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Familiares de normalistas denuncian intentos por cerrar caso Ayotzinapa

En portada: A pesar de la lluvia, el pasado miércoles (26) se llevó a cabo la 117 acción global por Ayotzinapa. En su participación, madres y padres de los 43 normalistas denunciaron el incumplimiento del presidente Obrador sobre la resolución del caso. Foto: CDH Tlachinollan.

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) está realizando procesos de identificación genética de restos óseos, sin su conocimiento ni supervisión, haciendo uso de métodos que han arrojado resultados erróneos en el pasado.

Esto sucede a tres semanas de la última reunión con el presidente Obrador y, acorde a las declaraciones de Vidulfo Rosales, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan y abogado de los familiares, las acciones de la Fiscalía ocurren al mismo tiempo que el gobierno federal ha “triplicado los esfuerzos de búsquedas en Iguala en los últimos meses, porque hay un intento desesperado de ellos de encontrar restos”. 

En este escenario, mediante conferencia de prensa realizada este jueves (27), los familiares de los 43 sostuvieron que rechazarán cualquier resultado por parte de la FGR, debido a que el análisis de los restos se realiza sin contar con la participación de los peritos que han acompañado la lucha por la búsqueda de los jóvenes.

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y miembro del equipo legal de los familiares, confirmó que en la reciente identificación no se involucraron a los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense. 

Según los expertos forenses, el método empleado por la FGR, “en un caso como Ayotzinapa es problemática”, debido a que se emplea la obtención de ADN por vía mitocondrial de los huesos, en contraste con la vía nuclear que genera más certidumbre en los resultados. Además, enfatizaron que el análisis mitocondrial condujo a una identificación en falso durante las investigaciones en el sexenio de Peña Nieto, lo que, lejos de ayudar a la indagatoria, causó sufrimiento a las familias.

Aguirre alertó sobre la falta de confianza en las labores de la Fiscalía, por lo que sospechan que sus trabajos se encaminan a consolidar “un madruguete -acción realizada de manera adelantada- en identificación genética”. También hay la imprecisión sobre el número de restos encontrados por las autoridades. 

Conferencia de prensa realizada por los familiares de los 43 en el Centro Prodh.

Hilda Hernández, madre del normalista desaparecido César Manuel González, indicó que fue en la última reunión con funcionarios federales, a principios de junio, cuando Arturo Medina, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), les compartió, sin ahondar en detalles, sobre el encuentro de restos humanos. 

Sin embargo, argumenta que debido a los constantes engaños e intentos de manipulación por parte de funcionarios, los familiares de los 43 no aceptarán como válidos esos trabajos. “Lo único que hacen es seguir sobrellevando esta situación a modo de engañarnos, a toda la opinión pública, para que digan que nos están apoyando en las investigaciones, esa es una reverenda mentira”, aseveró.

Durante la rueda de prensa se señalaron otras irregularidades por parte de la FGR, pues la dependencia prescindió del envío de los fragmentos óseos a la Universidad de Medicina Innsbruck, ubicado en Austria, para someter los restos a análisis en el Laboratorio Central de ADN de dicha institución, reconocida mundialmente por su especialidad en el análisis mitocondrial.

“Nos genera preocupación”, sostiene el abogado Rosales, debido a que, detalla, la identificación de los restos se hace de manera subrepticia y sin transparencia. Ante la pregunta de reporteros, al final de la conferencia, el defensor afirmó que estas acciones “se inscriben en este intento desesperado por querer cerrar el caso”.

Recientemente, este martes (25) durante conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que actualmente no cuenta con ninguna prueba que el ejército mexicano sea responsable por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En contraparte, durante la rueda de prensa de los familiares, las organizaciones acompañantes remarcaron diversos actos irregulares cometidos por las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la noche del 26 de septiembre del 2014. 

Santiago Aguirre cuestionó las razones que llevaron a la infiltración, por medio de un militar encubierto como estudiante de la normal de Ayotzinapa, como uno de los métodos del ejército para vigilar las actividades de los jóvenes. También señaló la presencia de militares vestidos de civiles, que actuaron como elementos de inteligencia durante la desaparición, así como el ocultamiento de su presencia en las declaraciones que brindaron a las investigaciones iniciales.

