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Chiapas: Abejas de Acteal exigen desarme de grupos paramilitares y justicia por la masacre de 1997

Fotos del equipo de comunicación de Las Abejas de Acteal

El pasado 12 de agosto, cientos de personas acudieron a la convocatoria de los integrantes de la organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal para realizar una peregrinación con la exigencia de desarmar a grupos armados en el municipio de Chenalhó, región de los Altos de Chiapas.

Encabezados por sobrevivientes de la masacre de Acteal acontecida el 22 de diciembre de 1997, y a 10 años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberara a 20 autores materiales confesos de ese multihomicidio, indígenas tsotsiles integrantes de Las Abejas demandaron el cumplimiento de justicia para los autores tanto materiales como intelectuales que se mantienen en la impunidad.

“Esperamos ya casi 22 años y estamos pasando por momentos difíciles pero no nos vamos a detener, seguiremos caminando”, expresó Guadalupe Vázquez Luna, integrante de Las Abejas momentos antes de iniciar la peregrinación.

Agresiones recientes 

Apenas el sábado 10 de agosto las Abejas de Acteal denunciaron la violencia y agresiones contra integrantes de su organización quienes viven en la colonia Miguel Utrilla Los Chorros.

Dicha comunidad, la más grande del municipio de Chenalhó, es señalada como hogar de la mayoría de los casi 80 indígenas tsotsiles que estuvieron presos como autores materiales de la matanza de Acteal.

En la denuncia de este 2019, las Abejas mencionaron que fueron destruidas con violencia las casas y pertenencias de cinco de sus integrantes. La organización indígena, caracterizada por promover la lucha pacífica, denunció en un comunicado que las agresiones fueron perpetradas por “aproximadamente 200 personas encabezadas por el agente municipal Manuel Jiménez Ruiz del barrio Río Jordán” de la citada colonia en Chenalhó.

De acuerdo al comunicado publicado el mismo lunes 12 de agosto, “En total quedan en Río Jordán 25 personas, que son mujeres (una compañera está a punto de dar a luz y otra compañera de la tercera edad se encuentra mal de salud) y niños.

Los antecedentes de este acontecimiento se encuentran desde noviembre de 2015, cuando nuestros compañeros de Las Abejas de Acteal del barrio "Río Jordán" no aceptaron un programa gubernamental y cargos del comité de la clínica de salud, en donde sólo se atienden mujeres partidistas que son beneficiadas por el programa asistencialista "PROSPERA". En represalia, los partidistas les cortaron el suministro de agua y electricidad a 2 familias de nuestra Organización.

Según testimonios de los oradores en la marcha del pasado 12 de agosto, en el municipio de Chenalhó nunca hubo una campaña de desarme real y la violencia, como en aquel año de 1997 ha vuelto y amenaza con perpetrarse otra matanza similar o de peor magnitud.

Luna también indicó que un 12 de agosto, pero de 2009 “la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la primera sala, amparó y liberó a 20 presos paramilitares autores materiales de la masacre de Acteal, argumentando que la Procuraduría General de la República fabricó evidencias para inculpar a los detenidos, además de encontrar “irregularidades en el debido proceso”, pero, en realidad era una estrategia política para evitar la investigación hacia los principales autores intelectuales de dicha masacre”.

Tras la sentencia, los paramilitares fueron liberados y se les otorgó cinco hectáreas de terreno, viviendas y una pensión mensual. La organización de las Abejas de Acteal denunció durante la marcha peregrinación el hecho de que los agresores de 1997 caminan libremente cerca de Acteal sin ningún remordimiento.

“Puede haber otra masacre, si el gobierno del estado (Chiapas) no hace nada, se puede repetir. Lo que nosotros no queremos es que haya una repetición como los hechos de Acteal… por eso seguiremos caminando para exigir justicia”, enfatizó Luna sobre las recientes agresiones contra integrantes de la organización indígena de Acteal.

Durante el recorrido desde la iglesia del Barrio San Martín, en la periferia de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, hasta su arribo a la “plaza de la paz”, la movilización acompañada por la Diócesis de San Cristóbal hizo eco a la consigna de las Abejas: “La justicia no se negocia”.

Demanda de justicia a 22 años 

En la ceremonia religiosa que tuvo lugar frente a la catedral de la ciudad de los Altos de Chiapas, las Abejas de Acteal exigieron justicia por los 45 hombres, mujeres y niños masacrados en 1997 por la acción de un grupo paramilitar que se formó y entrenó en la comunidad Miguel Utrilla Los Chorros.

