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Pueblos originarios reunidos en el Istmo en Oaxaca se declaran en emergencia

Foto por Santiago Navarro/ Avispa Midia

“Ya no queda tiempo. Tenemos que asumir acciones radicales en nuestra forma de vida. Ya no importan las edades, ya no importa si somos o no indígenas, lo que importa es darnos cuenta de quienes son los que están destruyendo a la madre tierra"

Guadalupe Estada es una mujer que no rebasa los 20 años. Se muestra escéptica y, a la vez, preocupada por lo que se avecina en Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde recientemente se anunció el complejo denominado Corredor Interoceánico, por donde cruzarán 1.4 millones de contenedores anualmente. Esto significa un total de 31,111 trenes de 45 vagones al año, 85 trenes diariamente, en promedio pasaría un tren de carga cada 17 minutos por el Istmo.

Guadalupe se ha puesto en alerta al igual que otros jóvenes. “Ya no queda tiempo. Tenemos que asumir acciones radicales en nuestra forma de vida. Ya no importan las edades, ya no importa si somos o no indígenas, lo que importa es darnos cuenta de quienes son los que están destruyendo a la madre tierra y así asumir el papel que nos corresponde. Tenemos que romper esa apatía”, dice con mucha certeza.

Guadalupe es indígena zapoteca, habita en Juchitán de Zaragoza, una de las entidades que forman parte del Istmo de Tehuantepec, una franja que conecta a los extremos con el océano Pacífico y océano Atlántico entre los estados de Oaxaca y Veracruz. Es la segunda zona más angosta del continente americano después de Panamá. Recientemente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decretó, en esta región, la creación del organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Este órgano es el que se encargará de que se lleven a cabo los polos “de desarrollo económico de la zona sur-sureste del país”, según el mandatario mexicano.

El complejo industrial comprende la ampliación y modernización de vías férreas, puertos, carreteras, infraestructuras para maquilas y componentes automotrices y para aerogeneradores. Estos proyectos habían sido considerados dentro de la denominada Zona Económica Especial (ZEE) anunciada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que con algunos cambios, se ha rebautizado como Zona Franca. Entre otros puntos el plan 2019 – 2024 de la región sur – sureste de México, para esta zona, gozará de incentivos como la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 50% y 20% el Impuesto Sobre la Renta (ISR); además de que disminuirá los precios de los combustibles, el gas y la luz en la región.

Los pueblos

En esta región, los días 6, 7 y 8 de este mes de septiembre, se realizó la 2ª Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena (CNI) y su Consejo Indígena de Gobierno (CIG). Más de 500 personas provenientes de diversas partes de México y de otros países asistieron a este evento. El objetivo era asumir acciones contra los proyectos anunciados por el gobierno de Andrés López Obrador. No sólo por el Corredor Interoceánico, también por el complejo llamado Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos y otros proyectos que están vulnerando los territorios de los pueblos originarios.

En su mayoría, fueron mujeres jóvenes, como Guadalupe, quienes estuvieron a cargo de la logística de este evento. “Es una preocupación profunda la que tenemos, porque somos los jóvenes y, principalmente, las mujeres quienes vamos a sufrir las consecuencias de este despojo anunciado como un nuevo discurso de desarrollo”, dijo Estrada.

Aunque para los más adultos este es un viejo discurso. Nitié Calderón Toledo, de la comunidad del Espinal, cuenta para Avispa Midia que primero les prometieron empleos y el progreso con la instalación de parques eólicos. “Nos vinieron a contar que iba a ser para el progreso de los pueblos y que íbamos a contribuir a la ecología porque eran proyectos de energía renovable. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuanta que no es así. Por el contrario han despojado de tierras a diversos pueblos de toda la región. Su desarrollo ha agudizado los problemas en nuestros pueblos”.

Guadalupe describe para el equipo de Avispa Midia que le ha tocado ver como estos parques han cercado diversas comunidades donde hoy sufren malestares de salud y donde se ha vulnerado la pesca y la agricultura. “Son 28 parques los que se han instalado en toda la región y aun pretenden instalar más con la justificación de que están generando energía limpia. A esto sumamos los nuevos proyectos anunciados por López Obrador, que en realidad son viejos proyectos de muerte”, dice la joven zapoteca.

La resistencia en el Istmo a estos proyectos no es nueva. “El pueblo de San Mateo del Mar, al igual que muchos pueblos del Istmo, hemos sostenido una lucha desde hace muchos años atrás, desde que nuestros ancestros nos alertaron para la necesidad de cuidar nuestras tierras. Porque la gente que trae proyectos viene mintiendo a las comunidades para poder entrar. Porque esos proyectos solamente enriquece a unos cuantos y a los pobres cada vez nos hunden más en la miseria y en la muerte. Sus empleos son de esclavitud, donde pagan una miseria ¿a poco crees que son empleos donde te van a pagar bien?”, cuestiona la indígena Maritza Ochoa.

