Portada: Julio 2025, Chilón Chiapas, el Occama en el "Encuentro Internacional en Defensa de la Vida: el maíz, el agua, el territorio y la Madre Tierra"
Con el objetivo de abrir la discusión sobre La ley General de Aguas y las iniciativas que actualmente se revisan en la Cámara de Diputados, la tarde de este jueves (6) el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (Occama), convocó al “Foro Parlamento Abierto Ciudadano en Oaxaca: por la Legislación Hídrica que México necesita”, que tendrá lugar el próximo martes (11) a las 10 a.m. en la Sala Audiovisual del Congreso del Estado de Oaxaca, en San Raymundo Jalpan, Oaxaca.
Dicha convocatoria conforma una serie de actividades que el Observatorio ha desplegado ante la necesidad de generar cambios que garanticen el derecho humano al agua con especial énfasis en las comunidades y se enmarca también, en el proceso legal presentado por el Occama desde el mes pasado.
El 13 de octubre de este año, el Observatorio interpuso una demanda de amparo ante diversas autoridades medioambientales estatales y federales.El motivo: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ignoró y no dio respuesta a la “petición y solicitud de consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental”, que le fue presentada un mes antes -el 17 de septiembre-, por 76 ciudadanas y ciudadanos con relación al impacto ambiental que implica el desarrollo del proyecto de la Presa “Margarita Maza”.
La demanda fue turnada al Juzgado Décimo Primero de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, donde quedó registrada bajo el expediente 1262/2025. El juzgado la admitió el 14 de octubre, apenas un día después de su presentación, y fijó para el 11 de noviembre la audiencia constitucional.
En respaldo al recurso legal emitido, integrantes del Observatorio exigen a la comisión de recursos hidráulicos de la cámara de Diputados Federal, así como a Senadores y Diputados Federales oaxaqueños, revisar y estudiar de fondo las iniciativas de Ley de Aguas presentadas, para evitar que se avalen propuestas “que legitimen el despojo como lo hace la actual Ley de Aguas Salinista”, sostuvieron a través de su boletín de prensa. Así mismo, reclaman su derecho de acceso a la información y participación en proyectos públicos que impactan el medio ambiente y el agua.
Como muestra de que las acciones del Observatorio han sido legítimas, Ariel Morales Reyes, abogado integrante del Occama, informó en conferencia de prensa -el pasado 28 de octubre-, que la solicitud de consulta presentada ante la Semarnat en septiembre de este año, estuvo sustentada en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), una normativa ambiental en México que establece requisitos para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente en el país.
Reyes, quien es experto en asuntos ambientales, compartió su preocupación ante la obstaculización demostrada por la Semarnat frente al amparo 1262/2025, al solicitarle a los participantes su comprobación domiciliar pese a que en la solicitud anexaron copias de sus credenciales de elector. Así mismo explicó la dificultad de congregar todas las acreditaciones domiciliares, por lo que calificó a esta petición como una estrategia para dejar sin efecto al amparo.
Las irregularidades no son novedad
El 5 y 6 de septiembre de este año, la Secretaría de Gobernación en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Semarnat, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y el Gobierno del Estado de Oaxaca, realizaron una consulta en el municipio de Villa Sola de Vega, Oaxaca, en la que la Presa Margarita fue “aprobada” con 1,655 votos a favor y cero en contra, obtenidos a partir de tres asambleas que -según la Comisión- contaron con representantes de 40 comunidades de la región, sin informar el nombre de estas.
La consulta exprés no estuvo apegada al Convenio 169 de la OIT,ni a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Undrip), dos estándares internacionales que exigen la obligación de consultar e informar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados. La irregularidad en la consulta, fue sólo un error de varios que este proyecto hídrico ha venido arrastrando desde sus inicios.
La construcción de la Presa Margarita Maza, inició desde el año 2012 bajo el nombre Presa “Paso Ancho”. A dos años de haber arrancado, el proyecto fue cancelado por la Procuraduría Federal deProtección al Ambiente (Profepa), debido a que no contó con la autorización de la Semarnat para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, además de que los dictámenes de impacto ambiental presentados carecían de análisis jurídicos.
10 años después de su cancelación, este proyecto hidráulico fue reactivado el año pasado, impulsado por el Gobierno de México a través de la Conagua, en colaboración con el gobierno del estado, buscando garantizar el suministro de agua potable para “más de 400 mil habitantes de la ciudad de Oaxaca y su zona conurbada durante los próximos 50 años”, según el portal del gobierno de México. Además, tendrá 72 metros de altura y una longitud de 214 metros para almacenar casi 20 millones de metros cúbicos de agua con un gasto de mil litros por segundo.
Septiembre, 2025, supervisión en Rancho Viejo, Sola de Vega, Sierra Sur, Oaxaca.
Actualmente la construcción está ubicada en localidad de Rancho Viejo de Villa Sola de Vega, y pretende cruzar por Yogana y por la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo.
Una parte de esta presa será construida dentro del territorio perteneciente a San Vicente Coatlán en Ejutla de Crespo, un municipio que desde hace más de 50 años mantiene en conflicto agrario con Villa Sola de Vega por la disputa de 19,600 hectáreas pero que, tras varias mesas de diálogo así como una carta entregada en 2023 para la paz y reconciliación entre las comunidades, que estableció la repartición de las hectáreas en disputa en un 50% para cada comunidad, el conflicto se vio frenado.
Sin embargo, el conflicto puede agudizarse y revivir con la construcción de la presa Margarita Maza, comunicaron pobladores de San Vicente Coatlán en septiembre de este año.
El 17 de marzo de este año, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, divulgó que la inversión de la presa consta de “$4,600 millones de pesos para garantizar mil litros de agua por segundo para la Ciudad de Oaxaca”, mientras que la Conagua, a través de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, la ha anunciado con una inversión de $7,745 millones de pesos informó el Observatorio.
Septiembre, 2025, supervisión en Rancho Viejo, Sola de Vega, Sierra Sur, Oaxaca.
Frente al alto costo destinado a la construcción, el Occama ha propuesto emplear el 10% de ese recurso para preservarla Cordillera Norte -una región montañosa al norte de Oaxaca que incluye incluye la Sierra Juárez, la Sierra Mixe, partes de la Chinantlay la Sierra Mazateca. De igual forma, han propuesto el apoyo a las comunidades en actividades medioambientales y descentralizar la garantía del derecho humano al agua, para que este sea efectivo más allá de la ciudad.
Tras la admisión del amparo 1262/2025, las 28 organizaciones que conforman la iniciativa del Occama, dirigieron un escrito a Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Semarnat, en el que expresan su preocupación ante el proceso de licitación abierto que sostiene la Comisión Estatal de Agua para el Bienestar del Gobierno de Oaxaca (Ceabien), para la construcción de la presa, donde informan que se realizó la visita de 14 empresas al sitio donde se pretende construir, siendo esto un acto irregular pues se trata de un proyecto que aún está en evaluación y que aún no ha sido autorizado por la DirecciónGeneral de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira).
