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Primer ministro de Líbano renuncia a su cargo y dice estar del lado del pueblo

El primer ministro libanés, Hassan Diab, dimitió de su cargo este lunes (10) tras las fuertes protestas por el mal manejo de una carga peligrosa en el puerto de Beirut que, provocó una potente explosión el pasado día 4 de agosto de este año 2020, dejado hasta el momento, 160 muertos y más de 6 mil heridos. La población libanesa vive momentos de gran revuelta y tensión desde esta catástrofe.

El anuncio oficial se realizó en la televisión nacional a las 4:30 pm (hora local) dónde el ministro Diab señaló que la decisión estaba tomada tras dos intensos días de manifestaciones. “Nosotros estamos al lado del pueblo, en su exigencia para hallar a los responsables de la explosión en Beirut”, ha señalado Diab. 

“Algunos no han leído bien la revolución de los libaneses del 17 (de octubre), era contra ellos pero no lo entendieron”, agregó.

Asimismo, responsabilizó de la catástrofe a la “clase política” que “lucha con todos los medios sucios”, sin referirse a ningún partido o dirigente en concreto.

Tras la renuncia, el ministro aseguró que la explosión de más de 2 mil toneladas de nitrato de amonio resguardado en almacén, fue un crimen y, que los responsables deben ser procesados. “El sistema de corrupción es más grande que el Estado”, declaró.

Antes de la dimisión de Diab también dimitieron otros 3 ministros: Marie Claude Najm, Manal Abdel Samad y Damianos Kattar.

Previo a la explosión, Líbano sufría una severa crisis política y económica la cual se había agudizado con la pandemia de la Covid-19. Tras este escenario, diversos actores en la región hicieron ver su interés en intervenir en este país. El gobierno de Donald Trump es uno de ellos, al expresar abiertamente su respaldo hacía los manifestantes.

La embajada de los Estados Unidos en Líbano, dos días atrás de esta dimisión, el 8 de agosto, dijo “el pueblo Libanes ha sufrido demasiado y se merece tener lideres que lo escuchen”, expresó la embajada norteamericana a través de sus redes sociales.  

Mientras tanto, el gobierno de Turquía también ofreció ayudar a reconstruir el puerto de Beirut, según ha declarado la oficina del vicepresidente turco Fuat Oktay en un comunicado.

“Somos testigos del hecho de que Turquía y el pueblo turco tienen un lugar especial en el Líbano. Hemos emitido una carta blanca a nuestros hermanos y hermanas libaneses. Turquía permanecerá aquí, en Beirut, hasta que la zona afectada vuelva a la normalidad”,

PROCLAMÓ OKTAY

El Líbano sufre una de las peores crisis económicas y sociales en su historia. La explosión ha sido solo la punta del iceberg, a ello se suma la inflación, el desempleo, la recesión y la restricción de los bancos para el retiro de dinero de los cuentahabientes. La sociedad civil esta enojada y ha salido a las calles a mostrar su rechazo hacía la actual administración. Aunque la presencia de Estados Unidos y de los Países del Golfo tienen otros intereses que habrá que esperar a ver como se materializan en el nuevo rumbo que tome este país.

El negocio que representan los damnificados del sismo del 2017 en Ciudad de México

Eran las 13:14 horas del 19 de septiembre del 2017 cuando un sismo de magnitud 7.1 se originó a doce kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, en el límite con el estado de Puebla. Tiempo después de este terrible suceso, en medio de la incertidumbre y la desesperanza, las y los damnificados comenzaron a organizarse en lo que vino a ser el colectivo de Damnificados Unidos de Ciudad de México, para exigir el apoyo del gobierno en la reconstrucción de sus viviendas

Durante esta lucha hubo que movilizarse, algunas de las personas no creían que pudieran exigirle algo al gobierno. “Tuvimos que salir a la calle a luchar para exigir esos derechos. Nos empezamos a unir de diferentes colonias y de diferentes predios porque la mayoría no creía que le podíamos arrancar algo al gobierno, pero el hecho de darnos cuenta y ver que sí son nuestros derechos y que los podemos exigir,  pues creo que eso nos ha dado fuerza para continuar resistiendo”, comparte para Avispa Midia María Trinidad Godínez Romaña, damnificada del edificio Ámsterdam 27, departamento 601.

Estas personas, principalmente mujeres adultas mayores jefas de familia, han realizado diversas acciones para hacer valer su derecho a una vivienda como la que tenían, por ellas, incluso han llegado a ser reprimidas. “Pues en marchas, en manifestaciones hemos estado encapsuladas por la policía, normalmente somos más mujeres las que estamos en esto y pues también corremos todo ese riesgo. Incluso pues las ofensas por parte de la gente de gobierno y las  constructoras. Porque obviamente, a las mujeres nos ven menos, siempre nos han faltado al respeto y piensan que no podemos con la responsabilidad”, comenta la señora Trinidad Godínez.

Sumado a esto, durante el Gobierno de Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de Ciudad de México, vieron la oportunidad de hacer un negocio jugoso con las y los afectados. “El gobierno anterior, nos empezó a ver como negocio, donde nos querían ofrecer créditos. Había situaciones donde tenías que pagar casi 15000 pesos mensuales durante un periodo de 20 años, entonces por eso es que también en el colectivo dijimos no a los créditos”, dijo para Avispa Midia, Yukari Niño de Rivera.

En Mayo del 2019 se publicaron modificaciones a la ley general de reconstrucción, donde por medio de la organización colectiva, la presión y la movilización, la nueva administración por fin tomó en cuenta algunos señalamientos de las y los damnificados. “Hemos hecho propuestas muy claras, por ejemplo: algunas palabras que se tuvieron que modificar desde su plan integral, fueron que, la reconstrucción no es un apoyo social, sino que la reconstrucción es un derecho que es responsabilidad del Estado. Así lo hemos considerado nosotras,”  agrega la damnificada Karina Pargo.

