En portada: Indígenas Nasa durante el entierro de la lideresa Carmelina Yule Paví.
La violencia contra la población indígena Nasa, en el Valle del Cauca, suroeste de Colombia, recrudeció con ataques registrados el pasado fin de semana por parte del Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC).
Este frente es considerado como la mayor disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y una de las primeras en hacer presencia en el Cauca tras la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016.
Carmelina Yule Paví, indígena Nasa asesinada por el Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central.
El sábado (16), en la zona rural del municipio de Toribío, la lideresa Carmelina Yule Paví, de 52 años de edad, resultó herida mientras acompañaba a integrantes de la Guardia Indígena para rescatar a un menor de su comunidad quien había sido reclutado forzadamente por el grupo armado.
Debido a la gravedad de las heridas, el domingo (17), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), organización que agrupa a 14 resguardos y 19 cabildos indígenas de la región norte del valle, reportó el fallecimiento de la lideresa indígena.
Yule Paví era una reconocida lideresa en su comunidad, el Resguardo Indígena de Toribio. En 2019 fue la coordinadora local del programa Mujer del Territorio de ese mismo resguardo, espacio desde donde construyó propuestas junto a mujeres Nasa del norte del Cauca en los tejidos, como se le denomina a instancias organizativas dentro de la ACIN.
Registros del ataque contra la población Nasa en el municipio de Toribío durante el sábado 16 de marzo.
Las autoridades Nasa reportaron que durante el ataque fue herido otro comunero. La ACIN denunció que el grupo armado huyó y atacó otras comunidades indígenas. Según el reporte, dispararon ráfagas de fusil y lanzaron granadas contra las comunidades desarmadas que hacen control territorial. La asociación confirmó que ninguna persona de la comunidad resultó herida en ese ataque.
Exterminio
El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca rechazó los hechos violentos que continúan registrándose en territorios Nasa.
“Tristemente la violencia volvió apuntar, a dañar y asesinar, apagando la vida de la Mayora Carmelina, nos duele su partida, duele la indiferencia, duele que se normalice la guerra y duele que los victimarios anden libremente en los territorios mientras la comunidad tenga limitaciones en su propia casa”, manifestó el Tejido.
Por su parte, la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribio, Tacueyo y San Francisco denunció la existencia de un plan de ataque y exterminio contra el pueblo Nasa de Toribio y sus Autoridades Ancestrales.
“Con este accionar queda demostrada la descomposición y actuar delincuencial de este grupo armado que se autoproclama como “revolucionario”, pero que se ensaña en el secuestro, la desaparición, el asesinato y coerción de nuestra comunidad negándose al diálogo con ella, al mismo tiempo que se ufanan de sostener diálogos de paz con el gobierno nacional”, dijo la organización indígena Proyecto Nasa de los resguardos de Toribío, Tacueyó y San Francisco.
Pese a que, de acuerdo al gobierno nacional y el EMC, se acordó un cese al fuego desde octubre del 2023, las comunidades indígenas han denunciado que en varias ocasiones las disidencias han violado dichos acuerdos.
Pobladores Nasa contextualizaron que recientemente, del 13 al 15 de marzo, se realizó en Cali la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, evento durante el cual los pueblos indígenas del norte del Cauca denunciaron la situación de violencia en sus territorios.
Gobierno y el EMC acuerdan cese el fuego bilateral para avanzar con los diálogos de paz.
Durante la Minga, el líder indígena Nilson Sauca compartió que, pese a los ceses de fuego bilaterales anunciados, la realidad en los territorios indígenas, campesinos y afros es diferente. “Lastimosamente, siguen cayendo compañeros y compañeras fundamentales para estos procesos”, sostuvo Sauca. Un día después de la Minga se registró el ataque contra la lideresa Carmelina Yule Paví.
Acorde a un registro realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en los tres primeros meses del año 2024 han identificado el asesinato de 33 líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de los acuerdos de paz.
Tras los ataques del pasado fin de semana, el gobierno nacional anunció la suspensión del Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral y Temporal en los departamentos del Cauca, Nariño y Valle del Cauca. El gobierno, encabezado por Gustavo Petro, señaló que las operaciones militares ofensivas contra la estructura del EMC se reanudarán a partir de este miércoles (20).
Durante el Consejo Territorial de Autoridades Cxhab Wala Kiwe, realizado este lunes (18) en la comunidad Nasa de Toribío, se rindió homenaje a Carmelia Yule Paví. En el evento, se estableció que los indígenas reforzarán las actividades de control territorial al interior del resguardo para capturar a los autores del asesinato y expulsar a integrantes del EMC.
Cabe resaltar que, durante el cortejo fúnebre de Carmelina Yule hacia su comunidad de Toribío, se registraron ataques por parte del Frente Dagoberto Ramos contra la caravana que transportaba el cuerpo de la lideresa indígena.
En portada: Vandana Shiva, en su participación en la conferencia de prensa en apoyo a la defensa del maiz. Foto: Ángel Huerta
Durante el evento La defensa de las semillas libres y la biodiversidad frente al imperialismo alimentario, realizado en México el sábado (16), la ecofeminista Vandana Shiva compartió su mensaje de defensa del medio ambiente. Vandana Shiva, renombrada científica y ambientalista de la India, es reconocida por su incansable lucha contra la agricultura industrial y los cultivos transgénicos.
En un evento histórico que reunió en Ciudad de México a destacados defensores de la biodiversidad y las semillas libres contra el “imperialismo alimentario”, como define Shiva, activistas, ecologistas, defensoras del territorio de México y América Latina fueron testigos de la visita de Vandana Shiva.
En portada: Vandana Shiva, en su participación en la conferencia de prensa en apoyo a la defensa del maiz. Foto: Ángel Huerta
El evento se centró en la importancia de proteger las semillas como base fundamental de la cadena alimentaria y como parte de nuestra herencia para las generaciones futuras. Se discutió cómo los derechos de propiedad intelectual y las tecnologías de organismos genéticamente modificados (OGM) amenazan la soberanía sobre las semillas y la diversidad biocultural.
Durante la conferencia de prensa, previa al evento, Vandana Shiva enfatizó la necesidad de políticas públicas que reconozcan la diversidad cultural y promuevan sistemas agrícolas que cuiden la tierra y nutran a la población, rechazando la uniformidad que amenaza la biodiversidad y la autonomía de los agricultores.
Vandana señaló la importancia de las mujeres indígenas en la conservación de la biodiversidad. De acuerdo con la activista, el 80% de la biodiversidad del planeta se encuentra en las tierras de los pueblos indígenas, y son las mujeres quienes cuidan la tierra y siembran alimentos para sus comunidades.
Vanda Shiva disfruta del espectaculo de las voladoras en el patio del Cencalli. Foto: Ángel Huerta.