Una de las demandas principales de la acción fue pedirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emita ya el informe de fondo por el caso 12.790 Manuel Sántiz Culebra y otros “Masacre de Acteal”, en donde responsabilice al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos y se garantice la no repetición de hechos como el de Acteal en 1997.

Durante el mitin en el centro de la ciudad de San Cristóbal, integrantes de las Abejas recordaron que en 1997 no sólo murieron 45 personas, más los 4 no nacidos, sino que también fueron lesionadas 26 personas, algunas gravemente pues hasta la fecha siguen sin sanar sus heridas, tal es el caso de Catarina Méndez Paciencia quien recibió siete impactos de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano.

“A pesar de la gravedad de sus lesiones, nuestra compañera, es un ejemplo de dignidad, de resistencia y de gran conciencia”, recalcaron los oradores del evento.

Durante el mitín en la plaza central de San Cristóbal, la organización indígena emitió una condena de culpabilidad contra los autores intelectuales de la masacre de Acteal. Entre los funcionarios aludidos se encuentran: Ernesto Zedillo Ponce de León, ex Presidente de México; Emilio Chuayffet Chemor, ex Secretario de Gobernación; Julio César Ruiz Ferro, ex Gobernador de Chiapas; general Miguel Ángel Aguirre Cervantes, ex Secretario de la Defensa Nacional; general Mario Renán Castillo, Comandante de la VII Región Militar y responsable de la aplicación de las estrategias de contrainsurgencia del Plan de Campaña Chiapas 94.

Además, las Abejas de Acteal señalaron también a los funcionarios del gobierno de Chiapas: Jorge Enríque Hernández Aguilar, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; Homero Tovilla Cristiani, ex Secretario General de Gobierno; Antonio Pérez Hernández, ex Secretario para la Atención de los Pueblos Indígenas; Uriel Jarquín Galvez, ex Sub Secretario General de Gobierno; David Gómez Hernández, ex sub Procurador de Justicia Indígena de la Procuraduría de Justicia del Estado y el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor Retirado Jorge Gamboa Solís, Coordinador General de la Policía del Estado.

“La dilación de justicia en el Caso Acteal en tiempos del priismo y panismo, ha sido una estrategia de desgaste integral para propiciar divisiones en nuestra Organización de Las Abejas de Acteal y, así han comprado la conciencia de algunos sobrevivientes de la masacre con el objetivo de debilitar nuestra lucha por la verdad y la justicia y el no olvido; pero, hoy de nueva cuenta reafirmamos ante el mundo y que escuchen los autores intelectuales y materiales de la Masacre de Acteal que, Las Abejas y los sobrevivientes de dicha masacre, no podremos ser callados. Y así mismo le decimos al gobierno morenista que piense bien si va a estar de lado de la justicia o también va a proteger a los autores intelectuales y sobre todo al Ejército mexicano, que gracias a la protección de los malos gobiernos hasta la fecha son intocables por sus crímenes”.

Congreso Indígena en Costa Rica para la defensa de la tierra y la autonomía

Participación de delegad@s de siete pueblos indígenas en el COIN. Foto de Frenapi

Con la participación de siete pueblos indígenas de Costa Rica, se realizó el el primer Congreso Indígena Nacional (COIN) donde los temas prioritarios abordaron las recuperaciones de tierras, autonomía, cultura, identidad y educación propia para enfrentar la discriminación y violencia de parte del estado costarricense.

La iniciativa se construye desde el año 2018 impulsada por el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) y el indígena Bribri, Sergio Rojas quien fuera asesinado el 18 de marzo del 2019.

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En esta ocasión participaron delegados de los pueblos Chorotega, Maleku, Bribri, Cabécar, Boruca, Bröran, Ngöbe.

La apertura del COIN, se realizó enmarcado por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, declarado por la ONU; en una coyuntura difícil de los Pueblos Indígenas en Costa Rica que siguen siendo despojados y violentados, siendo la prueba más cercana el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwak de Salitre, fundador y miembro del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), y a nueve años exactos del desalojo violento de 27 dirigentes indígenas de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

“Para las comunidades Broran es una de las mejores alternativas que pudieron haber tomado los diferentes pueblos para hacer ver cuál es la agenda de los pueblos indígenas, no llevar ya la agenda que tiene el gobierno sino tratarla desde los mismos territorios”, compartió Estefany Carrera de la comunidad Broran de Térraba, en la región del pacífico sur.

