Eran las primeras horas de la mañana del miércoles (20) del año 2019. Apenas pintaban los rayos del sol cuando el estruendo de cuatro disparos secos tomaba por asalto la vida del indígena nahual Samir Flores Soberanes. Dos disparos le impactaron en la cabeza y los demás en el cuerpo. Desde entonces, su memoria ronda entre las filas de la resistencia indígena de México. En su pueblo natal, Amilcingo, Morelos, guardaron el luto, pero también su legado, la resistencia ante el llamado Proyecto Integral Morelos (PIM).
Con el asesinato de Samir, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el rompimiento de sus promesas con este pueblo, con quien se comprometió a detener el denominado PIM. La muerte del activista no fue para nada una casualidad; se perpetró justo tres días antes de una supuesta consulta para continuar con el complejo de desarrollo.
Incluso, la ONU-DH ya había emitido un comunicado en el que “recuerda que es responsabilidad de las autoridades contribuir a generar un ambiente propicio para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión, lo que incluye abstenerse de realizar acciones que puedan agravar situaciones de vulnerabilidad e incrementar riesgos”.
Pero no fue así, diez días antes de que acribillaran al activista, Obrador, el 10 de febrero, durante un evento en Cuautla, Morelos, anunció su deseo de continuar la construcción de la termoeléctrica en Huexca, complemento del PIM. Este complejo fue proyectado con dos centrales de generación eléctrica de ciclo combinado de 620 MW cada una que consumen gas natural como energético; un ducto para transportar el gas. Una línea eléctrica de 20 km a la subestación Yautepec y un acueducto de Cuautla con longitud de 10 km.
Estos proyectos avanzaron posteriormente a la consulta. Mientras tanto, a los activistas que opusieron resistencia los tipificaron como “radicales de izquierda y conservadores”.
La memoria viva
En días pasados, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, junto al Congreso Nacional Indígena (CNI), al cual pertenecía el activista nahua, lanzó convocatoria para una jornada global, con el objetivo de continuar exigiendo justicia para Samir Flores Soberanes.
Es así que distintitas colectividades, organizaciones y activistas tanto de México como de otros países han hecho eco a esta acción para sumarse en el marco de esta jornada, la cual se llevará acabo entre el 20 y el 23 de febrero.
Foto: Santiago Navarro F.
Son seis años desde que “le arrebataron la vida a nuestro hermano Samir Flores Soberanes, seis años que gobierna quien lo mandó a matar, seis años de continuar con el engaño, la imposición y el desprecio hacia nuestros pueblos”, enfatizan los activistas en un comunicado que han emitido y que ha sido replicado en la plataforma del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Para estos activistas, estos seis años también han significado un tiempo en el que se mantiene la resistencia y la rebeldía, inspirados en la lucha de Samir, al considerarlo una “semilla y ánimo de construcción de autonomía, de otro mundo posible”, reza el comunicado.
A esta jornada global se suman acciones en Estados Unidos, Euskal Herria (País Vasco), Francia e Italia, donde se instalarán seis bustos de Samir. Estos países destacan por albergar a empresas como Elecnor (Euskal Herria), Saint Gobain (Francia), Bonatti (Italia) y Macquarie (Estados Unidos), las cuales han estado vinculadas al PIM. También se le recordará a través de canciones, poemas, dibujos, conversatorios y otras expresiones artísticas y culturales.
Las colectividades convocantes llaman a aquellas personas quienes suscribieron la llamada Declaración por la Vida a sumar esfuerzos en esta jornada. “La justicia vendrá de abajo y a la izquierda, en común”, aseguran, reafirmando su compromiso con la construcción de un mundo donde la vida y la dignidad de los pueblos sean prioritarias.
Los activistas han habilitado el correo electrónico cnicomunicacion@gmail.com para aquellos que quieran sumar actividades a la jornada.
En portada: El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado del secretario de seguridad, Oscar Aparicio Avendaño, y el fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca presentan equipamento táctico destinado a las operaciones del nuevo cuerpo policiaco, conocido popularmente como “pakales”.
Desde entonces las estrategias que coordinan la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) han sido muy difundidas principalmente en medios de comunicación locales.
A la mañana siguiente de la toma de protesta (9 de diciembre) en Tapachula, el gobernador, el comisario, Oscar Aparicio Avendaño, y el fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca, dieron el banderazo al arranque operativo de 500 agentes especiales de la FRIP, con capacidades técnicas y tácticas, fuertemente armados, con 200 vehículos, 10 unidades blindadas y dos drones.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado del secretario de seguridad, Oscar Aparicio Avendaño, y el fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca presentan equipamento táctico destinado a las operaciones del nuevo cuerpo policiaco, conocido popularmente como “pakales”.
Esta estrategia de seguridad fue definida durante los primeros días de gobierno y, de acuerdo al fiscal, está enfocada en dos puntos: cambiar la percepción de inseguridad junto a las cámaras empresariales, empresarios, líderes de opinión y medios de comunicación; y en segundo combatir la incidencia delictiva de tres delitos: homicidio, robo de vehículo y extorsión o derecho de piso.
Se informó, además, que el presupuesto para la seguridad aumenta mil millones de pesos este 2025. Los argumentos son que los salarios de la FRIP son altos para que los elementos no puedan ser corrompidos e invertirán en inteligencia e investigación; y dieron a conocer que ya cuentan con cuatro helicópteros para patrullajes y ambulancia aérea.
El grupo de élite primero se presentó y realizó acciones en el Soconusco, continuó por la zona Costa y Centro, luego llegó a la Meseta Comiteca, los Altos, la Sierra Mariscal y la Frailesca. Entre otras actividades también patrullan las carreteras y se coordinan con la Policía de Investigación para los operativos Carreteras Seguras y Cero Impunidad, respectivamente.
