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En marco electoral, Salomón Jara tilda de “Foco rojo” a comunidad mazateca de Eloxochitlán

Foto de portada: Elizabeth Díaz

“El gobernador Salomón Jara Cruz no ha entendido que a Eloxochitlán le corresponde el ‘fin de la criminalización’ y no la resucitación de la persecución”, fue parte de la denuncia que integrantes del colectivo Mazatecas por la Libertad expresaron en su conferencia de prensa llevada a cabo este miércoles (19) en el Zócalo oaxaqueño. 

Desde una mesa instalada frente al Palacio de Gobierno, Argelia Betanzos -abogada mazateca-, denunció que el gobierno de Oaxaca y los poderes del Estado han tomado un camino inverso al “fin de la criminalización judicial”, optando por ejercer racismo institucional, perpetrar el etnocidio y omitir delitos de lesa humanidad, así como por el recrudecimiento de la criminalización contra personas defensoras comunitarias de Eloxochitlán de Flores Magón.

Foto: Rocío Heredia

Además de la abogada mazateca, la mesa estuvo conformada por dos mujeres integrantes del grupo Yorum desde Turquía, así como integrantes de la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de Presos Políticos.

Las exigencias presentadas durante la rueda de prensa están enmarcadas en las próximas elecciones que tendrán lugar este domingo 23 de noviembre, para el cargo de presidente municipal. Un proceso electoral que aún no sucede, pero que a Eloxochitlán ya le ha valido la etiqueta de “foco rojo”, en palabras del gobernador Salomón Jara. 

Pese a que el cacique Manuel Zepeda Cortés y su familia han sido los encargados de perpetrar, por más de una década, el despojo, la violencia e injusticia en Eloxochitlán, su nuevo papel como candidato a la presidencia municipal no representa una sorpresa para la comunidad mazateca, pues desde la llegada de su hija, Elisa Zepeda, al poder, han sido testigos de cómo la familia ha empleado sus influencias políticas para vivir en plena impunidad. 

Muestra de lo anterior, es que Benjamín Viveros Montalvo, diputado local por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), coordinador de esta bancada y ex presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), haya vivido unos meses en el municipio de Eloxochitlán, en cercanía al cacique Manuel Zepeda a partir de una estancia que le habilitó el Congreso de Oaxaca.

Mazatecas por la Libertad, a través de su boletín de prensa, denuncian que se trata de una estrategia para fortalecer políticamente al interior de la comunidad a Zepeda, en pro de la futura candidatura que ya tenían planeada.

Betanzos cuenta en entrevista que Viveros “hizo reuniones en la casa del cacique, pero no sabíamos que era para ponerlo como candidato a presidente al propio Manuel Zepeda Cortés”. Y agrega: “la comunidad no es que esté horrorizada porque Manuel sea el candidato.  El Estado ha controlado políticamente a través de Zepeda los recursos públicos de toda una década. Eso no nos sorprende, pero lo que sí denunciamos es que en lugar de que el Estado muestre un compromiso con la justicia, está mostrando hacer exactamente lo contrario”.

El colectivo de mujeres señala a esta táctica como parte del empoderamiento que Salomón Jara busca darle a sus operadores políticos en la Sierra Mazateca, aliándose con el poder caciquil de Zepeda, que por años ha saqueado material pétreo del río Xabgá Ndá Ge y ha ejercido “violaciones a los derechos humanos de más de 56 familias de Eloxochitlán”.

Aunado al impulso político de Viveros hacia Zepeda, en la conferencia de prensa del gobernador Salomón Jara Cruz, realizada este pasado martes (18), el mandatario habló sobre las elecciones de autoridades municipales para el periodo 2025-2027, en los municipios que se rigen por el sistema de Usos y Costumbres (Sistemas Normativos Internos). Explicó que, al 17 de noviembre de este año, han tenido lugar 342 elecciones de 413, lo que representa un 82.81%.

Un detalle llamó la atención. Casi al finalizar su conferencia, Jara dijo: “este domingo vamos a tener focos rojos en Eloxochitlán, en la Cañada, yo espero… porque se está dialogando con todos”, refiriéndose a las elecciones de este próximo domingo (23) en la comunidad mazateca.