Redensificación, Irregularidades, opacidad y corrupción 

En febrero del 2020 el comisionado César Cravioto visitó Tláhuac -una de las 16 demarcaciones territoriales de Ciudad de México- e hizo una revisión de predios y de empresas participantes en la reconstrucción. Las aceptó, pero detuvo  por 5 meses  obras que reflejaban los altos costos que estaban manejando estas empresas. “Nosotros como damnificados unidos nos estamos dando cuenta que después de esa revisión que hace el comisionado, empieza a discriminar daños en las viviendas, por ejemplo: si tú tienes una cochera  y esa cochera está dañada no es atendida, porque no es casa. Pero no pregunta si está en riesgo, o sea ellos solamente dicen es cochera, esta no la atiende la comisión”, denuncia la damnificada Pargo.

A la señora Magdalena Martínez, de la Colonia del Mar en Tláhuac, la constructora le dijo que su vivienda sería de las primeras dónde se realizaría la rehabilitación y, motivada por este anuncio, se mudó junto con su esposo enfermo a un lugar más pequeño. Han pasado tres años y aún no comienzan los trabajos. “Después me salen con que no. Pasan un calendario donde me mandan hasta septiembre, porque estuvieron (con retrasos) por los altos costos que estaba dando la empresa y la despidieron y, salen con que hasta septiembre, y les digo yo ya estaba en puerta para que me empezaran a arreglar la casa. Tengo las fotos de la casa donde ya estaba toda desocupada, y me tuve que regresar pues con lo más esencial”, puntualizó la señora Magdalena.

La historia de la señora Martínez y su familia es la historia de miles de vecinos de la periferia capitalina que contaban con un patrimonio pero que se vio amenazado por el sismo y, que si no fuera por la exigencia de justicia, de las y los damnificados, a nadie le importaría. “El señor Cravioto (el comisionado) nomás se pasa dando entrevistas y todo es mentira, porque la realidad es otra. Nosotras por lo menos estamos en este comité que es una organización, pero hay gente de otros lados, de muchas colonias, que no tienen apoyo. Están completamente olvidados y no los quieren apoyar. La gente se está muriendo más ahora con lo de la pandemia, pero estamos todos juntos para seguir luchando hasta que se le apoye al último damnificado y pueda regresar a su hogar”, agrega la señora Martinez.  

El 22 de Abril del 2020, La Comisión para la reconstrucción de Ciudad de México informó que hasta ese momento “suman 121 viviendas unifamiliares rehabilitas y reconstruidas”, además, aseguran que “se han concluido 38 reconstrucciones y 83 rehabilitaciones en las alcaldías. También, inició la rehabilitación de 3 edificios, en beneficio de 51 familias. Por último, para dar a conocer el avance de obras y proyectos, se tuvieron videoconferencias con vecinos de 109 edificios”, según esta Comision.

No obstante, el colectivo de Damnificados señaló que no era viable el tema de las videoconferencias ya que cuando empezó la situación de la pandemia se intentó seguir con las reuniones vía zoom. “El comisionado empezó a hacer este tipo de entrevistas, a decir que él estaba dispuesto a atender a todos los damnificados vía zoom. Pero esto para nosotros es complicado, pues al punto de que no todos los damnificados, es más, la mayoría, no tiene las condiciones para tener este tipo de reuniones. Cuesta trabajo tener una vivienda donde tengas una señal de wifi para mantenerte en esta aplicación. Pero aún así, nos llegó la invitación para damnificados unidos y accedimos bajo la condición de que fuera pública”, recuerda Pargo.

La redensificación es un mecanismo que supuestamente facilitará la recuperación de la inversión mediante la comercialización de viviendas adicionales, construidas, ya sea en la superficie adicional obtenida por esta redensificación o, en el área que resulte de la donación de la superficie edificable. Además, formaliza que las y los propietarios de los inmuebles damnificados puedan destinar ciertos espacios para anuncios publicitarios.

Por este motivo, las y los damnificados han luchado constantemente contra la redensificación. Al respecto Niño de Rivera sostiene que “la redensificación es donde el gobierno aprovecha esta oportunidad para agarrar el 35% de tu propiedad. El gobierno siempre buscó argumentos, te querían vender cosas muy absurdas y la verdad es que pudimos tumbarles esos argumentos que no eran objetivos”.

A pesar de ello, la actual jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que aplicaría un esquema de redensificación distinto al de la anterior administración, además, señaló que esta vez será el propio gobierno quien comercializará las viviendas adicionales y no una empresa.

“El gobierno va a poner ese recurso para que inicie la reconstrucción y los departamentos adicionales, dependiendo de cada uno de los temas, traemos ya un esquema en donde sea el propio gobierno quien comercialice esos departamentos. De tal manera que no tenga que entrar un desarrollador inmobiliario a este esquema en donde no sabemos si está generando una ganancia adicional sobre el departamento o no, que además encarezca el suelo en la zona en donde está construyendo”,

EXPRESÓ SHEINBAUM EN CONFERENCIA, EN ENERO DE 2019.

En junio del 2020, la Comisión para la Reconstrucción del Congreso de Ciudad de México aprobó el proyecto de dictamen que envió Sheinbaum, que entre otros punto argumenta que, “la ley para la reconstrucción no permitía a las personas damnificadas acceder al mecanismo de redensificación para financiar la recuperación de las viviendas”. Esta reforma permite que se reconstruya con una redensificación del 35 por ciento sobre la superficie edificada antes del sismo. Además, permite que las personas cedan un porcentaje de la superficie edificable que les corresponde para financiar la reconstrucción, ya sea con recursos públicos o privados, en cierta media, es lo mismo.

El 18 de Junio, las y los damnificados tuvieron una reunión con el comisionado pero fue evidente que no había resultados positivos para los damnificados. “Nos dimos cuenta que era muy desgastante porque es muy complicado estar en una reunión durante varias horas tratando de construir acuerdos, pero que además, siempre, en la siguiente reunión te dicen que no fueron así estos acuerdos”, recuerda Karina.

