La Corte de Apelaciones de París admitió la demanda civil interpuesta por la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, localizada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, contra la empresa francesa Électricité de France (EDF). Además, aclaró los pasos necesario a seguir para futuros casos bajo la ley francesa del Deber de Vigilancia de las Empresas, que otorga a los tribunales nacionales la capacidad de controlar las acciones de las empresas francesas cuando causan daño en el extranjero.
La demanda fue presentada por la comunidad, en conjunto con las organizaciones Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C (ProDESC) y European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), en octubre de 2020, por violaciones a sus derechos territoriales colectivos. La comunidad de Unión Hidalgo es la primera comunidad indígena que invocó sus derechos bajo la ley francesa.
Las organizaciones afirman que EDF no respetó el derecho de la comunidad indígena al consentimiento libre, previo e informado en la planificación del parque eólico Gunaa Sicarú en Oaxaca, México. La empresa tampoco tomó medidas adecuadas para prevenir la intimidación, el acoso y la violencia contra las y los defensores de los derechos humanos que criticaban el proyecto.
“Nos alienta la decisión del tribunal de reconocer la admisibilidad de nuestra demanda contra EDF, lo cual reafirma nuestro derecho a impugnar acciones corporativas que violan nuestros derechos sobre tierras comunales y derechos humanos”, sostiene Guadalupe Ramírez, defensora de derechos humanos de Unión Hidalgo.
Para el coordinador de Justicia Transnacional de ProDESC, Guillermo Torres, esta decisión envía un mensaje claro a las empresas transnacionales. “Sus actividades pueden estar sujetas a revisión judicial siempre que no cumplan con la ley. También abre el camino para que otras comunidades afectadas exijan acceso a la justicia en los países de origen de las corporaciones”, asegura.
Riesgo de regreso
En 2022, la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo logró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cancelara el contrato de suministro eléctrico firmado con EDF, con lo que el megaproyecto eólico Gunaa Sicarú fue cancelado.
De acuerdo con Torres, la inviabilidad del proyecto fue declarada por las autoridades mexicanas, tras una serie de litigios emprendidos en México desde 2017. “Esos litigios versaron sobre la responsabilidad de las autoridades mexicanas con motivo del proyecto, pero la responsabilidad de la empresa por violaciones a los derechos humanos no fue analizada en esos casos”, explica a Avispa Mídia.
EDF tiene una responsabilidad que “es distinta e independiente a la responsabilidad estatal, de acuerdo con los estándares internacionales sobre debida diligencia; es por ello que el juicio [en París] sigue adelante”.
Además, aunque el proyecto fue considerado “inviable material y legalmente por las autoridades mexicanas, la empresa sigue buscando vías legales por las cuales reactivarlo". Un ejemplo, cita Torres, es que EDF inició un procedimiento arbitral relacionado con la cancelación del contrato de compraventa de energía.
Demex
En 2022, once comuneros de Unión Hidalgo lograron la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras firmados con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, que posee un parque eólico en la comunidad.
El fallo contra la empresa estableció que las tierras donde levantaron su complejo de generación de energíafueron consideradas indebidamente propiedad privada cuando en realidad son tierras comunales.
En portada: Habitantes de la aldea El Chorro muestran nacimientos de agua afectados por la sequía. A ello, se suma la falta de tierras para sembrar pues la comunidad está rodeada por monocultivos de palma aceitera. Foto: Renata Bessi
Antiguamente, a un kilómetro de distancia, se podía escuchar la bulla, se acuerda pesaroso el indígena maya q'eqchi', José María Alves, de la comunidad El Chorro, en el municipio de Sayaxché, Petén, norte de Guatemala. La bulla a la que se refiere el maya q'eqchi' era el ruido de la caída de un chorro de agua, resultado de la unión de varios nacimientos de la comunidad, en el río La Pasión. “Por eso nuestra comunidad lleva este nombre, pero ahora ya no se escucha”, dice mientras hace una conchita con la mano alrededor de la oreja en un intento de encontrar en el aire algún vestigio de la bulla.
“Vamos, les voy a enseñar. Ahora solo un chorrito de agua se está cayendo en el río La Pasión. Ya no hay árboles para proteger nuestros nacimientos”, dice José María, quien es profesor en su comunidad.
Un hilo constante de agua cristalina y fría baja del territorio de El Chorro hacia La Pasión, fuente de agua y alimento para familias de la aldea. Ahí, en los nacimientos, también están vestigios en piedras de la presencia de los mayas en estas tierras desde hace siglos.
