El 15 de mayo del año 2019, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza emitió la sentencia donde concluye que el Estado de Bolivia violó los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) según lo establecido en su propio marco jurídico nacional y la normativa internacional relacionada.
El caso fue presentado por representantes de la subcentral del TIPNIS y la organización de mujeres del TIPNIS ante el Tribunal en noviembre de 2017 quienes denunciaron que el impulso del gobierno boliviano en la construcción de una carretera que atraviesa la reserva natural habría violado leyes para la protección de la naturaleza y de los pueblos originarios.
El informe de la Comisión Internacional de Observadores que visitó Bolivia entre el 15 y el 23 de Agosto del 2018 presentó evidencias suficientes en sentido de que la mencionada carretera ampliará la deforestación ya presente en el polígono 7, y llevará a la expansión de la producción de hoja de coca, a la afectación de la biodiversidad y a la perdida irreparable de diferentes seres de la naturaleza.
Así mismo el informe de la Comisión presenta evidencias de que no se realizó una consulta previa para el consentimiento libre, informado y de buena fe a los pueblos indígenas del TIPNIS y que los procesos de colonización en el polígono 7 tienen ya impactos negativos en la vida de estos pueblos.
Territorios indígenas bajo acecho
El territorio del TIPNIS es hogar de los pueblos indígenas Mojeño Trinitarios, Yuracares y Tsimanes quienes encontraron refugio durante la “fiebre del caucho” a fines del siglo XVIII y principios del siglo IXX.
La región fue declarada Parque Nacional en 1965, y en 1990, después de la Primera marcha por el territorio y la dignidad indígena, asumió la doble categoría de Parque Nacional y Territorio Indígena.
Para el año 2008 el gobierno de Evo Morales contrató a la empresa OAS de Brasil para la construcción de una carretera que dividiría el área protegida del TIPNIS, sin nunca llevar a cabo un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental integral de los tres tramos en los que se fragmentó esta carretera.
El Tribunal también identificó que el Gobierno, a través de diferentes disposiciones, “ha venido estableciendo bloques de exploración y explotación petrolera, que comprometen aproximadamente al 35% del territorio indígena”.
A su vez, el organismo internacional evidenció que el gobierno de Bolivia ejecutó entre 2017 y 2018 la construcción de tres puentes (Isiboro, Ibuelo y Sazama) dentro del TIPNIS, pese al rechazo de los indígenas que se oponen a la construcción de la vía.
En consecuencia, el Tribunal dispuso 12 medidas de cumplimiento inmediato, entre las que figuran: paralizar cualquier construcción vial al interior del territorio indígena, aprobar una ley de protección de la reserva y adoptar medidas efectivas para detener el avance de la colonización hacia el núcleo del TIPNIS. También dispuso que se anulen los planes de expansión petrolera en ese territorio.
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza fue creado en el 2013 y sus sentencias se basan principalmente en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra que fue adoptada durante la I Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y por los Derechos de la Madre Tierra realizada en abril del 2010 en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia.
La sentencia de mayo del 2019 fue firmada por personas que también participaron de la Cumbre de Tiquipaya, Cochabamba hace nueve años, cuando Evo Morales impulsó la creación de un Tribunal Internacional para la Defensa de los Derechos de la Naturaleza.
Piden sanciones por represión en 2011
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza también solicitó al Estado de Bolivia a “identificar y sancionar” a los responsables de la represión a la marcha del TIPNIS, caravana que en 2011 se movilizó en contra de la construcción de la carretera por esa reserva.
“El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe identificar y sancionar a los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos en 2011, en Chaparina”, se lee en el punto seis de las medidas de “cumplimiento inmediato” que dispuso el Tribunal Internacional.
El 15 de agosto de 2011, alrededor de 1.000 indígenas de tierras bajas partieron hacia La Paz, desde la ciudad de Trinidad, en defensa del TIPNIS. El 25 de septiembre de ese año, la movilización fue intervenida por la Policía en Chaparina.
Un “informe confidencial” que realizó el general Edwin Foronda, exinspector general de la Policía, indica que el ministro de Gobierno de entonces, Sacha Llorenti (actual embajador de Bolivia ante la ONU), ordenó intervenir la caravana. La orden se habría dado “para resguardar la vida del entonces canciller David Choquehuanca”, quien aquella vez se reunió y luego fue retenido por mujeres indígenas que pedían garantías para continuar con su marcha.
Después de los hechos, el Ministerio Público inició las pesquisas para dar con los responsables de la intervención. Sin embargo, ocho años después el caso está paralizado.
En octubre de 2011, la Octava Marcha Indígena, después de sufrir la represión de fuerzas policiales en la localidad de Chaparina, logró la promulgación de la Ley 180 de protección del TIPNIS que en su artículo tres prohibía expresamente que la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos o cualquier otra a travesará por el TIPNIS.
Marzo del 2017, Cordoba, Veracruz, periodistas marchan para pedir justicia por el asesinato de Ricardo Monliu. AP Photo / Felix Marquez
Según la organización ARTICULO 19, se han registrado 47 asesinatos de periodistas durante el mandato de Enrique Peña Nieto. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus primeros días de gobierno declaró “vamos a dar protección a todos los ciudadanos y a los periodistas”. Sin embargo, desde el 1 de diciembre del 2018, 10 comunicadores han sido asesinados en el país.
1- Jesús Alejandro Márquez Jiménez - 01 de diciembre de 2018
El día que López Obrador tomo protesta como presidente, el periodista quien publicaba reportes sobre personajes políticos o del crimen organizado ha sido encontrado sin vida en el municipio de San Cayetano, Nayarit.
2- Diego García Corona - 04 de diciembre de 2018
Diego García Corona, fue asesinado en Ecatepec, en el Estado de México.
3- Rafael Murúa Manríquez - 20 de enero de 2019
El cuerpo del director de la radio comunitaria Radio Kashana fue encontrado sin vida y con signos de tortura en una carretera del municipio de Mulegé, en Baja California Sur. Anteriormente había denunciado agresiones por parte del presidente municipal de Mulegé y había sido incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Sin embargo, familiares del comunicador denunciaron que aunque deberían haber implementado medidas de seguridad adicionales en su casa, nunca se ejecutó de forma completa.