“La Agenda Oficial del Estado costarricense tiene planes de desarrollo que no son compatibles con los valores que nos unen. La Agenda estatal ha sido contraria a nuestras espiritualidades y ha logrado que con la imposición de sus programas y políticas, algunas/os de nuestras/os hermanas/os se sientan ajenos a los temas propios de nuestra realidad y por eso no se identifican con la lucha de sus derechos”, expresaron los participantes del congreso en la declaratoria final del encuentro.

Las comunidades indígenas resaltaron que las principales razones para exigir el respeto a las formas de gobierno tradicionales y la autonomía territorial se deben a la inoperancia de las estructuras estatales y el incumplimiento de las leyes para recuperar los territorios indígenas, lo que representa una causa estructural y sistemática de violencia contra los pueblos.

“Térraba tiene 9,355 hectáreas y de repente la gente en San José dice que montón de tierras tienen los indígenas pero no se dice que el 80% de esa tierra está en manos de no indígenas”, comentó Pabló Sibar, integrante del Frenapi.

“Repudiamos la indiferencia del Gobierno hacia el proceso de recuperación de tierras ejercido de forma directa por compañeras/os indígenas en diferentes pueblos como parte del Proceso de Afirmación Territorial Autónoma, en muchos casos con el cómplice respaldo a personas usurpadoras; incluso en claro desacato de la Medida Cautelar 321-12 dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Resolución 16/15 del 30 de Abril del 2015, las cuales ordenan al Estado costarricense la adopción de medidas que garanticen la vida e integridad personal de nuestras/os hermanas/os en Térraba y Salitre, como quedó demostrado con el asesinato de nuestro hermano Sergio Rojas Ortiz a pesar de ser beneficiario directo y la continua amenaza, agresiones y persecuciones a quienes seguimos luchando por nuestros derechos”, enfatizaron en la declaratoria del congreso.

“Las mujeres somos importantes y de hecho llevar la lucha desde una posición de mujer indígena podría decir que es rebelde ante un sistema que nos ha violentado históricamente... esto de experimentar este proceso es decirle al Estado estamos presentes estos pueblos indígenas pero también estamos presentes estas mujeres madres, hijas, las abuelas y que vamos a seguir en pie de lucha”, concluyó Estefany Carrera.

Aquí puedes leer ⇒ la declaratoria completa

Al menos tres personas defensoras de la tierra fueron asesinadas cada semana en 2018

indígenas ocupan congreso contra proyecto que vulnera derechos sobre sus territorios. Brasil, 2015

“En marzo de 2018, el gobierno me clasificó como terrorista. Esto fue en represalia por hablar en contra de las violaciones a los derechos indígenas en mi país de origen. Viví bajo amenaza durante meses, sin poder volver a mi casa de forma segura. Aunque ya fui eliminada de la lista, hay funcionarios de gobierno que continúan lanzando falsas acusaciones en mi contra.

Este es un fenómeno que se ve en todo el mundo: las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente -muchas de las cuales son indígenas- son declaradas terroristas, mafiosas o delincuentes por defender sus derechos o, simplemente, por vivir en tierras que son codiciadas por otros. Sufren de forma desproporcionada la violencia y la criminalización porque son guardianas de los recursos naturales que quedan en el mundo; de tierras que son el principal objetivo para los proyectos de desarrollo”, denuncia Victoria Tauli-Corpus, relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas y de nacionalidad filipina.

Más de tres personas defensoras de la tierra y el medioambiente fueron asesinadas cada semana en 2018, según el nuevo informe de Global Witness (GW).

El mayor número de asesinatos se registró en Filipinas, donde fueron asesinadas por lo menos 30 personas defensoras. Siguen Colombia (24), India (23), Brasil (20), Guatemala (16), México (14), República Democrática del Congo (8), Irán (6), Honduras (4), Ucrania (3), Venezuela (3), Camboya (3) Kenia (2), Gambia (2), Chile (2), y Pakistán, Senegal, Sudáfrica e Indonesia con uno respectivamente.

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Europa sigue siendo el continente menos afectado por los asesinatos de defensores ambientales, con tres muertes en Ucrania.