Luego de difundir la carta, el Observatorio se mantiene a la espera del “Foro Parlamento Abierto Ciudadano en Oaxaca: Por la legislación hídrica que México necesita”, donde esperan congregar a pueblos, campesinos, organizaciones, colectivos, universidades y ciudadanía en general para “revisar puntos sustantivos, debatir y construir consensos” en torno al problema hídrico en Oaxaca.
Comenzando con el derrocamiento del presidente de Sri Lanka en 2022 y el levantamiento de 2024 en Bangladés, una nueva efervescencia revolucionaria ha comenzado a extenderse por todo el mundo, cobrando impulso con el levantamiento en Indonesia en agosto de 2025 y la insurrección en Nepal en septiembre. Desde entonces, han estallado intensas protestas en Perú, Filipinas, Madagascar, Marruecos y otros lugares. Para comprender mejor las diferentes formas que está adoptando esta ola de actividad en distintas partes del mundo, hemos hablado con dos participantes del movimiento Gen Z 212 en Marruecos.
En primer lugar, ¿con quién estamos hablando? Comparte con nosotros todo lo que puedas contarnos sobre quiénes son, qué hacés y cuál es su posición en la sociedad marroquí y en los movimientos sociales.
Somos Yousra y Qamar, activistas feministas con sede en Casablanca. Qamar también está empezando a dar clases en la universidad y Yousra trabaja en una oficina en Kénitra. Las dos estamos involucradas en una red feminista y queer que abarca todo el país. La red actúa principalmente como una serie de bases para la solidaridad material y la ayuda colectiva, una plataforma de politización y movilización, así como de defensa.
Mientras que Qamar participó activamente en el levantamiento de 2011, Yousra era un poco joven para ello. Además de participar en la plataforma organizativa y en las manifestaciones, actualmente trabajamos para conseguir ayuda legal y médica durante esta insurrección.
Antes de responder al resto de las preguntas, queremos hacer algunas aclaraciones. Esta insurrección es muy reciente y cualquiera que afirme tener una lectura o un análisis claros de lo que está sucediendo, incluso estando tan cerca de los acontecimientos como estamos nosotras, miente.
¿Cómo entiendes lo que está sucediendo en Marruecos en este momento? ¿Puedes darnos algunos antecedentes sobre el levantamiento?
Lo que está sucediendo ahora mismo es la consecuencia natural de una serie de decisiones políticas catastróficas tomadas por un sistema que es fundamentalmente contrario al pueblo. Para contextualizar, Marruecos es un país con una violencia y unas diferencias de clase muy intensas, un sector público moribundo (hospitales, escuelas y otras instituciones similares) y una clase media empobrecida. Además, el grupo de edad más numeroso del país es el de las personas jóvenes, y más de un tercio de nosotras estamos desempleadas. Cuando una persona joven encuentra trabajo, a menudo se trata de un empleo no registrado, lo que le impide acceder al escaso sistema de bienestar social. Sin embargo, este país, sometido a una gran presión y sin servicios públicos, está llamado a acoger la Copa Africana de 2025 y la Copa del Mundo de 2030.
Como dice el cántico: «Construiste estadios y te olvidaste del pueblo de Al-Haouz».
Campamentos en Marruecos.Estadios en Marruecos.
Varios factores desencadenaron el movimiento. En primer lugar, como se ha dicho muchas veces, ocho mujeres murieron en Agadir durante operaciones de cesárea en el mismo hospital en solo un mes. Esto provocó las primeras manifestaciones contra la Copa del Mundo, en las que se exigían mejores servicios sanitarios. Luego, se inauguró y se hizo alarde de un nuevo estadio de fútbol de alta tecnología en el segundo aniversario del terremoto de Al-Haouz, cerca de Marrakech, donde muchas de las víctimas que perdieron sus casas siguen viviendo en tiendas de campaña y campamentos. ¡Tan poco les importa!
Esto dejó clara la prioridad del Estado y, mientras la gente se escandalizaba por estas políticas, las máquinas de propaganda no paraban de hablar de ciertos objetos culturales que habían conseguido clasificar como marroquíes en la UNESCO. ¡Como si nos importara! Así que acuñamos un nuevo término para este nacionalismo fascista y estético que se niega a ver lo que está pasando en nuestro país: Zlayji, en referencia al Zellige que tanto les importaba. (Zlayji es un patriota marroquí en exceso que decoraría su coche con toneladas de banderas marroquíes, etc, mientras que Zellige son los mosaicos de formas geométricas).
Finalmente, se produjo la liberación temporal del líder del movimiento Rif Hirak de 2017, Nasser Zefzafi. Es el líder del movimiento pacifista Riffi (los Riffi son los amazigh de la región norte, llamados así por las montañas del Rif) que exigía menos exclusión y un mejor acceso a los hospitales, la educación y trabajo. Nasser Zefzafi está cumpliendo actualmente una condena de 20 años de prisión y se niega a firmar los documentos para aceptar el indulto real, que le concedería la libertad a cambio de «disculparse públicamente por incitar a un movimiento separatista». Fue liberado temporalmente para asistir al funeral de su padre y su discurso conmovió profundamente a la gente. Los que pertenecemos a la generación Z éramos muy jóvenes cuando se produjo el movimiento del Rif, así que cuando circularon decenas de vídeos del movimiento de 2017, comprendimos que luchaban por la misma causa que nosotros y decidimos inspirarnos en este movimiento. Hoy gritamos por la liberación de Zefzafi y de todos los y las manifestantes riffíes de todas las ciudades de Marruecos.
El movimiento del Rif en Marruecos.
Y cuando todo parecía oscuro aquí, nuestras pantallas comenzaron a llenarse de imágenes, vídeos y artículos sobre la revolución de Nepal. Se puede decir con seguridad que sin Nepal, la juventud marroquí no se habría levantado como lo hicimos. Así que cuando estalló la primera protesta del cuerpo médico en Agadir, la gente empezó a organizarse. Eso fue dos semanas antes de las primeras manifestaciones del 27 y 28 de septiembre.
Empezamos a organizarnos principalmente a través de Discord, que antes se utilizaba sobre todo para videojuegos o para trabajar en proyectos grupales para la escuela o la universidad. También seguimos haciendo vídeos y contenido en otras plataformas como TikTok e Instagram para que la gente se uniera a la plataforma de organización Discord. Esto ofrecía anonimato y descentralización. Me uní en los primeros días, cuando Discord solo tenía 1000 miembros; hoy en día, tiene más de 200.000. Lo iniciaron principalmente jóvenes marginados, estudiantes, adultos jóvenes que no pueden encontrar trabajo, etc., para organizar manifestaciones simultáneas en todas las ciudades y pueblos del país. Antes de las manifestaciones, comenzamos a debatir abiertamente sobre cómo organizarnos (centralizado frente a descentralizado, pacifista frente a «violento», si crear una organización entre comillas o no) e invitamos a periodistas marroquíes especializados en corrupción, así como a personas que participaron en el 20 de febrero (el nombre del levantamiento de 2011 en Marruecos).