4- Gustavo Cruz - 20 de enero del 2019
El comunicador comunitario chinanteco e integrante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO- RFM) fue asesinado en la comunidad de Cerro Caliente, en el Municipio de Santiago Jocotepec, Oaxaca.
5- Jesús Eugenio Ramos Rodríguez - 9 de febrero del 2019
El conductor y periodista del noticiario “Nuestra Región Hoy”, fue asesinado a balazos a plena luz del día en un restaurante del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.
6- Reynaldo Lopez - 16 de febrero del 2019
El locutor Reynaldo López fue asesinado con disparos en Hermosillo, Sonora, en un ataque en el que resultó herido de gravedad el también comunicador Carlos Cota Rubio.
7- Samir Flores Soberanes - 20 de febrero del 2019
El comunicador Nahua fundador de la estación Radio Amiltzinko fue asesinado afuera de su domicilio en la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos. Se dedicaba a la herrería, la radio comunitaria, la agricultura orgánica y de entero a la lucha contra la termoeléctrica y el gasoducto de Huexca.
8- Santiago Barroso - 15 de marzo del 2019
El periodista fue asesinado en San Luis Río Colorado en Sonora, dentro de su domicilio. Barroso era dueño del portal de las noticias Red 653.
9- Omar Iván Camacho – 25 de marzo del 2019
El periodista deportivo fue encontrado sin vida en el municipio de Salvador Alvarado, en Guamúchil, Sinaloa con un traumatismo craneoencefálico.
En Abril, autoridades de Sinaloa detuvieron a Juana López Iribe, ex candidata del Partido Independiente de Sinaloa (PAIS) en Salvador Alvarado, junto con su yerno Eduardo Francisco, por el delito de homicidio calificado con premeditación, ventaja y tormento.
10- Telésforo Santiago Enríquez – 2 de mayo del 2019
El fundador y comunicador zapoteca de la radio comunitaria 98.7 F. M. “El Cafetal“, ubicado en el municipio de San Agustín Loxicha, Oaxaca fue asesinado a balazos. Santiago Enríquez también era profesor de educación indígena y promotor y defensor de las lenguas indígenas de su comunidad.
México es el tercer país más peligroso para la prensa
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el año 2000 se asesinaron 147 comunicadores en México, de los cuales 15 eran mujeres. Como lo señala Nancy Payán Villanueva, coordinadora del Área de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle de México, Campus Reynosa, es importante precisar que los delitos contra mujeres periodistas muchas veces van acompañados de agresiones sexuales o amenazas contra sus familiares.
Esas cifras hacen de México el tercer país más peligroso a nivel mundial para la prensa ya que sólo Afganistán y Siria han registrado más muertes de reporteros.
El Estado con mayor registro de asesinatos de periodistas es Veracruz, seguido por Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua.
Además, 21 comunicadores han desaparecido desde 2005, y se perpetraron 52 atentados contra instalaciones de medios informativos desde 2006.
Impunidad y responsabilidad del Estado
Según la organización ARTICULO 19, el 99% de los ataques contra periodistas e instalaciones de medios de comunicación no han sido castigados. También señala que agentes del Estado están involucrados "directa o indirectamente" en al menos la mitad de los casos documentados en 2017.
“El patrón de violencia contra la prensa en México alentado por la impunidad reinante no puede ni debe continuar, es vital romper con la inercia de sexenios anteriores a través de una política integral de prevención de la violencia que se ejerce contra quienes ejercer la labor periodística”, declaró la organización en una nota para la prensa.
Sin embargo, para la directora de Artículo 19 para México y América Central, Ana Cristina Ruelas, desde la llegada de López Obrador "aún no ha habido acciones que nos lleven a pensar que las cosas cambiarán”.
Mientras se redactaba esta nota, lamentablemente se suma el onceavo periodista asesinado.EL periodista Francisco Romero fue encontrado sin vida sobre la avenida 115, afuera del bar La Gota, en Playa del Carmen, Quintana Roo. El comunicador era administrador y director de la página informativa de Facebook “Ocurrió Aquí”, además colaboraba para distintos medios en Playa del Carmen.
La formación Vaca Muerta se encuentra en la Cuenca Neuquina, al sudoeste del Argentina y tiene una superficie de 30 mil km2. Cuenta con importantísimos recursos de petróleo que alcanzan los 16,2 miles de millones de barriles, según el informe del EIA del año 2013. En los últimos 15 meses se produjeron 8 muertes en estos yacimientos. Los últimos dos petroleros muertos son Maximiliano Francisco Zappia de 24 años y Cristian Nicolás Baeza de 34 años.
Arde Vaca Muerta: los petroleros muertos ponen en jaque la "adenda" de flexibilización laboral
"Se acabó la joda" dijo Guillermo Pereyra luego de que en los últimos 15 meses se produjeran 8 muertes en los yacimientos de Vaca Muerta. Las ahora contundentes declaraciones del sindicalista petrolero no parecen tener correlato con su propia convicción sino con la presión ejercida por los obreros de base que amenazaron con "desafiliarse masivamente" del gremio si no se ayudaba a las familias de los fallecidos y se mejoraban las condiciones de trabajo en la meca del shale. Los últimos dos petroleros muertos en los yacimientos de Tecpetrol en Vaca Muerta (Maximiliano Francisco Zappia de 24 años y Cristian Nicolás Baeza de 34 años) desataron un profundo malestar de los trabajadores y familiares de las víctimas. A mediados de la semana pasada los obreros forzaron una asamblea en Fortín de Piedra y los parientes de los muertos se plantaron ante lo que apuntaba a ser una nueva responsabilización de los trabajadores para deslindar culpas empresarias. Hartazgo y dolor El hartazgo y el dolor provocado por las 8 víctimas fatales en 15 meses desataron un intenso mar de fondo entre los petroleros, que se pararon de manos ante el sector sindical para conseguir el apoyo a los familiares de los fallecidos y la mejora en las condiciones laborales.