Otro edificio,  el número 27, de la calle Ámsterdam, ha pasado tres años en obras de rehabilitación y,  para Trinidad Godínez Romaña, el edificio luce inhabitable. “Hemos tenido que buscar la manera de que nos vuelvan hacer caso, rompimos con el comisionado Cravioto porque solamente nos está conteniendo, nos estaba dando largas. Este edificio, según era para que lo entregaran en Agosto del 2019, pero ya lleva casi un año de retraso, porque incluso el proyecto estructural era para rehabilitación y de repente no lo quisieron cambiar para demolerlo y hacer la redensificación”, explica Trinidad.

Lo mismo sucede con el caso de Insurgentes Norte 47. “Empezamos a ver muchas irregularidades por parte de esta empresa y empecé a sufrir mucho hostigamiento, incluso, me golpeó el que era responsable de la obra, sufrí agresiones, se levantó una denuncia y era porque no nos daban acceso, ni a la administradora con la que firmó el contrato no le daban acceso al inmueble, ¿Por qué? Porque no querían que viéramos todos los vicios ocultos que estaban haciendo”, denunció la damnificada Niño de Rivera.

“La empresa Grupo C2 firmó un contrato para realizar toda una serie de reparaciones pero al momento de recibir la obra se percató de que la empresa anterior había dejado instalaciones eléctricas mal. Las instalaciones hidrosanitarias tapadas con piedras, entre otras graves negligencias”,

CONCLUYE YUKARI.

Niño de Rivera por su parte arremete asegurando que esta empresa ya no puede hacer los trabajos de reparación, “encontré muchos vicios ocultos, entonces ya hay un incumplimiento de esta empresa. Sumado a ello, la comisión dice que ya no hay dinero, por ello ya no se pudieron hacer los trabajos, porque hubo vicios ocultos de la otra empresa. Entonces me dice, te entrego la próxima semana. Nosotros dijimos que no lo íbamos a aceptar”, denuncia la damnificada.

A casi tres años del sismo, cientos de familias de damnificados aún esperan retornar a su casa, la Comisión, con la redensificación y en su intento de bajar los costos, ha desatendido los procesos de rehabilitación y reconstrucción. Pero aunando a ello, ha hecho entrega de edificios y casas inhabitables, en otros casos han omitido la demolición de bardas perimetrales que a simple vista lucen endebles.

El caso más preocupante es el de Insurgentes Norte 47 en el que no se hicieron los estudios correspondientes como es el de mecánica de suelo, se tuvieron que reforzar columnas, corregir losas, sin embargo, la Comisión ya quiere entregar el edificio. Pero, estas intancias se han topado con pared porque las personas damnificadas organizadas aseguran que no darán ni un paso atrás hasta que se hagan valer sus derechos.

Condenadxs a la deuda: crisis económica y tecnocracia neoliberal

La penuria de ‘la crisis económica’ se ha convertido en la prosa más proclamada de los últimos meses, no tan sólo en Chile, sino que en toda la región latinoamericana. Sin embargo, la explicación política de la crisis no está en discusión, no sabemos cómo opera la crisis en términos teórico-políticos y no meramente como una explicación tecnócrata de desequilibrios matemáticos a raíz de la pandemia.

La discusión ha sido atrapada por ‘expertxs’ o ‘técnicxs’ en modelos económicos que excluyen de sus fórmulas y planes a los pueblos que siempre han terminado pagando el precio de las crisis.

Hasta el momento no sabemos por qué, a nivel global, la crisis sólo afecta a los millones de súper pobres y no a lxs súper ricos. Hasta ahora no se ha explicado por qué mientras en nuestros países del sur global el hambre aumenta, en el norte Wall Street cerró su mejor trimestre (abril-junio) en más de 20 años[1], con los sectores energético y tecnológico liderando la maximización de ganancias en el mercado financiero.

Pero en plena pandemia el éxito financiero no es exclusivo de ese norte; en Chile, la bolsa de Santiago reportó que “los mayores ganadores del período fueron Colbún (Grupo Matte), una de las apuestas preferidas de las corredoras en el sector energético, que escaló más de 49%; Entel (Grupo Matte), que se elevó un 46%; y la acerera CAP, que se ha apreciado casi 45% de la mano del rally en el precio del hierro”[2]. 

Entonces hay una crisis económica, pero no una crisis del sistema capitalista. La matriz capitalista no está en crisis, la arquitectura financiera mundial no está en crisis, los fondos financieros internacionales no están en crisis y las corporaciones offshore tampoco están en crisis.

En estas tierras, el Grupo Matte, una de las familias súper ricas de Chile, sigue acumulando ganancias mientras pone en marcha una ambiciosa cartera de proyectos extractivistas [3];paralelamente, desde el corazón del capitalismo global, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en respuesta a los indicios de austeridad gubernamental, señala: “Mi mensaje es: gastar, gastar, gastar. Por favor, gasten tanto como sea posible”Su mensaje nos obliga a asumir que la relación colonial que reproduce la deuda externa es la única salida a la crisis, una salida que nuevamente condena a los pueblos empobrecidos y precarizados del sur global a la dependencia financiera internacional y significativamente a sus ‘ajustes’ económicos. 

Considerando, además, que no es una discusión abierta el carácter público o privado de la deuda, no es menor preguntarse si corresponde a todxs pagar los préstamos contraídos para ‘fomentar la inversión’ que aumentará las ganancias de lxs ‘súper ricxs’.  

En este escenario, es importante aclarar que la explicación de la actual crisis se encuentra atrapada en una lógica institucionalista que gestiona la economía como ciencia-técnica, una gestión de expertxs reducida a indicadores económicos, por ejemplo: Producto Interno Bruto (PIB), Inflación (o Índice de Precios al Consumidor-IPC), desempleo, tasas de interés. En esa lógica de comprensión y reducción de lo económico a factores  macroeconómicos, se invisibilizan relaciones de producción, distribución y acumulación, relaciones de explotación de la naturaleza y el trabajo humano, condiciones de intercambio comercial o circulación de mercancías desiguales y la maximización de la ganancia a nivel financiero, entre otros; cuestiones que no son abordables desde las economías nacionales, pues responden a las dinámicas de dominación del sistema-mundo capitalista.