En cuanto a las reivindicaciones clave, siempre han sido claras: mejores hospitales y educación, el fin de la corrupción y de la Copa del Mundo de 2030, más puestos de trabajo y la caída de nuestro Gobierno y de las élites ricas. Es importante señalar que el actual primer ministro es uno de los hombres más ricos de Marruecos. Es multimillonario (en dólares estadounidenses) y es responsable de agravar la crisis del agua en nuestro país cuando introdujo un plan para… plantar sandías y aguacates en el desierto. Muchas zonas rurales no tienen acceso a agua potable, pero el plan no se ha reformado y los lectores de Francia o España pueden comer estas sandías y aguacates cuando les plazca.
Aunque la demanda de la caída del Gobierno siempre estuvo presente, se hizo cada vez más importante a medida que la represión se intensificaba. Desde los primeros días, decenas y luego cientos de personas inocentes y pacifistas fueron detenidas preventivamente, incluyendo incluso a padres con hijos. Nos golpearon con una violencia y un odio demenciales; a algunas mujeres les quitaron a la fuerza sus hiyabs. Al cuarto día, la policía atropelló a varias personas en Oujda, dejando a un joven en estado crítico. Al día siguiente, en Agadir, se disparó con balas reales contra personas, incluidos menores. Hubo tres mártires y una docena de heridos solo por las balas. En Marrakech, salieron con tanques y detuvieron preventivamente a casi la mitad de los jóvenes de la ciudad. Algunos fueron puestos en libertad, pero otros siguen a la espera de juicio, enfrentándose a la amenaza de hasta 20 años de prisión. Todo esto lo justifica la maquinaria propagandística del Estado, ante la ausencia de una prensa libre.
Fotografía de Yassine Toumi.
¿Cuáles son las diferentes fuerzas que compiten dentro y contra el movimiento?
Las fuerzas dentro del movimiento son variadas. Se trata en su mayoría de jóvenes marginados, pero también de personas que están decepcionadas no solo con todos los partidos políticos, sino también con todas las organizaciones y asociaciones. La movilización está impulsada principalmente por redes informales. Al tratarse de un movimiento a gran escala, estas compiten en todos los contextos, por ejemplo, en lo que respecta al conservadurismo cultural o la colaboración con otras organizaciones o partidos, pero todo se debate en Discord. Sin embargo, por ahora, el bando más conservador no está ganando, debido a los ridículos intentos del Gobierno de desviar la atención hacia la «promoción de la homosexualidad», que no han funcionado.
Esperábamos el apoyo de los ultras (los grupos de aficionados al fútbol que a menudo se perciben como la voz del pueblo) en particular, pero, lamentablemente, no acudieron en gran número. En cuanto a los partidos políticos, varios partidos de izquierda e islamistas intentaron subirse al carro concediendo montones de entrevistas y llamando mucho la atención durante las manifestaciones. Esto fue muy mal recibido por el grupo Genz212, que lo vio como un intento de secuestrar el movimiento, especialmente porque después todos hicieron mucho ruido por unos cuantos coches quemados y apenas mencionaron a las víctimas del lado de los y las manifestantes. Las personas jóvenes de Adl w al ihsan (un grupo salafista pacífico muy activo en el apoyo a Palestina) también comenzaron a marchar con nosotras (especialmente en Marrakech y Tánger, por ejemplo), pero, de nuevo, esto asustó a mucha gente, ya que están en negociaciones con el Estado para convertirse en un partido oficial, y nosotros seguíamos temiendo ser utilizadas. Las recientes manifestaciones nacionales con motivo del segundo aniversario de la operación «Al-Aqsa Flood» se llevaron a cabo con el pueblo y el colectivo al frente de la marcha; éstas fueron una oportunidad para que los otros grupos que se movilizaron comprendieran mejor nuestro movimiento.
Las fuerzas estatales reprimen las manifestaciones nacionales en solidaridad con Palestina este año.
Mucha gente ha preguntado sobre el papel del rey de Marruecos en estos acontecimientos. Una de las razones de la violencia inmediata y ciega del Estado podría ser que pronto se producirá la transición real y se pretende coronar a un príncipe que ni siquiera tiene 23 años. Este periodo es extremadamente aterrador y frágil para el régimen.
El lema nacional de Marruecos podría ser «Alá, Patria, Rey», pero la importancia de estos términos a los ojos del Estado es inversa. Los mayores tabúes en Marruecos son: 1) el rey, 2) el país (es decir, la cuestión del Sáhara Occidental) y 3) la religión. La plataforma organizadora ha ofrecido una forma de hablar de todas estas cuestiones sin ser expulsado. El movimiento no está en contra de la monarquía, pero se permite criticar y ridiculizar al rey y sus poderes, lo cual es inaceptable a los ojos del Estado.
Cuando nuestro número se disparó y nos enfrentamos a la represión policial, esas cuestiones estructurales quedaron naturalmente relegadas fuera de los principales chats grupales. Tras la propaganda masiva a la que nos enfrentamos para justificar las acciones de la policía, la gente se apresuró a defender el movimiento y a recordar al público que salimos a la calle para exigir derechos básicos, no un cambio de régimen. Debido al miedo, nuestro número disminuyó y algunos manifestantes pidieron la intervención del rey para deshacerse del Gobierno y detener la locura. Pero en ese momento, la gente en las calles se niega a cantar cánticos en su honor o a rezar por su recuperación, como se nos ha pedido.
El pasado viernes, 10 de octubre, el rey pronunció un discurso, pero no destituyó al Gobierno ni reconoció realmente las manifestaciones. Esto se considera un fracaso temporal y actualmente nos estamos reagrupando para encontrar otras formas de hacernos oír.
Una protesta en solidaridad con Palestina. Rabat, Marruecos, 5 de octubre de 2025. Fotografía de Issam Chorrib.
¿Puede describir cómo está la situación actual con la ocupación marroquí del Sáhara Occidental?
La mayoría de los refugiados saharauis viven en Tinduf, en el Sáhara argelino, que está organizado en campamentos según las ciudades de las que proceden los refugiados. Esta es también la base del Frente Polisario. El Frente Polisario es el principal actor político y militar de la lucha saharaui; al mismo tiempo, ha recibido oposición y críticas del pueblo saharaui desde principios de la década de 2000. Es importante señalar que no garantizó la seguridad ni un marco democrático en Tinduf.
El alto el fuego de 1991 que puso fin a la guerra anterior fue declarado roto por el Frente Polisario en noviembre de 2020 tras una operación militar marroquí cerca de la ciudad de Guerguerat. Este alto el fuego otorgó a Marruecos el control del 80 % del territorio y al Frente Polisario el 20 %. Desde 2020, el Frente Polisario afirma ocasionalmente que ataca posiciones marroquíes a lo largo del muro de la vergüenza. La realidad es que los drones militares marroquíes atacan con frecuencia el otro 20 %. Aunque afirman atacar a los combatientes del Polisario, estos drones a menudo golpean a civiles de la población que se vio obligada a huir a Tinduf.
En lo que respecta a nuestro movimiento, uno de los primeros temas que discutimos fue cómo la anexión del Sáhara no nos aportó nada, salvo más censura y vigilancia policial. La parte marroquí propone un plan de autonomía como parte de la Constitución para el Sáhara, pero ¿de qué ley o Constitución estamos hablando si la policía atropella a los activistas con sus coches? También hemos debatido el creciente temor a un conflicto. Si ahora nos están golpeando, ¿realmente esperan que «defendamos las fronteras» si es necesario?