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Maritza relata para Avispa Midia que ella es, al igual que la gente de su pueblo, “hija del mar. De ahí vivimos, no necesitamos de sus proyectos. No les pedimos nada, sólo que nos dejen vivir en paz. Nosotros hemos tenido nuestra forma de vida y no la queremos cambiar. Con los proyectos eólicos prometieron lo mismo, pero mucha gente ha sido afectada. Tenemos antecedentes. Esa gente que dice que somos unos cuantos y que nos oponemos a su gobierno que eligieron, quiero que vengan y que vivan a lado de un parque eólico sólo una semana a ver si van a querer ese desarrollo que están prometiendo. Imagina a los pueblos que viven a orillas donde las vías del tren funcionarán 24 horas o vivir a lado de un gasoducto”.

Prácticas de contrainsurgencia

 El uso de las asambleas para los pueblos originarios del Istmo es su principal instancia de toma de decisiones, pero el gobierno de López Obrador ha querido implementar un tipo de consulta exprés. Las comunidades han denunciado también que se han visto acosados por programas sociales a cambio del apoyo para la realización del Corredor Interoceánico. “Las consultas se realizaron sin aviso previo, avisaron sólo con tres días de anticipación. Pero además no cumplía con los estándares internacionales y se identificó que vienen condicionando los apoyos sociales para que apoyemos a estos proyectos”, dice Nitié.

Los resolutivos de la asamblea del CNI-CIG han denunciado que el gobierno esta utilizando estos proyectos sociales como prácticas de contrainsurgencia. “Sus programas asistencialistas individualizan. Sus consultas amañadas (…) con lideres cooptados y sus campañas de desprestigio contra movimientos sociales violan el derecho fundamental a la libertad de asociación y manifestación. El peor estilo priista”, dijeron los pueblos reunidos.

“Lo que se ha visto con la 4ª Transformación que viene prometiendo Obrador es que sólo le cambió de nombre a los proyectos del ex presidente (Enrique) Peña Nieto. Por ejemplo, a la Zona Económica Especial le cambió el nombre a Zona Franca. Las empresas gozaran de cero impuestos. Será la misma destrucción que ha provocado el partido anterior que gobernó más de 70 años”, agrega Nitié.

En el anuncio de los proyectos para el Istmo ha sido remarcada la reactivación del tren como un trasporte de personas y mercancías. “No sólo es esto, sino también, el trasporte de hidrocarburos y químicos. También se ha dicho que se abrirán empresas maquiladoras. Hay que pensar realmente si eso traerá el progreso, porque las maquilas generan trabajo para obreros muy mal pagados. Porque las empresas eso es lo que buscan, mano de obra barata”, asevera Nitié.

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En caso de que los proyectos no procedan por medio de las consultas y de los programas sociales de cooptación, expresan en la declaración del CNI-CIG, el gobierno no dudará en “implementar las tácticas del terror mediante ataques paramilitares, delincuencia organizada y militarización de nuestros territorios. Asesinatos de defensores y defensoras de nuestros territorios y una virtual guerra contra las mujeres con miles de feminicídios”.

Acciones

Los pueblos originarios, reunidos en esta asamblea, han reafirmado en su declaración final que en los últimos 8 meses de gobierno de López Obrador vienen resistiendo. Han perdido ya a diversos compañeros suyos. Pero que esta resistencia ha sido desde décadas con las políticas neoliberales. Pero aún así aseguran que van a continuar con su lucha. “Ante esta 4ª Destrucción no claudicaremos en nuestras luchas. Desde nuestras diversidades seguiremos fortaleciendo nuestras resistencias anticapitalistas y anti patriarcales hacia otros mundos posibles. Rompiendo cercos al ejemplo de nuestras hermanas zapatistas”, expresaron en la declaración final de este encuentro.

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Los pueblos congregados en la región han acordado intensificar sus luchas y acciones fortaleciendo sus culturas, lenguas, organización, asambleas y sus memorias colectivas. También asumieron los no indígenas “aprender de la experiencia milenaria de los pueblos originarios, reencontrarse con la naturaleza y sus espiritualidad para fortalecer nuestras luchas”, se compartió en el cierre de esta asamblea.

Los asistentes a este evento se han comprometido a tejer y fortalecer núcleos y procesos colectivos que le apuesten a las autonomías anticapitalistas. También el CNI retomará la lucha contra los feminicídios y la violencia de género.

“Frente a las terribles amenazas contra la vida nos declaramos en estado de emergencia y hacemos un urgente llamado a los pueblos, organizaciones, colectivos, barrios y a todas las personas consientes del gran peligro al que nos enfrentamos”, sostiene la declaración final del encuentro. Por lo que se establecieron las siguientes acciones: realizar una jornada global de lucha el 12 de octubre en defensa de la vida y de nuestros territorios contra megaproyectos de muerte, llamado Samir Flores Vive; participar el 26 de septiembre en una acción global por la presentación de los desaparecidos contra la violencia hacia los pueblos de México y contra la militarización; participar de las manifestaciones del 2 de octubre; participar el 25 de noviembre en la acción Latinoamericana contra todas las formas de violencia, particularmente contra los feminicídios.

En las acciones que serán realizadas, el CNI-CIG ha asumido que se exigirá justicia por sus compañeros asesinados y por Samir Flores, quien sostuvo una resistencia férrea, junto con su pueblo, por no permitir la continuidad del Proyecto Integral Morelos. También exigirá la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y de todos los desaparecidos del países; rescate de los cuerpos de la minera Pata de Conchos, en San Luis Potosí, y por la liberación de todos los presos políticos del país.