Habitantes de la Sierra, contactados para este reportaje, manifestaron que el miedo y la incertidumbre continúan porque, aseguraron a Avispa Mídia, que los líderes de los grupos delictivos siguen libres y algunos caminan tranquilos por las calles.
“Muchos tenemos miedo de usar las carreteras o salir porque sabemos dónde tienen a la gente que secuestran, pero ahí no han entrado los Pakales (FRIP). Sabemos que algunos líderes huyeron a Guatemala, siguen sueltos”, dijo Luis, habitante de Frontera Comalapa.
Hace unos días, Óscar Aparicio Avendaño anunció que el trabajo en la frontera continúa y han dialogado con los Kaibiles, el grupo de élite del Ejército de Guatemala, para acordar la vigilancia espejo con el vecino país.
Hasta ahora las acciones en Chiapas han resultado, según informa el gobierno, en el rescate de personas secuestradas; desmantelamiento de cámaras de video vigilancia en las calles propiedad del crimen organizado en, al menos, cuatro municipios; hallazgos de fosas, cateos, decomiso de armas; detenciones de narcomenudistas, policías y de los alcaldes de Frontera Comalapa, Juan Antonio “N”, y de Bellavista, Rosember “N”.
El operativo de Comitán fue uno de los más mediáticos por la detención de 92 policías municipales y de otras 30 personas, el 15 de diciembre de 2024. Casi de inmediato, un total de 45 uniformados fueron ingresados al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, así también Santiago “A”, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Comitán, por delitos de motín, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa.
¿Un equívoco?
Karla Nicol Mejía Sosa, tiene 18 años, es de origen hondureño, cuenta con solicitud de refugio ante Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y fue detenida en los operativos encabezados por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) en Comitán, el pasado 15 de diciembre de 2024.
Karla Nicol era la encargada de los locales de la pequeña empresa donde labora y, cuando fue detenida, se dirigía a bordo de una motocicleta a la segunda sucursal para retirar las ganancias del día y cerrar.
“Mi sobrina me llamó y me dijo: Tía, ¿qué hago?, me están tirando bala, me arden los ojos. Por qué me están tirando gas, tía ¿qué hago? Le dije agarra la moto y corre para que avances más rápido. Escuché todo, en ese momento mi sobrina dijo: Esa moto es mía. Pero ella pensó que los policías la iban a ayudar y fue ahí cuando ellos la jalonearon porque se escuchó, y le gritaban: ¡Con quién hablas!, ¡a quién llamas!, ¡contesta! Y mi sobrina respondió: ¡No, no ya no hablo, ya no hablo!”, relataron a Avispa Mídia los familiares de Karla Nicol, quienes prefirieron omitir sus nombres.
“La trataron como si fuera delincuente y la detuvieron. Eran hombres, no policías mujeres como según dicen ellos (la FGE). Y quedó la llamada, luego se escuchó al fondo que personas gritaban desesperadas y los policías decían: ¡Todas las motos que vean ahí súbanlas, todas! Luego corté la llamada porque se escuchaba que los andaban revisando y si miraban la llamada la podían a perjudicar más”.
Los familiares narraron que acudieron a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra en Comitán y la única información que consiguieron es que los detenidos estaban en la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicada en Tuxtla Gutiérrez, a 146 kilómetros de distancia.
“Llegamos y nos dijeron que sí estaba en la fiscalía, pero que volviéramos al día siguiente y ahí estuvimos afuera, esperando desde temprano y no nos dieron noticia. Seguimos insistiendo por información y nada”.
Hasta 24 horas después les pidieron que hicieran una fila para recibir información, pues había más personas esperando. Les dijeron que Karla Nicol ya había sido llevada al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, para la primera audiencia.
Operativo de la FRIP Pakal en carreteras de Chiapas
Se trasladaron al penal de los Altos de Chiapas, pero no les permitieron verla. Después de muchas horas les dieron muy poco tiempo para verla y Karla siempre estuvo custodiada. “Solo me dieron tres minutos, pero no pude hablar bien con ella, solo logró decirme que la tratan mal, le repiten que es delincuente y la desnudaron. Es difícil todo el trauma que está viviendo porque ella es inocente”.
“Tenemos dos grabaciones, se ve cuando ella sale del local, se pone su casco acomoda la tara que lleva atrás la moto, se sube y se va. En la siguiente esquina se ve que está platicando con la vecina de otro local y se ve que igual, se va y no lleva nada ni machete ni palos como ellos [la autoridad] dicen”. La familia informó que todas las pruebas fueron presentadas por la defensa en una segunda audiencia sobre el caso, pero que sigue reuniendo evidencias.
Las pertenencias que traía ese día como celular, las llaves de los locales y dinero en efectivo quedó en manos de los policías que la detuvieron.
“Nosotros como familiares buscamos que la desvinculen, porque mi sobrina iba pasando y no es el único caso, pero nosotros estamos enfocados en ella. Las autoridades no nos dan información clara, nos mandan de fiscalía en fiscalía y se lavan las manos. Ahora consideramos que es un tema político, no de justicia”.
La familia aseguró que en la oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Comitán fueron omisos y se negaron a emitir algún pronunciamiento. “Nosotros no queremos reparación de daño, queremos que dejen en libertad a nuestra sobrina”.
A partir de los operativos que iniciaron el 9 de diciembre de 2024, hasta el 1 de febrero, la FGE de Chiapas dijo aAvispa Mídia que inició 336 carpetas de investigación por narcomenudeo, 181 por robo de vehículo, 144 por homicidio culposo, 74 por homicidio doloso, 26 por extorsión y 85 por ataques a las vías de comunicación, “incluye bloqueos”.
100 días
La inmediatez de las operaciones ha provocado preocupación en organizaciones por las posibles violaciones a los Derechos Humanos.
“No pensamos que en 100 días se puedan dar resultados para poder ordenar un Estado golpeado, olvidado, sumido en la violencia. Es imposible. No hay un plan de gobierno que pueda hacer eso. Para ello es importantísimo el diálogo con las personas víctimas de toda esta violencia. Es una tarea de Estado, de todo gobernante y es transexenal”, precisó Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), a Avispa Mídia.