Aguirre destaca que, con el avance en las indagatorias, se han podido obtener elementos que podrían vincular al ejército, específicamente al 27 Batallón de Iguala, de participar en actividades del crimen organizado en complicidad con el grupo Guerreros Unidos.

Ante todo lo anterior, el decir que no hay ninguna prueba contra el ejército en este caso, “nos parece una protección excesiva, mientras que, a la par se descalifican los señalamientos de familiares y organizaciones que exigen la investigación de las Fuerzas Armadas en el crimen”, enfatizó Santiago Aguirre.

: A pesar de la lluvia, el pasado miércoles (26) se llevó a cabo la 117 acción global por Ayotzinapa. En su participación, madres y padres de los 43 normalistas denunciaron el incumplimiento del presidente Obrador sobre la resolución del caso.

Incluso, el director del CentroProdh remarcó que en las investigaciones existen testigos de identidad reservada que afirman sobre la participación activa de elementos del 27 batallón en la desaparición de los normalistas, por lo que exigió agotar esas líneas de investigación. “El señalamiento al ejército no es ideológico, no es motivado por otros intereses que no sean el esclarecimiento de la verdad”, sostuvo.

Otra de las razones por las que se señala el encubrimiento del ejército, es debido a la negación en la entrega de información para obtener indicios que, a casi 10 años de distancia, les permitan dar con el paradero de los normalistas. Por ello, Mario González, padre de César Manuel González, exigió “quitar de las manos del ejército la investigación”. 

González detalló que tras la reunión de principios de junio con la presidencia y ante la falta de entrega de nueva información, funcionarios de la Secretaría de Gobernación visitaron las instalaciones del Centro Prodh para entregar una carpeta con documentos. Pese a la exigencia de los familiares para que el ejército mexicano entregue 800 folios, en esta ocasión solo les compartieron 15 documentos. 

No obstante, el padre del normalista desaparecido aseveró que en estos documentos existen indicios sobre la ubicación en la colonia Jardines del Sol, de una fosa clandestina con 14 cuerpos que podrían estar relacionados con los estudiantes de Ayotzinapa, una referencia que no había sido mencionada anteriormente en las investigaciones. Por ello, los familiares exigen conocer más detalles contenidos en los documentos que las Fuerzas Armadas se niegan a revelar.

Por mientras, el abogado Rosales enfatizó que la información que se conoce es producto de la lucha y exigencia de las madres y padres de familia, pero exige que se pongan en la mesa los 800 folios, “¿cuál es el miedo?, ¿por que ocultarlos? Y que un ente externo los revise”, propuso el defensor.

Responsables de la crisis climática; crecimiento sostenible una falsa salida

En un reciente análisis profundo sobre la crisis climática global, el Dr. Luca Ferrari, especialista en ciencias de la tierra y energía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desafía la narrativa convencional que recarga la responsabilidad por igual a todos los individuos y naciones. Según él, la distribución de la culpa es mucho más compleja y desigual de lo que comúnmente se presenta.

Así que presentamos el 3er episodio del podcast de Atizando el Avispero: con el tema Crisis climática, falsas soluciones y alternativas. El Dr. Luca argumenta que, si se tratara de repartir responsabilidades por la crisis climática, estas recaerían desproporcionadamente sobre ciertos sectores de la sociedad y ciertos países. Así que en esta ocasión analizaremos acerca de este tema. Escucha, comparte y súmate al análisis colectivo.

Comunidad Otomí alerta posible desalojo violento de la Casa de los Pueblos

En portada: El pasado sábado (22), con festival político cultural, reivindican solidaridad con el zapatismo y denuncian acoso a la comunidad otomí en la CdMx por el Gobierno de Batres. Foto: Noticias de Abajo ML

Después de que el pasado jueves (20) la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interrumpió el suministro eléctrico de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, “Samir Flores Soberanes”, al sur de la Ciudad de México, la comunidad Otomí alertó que ésta es una maniobra de autoridades locales, quienes preparan un desalojo violento del inmueble, ocupado desde octubre del 2020.