Cuerpos de agua en las inmediaciones de la aldea El Chorro. Fotos: Renata Bessi.
La comunidad, conformada por alrededor de 150 familias, mantiene un pequeño bosque en el área de los nacimientos. Sin embargo, a no mas de 300 metros de ahí empieza el monocultivo de palma africana, que ladea toda la comunidad.
Hoy el dueño de la palma, de la Finca Santa Mónica, es Edgar Humberto Diéguez, representante de las empresas Inversiones Nativas S.A, socia de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), y HD Corporación, que se dedica a la siembra de palma y crianza de ganado en Alta Verapaz y Petén.
“Fueron comprando las tierras. Yo mismo vendí mis tierras de cultivo para ellos. No me dejaron opción, ya habían comprado todo al alrededor. No podía llegar en mi parcela sin pasar por las parcelas de ellos, y entrar en sus tierras no se permite”, cuenta el maya q'eqchi'.
Circular en las plantaciones está prohibido. La prohibición es a base de fuego. “Si pasamos para allá nos reciben con una pistola. Pero nosotros somos obligados a convivir con ellos en nuestra comunidad. Pasan en nuestra aldea, vienen hacer sus compras”, reclama la mujer maya q'eqchi' Marta Pop Caal.
El dueño de la palma ofreció carretera a la comunidad, salón comunal, escuela, afirma Caal. “Pero nosotros no recibimos, no queremos vender nuestra aldea, vender nosotros mismos. Cerramos la calle, ya no les dimos permiso para que pasen los camiones de la palma. Y ellos se enojaron. Ya no dan trabajo a la gente de la aldea”.
Además del agua, “que nos está secando, quedamos aislados, casi no tenemos tierra para sembrar, la poca que nos queda sembramos maíz, yuca, plátano, frijol, pepita, arroz; y con eso pasamos la vida, mantenemos a nuestros hijos”, sostiene la mujer maya q'eqchi'.
Monocultivos de palma aceitera rodean por el sur a la aldea El Chorro. Foto: Aldo Santiago.
En la orilla de La Pasión, José María enseña al equipo de este reportaje las últimas tierras que “la palma”, como dice él, “agarró”. El terreno localizado en la orilla opuesta de dónde estábamos, alrededor de una caballería, “era de la comunidad, simplemente lo midieron y pusieron su cerca, todo el bosque que queda en la orilla, también agarraron, ahí ya no podemos ir, hay seguridad privada y armada, tienen sus pistolas”, dice disminuyendo el tono de voz e imitando con las manos una pistola. Lamenta que en el poco terreno que les quedaba ya no pueden pescar, ni cazar. “Hay unos rótulos que dicen que es prohibido”.
Cuando las tierras fueron cercadas, “intentamos gestionar la situación, pero con las armas ya no pudimos nosotros; nosotros no tenemos armas, lo que hicimos fue mejor dejarlo así”, admite con los ojos cargados de una mezcla de tristeza y rabia.
Los racimos de la palma producidos en la Finca Santa Mónica son vendidos a la Reforestadora de Palma de El Petén (Repsa), empresa que causó el ecocidio en el río La Pasión, en mayo de 2015, cuyas plantaciones y dos plantas extractoras quedan en la misma orilla del río La Pasión, unos kilómetros río arriba de la comunidad El Chorro, en la aldea El Pato.
“Aquí sufrimos los impactos del desastre. Era pescado y mas pescado muerto bajando del río. Nos quedamos dos años sin poder comer pescado, nos prohibieron. Hubo gente que, sin opción, sí los consumió, pero tuvieron consecuencias graves en la salud. Hasta hoy el río no se recupera. Hay poco pescado y muy chiquititos. Además, es como si el agua siempre estuviera caliente, cuando uno se mete le aparece problemas en la piel”, cuenta el hombre maya q'eqchi'.
Entrevista con el maya q'eqchi' José María a las orillas del río La Pasión. Fotos: Renata Bessi.
Un diagnóstico ambiental de 1,700 hojas hecho por la empresa, en 2018, utilizado para proveer información para la solicitud de licencia ambiental de parte de su plantación junto al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, además de ser un requisito en el proceso de certificación junto a la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), admite impactos al medio ambiente.
La empresa es responsable por el “arrastre de residuos de agroquímicos y de materia orgánica y nutrientes (…) hacia cuerpos de agua (…) - riachuelo El Mico, arroyos San Ignacio y Chapayal, el río La Pasión y un pozo artesanal de abastecimiento de agua para la comunidad La Colonia”, dice el estudio de Repsa, que pertenece al Grupo Hame, responsable por introducir la palma en Guatemala en 1987. Sus productos se exportan para Europa y otros países de América Latina.