Explicó que la agricultura debería ser vista como una actividad de cuidado de la tierra y la biodiversidad. “Necesitamos cambiar nuestra mentalidad respecto a la producción de alimentos y reconocer que estamos produciendo para embellecer la tierra y alimentar a todos. Debemos trabajar juntos para promover sistemas agrícolas que nutran tanto la tierra como a los que dependemos de ella”.
La activista también subrayó la interconexión vital entre la salud humana y la salud del medio ambiente. Advirtió sobre los peligros de los alimentos ultraprocesados y la agricultura industrial, que no solo contribuyen al cambio climático y la degradación del suelo, sino que también tienen un impacto negativo en la salud de las personas.
Defensa
La ecofeminista destacó la importancia de proteger la agricultura campesina y los recursos naturales frente a las presiones de las grandes corporaciones e instó a las personas a unirse en solidaridad para proteger las semillas y la biodiversidad. Sus palabras fueron recibidas con fuerza en la audiencia, recordando la importancia de defender colectivamente nuestros sistemas alimentarios y nuestro futuro frente a los intereses corporativos.
Para Shiva, la protección de nuestra biodiversidad y la adopción de prácticas agrícolas regenerativas son imperativos para garantizar un futuro saludable y sostenible. "Nuestra soberanía sobre nuestras semillas y alimentos es fundamental para nuestra supervivencia", declaró Shiva. "Es hora de unirnos y resistir juntos contra aquellos que buscan controlar nuestros sistemas alimentarios y nuestra autonomía", dijo.
Tratado de libre comercio: recolonización
Para Vandana Shiva, las formas en las que los gobiernos y las corporaciones fuerzan la introducción de semillas genéticamente manipuladas en los países es otra de las herramientas del “imperialismo alimentario”, que se impone mediante marcos regulatorios de propiedad intelectual de las semillas, como el Convenio Internacional de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 91, y mecanismos jurídicos.
Shiva criticó a los tratados de libre comercio que, según sus palabras, “representan una forma de recolonización destinada a someter nuestros sistemas alimentarios a los intereses de las grandes corporaciones”.
Vandana Shiva fue parte de una ceremonia del maíz como parte del evento. Fotos: Ágel Huerta
El evento se realizó en el contexto de la controversia sobre el maíz entre México y Estados Unidos, que ha sido un tema de discusión intensa y en evolución en los últimos años.
En México, donde el maíz es originario, se ha resistido al intento de imposición de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM). En 2020, el gobierno mexicano emitió un decreto para prohibir gradualmente el uso de glifosato y maíz transgénico en la masa para tortillas, un alimento básico para el pueblo mexicano.
Algunas fechas importantes de esta controversia ha sido, por ejemplo, la del 13 de febrero de 2023, cuando México emitió el decreto presidencial que prohíbe el uso de maíz transgénico en tortillas y otros productos para consumo humano. Esta medida desencadenó una disputa comercial con Estados Unidos.
Más tarde en ese mismo año, el 18 de agosto de 2023, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó que México esté violando el T-MEC.
El 25 de agosto de 2023, Canadá se unió a Estados Unidos acusando a México de violar el T-MEC al prohibir el maíz transgénico. El gobierno canadiense comparte las preocupaciones estadounidenses sobre la falta de base científica en las medidas mexicanas.
El 20 de octubre de 2023, se forma un panel arbitral conformado por el suizo Christian Häberli, Jean E. Kalicki por parte de Estados Unidos, y Hugo Perezcano por México. Este panel tiene la responsabilidad de abordar la controversia y tomar decisiones basadas en el T-MEC.
El 31 de diciembre de 2023, Estados Unidos presentó su caso ante el panel de arbitraje. México responde acusando a Estados Unidos de presentar información desactualizada y sin rigor científico.
El pasado 15 de marzo organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos presentaron al panel sus opiniones técnicas y argumentos basados en evidencia científica que señalan y advierten sobre los múltiples riesgos que hacen pertinente y urgente frenar la presencia de maíces genéticamente manipulados en la alimentación de mexicanas y mexicanos, y como materia prima para otras industrias.
De tener una resolución desfavorable para México en el panel, se limitaría el derecho a decidir qué semillas sembrar y con qué tipos de maíz alimentarnos, advierten la campaña Sin Maíz no Hay País.
Conferencia magistral de Vandana Shiva sobre la defensa de la biodiversidad y las semillas libres contra el imperialismo alimentario, así como conversatorios sobre estrategias comunes contra la imposición de los OGM en el mundo y en América Latina. Fotos: Ángel Huerta
Recientemente, Vandana Shiva expresó su apoyo a la demanda de acción colectiva contra la siembra de maíz genéticamente modificado en México, presentada contra las empresas Bayer-Monsanto, Syngenta y Corteva Agriscience, y que a partir de una medida precautoria ha impedido desde el 2013 la siembra de maíz genéticamente manipulado en territorios mexicanos.
Lucha internacional
Ponentes de diversas geografías presentaron sus perspectivas sobre la importancia de proteger la biodiversidad, defender las semillas criollas y resistir la influencia de los agronegocios y los transgénicos en la agricultura latinoamericana. Aquí les presentamos algunas de ellas.
Fernando Caballero, de Argentina
Fernando Caballero, abogado argentino que se destaca por su trabajo en la ONG Naturaleza de Derechos, resaltó la urgencia de la defensa de los pueblos fumigados en Argentina. Su llamado a la acción resonó poderosamente: "Es hora de unirnos en la lucha contra los transgénicos y el agronegocio para proteger nuestra tierra y nuestra salud".
André Leu, de Australia
Leu, es ecologista de Australia y desempeña el cargo de Director Internacional de Regeneración Internacional, señaló el hecho de que no se hacen pruebas de ningún plaguicida sintético para evaluar cómo afectan a la salud, en particular la salud de los niños.
En su presentación Leu expuso evidencia sobre los posibles daños a la salud causados por el glifosato y los cultivos transgénicos, señalando correlaciones entre la introducción de estos elementos y el aumento de enfermedades como el cáncer, la obesidad, la insuficiencia renal y el autismo. Su análisis destaca la importancia de considerar las implicaciones para la salud pública al utilizar estos productos en la agricultura y la alimentación diaria.
Mercedes López Martínez, de México
La intervención de Mercedes López Martínez, activista mexicana destacada en las luchas de la sociedad civil de México en defensa del medio ambiente y la seguridad alimentaria, se centró en la lucha contra los transgénicos y la defensa del maíz en México, destacando el papel vital de las comunidades campesinas e indígenas. Su llamado a la acción fue claro: "Proteger la soberanía alimentaria y los bienes comunes es un deber moral y una responsabilidad compartida".
Mauricio García Álvarez, de Colombia
Mauricio García Álvarez, coordinador de la campaña "Semillas de Identidad" en la organización Swissaid Colombia,destacó la importancia de valorizar el trabajo de los custodios y guardianes de semillas en Colombia, subrayando la necesidad de recuperar el conocimiento ancestral y los sistemas de producción tradicionales. Su mensaje resonó con esperanza: "La investigación participativa y la incidencia política son herramientas poderosas en la lucha por la soberanía alimentaria y la justicia social".