La emergencia sucede al mismo tiempo que colapsan otros servicios como el agua potable en el inmueble, que albergó por dos años al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y cuyo director, Adelfo Regino Montes, señalan por ser el responsable de responder con la criminalización ante las exigencias por vivienda digna de la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México, originarios de Santiago Mexquititlan, Querétaro.

Durante rueda de prensa la mañana de este martes (25), mujeres Otomís sostuvieron que, tras la interrupción de mesas de diálogo, y tras más de tres años de la ocupación del inmueble, no hay avance en acuerdos para solucionar sus demandas, por lo que auguran una posible salida violenta al conflicto por parte de la administración de la capital.

“Están haciendo una limpieza de los conflictos para la siguiente administración”, acusaron ante la propuesta de la alcaldía de la ciudad de México para que entreguen el edifico el próximo 15 de agosto. Acorde a la denuncia, funcionarios de la ciudad preparan la entrega del inmueble a la siguiente administración federal y para ello emplean la persecución judicial para criminalizar la lucha Otomí, integrando carpetas de investigación y órdenes de aprehensión por “despojo agravado”.

Cabe resaltar que, tras la reciente acción de la CFE al cortar la luz en la Casa de los Pueblos, al mismo tiempo aumentó el número de elementos policiacos en las inmediaciones, lo que la comunidad indígena avizora como el anuncio de una posible represión.  

“Desde estas entrañas, donde hemos sido criminalizadas y criminalizados, le reiteramos al Gobierno de la Ciudad de México y Adelfo Regino Montes, que no nos cansamos”, anunciaron tras el bloqueo de la avenida México Coyoacán, el cual mantiene la comunidad Otomí desde el pasado jueves (20), para exigir el reestablecimiento de la energía y el respeto a sus derechos por parte de las autoridades, federales y locales.

¿Dónde están nuestros derechos?

Tras la interrupción del suministro eléctrico, las mujeres Otomís denunciaron el colapso del drenaje debido a la falta de energía para mantener infraestructura en funcionamiento. “Ya se está saliendo las aguas negras. El drenaje ya está hasta el tope y tampoco les importa, nos puede causar enfermedades”, sostuvieron.

En la rueda de prensa, señalaron que las personas que habitan la Casa de los Pueblos, entre los que hay recién nacidos, infancias y personas mayores y con discapacidad, han visto vulnerados otros de sus derechos como consecuencia del daño a las condiciones básicas de vivienda en el inmueble.

“Nuestros hijos no pueden tener el derecho de educación, a la salud, a la justicia, a la alimentación, al trabajo”, argumentaron sobre los problemas críticos, como la falta de agua potable. 

Esto ocurre, pese a que la comunidad Otomí entregó una propuesta a la administración de la ciudad, encabezada por Martí Batres Guadarrama desde el pasado febrero. Entre las demandas destacan la expropiación de inmuebles para destinarlos a vivienda social, así como para albergar un centro cultural comunitario que sea la nueva sede de la Casa de los Pueblos. 

Además, enfatizaron el desestimiento de los procesos penales contra la comunidad Otomí, así como contra Diego García Bautista, integrante de la organización social Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) Benito Juárez. 

Este llamado de alerta fue replicado por los participantes de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAVI), quienes el sábado (22) se posicionaron contra la ola de violencia y represión contra organizaciones y comunidades que defienden sus territorios en México. 

“El sexenio de Andrés Manuel López Obrador cierra con represión, sangre y secuestro estatal a pueblos que defienden su territorio y ejercen sus derechos a la autodeterminación, a la protesta, la libertad de expresión y a un medio ambiente sano. El satíricamente llamado «segundo piso» de la cuarta transformación se inaugura con violencia sangrienta. Es la cruenta guerra por el agua y contra los pueblos, es la defensa del gran capital con el uso de toda la fuerza militar, policiaca y paramilitar. Es la guerra contra la vida”, sostuvieron desde la ANAVI.

En el contexto post electoral, las mujeres Otomís recalcaron el llamado a estar pendientes de la violencia contra el bloqueo y la Casa de los Pueblos. “Todo porque un pequeño grupo de indígenas, en medio de su deslumbrante transformación, decidió no quedarse callado, sino desafiar al sistema capitalista y patriarcal para exigir se cumplan sus derechos sociales”, señalaron.