Además, el río La Pasión es fuente de agua para el proyecto. “En la aplicación de los herbicidas, se utiliza agua que proviene del río La Pasión, es transportada por camiones cisterna. Se hacen tres aplicaciones de herbicidas al año; se utilizan alrededor de 144,000 litros de agua por aplicación, que representan al año alrededor de 432,000 litros de agua”, revela el diagnóstico.
Repsa desde 1999
Repsa ha introducido el cultivo de la palma africana en el municipio de Sayaxché desde 1999. Hoy, Repsa posee alrededor de 19 mil hectáreas de palma. Además de 6,839 hectáreas de palma de otros productores que le suministran la fruta. El área certificada por la RSPO es de 11,719 hectáreas. Junto a otras cuatro empresas, ha conformado un consorcio denominado Palma de Sayaxché - Tikindustrias, Nacional Agro Industrial (NAISA), Palmas del Ixcán y Unipalma.
Apachurrados
Desde El Chorro, mirando hacia el río La Pasión, a la derecha la comunidad está cercada por palma. A la izquierda está rodeada por el Parque Arqueológico Ceibal. De hecho, la aldea está en la zona de amortiguamiento del parque. “La comunidad se conformó hace 70 años, pero no tenemos el título de las tierras, estamos por parte de Conap [Consejo Nacional de Áreas Protegidas]. Estamos intentando tener título para que no nos pase de nuevo lo que pasó con la palma, que simplemente nos sacó la tierra”, dice José María.
Ubicación de aldea El Chorro. Fuente: Google Earth.
Sin embargo, las autoridades agrarias de Guatemala no les otorgan la seguridad jurídica, justamente por estar en el área de amortiguamiento del parque, “mientras la finca va acaparando tierras y nadie dice nada”, reclama el maya q'eqchi.
La tierra de la cual “nos sacaron también es área protegida, y aunque el dueño de la finca dice que tiene el título de sus tierras nos parece raro; si a nosotros no nos dan documento no sé cómo a ellos sí lo dan, están a 300 metros de nosotros”, señala. “A cualquier rato nos pueden sacar. Ya sea la conservación, ya sea la palma. Y ¿dónde vamos a ir?”.
Para aumentar la presión, hace un año se instaló cerca de la comunidad un destacamento militar. “Están aquí día y noche. Dicen que están para protegernos del crimen”, agrega José María.
Lucro con la conservación
El Parque Ceibal es un sitio arqueológico de la civilización maya del Período Clásico. Era la ciudad maya más grande de la cuenca del río La Pasión. Está tomado por un bosque latifoliado, con árboles de hoja ancha como cedro, nogal caoba y granadillo.
Repsa ha utilizado el Parque Ceibal para obtener la certificación de sus plantaciones junto a la mayor certificadora de palma en el mundo, la RSPO, un sello de sostenibilidad – que ha sido criticada por organizaciones ambientales en todo el mundo, por ser connivente con conflictos sociales y degradaciones ambientales promovidos por empresas de palma en todo el mundo. El sello amplía la capacidad de venta de sus productos, especialmente en Estados Unidos y países europeos.
RSPO exige, como uno de los requisitos para el proceso de certificación, que las empresas identifiquen dentro de las plantaciones o en sus áreas de influencia lo que llaman áreas de Alto Valor de Conservación (AVC). Es decir, las empresas tienen que realizar estudios con el objetivo de identificar especies de flora y fauna, además de elementos históricos y culturales de importancia nacional e internacional y, a partir de entonces, hacer un plan de conservación y monitoreo de estas áreas, como una forma de compensar los daños que han causado al medio ambiente con su actividad agroindustrial.
En el estudio de evaluación de las áreas de AVC, encargado por Repsa a Bio Terra Consultor Ambientales para identificar estas áreas, el cual fue revisado por este reportaje, el Parque Arqueológico Ceibal fue catalogado por la empresa como un área de Alto Valor de Conservación en lo que se refiere a sitios, recursos, hábitats y paisajes significativos por razones culturales, históricas o arqueológicas a escala global o nacional.
“Se determina la presencia de un AVC (…) en los parques arqueológicos El Ceibal, Aguateca y Dos Pilas”, dice el documento.