Las manifestaciones en el Sáhara se llevan a cabo bajo una intensa vigilancia policial. Esto ha sido aplaudido por el Frente Polisario sin ningún contacto real con el movimiento. Algunos medios de comunicación también nos han acusado de estar en contacto con ellos, lo cual es obviamente falso.
Fotografía de Yassine Toumi.
¿Puedes contarnos alguna historia de tu experiencia personal que refleje el espíritu de estas protestas?
Las historias no son alegres. Nos manifestamos principalmente en Casablanca, y una o dos veces en Rabat o Kenitra.
Los primeros días, nos enfrentamos principalmente a la brutalidad policial. Utilizo la palabra «policía» en sentido amplio; incluye a todas las fuerzas represivas que están en las calles, como la Gendarmería Real y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Me di cuenta de que tienen dos técnicas principales: la primera es cargar para dispersar cualquier tipo de unidad y luego se abalanzan sobre nosotras y empiezan a pelear contra contra una de nosotras dos o cuatro contra una, como en las peleas callejeras, pero peor. Inmediatamente empezamos a pensar en los amigos y compañeros que se llevaban. Sabíamos que habría represión, pero no así. Algunos compañeros y compañeras se presentaron ante el Tribunal de Justicia para intentar ver a las personas detenidas y ofrecerles asistencia jurídica, y también fueron detenidas.
Luego vino la conmoción de ver cómo atropellaban o disparaban a la gente, y empezamos a trabajar para ayudar. Después de la caída de los tres mártires, comenzaron a reducir las fuerzas policiales, excepto las vestidas de civil. En cambio, estacionan a la policía en los barrios ricos y frente a los bancos. La gente ha aprovechado esta oportunidad para desarrollar otras herramientas, como el boicot y la piratería informática.
Hemos leído sobre el «colectivo Gen Z 212» en las noticias. ¿Podrías compartir lo que sabes sobre sus antecedentes? ¿Cuál ha sido su papel en las protestas?
Gen Z 212 es la plataforma y el nombre de nuestro movimiento. Es el nombre del Discord. Para las protestas, actúa como catalizador, cada ciudad o pueblo tiene salas de chat donde decidimos dónde deben realizarse las manifestaciones. Recientemente, también nos hemos organizado para ayudar a las personas detenidas y heridas. Votamos casi todo. Y a menudo se realizan controles a las personas administradoras.
Fotografía de Issam Chorrib.
¿En qué medida las personas participantes en el movimiento en Marruecos se consideran parte de un movimiento global? ¿Qué tácticas, formas de organización y aspiraciones han tomado las personas en Marruecos de los movimientos en otras partes del mundo?
El nombre Gen Z y las tácticas (organización digital descentralizada, cultura meme, llamamientos a la acción descentralizados, ocupación y tácticas de sentadas) sitúan intencionadamente al movimiento de Marruecos en conversación con los levantamientos juveniles globales (Indonesia, Perú, Nepal, Madagascar, etc.). Muchas veces hemos hecho referencia a la solidaridad global y hemos aprendido tácticas como la coordinación rápida y descentralizada, las comunicaciones seguras de código abierto y la acción directa simbólica. Lo que ocurrió en Nepal permitió a muchas personas jóvenes marroquíes tomar conciencia de lo que es posible. A día de hoy, seguimos haciendo videoclips que conectan nuestras manifestaciones con las de Nepal. La comparación global ayuda a enmarcar la narrativa y a fomentar la solidaridad, pero las demandas vividas por el movimiento tienen sus raíces en los servicios sociales nacionales, la precariedad económica y la rendición de cuentas.
Antes de este movimiento (y aún hoy), hemos dudado un poco a la hora de considerar a las personas jóvenes como un actor político, ya que esto borra las diferencias de clase, y probablemente por eso es tan popular entre las ONG. Pero sigue siendo cierto que las condiciones de vida han empeorado a nivel mundial y que la libertad de información y de expresión que ofrece Internet -el anonimato y los recursos que pone a disposición- es posiblemente el arma más poderosa del siglo. No es que esto no existiera antes, concretamente en 2011, pero hoy en día la relación que tenemos con ello y nuestra forma de interactuar con ello son diferentes.
Por último, en lo que respecta al contexto marroquí -aunque esto es algo que se repite en muchos países tras la descolonización-, en los años setenta y ochenta hubo movimientos muy poderosos en las calles y organizaciones radicales de izquierda, así como disturbios debido a la hambruna. La respuesta del Estado bajo el anterior rey, Hassan II, fue meter a la gente en fosas comunes, prisiones secretas a gran escala y cámaras de tortura. Esto dejó a la generación anterior con un miedo traumático, de modo que la palabra «manifestaciones» es peor que maldecir a Alá. Somos la primera generación que no vivió bajo el mandato de Hassan II ni en el brutal período conocido como «los años de plomo». Es fundamental comprender esto para poder empezar a analizar lo que estas manifestaciones significan para el pueblo marroquí.
Fotografía de Mosa’ab Elshamy.
Marruecos vivió protestas en 2011 durante la Primavera Árabe. A diferencia de lo que ocurrió en Túnez, Egipto y Libia, estas no condujeron a la caída del régimen. En 2018 y 2019, otra ola de protestas se extendió por el mundo árabe, comenzando en Argelia y Sudán. ¿Cómo influyen las protestas de 2011 y 2019 en los acontecimientos actuales? ¿Qué parece diferente en esta ola?
El movimiento Genz212 se ve y se presenta a sí mismo como la continuación del Movimiento Rif de 2017, el levantamiento del 20 de febrero de 2011, e incluso hace algunas referencias a las manifestaciones y disturbios bajo el mandato de Hassan II, así como a los sindicatos y organizaciones estudiantiles como Ila al Amam (es decir, marxismo-leninismo). Una de las principales razones es que nada ha cambiado realmente desde 2011; la libertad que se ganó fue arrebatada. O bien los participantes aceptaron trabajar para el Estado o acabaron en la cárcel o en el exilio.
La Primavera Árabe marroquí comenzó abordando las cuestiones políticas de un sistema represivo, mientras que el movimiento del Rif y nuestro movimiento comenzaron planteando reivindicaciones relacionadas con las condiciones materiales; ahora estamos tratando de formular una crítica política de las razones por las que no podemos tener hospitales y escuelas. Algunas de las principales diferencias son también la edad de los participantes y los catalizadores del movimiento, que son mucho más jóvenes en el movimiento Genz212, por no mencionar un medio de organización menos moderado/regulado.
Lo que siempre decimos es que, a diferencia de los levantamientos anteriores y de las generaciones anteriores, no daremos marcha atrás.
La Primavera Árabe en Marruecos.
A principios de este año, hubo protestas masivas en Marruecos en respuesta al genocidio que se estaba produciendo en Gaza. También hubo protestas en pueblos rurales a principios de este verano. ¿Formaron parte del impulso que condujo a este levantamiento? ¿Cómo influyen en la situación?