Julian Assange es liberado tras una larga batalla legal

Tras un ir y venir en la lucha legal por la libertad del fundador de WikiLeaks, el Tribunal Superior de Londres ha concedido la libertad bajo fianza a Julián Assange, este lunes por la mañana, después de que la justicia británica fallara a favor de su libertad.

De acuerdo con WikiLeaks, el periodista al ser puesto en libertad abordó un vuelo que salía del aeropuerto de Stanstead a un destino no revelado hasta el momento. En las redes sociales de esta plataforma se anunciaba que, “Julian Assange esta libre. Salió de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, después de haber pasado allí 1.901 días”, dice el comunicado de WikiLeaks.

El periodista planea declararse culpable de uno de los cargos por el cual es incriminado, el de conspiración. Esta decisión se da como un acuerdo al que llegó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que le permitió su libertad tras haber pasado cinco años en una prisión británica. Originalmente era acusado de 18 cargos, como el de espionaje, que implicaba una condena de hasta 175 años de prisión.

El delito de conspiración gira en torno a la obtención y revelación de información de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Una carta de Matthew McKenzie, funcionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a la jueza federal Ramona Manglona, del Distrito de las Islas Marianas del Norte, dice que Assange comparecerá ante el tribunal el miércoles (26), a las 9 de la mañana, para declararse culpable y que el Departamento de Justicia espera que Assange regrese a Australia, su país de ciudadanía, después del proceso.

La persecución y encarcelamiento de Assange durante este tiempo se debe a que, según autoridades de los Estados Unidos, conspiró con Chelsea Manning, una analista de inteligencia militar, al usar el sitio web WikiLeaks para los documentos clasificados de guerra en Afganistán e Irak, además de información relativa a los detenidos de Guantánamo.

Justicia de París admite demanda civil contra el parque eólico de EDF en México

Foto de portada: Beatriz Millón

La Corte de Apelaciones de París admitió la demanda civil interpuesta por la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, localizada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, contra la empresa francesa Électricité de France (EDF). Además, aclaró los pasos necesario a seguir para futuros casos bajo la ley francesa del Deber de Vigilancia de las Empresas, que otorga a los tribunales nacionales la capacidad de controlar las acciones de las empresas francesas cuando causan daño en el extranjero.

La demanda fue presentada por la comunidad, en conjunto con las organizaciones Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C (ProDESC) y European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), en octubre de 2020, por violaciones a sus derechos territoriales colectivos. La comunidad de Unión Hidalgo es la primera comunidad indígena que invocó sus derechos bajo la ley francesa.

Las organizaciones afirman que EDF no respetó el derecho de la comunidad indígena al consentimiento libre, previo e informado en la planificación del parque eólico Gunaa Sicarú en Oaxaca, México. La empresa tampoco tomó medidas adecuadas para prevenir la intimidación, el acoso y la violencia contra las y los defensores de los derechos humanos que criticaban el proyecto.

“Nos alienta la decisión del tribunal de reconocer la admisibilidad de nuestra demanda contra EDF, lo cual reafirma nuestro derecho a impugnar acciones corporativas que violan nuestros derechos sobre tierras comunales y derechos humanos”, sostiene Guadalupe Ramírez, defensora de derechos humanos de Unión Hidalgo.

Para el coordinador de Justicia Transnacional de ProDESC, Guillermo Torres, esta decisión envía un mensaje claro a las empresas transnacionales. “Sus actividades pueden estar sujetas a revisión judicial siempre que no cumplan con la ley. También abre el camino para que otras comunidades afectadas exijan acceso a la justicia en los países de origen de las corporaciones”, asegura.

En 2022, la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo logró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cancelara el contrato de suministro eléctrico firmado con EDF, con lo que el megaproyecto eólico Gunaa Sicarú fue cancelado. 