El estudio fue llevado a cabo en 21 fincas de Repsa que cubren un área total de 20 mil hectáreas, y en áreas protegidas localizadas al suroeste de Petén - parques arqueológicos Aguateca, Dos Pilas y El Ceibal, Reserva Biológica de San Román, el Refugio de Vida Silvestre Petexbatún.
La gran parte de las áreas de AVC fue encontrada en áreas protegidas, y no en las fincas. “Los AVC identificados están relacionados principalmente a la Reserva Biológica San Román, al Refugio de Vida Silvestre Petexbatún, a las fuentes de agua [incluye el río La Pasión], y a los sitios arqueológicos”.
El estudio advierte que “las fincas de la empresa podrían de una u otra manera tener [mala] influencia sobre algunos de los AVC identificados, ya que un porcentaje de las fincas drena hacia la Reserva Biológica San Román, y otro porcentaje hacia el Refugio de Vida Silvestre Petexbatún”.
Evidencia que en muchas de las zonas donde las fincas de Repsa lindan con el río La Pasión, y otros cuerpos de agua, faltan bosques de galería, es decir una franja de vegetación a lo largo del río, que tiene una serie de beneficios para protegerlo, como filtrar el agua antes de que desemboque en el río, estabilizar las riberas y proteger contra las inundaciones. “Las palmas aceiteras en algunas zonas llegan hasta las orillas de los ríos e incluso en su curso debido a las inundaciones”, dice el estudio. La conservación de las reservas ribereñas es un requisitopara que las empresas logren la certificación de la RSPO.
Además, identifica plantaciones de palma en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica de San Román y en la zona núcleo del Refugio de Vida Silvestre Petexbatún, donde es prohibido el monocultivo.
“La palma va apropiándose de todo, incluso de las áreas protegidas. Es responsable por el crimen ambiental de 2015, que sigue impune hasta hoy, y continúa causando contaminación en nuestras tierras y ríos”, dice la maya q'eqchi' Marta Pop Caal.
En portada: Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán se movilizaron para exigir la liberación de María Cruz Paz, quien cumple dos semanas presa acusada por lo que, aseguran, son delitos fabricados.
El lunes (17), cientos de indígenas purépechas, integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), realizaron bloqueos carreteros en diversos puntos de la entidad para exigir la liberación de María Cruz Paz Zamora, a quien señalan como presa política.
Paz Zamora, delegada del Congreso Nacional Indígena (CNI), fue detenida el 5 de junio por policías ministeriales de Michoacán, y trasladada al centro penitenciario de Uruapan.
Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán se movilizaron para exigir la liberación de María Cruz Paz, quien cumple dos semanas presa acusada por lo que, aseguran, son delitos fabricados.
El CSIM - conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades de los pueblos purépechas, nahuas, otomís y mazahuas - señala que la Fiscalía General de Michoacán la mantiene recluida acusada por el delito de desaparición forzada. La organización indígena asegura que ella es víctima de criminalización debido a su trabajo como defensora del medio ambiente, el territorio y la autonomía.
Según el Consejo, a Paz Zamora no se le otorgó ninguna explicación sobre los motivos de la privación de su libertad, que ocurrió mientras la indígena purépecha se trasladaba a la ciudad de Morelia para atender una reunión con funcionarios estatales.
María Cruz Paz Zamora, habitante de la comunidad purépecha de Ocumicho.
Paz Zamora es miembro de la comunidad de Ocumicho, municipio de Cherapan, donde es reconocida por su trabajo en el rescate de la cultura purépecha y por ser una de las principales impulsoras de la autonomía en dicha población. Además, destaca el CSIM, lideró trabajos de reforestación masiva en su comunidad, lo cual le llevó a enfrentar a talamontes y agroindustriales productores de aguacate de la región.
El CNI aseguró que el Estado mexicano y la Fiscalía de Michoacán reprimen y criminalizan a quienes se oponen a la depredación irracional de los bosques y a la venta del territorio ancestral, por lo que también exige la liberación inmediata de Paz Zamora.
Antecedentes de violencia
De acuerdo al vocero del CSIM, Pavel Guzmán Ulianov, la prisión de la defensora purépecha solo se entiende al repasar la historia y el contexto de la comunidad indígena de Ocumicho, pueblo que defiende su territorio ancestral y el cual, durante los últimos cuatro años, ha sufrido una serie de agresiones.
Durante conferencia de prensa realizada en la capital, Morelia, Ulianov enlistó diversos actos violentos contra la comunidad indígena, entre los cuales destaca el asesinato del Secretario de Bienes Comunales, Prudencio Ortíz Alonso, acontecido el 31 de mayo del 2020, durante un ataque donde también resultó herido el representante de Bienes Comunales.