Agricultura “verde” europea, vinculada con la deforestación en Latinoamérica

Cultivo de soya en Bolivia. Foto: CIAT

En Europa, a lo largo de los últimos años se han dado grandes cambios respecto a la producción agrícola, en particular con la promoción de la agricultura orgánica y el control de los químicos utilizados en los cultivos.

“La agricultura ecológica es un área de rápido crecimiento en la agricultura europea, que es el resultado directo del mayor interés de los consumidores para los productos orgánicos”,

EXPRESA LA COMISIÓN EUROPEA.

Según datos de dicho organismo, la cantidad total de tierras agrícolas de la Unión Europea (UE) dedicadas a productos orgánicos entre 2010 y 2017 aumentó un 70 por ciento con respecto al año 2009.

Sin embargo, científicos alertan sobre esa política: si bien representa una gran mejoría para el mercado europeo, es dañina para los ecosistemas de otras regiones del mundo, en particular en Latinoamérica.

“Europa intenta dar la impresión de que su agricultura es verde y sostenible, pero si tenemos en cuenta el conjunto del sistema, es decir, la cadena de producción, no es así. La gente olvida lo que no ve. Ahora mismo, Europa está importando gran cantidad de materias primas que están vinculadas con la deforestación”,

DENUNCIA LAURA KEHOE, INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD, REINO UNIDO.

Soya

Mientras aumenta la producción agrícola orgánica europea, el número de cultivos destinados a la alimentación del ganado se ha reducido de forma notable.

Como consecuencia, las importaciones europeas de soya se han multiplicado por cinco desde principios de los años 70. Según la Comisión Europea, la UE importa unos 14 millones de toneladas de granos de soya al año.

Importaciones de soya hacia la Unión Europea en 2014

Según un informe de  Greenpeace France, el 87% de la soya importada por Europa es destinada a la alimentación de animales. El 50% va para la producción de carne de pollo y huevo, el 24% para la producción de cerdo, el 23% para la producción de leche y carne de res.

Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia producen actualmente la mitad de la soya del mundo, cuando hace 50 años solo producían un tres por ciento. El referido informe de la ong también señala que Europa importa la mayoría de la soya que consume de Brasil (37%) y Argentina (29%).

Esa situación es fomentada por la posibilidad que tienen los países europeos de importar las materias primas desde el extranjero a bajo costo y sin aranceles.

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Daños 

La agricultura intensiva, como en el caso de la producción de soya, se desarrolla en detrimento de la vegetación propia de la región amazónica así como de las regiones del gran Chaco (que se extiende en partes de Argentina, Paraguay y Bolivia) y el Cerrado (un ecosistema de sabana tropical que ocupa el 22 por ciento de Brasil, el este de Bolivia, el noreste y centro de Paraguay y parte de la provincia argentina de Misiones).

Plantaciones de soya en la región del Cerrado en Brasil.

Cécile Leuba, experta en Bosques y autora del informe de Greenpeace explica que “el cultivo de soya tiene como consecuencia la deforestación de los bosques, todo eso para alimentar animales”. Además, asegura que más del 95% de la soya producida es genéticamente modificada.

Por su lado, la organización Amazon Watch explica que la cría de ganado y la producción de soya son los causantes principales de la deforestación brasileña (tanto legal como ilegal), con un total combinado del 80 por ciento de la deforestación amazónica.

“Solo en 2011, la Unión Europea importó carne y alimento para ganado por una cifra equivalente a más de 1.000 kilómetros cuadrados de deforestación en Brasil”,

EXPONE UNA CARTA FIRMADA POR LAURA KEHOE Y OTROS 603 CIENTÍFICOS EUROPEOS, PIDIENDO A LA UE QUE REPIENSE SU TRATADO COMERCIAL CON BRASIL.

Junto con la deforestación, la expansión del “modelo soya” es responsable del acaparamiento de tierras y despojo de comunidades enteras. Mientras se profundiza la desigualdad de acceso a la tierra, las fuentes de trabajo van disminuyendo y la pobreza y el éxodo rural aumentan drásticamente. Cuando las comunidades afectadas se organizan para resistir, tienen que enfrentarse a la represión, tanto por parte de la policía como de milicias privadas.

Por otro lado, la conversión de bosques en tierras agrícolas es una fuente mayor de emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. Según Greenpeace, el cambio del uso de suelo representa casi una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial.

Doble moral

Parece ser que cuando Europa se preocupa por el medioambiente y la salud de la población, su preocupación se limita a lo que sucede dentro de sus propias fronteras.

“Europa ha hecho grandes avances, pero a menudo estos han sido a expensas de otros países y otros pueblos”,

SEÑALA KEHOE.

“Lo que estamos denunciando es la doble moral de la Union Europea que por un lado prohibe los transgénicos y el uso de pesticidas en su territorio, y por otro lado permite la importación de soya transgénico cultivada con pesticidas”, explica Cécile Leuba.