Al contrario, Guatemala es el país que registró el aumento más fuerte de asesinatos, los cuales se quintuplicaron, convirtiéndolo en el país más letal en términos de asesinatos per cápita.

Como lo advierte la organización, hemos de recordar que esas cifras son menores a las reales ya que muchos asesinatos nunca son documentados.

Mientras aumenta la preocupación y los llamados a cuidar el planeta, las personas y comunidades que luchan día a día para defender la tierra están siendo amenazadas, agredidas, arrestadas y asesinadas de forma rutinaria.

“Periódicamente, los gobiernos, las empresas y las pandillas criminales roban tierras y destruyen hábitats naturales para obtener ganancias, a medida que la demanda de productos como la madera, el aceite de palma y los minerales continúa creciendo. Cuando la gente que vive en estas tierras afectadas asume una posición frente a estos proyectos, se enfrenta a la seguridad privada de las empresas, a las fuerzas estatales, a los asesinos a sueldo o, en confrontaciones menos violentas, a equipos de agresivos abogados”, resume el informe.

Industrias. Estados, sicarios e inversores implicados 

El sector que causó más asesinatos es el de la minería con 43 muertes. Por otro lado, hubo una escalada de asesinatos de personas que luchan por la protección de las fuentes de agua, pasando de 4 en 2017, a 17 en 2018. También continuaron los ataques motivados por la agroindustria, la industria maderera y los proyectos hidroeléctricos.

Campamento de resistencia contra el proyecto minero en La Puya, Guatemala.

Esas industrias, para llevar a cabo sus proyectos, necesitan la aprobación de la población que habita los lugares codiciados. En caso de resistencia por parte de los habitantes, muchas veces se alían a otros grupos que se encargan de romper la resistencia con violencia.

“Los grupos de seguridad privados, las fuerzas estatales y los sicarios son sospechosos de llevar a cabo los asesinatos, a veces actuando de forma conjunta”, denuncia el informe.

El documento también resalta que la impunidad generalizada tiende a dificultar nombrar los responsables. Sin embargo, afirma que “GW pudo vincular a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los 164 asesinatos. Actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes también fueron los presuntos agresores en 40 muertes”.

La organización denuncia de igual manera la participación de los inversores, los cuales incluyen los bancos de desarrollo, ya que al financiar los proyectos, apoyan a esos sectores destructivos y “abandonan a las y los activistas amenazados a su suerte”.

Criminalización 

En su investigación, GW resaltó que la violencia física no es la única estrategia utilizada por los gobiernos y las empresas para callar a quienes se oponen a sus proyectos: también utilizan los  tribunales y los sistemas judiciales, diseñando leyes y políticas que sirven para criminalizar  e intimidar a las personas defensoras.

Así, por ejemplo, el Estado de Bangladesh promulgó en septiembre de 2018 una ley que impone una sentencia de diez años de cárcel a quien realice publicaciones en línea, que "arruinen la armonía comunitaria o creen inestabilidad", y una sentencia de 14 años a quien use medios digitales para "intimidar a las personas y / o causar daños al Estado".

En Nicaragua por otro lado, el gobierno aprobó en julio de 2018 una ley que amplia la definición de terrorismo, la cual fue usada para arrestar estudiantes, campesinos y otros manifestantes.

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“Esta táctica puede utilizarse para mancillar la reputación, interrumpir el financiamiento y acorralar

a las y los activistas en costosas batallas legales que les impiden realizar su trabajo. La represión de un individuo u organización también genera un poderoso efecto disuasorio en potenciales personas defensoras”, explican.

GW también precisa que otra vez, las personas indígenas están en la primera línea de ataque de los sistemas judiciales.

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El futuro preocupante 

Aunque el informe recoge datos de 2018, GW advierte de que al momento de redactarlo (julio de 2019), "hay señales preocupantes de que la situación de los defensores de la tierra y el ambiente empeorará", en particular por el actual auge de mandatarios autoritarios en todo el mundo.

Movilización de mujeres indígenas para demandar la demarcación y protección de las tierras indígenas. Brasilia, 12 agosto 2019

Llama la atención el caso de Brasil, donde el nuevo presidente Jair Bolsonaro prometió que permitirá la explotación de las reservas indígenas. En los últimos meses, esto ya desencadenó una serie de invasiones a tierras indígenas por parte de usurpadores de tierras armados.