Como se recordará, la actividad se flexibilizó con la famosa "adenda" que impuso condiciones para aumentar la productividad y bajar costos laborales y operativos.
A finales de enero del 2017 se concretó la firma del acuerdo en el que estamparon su compromiso el gobierno nacional de Mauricio Macri, el sector empresario, el gobernador neuquino Omar Gutiérrez y el propio sindicalismo petrolero con Guillermo Pereyra a la cabeza.
Los anuncios efectuados por el presidente Macri, que los describió como "el camino a seguir en todo el país" se reconvirtieron en muerte y dolor, obligando al legendario sindicalista Pereyra a hacer anuncios que seguramente sembrarán dudas y presiones en el sector de las compañías petroleras.
¿Se acabó la joda?
El pasado fin de semana, Pereyra y la comisión directiva del sindicato petrolero que comanda dieron una conferencia de prensa que fue transmitida por la emisora neuquina LU5 - a la que pudo acceder El Extremo Sur pero que curiosamente no tuvo mucha difusión patagónica y casi nula nacional-. Allí el gremialista aseguró que "se acabó la joda" y a manera de autocrítica admitió que fueron "permisivos" con las empresas en la temática de seguridad laboral. Por eso exigió la reducción en un 10% de la rotación de la jornada de trabajo y el fin de los campamentos dormitorios en los campos petroleros.
Sentenciando el final de un proceso basado en la precarización laboral, la relajación de las medidas de seguridad y la sobreexplotación obrera para la obtención de mayor rentabilidad, Pereyra aseguró que "se acabó la joda, si esto no se hace con energía porque hemos pecado por ser permisivos, vamos a seguir teniendo problemas con la vida de los compañeros trabajadores".
El cambio de postura y la propia autocrítica de Pereyra sorprendió al mundo empresario, que lo creía de su lado como hasta ahora y de manera incondicional. Por lo menos así se había evidenciado luego de las ocho muertes cuando dijo que "No tuvo que nada que ver la adenda. Lo que pasa es que las empresas se equivocaron porque interpretaron que pueden hacer lo que quieran y no es así".
Las fuentes obreras consultadas aseguraron que la saturación llegó de los dos últimos fallecimientos y cuando los trabajadores sentenciaron que si no había cambios profundos impulsarían un llamado a la desafiliación masiva.
"Un accidente más sería el fracaso de Vaca Muerta"
En la rueda de prensa Pereyra aseveró que "un accidente más sería el fracaso de Vaca Muerta" y luego relató pormenorizadamente lo acontecido con los dos trabajadores muertos y dijo que "En una pileta que estaba a ras del piso, que no tenía ningún tipo de señalización en Fortín de Piedra (que explota Tecpetrol que es subsidiaria del Grupo Techint de la familia Rocca) como indican las normas de seguridad. Alguien de la sala de control mandó al compañero a revisar el sensor que no funcionaba y el compañero cayó dentro de la pileta porque cedió la tapa. Pedía por favor que lo sacaran y mientras se estaba desvaneciendo su compañero lo estaba sujetando de la mano para sacarlo, pero los dos cayeron como consecuencia de los gases tóxicos".
Presionado por los obreros y las familias de los fallecidos, el dirigente neuquino admitió que "Como organización sindical hacemos nuestra autocrítica porque no hemos sido quizás lo suficientemente enérgicos en el tema de la seguridad, entendíamos que las empresas lo iban a cumplir bien y nos sentimos responsables y por eso tomamos todas las medidas que sean necesarias para asegurar el bienestar de todos los compañeros. No puede ser que el compañero salga a trabajar al campo y la familia se quede pensando si vuelve o no, como si fuera a la guerra".
En función de este devastador panorama laboral, Pereyra anunció que pondrán en marcha un servicio de seguridad e higiene en cada uno de los yacimientos para exigir al sector empresario el cumplimiento de las normas de seguridad, y ante el elevado costo que le demandará al gremio su implementación aseveró que "no importa, lo más importante es la vida de la gente".
En el 2019, mientras se esparcen movilizaciones en decenas de países para demandar acciones reales para enfrentar las consecuencias del calentamiento global, en México el gobierno federal aumenta la inversión en las industrias más contaminantes del planeta.
Tras el anuncio del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019 -2024, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la administración pública “no se ajustará a los dictados de los organismos financieros internacionales” y pese a ello obtendrá para 2024 un crecimiento económico del seis por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) al final de su periodo y “cuatro por ciento en promedio anual, al doble de lo que se creció en el periodo neoliberal en 36 años”.
No obstante el discurso oficial que proclama “el final de las políticas neoliberales en México”, la gestión económica actual opera bajo el marco jurídico reformado en el periodo de Enrique Peña Nieto, el cual continúa las políticas que promueven la inversión nacional y extranjera para sectores claves de la economía mexicana como el de la construcción de infraestructura energética, principalmente para la extracción y refinación petrolera en Dos Bocas Tabasco, así como en la construcción de megaproyectos como el Corredor Transístmico en Oaxaca y el Tren Maya en Chiapas y la Península de Yucatán.
“Al ponernos una camisa de fuerza nosotros, de no gastar más de lo que ingresa, quiere decir que el motor de la economía será el sector privado”, declaró el ahora jefe de la oficina de la presidencia, el empresario Alfonso Romo, mientras difundía la promesa del nuevo gobierno de izquierda: “México será un paraíso de inversión”.
Romo fungió como coordinador del Proyecto de Nación presentado en el año 2017, documento donde se plasman los fundamentos para las políticas públicas que proponía el equipo de AMLO, entonces candidato presidencial por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Ya instalado en el sector público en 2019, el empresario ha vinculado a los personajes mas ricos de México en el Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia. En dicho grupo convergen ocho de los dueños de las mayores industrias: telecomunicaciones, construcción, bancos, televisoras, hoteles, aerolíneas, entre otras, quienes coordinados por Alfonso Romo se reunirán bimestralmente con AMLO para influenciar sus acciones y planes en materia económica.