Destaca también la desaparición del coordinador del Consejo de Gobierno Comunal y director de la Radio Indígena Ocumicho, Esteban Cruz Rosas, el 28 de abril de 2022, cuando salía de las instalaciones de la radio. Según el CSIM, gracias a la movilización oportuna, Cruz fue localizado con vida.
Además, reportan que, el 11 de noviembre del 2022, la comunidad fue atacada por un comando armado y, el 10 de diciembre del mismo año, fue asesinado Pedro Pascual Cruz, coordinador de la Ronda Comunal de Ocumicho.
“Todos estos casos han sido denunciados en tiempo y forma en la Fiscalía de Michoacán. Sin embargo, en esta institución impera la paradoja de la impunidad, los culpables libres y los inocentes encarcelados”, aseguró el vocero.
La madre de la defensora también exigió la liberación de su hija, pues asegura está acusada con pruebas fabricadasConferencia de prensa realizada en Morelia para exigir la liberación inmediata de María Cruz Paz Zamora.
Por su parte, Cruz Rosas, quien también participó de la rueda de prensa, asegura que las agresiones en contra de Ocumicho ocurren a pesar de que han pedido auxilio de manera oficial a las autoridades estatales y federales. “Somos marginados, jámas hemos sido atendidos”, acusó el coordinador.
Cruz asegura que la detención de Paz Zamora es producto de la fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Michoacán, para “encontrar un chivo expiatorio” en el caso de la desaparición de dos comuneros de Santa Cruz Tanaco, Israel Vargas Jerónimo y Oscar Vargas Campos, sucedida el 3 de enero del 2024.
El coordinador del Gobierno Comunal de Ocumicho asegura que Paz Zamora permanece recluida por la acusación que hace un testigo protegido, el cual, señala el coordinador, es un criminal talamonte quien acusa a la defensora de ser la autora intelectual del secuestro de los comuneros.
“¿Cómo un criminal va a tener mas voz y voto que una persona que ha estado al frente de 20 hombres que resguardan los bosques?”, recriminó Cruz ante los medios de manera enfática. “A lo mejor por eso está siendo atacada, porque aquí en Michoacán no hay quien defienda los bosques”, reclamó.
El miércoles 19 de junio de 2024 la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevará a cabo la sesión para resolver el Amparo Directo en Revisión en el caso de Miguel Peralta Betanzos, defensor comunitario de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. La Suprema Corte decidirá si pone fin a los casi diez años de persecución que ha sufrido Miguel Peralta.
Miguel Peralta es uno de los 35 integrantes de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón criminalizados en el expediente 02/2015, a raíz de un conflicto sociopolítico en diciembre de 2014. El conflicto se derivó de la creciente tensión entre la asamblea comunitaria y un grupo caciquil partidista, que ha buscado mantener el control del gobierno municipal, los fondos municipales y la explotación de los recursos naturales de la comunidad.
El 14 de diciembre de 2014, la asamblea fue atacada violentamente por el grupo caciquil liderado por Manuel Zepeda Cortés mientras se reunía en la cancha del pueblo para elegir a su alcalde. La violencia subsiguiente se saldó con dos muertos, entre ellos el hijo de Manuel Zepeda. La hija de Zepeda, Elisa Zepeda Lagunas, ha dirigido los esfuerzos de criminalización contra los integrantes de la asamblea comunitaria, fabricando delitos y utilizando cargos públicos en el gobierno municipal y luego en el estatal en los siguientes años para influir en los procesos legales.
Miguel Peralta fue detenido en abril de 2015 por cargos fabricados relacionados con los hechos del 14 de diciembre. Más de dos años después, el 26 de octubre de 2018, fue sentenciado a 50 años de prisión por homicidio y tentativa de homicidio. Tras una apelación de su equipo legal, su sentencia de 50 años fue absuelta y su caso regresó a la última fase del proceso, la audiencia final. Eso porque en la última audiencia, antes de que se dictara la sentencia, se violó el derecho de Miguel de estar presente. Literalmente dijeron que no tuvieron recursos para pagar el combustible de la patrulla que llevaría Miguel del reclusorio, en San Juan Cuicatlán, hasta el juzgado de Huautla, donde ocurrió dicha audiencia.
En octubre de 2019, fue absuelto de los dos delitos y puesto en libertad tras pasar casi cuatro años y medio en prisión.