Para contextualizar En Brasil, planes para entregar tierras indígenas a las mineras

En Filipinas, el gobierno del presidente Rodrigo Duterte está intensificando una campaña para “etiquetar” a defensores como “terroristas” o “comunistas”. En enero de 2019,  dos líderes indígenas que se oponían a la extracción de recursos y a la usurpación militar de tierras ancestrales ya fueron arrestados y acusados de pertenecer a un grupo de insurgentes armados llamado Nuevo Ejército del Pueblo. Ellos han negado la acusación.

Indígenas Nasa de Colombia están en alerta máxima tras dos asesinatos más

Norte del Cauca, Albania, territorio liberado. Foto de Santiago Navarro

Los indígenas del pueblo Nasa, que habitan el norte del Cauca, Colombia, una vez más fueron atacados por un grupo armado que dejó como saldo cinco heridos y dos muertos. Este suceso suma más de 30 personas asesinadas en lo que va del año 2019.

A muy temprana hora de la mañana de este 10 de agosto fue sorprendida la guardia indígena perteneciente al resguardo de San Francisco del municipio de Caloto (uno de los núcleos de propiedad colectiva). La guardia fue atacada con disparos por uno de los más de cinco grupos armados que operan en esta zona. Los fallecidos son los indígenas Kevin Mestizo Coicué y Eugenio Tenorio y  los heridos son Leonel Coicué, Sandra Milena Pilcue, Aurelino Ñuscue Julicue, Julio Taquinas y Edinson Edgardo Rivera, de 7 años de edad.

Posterior a este ataque comenzó a circular por redes sociales un panfleto firmado por un grupo del crimen organizado, en el cual amaneza a las comunidades indígenas: “se les advirtió por las buenas, pero estos indios hijos de puta no entienden, vamos acabarlos”.

“¿Quien lo hizo? Es un grupo armado que pretende controlar y manejar el negocio de las drogas y esto nos tiene muy preocupados porque las amenazas siguen muy frecuentes en nuestro territorio”, dijo una de las autoridades tradicionales del pueblo Nasa, que por seguridad se mantiene en el anonimato.

Este escenario se da en un proceso de transición de una guerra que duró más 50 años entre los diversos gobiernos que han gobernado Colombia y la organización exguerrillera denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Durante esta guerra el pueblo Nasa fue considerado enemigo de ambos lados.

“La guerra fue muy agresiva con nosotros, porque el gobierno decía que éramos colaboradores de las FARC, y este grupo armado decía que éramos colaboradores del gobierno. Pero para nosotros la guerra es un negocio y no colaboramos con nadie. Siempre existió la disputa de la tierra por ambos lados. En 50 años nosotros fortalecimos nuestras guardias tradicionales y nos levantamos con nuestros bastones de mando para la defensa del territorio y la vida”,

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Para los indígenas Nasa, “la guerra que los grupos armados han declarado a nuestra comunidad, en especial a la guardia indígena, intenta silenciar nuestras voces, exterminar la vida y adueñarse de nuestros territorios”, expresaron en un comunicado las 126 autoridades tradicionales organizadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, y la Guardia Indígena como defensores de la vida en todas sus manifestaciones.

En esta zona hay una producción industrial intensiva de caña de azúcar, principalmente para la producción de etanol para automóviles. Esta producción es respaldada por el gobierno. A esto se suman las disidencias de las FARC que todavía están armadas y “junto a ellas existen grupos del crimen organizado que quieren las tierras para la producción de amapola y mariguana”, dijo un integrante del pueblo Nasa, que por seguridad decidió mantenerse en el anonimato.

Desde el año 2005 el pueblo Nasa ha realizado acciones directas para la liberación de sus tierras de los monocultivos y explotación. Cortan y desmantelan los plantíos de la caña con el objetivo de que la propia naturaleza vuelva a cubrir la tierra con su vegetación, pero también para las familias que componen este pueblo, quienes cultivan alimentos orgánicos. Los indígenas Nasa, con los alimentos cultivados, han realizado otra acción directa donde han regalado comida en los barrios más pobres de ciudades como Cali.

“Es la hora de liberar y defender la tierra porque la están matando y ¿quién la esta matando?, la caña, la minería, las presas hidroeléctricas, la soja, el aceite de palma. Uma kiwe, nuestra madre tierra, está esclavizada igual que nuestros pueblos y es necesario liberarnos junto a ella”, dice José.