Colombia: Indígenas recuperan tierras despojadas por la industria de la caña

Fotos: Santiago Navarro F

El pueblo Nasa es uno de los 110 pueblos indígenas de Colombia que fueron desplazados hacia las montañas tras la conquista europea y posteriormente con las plantaciones masivas de caña de azúcar. Desde el año 2015 han comenzado a realizar acciones directas derribando plantaciones de caña. Después, plantan alimentos orgánicos y dejan otras partes para que se cubra de nuevo con la vegetación nativa. A esta acción le llaman “la liberación de la madre tierra”, una iniciativa que ha cobrado por lo menos ocho muertos y aproximadamente 600 desalojos por parte de los elementos de seguridad del Estado colombiano entrenados por el Comando Sur de los Estados Unidos .

“Llegan como si fueran a una guerra, con fuerzas armadas del Estado. Nos han matado a ocho compañeros. Nos han reprimido fuertemente”

denuncia un integrante del Movimiento de Liberación de la Madre Tierra que por seguridad prefiere mantenerse en el anonimato.

“Llegó la hora de liberar la tierra porque está esclavizada y la están matando ¿quién la está matando y esclavizando? Los proyectos que llegan como desarrollo a nuestros territorios. La minería, el petróleo y los monocultivos que son un negocio que beneficia a unas cuantas personas. Y hay que liberarla porque la tierra tiene un fin, que es generar vida y no muerte”, dice uno de los integrantes de este movimiento que por seguridad solo se presentó como José.

"Porque entonces así volverá la diversidad, volverán las aves, los microorganismos y las plantas que fueron consideradas sus enemigas. Volverán los arboles”, agrega José.

Además de liberar la tierra del monocultivo de caña también siembran alimentos. Con los alimentos cultivados y cosechados han realizado otra acción directa que es regalar la comida en los barrios más pobres de la ciudades de Cali, Medellín, Manizales y Bogotá. A esta iniciativa le han llamado la “Marcha de la Comida”, que tiene como objetivo, según los liberadores, “el encuentro del pueblo con el pueblo”. A partir de esta marcha, decenas de colectivos de jóvenes y barrios populares han decidido desmantelar el cemento y comenzar a sembrar comida.

El pueblo Nasa decidió realizar estas acciones desde el año 2015 y, posteriormente, en el año 2017 convocó a un primer encuentro con otras personas de Colombia y de otras partes del mundo que están tomando acciones similares en cuanto al cambio climático y por la reconstrucción de territorios arrasados por el extractivismo, los monocultivos y el sector inmobiliario.

Es así que entre los días 11 y 12 de Agosto de este año 2019, cientos de personas fueron convocados nuevamente al Tercer Encuentro de Liberadoras de la Madre Tierra en el Norte del Cauca.

Afilan pacientemente sus machetes, sus miradas cómplices se cruzan de un lado a otro. Un bastón de mando los identifica, son las autoridades tradicionales Nasa que danzan en fila india. Es un ritual con el cual se preparan, junto a colectivos anarquistas, ambientalistas y de otras tendencias que se han sumado, para derribar una plantación más de caña de azúcar.

Con machete en mano, Fabián Serrano, del colectivo Imprenta Comunera, acudió a este llamado asumiendo que “la liberación también debe de ser desde el pensamiento y desde lo práctico, es por eso que hemos venido, para nutrirnos y para aprender con estas prácticas, pero, sobre todo, a aprender a organizarnos. Porque desde nuestros propios lugares tenemos que asumir otras acciones, tenemos que mirarnos como uno mismo, como un espejo. Porque son las ciudades donde la catástrofe climática se ha comenzado a sentir con mayor intensidad”, dijo Serrano para Avispa Midia.

“En las ciudades también está la madre tierra, solo que está tapada con el cemento. Pero en la medida que vamos realizando agricultura urbana y la destapamos del cemento, también la vamos liberando. Pero más allá de esto, esta el consumo desmedido de las zonas urbanas, que considero que es una de las peores formas de matar a la madre tierra porque el metabolismo del mercado funciona en la medida en que consumimos y en esta misma medida se devastan los territorios de los pueblos indígenas”,

asevera Ana María Carlón del Colectivo urbano de la Madre Locura.

En este territorio donde se ha realizado este evento también se compartieron experiencias de educación, salud, medicina tradicional, pero también saberes y experiencias que les ha funcionado para organizarse y poder resistir. “Los pueblos indígenas nos están dando el ejemplo de las acciones para combatir el cambio climático y dejar que la tierra se sane dejándola vivir. Reafirmamos que el principal responsable de este desequilibrio ecológico, que hoy vivimos es, en primera instancia, la forma de vida que nos ha impuesto el capitalismo”, dice Ana María para Avispa Midia .

Aunque este proceso inició en el año 2015, los indígenas Nasa han acumulado experiencia para la liberación y recuperación de sus territorios desde el año 1971. Como parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se propusieron recuperar y ampliar sus territorios, fortalecer sus autogobiernos y “no pagar impuestos a los terratenientes. Desde ese mandato se recuperaron más de 130 mil hectáreas”, dice José y afirma, “el gobierno nos traicionó más de una vez con acuerdos que no cumplió.