Recalcó que la presencia militar, policiaca y, ahora, de los grupos especiales debe ser respetuosa de las garantías individuales de la población. En su trayectoria como defensor ha sido testigo del robustecimiento de las fuerzas públicas en otros Estados, que ha traído como consecuencia violaciones a los Derechos Humanos. “No pueden ser que cuerpos de seguridad de pronto se encarguen o se hagan cargo de delitos comunes o resguardando el orden de la seguridad pública”, dijo López Rodríguez.
El abogado defensor de Derechos Humanos, Federico Anaya Gallardo, consideró que el gobierno anterior dejó una situación de vacío institucional y, ahora, pareciera lo contrario. Pero especificó que esta presencia del Estado debe ser controlada, porque la guerra no es con la sociedad.
Otro punto señalado por el secretario ejecutivo la Red TDT es que el gobierno de Chiapas ha echado mano de todos los recursos mediáticos para difundir cada uno de los resultados obtenidos por los operativos de seguridad y colocó anuncios espectaculares, incluso en las carreteras, con imágenes de agentes de la FRIP.
Propaganda del nuevo cuerpo policial chiapaneco inunda las calles de diferentes ciudades en la entidad al sur de México.
Incremento de violencia
En el último trienio, la Red TDT documentó un incremento de la violencia en Chiapas con graves consecuencias para la población. Para la red, la prioridad es reconocer la dimensión de la emergencia humanitaria y la atención a la población que es desplazada y reclutada forzadamente. Además, el avance substancial en las investigaciones por casos de desaparición, tortura, homicidio y desplazamiento, “es importantísimo”.
Así mismo, la desarticulación de los recursos con los que opera el crimen organizado es fundamental, es decir, identificar cuáles son aquellas fuentes financieras que tienen, pues no solo el aseguramiento de automóviles, cargamento y armas es relevante.
El gobierno federal anunció que parte de esta estrategia de seguridad es de investigación, pero, hasta ahora, la Red no ha identificado la incautación de cuentas bancarias o la detención de personas clave en el tráfico ilícito de sustancias en el país o en Chiapas concretamente.
Para López Rodríguez un cuerpo de élite o de policía no va a representar avances en el sistema de justicia. La mayor exigencia de las organizaciones de Derechos Humanos es la investigación por los crímenes cometidos contra la población civil y, concretamente, contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Antecedentes
“Es un hombre que goza de mi confianza plena y sus resultados los sentirá el pueblo de Chiapas en los próximos días”, dijo Eduardo Ramírez cuando presentó al secretario de Seguridad, piloto aviador de profesión, según el perfil que difundió el gobierno de Chiapas.
Óscar Alberto Aparicio Avendaño es de Tuxtla Gutiérrez. Tiene formación como francotirador por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos; policial en la Procuraduría General de la República (PGR); y de cartografía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En 1999 inició su trayectoria en la PGR durante una campaña contra el narcotráfico. En 2007 estuvo en la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua. En 2009 ingresó a la Policía Federal y fue director de Seguridad Pública en Apatzingán, Michoacán. A finales de 2024, Aparicio Avendaño renunció como subsecretario de Operación Policial de la SSP de Zacatecas.
Óscar Alberto Aparicio Avendaño, nuevo director de seguridad pública en Chiapas tiene a su cargo la dirección de la FRIP Pakal.
A principios de diciembre, cuando tomó el cargo como secretario de Seguridad del Pueblo (SSP) anunció la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), una réplica de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) que se formó cuando él fungió como subsecretario Operación Policial.
La FRIZ ha sido relacionada públicamente con hechos delictivos que van desde desaparición de personas hasta homicidios. “Aparicio tenía una encomienda muy similar en Zacatecas ... entonces la comparación es obligada”, comenta Anaya Gallardo. Para el abogado, la experiencia con el grupo táctico en Zacatecas abre la probabilidad de riesgo de abuso de la fuerza también en Chiapas.
El 3 de diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por los riesgos que puede traer a la estrategia de seguridad a nivel federal el nombramiento de Aparicio Avendaño como secretario de seguridad en un Estado avasallado por la violencia. Ella respondió: “todos tienen que pasar el examen de confianza... tendrían que presentarse pruebas para que pudiéramos actuar”.
Mientras que también persiste la preocupación por los antecedentes del fiscal Jorge Luis Llaven Abarca. La Red TDT, integrada por defensores de todo el país, firmó un documento en el que expresa el desacuerdo, junto a 60 organizaciones y más redes, a su nombramiento al representar un mensaje negativo para las víctimas de represión y tortura de Llaven Abarca.
El fiscal ha tenido una carrera pública extensa, pero también ha sido objeto de críticas y controversias. Como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el gobierno de Manuel Velasco Coello, se documentó el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas. Además, ha sido señalado como responsable de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes en su cargo en la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada (FECDO).
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envió el 23 de enero al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para proteger, según se justifica en la propuesta, las 59 razas de maíz conocidas en México, la mayor diversidad que se conoce en el mundo.
La iniciativa prohíbe el cultivo de maíz transgénico en territorio mexicano, pero ya no incluye la prohibición de la importación de maíz transgénico para el consumo humano, como lo determina decreto presidencial, de 2023, firmado por el entonces presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Incluso contradice el proyecto de ley que tenía el mismo objetivo y que fue aprobada en agosto pasado en la Cámara de Diputados.
Para la compaña nacional Sin Maíz No Hay País, lo que estimula la propuesta de reforma constitucional es “insuficiente”. “Para nosotras y nosotros representa un grave retroceso pues aparenta proteger al maíz como elemento de identidad nacional, pero en realidad pone en peligro la biodiversidad, la cultura y la soberanía alimentaria del país”, sostienen las organizaciones que componen la campaña.