De acuerdo con Torres, la inviabilidad del proyecto fue declarada por las autoridades mexicanas, tras una serie de litigios emprendidos en México desde 2017. “Esos litigios versaron sobre la responsabilidad de las autoridades mexicanas con motivo del proyecto, pero la responsabilidad de la empresa por violaciones a los derechos humanos no fue analizada en esos casos”, explica a Avispa Mídia

EDF tiene una responsabilidad que “es distinta e independiente a la responsabilidad estatal, de acuerdo con los estándares internacionales sobre debida diligencia; es por ello que el juicio [en París] sigue adelante”.

Además, aunque el proyecto fue considerado “inviable material y legalmente por las autoridades mexicanas, la empresa sigue buscando vías legales por las cuales reactivarlo". Un ejemplo, cita Torres, es que EDF inició un procedimiento arbitral relacionado con la cancelación del contrato de compraventa de energía.

En 2022, once comuneros de Unión Hidalgo lograron la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras firmados con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, que posee un parque eólico en la comunidad.

El fallo contra la empresa estableció que las tierras donde levantaron su complejo de generación de energía fueron consideradas indebidamente propiedad privada cuando en realidad son tierras comunales.

Guatemala: Entre palma y conservación, comunidad maya q’eqchi’ en riesgo de desaparecer

En portada: Habitantes de la aldea El Chorro muestran nacimientos de agua afectados por la sequía. A ello, se suma la falta de tierras para sembrar pues la comunidad está rodeada por monocultivos de palma aceitera. Foto: Renata Bessi

Antiguamente, a un kilómetro de distancia, se podía escuchar la bulla, se acuerda pesaroso el indígena maya q'eqchi', José María Alves, de la comunidad El Chorro, en el municipio de Sayaxché, Petén, norte de Guatemala. La bulla a la que se refiere el maya q'eqchi' era el ruido de la caída de un chorro de agua, resultado de la unión de varios nacimientos de la comunidad, en el río La Pasión. “Por eso nuestra comunidad lleva este nombre, pero ahora ya no se escucha”, dice mientras hace una conchita con la mano alrededor de la oreja en un intento de encontrar en el aire algún vestigio de la bulla. 

“Vamos, les voy a enseñar. Ahora solo un chorrito de agua se está cayendo en el río La Pasión. Ya no hay árboles para proteger nuestros nacimientos”, dice José María, quien es profesor en su comunidad. 

Un hilo constante de agua cristalina y fría baja del territorio de El Chorro hacia La Pasión, fuente de agua y alimento para familias de la aldea. Ahí, en los nacimientos, también están vestigios en piedras de la presencia de los mayas en estas tierras desde hace siglos. 

La comunidad, conformada por alrededor de 150 familias, mantiene un pequeño bosque en el área de los nacimientos. Sin embargo, a no mas de 300 metros de ahí empieza el monocultivo de palma africana, que ladea toda la comunidad. 

Hoy el dueño de la palma, de la Finca Santa Mónica, es Edgar Humberto Diéguez, representante de las empresas Inversiones Nativas S.A, socia de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), y HD Corporación, que se dedica a la siembra de palma y crianza de ganado en Alta Verapaz y Petén. 

“Fueron comprando las tierras. Yo mismo vendí mis tierras de cultivo para ellos. No me dejaron opción, ya habían comprado todo al alrededor. No podía llegar en mi parcela sin pasar por las parcelas de ellos, y entrar en sus tierras no se permite”, cuenta el maya q'eqchi'.

Circular en las plantaciones está prohibido. La prohibición es a base de fuego. “Si pasamos para allá nos reciben con una pistola. Pero nosotros somos obligados a convivir con ellos en nuestra comunidad. Pasan en nuestra aldea, vienen hacer sus compras”, reclama la mujer maya q'eqchi' Marta Pop Caal.

El dueño de la palma ofreció carretera a la comunidad, salón comunal, escuela, afirma Caal. “Pero nosotros no recibimos, no queremos vender nuestra aldea, vender nosotros mismos. Cerramos la calle, ya no les dimos permiso para que pasen los camiones de la palma. Y ellos se enojaron. Ya no dan trabajo a la gente de la aldea”.

Además del agua, “que nos está secando, quedamos aislados, casi no tenemos tierra para sembrar, la poca que nos queda sembramos maíz, yuca, plátano, frijol, pepita, arroz; y con eso pasamos la vida, mantenemos a nuestros hijos”, sostiene la mujer maya q'eqchi'.