Esta lógica institucionalista ha despolitizado la vida pública y ha fetichizado la economía como un ámbito ‘disciplinar’ disociado de lo social y de los territorios que la (re)producen. La economía ha pasado a ser un objeto de conocimiento separado de sujetxs historizadxs, un campo de teorización/especialización y aplicación donde sólo hay agentes económicos contingentes, sin historia, una disciplina de la modernidad capitalista incapaz de reconocer formas de intercambio tradicionales y economías territorializadas.

 Esa economía cientificista se mueve en función de indicadores e índices, desconociendo los espacios de la economía de resistencia cotidiana, aquella que permite, en medio del capitalismo voraz, reproducir la vida en intercambios de calle, gracias a la venta de colaciones caseras a oficinistas, de coleros y coleras, de papas de barbecho y hortaliceras. Espacios de amplificación de mercados del rebusque, del peso a peso, de la venta a luca, de los pitutos y los pololitos de barrio. 

Toda una economía desplegada por familias extensas y/o comunidades, organizada en torno al trabajo precarizado, la sobreexplotación y el trabajo informal, acompañado de todas las violencias que ello desencadena. Economías informales, incontrolables, y por lo mismo criminalizadas, como la venta de hortalizas frescas que viajan día a día del campo a la ciudad o la venta callejera de las ‘novedades’ chinas que operan sin patentes municipales. 

A pesar de la ilegalidad y ‘criminalización’ de estas formas de intercambio, son finalmente estas dinámicas las que mueven los indicadores e índices macroeconómicos; pues no podemos desconocer que son, justamente estos grupos precarizados los que mueven la productividad y sobre todo el consumo, a través de los círculos viciosos de crédito y endeudamiento, que los mantienen encadenados a las tarjetas del retail y el supermercado. 

En consecuencia, el análisis económico tecnocrático supone un orden social dado. Es decir, hay una única forma de vida, que es la capitalista (considerada la única forma de política y de existencia). En este horizonte, las crisis son ‘oportunidades’ para realizar ‘ajustes’ o ‘reformas’ dentro de la institucionalidad económica ya existente, donde las instituciones como el Banco Mundial, el FMI, el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20, junto a potencias como EE. UU. y China, harán los ‘ajustes’ necesarios que permitan que dichas oportunidades sean capitalizadas. 

De hecho, mientras millones de ‘súper pobres’ son condenadxs por la crisis pandémica a la explotación, la enfermedad y la hambruna, lxs ‘súper ricxs’ de los sectores energético y tecnológico, gestionan exitosamente sus inversiones, proyectando un nuevo ciclo de crecimiento que demanda más y más bienes naturales de un sur global devastado. Paradójicamente la temida ‘crisis económica’, abre un horizonte postpandémico ‘verde’, que mediante un ‘ecoajuste global’, reinventa las economías depredadoras del norte, sacrificando las territorialidades del sur.  

Pensando en esos nortes y sures, nos preguntamos ¿Quiénes están llamadxs a realizar dichos ajustes? La respuesta es el saber técnico, que presupone una neutralidad ética y política, esa racionalidad a la que, hace unos días atrás, rezaba Gonzalo Blumel Mac-Iver, Ministro del Interior y Seguridad Pública del gobierno de Chile al señalar: “(…) la técnica sin la política es ciega, pero la política sin la técnica es ineficaz y puede terminar causando más mal que bien (…)[4]

En este sentido, el/la sujetx del Estado colonial-moderno patriarcal capitalista chileno no son ya lxs dirigentes de antaño que, encandiladxs por la prosa desarrollista, pretendían mediar la relación Estado/sociedad civil, sino que el/la tecnócrata que monopoliza el saber técnico, y se reproduce en los círculos elitistas de los denominados think tank(tanques de pensamiento) como la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN), Chile 21, Libertad y Desarrollo, Fundación Avanza Chile, el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE), el Centro de Estudios Públicos (CEP), el Centro de estudios Espacio Público, La Fundación para el Progreso, Evopoli y el Centro Signos Estudios e Investigación Social (de la Universidad de Los Andes), entre otros. 

El/la sujetx del Estado neoliberal –y por extensión de la sociedad neoliberal- son lxs tecnócratas, que encarnando un aura de expertis, reproducen la arquitectura del saber hegemónico. Eso explica que todos los ministros de hacienda de la ‘democracia pactada” en Chile, desde Alejandro Foxley Rioseco, pasando por Eduardo Aninat Ureta, Manuel Marfán Lewis, Andrés Velasco Brañes, Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Alberto Arenas de Mesa, Rodrigo Valdés Pulido, Felipe Larraín Bascuñán hasta Ignacio Briones Rojas, han trabajado y han sido consultores, en algún momento de sus exitosas carreras, del Banco Mundial, el BID y/o. FMI. 

Además de compartir, como asesores y consultores sus ‘recetas de ajustes’ a otros países latinoamericanos, lo que explica la gran proliferación y extensión del neoliberalismo en la región. Lxs tecnócratas se mueven como anfibixs tanto en el mundo privado como público-estatal, pasan de un cargo en el Estado al gerenciamiento empresarial o a la consultoría de organismos internacionales, pues su saber técnico no tiene compromiso ético ni político y consecuentemente están disponibles para cualquier ‘reinvención’. 

Estos personajes de la tecnocracia chilena, son responsables de las reformas económicas que generaron la imagen de ‘Chile, país de la OCDE’, y la emergencia de la ‘nueva pobreza’ clasemediera, arribista y despolitizada, que logró mayores niveles de consumo, debido al acceso al crédito/endeudamiento; como se deduce de los informes de la Cámara de Comercio de Santiago, según la cual el 80% de los hogares en Chile posee un instrumento de crédito.

 La clase media se nos presenta, entonces, como una ficción más de la especulación financiera, ya que las condiciones materiales y, fundamentalmente, la redistribución de la riqueza no ha cambiado. En este contexto, reconocerse ‘clase media’ es sólo una proyección arribista de la realidad realmente existente. Por ejemplo: Quienes se endeudan para adquirir un automóvil, compiten en su poder adquisitivo con lxs iguales del barrio, pero no pueden competir con las divisas ni el poder acumulado de las familias Matte, Luksic, Angelini, Paulmann, etc. ni el poder de influencia de lxs tecnócratas estatales.  