Además, resaltan las organizaciones, la propuesta define al maíz transgénico como aquel que ha sido modificado genéticamente mediante la introducción de secuencias de ADN o ARNde otras especies utilizando tecnología recombinante. “Abre la puerta a otra forma de maíces genéticamente modificados obtenidos con técnicas más actuales, como la edición genética”.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México durante video en el que menciona la reforma constitucional para la protección del maíz nativo mexicano.
Sostienen que es “inaudito e incomprensible” que la propuesta de reforma defina lo que es un transgénico cuando existe una Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que regula la materia. “Esto confundiría el marco legal si no es que se pretende modificarlo, lo cual nos preocupa mucho”.
Subrayan que es indispensable establecer la prohibición de consumo humano de maíz genéticamente modificado, “pues como se sabe es nuestro principal alimento y no existe evaluaciones que garanticen la inocuidad del maíz genéticamente modificado en la ingesta diaria de humanos”.
La presidenta Claudia Sheinbaum había prometido, en diciembre de 2024, que iría enviar al Congreso una iniciativa para proteger la biodiversidad del país. El anuncio fue hecho en respuesta a la resolución del panel arbitral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que decidió en contra del decreto presidencial de México que prohibió el maíz transgénico en el país. “Vamos a darle la vuelta a esta resolución”, expresó la mandataria.
En la exposición de motivos de la propuesta de reforma se menciona que el consumo promedio diario de maíz por persona es de 328 gramos, lo que le aporta el 39% de las proteínas, el 45% de las calorías y el 49% del calcio diario requerido.
Además, cita diversos estudios que indican que 4.68 millones de hectáreas sembradas con maíz de temporal corresponden a personas agricultoras de pequeña escala en municipios que presentan rendimientos de maíz de menos de 3 toneladas por hectárea. Se estima que la producción de maíz generada por las personas productoras tendría el potencial de alimentar a 54.7 millones de personas.
Maíz cultivado en México. Foto: Rodrigo Arangua
En muchos casos, las personas agricultoras pertenecen a pequeñas comunidades o pueblos indígenas que siguen practicando el intercambio y siembra de sus propias semillas para una producción de autoconsumo, pero también para la centra de excedentes.
Para las organizaciones que hacen parte de la campaña Sin Maíz No Hay País, es prioridad impulsar el manejo agroecológico de este cultivo y de toda la actividad agropecuaria, “principalmente de nuestros alimentos para asegurar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, por ello proponemos que más que priorizar, se promueva y fomente el manejo agroecológico de los cultivos”.
El próximo 3 de febrero el gobierno mexicano tiene que responder a la resolución del panel arbitral de T-MEX. Se espera que el Congreso revise la materia en febrero, cuando reanudan las sesiones ordinarias.
Más de 30 organizaciones sociales y de derechos humanos en México exigen la liberación de Mario Gómez López, defensor maya tsotsil quien fue privado de su libertad el pasado viernes (24) por policías municipales de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
De acuerdo a una acción urgente de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT), Gómez López fue detenido, de forma arbitraria, mientras se dirigía a su trabajo como albañil, sin que se le informara el motivo de su arresto, ni a él ni a su familia.
La RedTDT asevera que en la privación de la libertad del defensor tsotsil se han generado violaciones al debido proceso, obstruyendo el derecho a la comunicación con sus abogados y su pareja, Pascuala López López, también defensora de derechos humanos.
Las organizaciones denuncian que inicialmente su paradero no fue informado. Las autoridades, tanto municipales como de procuración de justicia y estatales, se negaron a brindar información a familiares y defensores para su localización.
Posteriormente se conoció que Gómez fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Sentenciados Número 14 (CERSS No. 14) “El Amate”, en el municipio de Cintalapa, acusado de los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado. “Delitos que son eminentemente políticos”, sostiene la RedTDT.
En el trasfondo, detallan las organizaciones, se encuentra la lucha por la exigencia de justicia que han impulsado tanto Mario Gómez como Pascuala López por el asesinato de su hijo, Mateo Gómez López, de 19 años, acontecido el 3 de febrero del 2021.
El homicidio de Mateo sucedió en un contexto de intimidación, hostigamiento y la oposición del joven tsotsil a ser reclutado por el grupo armado “Sentimientos de la Nación”, el cual opera en San Cristóbal de las Casas, según consta en la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien concedió medidas cautelares tanto a Mario Gómez como a Pascuala López, en enero del 2023, para que el Estado mexicano implementara medidas para su protección.
En búsqueda de justicia
Mario Gómez López forma parte de la comunidad Santa Cruz, del ejido Cuxtitali El Pinar, y junto con su esposa Pascuala López han emprendido una lucha para exigir que las autoridades del estado de Chiapas investiguen y castiguen al autor o autores materiales del asesinato de su hijo Mateo.
“El caso es un ejemplo de cómo la población civil queda en medio de la violencia generada por la disputa de los territorios de parte de grupos delincuenciales, la que acarrea amenazas constantes, hostigamientos, acoso, intimidación, hasta violencia física y psicológica”, enfatizan las organizaciones de derechos humanos que integran la RedTDT.
La red destaca que Pascuala López también es beneficiaria de medidas de protección por parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU. Esto debido a que es víctima de diversas violencias que emanan desde grupos criminales locales, hasta estructurales vinculadas a la administración y procuración de justicia, “quienes lejos de acatarse a los protocolos de actuación con perspectiva de género y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, han empleado contra Pascuala una violencia misógina, heteropatriarcal y racista”, sostiene.
Defensores de derechos humanos en Chiapas alertan sobre contexto de riesgo por su labor. La indígena tsotsil Pascuala López (al frente, izquierda) participó de reuniones con organizaciones internacionales que visitaron el estado sureño mexicano en abril del 2023.