El consejo se encuentra vinculado con la estructura del gobierno federal pues cuenta con representación de las secretarías de agricultura, comunicaciones, economía, energía, hacienda, medio ambiente, relaciones exteriores y trabajo, con lo cual se discutirán estrategias transversales para las alianzas de inversión pública y privada en México.
Otros funcionarios federales como la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, han señalado el eje de su política económica al destacar que “en el nuevo PND están convocados los diversos sectores económicos con quienes tienen una estrecha relación, a través de un trabajo cotidiano, nuestras acciones buscan conciliar las necesidades particulares con el interés general”.
San Pedro Comitancillo, Oaxaca, comunidad donde cruza el tren, autopista y gasoducto del Proyecto Transístmico. Foto Santiago Navarro F.
Millonaria inversión a fósiles y el lavado verde
Incluso meses antes de la toma de posesión de AMLO, en todo el territorio nacional diversos sectores sociales han manifestado su inconformidad ante las políticas del nuevo gobierno que confluyó en el variopinto grupo de Morena.
Campesinos demandan la cancelación de megaproyectos en sus tierras y denuncian el mal uso de las “consultas populares”; organizaciones civiles exigen la liberación de presos políticos y la desmilitarización del país; indígenas reclaman respeto a sus formas organizativas, sus semillas nativas, sus territorios.
“Les digo que no anden inventando que va a venir inversión extranjera y que vienen los extranjeros a apoderarse del Istmo. Mentira, todo lo vamos a hacer con inversión pública y si hay participación de inversión privada va a ser de mexicanos, no va a haber extranjeros”, enfatizó López Obrador en una de sus recientes visitas a Juchitán, Oaxaca, en la que improvisó una “consulta” a mano alzada a favor de la construcción del Corredor Transístmico.
Muy al contrario, los pueblos de la región del Istmo han denunciado la manipulación del mecanismo de “consulta” emprendida por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para legitimar un proyecto que continúa la inversión proyectada en las Zonas Económicas Especiales (ZEE) decretadas por el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto.
En consonancia con sus acciones, la continuidad en las políticas neoliberales desde la nueva administración dirigida por Morena le otorgan a México ser catalogado como el noveno mejor país del mundo para invertir, de acuerdo a reportes del Foro Económico Mundial.
Entre las principales industrias con las cuales la autodenominada Cuarta Transformación conseguirá la inyección de capital para alcanzar las tasas de crecimiento económico prometidas son, en primera instancia, las que están vinculadas con los mayores motores de la crisis climática global: la extracción de petróleo, carbón, gas, e incluso el uso del fracking, apuestas del nuevo gobierno para que México procure su autosuficiencia energética.
Por ello, mientras en el PND solo menciona fugazmente el “desarrollo sostenible”, el gobierno de izquierda pretende reverdecer su imagen mediante la operación de programas como Sembrando Vida, cuyo objetivo al “reforestar” busca insertar territorios campesinos del sureste mexicano para la producción de plantas tropicales a comercializarse en los mercados nacionales y extranjeros.
“En el mundo existen muchos recursos financieros que están buscando países con potencial de mercado y necesidades de proyectos de inversión”, manifestó Romo durante el anuncio de creación del Consejo Asesor Empresarial en febrero del 2019.
En dicha reunión, Romo destacó el papel de los empresarios reunidos en ese momento para obtener “financiamiento para los sectores y regiones estratégicos del Proyecto de Nación, en concordancia con la Agenda 2030 (de la ONU) y el Plan Nacional de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Como parte de ese lavado verde, el gobierno mexicano asume sin chistar las principales directrices emitidas por el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos financieros bajo los proyectos de la ONU y las ONGs de conservación, principales promotores de la implementación de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y el Acuerdo de París en materia de cambio climático.
Mientras en el mundo industrializado de 2019 los jóvenes realizan protestas para demandar un plan contra el calentamiento global, el sistema financiero apoyado por la ONU vocifera la solución a la catástrofe inminente: la consolidación de los mercados verdes para poner precio a los bosques en su afán de “reducir” las emisiones de contaminantes causantes de la crisis climática.
Al tiempo que aumentan las movilizaciones en demanda de acciones concretas como la de mantener los combustibles fósiles bajo el suelo, en Europa, el precio de las emisiones en el mercado de créditos de carbono, o permisos para contaminar, ha incrementado significativamente su valor. Sólo desde 2017 hasta abril de 2019 ha aumentado cinco veces su precio, al pasar de 5 a 25 euros.
Con ello, el boyante negocio de los mercados verdes se consolida gracias a los promotores de estos mecanismos, quienes pertenecen al sector más sucio del planeta: las industrias extractores de combustibles fósiles.
Ante la publicación en mayo de 2019 de un informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) donde se demuestra que la actividad humana está amenazando la existencia de más de un millón de especies de plantas y animales, más que nunca antes en la historia de la humanidad, cabe preguntarse si confiar al mercado el futuro del planeta es una acción responsable.
Pueblos indígenas, acciones reales contra la catástrofe ambiental
Ante el asombro de los medios masivos de comunicación ante el acelerado proceso de extinción actual, la actividad de los pueblos originarios también fue señalada en el informe del IPBES como fundamental en la conservación del medio ambiente y las especies naturales.
Por lo menos en un cuarto de las tierras mundiales, las comunidades indígenas preservan sus bienes comunes pues mantienen autonomía ante las fuerzas económicas del planeta. Al contrario del discurso global de “desarrollo”, los pueblos originarios utilizan bienes como el agua o los bosques de manera que se puedan preservar para generaciones futuras.
Sin embargo, debido a los procesos de colonización, el esfuerzo de los pueblos indígenas alrededor del mundo se ven mermados por entre otras, las industrias extractivas, emprendimientos de infraestructura energética y el despojo de tierras para la agroindustria.
Por ello, el informe de la ONU destaca el que “en muchas regiones las tierras indígenas se están convirtiendo en meras islas de diversidad biológica y cultural, rodeadas de extensas áreas biológicamente deterioradas”.
¿Emergencia mundial? u ¿oportunidad de negocios?