Es así que quienes en la actual coyuntura política asumen la defensa de la ‘clase media’, no defienden unx sujetx históricamente situadx en la estructura de clases chilena, sino la valoración especulativa de la individualidad arribista parida por la sociedad neoliberal y que ha legitimado la doctrina económica de la tecnocracia chilena. Finalmente, lo que están defendiendo es la fe en su ascenso social, un sentirse ajenx a la pobreza, que creen haber dejado atrás, mientras el crédito les permite reproducir precariamente la vida sin acceso a las garantías del Estado ni a un patrimonio propio para progresar. 

Es ese grupo social, profundamente despolitizado y desconectado de los asuntos públicos, quien observa ansioso el espectáculo mediático en torno al retiro de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones); usado como oportunidad política para rearmar los antagonismos partidistas, adelantar campañas electorales y ‘cambiar algo para que nada cambie’.

La penuria de la ‘crisis económica’ es una prosa que sutura y pacífica a los grupos explotados y subalternizados que podrían derrumbar la dominación empresarial y politizar debates invisibilizados por la tecnocracia chilena, como la disputa por la tierra, el agua, el trabajo, el crédito, el comercio, la justicia, etc. 

Al contrario, esta prosa habilita el empleo precario que ofertan los grupos económicos o familias ‘súper ricas’ como el único destino posible para continuar sosteniendo el endeudamiento perpetúo de aquella ficción especulativa llamada ‘clase media’, y la fe en las políticas del ‘chorreo’ de quienes aún no pueden ‘sentirse’ parte de ella. 

En este escenario, lo único que podríamos esperar es una ‘ofensiva extractivista’ gestionada por lxs ‘súper ricxs’, que hipoteque más territorios para pagar la ‘reactivación económica’ y la deuda contraída con los fondos financieros internacionales; y que paralelamente les signifique mayor acumulación de capital. Para lxs pobres de siempre, el tiempo postpandémico no oferta optimismo, ni la más mínima contemplación o ‘empatía’ del capital. Desde el FMI, el mensaje es claro “Gasten, gasten, gasten” hasta la última gota de vida que les queda.

La geopolítica de los transgénicos en Suramérica

Un despliegue de discursos protransgénicos y contra regulaciones ambientales internacionales coinciden con la pandemia en la región. Desde el segundo trimestre operadores neoliberales pretenden expandir en Suramérica el campo, infinito y letal, de organismos genéticamente modificados (OGM) en agricultura. Que en solo 25 años, entre Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, ya se cultivan en 94 millones de hectáreas en ecosistemas atlánticos, el Gran Chaco y la Amazonía. Para las que se utilizan más de 1.500 millones de toneladas de agrotóxicos por año. Todo el subcontinente regado y alimentado con herbicidas de unos cuantos laboratorios, altamente dañinos para la salud humana y de toda forma de vida, como consta en sentencias judiciales emblemáticas y cientos de estudios[1].

En mayo, el golpista Gobierno transitorio de Bolivia autorizó al Comité Nacional de Bioseguridad (CNB), formado recién en 2019 e integrado por ningún especialista en genética, establecer procesos abreviados de evaluación del uso de cuatro semillas modificadas (maíz, caña de azúcar, algodón y trigo). En la gestión de Evo Morales se introdujo al país la soya transgénica para fabricación de biocombustible, que el Estado iría a comprar. Ahora la clase empresarial quiere diversificarse hacia los transgénicos para alimentación humana y ampliar la producción soyera para vender biodiésel, sobrevalorado, a la administración de Jeanine Áñez. Es la trama lumpen capitalista de ocasión. El sistema y su condición natural detrás de estas plantaciones y la ganadería industrial que causan la deforestación anual de 350 mil hectáreas de bosques en Bolivia, de acuerdo a estimaciones de la fundación Friedich Ebert Stiftung.

Ver también Brasil petroquímica sin petroleo, la soja una estrategia militar de EU

El territorio boliviano es parte de un megapoderoso corredor internacional de soya transgénica que triplica en tamaño a Alemania. Suramérica es un laboratorio para los patrones del planeta: después de Estados Unidos, Brasil y Argentina son los dos países con más sembríos de OGM.

A la vez, el Ministerio de Agricultura del Perú presentó, a un año del fin de la moratoria de una década al ingreso de transgénicos para cultivos o crianza ganadera, el proyecto de Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados para el Sector Agrario (RISBA). La propuesta, sobre el papel, consiste en “recoger las opiniones de entidades públicas y privadas”, a fin de eventuales desarrollos y pruebas de OGM en el ámbito agrícola.

Recordemos que la moratoria fue la respuesta a los intereses de multinacionales y la banda de terratenientes y turbas políticas peruanas que, a la batuta de Alan García, forcejearon el ingreso de transgénicos al Perú en 2011. Porque no había -ni habrá- estudios reales que respalden la inocuidad de los agrotóxicos. Los mismos capataces piden más cultivos transgénicos en el vecino del Altiplano, que ya cuenta 1 millón 700 mil hectáreas de estos y el 62% de tierras productivas concentrado en el 16% de propietarios[2].

En el caso peruano, ¿de dónde llegarán los “aportes” a sistematizar por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)? ¿Serán públicas las fuentes y sus intereses? ¿Opinión de qué puede emitir el Comité Sin Expertos de Bolivia? El ADN del capitalismo en la ciencia manda sobre las oficinas técnicas estatales a cargo de los marcos legales y de acción de la biotecnología. En Suramérica, al servicio de los mayores poderes mundiales: más del 80% de poroto de soya de Argentina y Brasil es vendido a China, por citar un ejemplo.

