de prensa en la curia diocesana de la Catedral de San Cristóbal, donde en voz de Monseñor Rodrigo Aguilar, llamaron a esclarecer el asesinato del padre Marcelo.

“A nosotros no ha llegado ninguna comunicación oficial”, dijo Monseñor en referencia a las investigaciones que realizan las autoridades sobre el asesinato del padre Marcelo, “lo que saben ustedes es lo que la Fiscalía ha dado a los medios noticiosos, esperamos información oficial para nosotros”.

Para José Filiberto Velázquez Florencio, representante del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, que acompaña el caso, es necesario dar certeza a los hechos que privaron la vida al padre Marcelo.

“Estamos en la etapa de investigación complementaria, hay una persona vinculada a proceso y dos personas con órdenes de aprehensión sin ejecutar”. Explicó que son tres meses de investigación complementaria, pero la Fiscalía General de la República (FGR) necesitará un plazo de seis meses y solicitará ampliarlo ante un juez federal.

De esta manera, la orden de aprehensión que ejecutó la Fiscalía de Chiapas puede tener todos los medios necesarios de pruebas para que se pueda ratificar la orden de aprehensión a nivel federal, precisó el también sacerdote.

Son varias líneas de investigación, se han obtenido más entrevistas de personas cercanas al sacerdote, pero aún no se puede tener claro un móvil y serán respetuosos del proceso, agregó el defensor.

Por esta labor, el equipo de trabajo del Centro Minerva Bello y el de la FGR han sido objeto de hostigamiento constante. En la recolección de pruebas se han percatado de la presencia de personas a bordo de motocicletas y, en otro momento, uno de los abogados fue intimidado por dos sujetos cuando viajaba en su automóvil.

“Llamamos a las autoridades a que ejerzan su trabajo para permitirnos realizar el nuestro y el derecho de defender los derechos humanos”, dijo Velázquez.

El Mecanismo de Protección de Defensores y Periodistas acudirá a San Cristóbal de Las Casas para estudiar este caso y la seguridad de la familia y las personas que trabajaban con el padre Marcelo.

¡Fuera cárteles de Chiapas!

Los pronunciamientos de los grupos participantes en la peregrinación detallaron que las injusticias y violencias en todo el territorio chiapaneco continúan, sobre todo en la zona de la Frontera, Sierra, Soconusco, Costa, Cuxtepeques, Frailesca, Valles, Selva y Altos.

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Situación que causa muertes y desapariciones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, además de extorsiones, desplazamientos forzados, entre otros delitos que “con profundo dolor afrontamos (...) seguimos aprendiendo como pueblo a caminar entre la violencia y no vamos a renunciar a hacerlo”, fue la palabra de la Diócesis de San Cristóbal.

Exigió alto a la violencia, así como el inmediato desarme, desarticulación y desmantelamiento de los grupos criminales, demanda que se ha repetido por años en las denuncias del Pueblo Creyente.

Incluso han alertado sobre el reclutamiento forzado de menores de edad y jóvenes; las comunidades secuestradas y usadas como barrera humana por grupos criminales; además de las intimidaciones y amenazas contra defensores, sacerdotes y misioneros.

Aunque no precisó el número, Monseñor Rodrigo Aguilar dijo que son varios los sacerdotes en riesgo por la violencia en las regiones, por lo que se están valorando los riesgos y tomando medidas al respecto.

El padre Miguel Ángel Montoya Moreno, agregó que a partir del asesinato del padre Marcelo ha sido bastante complicado ejercer la labor ministerial en la Diócesis de San Cristóbal y también se han percatado de la inusual presencia de personas a bordo de motocicletas.

“Nos llama la atención que el nivel de inseguridad en el estado ha incrementado muchísimo para todos. Todos los que vivimos en Chiapas estamos en riesgo y eso preocupa grandemente”, compartió el párroco.

Montoya se unió al llamado para que las autoridades del estado y federales puedan ofrecer garantías de seguridad, “pero no solo para nosotros, la iglesia, lo pedimos para todos los habitantes”.

“Ellos tienen otros datos como lo han anunciado o evidenciado, de tal manera que esta violencia no se ve, sólo la vemos nosotros, sólo la estamos sufriendo nosotros”, sostuvo Montoya quien enfatizó que es fundamental que las autoridades brinden garantías de seguridad y que no cierren los ojos a la realidad de violencia en Chiapas y otros territorios de México.

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