Hoy, quienes nos asumimos como liberadores, no negociamos con el gobierno y no queremos nada de ellos, buscamos fortalecer nuestra autonomía con el conocimiento que nos han dejado nuestros ancestros. La liberación de la Madre Tierra no esta en negociación, porque es una lucha por la vida y, el gobierno, lo que ha hecho es sembrar miedo y muerte, por tanto no hay nada que esperar de ellos”, continúa José.

Estar fuera de las instituciones estatales y proponer otra forma para resistir a la devastación de la producción industrial de la caña de azúcar y a los efectos del cambio climático es considerada como alternativa para quienes han hecho presencia a este evento.

"Lo que estamos viviendo es una crisis civilizatoria. No es solamente económica o solamente social o solamente ambiental. Todo está conectado, ¿de dónde se extrae la energía para que la economía funcione? ¿Cómo estamos consumiendo? ¿para qué están sirviendo los procesos educativos? ¿A que responden las acciones que tomamos en las ciudades? ¿A que responden las acciones y políticas de los gobiernos?”,

cuestiona Nadia Humaña, de la Comisión de interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur de la costa colombiana.

“Entonces”, dice Humaña para Avispa Midia, “tenemos el reto de pensar estos problemas de forma integral para hacerles frente y pensar en estrategias que apunten a puntos neurálgicos de este sistema. También es necesario repensar el papel del Estado y cuestionarnos si ahí existe la posibilidad de revirar esta destrucción ”.

Asesinatos

El proceso de liberación no ha sido fácil. Mientras se llevaba a cabo el Tercer Encuentro de Liberadoras de la Madre Tierra, los días 11 al 14 de Agosto, en el Norte del Cauca, todos guardaron silencio al enterarse de que dos miembros de la Guardia Indígena perteneciente al resguardo de San Francisco del municipio de Caloto (uno de los núcleos de propiedad colectiva), habían sido asesinados por un grupo armado. También media decena de personas quedaron heridos, entre ellos, un niño de 7 años de edad.

El aumento de asesinatos de indígenas Nasa ha aumentado exponencialmente, “en lo que va del año 2019”, denunció Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. “La Oficina ha recibido información sobre el homicidio de 36 integrantes del Pueblo Nasa del Norte del Cauca; aproximadamente 53 amenazas de muerte y 8 atentados. En comparación con el año anterior, agosto de 2018, hoy hay a la misma fecha 9 casos más de homicidios”.

Aunque los indígenas que habitan el norte del Cauca remiten este contexto de violencia, por una parte, hacia la guerra que ha durado más de 50 años entre los diversos gobiernos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Durante estos 50 años el gobierno nos decía que éramos colaboradores de las FARC y la guerrilla sostenía lo contrario. Ambos buscaban justificar sus acciones y, en ese intento de justificación, asesinaron a muchos de nuestros hermanos. Pero nosotros no caímos en el juego de la guerra, porque la consideramos un negocio. Desde ahí comienzan los asesinatos. Con esta firma de la paz se ha agudizado la disputa de nuestras tierras ancestrales”, asegura José.

Desde la firma de la paz en noviembre del 2016 entre el Gobierno colombiano y la FARC, el pueblo Nasa ha documentado por lo menos 400 asesinatos de indígenas, lo cual los mantiene en alerta máxima. Sobre todo, la fracción del pueblo Nasa que ha realizado las acciones directas, ya que tras esta firma de paz, trajo como consecuencia, la formación de grupos armados disidentes de las FARC, grupos paramilitares llamados Las Águilas Negras y el aumento de la presencia del crimen organizado que “se están disputando el territorio para la plantación de mariguana y amapola”, señala José.

"Junto a este escenario entra en juego también el Estado, con intereses por incentivar otros monocultivos como la plantación de aguacate, café, cacao y ganadería con el proyecto llamado "Territorios de Oportunidad, Programa de Cooperación", con recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID,por sus siglas en inglés) “que busca fortalecer la capacidad de las comunidades rurales afectadas por el conflicto armado”, según la Gobernación del Cauca a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural liderada por Jimena Velasco Chaves.

Aunque esto es contrario a la resistencia que sostienen los liberadores de la Madre Tierra, porque consideran que con estas políticas de desarrollo siguen “siendo peones y esclavos del sistema. El nuevo gobierno dice que no van a comprar ni un metro más de tierra para los pueblos indígenas y que no van a crear ni reconocer más territorios colectivos para pueblos indígenas. Por el contrario, el gobierno dice que estas tierras tienen que sumarse el desarrollo del capitalismo. Nosotros no queremos sumarnos, queremos liberar la tierra y vivir sencillamente. Porque la mentalidad de crecimiento y desarrollo es lo que esta matando a nuestra madre”, dice José.

Estamos en emergencia máxima porque nos están matando y nos duele lo que esta pasado en el norte del Cauca. Porque sus políticas de desarrollo, así como las plantaciones de cultivos ilícitos que tienen el respaldo del gobierno están pasando por encima de nuestra forma de vida”, comparte una joven indígena que se presenta como Diana, responsable de la formación política de los jóvenes que componen este pueblo de liberadoras.