Mientras asesinaban a los integrantes de la guardia indígena de Caloto, en el punto de liberación llamado La Albania, se celebraba el 3er. Encuentro Internacional de Liberadoras y Liberadores de la Madre Tierra. Participaron personas de las diversas geografías de Colombia y de otros países como Chile, Brasil, Perú y México, desde donde el dolor y la rabia se compartió en un mismo sentir.

Las autoridades presentes en este espacio se pronunciaron haciendo un llamado a la solidaridad a la comunidad internacional y a otros pueblos que resisten y luchan por la defensa de sus territorios. “Desde este espacio liberado hoy decimos que las comunidades indígenas nos encontramos en asamblea y en máxima alerta para defender y cuidar el territorio. Esperamos contar con la solidaridad y el rechazo de estas acciones por parte de los pueblos del mundo”, expresaron.

Energía “limpia” en Yucatán: amenazas y violencia contra comunidades mayas

La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal denunció que el pasado 8 de agosto, uno de sus integrantes, Gregorio Hau Caamal, recibió una llamada telefónica desde un número de Mérida a su celular personal, de una persona que se identificó como el “comandante de la guardia del Cartel del Golfo”, quien amenazó con lastimarle «por andar molestándolos» y le advirtió «que están en Valladolid y conocen su dirección”.

Comunidades mayas han organizado distintos eventos para debatir los proyectos de despojo actuales como las energías limpias y el tren maya.

Gregorio Hau Caamal es indígena Maya de la comunidad de Valladolid con una trayectoria de defensa de la cultura y el territorio Maya. Caamal es representante común en la demanda de amparo interpuesta contra el megaproyecto fotovoltaico “Yucatán Solar”, de la multinacional china Jinko Solar, proceso legal que obtuvo en abril la suspensión definitiva del proyecto.

Gregorio Hau también participa en el Colectivo Xok k’iin, que se encarga de la observación de la naturaleza para hacer diagnósticos meteorológicos a largo plazo a través de conocimiento ancestral maya, y en el colectivo Ch’okwoj de jóvenes estudiantes de escritura maya antigua.

Un acto previo de intimidación contra Gregorio Hau se dio el 2 de abril de 2019 cuando en su domicilio se apersonó alguien que afirmó llamarse Luis Cocom, que fingió ser parte de la Asamblea Muuch Xínbal cuando en realidad iba de parte de la empresa promovente del proyecto “Yucatán Solar”, para entregarle a él y a su padre (quien también firma la demanda de amparo) un documento requiriéndoles que se desistieran de la demanda.

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El despojo de la energía "limpia"

El parque Yucatán Solar de Lightening PV Park, subsidiaria de Jinko Solar (empresa China) pretende construirse en una superficie 255.4 hectáreas en el municipio de Valladolid, de las cuales se tiene previsto deforestar 210 hectáreas de selva sumamente bien conservada, para instalar un total de 313,140 módulos solares fotovoltaicos.

Actualmente este proyecto tiene una orden de suspensión emitida por el Juzgado 5to de Distrito de Yucatán, con fecha del 22 de abril de 2019. Además de la deforestación que este proyecto provocaría de forma irreversible, impactaría severamente a la biodiversidad del lugar, a la producción apícola, la medicina tradicional y a sitios de importancia ritual y espiritual maya.

Para el Congreso Nacional Indígena esta amenaza no es aislada, sino que forma parte de un conjunto de actos de amedrentamientos e intimidación que miembros de la Asamblea de Múuch’ Xíinbal han estado recibiendo desde su participación activa en la defensa del territorio maya frente a varios proyectos eólicos y fotovoltaicos que se están imponiendo en la península de Yucatán.

Otros casos concretos de amenazas son contra María Candelaria May Novelo, mujer de origen maya, maestra, directora de una escuela en una comunidad Maya, y contra el escritor maya y defensor del territorio y los derechos colectivos Pedro Uc Be. Dichos actos de amenaza han sido realizados a través de las redes sociales, llamadas telefónicas, intimidación e intentos de coacción, incluso en sus centros de trabajo.