A su vez, tanto Mario Gómez como Pascuala López están incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. No obstante, esto no ha impedido que sean objeto de agresiones como la ocurrida en abril del 2022.
En aquella ocasión, aproximadamente 20 personas rodearon su domicilio y Pascuala “fue sacada a golpes, pateada, asfixiada y agredida con armas de fuego; todo esto a manos del mismo grupo delincuencial que le arrebató la vida a su hijo, como represalia por su exigencia de justicia y señalar a los responsables”, acusa la RedTDT.
Acorde al acompañamiento que realiza la RedTDT a Pascuala López, las autoridades de Chiapas “le han cerrado las puertas a la justicia, negándole información e intimidándola; También, ha sido difamada y señalada en redes sociales con adjetivos racistas, misóginos y discriminatorios”.
La RedTDT insiste que la detención de Mario responde a una represalia directa por los señalamientos a los grupos criminales responsables del asesinato a su hijo. Además, advierten que la vida e integridad personal de Mario gómez se encuentra en alto riesgo debido a que, Ciro “N”, detenido por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de Pascuala López, también se encuentra recluido en “El Amate”.
Ante esta situación, organizaciones de derechos humanos convocan a una manifestación pacífica para exigir un alto a la violencia y la persecución contra el defensor de derechos humanos en Chiapas. La cita es este jueves (30) frente a la Secretaría de Gobernación en la ciudad de México.
Por su parte, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, se pronunció en sus redes sociales por la detención arbitraria de Gómez López y señaló que el defensor “debe ser liberado”.
En portada: Familias campesinas de la Cooperativa Tranvío fueron desplazadas violentamente por grupos criminales vinculados a la agroindustria.
Desde el pasado lunes (27) arrecia la violencia contra el movimiento campesino del Bajo Aguán, al norte de Honduras, departamento de Colón. Hombres equipados con armas de grueso calibre, vinculados al grupo criminal “Los Cachos”, han emprendido una serie de ataques contra las recuperaciones de tierras que mantienen las cooperativas de Tranvío, Camarones y El Chile, ubicadas en la comunidad Quebrada de Arena, a escasos kilómetros de la ciudad de Tocoa.
A pesar de la presencia de elementos de fuerzas de seguridad hondureños, el movimiento campesino sostiene que éstos no accionan para frenar los intentos de desalojos violentos por parte de los criminales. “Hemos denunciado el riesgo que corren ante la secretaria de Seguridad, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la secretaria de Derechos Humanos de forma constante, sin embargo, no hay respuesta contundente”, denunciaron este lunes (27) a través de comunicado de la Plataforma Agraria del Aguán.
Campesinos heridos durante el ataque del grupo armado "Los Cachos".
Tras el ataque armado del lunes (27), que duró al menos 12 horas y dejó un saldo de 150 familias desplazadas de la Cooperativa Tranvío, además de heridos, la mañana de este miércoles (29) se reporta un nuevo ataque. Ésta vez contra familias campesinas de la Cooperativa El Chile. Acorde al periodista Jared Olson, durante la agresión de esta mañana se registra, al menos, un herido.
Registro de los ataques contra campesinos de la Cooperativa El Chile durante la mañana del miércoles 29 de enero, 2025.
La cooperativa El Chile, colindante con las cooperativas Tranvío y Camarones, alberga a 246 familias campesinas, quienes desde hace dos años recuperaron 486 hectáreas de tierra de manos de la Corporación Dinant, empresa productora de palma aceitera, para dar espacio a la siembra de alimentos. La Plataforma y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) denuncian que los grupos criminales que atacan al movimiento campesino actúan al servicio de la agroindustrial Dinant.
Acorde a la Plataforma, durante el ataque del lunes (27), campesinos socios de la Cooperativa Tranvío observaron a un vehículo perteneciente a Dinant transportando a hombres armados cerca de las tierras de la Cooperativa Camarones. Cabe destacar que el grupo “Los Cachos” es el mismo señalado por haber desalojado violentamente a familias campesinas de la Cooperativa Camarones el pasado 24 de diciembre del 2024. “Desde este momento el grupo armado mantiene control de la cooperativa”, señala la Plataforma mediante comunicado tras los ataques.
Por lo menos desde hace dos años, la Plataforma Agraria y COPA han denunciado que la corporación Dinant contrató al grupo criminal “Los Cachos” para atacar a líderes campesinos y miembros de las cooperativas. Ahora, incluso señalan la participación de ex miembros de Fuerzas Especiales del Ejército colombiano por su colusión con la empresa agroindustrial para perseguir a los líderes campesinos.
Al cierre de esta edición, medios locales informan que, mientras las autoridades policiales se encuentran en la comunidad de Quebrada de Arena, continúan los ataques contra la Cooperativa El Chile donde se registra la quema de casas de campesinos.
Advertencias, ignoradas
Testimonios de la Plataforma Agraria aseguran que, desde la noche del domingo (26), denunciaron a la Policía Nacional que el ataque a las cooperativas campesinas era inminente. Esto, debido a que observaron la movilización de personas mediante transportes acuáticos a través del río Aguán, además de percatarse del tránsito de vehículos sin placas y hombres armados frente a la casa del líder del grupo “Los Cachos”, Juan Carlos Lizama, en la comunidad de Quebrada de Arena.
Acorde a reportes de Redacción Regional, desde las 6 de la mañana del lunes (27), periodistas del medio atestiguaron disparos de ráfagas con armas de alto calibre, además de denuncias de heridos. A las 10 horas, se avistó otro grupo armado el cual, utilizando machetes y piedras, protagonizó otro ataque contra los campesinos. Por la tarde continuaron las agresiones lo que impidió que campesinos, civiles, policías y periodistas pudieran evacuar la zona debido a que se registraron bloqueos en las rutas de salida realizados por los grupos criminales.
Campesinos de la Cooperativa Tranvía registraron los ataques armados del pasado lunes 27 de enero.