La joven indígena asegura que quienes han muerto en este proceso son principalmente jóvenes, los mismos que se han encargado de fortalecer el proceso organizativo en su comunidad, pero son también los jóvenes que se mantienen firmes en la Liberación de la Madre Tierra. “Nosotros luchamos por la vida, sembramos con respeto la tierra, pero luego viene la fuerza publica y destruye la comida. La comunidad llora a sus muertos, a sus heridos y la comida destruida, pero vuelve y se levanta con fuerza a seguir cortando caña y sembrando comida. Porque haciendo estas actividades vamos desalambrando la tierra, pero también el pensamiento y el corazón. Vamos construyendo autonomía y reconstruyendo la vida. Vamos cosechando dignidad”, finaliza Diana.  

Chiapas: Represión contra protesta de migrantes atrapados en Tapachula

Desde hace 10 días, migrantes procedentes de África, de Haití y otras nacionalidades realizan una serie de acciones de protesta afuera de las instalaciones de la estación migratoria Siglo XXI, ubicada en la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas.

El lunes 26 de agosto, lxs migrantes bloquearon el acceso de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) a la estación para la detención de migrantes más grande de latinoamérica, en la frontera sur de México.

Los manifestantes argumentaron que sus acciones son respuesta a la inacción del gobierno mexicano, quien desde hace dos meses los mantiene varados en Chiapas, a la espera de documentación necesaria para continuar su camino hacia la frontera norte.

Tras los amagues del gobierno norteamericano para ejercer sanciones económicas contra México, la política antimigrante de los EEUU ha influenciado un endurecimiento contra las poblaciones migrantes. Desde el 10 de julio una orden ejecutiva del INM establece un nuevo procedimiento, una “regulación” que a dos meses los migrantes consideran un engaño o dejar el país por la frontera sur, procedimiento que no es señalado por las leyes migratorias mexicanas.

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Lxs migrantes han esperado en las afueras de la estación migratoria durante meses en condiciones precarias. En testimonios hacia la prensa que sigue las acciones de protesta, aseguran que el “salvoconducto” para transitar por el país se otorgó a migrantes de centroamérica y que como ellos su destino final también es llegar a los Estados Unidos.

De enero a junio de 2019, el Instituto Nacional de Migración reportó la detención de más de 108 mil personas que fueron a parar a centros de detención de migrantes.

Del total, casi la mitad han sido detenidas en Chiapas, entidad donde se ha obstaculizado el flujo de migrantes provenientes de África y Haití.

Represión 

El martes 27 de agosto, efectivos de la Policía Federal retiraron el bloqueo de los migrantes en las afueras de la estación migratoria. Mediante golpes, los elementos de seguridad pública desalojaron el área y permitieron la entrada de los funcionarios de migración.

Por lo menos dos migrantes resultaron heridos y uno de ellos fue trasladado para su revisión médica producto de los golpes que recibió en la cabeza.

De acuerdo a comunicación oficial del INM, el operativo para permitir la reanudación de sus labores se realizó con ayuda de elementos de la Guardia Nacional y la Policía Federal quienes permitieron la salida de autobuses con extranjeros que solicitaron el retorno asistido.

También destacó que durante la acción de los cuerpos de seguridad, se suscitaron agresiones contra dos miembros de la prensa nacional quienes fueron amenazados por elementos de la policía.

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Las condiciones que enfrentan los migrantes en la frontera sur de México es considerada por diversas organizaciones como una crisis humanitaria pues existen personas que desde hace tres meses no pueden continuar su camino al norte y sobreviven apenas de lo que regalan o dejan otros.

En los alrededores de la estación migratoria, sólo unas lonas les protegen del calor y la lluvia en un sitio donde no existe acceso al agua potable ni servicios sanitarios.

Pese a ello, con el paso de los días continúa el arribo de migrantes, algunos quienes han realizado el viaje desde Brasil y Ecuador y están determinados a cruzar hacia el norte de México.

En la estación migratoria de Tapachula se mantienen un total de casi 900 personas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) señaló que migrantes de países africanos, de Haití y otras nacionalidades rechazaron regularizar su estancia en México.

Avanza la militarización de México con foco rojo en el Sur-Sureste

La militarización de México está avanzando. El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, junto con el comandante de la Guardia Nacional Luis Ramírez Bucio, presentaron el 13 de Agosto en conferencia de prensa un documento titulado “Situación de la Guardia Nacional”, detallando el proceso de despliegue de la recién creada Guardia Nacional.

Más de 230,000 elementos 

La nueva policía militarizada ya ha sido desplegada en todo el territorio mexicano con 58,602 elementos bajo el mando de la nueva fuerza, repartidos en 150 Coordinaciones Generales, anunciaron los funcionarios federales.

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A estos elementos se suman 123,465 efectivos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 13,461 de la Secretaría de Marina (SEMAR) en despliegue permanente para labores de seguridad pública, 14, 852 elementos de las Fuerzas Federales de Gendarmería, y 20, 584 de la Policía Federal en proceso de transición “voluntaria” a la propia Guardia Nacional.

En total, suman 231, 964 efectivos quienes están patrullando a lo largo y ancho del país.