Este año hubo muchas protestas fragmentadas y localizadas en Marruecos en relación con las condiciones laborales, en las que participaron agricultores, profesores y médicos, que fueron rápidamente reprimidas y dispersadas. Pero sirvieron como impulso, motivo de movilización y fuerza de movilización local. En cuanto a las movilizaciones de solidaridad con Gaza y las acciones como los bloqueos portuarios o los boicots a principios de 2025, estas crearon conocimiento organizativo, redes de movilizadores y confianza entre activistas, estudiantes y ciertos sindicatos. Por ejemplo, los trabajadores portuarios estuvieron en huelga durante unos días durante nuestra movilización. Esas acciones también normalizaron las grandes concentraciones, la acción directa y la documentación de grandes protestas que fueron ignoradas por los medios de comunicación oficiales, además de fortalecer la infraestructura de apoyo legal gratuito.
¿Cómo sería la victoria?
A corto plazo, la victoria sería la caída de nuestro Gobierno, la rendición de cuentas de la policía criminal, las fuerzas auxiliares y la gendarmería real, la cancelación de la Copa del Mundo de 2030 y la asignación de su presupuesto a hospitales, escuelas y salarios de las personas trabajadoras de esas instituciones y, por último, la ruptura de los lazos de normalización con el Estado sionista. Estas son nuestras demandas urgentes.
A largo plazo, porque sabemos que no es tan fácil, significaría desmantelar el sistema que ha provocado esta situación y ha obligado a más de una cuarta parte de la población a huir del país, incluso en ausencia de una guerra activa.
Sería el fin de una monarquía que mantiene el derecho de vida y muerte sobre el pueblo y el monopolio de docenas de sectores de nuestra economía, mientras se derrocha en los palacios más bellos del mundo.
Sería la autodeterminación del pueblo, empezando por nuestros hermanos y hermanas del Sáhara, y poniendo fin a la rivalidad, obviamente fabricada, con Argelia, que solo sirve como medio para controlar y oprimir a ambos pueblos, que siempre fueron uno.
Sería el fin de un sistema neocolonial racista que lo concede todo a los extranjeros blancos y somete al pueblo de África Occidental a la discriminación racial y la marginación. Significaría el fin de la colaboración con Occidente y otros imperios extranjeros en sus crímenes.
Sería el fin de un sistema de vigilancia que lo sabe todo sobre todas las personas y nos hace vivir con miedo.
Sería una rendición de cuentas verdadera y transparente, justicia y compensación por los crímenes contra la humanidad cometidos bajo este régimen y el del anterior rey, Hassan II.
Sería el fin de un sistema económico basado en el clientelismo y la afinidad entre las élites, en el que unos pocos tienen enormes monopolios sobre nuestra economía, mientras que el resto trabajamos para ellos y les reembolsamos cada vez que compramos leche, azúcar o gasolina.
Sería el fin de este sistema que llamamos «makhzen». Makhzen significa literalmente “almacén” en árabe (de khazana, “almacenar”). Originalmente se refería al lugar donde los funcionarios del rey recibían sus salarios. Sin embargo, con el tiempo, makhzen en árabe marroquí se convirtió en sinónimo de élite.
Sería un lugar donde las personas tuvieran verdaderamente dignidad y libertad.
Supongo que sería otro país, el que nos merecemos.
¿Qué pueden hacer las personas fuera de Marruecos para apoyar a los activistas antiautoritarios de allí?
Para cualquiera en Europa, es importante saber que, históricamente, después de todos los movimientos e insurrecciones en Marruecos, se producen enormes oleadas de exilio, independientemente del resultado. El Estado abre las fronteras para deshacerse de aquellas personas que considera indeseables y la gente huye principalmente a Europa. Lo hicieron después del movimiento del Rif de 2017, por ejemplo. Una forma de ayudar es luchar contra el fascismo allí donde estés y organizarte con las personas que llegan sin papeles para que puedan llegar a salvo.
Además de eso:
BOICOTEEN LA COPA AFRICANA DE 2025 BOICOTEEN LA COPA MUNDIAL DE 2030
Estos eventos están manchados con la sangre de nuestros compañeros y compañeras.
BOICOTEEN EL TURISMO EN MARRUECOS
Y den voz a los y las manifestantes aquí y a nuestros aliados y aliadas en la diáspora, que tienen más libertad para expresarse.
¡Gracias! ✊
Fotografía de Mosa’ab Elshamy.
Para concluir, ¿puedes recomendar fuentes para que la gente conozca más sobre el movimiento?
También puede consultar el canal de YouTube de Discord para escuchar algunos de nuestros debates anteriores y reseñas de nuestras acciones, así como conversaciones con periodistas independientes sobre la corrupción, las revueltas pasadas en nuestro país y (en la mayoría de los casos) el tiempo en prisión o el exilio. Para empezar, te recomiendo que escuches nuestros debates sin invitados y, en cuanto a los invitados, empieza por Aboubakr AlJamai.
Aquí puedes escuchar uno de los pocos podcasts independientes sobre el activismo marroquí, las revueltas pasadas, la política autónoma y de base, y temas similares que no se limitan a repetir la propaganda del régimen.
«Moroccan Youth» era un grupo de Telegram que quería iniciar un movimiento unas semanas antes de Gen Z 212, pero nos arriesgábamos a ir a la cárcel y no lo llevamos a cabo. Muchos de estos jóvenes se unieron rápidamente al movimiento. Han sido un poco demasiado estrictos en la cuestión del pacifismo para mi gusto; ideologías aparte, los disturbios pueden considerarse legítimamente como defensa propia, tanto en el movimiento actual como en la historia de las revueltas marroquíes. Pero han hecho un gran trabajo cubriendo el movimiento con algunas publicaciones en inglés.
Esta es una página que publica principalmente sobre cuestiones relacionadas con el agua, una de las mejores fuentes sobre el tema. Recientemente, también han estado publicando sobre el movimiento y las raíces socioeconómicas de nuestras demandas. Es muy educativa y está disponible tanto en árabe como en inglés. Puedes encontrar otra fuente sobre el mismo tema aquí.
Esta página publicó el vídeo y las fotos del tiroteo policial que mató a tres jóvenes marroquíes inocentes. Suele centrarse en el tema de las personas marroquíes y otras personas que huyen del país.
Por último, recomendamos este documental sobre un cantante saharaui revolucionario.
En portada: Integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal se manifiestan para exigir justicia a un año del asesinato del padre Marcelo.
Mientras el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, presume que es el “segundo estado más seguro del país”, las agresiones contra defensores, periodistas y activistas aumentaron 29% en lo que va del año 2025, revela un informe elaborado por el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Chiapas (El Obse).
El pasado viernes (31), El Obse difundió un informe en el que documenta 79 agresiones contra defensoras, defensores y periodistas ocurridas en el estado al sur de México durante el primer semestre del año 2025. Acorde al organismo, los datos son alarmantes pues, comparados con el mismo periodo del año 2024, muestran una tendencia clara con el aumento en la violencia contra las personas defensoras.
Los registros de El Obse demuestran que los tipos de agresiones documentadas buscan obstruir o detener la labor de defensa de derechos humanos en Chiapas, lo cual se evidencia con el patrón de violencias y hostigamientos registrados. Entre los casos documentados, 85% fueron ataques directos a defensores y periodistas, y sólo el 15% se enmarcaron en riesgos contextuales. Del total de violencias, el 62% fueron agresiones físicas y el 38% digitales.