Tras una apelación de la parte acusadora, el 4 de marzo de 2022 se revocó la libertad y reafirmó la condena de cincuenta años, dictando una orden de reaprehensión contra él después de casi dos años en libertad.
Al resolver un amparo directo, el Tribunal Colegiado en Oaxaca regresó su proceso legal casi ocho años atrás, a la etapa de los careos, buscando nuevamente que Miguel enfrente este proceso desde la cárcel. A esa resolucióm, su defensa interpuso un recurso de revisión para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva el amparo. Actualmente Miguel Peralta se encuentra en libertad, en condición de perseguido político.
Actividad anticarcelaria en Oaxaca en enero 2023
Todos los ojos puestos en la Suprema Corte
En enero de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el amparo directo en revisión 6535/2023 para el caso de Miguel Peralta. Y el 19 de junio se llevará a cabo la sesión para resolverlo.
El proyecto ha sido presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Los demás ministros -Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena- debatirán ese proyecto el 19 de junio. La decisión final deberá ser tomada por la mayoría de los cinco ministros.
"La corte tiene una oportunidad histórica", explica la abogada de Miguel Peralta, Araceli Olivos, en una conferencia de prensa en Ciudad de México. Tiene la oportunidad de hacer un precedente diferente en la relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano; una relación que históricamente se ha visto manchada por la opresión, explotación, discriminación y marginalización de los pueblos indígenas. Con esta decisión, la Suprema Corte tiene la oportunidad de empezar a deshacer estos agravios históricos perpetrados contra los pueblos indígenas, y contra la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón.
Arte en resistencia con plastilina y otros materiales creada por Valentin Peralta y David Peralta
Para el equipo legal de Miguel Peralta, hay dos puntos que la Suprema Corte debe tener en cuenta al analizar el amparo. Primero, el protocolo de perspectiva intercultural en casos relacionados con comunidades indígenas, como es el caso de Eloxochitlán. ¿Qué significa esto? Que el caso de Miguel debe ser ubicado en el contexto político, social y cultural del pueblo mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón.
"La interculturalidad nos invita a dialogar, a mirar al otro, la otra, ese otro pueblo", dice la abogada de Miguel. "Lo que queremos decirle a la corte es que mire al pueblo mazateco, que mire a Eloxochitlán, que escuche a Eloxochitlán". No se trata de un simple caso de agresor y víctima, sino de un complicado conflicto que afecta a toda una comunidad y está directamente relacionado con una tensa relación histórica entre los pueblos indígenas y el Estado-nación mexicano.
El segundo punto que el equipo legal de Miguel está exigiendo a la Suprema Corte a considerar es el principio de mínima intervención del derecho penal. En lugar de responder con la criminalización, la exigencia es que el Estado "atiende las causas, promueve el dialogo, promueve mecanismos alternativos…no todo es cárcel, cárcel, multa, proceso penal”, explica Araceli Olivos. Este principio puede aplicarse en diversas circunstancias y ha sido aplicado anteriormente por la corte en casos relacionados con conflictos comunitarios y pueblos indígenas.
El equipo legal de Miguel argumenta que la resolución anterior del Tribunal Colegiado de Oaxaca fue insuficiente, ya que no consideró estos factores. No tomó en cuenta que la acusación sobre Miguel derivó de un contexto político, social y cultural mucho más amplio y complicado en Eloxochitlán de Flores Magón.
Contexto político y cultural
La necesidad de una perspectiva intercultural y del principio de mínima intervención del derecho penal es evidente en el caso de Miguel Peralta. El pueblo mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón es uno de los 68 grupos étnicos que habitan el territorio hoy dominado por el Estado mexicano. Tienen su propia lengua, espiritualidad, cosmovisión, sus propias formas de organización interna y de toma de decisiones. Su autodeterminación está protegida en la Constitución mexicana, así como en diversos acuerdos internacionales firmados por el gobierno mexicano en relación con los pueblos indígenas.
El caso de Miguel es parte de esta tensa relación entre el Estado-nación mexicano y los pueblos indígenas. Su criminalización, y la de sus compañeros, es consecuencia de los intentos de imponer los intereses político-partidistas y caciquiles frente a las formas internas de organización comunitaria, incluyendo la asamblea comunitaria, el trabajo colectivo y la defensa del territorio. El caso de Miguel es una cuestión de autodeterminación y autonomía indígena, y de la capacidad de una comunidad para resolver conflictos a través de sus propios procesos internos.