Capacitación militar 

La formación de los elementos que conforman la Guardia Nacional se hace con el apoyo del Ejército y de la Marina. “La SEDENA y la SEMAR están apadrinando a la Guardia Nacional, acompañándola en su fortalecimiento”, declaró el Presidente de México durante la conferencia de prensa.

En cuestión de capacitación, Luis Rodríguez Bucio precisó que ha sido diseñado un curso para veteranos en proceso de incorporación a la Guardia Nacional y otro para el nuevo personal. También informaron que para  formar los nuevos cuadros se están desarrollando cursos en el Heroico Colegio Militar, así como en la Escuela Militar de Sargentos.

Respecto a las materias, Bucio precisó que se observan “Derechos Humanos principalmente, atención a víctimas de delito, perspectiva de género, cultura de la legalidad”. Con ello aseguran los funcionarios, el gobierno en turno pretende formar elementos que garanticen la paz y seguridad para la población mexicana.

Sin embargo, muchas organizaciones así como diversos sectores de la sociedad civil ven con desconfianza la iniciativa.

“Las Fuerzas Armadas del país están hechas para la guerra, no para la seguridad pública, y han cometido gravísimos abusos contra civiles, con generalizada impunidad”, afirmó la organización Human Rights Watch en un comunicado.

“Tampoco han conseguido reducir la violencia en México y es posible que, de hecho, hayan sido un factor clave que contribuyó al drástico aumento en la cantidad de homicidios en estos años”, agregó la organización internacional.

Según un un estudio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), de Enero de 2007 a junio de 2017, las Fuerzas Armadas (FAM), el Ejército y la Marina fueron las instituciones de seguridad que incurrieron en más violaciones graves a los derechos humanos como torturas, desapariciones y ejecuciones.

Luis Ramírez Bucio egresado de la Escuela de las Américas 

Cabe señalar también que el ahora comandante de la Guardia Nacional Luis Ramírez Bucio, es egresado de la Escuela de las Américas (ahora Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad), ubicada en Fort Benning, en el estado de Georgia, Estados Unidos.

En esa escuela han sido entrenados decenas de miles de soldados de todos los países latinoamericanos en tácticas de contrainsurgencia, tortura de disidentes, espionaje e inteligencia. Sus egresados han participado en todas las operaciones contrainsurgentes que se han realizado en América Latina durante las últimas ocho décadas.

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Más policías estatales y municipales con formación militar

López Obrador recordó que las 150 coordinaciones serán completadas para llegar el año próximo a un total de 266.

También precisó que además de la Guardia Nacional a nivel federal, el gobierno quiere incrementar el número de policías tanto estatales como municipales en todo el país. Los nuevos elementos recibirían una capacitación por parte del Ejército y de la Marina.

“Hay un fondo que se destina a la seguridad, y lo que estamos proponiendo es que este fondo, que es de alrededor de 10 mil millones para Estados y municipios, se ocupe de la contratación de más elementos y que nos pongamos de acuerdo para que la SEDENA y la SEMAR nos ayuden en la formación de nuevos elementos. Para que de esta forma actuemos de manera conjunta, en coordinación, y se fortalezca la presencia de elementos de seguridad”, detalló el presidente.

Foco rojo en el Sur-Sureste

En cuanto a la repartición de las fuerzas en el territorio nacional, Luis Ramírez Bucio precisó que la mayor cantidad de Coordinaciones Generales y elementos se encuentra en el Sur y Sur-Este del país, además de la Ciudad de México y el Estado de México.

Así, en Chiapas se encuentran 11,958 elementos repartidos en cuatro coordinaciones; en Guerrero 10,732 elementos en siete coordinaciones; en Oaxaca 10,445 elementos en nueve coordinaciones y en Veracruz 13,702 elementos en ocho coordinaciones.

También se puede observar que en la Península de Yucatán, desde los estados de Tabasco, Chiapas hasta Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los cuales presentan índices de incidencia delictiva relativamente bajos, se desplegaron un total de 27,052 efectivos.

En comparación, estados con niveles delictivos más altos y que viven situaciones de guerra abierta entre organizaciones criminales recibieron mucho menos elementos: llegaron 4,053 en Durango, 6,401 en Sonora, 7,279 en Chihuahua, 5,550 en Baja California o 4,535 en Nuevo León.

Todo parece demostrar que la recién creada Guardia Nacional servirá más a asegurar el buen desarrollo de los megaproyectos impulsados por la presente administración y a vigilar a las comunidades indígenas que están resistiendo para conservar sus territorios que a proteger a los ciudadanos.

De hecho en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció el pasado 17 de agosto la creación de 11 nuevos Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista (CRAREZ).

Ver también ⇒ EZLN rompe el cerco, pasa a la ofensiva y crea nuevos Centros de Resistencia

“A pesar de los patrullajes militares, a pesar de la Guardia Nacional, a pesar de las campañas contrainsurgentes disfrazadas de programas sociales, a pesar del olvido y el desprecio, hemos crecido y nos hemos hecho más fuertes” aseguró el EZLN.

El Corredor Transístmico en Oaxaca y Veracruz, el Tren Maya en la Península de Yucatán son prioridades para la agenda del presente gobierno, como lo son otras centenas de proyectos mineros, de presas hidroeléctricas, eólicos y más a lo largo del Sur-Sureste del país.