María Candelaria May recibió en la escuela primaria en que trabaja la visita de Rafael de la Torre trabajador de la Consultora AOsocial para intentar coaccionarla. También recibió una llamada de la Dra. Graciela Cortés Camarillo, encargada de la Dirección de Desarrollo Educativo y Gestión Regional de la Secretaría de Educación del actual Gobierno del Estado de Yucatán, quien afirmó que la contactaba a petición de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, Loreto Noemí Villanueva Trujillo. El objeto de la llamada era cuestionarla sobre su participación en la demanda de amparo.

María Candelaria May Novelo recibió el 29 de abril (siete días después de que el tribunal otorgara la suspensión definitiva del proyecto) mensajes amenazantes por facebook advirtiéndole «ya verán lo que se les vendrá encima». Ese mismo día, la persona que mandó ese mensaje (cuya foto de perfil era Vladimir Putin apuntando con un rifle) publicó un texto sobre María Candelaria y otrxs compañerxs de la Asamblea, acusándoles de ser enemigos del planeta y mercenarios políticos. María Candelaria May Novelo interpuso una denuncia por amenazas que nunca fue investigada por las autoridades competentes.

Eólicas y solares, industrias acaparadoras de tierras 

En marzo de este 2019, representantes ejidales de los municipios de Valladolid, Sinanché, Muna e Ixil, integrados en la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch Xinbal”, declararon que promotores de empresas fotovoltaicas y eólicas que pretenden instalarse en Yucatán los han despojado de sus tierras bajo engaños por lo cual han interpuesto demandas ante el Tribunal Agrario y la Procuraduría Agraria.

Grupo Ortíz, empresa extranjera que pretende imponer el parque solar ha colocado señalamientos para prohibir el acceso a la zona deforestada.

 

La principal denuncia realizada por la Asamblea fue que mediante consultas amañadas y mentiras se prepara la instalación de los proyectos de energías renovables en territorio local.

Distintos integrantes de la Asamblea relataron que el municipio se quedó sin terrenos ejidales, toda vez que mediante una asamblea amañada y sin consultar a los 200 propietarios, extranjeros se hicieron de 362 hectáreas. En dicha zona, enfatizaron, fue hallado el cenote “Múusench´een”, que abarca 210 hectáreas, entre los sitios arqueológicos de Ebtún y Cuncunul.

Entre los responsables del despojo se mencionó a Alejandro Escoffié de “ser especulador de tierras, de engañar a los ejidatarios y de no consultar a la comunidad”, pues habría pagado 150 pesos por hectárea para posteriormente revenderlas a extranjeros.

Otra de las compañías denunciadas es la firma Esteyco, subcontratada por la empresa Eólica del Mayab, la cual obtuvo casi dos mil hectáreas para la instalación de aerogeneradores mediante procesos ilegales.

En el caso del ejido de San José Tipceh, comisaría de Muna, la empresa Sunpower pretende instalar en dos etapas un parque fotovoltaico para lo cual adquirió unas dos mil hectáreas por siete millones 200 mil pesos en renta en los próximos 30 años, lo que representa un pago por tres mil 600 pesos por hectárea para las próximas tres décadas sin la garantía de la devolución de las tierras.

En Sinanché, el comisariado ejidal comercializó mil 946 hectáreas sin asamblea ni acuerdos previos. Denunciaron que la autoridad propuso el pago de una renta de 126 pesos por hectárea al mes, sin embargo, el plazo de pago es de cada seis meses por la misma cantidad, es decir, 60 centavos mensuales por hectárea.

En ese sitio la empresa Fuerza y Energía Limpia de Yucatán pretende instalar 74 aerogeneradores con una inversión de 307 millones de dólares.

El peligro de buscar a los desaparecidos en México

Foto Santiagio Navarro F.

El 19 de Julio pasado, Zenaida Pulido Lombera, de 43 años de edad, fue asesinada por un grupo armado en el tramo de la carretera entre Huahua y Pichilinguillo, en la costera michoacana. Acababa de denunciar amenazas en su contra, por estar buscando a su hermano desaparecido.

“Zenaida Pulido Lombera era familiar de desaparecido por ello estaba inmersa en la lucha por la verdad y la justicia de nuestros desaparecidos. En ese tenor participó como coordinadora junto con su familia en la región costa durante la V Caravana “Buscando Encontraremos” que se llevó a cabo entre abril y mayo del presente año, lugar donde se encontró una fosa clandestina con 43 restos óseos”,

RELATA EL COLECTIVO FAMILIARES CAMINANDO POR JUSTICIA EN UN COMUNICADO.