“Caso testigo es la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) de Argentina, creada en 1991. Su integración fue secreta durante 26 años, hasta 2017, cuando la nómina fue filtrada por la prensa. De 34 integrantes, 26 pertenecían a las empresas o tenían conflictos de intereses. Martín Lema, director nacional de Biotecnología desde 2011 y máxima autoridad de la Conabia, es autor de papers científicos firmados por las mismas empresas a las que debería controlar: Bayer-Monsanto, Syngenta, Basf y Dow Agroscience. El organismo responsable de liberar semillas de soja, maíz, algodón, papa y caña de azúcar no cuenta con ningún científico crítico a los transgénicos. Tampoco permite la participación de entidades de la sociedad civil. Desde 1996, la Conabia aprobó 61 transgénicos. Las empresas beneficiadas fueron las misma que dominan la Conabia y publicitan que los transgénicos son seguros”, indica el estudio Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur (Acción por la Biodiversidad, 2020), realizado por especialistas en ciencia de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

El cuento sin bandera de la soberanía

El ocultamiento de información y su sustento con estudios científicos a sueldo, financiados por los mismos creadores de semillas transgénicas y químicos para su tratamiento, son las reglas de juego de un modelo neocolonial del agro.

“Hasta el momento de su aprobación comercial, no se habían realizado estudios -aparte de los entregados por la propia Monsanto- para evaluar la toxicidad ni los efectos secundarios de los transgénicos. Los expedientes de aprobación son confidenciales en todos los países: ni organizaciones de la sociedad civil, ni especialistas en ciencia independientes, ni funcionarios pueden acceder”, resalta el informe.

Precisamente, el libre acceso de toda persona a información, participación y justicia en materia ambiental son los objetivos centrales del Acuerdo de Escazú, firmado por el Perú en 2018 y a la espera de su ratificación en el Congreso desde hace un año. Once de los 22 países de América Latina y el Caribe que lo suscribieron deben ratificar -faltan dos- el tratado internacional para que entre en vigencia. En julio, también por azares, el sicariato político-económico de Lima lo puso en su mira.

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A la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) del Perú le preocupa “la abdicación a nuestra soberanía sobre nuestro territorio nacional, la Amazonía, un tratado que genera inestabilidad jurídica en el país, afectando indudablemente a las inversiones y al propio desarrollo de las poblaciones”. Declaración de parte patronal contraria a la posición de la entonces ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Y en coro con la Cancillería y cinco cárteles políticos de centro y derecha en el Parlamento.

Como el gran capital no tiene patria, el peruano Grupo Romero, pilar de la Confiep alarmado por la soberanía en una orilla del lago Titicaca, tiene una millonaria presencia en el mercado boliviano de transgénicos desde que en 2003 compró el 74% de acciones de Industrias de Aceite FINO. Y como tampoco tiene ley, es el primer terranetiente de la Amazonía peruana, monopolizando con 25 mil has. los cultivos de palma aceitera que arrasan bosques primarios.

El comunicado de estos oligarcas es literatura de caucheros. La sangría de la Amazonía y sus pueblos es la consecuencia de sus inversiones. Otro relato protransgénico, para las nuevas crónicas de las indias, es la negación de la concentración y acaparamiento de tierras por parte de la clase capitalista extranjera. Cuando la mayoría de territorios de América Latina ya está en manos de pocas multinacionales y transnacionales regionales, como la propietaria del Banco de Crédito del Perú. En Santa Cruz (Bolivia) el 2% de productores tiene el 70% de tierras. En Argentina el 1% de productores posee el 36% de tierras y al 55% de productores le queda el 2% de tierras. En Paraguay, el 3% de productores concentra el 85% de tierras y al 91% de productores le sobran el 6% de tierras.

Desligar la biotecnología del modelo latifundista privado de monocultivos y la amenaza a la biodiversidad es un acto reflejo de colonialismo cultural, de derecha o izquierda. El lobby científico corporativo tiene sus encomenderos en filas liberales, de centro, progresistas. En Argentina colocó de ministro de Relaciones Exteriores a Felipe Solá, quien fuera secretario de Agricultura cuando, en 1996, el país se convirtió en el primero de la región en permitir el ingreso de cultivos transgénicos a punta de informes de Monsanto ni siquiera traducidos. El estanciero firmó en pandemia millonarios contratos de producción industrial porcina.

Y están los que dudan de los efectos de agroquímicos o incluso lo niegan. Un cabildo donde brillan académicos, políticos, empresarios, periodistas; hombres blancos de ciudad. Supremacismo, aunque sea de izquierda, extrapolando una idea de la activista y escritora gitana española Pastora Filigrana. No les importa si en Argentina dos tercios de personas con cáncer viven en regiones agrícolas transgénicas bañadas en glifosato, como Entre Ríos, donde el 40% de muertes es por tumores malignos[3]. Que el Ministerio de Salud de ese país advirtió desde 2012 que en poblaciones expuestas a agroquímicos hay 30% más casos de cáncer. Son catedráticos, líderes de opinión, hasta gobiernan. Demócratas liberales y librepensadores panzudos, limeños, santacrucinos o bonaerenses, que recurren al hambre mundial[4] y eructan un abecé de beneficios de la ciencia genética para la humanidad por todo argumento.

No da para más la inteligencia criolla colonizada, la de la gran prensa de la región concentrada y sus referentes; la de su dirigencia financiera y política. Son productos descartables de un orden mundial de factura neoliberal. Piezas del ecocida esquema de transgénicos y agrotóxicos impuesto, en masa y en inglés[5], a Suramérica sin aguardar evidencias de campo[6]. Un modelo potencialmente enriquecedor en nuevos virus y probablemente efectivo en profundizar la desigualdad. Una comunidad científica independiente, autónoma y del lado de los pueblos, aliada a la sociedad civil y canales de información libre, tiene el deber de contribuir a la reparación de la Tierra, las mujeres campesinas que alimentan al planeta, los despojos, las contaminaciones. De garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Los empresarios financistas de la Ciencia y funcionarios públicos, mientras no cambie de raíz la configuración de los Estados capitalistas modernos –o su existencia-, no lo harán. No nos quedará otro cuarto de siglo.