“Los sicarios lograron posicionarse en las instalaciones de una pollera propiedad de la Cooperativa Tranvio, de donde han aterrorizada a la comunidad con constantes ráfagas de disparos, mientras otro grupo armado tomó la carretera y así impidió el paso para evitar la libre locomoción”, confirmó la Plataforma Agraria sobre la permanencia del asedio, sin que los elementos de seguridad protegieran a más de 123 familias; 453 personas, entre ellas niños y niñas.
Familias campesinas de la Cooperativa Tranvío fueron desplazadas violentamente por grupos criminales vinculados a la agroindustria.
Además, se reportó el secuestro, durante tres horas, del campesino Cristian Baire y el ataque con arma de fuego contra Janier García, ambos socios de la Cooperativa Tranvío. “Cristian Baire fue liberado de una casa en la aldea Quebrada de Arena por la policía aproximadamente a las 10 de la mañana, pero sufrió torturas y una herida de bala en el pie, posteriormente fue hospitalizado, hasta el momento se encuentra fuera de peligro”, informó el movimiento campesino mediante redes sociales.
El martes (28), el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP) que acompaña la lucha legal del movimiento campesino condenó el uso de la violencia “por parte de grupos armados paralelos, que operan bajo la fachada de grupos ganaderos, y en particular al grupo armado ‘Los Cachos’ que opera en la zona con total impunidad”.
El BJP aseveró que estas acciones “benefician directamente a la Corporación Dinant y sus aliados empresariales. Las acciones incluyen el uso ilegal de armas de alto calibre para crear un ambiente de terror y desalojar ilegal y extrajudicialmente a familias campesinas”, declararon mediante posicionamiento público.
También señalaron que resulta inaceptable que, a más de un mes del desplazamiento violento de la Cooperativa Camarones, el Estado de Honduras aún no ha brindado garantías básicas de seguridad a las familias campesinas que viven en completa vulnerabilidad y bajo ataque.
“Condenamos que la difamación y el uso de la violencia forman parte de una campaña más global para dividir y crear conflictos en las comunidades con el fin de despojar tierras y sumar beneficios económicos para la familia Facussé, tanto para sus empresas agroindustriales como para sus intereses mineros. No pasa desapercibido que estas mismas estrategias se han utilizado contra las cooperativas campesinas de Gregorio Chávez, Santa Rosa del Aguan, Panamá y en la comunidad La Ceibita, respectivamente”, acusaron.
Solidaridad
Desde los primeros reportes de ataques armados, diversas organizaciones hondureñas e internacionales se han posicionado para condenar la violencia contra las cooperativas agrarias y elevar la denuncia a nivel nacioanl e internacional sobre los intentos de desalojo de las tierras campesinas del Aguán.
“Este ataque es solo un reflejo de la constante criminalización y persecución que sufren las comunidades del Bajo Aguán, quienes luchan por defender sus derechos territoriales y la tierra”, aseguró la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos mediante pronunciamiento público.
Por su parte, la Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), constituida por 35 ONG Internacionales con presencia y trabajo en Honduras, aseveró que, durante una gira internacional de solidaridad con el Aguán, realizada la semana del 20 al 24 de enero de 2025, fueron alertadas sobre la gravedad del riesgo que los líderes de La Plataforma Agraria y de las Cooperativas Campesinas sufren como amenazas a muerte, ataques a sus familias, y la prohibición de circular en la zona de Quebrada de Arena.
Frente a esta situación, recordaron al Estado de Honduras el cumplimiento del convenio, firmado en febrero de 2022, entre el movimiento campesino y el gobierno, el cual incluye como uno de sus compromisos la conformación de la Comisión Tripartita bajo la coordinación del Instituto Nacional Agrario (INA), en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria. “En este sentido, reiteramos nuestra solicitud de acción directa y coordinada de dicha instancia para garantizar una respuesta integral y efectiva que permita abordar las causas del conflicto y prevenir nuevos actos de violencia en la región”, señalaron las organizaciones internacionales.
En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) manifiestó preocupación por los recientes hechos violentos contra el movimiento campesino en el Bajo Aguán e hizo un llamado al gobierno de Honduras para “abordar las causas estructurales que subyacen a la histórica conflictividad en la zona, mediante la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán”.
“Las cooperativas han sido víctimas de al menos dos muertes violentas por arma de fuego, desplazamiento forzado de al menos 150 familias, así como múltiples actos de intimidación y amenazas. La información recibida por la Oficina releva que los presuntos responsables de estos hechos serían estructuras del crimen organizado, que estarían generando una fuerte escalada de violencia en la zona, lo que representa un riesgo inminente para la vida de las comunidades campesinas”, alertó.
En portada: La jefa de ala del clan Gidimt'en Sleydo' (Molly Wickam) forma parte de las personas criminalizadas por oponerse a la construcción de un gasoducto en su territorio ancestral.
Tres defensores indígenas en Canadá pueden ser condenados a la cárcel en el próximo mes debido a sus acciones para proteger el territorio ancestral de la Nación Wet'suwet'en, en la provincia de Colombia Británica, contra el gasoducto Coastal GasLink (CGL), de la empresa TC Energy, corporación que opera y construye infraestructura relacionada a la producción de energía en América del Norte. Jefes de la Nación Wet'suwet'en argumentan que no dieron consentimiento para que el gasoducto atravesara su territorio.
La jefa de ala del clan Gidimt'en Sleydo' (Molly Wickam), la mujer Gitxsan con conexión familiar Wet'suwet'en, Shaylynn Sampson, y el hombre Mohawk de Akwesasne Corey Jayohcee fueron detenidos durante una redada violenta de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), en 2021, y declarados culpables de desacato por haber desobedecido presuntamente una orden judicial de no acercarse a las zonas donde se construía el gasoducto, pese a que estaban en su territorio ancestral.