En Londres, Inglaterra, desde el 15 de abril de 2019 y por espacio de una semana, miles de personas participaron en protestas para demandar acciones inmediatas contra los efectos del calentamiento global.
Estas movilizaciones se han sumado al reclamo realizado por sectores, principalmente juveniles en diferentes países de Europa, quienes durante meses han declarado “huelgas por el clima” para colocar la crisis climática en el debate político.
En efecto, dichas protestas han forzado a instituciones del Reino Unido para emitir “declaratorias de emergencia climática”, actos simbólicos que no conllevan ninguna acción legal o consecuencia directa que apunte a combatir la inminente catástrofe climática.
Paradójicamente, el reporte Financiando el cambio climático publicado semanas antes señalaba que lejos de reducir, el financiamiento para la extracción de combustibles fósiles de “33 instituciones bancarias con inversiones en todo el mundo han proveído 1.9 trillones de dólares a la industria de los hidrocarburos desde la firma del Acuerdo de Paris (2015)”.
En México, petróleo y carbón: vitales para el “crecimiento económico”
Mientras suceden las protestas climáticas en Europa, el nuevo gobierno autodenominado de izquierda en México ha confirmado su apoyo a las inversiones en la industria extractivas de combustibles fósiles.
En las primeras semanas del gobierno encabezado por Morena, Alfonso Romo compartió una de las mas importantes contradicciones de la nueva administración: mientras que por un lado se denuncian contratos “leoninos” que afectaron las finanzas de Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE), AMLO a través de Romo, habría “revisado” los negocios con las productoras energéticas extranjeras y aprobado su continuación amparada en la reforma energética de 2013, cuando se abrió la posibilidad de recibir inversión extranjera en la extracción de petróleo mexicano.
A su vez uno de los proyectos estelares de AMLO, la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco cuenta con una inversión estimada de 160 mil millones de pesos, la cual ha sido asignada a Petróleos Mexicanos (Pemex) para su finalización en tres años.
De acuerdo con cálculos de la Secretaría de Energía, la séptima refinería del país en Tabasco tendrá una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles diarios. Con el plan de fortalecimiento de Petróleos Mexicanos de una inversión de 3,900 millones de dólares para “sanear” sus operaciones, el Gobierno estima que para el 2024, México produciría 2,480,000 barriles de petróleo por día.
Sin embargo, el mayor financiamiento para que Pemex alcance el rendimiento proyectado proviene de la inversión privada.
El lunes 13 de mayo, el gobierno de AMLO firmó una carta compromiso con los bancos JP Morgan Chase, HSBC y Mizuho para refinanciar la deuda de Pemex con un monto de hasta 8 mil millones de dólares.
“La actual operación bancaria es la más grande de una empresa de energía en América Latina, así como la más grande en la historia de Pemex... se refleja el apoyo y confianza de la banca internacional en la estrategia financiera de Pemex y la política crediticia de nuestro gobierno federal”, declaró Octavio Romero Oropeza, el director de la paraestatal petrolera.
JP Morgan Chase, el mayor promotor de la catástrofe ambiental
El informe Financiando el cambio climático también encontró que los cuatro mayores bancos globales del sector de la energía de combustibles fósiles son todos bancos de Estados Unidos: JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup y Bank of America.
"El enorme peso económico de la industria del petróleo y el gas de EEUU se puede ver fácilmente en el hecho de que los cuatro principales banqueros del cambio climático tienen su sede en los Estados Unidos" y, además, dos bancos estadounidenses más, Morgan Stanley y Goldman Sachs, sirven para completar los 12 principales, lo que significa que "los seis gigantes bancarios de los EEUU se encuentran entre los doce bancos de fósiles más sucios" y "representan un sorprendente 37% de la financiación para los combustibles fósiles desde que se adoptó el Acuerdo de París".
El gigante bancario estadounidense JPMorgan Chase también destaca en el informe como "muy claramente el peor banco del mundo promotor del cambio climático", ya que ha canalizado $ 196 mil millones a la industria de combustibles fósiles entre 2016 y 2018 "es casi un tercio más alto que el segundo banco peor, Wells Fargo ”, otro banco con sede en EEUU.
Pese a las declaraciones de AMLO sobre la prohibición de su gobierno a la tecnología de la fractura hidraúlica, persisten las dudas acerca de su implementación, sobre todo en el noreste del país pues el Congreso aprobó más 6 mil millones de pesos para que Pemex realice dicha actividad en 2019.
En cuanto al carbón, el director de Operaciones de la CFE, Carlos Morales Mar, declaró a medios que la nueva administración quiere que “las centrales que actualmente están trabajando con carbón se sostengan hasta el término de su vida útil”.
En consecuencia, el presupuesto aprobado para el primer año de la administración de AMLO ha destinado 7 mil 352 millones de pesos para la mejora del rendimiento de tres instalaciones carboeléctricas, casi cuatro veces más que en 2018.
Ante la visible contradicción del alineamiento de las autoridades mexicanas al discurso de desarrollo sostenible a la par de el aumento en la inversión hacia combustibles fósiles, organismos que promueven políticas neoliberales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) analizan como “armonizar” estos hechos aparentemente contradictorios.
Al presentar el informe “Financiando los Futuros Climáticos, Repensando la Infraestructura”, realizado en los primeros días de mayo de 2019, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, destacó que el contexto en el que se promueve la disminución de inversión en combustibles fósiles, en el caso de México “el tema es cómo se puede asegurar que tenga disciplina ambiental que permita capturar las emisiones, o por lo menos, la mayor parte de ellas”, promoviendo con ello el lavado verde de los mecanismos financieros que ya comienzan a experimentarse en México.
El reporte Financiando el cambio climático también encontró que 600 mil millones de dólares se distribuyeron en 100 compañías caracterizadas por su agresiva expansión en las industrias de los combustibles fósiles. Entre ellas se encuentran los tres bancos más grandes de Japón: MUFG, Mizuho y el Grupo SMBC, quienes están impulsando un auge en la extracción del carbón en Japón y en el extranjero.