Los efectos negativos en la comunidad de Eloxochitlán como consecuencia del conflicto y la criminalización han sido amplios. "Mi pueblo ha perdido todas sus costumbres por todo lo que se viven desde 2014", explica Martha Betanzos, madre de Miguel. "Desde 2014 nuestro pueblo decayó, nuestras escuelas ya están vacías, nuestros profesores ya han retirado por todo lo que se ha vivido en Eloxochitlán. Nuestras iglesias están vacías. Todo lo que corresponde a Eloxochitlán, todos sus servicios médicos. Ya se decayeron. Ya no hay buena salud. Ya no hay buena atención”.
Lento camino hacia a la libertad
Aunque con procesos legales llenos de irregularidades y retrasos judiciales, los presos y perseguidos políticos de Eloxochitlán han recuperado lentamente su libertad, poco a poco, durante los últimos diez años.
El 29 de septiembre de 2023, el juzgado mixto de Huautla de Jiménez modificó las medidas cautelares, liberando a Jaime Betanzos y Herminio Monfil, dos integrantes de la comunidad de Eloxochitlán que se encontraban en prisión desde diciembre de 2014 sin sentencia ni condena. Fueron liberados no en plena libertad, sino para continuar sus procesos legales fuera la prisión.
Más recientemente, el 12 de junio de 2024, el juzgado de Huautla de Jiménez ordenó la liberación de Francisco Durán, Alfredo Bolaños y Fernando Gavito, también integrantes de la comunidad mazateca, encarcelados por el mismo conflicto, cambiando las medidas cautelaras, lo que les permite continuar sus casos legales fuera de la cárcel dentro de su comunidad.
Audiencia final de Miguel Peralta en el Juzgado Mixto de Huautla de Jiménez en 2019.
La familia de Miguel, su equipo de apoyo, colectivos y organizaciones solidarias y la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón exigen que la libertad definitiva de Miguel siga a estas recientes victorias judiciales, para que la comunidad pueda seguir caminando hacia la libertad, para ir curándose de las heridas de la represión caciquil y estatal.
“Queremos vivir en paz, queremos vivir con toda nuestra libertad ", dice Martha Betanzos, madre de Miguel. “Queremos ver libre a Miguel Ángel Betanzos, ¡que ya llege! a pisar su tierra, ¡que ya llege! a escuchar los pajaritos, ¡que ya llege! a pisar el lodo, ¡que ya llege! a tentar ahí los montes, los cafetales”.
En portada: Pobladores de la comunidad nahua de Santa María Ostula. Foto: Regina López
Mediante pronunciamiento difundido este sábado (15), la población nahua de Santa María Ostula denuncia nuevas agresiones contra su comunidad, en una escalada de violencia que registra ataques armados y asesinatos ocurridos, desde el año 2023, y que se ha prolongado hasta la actualidad sin la actuación de las autoridades estatales ni federales.
En esta ocasión, el pasado jueves (13) un comando integrado por 30 sujetos fuertemente armados, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), atacaron a un comunero de la Encargatura de la Cofradía -una de las 23 poblaciones que conforman Ostula-, en el municipio de Aquila, región costa sierra de Michoacán.
En esta ocasión, el comando armado disparó contra un comunero que se encontraba en sus labores agrícolas, quien reportan, pudo salvar su vida al refugiarse en un puesto de vigilancia instalado por la Guardia Comunal de Ostula debido a los constantes ataques del CJNG.
Dicho retén opera después que, el pasado 6 de febrero, esta misma población sufrió un ataque violento por parte del grupo criminal, lo que obligó a sus habitantes a suspender actividades laborales y educativas durante semanas debido a la gravedad de las agresiones armadas.
A esta situación, se sumaron los ataques que, durante los últimos días de marzo y principios de abril se perpeturaron contra comunidades vecinas de los municipios de Coahuayana y Chinicuila. En dicha ocasión, cientos de sicarios provenientes del estado de Colima utilizaron armas de alto calibre, además de explosivos y drones con el objetivo de conseguir el control de estos territorios.
Fue debido a la reacción de grupos de autodefensa y guardias comunales de los municipios de Coahuayana y Aquila, que consiguieron frenar el avance del grupo criminal. No obstante, reportes periodísticos dieron cuenta del control que el CJNG retomó en las localidades de Palos Marías, El Órgano y Zapotan, “causando terror en sus pobladores y ocasionando el desplazamiento de éstos hacia otros lugares”, señalan medios locales.