Fabián Pacheco, de Costa Rica
Fabián Pacheco, activista ecológico y director del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica en Costa Rica, centró su presentación en la lucha contra la introducción de maíz transgénico en Costa Rica y la defensa de la biodiversidad y la agricultura orgánica en Mesoamérica. Destacó la importancia de la resistencia comunitaria y la acción directa para proteger los derechos de los agricultores y preservar las semillas criollas.
Miguel Ángel Crespo, de Bolivia
Miguel Ángel Crespo, fundador y director ejecutivo de Probioma y especialista en el control biológico de plagas en Bolivia, abordó el control de semillas y los impactos de los agronegocios en la agricultura sostenible. Hizo hincapié en la importancia de defender las semillas como bien común y en la resistencia contra la introducción de semillas transgénicas. Destacó la necesidad de una lucha política, legal y científica para proteger la biodiversidad y los recursos genéticos. Una frase sobresaliente fue: "Las semillas son bien común, no son una mercancía."
Pánfilo Hernández Ortiz, de México
Pánfilo Hernández Ortiz, responsable del programa de Agricultura Sostenible e Intercambio de Experiencias de Campesino a Campesino en Tlaxcala, México, centró en la defensa de las semillas nativas y la resistencia comunitaria contra la imposición de transgénicos. Destacó la importancia del intercambio de semillas, la soberanía alimentaria y la resistencia campesina. Su llamado a la acción incluyó un énfasis en el consumo local y la participación ciudadana.
En portada: Miembros de la comunidad maya de Ixil, Yucatán. Foto: Bénédicte Desrus
El pasado miércoles (13), una comisión de la comunidad maya de Ixil, Yucatán anunció una serie de acciones que realizaron para continuar con la defensa de sus territorios frente a intentos de despojo por parte de proyectos inmobiliarios y de producción energética.
Mediante conferencia de prensa, realizada en la Ciudad de México tras reuniones con diversos funcionarios en la capital del país, destacaron su visita a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR).
Ante dicha institución, los pobladores mayas interpusieron una denuncia penal contra el empresario Alejandro Escoffié por actos fraudulentos cuyo fin, argumentan, era despojarles de más de 5,200 hectáreas de tierras ejidales de uso común.
Acorde al testimonio de Mercedes Cocom Noriega, miembro de la comunidad de Ixil, el empresario Escoffié es el principal promotor de este intento de despojo, que se remonta a una lucha desde hace 10 años por el control de las tierras de uso común. Por su parte, Maximiliano Cetz, maya quien también formó parte de la comisión de la comunidad, agregó que en la denuncia también se acusa a un notario público, dos ex visitadores agrarios, el actual Comisariado Ejidal y otros comisariados previos que fueron cómplices de Escoffié.
El motivo de la denuncia, aseveran, es por los delitos de fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa con el fin de privatizar las más de 5,200 hectáreas mediante el uso de documentos y firmas falsificadas que buscaban asignar a personas ajenas a la comunidad como sus propietarias frente al Registro Agrario Nacional (RAN).
Ante este hecho, Cocom detalló que la comisión de Ixil mantuvo una reunión con funcionarios del RAN, quienes les informaron que el intento de asignación de personas extranjeras sobre las tierras de uso común, por parte de Escoffié, fueron denegadas por el órgano agrario.
José Argemiro, también parte de la comisión maya, indicó que se sienten desamparados por parte de las instituciones que imparten justicia en el país. Esto debido a la negativa, por parte del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de Yucatán sobre una demanda de amparo que los pobladores presentaron contra la orden de aseguramiento de sus tierras que provocó el intento de despojo refectuado el 17 de agosto del 2023.
“En este tribunal trabaja un primo segundo de una de las personas que se ostenta como propietaria y que está queriendo despojar a la comunidad”, acusó Argemiro. Por esta situación, los pobladores de Ixil hicieron un llamado a la SCJN para que sea ella quien retome el caso y decida sobre la suspensión definitiva que han solicitado mediante la demanda de amparo.
Otros proyectos
Angélica Tec Ek, miembro de la comunidad maya, agregó que también se cierne la amenaza contra su territorio por parte un proyecto de energía eólica. La integrante de Ixil detalló que sus territorios cuentan con una enorme biodiversidad que incluye lagunas, manglares y otros ecosistemas que, de instalarse un parque eólico, serían impactados negativamente y cortaría los flujos del agua.
Tec Ek contextualizó que ya han ocurrido inundaciones en sus territorios, como lo que aconteció en el año 2020 cuando todo el pueblo se vió afectado por la anegación, “el pueblo sufrió demasiado, sufrió en su economía con pérdida de ganado, apicultores, un daño muy terrible que sufrió la comunidad”, compartió y aseguró que es una de las razones por las que los pobladores no quieren que esa situación se repita.
Durante la rueda de prensa también participó Carlos Yamá, miembro del colectivo Cantukún, e integrante de la comunidad maya de Kinchil, ubicada al poniente de Yucatán. Yamá informó que su comunidad defiende sus terrenos desde hace 10 años frente a los intentos de despojo por parte de la empresa porcícola Kekén, del grupo Kuo.
Según comunicado compartido tras la conferencia, esta problemática y despojo nace del tráfico de influencias al interior de SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). Ante ello, la comunidad de Kinchil está litigando contra la secretaría, debido a que señalan que defiende los intereses de la granja porcícola en detrimento de apicultores y pequeños ganaderos quienes son afectados por las invasiones de sus tierras.
En portada: Empresarios, militares y el presidente de México durante la inauguración de la Linea Z del Tren Interoceanico. En el mismo evento se anunció el convenio para instalar una planta de hidrógeno verde por parte de la empresa Helax Istmo de capital danés. Salina Cruz, Oaxaca. Diciembre, 2023.
El sur-sureste de México está viviendo una reconfiguración territorial debido a la oleada de megaproyectos de transporte - el Tren Interoceánico y el Tren Maya – a cuyos corredores se vinculan proyectos de energía e industrialización, inmobiliarios, de turismo, urbanización. Para sostener toda esta estructura, otra oleada de proyectos marcha a todo vapor, a pesar de ser menos visibles a los proyectos de producción de energía.
El colectivo GeoComunes, en una investigación, mapeó y divulgó, en un denso informe, la reestructuración del sector energético llevada a cabo especialmente por el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para sostener los megaproyectos impulsados por su administración.
“Estos proyectos de inversión que se hacen sobre las dos regiones geográficas más ‘desarticuladas del país’, se relacionan con proyectos de ordenamiento territorial que, pese al discurso de cambio y radicalidad, proyectan fortalecer los sectores económicos que durante todo el neoliberalismo se desplegaron en estas regiones: la industria turística, agropecuaria, maquiladora, minera y del transporte mercantil”, sostienen en su informe.