Estas empresas representan la primera, segunda y cuarta prestamistas globales más grandes entre los 120 principales desarrolladores internacionales de carbón entre 2016 y septiembre de 2018 y uno de sus principales inversores es la firma estadounidense BlackRock, quien tiene en la mira puesta a México para la expansión de sus inversiones.
En abril del 2019, en Mérida, Yucatán se realizó el evento denominado CEO Dialogue, donde empresarios de EEUU y México se reunieron con funcionarios mexicanos, secretarios y gobernadores para promover la inversión y desarrollo del país latinoamericano,. En dicho evento, AMLO alagó al director de la firma BlackRock, la mayor gestora de activos financieros del mundo que cuenta con 6.3 billones de dólares.
“Amigo Larry Fink, le llamo amigo, tocayo, tuve la oportunidad de conocer su texto antes de que lo presentara y suscribo su planteamiento en la forma y en el fondo, si acaso agregaría que en la asociación entre el sector público y sector privado debemos también hacia adelante incluir el sector social de la economía: campesinos, obreros, ambientalistas, cooperativistas, entre otros”, manifestó López Obrador.
Tras las declaraciones del presidente de México, los medios han colocado a la firma norteamericana como una de las corporaciones preparadas para invertir en el país.
Sin embargo, previamente los pasos que Black Rock ha desempeñado desde el último año le han otorgado el control de CitiBanamex, subsidiaria de Citigroup Inc, por un monto que involucra fondos de renta fija, capital y activos múltiples que tienen aproximadamente $ 34 mil millones de pesos en inversiones en el mercado mexicano.
“El desempeño del banco en términos del negocio ha sido positivo en los últimos años; las utilidades reportadas en 2018 ascendieron a 27 mil 793 millones de pesos, 14 por ciento más. Esta adquisición reafirma la convicción de BlackRock sobre el potencial de crecimiento a largo plazo de México y posiciona a BlackRock para ayudar a más mexicanos a construir mejores futuros financieros”, son declaraciones del boletín de prensa tras la venta del banco establecido en México hacia la corporación de EEUU.
Tras la transacción, BlackRock anunció que los 21 millones de clientes bancarios de Citibanamex en su red de 1,500 sucursales en todo México ahora pueden invertir tan poco como 1,000 pesos (aproximadamente $ 50 dólares) en productos respaldados por la plataforma de gestión de riesgos e inversiones de clase mundial que maneja la firma estadounidense quien tiene presencia en ocho países de Latinoamérica “con $ 184 mil millones dólares en activos administrados en nombre de los clientes de la región”, según sus propias declaraciones.
Los fondos “sostenibles” de Black Rock
La firma de inversiones BlackRock posee vínculos financieros con algunos de los bancos mas sucios del planeta como Citigroup o JP Morgan Chase.
Ello no le ha impedido a la casa de fondos solicitar “a los gobiernos de todo el mundo que hagan que las empresas paguen un precio más alto por la contaminación que generan, en un movimiento dirigido a obligar a las empresas a reducir sus emisiones de carbono”.
Con dicha política, Black Rock presiona a los países para priorizar la consolidación de mercados verdes, pues uno de los problemas que enfrentan es la dificultad en elegir dónde invertir porque “el precio que tienen que pagar las empresas por emitir carbono es inconsistente”.
“Los inversores no necesitan ajustar sus objetivos financieros para invertir con un propósito. Los fondos sostenibles de BlackRock están diseñados para cumplir con las características de desempeño de las inversiones tradicionales, mientras que se enfocan en objetivos de impacto social específicos, como reducir la huella de carbono de una cartera de inversiones”, se puede leer en la página web del gigante financiero..
Por años, BlackRock ha implementado minería de datos para preducir los riesgos en las inversiones pues calculan las emisiones como un porcentaje de las ventas de una empresa, estiman la exposición de las empresas a los choques de ingresos por el aumento de las temperaturas y calculan las ventas que una empresa genera con poco desperdicio físico.
Con ello “las empresas que reducen su huella de carbono han tenido un mejor desempeño que sus pares que no hicieron tales cambios”, anunciaba BlackRock desde 2016.
Para Cameron Watt, director del instituto de inversiones de Black Rock los mecanismos implementados en la actualidad son solo la superficie pues “las aseguradoras han hecho grandes avances en las últimas décadas para modelar el "riesgo climático" en detalle y ajustar sus inversiones en consecuencia”.
Por ejemplo, con un cálculo de números más detallado, BlackRock podría aprender cómo las fábricas y líneas de suministro de una sola empresa podrían verse afectadas por un clima catastrófico.
Trenes: prioridad para el sureste
“El administrador de activos BlackRock está listo para asociarse en la construcción de proyectos de infraestructura en México y para participar en el plan de desarrollo en el sureste del país”, anunció AMLO en los primeros días de mayo del 2019 tras revelar el contenido de una carta que envió el director ejecutivo de la firma norteamericana, Larry Fink, al presidente de México.
"Estamos preparados para asociarnos en la construcción de infraestructura de servicio de internet en todo el país y para desarrollar el Istmo de Tehuantepec", escribió el empresario. El equipo de comunicación de la Presidencia dio a conocer la carta y la calificaron como "una muestra de que hay confianza en México".
Con el financiamiento de Black Rock, el gobierno de AMLO mantendrá las mismas lineas de inversión de las denominadas Zonas Económicas Especiales del gobierno de Peña Nieto: La modernización del ferrocarril para facilitar el transporte de mercancías desde Asia y Estados Unidos; Rediseño y fortalecimiento de infraestructura de vías terrestres y comunicaciones; modernización de la infraestructura portuaria y de la infraestructura energética a través del Gasoducto Transoceánico.
Ante ello, la respuesta de las comunidades que pueblan el Istmo de Tehuantepec han denunciado que “es claro que el nuevo gobierno federal ha dejado de lado su discurso "primero los pobres", para, con engaños, seguir sirviendo a los intereses de los empresarios.
En el pronunciamiento El istmo es nuestro, decenas de organizaciones sociales, campesinas e indígenas se han posicionado contra el uso de la escasa agua de la región para alimentar a las industrias mineras, el fracking y las maquiladoras planeadas para la región que conectará el oceano pacífico con el golfo de México.