La defensa jurídica de los tres indígenas ha presentado un recurso ante la Corte Suprema de Columbia Británica, en el que afirma que la policía violó sus derechos humanos durante las redadas. El Tribunal Supremo está estudiando ahora si sus detenciones y condenas violaron sus derechos constitucionales, incluidas las alegaciones de que la RPMC hizo un uso excesivo de la fuerza durante las detenciones. Una sentencia – esperada para mediados de febrero de 2025 - a su favor podría anular las condenas.
La orden judicial solicitada por CGL Pipeline Ltd. y concedida por el Tribunal Supremo de Columbia Británica, en 2018, prohibió a las personas defensoras de la tierra y sus simpatizantes cualquier acción que se considere perjudicial a la construcción del gasoducto, incluso aproximarse de las obras. La decisión autoriza a la Real Policía Montada de Canadá a detener a cualquier persona cuando considere que alguien contraviene la orden.
Para hacerla cumplir, la policía ha llevado a cabo desde entonces cuatro redadas violentas en el territorio Wet’suwet’en, utilizando armas, helicópteros y perros. Por lo menos 75 defensores y defensoras de la tierra han sido detenidos, como fue documentado por la Amnistía Internacional (AI).
Resultado de la redada de 2021, los detenidos permanecieron bajo custodia por hasta cinco días antes de que ser liberados bajo fianza. El testigo del jefe Na’Moks, uno de los jefes hereditarios Wet’suwet’en, a Amnistía Internacional revela la discriminación racista que predominó en la acción policial. “Sólo estaban encadenados los indígenas, (…) ni nadie más. Éstos solamente estaban esposados. Pero hicieron que todos los indígenas (…) encadenados y en ropa interior comparecieran así ante el juez”.
El jefe Dsta'hyl (Adam Ganon), jefe de ala del clan Likt'samisyu, fue detenido en 2021 en la misma redada y fue declarado culpable de quebrantar la misma orden judicial. Fue condenado, en julio de 2024, a 60 días de arresto domiciliario en territorio Wet'suwet'en, cumplidos año pasado.
El jefe Dsta'hyl (Adam Ganon), jefe de ala del clan Likt'samisyu.
La autoridad ancestral fue la primera persona encarcelada de las cuatro defensoras Wet’suwet’en que han sido procesadas y de otros defensores declarados culpables del delito de desacato por violar dicha orden judicial. Fueconsiderado el primer preso de conciencia de Canadá, por haber sido encarcelado por sus convicciones políticas, religiosas u otras convicciones profundas, como define la AI.
“He sido condenado por proteger nuestra propia tierra mientras se marginan las leyes Wet’suwet’en”, dijo el jefe Dsta’hyl. “Esta lucha dura ya 240 años. Nos encarcelan en las reservas donde nos han convertido en ‘legalmente indios’. Ahora todos los miembros de la comunidad somos ‘presos y presas de conciencia’ debido a lo que nos han hecho los colonizadores”.
La Fiscalía de Columbia Británica (BCPS) acusó, en 2022, a otros 20 defensores de desacato por desobedecer la orden de mantenerse alejados de las obras de construcción del gasoducto. A algunos de los defensores se les retiraron los cargos o fueron declarados inocentes. Otros se declararon culpables en respuesta a las restrictivas condiciones de libertad bajo fianza, informa la AI.
El acceso a una gran parte de la tierra está restringido excepto para la empresa del gasoducto, su empresa de seguridad privada y la policía canadiense. Eso ha apartado al pueblo Wet’suwet’en de su territorio ancestral. Le impide realizar muchas de sus actividades tradicionales, como cazar y pescar.
A menudo, al acceder a su tierra las personas Wet’suwet’en son intimidadas y hostigadas por la policía canadiense y la empresa de seguridad privada. Sus cabañas han sido incendiadas, la policía ha efectuado registros en sus campamentos y confiscado sus pertenencias.
El gasoducto
TC Energy anunció a finales de 2023 que había finalizado el gasoducto Coastal GasLink, iniciado en 2019. Son 670 km de longitud. Sin embargo, todavía no ha sido activado para transportar el gas.
De acuerdo con su página web, Coastal GasLink “es la primera ruta directa de Canadá para el gas natural canadiense producido de forma sostenible y un componente crítico para apoyar la reducción de las emisiones globales (…) es un componente esencial de nuestra labor de apoyo a la transición energética mundial”.
TC Energy posee 93,600 km gasoductos en toda América del Norte. Según la empresa, 30% del gas metano consumido en América del Norte es transportado por sus estructuras.
Gasoductos de TC Energy en Norteamérica.
Avispa Mídia platicó con el jefe hereditario Na'Moks, una de las autoridades ancestrales de la Nación Wet'suwet'en. Desde hace por lo menos 10 años su pueblo ha entablado una lucha contra gasoductos en su territorio. Lograron echar para tras cuatro proyectos. Hoy están previstos al menos 11. El más reciente es el gasoducto de TC Energy, Coastal GasLink. A seguir, les compartimos parte de la platica con el jefe hereditario Na'Moks.
Lugar estratégico
Estamos en el norte de Columbia Británica, provincia localizada al extremo oeste de Canadá, estamos a dos horas de Alaska. El gas metano es extraído en la provincia vecina, Alberta, y quieren llevarlo al océano Pacífico, donde deben construir plantas para licuar el gas y enviarlo a Asia. Quieren pasar los ductos por nuestro territorio. Por eso estamos tan fuertemente presionados. Todo es extraído por fracking. Siguen diciendo que es ‘gas natural’, pero no hay nada natural. Acabamos de volver de la región de Athabasca (Alberta), donde el río está envenenado. El lago Great Slave ha bajado 3 metros.
No es no
Nosotros somos los jefes. Somos los que tomamos las decisiones en nombre de nuestro pueblo, hacemos lo que nuestra gente nos manda hacer. Y dijimos que no. Como no pudieron obtener nuestro consentimiento, entonces llegaron a criminalizarnos.