Entre los tipos de agresión más frecuentes destacan la intimidación, difamación, vigilancia, criminalización, agresión verbal y abuso de autoridad. Por su parte, las agresiones digitales se materializaron con mensajes de odio, agresivos, intimidatorios o mensajes sexuales.
“En particular, se observa un incremento de las acciones de vigilancia e intimidación en ámbitos digitales, así como de agresiones graves en el ámbito físico. La difamación se lleva a cabo por parte de funcionarios estatales, en represalia a las denuncias de violencia e inoperancia del aparato estatal, criminalizando la legítima labor de la sociedad civil y de las personas periodistas”, detalla el informe.
El Obse destaca también la diferencia de los datos actuales con el periodo del 2024, en cuanto a los orígenes de las agresiones. En sus registros, durante los primeros siete meses del 2025, se evidenció un cambio en el perfil de los agresores. Mientras que el año pasado los responsables eran identificados como parte del crimen organizado, durante 2025 los principales agresores son actores desconocidos y actores estatales.
El Padre Marcelo durante su participación en Acteal durante actividades religiosas y políticas. Foto: Abejas de Acteal
En segundo lugar, detalla el organismo, especialmente en los casos de difamación, se identifican como agresores a autoridades gubernamentales. En último lugar identifican a personas vinculadas al crimen organizado. Entre las principales motivaciones atribuídas a los agresores se encuentra el generar miedo, el desprestigio, la desactivación de la labor de defensa, la criminalización y la autocensura.
Lo más atacado: territorio, justicia y mujeres
Acorde a El Obse, los 79 incidentes registrados implican la ocurrencia de un promedio de 11 incidentes violentos por mes. Entre las agresiones contra defensores, los derechos más atacados están vinculados a la tierra y al territorio, el acceso a la justicia, los derechos de pueblos originarios y de las mujeres.
Destaca la defensa de la tierra y territorio como el ámbito con mayor número de agresiones, en comparación con el mismo periodo registrado durante el año 2024. Asimismo, enfatiza el informe, se registra un incremento en las agresiones contra quienes defienden los derechos de las mujeres.
Mujeres de Las Abejas de Acteal han levantado la voz contra la violencia en los Altos de Chiapas. Fotos: Abejas de Acteal
Entre las víctimas se encuentran personas integrantes de organizaciones de derechos humanos, activistas, autoridades comunitarias y líderes o lideresas de organizaciones locales en contextos de mayor violencia. “La mayoría de las víctimas de las agresiones documentadas son mujeres, un 66% en 2025, lo que representa un aumento respecto al mismo periodo en 2024; cuando fueron un 58%”, subraya El Obse.
En aumento, agresiones en contexto de “paz”
Durante marzo, en el contexto de su informe por los primeros 100 días de su mandato, el gobernador Ramírez Aguilar presentó a Chiapas como “el segundo estado más seguro del país”. Sin embargo, la información recabada por las organizaciones que colaboran con El Obse revela un escenario muy distinto.
Con la implementación de una nueva estrategia de seguridad, en la que destaca la actuación del nuevo cuerpo policiaco conocido como la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), poblaciones han atestiguado la reducción de enfrentamientos armados, lo que ha contribuido a una percepción de aparente calma, subraya el informe.
“Sin embargo, al día de hoy la violencia continúa, las formas de control y las amenazas que vive la población persisten, tales como el reclutamiento forzado, la desaparición de personas, el desplazamiento forzado y la presencia de fuerzas armadas en todo el estado”, denuncia El Obse.
El informe añade que los operativos de la FRIP se han concentrado en la persecución de delitos del fuero común y, aún más, se han documentado violaciones de derechos humanos durante la actuación policiaca, incluyendo acciones como detenciones arbitrarias y tortura. Aunado a ello, enfatizan que existe un control de la información y de la narrativa alrededor de la estrategia de seguridad, como ejemplifican los múltiples desmentidos públicos sobre hechos violentos reportados por la población de parte de funcionarios estatales.
“Con 73 personas defensoras agredidas de enero a julio 2025 y 69 durante el mismo periodo de 2024, no se puede hablar de avances en la seguridad de las personas defensoras en el estado”, sostiene El Obse, para quien la persistencia de los niveles de violencia contrasta con la narrativa institucional que insiste en la idea de una “pacificación” de los territorios mientras normaliza la crisis de inseguridad.
“Dicha narrativa, sin embargo, no se sostiene en datos ni en una transformación real de las condiciones de seguridad, sino que se apoya en una estrategia de militarización creciente que refuerza el control territorial sin cuestionar -y mucho menos desmantelar- las redes del crimen organizado”, señala el informe.
Para las organizaciones, esta contradicción es clara mediante la creación y robustecimiento de la FRIP, presentada como un cuerpo especial para el combate al crimen organizado, al mismo tiempo que desde el discurso oficial se niega la violencia como una amenaza estructural en Chiapas. “Mientras se afirma que ‘no está pasando nada’, se despliegan dispositivos policiales y militares bajo el pretexto de la seguridad, agravando la criminalización de personas defensoras y la ocupación militar de Chiapas, con especial énfasis en los municipios fronterizos”, enfatiza El Obse.
En portada: El abogado Carlos González durante el XV aniversario de la recuperación de tierras en Xayakalan, Ostula, Michoacán. Foto: Regina López.
La diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Judith Vanegas, ha señalado y amenazado a un asesor jurídico del Congreso Nacional Indígena (CNI), acusándolo de ser “enemigo histórico” de los proyectos de desarrollo, además de adelantar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “lo tiene bien ubicado”.
“Anótenlo de una vez: se llama Carlos González García”, resonó desde la tribuna del Congreso de la Ciudad de México el pasado 30 de octubre de 2025, en voz de la diputada, refiriéndose al abogado que acompaña jurídicamente a comuneros y comuneras de Milpa Alta, una de las 16 demarcaciones de la CDMX.
Durante una Mesa de Trabajo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, transmitida en vivo por las redes sociales del legislativo, la diputada morenista por Tláhuac y Milpa Alta, cruzó la línea entre el debate político y la criminalización al nombrar a uno de los abogados más destacados por la defensa de los procesos autónomos de diversos pueblos originarios de todo el país, como integrante del Congreso Nacional Indígena.
La postura de la diputada fue transmitida en vivo y, con tono acusatorio, espetó: “atrás de todo esto, va a salir el nombre… anótenlo de una vez… se llama el licenciado Carlos González García, que ha sido enemigo histórico de todo esto que se intenta hacer”, refiriéndose a los nuevos proyectos de desarrollo.
La parlamentaria también afirmó, sin presentar pruebas, que el defensor fue quien “levantó” a los pueblos en su contra cuando fue alcaldesa y que “estuvo atrás del movimiento en contra de la Doctora Claudia”, refiriéndose a la entonces Jefa de Gobierno y ahora Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
La reacción no se hizo esperar. Al día siguiente, los comuneros y comuneras de San Pedro Atocpan emitieron un contundente comunicado dirigido a la diputada. Lejos de deslindarse de su asesor, lo defendieron con firmeza y desmontaron sus argumentos.