Al menos 40,000 personas desaparecidas en México 

La desaparición forzada es una realidad que golpea a decenas de miles de familias mexicanas desde que empezó la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en su primer informe de actividades, reportó tener registro de 40,180 desaparecidos en todo el país a enero de 2019.

Mario Vergara – quien lleva años buscando a su hermano Tommy, desaparecido en el pueblo de Huitzuco, Guerrero en 2012 – no confía en esa cifra.

“Yo creo que la cifra del gobierno de 40.000 desaparecidos viene siendo la tercera parte de la realidad. Mucha gente no denuncia. Yo hablo de más de 100.000 desaparecidos”,

DECLARÓ EN ENTREVISTA PARA RFI.

Corrupción, impunidad 

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “México presenta un grave problema de desaparición de personas a causa, principalmente, de la conjunción de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y colusión de personas servidoras públicas con la delincuencia organizada, que se agudiza con las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden el desarrollo social en el país, así como de la ausencia de coordinación interinstitucional eficaz entre las distintas autoridades del Estado mexicano encargadas de la búsqueda y localización de personas”.

Para el organismo, si bien es cierto que el Estado mexicano ha tomado decisiones legislativas para enfrentar la desaparición de personas, tales como la Ley General de Víctimas, la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas o la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, “no existe una adecuada aplicación y materialización de las leyes que para tal efecto se han promulgado”.

El peligro de buscar a desaparecidos 

Ante la inacción de las autoridades, muchos y muchas, como lo hizo Zenaida, buscan ellos mismos sus seres queridos desaparecidos y por ello, se exponen a la violencia tanto del crimen organizado como del Estado. Como lo expresa el colectivo Familiares Caminando por Justicia, “su asesinato nos deja una profunda tristeza e indignación, porque el caso de Zenaida se une ahora a la lista en la que figuran decenas de víctimas que por buscar a sus seres queridos han recibido la muerte como castigo en un Estado que no solo no garantiza el derecho a la seguridad de todas las personas, sino que además olvida la vulnerabilidad a la que las víctimas están expuestas, seguido de las revictimizaciones y violaciones a derechos humanos a que son sometidos por los servidores públicos cuando exigen conocer el paradero de los suyos mediante investigaciones serias, lo que refleja el debilitamiento del Estado de derecho en México”.

Mario Vergara también denuncia la persecución que sufren las personas que emprenden ellos mismos la búsqueda de sus desaparecidos: “Nos ha demostrado el gobierno que mucha gente que denunció y señaló a las personas que hicieron daño a su familia, hoy están asesinados o desaparecidos”, dijo.

Él también señala haber recibido amenazas en la búsqueda de su hermano: “desde que empezamos a buscar a mi hermano y empezamos a encontrar a nuestros familiares que terminaron en una fosa clandestina, empezamos a estar amenazados”.

A pesar de los riesgos, siguen buscando 

En los últimos años, y en particular después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ha surgido un movimiento de miles de personas a quienes les falta un ser querido, los cuales “se han agrupado en más de 70 colectivos – activos a través de todo el país – que rastrean morgues, cárceles, cerros y lotes baldíos; tocan las puertas del gobierno, marchan en las calles y hablan con los medios. Muchos están coordinando sus luchas individuales y colectivas a través de una organización nacional que los congrega: el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México”, relata el director ejecutivo adjunto para las Américas de Human Rights Watch, Daniel Wilkinson.

En Guerrero, los esfuerzos del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala han dado como resultado la exhumación de más de 160 cuerpos. Según Wilkinson, más de 30 cuerpos fueron encontrados también en Nayarit, 200 en Sinaloa y 300 en Veracruz.

Cabe recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que, desde 2007, en 17 estados se han hallado más de 1,300 fosas clandestinas con más de 3,900 cuerpos.

A finales del 2018, la organización de periodismo de investigación Quinto Elemento presentó un mapa de fosas con datos obtenidos de fiscalías de todos los estados. De 2006 a 2016, desvelaron, se encontraron al menos 2.884 cuerpos en 1.978 fosas.

“Los familiares de desaparecidos se han convertido en activistas y defensores de derechos humanos, convirtiendo sus aspiraciones individuales como es encontrar a los suyos en aspiraciones colectivas cuyo objetivo es terminar con la dolorosa situación social que embarga al país entero”, concluye el colectivo Familiares Caminando por Justicia.