Asesinatos, desapariciones
La agresiones armadas no se detuvieron ahí. Para el mes de mayo, pobladores de Ostula denunciaron el asesinato, a manos de sicarios del CJNG, del comunero Antonio Regis Nicolás, mientras viajaba con su familia a la Encargatura de la Mina de La Providencia.
Antonio Regis Nicolás, comunero de Ostula, fue asesinado el pasado mes de mayo. Fotos: Comunicación Ostula
En ese momento, señalaron que los gobiernos, federales y estatal, tienen pleno conocimiento de la violencia en la región y de las agresiones que la comunidad de Ostula está siendo objeto. “Sin embargo, se han negado a tomar medidas efectivas para brindar protección a las poblaciones de la región y particularmente a las familias de nuestra comunidad ante la presencia cada vez mayor y más violenta del CJNG en la zona”, sostuvieron en comunicado.
Por esta situación, demandaron el desmantelamiento del CJNG, así como “el cese de la protección que otorgan a dicho cartel funcionarios y mandos policiales corruptos”. También recordaron los asesinatos de Lorenzo Forylán de la Cruz Ríos, Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano, miembros de su Guardia Comunal asesinados durante el 2023.
Los pobladores nahuas también exigieron la presentación con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes. Díaz, profesor y líder de la comunidad de San Miguel de Aquila y Lagunes, abogado defensor de derechos humanos, permanecen desaparecidos desde el 15 de enero del 2023, cuando se trasladaban entre los límites de Michoacán y Colima después de participar en una asamblea comunitaria.
Ambos sostenían la defensa legal de la población de Aquila para garantizar la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, propiedad de la empresa Ternium.
Los acontecimientos violentos suceden a escasos días de que la comunidad nahua celebre el 15 aniversario de la recuperación de más de 1000 hectáreas de tierras comunales en lo que actualmente se erige la Encargatura de San Diego Xayacalán.
Fue en el año 2009 cuando los indígenas nahuas se organizaron para recuperar las tierras que les habían sido arrebatadas por pequeños propietarios originarios de Colima, quienes se encontraban aliados con el Cártel de los Caballeros Templarios. Debido a su lucha, sólo entre los años 2008 al 2014, 32 comuneros fueron asesinados, además de registrarse la desaparición forzada de otras seis personas.
Gaza sigue siendo destruida por ataques aéreos y bombardeos intensivos por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, mientras que el número de personas asesinadas va en aumento. Según los últimos informes del Ministerio de Salud de Gaza el saldo trágico asciende ya los 37 mil 266 muertos y al menos 85 mil 102 heridos.
El Ministerio de Salud ha puntualizado que la mayoría de las víctimas son mujeres y niños, en su gran mayoría civiles inocentes. A ello se agrega que hay un registro de más de 12 mil personas atrapadas bajo los escombros en diversas partes de Gaza, sin acceso a la asistencia médica urgente.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales denuncian la dificultad de brindar ayuda efectiva debido a la escalada del conflicto y las restricciones impuestas a las operaciones humanitarias.
Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), ha instado nuevamente a un alto el fuego inmediato y a un incremento urgente en la ayuda humanitaria. En una conferencia internacional de donantes en Kuwait, Guterres declaró: “Un alto el fuego solo será el comienzo. Será un largo camino para recuperarse de la devastación y el trauma de esta guerra”.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) también ha alertado sobre la peligrosidad extrema que enfrentan los trabajadores humanitarios en Gaza, con un saldo trágico de 193 colegas asesinados desde el inicio del conflicto, marcando la mayor pérdida de vidas en la historia de la organización.
Esta presión internacional para dejar actuar a la ayuda internacional ha llegado a obtener el respaldado por el Grupo de los Siete (G7), que ha exigido garantías para que la UNRWA y otras organizaciones puedan operar efectivamente y llegar a quienes más lo necesitan en esta catástrofe humanitaria.
Este infierno es cada día peor para los civiles en Gaza, quienes están pagado los costos de este conflicto y, no se ve salida al conflicto por ningún lado. La solidaridad internacional es crucial para seguir haciendo presión a los gobiernos del mundo para detener este genocidio.
Martin Griffiths, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, ha destacado la responsabilidad compartida de la comunidad internacional en abordar esta crisis humanitaria sin precedentes, llamando a los líderes mundiales a “unirse en lugar de dividir”, para evitar un mayor sufrimiento y avanzar hacia un futuro más pacífico y justo.
La situación en Gaza sigue evolucionando, y la atención internacional se mantiene centrada en la urgente necesidad de proteger vidas inocentes y detener esta guerra asimétrica y desigual.