“También expresamos nuestro rechazo a la militarización de nuestra región con la modalidad de guardia nacional, lo cual seguramente incrementara la violencia que ya sufrimos... por significar despojo de tierras y aguas, daños ambientales, mayor inseguridad y un peligro para la soberanía nacional así como imposición que significa la violación para los derechos de los pueblos del istmo le expresamos nuestro rotundo rechazo a este proyecto que es ni mas ni menos la continuación de los proyectos de muerte impulsados por los gobiernos neoliberales”, enfatizaron las organizaciones.
En México, cuando se hace referencia a la migración, se piensa en los millones de Mexicanos y Mexicanas que residen en Estados Unidos. Sin embargo, México es un país que también recibe a una cantidad significativa de extranjeros: según la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la población nacida en otro país asciende a 1 007 063 personas lo que equivale a 0.84% de los residentes del país. Esta población se ha duplicado en los últimos quince años ya que en 1990 la población extranjera representaba el 0.4 % del total de la población censada.
Las historias, identidades, situaciones migratorias y socio-económicas de esas personas son diversas. “En algunos casos la migración empieza siendo de tránsito, pero por distintas circunstancias se hace más permanente; en otros se trata de niños y jóvenes con padres de origen mexicano que regresan al país, en otros más los extranjeros se ven atraídos por oportunidades académicas o laborales y hay quienes buscan un lugar más económico o con un clima más amigable para retirarse”, resume Ana Melisa Pardo Montaño y Claudio Alberto Dávila Cervantes en una investigación intitulada “Extranjeros residentes en México. Perfil sociodemográfico, ocupación y distribución geográfica en 2015”.
La mayoría son Estadounidenses
Estados Unidos es el país con mayor porcentaje de residentes en México. Esa realidad se puede explicar por la fuerte presencia de personas nacidas en Estados Unidos con padres de origen mexicano. De hecho, de toda la población nacida en el extranjero, el 42.6% también tiene la nacionalidad mexicana.
Sin embargo, México también recibe a un número significativo de ciudadanos originarios de EEUU que no cuentan con raíces mexicanas. Según el académico Omar Lizárraga Morales, muchos de ellos son adultos mayores jubilados que se establecen en alguna entidad mexicana. Lizárraga habla de “turismo residencial” y de “inmigración de jubilados” para calificar ese fenómeno.
Cabe señalar que el 70% de esas personas forman parte de la población económicamente inactiva ya que viven en el país sin trabajar (también es el caso del 62% de los canadienses).
Esa situación hace que sea difícil saber con certeza cuantas personas viven de esa manera. Como lo expresan Ernesto Rodríguez Chávez y Salvador Cobo en una investigación para el Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional De Migración (INM) “La forma de vida de muchos estadounidenses pensionados o con recursos suficientes, hacen que tengan viviendas en ambos países y residan parte del tiempo en cada país, por lo que no necesariamente son captados por los censos de población o en los registros migratorios de México, no obstante pueden radicar la mayor parte del año en suelo mexicano. Este fenómeno hace que se tenga un subregistro de extranjeros de nacionalidad estadounidense residiendo en México, situación inversa al sobreregistro respecto a los hijos de mexicanos residentes en México nacidos en Estados Unidos.”
Centroamericanos, Sudamericanos, Europeos, Caribeños y Asiáticos
Guatemala es el segundo país con más presencia de ciudadanos en México. De esta población, muchas personas son refugiadas de la guerra civil de los años ochenta, otras vinieron a trabajar, y otras más iban a EEUU pero terminaron quedándose en México, explica el sociólogo Guillermo Paredes Orozco.
En los últimos años, también ha aumentado la presencia de Hondureños y Salvadoreños en el país, lo que implica un aumento significativo de los centroamericanos. Las personas provenientes de Centroamérica son los migrantes con más altos niveles de población sin escolaridad y primaria completa. Se establecen en su mayoría en Chiapas y Quintana Roo donde trabajan en el sector agrícola, muchos como jornaleros.
En cambio, muchos son los Sudamericanos y Europeos que se establecen en la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Puebla. Los extranjeros de Sudamérica y Europa son quienes tienen la mayor escolaridad, con más del 70 % con licenciatura o más. También se encuentran números significativos de personas provenientes del Caribe (de Cuba en su mayoría) y de Asia.
“Las diferencias en los niveles de escolaridad tienen relación, entre otros elementos, con las causas para emigrar. Mientras que la población centroamericana, y específicamente la guatemalteca, emigra por cuestiones económicas o de seguridad y en muchos casos se encontraba de paso en México para llegar a Estados Unidos, pero se estableció en el país por distintas circunstancias, los provenientes de América del Sur y del Caribe ingresan al país como estudiantes a cursar licenciaturas o posgrados, o como empresarios para establecer empresas”, explican Ana Melisa Pardo Montaño y Claudio Alberto Dávila Cervantes. Por otro lado, señalan que “los Asiáticos y Europeos tienen el mayor porcentaje de patrones o empleadores”.
El racismo determina el trato recibido por migrantes
Si bien miles de Norteamericanos, Europeos y Sudamericanos pueden gozar de condiciones de vida particularmente favorables, otros miles de migrantes de origen centroamericano experimentan condiciones de vida y laborales extremadamente precarias en México, además de ser perseguidos por las autoridades migratorias.
Como lo señaló un reportaje de El Universal, “en los primeros cuatro meses de 2019 las autoridades mexicanas detuvieron a 52 195 extranjeros por no acreditar su situación migratoria en el país. Esta cifra significa 38% del total de presentados durante todo 2018, año en el que este indicador llegó a los 138 612 migrantes detenidos”.
Para Gretchen Kuhner, directora del Instituto de mujeres en la Migración (IMUMI), "la orden parece ser la de detener a los Centroamericanos a cualquier precio, incluso si eso significa violar la constitución, recogiendo a la gente en base a criterios racistas y la detención y deportación de los jóvenes indígenas de México".