Además, el proyecto de reestructuración regional se vincula con la agenda de “‘desarrollo’ subordinada a Estados Unidos, asociada con la militarización, la política de contención migratoria y de una reorganización territorial para acoger el nearshoring y el uso del territorio mexicano como plataforma de exportación del gas metano estadounidense”, señalan.
Uno de los proyectos energéticos clave es el gasoducto submarino de 715 km Puerta al Sureste, en el Golfo de México, considerado en la investigación como el “articulador de la reestructuración territorial del sur-sureste”.
El proyecto es promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por la empresa TC Energy (anteriormente TransCanada). Con el que se busca transportar 1,390 Millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) de gas metano desde Tuxpan hacia Coatzacoalcos, en Veracruz, y de ahí hasta Dos Bocas, en Tabasco. Este gasoducto es la prolongación de otro, también submarino, pero ya construido, con el que se importa metano desde Texas en Estados Unidos, hacia Tuxpan, Veracruz.
La Estación de Compresión de gas natural de TC Energy se encuentra a 500 metros de un cuerpo de agua dulce y a un km del mar. Foto: Aldo Santiago
El metano que transportará este gasoducto abastecerá directamente las industrias de los 10 parques industriales previstos, las centrales eléctricas fósiles proyectadas y también las plantas de licuefacción que servirán para exportar el gas hacia Europa, Asia o Sudamérica. “Se busca también expandir la capacidad de exportación de energía y gas que viene de los Estados Unidos hacia otras partes del mundo. Esto es, convertir la región Sur-Sureste no sólo en una plataforma manufacturera, sino también de exportación del gas estadounidense”, sostienen.
Otros proyectos vinculados al metano
Además, la proyección de aumento en el consumo de gas metano está asociada a la expansión de otros proyectos de transporte de gas, según GeoComunes:
1.Terminal de licuefacción para la exportación de gas metano desde el puerto de Salina Cruz - La CFE impulsa la construcción de esta terminal, con una capacidad para exportar 430 MMpcd, y para lo cual firmó un Memorándum de Entendimiento con la empresa Sempra, con la intención de valorar la construcción de dicha terminal para la exportación de gas metano extraído en México o importado desde Estados Unidos hacia el mercado asiático.
2. Terminal de licuefacción en Coatzacoalcos - Este proyecto ha sido promovido por la CFE para exportar vía marítima aproximadamente unos 600 MMpcd de gas metano hacia los mercados de la cuenca Atlántica, principalmente Europa y Sudamérica. Esta terminal estaría alimentada por el gasoducto Puerta Sureste.
“Pieza clave” es la descripción del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) sobre la estación de compresión ubicada en Chinameca, Veracruz. Foto: Aldo Santiago
3. Gasoducto Jáltipan-Salina Cruz - Este proyecto se anunció desde el año 2015 como parte del paquete de nuevos gasoductos para extender por todo el país el alcance del gas metano importado desde Estados Unidos. En su última versión, anunciada en 2022, este gasoducto ya estaría conectado directamente a la terminal de licuefacción de Salina Cruz. Se contempla que, una vez construido, este gasoducto podría conectarse con un proyecto llamado Gasoducto Prosperidad con el que se pretende llevar gas metano desde el Istmo de Tehuantepec (en Ixtepec, Oaxaca) hasta la frontera con Guatemala (en Tapachula, Chiapas). Para que este gasoducto pueda enviar gas metano hacia el sur del Istmo, no sólo requiere ser construido y conectado al proyecto Gasoducto Puerta al Sureste, también requiere que se aumente la capacidad de la Estación de Compresión de Chinameca.
Más proyectos
Hoy la estructura de producción energética en el Istmo de Tehuantepec está concentrada en dos extremos, norte y sur del Istmo. “En la parte norte, estado de Veracruz, la producción de energía está en los alrededores de la zona industrial, petrolera y petroquímica; y se concentra en manos de Pemex y empresas privadas como Cydsa, Grupo Infra, Braskem Idesa, Contour Global PLC. Esto representa cerca de un tercio de la capacidad instalada del Istmo”, menciona el colectivo.
Los otros dos tercios se ubican en el extremo sur de Istmo, en el estado de Oaxaca, donde están los 29 parques eólicos en operación, ocupando 30 mil hectáreas de territorio reconocidamente comunal o ejidal. La grande mayoría de esta producción está en manos de empresas privadas de capital europeo.
Parques eólicos en el istmo de Tehuantepec. Fotos: Santiago Navarro F.
Sin embargo, de acuerdo con el documento Resumen Ejecutivo Plan Estratégico y Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la producción actual no es suficiente. La demanda eléctrica ligada a las actividades industriales en el Istmo se multiplicará por 2.5 entre 2030 y 2050, pasando de 3,294 a 8,348 millones de watt/hora anuales.
Para abastecer este aumento de demanda, se prevé que se tendrían que instalar nuevas centrales eléctricas en la región, “aunque, por ahora, no hay información concreta sobre cuántas centrales serían, dónde se ubicarían, ni qué tecnologías se utilizarán”, dice el informe de la investigación.
GeoComunes hace mención que, además de los 10 parques industriales ya previstos, otros 19 parques - 10 en Oaxaca y 9 en Veracruz – deben ser instalados posteriormente.
Protesta de habitantes de Puente Madera contra la imposición de un polo industrial en tierras de uso común de la comunidad zapoteca
La convocatoria para las licitaciones de empresas interesadas en invertir en los 10 primeros parques industriales se hizo en junio de 2023. En el mes de noviembre de 2023 se iniciaron las licitaciones para los demás parques industriales, con un fallo previsto para abril del 2024.
De los 10 parques industriales iniciales previstos, 4 de ellos - San Blas Atempa, Ciudad Ixtepec, Santa María Mixtequilla y Asunción Ixtaltepec - deben ser parques mixtos, es decir, además de industria, incluirán centrales eólicas para generar electricidad.
“Las centrales eólicas van a ser construidas por empresas mexicanas o estadounidenses, serán administradas por la CFE, y tendrán inversión financiera de bancos estadounidenses”, dice el informe de GeoComunes.
Hidrógeno Verde
La empresa Helax Istmo, subsidiaria del fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners, firmó un convenio con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y con la Marina mexicana para instalar una planta que desarrollará energías renovables a partir de hidrógeno verde y combustibles marítimos verdes, “contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible de México, así como a la descarbonización de la industria naviera a nivel mundial”, según argumentó la empresa a los medios de comunicación.
Firma de Memorándum de Entendimiento con la empresa danesa Copenhagen Infrastructure Partners para desarrollar Helax Istmo, un proyecto destinado a producir hidrógeno verde y combustibles marítimos verdes en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
La planta deberá ser construida en uno de los 10 polos de desarrollo planeados a lo largo del Corredor Transístmico, en Ixtepec.