Aclararon que el bloqueo de la carretera federal Xochimilco-Oaxtepec, en diciembre de 2022, al que la diputada hizo referencia, fue una decisión “totalmente de la Asamblea Comunal” de los nueve pueblos de Milpa Alta. Señalaron que esta medida de protesta fue un recurso ante la “negatividad” y la falta de diálogo de la entonces alcaldesa Vanegas Tapia, quien, aseguran, “nunca tuvo la capacidad y disposición de entablar diálogo con los comuneros”.
“El licenciado Carlos González García, en ningún momento nos vino a ‘levantar’ a los pueblos y barrios originarios y mucho menos ‘estaba atrás del movimiento en contra de la Doctora Claudia’”, enfatizaron. Y, en un pasaje que refleja la peligrosidad del contexto, los comuneros responsabilizaron directamente a la diputada, “de lo que le pueda pasar a nuestro asesor jurídico”, citando sus palabras como una amenaza pública.
Por su parte, el Nodo de Derechos Humanos (Nodho) se sumó a la denuncia, calificando las declaraciones de Vanegas Tapia como una “campaña de estigmatización y criminalización” contra la legítima defensa del territorio.
En un pronunciamiento, el Nodho alertó que con dichas declaraciones, la diputada morenista, “expuso la integridad de Carlos González y abrió la puerta a que sea criminalizado, agredido y tratado como delincuente”, a pesar de que su trayectoria “ha sido justamente la de caminar a lado de los pueblos y en contra de intereses mezquinos, extractivistas y racistas”.
Desde la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes”, la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, también integrante del CNI, emitió una denuncia pública donde profundiza en la gravedad de los señalamientos. Llamó la atención sobre el hecho de que Vanegas Tapia afirmara que la Presidenta Claudia Sheinbaum “lo tiene ubicado”.
Carlos González junto con la comunidad Otomí residente en la CDMX.
Para la comunidad Otomí, esto no es una declaración aislada, sino un mensaje coordinado desde el poder. “Es lamentable que siga criminalizándose la lucha social, pues el compañero Carlos González García,-y eso lo sabe bien Claudia Sheinbaum-, toda su vida ha acompañando al movimiento indígena y campesino de este país”, señalaron.
Condenaron el “racismo, discriminación y desprecio” de la denominada Cuarta Transformación (4T) -sello con el que se ha presentado el gobierno que preside el partido MORENA- hacia los pueblos originarios, y rechazaron la narrativa que les niega su capacidad de autodeterminación, insinuando que necesitan ser “levantados” por un agente externo. La comunidad Otomí arremetió recondando los siglos de experiencia en la resistencia indígena, “se equivoca Sra. Diputada… los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, han resistido por más de 533 años”, sentenciaron.
El trasfondo de los señalamientos
El trasfondo de este conflicto son el Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT) y el Plan General de Desarrollo (PGD), instrumentos de planeación que las comunidades originarias que aún sobreviven en la Ciudad de México, perciben como una amenaza que busca despojarlos de sus tierras comunales y allanar el camino para megaproyectos inmobiliarios y extractivos.
La lucha contra estos planes ha unido a pueblos de Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac, y ha encontrado en asesores como Carlos González García una herramienta jurídica para su defensa. La criminalización de su figura no es, para los denunciantes, más que la evidencia de que la autodenominada 4T ha adoptado los mismos métodos de sus antecesores para silenciar a quienes se oponen a estos proyectos de “desarrollo”.
Mientras la diputada Vanegas y el gobierno morenista insisten en pintar al defensor como un “enemigo histórico”, la voz de diversas colectividades comienzan a resaltar como respaldo.
La comunidad Otomí ha resaltado que la diputada omitió mencionar que tambien ellos han sido parte, juanto a las comunidades de Milpa Alta, de los alzados a los que refiere, “también estuvimos ahí, y vamos a seguir estando con los pueblos originarios de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, le guste o no le guste Sra. Diputada. La autodeterminación y Autonomía de los Pueblos, la decidimos nosotros, por encima de su Congreso de la Ciudad”, sentenciaron.
En portada: Campesinos del sur de Perú participan en protestas para rechazar el proyecto minero.
Los agricultores del Valle del Tambo, en el sur del Perú, se enfrentan a un intento de imposición definitiva del proyecto minero Tía María en sus tierras.
Luego de 15 años de conflicto socioambiental en la provincia Islay (región Arequipa), el Ministerio de Energía y Minas aprobó, el 14 de octubre, el inicio de la etapa de explotación de los yacimientos de cobre concesionados a Southern Perú Copper Corporation, subsidiaria del Grupo México.
Además de que la operación no cuenta con licencia social, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentó la empresa, elaborado en 2014, ya caducó. La vigencia del documento es de cinco años, según la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ante la imposición del proyecto minero, las defensoras y los defensores de una de las zonas de mayor producción agrícola del Perú anunciaron que continuarán las acciones de resistencia en sus territorios, en defensa del agua. La represión en el valle arequipeño ha ocasionado los asesinatos de seis agricultores y la muerte de un policía, entre los años 2011 y 2015.
“El Valle del Tambo no se va a rendir. ¿Cómo se otorga esta resolución si el EIA está caducado? Pretenden imponer un proyecto sin legitimidad ni sustento técnico, con esto se confirma la imposición del proyecto minero. Esto es un atentado contra el valle. No queremos llegar a un conflicto social”, manifestó el dirigente agrario Miguel Meza.
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) observó que el EIA carecía de estudio de agua y suelo; que se emplearía agua de un estero donde desemboca un río, no del mar, como afirmaba la empresa; y que se deslizaba la posibilidad de que Southern no solo explotara cobre, sino también oro, sin puntualizar la forma de procesamiento.
Southern es una de las mineras de cobre más poderosas del mundo: concentra el 75% de la actividad cuprífera del Perú, el segundo mayor productor global del mineral.
Irregularidades y mayor desprotección
La resolución ministerial fue firmada por el director general de Minería horas antes de que el nuevo ministro de Energía y Minas juramente en el cargo. El gobierno de transición de José Jerí, quien sucede a la destituida Dina Boluarte, bajo el mando de una dictadura de ultraderecha desde del Poder Legislativo, asumirá las consecuencias del desbloqueo de uno de los megaproyectos paralizados de mayor inversión en el país.
Por su parte, las organizaciones campesinas presentaron una medida cautelar en el Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima para revertir el permiso de explotación.
En marzo, los colectivos del Valle del Tambo solicitaron al Poder Judicial que se declare la caducidad del EIA y la nulidad de la autorización de la construcción de una planta de beneficio. Hasta el momento no obtienen respuesta.
“Somos madres, agricultoras y defensoras. No tenemos armas, solo nuestras manos y nuestra palabra. Queremos paz, pero una paz con justicia, sin contaminación y sin miedo. El río Tambo ya está enfermo por tanta contaminación, y con Tía María lo van a matar del todo. Nuestros niños tienen metales pesados en la sangre y los médicos no nos dan respuestas. Lo que queremos es vivir de nuestro trabajo, no enfermarnos por una mina que nadie pidió”, declaró Agripina Paucar.