Chiapas: Estado Feminicida

Marcha contra los feminicidios en San Cristóbal. Foto de Isabel Mateos

El pasado 16 de Agosto cientos de personas se movilizaron contra la violencia machista y feminicida que se vive en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Según los registros del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas y diversas colectivas y organizaciones que documentan la violencia feminicida en Chiapas, tan sólo en lo que va del 2019 se han registrado 120 muertes violentas de mujeres, de los cuales únicamente 49 han sido tipificados como feminicidios.

También se suman los cuatrio casos de feminicidios y 63 casos de desapariciones de niñas y adolescentes de entre 2 y 17 años de edad.

En dicho contexto, grupos y organizaciones de la Campaña Popular contra el Feminicidio en Chiapas denunciaron que “pese a que desde noviembre de 2016, se encuentra activa la Alerta de Violencia de Género en Chiapas, es patente la violencia feminicida que enfrentamos las Mujeres día a día, lo cual denota claramente la falta de interés de las autoridades de los diferentes niveles para la implementación de medidas concretas y urgentes en todos los ámbitos de su actuación pública”.

San Cristóbal de las Casas, uno de los municipios con alerta de violencia de género en Chiapas, es un claro ejemplo de la violencia machista que enfrentamos las Mujeres día a día y que ante la omisión de las autoridades culminan en feminicidios. Muestra indignante de ello son los recientes feminicidios de María de la Luz Vázquez Jiménez, ocurrido el pasado miércoles 14 de agosto, quien fue asesinada en su propio domicilio y de la menor Patricia X de 12 años de edad, encontrada el día de ayer 19 de agosto en Bachajon, Municipio de Chilón.

Además de la denuncia por los casos de violencia feminicida, personas, grupos y colectivos publicaron un comunicado de prensa el 20 de Agosto, donde hicieron énfasis en que “la falta de acceso de las Mujeres a la Justicia, la impunidad, el abuso de poder, y la negligencia de las autoridades de los diferentes niveles, se sigue perpetuando y reproduciendo la violencia patriarcal, culpabilizándonos y/o responsabilizándonos a las Mujeres de todo lo que sucede, sin que las autoridades correspondientes asuman la responsabilidad y obligación que les corresponde en materia de derechos humanos de las mujeres”.

Lee el documento completo en este enlace.

Alerta engañosa

Apenas el 8 de Marzo de 2019, organizaciones de la Campaña Popular contra el Feminicidio en Chiapas exigieron el cese de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAGV) en el estado debido a la simulación institucional y su “engañosa aplicación”.

“Consideramos que las limitadas acciones emprendidas e informadas por el gobierno, a más de un año de su aplicación, lejos de detener la violencia, han resultado ser una simulación y una burla para las mujeres violentadas y asesinadas. Así mismo denunciamos que, las autoridades responsables de cumplir y hacer cumplir el derecho que tenemos las mujeres a la seguridad de nuestras vidas, es decir a vivir una vida sin violencia, han generado impunidad y han mostrado indiferencia, negligencia, desconocimiento y hasta complicidad con los perpetradores”, manifestaron organizaciones civiles peticionarias de la DAVG durante conferencia de prensa.

La postura de las organizaciones deriva de un análisis del informe presentado por el gobierno del estado de Chiapas y elaborado por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) en noviembre de 2018.

“Son tan inocuas, superficiales e insuficientes que sólo han vulgarizado el concepto de género mostrando no sólo la incapacidad del gobierno para abordar el problema, sino también el carácter patriarcal obtuso de las instituciones y su funcionamiento. Estos hechos nos reafirman en nuestro posicionamiento de que no es sólo la presión al Estado lo que va a desaparecer la violencia de género hacia las mujeres, sino que somos los pueblos y especialmente las mujeres, quienes tenemos que luchar por nuestra autodeterminación personal y nuestra autonomía política, quienes podremos transformar el carácter patriarcal de la sociedad y hacer una lucha efectiva contra la violencia de este régimen neoliberal”, denunciaron las organizaciones feministas.

Entre las acciones revisadas destacan la realización de mesas públicas de información sin mayor trascendencia bajo la etiqueta de Unidades de Atención Inmediata a la violencia; los discursos oficiales vulgarizaron el género en vez de promover relaciones de igualdad pues acciones como iluminación, limpieza de baldíos, construcción de bardas de lotes, y patrullajes, son actividades que forman parte de las obligaciones cotidianas del municipio y que fueron reportadas como emergentes para aparentar el cumplimiento de la DAVG.

“Se informa de miles de órdenes de protección emitidas por las autoridades, sin embargo, no se presenta el análisis de su implementación y menos de los resultados obtenidos. Las órdenes de protección se tradujeron en meros documentos y no en acciones reales de protección a la vida de las mujeres”, exhibieron las participantes de la conferencia en marzo pasado.

Otra de las denuncias es que el informe argumenta que el gasto de más del 60% del presupuesto asignado a la DAVG se canalizó a la capacitación de funcionarios y policías de diversos niveles, sin que haya redundado en las transformaciones personales necesarias para asumir y aplicar la justicia con visión de género.