A pesar de la reciente reestructuración llevada a cabo, GeoComunes enfatiza que, desde la firma del Tratado de Libre Comercio en 1992, pasando por las reformas estructurales de las últimas tres décadas, la política energética ha mantenido un mismo rumbo, “abrir al capital privado este estratégico sector, y adecuar la infraestructura energética del país conforme a los intereses del capital predominantemente fósil y, particularmente, al capital fósil de origen estadounidense”.
La investigación de GeoComunes también abarca la reestructuración energética de la Península de Yucatán y del noroeste del país. Temas que abordaremos en próximos textos.
En portada: Pobladores maya Q’eqchi’ de Santa Elena, en el departamento del Petén, son criminalizados por la empresa de palma aceitera Industria Chiquibul. Foto: Luis Hub / Prensa Comunitaria
Santa Elena es una comunidad maya Q’eqchi’ ubicada en el municipio de Sayaxché, departamento de Petén, enclavada al norte de Guatemala, cerca del Río Salinas. En esta región el calor es intenso. Antes el agua acostumbraba fluir con abundancia y había un frondoso paisaje pintado por el bosque, hoy yace en cenizas bajo una inmensa plantación de palma africana.
La comunidad ha sido acorralada por la palma. En las escasas tierras que aún conservan los indígenas, cultivan maíz, frijol, chile, yuca. Pocas son las familias que crían animales. Por si fuera poco, a la sobrevivencia le acompaña la agonía de sus ríos y nacientes, ya que la contaminación del agua es un nuevo vecino que llegó con el monocultivo.
Con la escasez de la tierra y sin trabajo, una parte de la población, principalmente los hombres, migró a los Estados Unidos con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Otros más se vieron obligados a someterse a condiciones degradantes de trabajo en las plantaciones de palma.
La Industria Chiquibul, filial de la empresa Unisource Holding, dedicada a la exportación de diversos commodities agrícolas como semilla de ajonjolí, aceite crudo de palma y cardamomo; y a la importación, comercialización y distribución de fertilizantes en los mercados latinoamericanos, hoy posee alrededor de 70 caballerías (aproximadamente 3 mil hectáreas) de plantaciones de palma aceitera que rodean esta comunidad Maya.
Este cultivo llegó a estas tierras en 2012, cuando empezó a comprar las tierras de las familias mayas Q’eqchi’. “Nos decían que nuestras tierras iban a quedar inundadas por el agua, porque iban a construir una hidroeléctrica sobre el Río Usumacinta”, recuerda el indígena maya Q’eqchi’, Mario Pop Tux, uno de los líderes comunitarios, durante una entrevista que dio para Avispa Mídia.
Foto: Renata BessiFoto: Renata BessiMonocultivos de palma aceitera propiedad de Industrias Chiquibul se expanden en los alrededores de la Sierra de Chinajá, región colindante con las tierras bajas del Petén donde la empresa mantiene actividades para la siembra y procesamiento de los frutos. Foto: Aldo Santiago.
Este cultivo industrial también llegó con un destacamento militar que fue construido cerca de la comunidad. La presencia de militares, de la Policía Nacional Civil (PNC) y de elementos de la seguridad armada brindan seguridad a la empresa. “Hacen rondines durante el día, traen sus rostros tapados, como si fueran delincuentes”, comenta Pop Tux. El patrullaje también se da por aire. Los comunitarios acusan vuelos de drones, principalmente por las noches.
Las órdenes de captura son una amenaza constante. Según el maya Q’eqchi’, existen cinco órdenes de captura hacia miembros de Santa Elena, ex trabajadores de la empresa que han luchado por los derechos laborales. “Estamos conscientes de que pueden hacer lo mismo que hicieron en otro momento. Invadir a la comunidad, poner el terror en mujeres, niños, ancianos, bajo la justificación de que están buscando a nuestros compañeros criminalizados”, dijo.
En una asamblea, la máxima autoridad de la comunidad, realizada en febrero de este año, las autoridades locales, ancianos y miembros de la comunidad dejaron registrados en un acta distintos “incidentes” ocurridos en los últimos dos meses, que evidencian la intensificación de la violencia hacia Santa Elena.
Uno de estos hechos fue la intimidación sufrida por uno de los miembros de la comunidad, el 31 de enero, por parte de agentes de seguridad privada de la empresa, donde se ubica una garita de los guardias de seguridad.
Más tarde, el 2 de febrero, una camioneta sin placa, llevando a bordo a siete personas armadas, estuvieron vigilando la casa de uno de los miembros de la comunidad. Después se dirigieron a las parcelas de la comunidad. Abordaron al presidente del Consejo Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de Santa Elena, José Caal Pop, haciéndole preguntas y se negaron a identificarse.
Persecución por exigir derechos
La persecución de pobladores de Santa Elena no es de hoy. Después que Chiquibul compró las tierras, empezó a contratar mano de obra de distintas comunidades para derribar el bosque y sembrar la palma. Las condiciones de trabajo ofrecidas por la empresa fueron clasificadas como “esclavitud moderna”, por el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro. Trabajaban más de 12 horas por día por un pago de 35 quetzales (4.4 dólares).
Trabajadores de Industrias Chiquibul en el municipio de Raxruhá. Desde 2016 se han organizado para exigir mejores condiciones laborales por parte de la empresa palmera. Foto: Aldo Santiago.
La situación se volvió insostenible para los indígenas y explotó en 2019. La empresa contrató a 300 personas, sin embargo, cuando había finalizado el contrato de un año, Chiquibul no había pagado las prestaciones laborales acordadas. El comité de trabajadores, creado en 2016, visitó el Ministerio de Trabajo y se calculó que cada trabajador debería recibir - sumando indemnizaciones, salario, aguinaldo - 12 mil quetzales (1,500 dólares), pero la empresa había pagado 4,800 quetzales (615 dólares), es decir, menos de la mitad.
Fue entonces que estalló un paro general de los trabajadores. Los indígenas de Santa Elena y la propia comunidad hicieron una serie de acciones y denuncias contra la empresa. Aún así, la empresa no pagó a los trabajadores y, por el contrario, inició una serie de medidas para criminalizar a los miembros de la comunidad.
La empresa denunció en los órganos de justicia de Guatemala a los líderes de los trabajadores, lo que tuvo como consecuencia la emisión de seis órdenes de captura contra personas de la comunidad. En noviembre de 2020 fueron capturados y detenidos cuatro indígenas, incluyendo a Mario Pop Tux, acusados de plagio, extorsión, usurpación agravada y detención ilegal. “Estuvimos 73 días en la cárcel”, señala Pop Tux.
En el marco de las actividades realizadas por los trabajadores para exigir mejores condiciones de trabajo a las empresas palmeras, se desplegaron centenas de policías para reprimirlos durante el año 2020.
En febrero de 2021, la justicia guatemalteca dictó sentencia condenatoria contra los cuatro miembros de Santa Elena. “Vemos como el Estado a través de esta sentencia se consuma como un cómplice de estas formas de explotación moderna. Consideramos que no comprenden el contexto en el que se está dando el acaparamiento de tierras y la explotación de personas indígenas”, dijo el abogado que acompaña a los trabajadores miembros de esta comunidad, Juan Castro.