En paralelo al desbloqueo de Tía María, el 20 de octubre se registraron tres incendios forestales en el Valle del Tambo. No se determinaron las causas del fuego que se expandió por dos provincias.
Mientras en el Parlamento se instala la desprotección de las comunidades originarias, con la reciente decisión de desactivar la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología para el próximo Congreso bicameral. El grupo de trabajo será fusionado con la Comisión de Mujer, Familia e Inclusión Social.
“Nos borran de la estructura del Estado porque no soportan que existamos políticamente. Esta dictadura congresal legisla para el despojo y la impunidad. Cada ley sin consulta es un golpe más contra nuestros territorios, nuestras culturas y nuestras vidas. Niegan la consulta, niegan la representación indígena, niegan la historia. Pero no podrán negar la resistencia”, manifestó la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).
A su vez, la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos advirtió la desprotección que implica la eliminación de la mesa parlamentaria.
En 2024, el Ministerio de Agricultura declaró en emergencia el río Tambo y ordenó el cierre de la minera nacional Aruntani, a raíz de las demandas populares y evidencias de contaminación de las aguas. Un año antes, la Red de Salud Islay detectó altos niveles de arsénico en la orina de menores de edad de dos distritos del valle, causados por la presencia de minerales en la cuenca.
En la región Arequipa las movilizaciones contra el proyecto Tía María son masivas. Se espera una resistencia contundente en el Valle del Tambo contra el reinicio de las obras de Southern, programado para estos días.
En portada: El portaviones USS Gerald R Ford, considerado por la Marina de Estados Unidos como “la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo”, está siendo enviado al Caribe mientras la administración Trump aumenta la presión militar sobre Venezuela por presunto narcotráfico.
Los ataques de Estados Unidos (EEUU) a embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, bajo el pretexto de guerra contra el narcotráfico, abren una crisis geopolítica que involucra a toda Sudamérica.
En un contexto de amenazas de intervención militar estadounidense en Venezuela y las hostilidades de la Casa Blanca contra Colombia, la región afronta una ofensiva imperial colonialista.
En respuesta al intervencionismo, en los alrededores de la embajada de EE.UU. en Bogotá, el 17 de octubre, una manifestación encabezada por organizaciones indígenas terminó en enfrentamientos con las fuerzas estatales. La criminalización desde los medios de comunicación destacó que policías fueron heridos por flechas y apuntó a la participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Protestas en la embajada de EEUU en Bogotá.
En agosto, en medio de nuevas injerencias en la política interna de Venezuela, el presidente norteamericano Donald Trump autorizó al Departamento de Defensa el uso de fuerza militar contra los cárteles de drogas de Latinoamérica, considerados organizaciones terroristas extranjeras.
Desde el 2 de septiembre hasta el 27 de octubre, EE.UU. mató a 57 personas y destruyó 14 botes, argumentando que transportaban narcóticos. La primera agresión fue contra una lancha venezolana señalada de llevar fentanilo. Sin embargo, el Gobierno de Donald Trump no ha brindado evidencias que respalden la información.
Ataques de EEUU a botes en aguas internacionales.
Tras la escalada de lo que Trump afronta como un “conflicto armado contra los cárteles”, de acuerdo a un documento enviado por este al Congreso, el jefe del Comando Sur, Alvin Hosley, renunció a su cargo el 17 de octubre, a menos de un año de asumirlo. Lo que se interpreta como un desacuerdo con las operaciones militares, para las que se dispusieron 10,000 agentes más bajo su mando.
La ruta marina en la que el Pentágono enfoca su ofensiva, entre las costas de Venezuela y Trinidad y Tobago, es utilizada para comercio de marihuana en ambos países. Según investigaciones periodísticas, podría ser parte del corredor de cocaína hacia Europa y África, pero no de opioides sintéticos en dirección a Estados Unidos.
Planes de ataques por tierras
En los últimos días, EEUU envío al Caribe el portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor de su flota, mientras que políticos republicanos afirman que se evalúan ataques por tierra en la denominada guerra contra las drogas en el Caribe. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió lo siguiente:
“Se le olvida una cosa al senador estadounidense de nuestra historia específica, que no la de Venezuela, y es que el pueblo colombiano cada vez que es agredido en alguna parte, se va en masa a las montañas y se arma y sus guerreros son invisibles y actúan como el jaguar y se vuelven invisibles. No lo intenten, es lo único que aconsejo, porque sé de la historia de mi pueblo y soy hijo de él, hijo legítimo de mi pueblo”, manifestó Petro en un mensaje publicado en redes sociales.
El mandatario colombiano fue señalado por Trump como líder del narcotráfico y el Estado sudamericano retirado de la lista de países que luchan contra este delito. Las agresiones verbales subieron de tono desde que Petro expulsó a la delegación diplomática de Israel, en septiembre, luego de la interceptación del ejército sionista de la flotilla Global Sumud, en la que fueron detenidas dos activistas colombianas.
“Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel. Y su ejército no lo debe obedecer”, expresó Petro en una sesión del consejo de ministros.
El líder de izquierda denuncia que los ataques de Estados Unidos se dirigen contra embarcaciones de pescadores y los califica como asesinatos.
Venezuela fuera de ruta de narcotráfico
Por su parte, Venezuela enfrenta el refuerzo de las presiones de Estados Unidos por derrocar a Nicolás Maduro. El 15 de octubre, Trump informó que autorizó operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en el país caribeño y que considera realizar ataques terrestres.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), más del 70% de cocaína que ingresa a EEUU viaja por el Pacífico. Un informe de la UNODC aclara que Venezuela no interviene en el comercio de fentanilo.
Sin embargo, Washington desplegó en el Caribe aeronaves cazas, drones, un grupo de asalto anfibio con 4,500 militares, un submarino de propulsión nuclear y un buque de guerra de apoyo.
Un partidario del Gobierno venezolano participa en una marcha en apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el 11 de agosto de 2025. Foto: Leonardo Fernandez Viloria
“La guerra siempre va precedida de la desinformación, la manipulación y la mentira. Por ello, el Gobierno de los EE.UU. busca un incidente para justificar una agresión militar contra nuestra nación, ya que el relato del narcotráfico se les agotó”, observó el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.
La llegada del destructor Gravely a Trinidad y Tobago para realizar ejercicios militares aumenta las tensiones en Caracas. El gobierno bolivariano informó la captura de mercenarios vinculados a la CIA, acusados de planear un ataque de falsa bandera.
La CIA tiene un largo historial de participación en matanzas, atentados y crímenes de lesa humanidad en Sudamérica. La región padeció dictaduras castrenses financiadas y dirigidas por EEUU, cuyos métodos de terrorismo de Estado apuntaron a los movimientos sociales y organizaciones de izquierdas.
En esta reversión del intervencionismo militar imperialista en Latinoamérica, la guerra contra el narcotráfico es la narrativa detrás de los intereses en el petróleo de Venezuela -que posee las mayores reservas del mundo-, minerales, territorios y el valor geopolítico de la región, ante el avance de las influencias de China.