Todo el proceso ha sido duro. Cuando entran por la puerta de nuestras casas con sierras mecánicas, hachas y perros de ataque, cuando sales a la calle y te apuntan francotiradores con sus rifles, cuando detienen y llevan a la cárcel a mujeres embarazadas, cuando nos golpean, nos encarcelan, queman nuestras casas. No es fácil.
¿Dónde está la humanidad en eso? No somos menos que nadie. A nosotros nos han criminalizado solo por defender nuestra agua, nuestro territorio.
Experiencia con TC Energy
Lo que les queremos decir es que esta empresa [TC Energy] no tiene ninguna consciencia. Ellos les van a dar muy poco dinero [refiriéndose a los proyectos en México] y después les van a dejar su agua y sus tierras devastadas. Si ustedes no se defienden, así les va a tocar dejar sus territorios para sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, devastados. Lo que están haciendo es dañar el futuro de las nuevas generaciones. Estas corporaciones y el gobierno no son nuestros amigos. El mundo no necesita estos proyectos. Lo que necesitamos es nuestra tierra, aire, agua limpios.
Hasta ahora la Nación Wet'suwet'en ha derrotado cuatro gasoductos, hay uno en el terreno, pero no está en operación todavía y hay varios por venir, por lo menos otros 11 proyectados, de distintas empresas.
Proyectos zombis
Lo que hacen es proponer proyectos que son básicamente como proyectos zombis. Desaparecen, pero nunca mueren. Siempre están en la agenda, así que pueden volver a activarse en cualquier momento, dependiendo de cómo convenzan al gobierno de que pueden hacerlo. Y siguen diciendo que aplicarán las mejores prácticas, pero sus mejores prácticas son siempre la devastación y el envenenamiento de nuestra agua y nuestro aire.
Siempre hemos estados
Utilizamos mucho las Naciones Unidas para reivindicar nuestros derechos, porque dependiendo del gobierno en turno, respetan más o menos nuestros derechos. El Estado nos reconoce por los procesos judiciales que hemos tenido que hacer. Ganamos un juicio el 11 de diciembre de 1997, en el que Canadá reconoce que existimos [como pueblos], que nunca hemos renunciado a nuestra autoridad. Nuestro territorio es de 22 mil quilómetros cuadrados. Siempre hemos estado ahí. Sin embargo, siguen autorizando proyectos que pasan por nuestras tierras sin nuestro consentimiento.
Que el mundo sepa
Le importa mucho a Canadá su reputación. Tiene miedo de perder su reputación de ser este gran lugar para estar y vivir. Nosotros no vemos eso, así que se lo decimos al mundo. Por eso hablamos en las Naciones Unidas. Es por eso que vamos a diferentes países, para expresar y decir la verdad. Que el mundo sepa lo que está siendo el gobierno canadiense. Que el mundo sepa cual es su real reputación.
La prioridad es el dinero
Aunque ganemos en los tribunales, aunque lo diga la Constitución, simplemente darán prioridad al dinero, seguirán las indicaciones de las corporaciones. Las empresas van por el camino de menor resistencia, que generalmente es un funcionario electo que sólo está ahí unos pocos años y que facilita la ejecución de los proyectos. Nosotros somos hereditarios, estamos ahí para siempre y ellos harán la táctica de ‘divide y vencerás’ que siempre les funciona.
Tenemos que ir más allá de los funcionarios electos porque, de nuevo, cambian en cada elección. Así que hay que llevarlo a la escena mundial y mucha gente piensa que es algo demasiado grande, pero no lo es tanto si crees en lo que haces y estás haciendo lo correcto. No es gran cosa. Es un trabajo duro, pero merece la pena. Y cuando decimos no, queremos decir no.
Órdenes judiciales criminalizan
Las empresas utilizan órdenes judiciales contra nosotros. Dicen que estamos invadiendo nuestra propia tierra. Nos criminalizan, nos sacan de la tierra, nos encierran. No podemos circular en nuestro territorio libremente.
Las corporaciones dicen que, para operar, necesitan que nos mantengamos alejados y el 88% de las veces lo consiguen. Eso demuestra que el Estado canadiense está al lado de las corporaciones. Eso no significa que sea legal. Así es como acaban metiéndonos en la cárcel y acusándonos. Estamos siguiendo nuestra ley. Nos llamarán criminales por hacerlo, pero estamos siguiendo nuestra ley. Nuestra ley dice que tenemos que proteger nuestra tierra. No queremos el dinero. Sólo queremos aire limpio, agua limpia. Lo que es bueno para nuestros niños, nuestros hijos. No queremos más de lo que tenemos. Tenemos lo que necesitamos. Sólo queremos protegerlo.
Último a ser contactados por los europeos
La mayor parte de los pueblos originarios de Canadá ha tenido contacto europeo durante cientos y cientos de años, pero nosotros somos probablemente el último a ser contactado. Eso fue en la época de mi abuela, hace alrededor de 150 años. Y el nombre que llevo, jefe Na'Moks, era el de mi abuela y ella tenía cargo cuando llegaron los europeos. Nosotros nunca perdimos nuestra cultura, nuestra ley.
¿Pocos?
No hemos tenido un censo desde los años 1990, pero somos entre 10.000 y 15.000. Las corporaciones miran ese número y dicen que somos pocos, pero se olvidan que el mundo nos apoya. Tenemos varias naciones diferentes que se trasladan a nuestro territorio y son bienvenidas.
Fuerzas
Tenemos que mantenernos firmes, saber quienes somos, tener identidad, saber cual es nuestra cultura, y saber que nosotros estamos haciendo lo correcto. Que los pueblos alrededor del mundo no se rindan. Todo lo que hacemos afecta a todo el planeta. Afecta a todo el mundo. Nuestra cultura, nuestros mayores, nuestra gente, nuestra juventud, (...) tienes que llevar eso contigo todo el tiempo. Si lo olvidas, ellos ganan.