Fueron cuatro años de condena, con suspensión condicional de la pena, es decir, tendrán que presentarse mensualmente al Ministerio Público, en la cabecera municipal de Sayaxché para firmar. “Se considera que los responsables son los pueblos indígenas y no las empresas que están haciendo perjuicio al medio ambiente y a la vida humana de muchas comunidades”, abunda el abogado Juan Castro.
Pobladores maya Q’eqchi’ de Santa Elena, en el departamento del Petén, son criminalizados por la empresa de palma aceitera Industria Chiquibul. Foto: Prensa Comunitaria
Había una expectativa que después de la condena de los indígenas maya Q’eqchi’ y el fin de los paros laborales – desde entonces es política de la empresa traer trabajadores de afuera –, se reduciría la persecución hacia a Santa Elena. Pero no fue eso lo que pasó. “Hasta hoy no nos dejan tranquilos. Hasta hoy nos están asustando, vigilando, controlando, no dejan de causarnos miedo”, sostiene Pop Tux.
Certificar los cultivos usando a los indígenas
A las 7 de la mañana del día 25 de enero de 2024, Carlos Cú, encargado de la empresa Chiquibul, acompañado de otras dos personas, buscaron al presidente del Consejo Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de Santa Elena, José Caal Pop, en su casa. No estaba, había ido a su parcela a trabajar la tierra. Los enviados de la empresa decidieron irse. Alrededor de las 12h, Caal Pop regresa a su casa. Poco tiempo después, los tres señores vuelven a buscarlo.
Le presentan un documento para que el presidente del Cocode lo firmara. “Me estaban citando a una reunión para tratar sobre temas relacionados con la certificación de la empresa. Así me dijeron. Y querían que yo firmara el documento de la cita”.
Según el indígena maya Q’eqchi’, los trabajadores de Chiquibul quisieron minimizar los conflictos entre empresa y la comunidad. “Carlos Cú [uno de los firmantes del documento] me dijo: venimos a hablar personalmente, queremos que nos den la oportunidad. Nosotros sabemos que ya no hay problema [con la comunidad]. Queremos que nos firme este documento. Porque ya no hay problema”.
Caal Pop no se calló. “Les dije, ¿cómo no hay problema?, si estamos siendo vigilados todo el tiempo. No les gustó lo que dije y se fueron”, cuenta el maya Q’eqchi’.
Plantaciones de palma aceitera propiedad de Industrias Chiquibul. Foto: Aldo Santiago.
La empresa inició en julio de 2023 el proceso para la certificación de su plantación de palma por la principal certificadora de palma del mundo, la RSPO (La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible). El objetivo es obtener la certificación en este año 2024.
La certificación servirá para que la empresa amplíe sus ventas en los mercados norteamericano y europeo. El aceite de palma de Chiquibul ya hace parte de la cadena de suministros de las empresas europeas Dreyfus Company (LDC), Nestlé S.A., Upfield Holdings B.V., Henkel AG & Co. KGaA, PepsiCo, Inc., Vandemoortele. Dichas cadenas fueron rastreadas por la organización alemana Iniciativa Cristiana Romero (ICR) y publicadas recientemente en el informe Im Schatten der Ölpalme.
La empresa española Lipsa, la británica Unilever, la alemana Basf, las holandesas Lowis Dreyfus y Marie Olie y la francesa ADM-SIO también fueron rastreadas como compradoras del aceite producido por Chiquibul, en una investigación todavía inédita realizada por el proyecto holandés SOMO The Counter, encargada por la ICR.
Guatemala en el mundo
La mayor parte del aceite consumido mundialmente procede de Indonesia y Malasia. Sin embargo, sostiene el reporte de ICR, cada vez hay más plantaciones de palma aceitera en América Latina para satisfacer la demanda mundial. Guatemala y Colombia ya ocupan el cuarto y quinto lugares como exportadores mundiales.
El mayor comprador de aceite de palma guatemalteco son los Países Bajos, con un 32% del volumen total, de acuerdo al informe. En relación a Alemania, Guatemala se ha convertido en el segundo proveedor más importante, después de Malasia. Dado que el 43% del aceite de palma revendido por los Países Bajos va a Alemania es probable que la cuota total de aceite de palma procedente de Guatemala en este país sea aún mayor, enfatiza la organización alemana.
De acuerdo con un reporte de Industria Chiquibul, el proceso de certificación ya está ocurriendo. “Un grupo de asesores externos visitaron nuestras plantaciones y juntos, con nuestro equipo de sostenibilidad, ha establecido un plan de acción centrado en personas, planeta y prosperidad para lograr nuestra sustentabilidad”, menciona la empresa en su documento.
Uno de los puntos obligatorios para la certificación es la realización de una consulta a los pueblos afectados por la palma, que se inició el 14 de febrero.
El documento presentado a Caal Pop para que lo firmara, al cual tuvo acceso el equipo de Avispa Mídia, se explicaba que es un proceso de “Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)”, que busca “establecer una relación de confianza entre la empresa y sus comunidades de influencia, en donde las comunidades pueden conocer la empresa, y a la vez tengan claros sus derechos, y puedan manifestar sus preocupaciones e inquietudes en relación a las operaciones de la empresa”.
En su explicación no menciona que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los pueblos tienen el derecho de decir “no” a un proyecto que se pretende implementar en su territorio. En términos reales es un proceso que pasaron por alto, porque ya han deforestado y actualmente cultivan grandes extensiones de palma. “No participamos de la reunión y no vamos a participar de las próximas convocatorias. Lo que buscan es nuestra firma para tener la certificación, y no la va obtener, porque la consulta no existe”, dijo Mario Pop Tux.
Monocultivos de palma aceitera propiedad de Industrias Chiquibul se expanden en los alrededores de la Sierra de Chinajá, región colindante con las tierras bajas del Petén donde la empresa mantiene actividades para la siembra y procesamiento de los frutos. Foto: Aldo Santiago.
De acuerdo con el indígena, alrededor de 18 aldeas son impactadas por las plantaciones de palma de Chiquibul en la región. Además de Santa Elena, por lo menos otras 10 aldeas no están de acuerdo con la presencia de la empresa, con las cuales implementó los mismos mecanismos. “Para esta primera reunión invitaron a todas las comunidades, muchas no fueron, también sufren persecuciones y tienen órdenes de captura”, dijo.
La empresa también llevará a cabo otros dos procesos. La Evaluación de Alto Valor de Conservación, que busca “identificar los valores ambientales y sociales de mayor relevancia tanto dentro de las áreas en donde la empresa desarrolla sus operaciones, como en sus áreas de influencia”, dice el documento. En realidad, van mapear los bosques que no pudieron deforestar, incluyendo bosques que no están en sus tierras, para establecer programas de conservación, fundamentales para la obtención de la certificación.