Minera de níquel guarda silencio por casos de covid-19

Por equipo Lur Gorria

Las autoridades del Centro de Atención Integral Materno Infantil (Caimi), en el municipio de El Estor del departamento de Izabal, región nor-oriente de de Guatemala, confirmaron los primeros dos casos positivos por covid-19 durante la primera semana de junio. Dos meses después registraron 31 casos positivos y más de 450 personas fueron puestas en cuarentena en todo el municipio. Cada viernes, el doctor Pablo Mejía, director de ese centro, da una conferencia de prensa para actualizar a la población con la información sobre la pandemia. Pese a ello, las autoridades del municipio no ha dado información sobre los casos de contagio de los trabajadores de la compañía de níquel y la empresa guarda silencio.

La preocupación llegó desde el 22 de julio cuando varios trabajadores de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y de la Compañía Procesadora de Níquel (Pronico) afirmaron que varios de ellos, habían dado positivo a la prueba rápida de covid-19 realizadas por la misma empresa, los trabajadores pidieron mantener el anonimato por temor a represalias de los gerentes. Ambas empresas son subsidiarias de la transnacional ruso-suiza Solway.

Estos casos no han sido informados públicamente por el Caimi hasta el momento. El Estor se encuentra dentro del listado de municipios con alerta naranja y con estos casos de la empresa podría subir a color rojo. “Sabemos que los que son positivo a coronavirus, son del área de mecánica y hay supervisores también en el área de metalurgia”, informó un trabajador. Algunos de ellos viven en la colonia minera sin que hayan podido salir desde el inicio del estado de calamidad, según fuentes internas.

“Compañeros nuestros en el área de las calderas han sufrido desmayos, otros han tenido sangrados de nariz mientras están en sus puestos de trabajo, incluso, uno de ellos vomitó sangre, a otros los enviaron a cuarentena diciendo que posiblemente tenían dengue”, relató uno de los trabajadores mineros.

Algunas personas afirman que unos 40 trabajadores actualmente podrían haber dado positivo al covid-19. En estas dos empresas trabajan unas 3 mil personas, según lo confirmó en 2019, Maynor Álvarez uno de los gerentes de la minera. En perfiles de Facebook de personas del municipio, coinciden con la preocupación de los trabajadores.

Ver También ⇒ Oaxaca, Minería podría agudizar sequía en pleno pico de la pandemia

Para los trabajadores es difícil precisar el estado de salud de sus compañeros, pues son de otros municipios de Guatemala y estos fueron enviados de vuelta a sus hogares. En julio de 2019, el exalcalde municipal Rony Méndez afirmó en la Corte de Constitucionalidad (CC), que unas 300 personas de El Estor trabajaban en la compañía de níquel.

Otro de los trabajadores expresó que los gerentes de Pronico, en reiteradas ocasiones, les prohíben dar información sobre lo que ocurre en el interior de la colonia minera, la planta procesadora o las áreas de producción. Especialmente sobre los casos positivos de covid-19.

“A nosotros nos dijeron que no digamos nada sobre estos casos positivos. En el área de calcinación, en el taller y el área de metalurgia hay muchos compañeros que dieron positivo”,  

INFORMÓ OTRO TRABAJADOR.

Cuarentena y turnos diferentes en la empresa 

A partir de la última semana de julio, Pronico y CGN modificaron los horarios y al personal de los distintos turnos dentro de la planta procesadora. Quienes lo hacen de lunes a viernes fueron enviados a cuarentena desde el 22 de julio, algunos afirman que la medida no se aplicó a todos. Solamente les explicaron que podrán volver a sus actividades laborales hasta nueva orden. Esta acción de la empresa genera incertidumbre pues ha habido destituciones recientemente.

A varios de los que suspendieron y fueron puestos en cuarentena no han sido monitoreados por ningún médico de la empresa ni del Caimi. “Un compañero me dijo que esta preocupado y que teme que su familia se contagie, nadie nos llama para saber cómo estamos o para darnos indicaciones”, precisó uno de ellos.

Realizan hisopados en el hospital de la compañía de níquel

El Centro Médico del Lago, es un hospital privado de la compañía de níquel y se ubica dentro de la colonia minera, a unos diez minutos de distancia de la planta procesadora, y a pocas cuadras del centro del municipio. Este centro asistencial cuenta con unos nueve médicos (siete hombres y dos mujeres) que se distribuyen en las siguientes especialidades: cirugía general, otorrinolaringología, ginecología y obstetricia, medicina general, traumatología, ortopedia y pediatría. Todos están vinculados a los seguros del Banco G&T Continental. 

A pesar de que en este centro se han estado realizando pruebas a través del hisopado nasofaríngeo o test PCR (reacción en cadena de polimerasa, por sus siglas en inglés) a los trabajadores mineros, según la información oficial del Ministerio de Salud, el Centro Médico del Lago no se encuentra dentro de los centros o laboratorios autorizados para realizar las pruebas de covid-19 o procesarlas. Los trabajadores señalan que en el momento del hisopado no hubo presencia del personal representantes de Salud o del Caimi. Las autoridades del centro médico solamente les entregan una boleta sencilla sin respaldo de algún laboratorio autorizado. 

En las redes sociales, algunos estoreños hicieron publicaciones el 31 de julio,  sobre el caso de uno de los trabajadores de Pronico, quien dio positivo luego de las pruebas que le realizaron. Según esas publicaciones, el joven es originario de el Estor y no salió del municipio durante estos cuatro meses de la pandemia, la forma de contagio fue a través de sus compañeros de trabajo que son de otros municipios. Con la llegada de la pandemia, todos los trabajadores firmaron un documento comprometiéndose a no salir del municipio, pero no respetaron la prohibición, según citó la fuente. 
Tanto Pronico como CGN operan cinco proyectos mineros, y su personal se mueve constantemente entre los municipios de Panzos, Cahabón, Senahú en Alta Verapaz; en el Estor, los Amates y Puerto Barrios, Izabal.

Las autoridades de salud no dan información 

La municipalidad decidió modificar algunas de las medidas de control y prevención de virus. Durante la conferencia de prensa del viernes 31 de julio, Jorge Mocuá representante municipal anunció que decidieron, que a partir del 3 de agosto, desaparecerían los puestos de control sanitarios en las entradas del municipio.