Mientras tanto, poco se habla de la presencia en el país de miles de estadounidenses indocumentados en México. De acuerdo con la Encuesta Intercensal elaborada del 2015, en esa fecha de los 739 168 ciudadanos provenientes de EEUU contabilizados, solo 65 mil tenían su residencia regular.
Por su lado el Departamento de Estado de EEUU habla de la presencia de 1,5 millones de ciudadanos estadounidenses en México, lo que llevaría a más de 1 millón de indocumentados provenientes de este país.
Como lo resume el geógrafo Michael Janoschka, mientras es común la integración de extranjeros a la vida social e incluso política de algunas nacionalidades consideradas privilegiadas, otras no son bienvenidas y experimentan la exclusión.
Los vientos de guerra para los pueblos originarios en México parecen ser los mismos que el de los gobiernos anteriores . Son apenas cuatro meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la imposición de proyectos de desarrollo, el despojo, la persecución, el hostigamiento, la desaparición forzada y el asesinato, siguen siendo los mismos.
Este 4 de mayo, en el sur de México, estado de Guerrero, los indígenas Nahua pertenecientes a la organización Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), realizaron una reunión para coordinar acciones ante dependencias estatales y federales para exigir sus demandas sociales y políticas que los tres niveles de gobierno les han negado. Al finalizar esta reunión, aproximadamente a las 6 de la tarde, un comando armado, en Chilapa, Guerrero, secuestraron y posteriormente asesinaron a los indígenas José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, ambos pertenecientes al Congreso Nacional Indígena (CNI).
Más de una vez los miembros de esta organización señalaron al mandatario mexicano que han estado bajo “el asedio de organizaciones criminales toleradas por los tres niveles de gobierno”, denunciaron los integrantes del Concejo Indígena de Gobierno (CIG).
Los indígenas son tajantes al afirmar que AMLO ha tenido la información del contexto de estas comunidades y no puede asumir “que no sabía”.
Por su parte, el CNI-CIG y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), señalaron en un comunicado conjunto que los indígenas fueron asesinados por Narco-paramilitares que cuentan el respaldo del gobierno. “Es importante señalar que nuestros compañeros asesinados y sus comunidades llevan años organizando su Policía Comunitaria para resistir la violencia, la extorsión y la imposición de la siembra de la amapola por parte de dos grupos criminales, Los Ardillos y Los Rojos, quienes controlan las presidencias municipales de la región, cuentan con la complicidad del Ejército Mexicano y de las Policías estatales y municipales e incluso lograron imponer, en algún momento, a uno de sus líderes como presidente del Congreso del estado de Guerrero”, asevera el comunicado.
La creación del grupo criminal Los Ardillos se remontan a los 1980, cuando el ex policía rural Celso Ortega Rosas, apodado La Ardilla, quien se dedicaba a la siembra de amapola en la región de Quechultenango, Guerrero, funda esta organización. En el 2008 fue detenido por el secuestro de una mujer y por el homicidio de dos agentes de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), en el 2011 fue liberado.
La organización criminal Los Rojos sostiene una disputa por el territorio con Los Ardillos por los municipios de Chilapa y Chilpancingo. De acuerdo con las autoridades de la región, este grupo criminal es dirigido por Zenén Nava Sánchez, quien opera el secuestro y la extorsión en la región, y es el responsable de la introducción de droga en el penal de Chilpancingo.
Los miembros del CNI-CIG y EZLN responsabilizan, por este crimen a los tres niveles de gobierno, “por ser cómplices de la represión hacia la organización de los pueblos en la defensa de sus territorios; también los responsabilizamos de la seguridad e integridad de nuestros hermanos del CIPOG-EZ”.
Por otra parte, los integrantes CIPOG-EZ tienen 67 órdenes de aprensión, incluyendo a los indígenas asesinados, pero aun así aseguran que continuaran “caminando abajo, con los pueblos indios y frente al sistema capitalista que nos despoja, explota, desprecia y asesina. Como pueblos originarios caminamos con los principios que nos heredaron las luchas de nuestros pueblos, que anduvieron con Vicente Guerrero y con Emiliano Zapata".
Continuidad
Desde el primer día de este nuevo tiempo de gobierno, bautizado por AMLO como la “4ª Transformación”, el CNI-CIG ha documentado; la agudización del hostigamiento por parte de la Marina hacia el proceso autónomo de la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán; El hostigamiento hacia la Asamblea Comunitaria de la comunidad indígena Binniza de Gui’ Xhi’ Ro’, Álvaro Obregón, Oaxaca; Persecución y órdenes de aprensión en contra de Mateo López Cruz y Juan Sánchez Torres, de la comunidad de Suclumpa, municipio de Salto de Agua, Chiapas; Amenazas de despojo de tierras recuperadas en 1994 por el Pueblo Chol de la comunidad de San José El Bascan, municipio de Salto de Agua, Chiapas; Desapariciones forzadas de 5 integrantes de la familia P´urhépecha Guzmán Cruz originaria de Tarejero, Michoacana; Desaparición y asesinato de integrantes de Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), en Oaxaca, entre otros más.
Uno de los sucesos con los que se inauguró este nuevo gobierno, ha sido el asesinato de Samir Flores Soberanes, dirigente en la comunidad de Amilcingo, Morelos; uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos.
“Denunciamos la agudización de la represión neoliberal en contra de los pueblos, naciones y tribus originarias que no estamos de acuerdo con sus proyectos de muerte en Guerrero y en todo México, ni con la violencia de la que se sirven para imponerlos y reprimir, secuestrar, desaparecer y asesinar a los que decidimos sembrar un mundo nuevo desde las geografías indígenas que somos”, arremeten los indígenas del CNI-CIG.
Los indígenas que forman parte del CNI-CIG continúan su procesos de organización en todo el país para resistir a la nuevas políticas neoliberales que se presentan con nuevos discursos, como el Corredor Transìsmico, el Tren Maya, entre otros, asegurando que desconocerán cualquier tipo de consulta y, “rechazamos cualquier forma de simulación tendiente al despojo de los territorios”, afirman.