Plantaciones de palma aceitera propiedad de Industrias Chiquibul. Foto: Renata Bessi.
Además de ello, deben realizar el Estudio de Impacto Socioambiental (EISA), con el cual identificarán “aquellos impactos sociales y ambientales que la empresa pudiera estar generando, y a la vez generar un plan de gestión para controlar, mitigar o compensar estos impactos”, según el documento de Chiquibul.
Bio Terra Consultores Ambientales, contratada por Chiquibul, será la empresa responsable de llevar a cabo estos estudios.
Mientras tanto, la certificadora RSPO ha sido criticada por pueblos y organizaciones en todo el mundo por certificar empresas que han generado conflictos socioambientales. Al etiquetar los productos de aceite de palma como “sostenibles”, se rehabilita el aceite de palma dando la impresión de que el cultivo industrial de la palma aceitera es compatible con los exigentes principios ecológicos y de derechos humanos y ofrece una solución sostenible a largo plazo para el uso de la tierra. “Sin embargo, no es así”, señala ICR.
De acuerdo con la organización alemana, la RSPO permite, por ejemplo, el uso parcial de plaguicidas que figuran en la lista de plaguicidas altamente peligrosos de la Red de Acción sobre Plaguicidas. Además, las auditorias para la certificación son contratadas por las propias empresas, como es el caso de la Bio Terra Consultores Ambientales, “lo que puede dar lugar a conflictos de intereses en la práctica. Existe riesgo de corrupción”.
Foto: Renata BessiFoto: Aldo SantiagoFoto: Renata BessiResiduos de fertilizantes y agroquímicos utilizados en las plantaciones de Industrias Chiquibul.
La comunidad Santa Elena reiteró en asamblea el rechazo a la certificación: “Dichas certificaciones las rechazamos profundamente por las violaciones a nuestros derechos humanos. Amenazas, intimidaciones, contaminación al medioambiente, deforestación de bosques, ríos, riachuelos donde la comunidad toma agua para beber”.
Acta secuestrada
El presidente del Cocode también denuncia que el Ministerio Público tiene secuestrada el acta comunitaria de Santa Elena. “Este documento es muy importante para una comunidad maya Q’eqchi’. En él plasmamos los acuerdos, las normas, los compromisos de la comunidad, los resultados de las asambleas. Estas actas tienen un valor muy importante para cada una de las comunidades de nuestro pueblo Q’eqchi’”, explica Caal Pop para Avispa Mídia.
El 6 de mayo de 2021, cuenta Mario Pop Tux, fueron citadas las autoridades locales – el alcalde auxiliar y el representante del Cocode de Santa Elena - por parte del alcalde municipal. El día 7 de mayo ellos se presentaron al despacho del alcalde municipal. El alcalde no se encontraba y el que se presentó fue un fiscal del Ministerio Público. “Dicho fiscal secuestro el acta sin explicación”, sostiene.
De acuerdo con el presidente del Cocode, en el documento estaba registrado el compromiso asumido por el alcalde municipal, en asamblea de la comunidad, de que recuperaría siete caballerías, hoy en posesión de la empresa Chiquibul, a las familias de Santa Elena.
“Creemos que este acuerdo fue la razón por la cual secuestraron el acta. El valor de la palabra que está plasmado en este documento, tiene mucho valor para nosotros. Exigimos que nos entregue el acta en paz. Y que la cumpla el alcalde municipal”, dijo Caal Pop.
Petición
El Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Qana' Ch'och, la Coordinación de la ONG y Cooperativas (CONGCOOP) y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) lanzaron una petición exigiendo a las autoridades de Guatemala que tomen medidas urgentes contra los acosos y violaciones por parte de Industria Chiquibul contra la comunidad Santa Elena.
De acuerdo con las organizaciones, este patrón de violencia es intrínseco a la industria de la palma. En la última década, sostienen, la empresa Industria Chiquibul ha acumulado un rastro de violaciones a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, incluyendo la apropiación ilegal de tierras comunitarias en Aldea Carolina, contaminación del rio San Román, criminalización por medio de órdenes de captura y detenciones orquestadas por la empresa, violaciones laborales y deforestación.
Exigen un “basta de órdenes de captura contra miembros de la comunidad basadas en falsas acusaciones y que se detenga el proceso de certificación de Industria Chiquibul ante la RSPO”.
Palma en el Petén
En el departamento de Petén, donde está el municipio de Sayaxché y la comunidad Santa Elena, el cultivo de palma se ha incrementado exponencialmente. De acuerdo con el informe Dinámicas productivas en torno al cambio de uso del suelo y sus repercusiones en la Reserva de Biósfera Maya (RBM), del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), de 2021, en 2000 había 320 hectáreas y ha llegado en el 2020 a 78,921 hectáreas, 46% del área establecida a nivel nacional.
La tasa de crecimiento a nivel nacional entre 2005 y 2010 fue del 20%; en Petén, 192.4%.
Fotos: Santiago Navarro F.
La producción de palma en el municipio de Sayaxché representa el 87% de la producción a nivel del departamento Petén, según datos para 2018-2019 generados por la Gremial de Palma.
Indonesia, India, China y Unión Europea son los que más consumen aceite de palma, de acuerdo con el Servicio Exterior de Agricultura del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con datos de julio de 2023. El consumo mundial ha aumentado más de un 80 % en los últimos 15 años.
“Como resultado, el cultivo en Centroamérica se está expandiendo, con consecuencias negativas para las comunidades locales y la naturaleza”, resume ICR.
Respuesta RSPO a la ICR
En un comunicado actualizado el 15 de marzo de 2024, la RSPO informó que está al tanto del informe de la CIR. La organización asegura que ha tomado las medidas necesarias para revisar las alegaciones expuestas en el informe y que está trabajando estrechamente con las empresas implicadas para obtener una comprensión completa de la situación.
La RSPO sostiene que sigue supervisando de cerca este caso con el objetivo de asegurar que los productos de palma de aceite se “estén produciendo de una manera responsable y sostenible de acuerdo con las normas de la RSPO”.
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La RSPO informa que la Industria Chiquibul “no es miembro de RSPO y, por lo tanto, no está en proceso de certificación RSPO”. Sin embargo, en los boletines e informes de sostenibilidad de la empresa, Chiquibul sostiene que “está trabajando” para alcanzar la certificación.
Texto actualizado el 18 de marzo de 2024 y el 20 de agosto de 2024.
El jueves 7 de marzo, Adriana Gómez e Isabel Torres llegaron a la Ciudad de México para exigir justicia, ante la inacción de las autoridades en Chiapas para investigar el feminicidio de la niña Jade Guadalupe Yuing Gómez en el Instituto del Deporte (Indeporte) y la desaparición de la adolescente Cassandra Isabel Arias Torres.