Monocultivos de palma aceitera rodean por el sur a la aldea El Chorro. Foto: Aldo Santiago.

En la orilla de La Pasión, José María enseña al equipo de este reportaje las últimas tierras que “la palma”, como dice él, “agarró”. El terreno localizado en la orilla opuesta de dónde estábamos, alrededor de una caballería, “era de la comunidad, simplemente lo midieron y pusieron su cerca, todo el bosque que queda en la orilla, también agarraron, ahí ya no podemos ir, hay seguridad privada y armada, tienen sus pistolas”, dice disminuyendo el tono de voz e imitando con las manos una pistola. Lamenta que en el poco terreno que les quedaba ya no pueden pescar, ni cazar. “Hay unos rótulos que dicen que es prohibido”.

Cuando las tierras fueron cercadas, “intentamos gestionar la situación, pero con las armas ya no pudimos nosotros; nosotros no tenemos armas, lo que hicimos fue mejor dejarlo así”, admite con los ojos cargados de una mezcla de tristeza y rabia.

Los racimos de la palma producidos en la Finca Santa Mónica son vendidos a la Reforestadora de Palma de El Petén (Repsa), empresa que causó el ecocidio en el río La Pasión, en mayo de 2015, cuyas plantaciones y dos plantas extractoras quedan en la misma orilla del río La Pasión, unos kilómetros río arriba de la comunidad El Chorro, en la aldea El Pato.

“Aquí sufrimos los impactos del desastre. Era pescado y mas pescado muerto bajando del río. Nos quedamos dos años sin poder comer pescado, nos prohibieron. Hubo gente que, sin opción, sí los consumió, pero tuvieron consecuencias graves en la salud. Hasta hoy el río no se recupera. Hay poco pescado y muy chiquititos. Además, es como si el agua siempre estuviera caliente, cuando uno se mete le aparece problemas en la piel”, cuenta el hombre maya q'eqchi'. 

Un diagnóstico ambiental de 1,700 hojas hecho por la empresa, en 2018, utilizado para proveer información para la solicitud de licencia ambiental de parte de su plantación junto al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, además de ser un requisito en el proceso de certificación junto a la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), admite impactos al medio ambiente. 

La empresa es responsable por el “arrastre de residuos de agroquímicos y de materia orgánica y nutrientes (…) hacia cuerpos de agua (…) - riachuelo El Mico, arroyos San Ignacio y Chapayal, el río La Pasión y un pozo artesanal de abastecimiento de agua para la comunidad La Colonia”, dice el estudio de Repsa, que pertenece al Grupo Hame, responsable por introducir la palma en Guatemala en 1987. Sus productos se exportan para Europa y otros países de América Latina. 

Además, el río La Pasión es fuente de agua para el proyecto. “En la aplicación de los herbicidas, se utiliza agua que proviene del río La Pasión, es transportada por camiones cisterna. Se hacen tres aplicaciones de herbicidas al año; se utilizan alrededor de 144,000 litros de agua por aplicación, que representan al año alrededor de 432,000 litros de agua”, revela el diagnóstico.

Desde El Chorro, mirando hacia el río La Pasión, a la derecha la comunidad está cercada por palma. A la izquierda está rodeada por el Parque Arqueológico Ceibal. De hecho, la aldea está en la zona de amortiguamiento del parque. “La comunidad se conformó hace 70 años, pero no tenemos el título de las tierras, estamos por parte de Conap [Consejo Nacional de Áreas Protegidas]. Estamos intentando tener título para que no nos pase de nuevo lo que pasó con la palma, que simplemente nos sacó la tierra”, dice José María.

Ubicación de aldea El Chorro. Fuente: Google Earth.

Sin embargo, las autoridades agrarias de Guatemala no les otorgan la seguridad jurídica, justamente por estar en el área de amortiguamiento del parque, “mientras la finca va acaparando tierras y nadie dice nada”, reclama el maya q'eqchi. 

La tierra de la cual “nos sacaron también es área protegida, y aunque el dueño de la finca dice que tiene el título de sus tierras nos parece raro; si a nosotros no nos dan documento no sé cómo a ellos sí lo dan, están a 300 metros de nosotros”, señala. “A cualquier rato nos pueden sacar. Ya sea la conservación, ya sea la palma. Y ¿dónde vamos a ir?”. 