 “A partir del día lunes 3 de agosto ya no van a funcionar los puestos de control sanitarios, sin embargo, se va a iniciar una campaña de sensibilización de información de prevención para la población’’,

PUNTUALIZÓ MOCUÁ, MIENTRAS LOS CASOS VAN EN AUMENTO.

Para saber si el Caimi tiene alguna información sobre los casos positivos en la planta minera se realizaron varias llamadas al doctor Pablo Mejía, director de Caimi, quien durante la primera llamada dijo que estaba ocupado, y al intentar de nuevo no se logró la comunicación con él.  

Según los trabajadores de Pronico, la empresa debe informar de los casos positivos, para que puedan tomar todas las medidas necesarias en su comunidad y con sus familias.

“El debate no es sí el aborto debe o no suceder, sino su criminalización”

El día martes 28 de julio, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) descartaron con cuatro votos contra uno que el Congreso estatal de Veracruz reforme los artículos de su Código Penal, en los que se contempla como delito la interrupción del embarazo.

De haber sido aprobada, la medida iba a obligar al Congreso de esa entidad a despenalizar el aborto. Además, pudo haber creado un precedente y así abrir la puerta para seguir luchando por la interrupción legal del embarazo en todos los Estados de la República mexicana.

Contexto

En 2016, organizaciones civiles solicitaron una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado en Veracruz, uno de los Estados del país con las normas más restrictivas sobre los derechos reproductivos de las mujeres, y con mayor registro en violencia hacia las mujeres. En la entidad, a las mujeres se les restringe la interrupción del embarazo hasta por causales como violación o riesgos para su salud.

En julio del mismo año, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) enviaron un informe al gobierno de la entidad, notificando las violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres en la entidad.

Las conclusiones y propuestas del informe señalan la necesidad de reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal en tres aspectos: despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, incluir la causal de aborto por violación y riesgo para la salud de la mujer y eliminar el plazo de 90 días para el aborto en casos de violación.

Sin embargo, hasta la fecha, el Congreso de Veracruz no ha reformado el código. Como consecuencia, organizaciones y colectivos promovieron un amparo que fue concedido por un juez federal en Xalapa, para después llegar a la SCJN en un proyecto que plantea que el Congreso de Veracruz fue omiso y tiene la responsabilidad de reformar el Código Penal para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y sin plazos en casos de violación, tal como establecen las leyes en la Ciudad de México y Oaxaca.

“Las formas siguen importando más que la vida de las mujeres”

El motivo por el cual la mayoría de los ministros rechazó la propuesta se centró en la forma del amparo, y no en el fondo. Coincidieron en que, al existir una Ley en el Estado, el congreso veracruzano no está siendo omiso sobre cumplir su tarea. También afirmaron que la Corte no puede ordenarle al Congreso veracruzano la modificación de una ley.

La primera ministra en posicionarse en contra fue Norma Lucía Piña Hernández, al considerar que la Constitución no obliga a los congresos a legislar en materia de aborto. Dijo que a lo mucho, se puede alegar una inconstitucionalidad en las leyes en Veracruz, pero aclaró que ese punto no estaba argumentado en la demanda de amparo. “Voy a ir en contra del proyecto por el tratamiento que se le da y que no comparto en específico”, concluyó.

La ministra Ana Margarita Ríos Farjat se pronunció en el mismo sentido. “No existe un mandato específico para legislar en un sentido determinado (…) esto es un problema de técnica jurídica para mí”, expuso.

“Mi voto por la improcedencia en este juicio de amparo no implica ningún pronunciamiento sobre los temas (….), significa que no emito ninguna consideración ni a favor ni en contra en relación a los temas que se tocan de fondo”, expresó por su lado el ministro Pardo Rebolledo.

Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se dijo en contra de la discusión y dijo que sus motivos eran los mismos ya expuestos por las dos ministras.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ponente del proyecto, fue el único en votar a favor.

“Sí existe una obligación legislativa que vincula al Congreso local de Veracruz para reformar sus normas penales en relación a la interrupción del embarazo”, alertó, recordando que en la Corte tienen la obligación de reformar las normas que sean discriminatorias o propicien la violencia en contra de las mujeres. “La prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria al umbral de protección que corresponde a todas las mujeres, especialmente a la luz de su derecho a la salud y de su dignidad. En todo caso, en mi opinión, aún es necesario, aún es imperativo, como sostiene el proyecto, estudiar las normas que afectan a las mujeres a la luz de un examen de igualdad transformadora”, expuso.

Descontento

La decisión de la SCJN provocó el descontentó de muchas mujeres, organizaciones y colectividades.

En una entrevista para Avispa Midia, la colectiva feminista veracruzana Brujas del Mar lamentó: “Pensamos que esto no se atendió con perspectiva de género y pasó por alto los tratados internacionales a los que se supone hay que suscribir. Veracruz es uno de los estados con mayor registro en violencia sexual y violación, del 2012 al 2017 solo hubo cuatro abortos desde institutos de la salud evidenciando que la norma 046 no protege a las mujeres embarazadas víctimas de violación y tiene uno de los códigos penales en materia de aborto más duros. El fondo era más importante que la forma, sentimos que le buscaron un pelo a la sopa y preocupa no saber hasta cuándo volverá a ponerse el tema sobre la mesa pues el que este amparo haya sido discutido tomó mucho tiempo”.

La lucha sigue

La cuestión de la despenalización del aborto es un tema urgente para toda la sociedad. “Las mujeres siempre hemos abortado, por eso se insiste que el debate no es si el aborto debe o no suceder, sino más bien si va a dejar de ser criminalizado y va a procurarse la salud y seguridad de todas las mujeres que necesiten recurrir a uno. Si bien existen redes de mujeres acompañando de manera segura los abortos, no podemos dejar atrás a todas las que no tienen acceso a ellos. Esto es un tema de salud pública”, explicaron las Brujas del Mar.

La determinación de muchas mujeres para seguir luchando por los derechos de todas quedó intacta. De hecho, una movilización fue organizada en la Ciudad de México el día 31 de julio para protestar contra la decisión de la SCJN.