Ambas madres integran el Colectivo de Madres en Resistencia y se coordinaron con la activista y defensora de los derechos humanos Irinea Buendía, con las Mujeres en Busca de Fernanda Cayetana y las Madres Buscadoras de Quintana Roo para realizar una velada conmemorativa a propósito del Día Internacional de las Mujeres.
A las 16h del 7 de marzo, las madres y familiares de mujeres víctimas de diferentes violencias de Chiapas, Quintana Roo y Estado de México simularon un cementerio en el Zócalo de la Ciudad de México. Sobre tablas pusieron pasto sintético para hacer lápidas olvidadas por las autoridades, pero con mariposas posando sobre ellas.
Pusieron imágenes, flores, cruces color rosado y velas. En las vallas metálicas que escudan el edificio presidencial cada 8M, las madres escribieron “México feminicida”, “Chiapas feminicida” y junto a las frases, los nombres de sus hijas.
A unos metros de ese muro representativo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y a un costado de la instalación del cementerio, las madres de personas desaparecidas situaron las lonas con las exigencias y fichas de búsqueda.
La velación concluyó a las 9h del 8 de marzo. Horas más tarde las madres participaron en la mega marcha conmemorativa, acuerpadas por otras colectivas de madres en busca de justicia.
Alianza
“Tenemos que salir del Estado [de Chiapas] para exponer la realidad porque somos las madres que no vamos a parar, que no van a callar porque estamos hartas de toda la violencia en los Estados, de las anomalías de las autoridades”, expresó Adriana Gómez.
Gómez es fundadora de Madres en Resistencia Chiapas, pero su lucha inició desde el 10 de enero de 2020, cuando su hija, Jade Guadalupe Yuing Gómez de 13 años de edad fue asesinada durante el horario en el que practicaba judo en el Indeporte.
La dirección del lugar contaminó la escena del crimen, pero Adriana realizó su propia investigación y demostró que su hija no se suicidó, como han dicho. Incluso el cuerpo de la adolescente fue hallado con una lesión en el pie; y en un cuaderno escribió que le temía a su entrenador.
Las evidencias las presentó ante las autoridades chiapanecas, pero no hay avances, incluso le niegan el recurso para trabajar con forenses externos a la fiscalía. “Han sido cuatro años de desgaste físico, económico y emocional”, agrega Adriana.
En esta lucha, Adriana se conoció con la activista Irinea Buendía y madre de Mariana Lima Buendía que tenía 28 años cuando fue asesinada por su esposo el 28 de junio de 2010 en el Estado de México. Su caso, así como el de Jade, fue clasificado como suicidio.
Irinea, también activista, logró en su lucha que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara reabrir el caso en 2015 para investigarlo como feminicidio.
Entonces se desprendió la sentencia Mariana Lima Buendía. La Sentencia es histórica y siembra un precedente, da garantías de no repetición. La Organización de los Estados Americanos la retomó para los países latinoamericanos, caso contrario a las 32 Fiscalías de las entidades mexicanas que se niegan a integrarla en los códigos de procedimientos penales.
“Resistir hasta encontrarte”
Isabel Torres se unió a Madres en Resistencia porque el 17 de diciembre de 2022 su hija Cassandra Isabel Arias Torres fue desaparecida por un grupo armado que irrumpió en su boda, y que portaba las insignias de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas.
Los hechos ocurrieron en un salón de fiestas del municipio de Berriozábal, el mismo en el que recientemente fue velado Germán Alegría Estrada, secretario de Seguridad Pública Municipal, secuestrado el 23 de febrero y hallado sin vida unas horas después, junto a dos hombres más.
La madre de Cassandra ahora espera que la FGE notifique al alcalde de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez —que buscará la reelección con Morena—, para que se presente a declarar pues, en su momento, negó la desaparición de Cassandra y dijo que se trató de una simple riña.
De no tener avances para dar con el paradero de su hija, Isabel pide que la Fiscalía de Chiapas se declare incopetente para que el caso sea atraído por la autoridad federal y se investigue a los funcionarios involucrados.
Isabel, como parte de Madres en Resistencia, documenta la lucha en las redes sociales y, por ese medio, la contactó Deisy Noemí Blanco Chi, madre de la niña Fernanda Cayetana Canul Blanco, desaparecida el 21 de julio de 2020 en la zona Continental de Isla Mujeres, Quintana Roo.
La ficha de búsqueda de Fernanda Cayetana también fue expuesta en el zócalo de la Ciudad de México este 7 y 8 de marzo, porque ninguna autoridad ha dado continuidad a la investigación a pesar de que Deisy consiguió la pista del hombre y la mujer que se llevaron a su hija.
La investigación que hizo la llevó de Quintana Roo a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y en ese proceso buscó el acompañamiento de las Madres en Resistencia. Deysi cuenta que a pesar de que logró la detención de los ejecutores de la desaparición, la autoridad no ha conseguido que hablen sobre el paradero de Fernanda Cayetana y tampoco tiene apoyo del gobierno del Estado, mucho menos municipal.
El muro
Ante tales inconsistencias, las madres y familiares de víctimas aprovecharon las actividades en la Ciudad de México para exponer los casos ante la Cámara de Senadores y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual modo se reunieron con representantes del departamento de Asuntos Políticos de la Embajada de México.
“Nosotras como víctimas estamos pidiendo la ayuda de otros países”, reitera Adriana Gómez. Las madres puntualizan la necesidad de que el tema de las desapariciones y feminicidios se ponga en la agenda de los embajadores.
“Las personas que habitan los Altos y Sierra de Chiapas están siendo desplazadas por la violencia a manos del crimen organizado y tampoco hay respuesta”, señalan las madres chiapanecas que también han acompañado a algunas familias de esas regiones.
A su regreso al sur de México, Isabel Torres comparte que le gustaría que la misma cantidad de mujeres en las marchas apoye las causas de las madres, hermanas, hijas de las víctimas de feminicidio y desaparición, para que al unísono se haga efectiva la frase: “si tocan a una, nos tocan a todas”.
En menos de un año Madres en Resistencia acompañó nueve casos de desaparición sólo en la región Centro del estado de Chiapas, sin contar las desapariciones en los municipios con “toque de queda” por parte del crimen organizado y donde la violencia se agudiza al tictac del reloj. “Cada día hay más desaparecidos, esa es mi opinión. En Chiapas todos los días asesinan a la gente o la desaparecen”, dice Isabel.
8M
Una representación de las madres marchó en la capital de Chiapas, donde la manifestación se vio empañada por el divisionismo provocado por la presencia de actoras políticas que, a propósito del proceso electoral, encabezaron contingentes.
En los próximos días las Madres en Resistencia emitirán un pronunciamiento contra esta vieja práctica de políticos mexicanos de colgarse y lucrar con las luchas de las mujeres.
“Sin lugar a dudas los avances que hemos tenido en México, como la Ley Olimpia, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley Ingrid y la Ley Malena, son producto del accionar de las mujeres en la protesta y las acciones detrás de la protesta: organización, estudio, de reunión y de generación de redes”, destaca Muñoz.