Para aumentar la presión, hace un año se instaló cerca de la comunidad un destacamento militar. “Están aquí día y noche. Dicen que están para protegernos del crimen”, agrega José María.

El Parque Ceibal es un sitio arqueológico de la civilización maya del Período Clásico. Era la ciudad maya más grande de la cuenca del río La Pasión. Está tomado por un bosque latifoliado, con árboles de hoja ancha como cedro, nogal caoba y granadillo.

Repsa ha utilizado el Parque Ceibal para obtener la certificación de sus plantaciones junto a la mayor certificadora de palma en el mundo, la RSPO, un sello de sostenibilidad – que ha sido criticada por organizaciones ambientales en todo el mundo, por ser connivente con conflictos sociales y degradaciones ambientales promovidos por empresas de palma en todo el mundo. El sello amplía la capacidad de venta de sus productos, especialmente en Estados Unidos y países europeos.

RSPO exige, como uno de los requisitos para el proceso de certificación, que las empresas identifiquen dentro de las plantaciones o en sus áreas de influencia lo que llaman áreas de Alto Valor de Conservación (AVC). Es decir, las empresas tienen que realizar estudios con el objetivo de identificar especies de flora y fauna, además de elementos históricos y culturales de importancia nacional e internacional y, a partir de entonces, hacer un plan de conservación y monitoreo de estas áreas, como una forma de compensar los daños que han causado al medio ambiente con su actividad agroindustrial.

En el estudio de evaluación de las áreas de AVC, encargado por Repsa a Bio Terra Consultor Ambientales para identificar estas áreas, el cual fue revisado por este reportaje, el Parque Arqueológico Ceibal fue catalogado por la empresa como un área de Alto Valor de Conservación en lo que se refiere a sitios, recursos, hábitats y paisajes significativos por razones culturales, históricas o arqueológicas a escala global o nacional.

“Se determina la presencia de un AVC (…) en los parques arqueológicos El Ceibal, Aguateca y Dos Pilas”, dice el documento.

El estudio fue llevado a cabo en 21 fincas de Repsa que cubren un área total de 20 mil hectáreas, y en áreas protegidas localizadas al suroeste de Petén - parques arqueológicos Aguateca, Dos Pilas y El Ceibal, Reserva Biológica de San Román, el Refugio de Vida Silvestre Petexbatún.

La gran parte de las áreas de AVC fue encontrada en áreas protegidas, y no en las fincas. “Los AVC identificados están relacionados principalmente a la Reserva Biológica San Román, al Refugio de Vida Silvestre Petexbatún, a las fuentes de agua [incluye el río La Pasión], y a los sitios arqueológicos”. 

El estudio advierte que “las fincas de la empresa podrían de una u otra manera tener [mala] influencia sobre algunos de los AVC identificados, ya que un porcentaje de las fincas drena hacia la Reserva Biológica San Román, y otro porcentaje hacia el Refugio de Vida Silvestre Petexbatún”. 

Evidencia que en muchas de las zonas donde las fincas de Repsa lindan con el río La Pasión, y otros cuerpos de agua, faltan bosques de galería, es decir una franja de vegetación a lo largo del río, que tiene una serie de beneficios para protegerlo, como filtrar el agua antes de que desemboque en el río, estabilizar las riberas y proteger contra las inundaciones. “Las palmas aceiteras en algunas zonas llegan hasta las orillas de los ríos e incluso en su curso debido a las inundaciones”, dice el estudio. La conservación de las reservas ribereñas es un requisito para que las empresas logren la certificación de la RSPO. 

Además, identifica plantaciones de palma en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica de San Román y en la zona núcleo del Refugio de Vida Silvestre Petexbatún, donde es prohibido el monocultivo.

“La palma va apropiándose de todo, incluso de las áreas protegidas. Es responsable por el crimen ambiental de 2015, que sigue impune hasta hoy, y continúa causando contaminación en nuestras tierras y ríos”, dice la maya q'eqchi' Marta Pop Caal.