Desde diciembre del 2024, el Gobierno de Oaxaca etiquetó a varios municipios oaxaqueños como zonas de alto riesgo o “focos rojos” durante sus periodos de transición y electorales, con lo cual, hace referencia a aquellos municipios con antecedentes de conflicto y que pueden llegar a desencadenar episodios violentos durante las actividades electorales.

A los señalamientos de Jara, Argelia Betanzos los tachó de “criminalizantes e irresponsables” y explicó durante la entrevista que, en Eloxochitlán, “del 2014 a la fecha, han habido tres elecciones, las últimas dos muy masivas y nunca nadie dijo que la comunidad es foco rojo”.

Además explica que el gobernador morenista “se ha negado a ver el rostro de las mujeres mazatecas criminalizadas” y ante ese desprecio, ellas le han ganado la libertad al Estado “bajo formas autonómicas, pacíficas, autogestivas, pero Salomón desde su discurso del 18 de noviembre invisibiliza que existe una lucha digna que marcha pacíficamente” proyectando una imagen a la opinión pública mediática de que Eloxochitlán es “un pueblo peleonero y violento”.

El colectivo Mazatecas por la Libertad, no forma parte de este proceso electoral ni simpatizan con ningún partido, debido a que para ellas se trata de un modelo de elecciones impuesto por el Estado y, aunque respetan la decisión de la comunidad sobre el participar en esas elecciones, Betanzos menciona que uno de los motivos de la conferencia fue “la concientización, invitar a la reflexión de la comunidad por el reto grande que tenemos de reestructurar nuestra organización comunitaria a partir de nuestras formas heredadas, a partir de la herencia ancestral”.

Las mujeres mazatecas en resistencia responsabilizan a Salomón Jara de todas aquellas acciones que tenga tintes violentos durante las elecciones, porque más allá de los señalamientos, la violencia no la está pensando ni planeando la comunidad: “lo responsabilizamos porque él tiene toda una infraestructura en materia de derechos humanos que podría según desde su opinión de él, prevenir lo que él está especulando, pero no lo hace, lo deja al aire, ¿no? Entonces vemos el dolo de un gobernador, el racismo institucional” afirma la abogada.

Betanzos explica que el llamado a la conferencia se da en un contexto en el que están poniendo sobre la mesa las sentencias de libertad ganadas que conforman más de un 70% del caso, prueba con la que confronta al sistema judicial y al Estado de Oaxaca, diciéndoles: “si el caso está ya ganado en un porcentaje mayor al 70%, y los que faltan están acusados de la misma manera en la que se acusó a los que ya ganaron la libertad, entonces, ¿qué están esperando para poner fin a la criminalización?”. 

Foto: Rocío Heredia

Las mujeres mazatecas visualizan que los actos de injusticia en Eloxochitlán se materializan en tres acciones concretas de tortura institucional, que enmarcan la persecución, el silenciamiento y el olvido adrede por parte del Estado.

Una de estas tres acciones es la persecución, desde hace una década, hacia 14 defensores territoriales mazatecos que no han podido volver a su comunidad, debido a que el poder judicial de Oaxaca les ha negado su libertad pese a que tienen amparos ganados desde el 2013. La abogada explica que sus casos se están resolviendo desde el Tribunal de Veracruz y acusa al Juez Quinto de Distrito de “estar entreteniéndose con buscar pretextos administrativos para evadirse de atender esos juicios de amparo”.

La segunda acción está ligada a la etapa del “Fin de la Criminalización para Eloxochitlán”, un proceso que la comunidad mazateca en resistencia inició en junio del 2024 cuando la Asamblea comunitaria mazateca logró la liberación de sus últimos tres presos políticos: Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán, después de permanecer nueve años y seis meses en prisión. Luego de este avance, la comunidad anunció que en el 2025 librarían la última parte de la batalla jurídica.

Aquel logro jurídico se vio opacado meses después tras la confirmación de 200 nuevas órdenes de aprehensión liberadas el 31 de marzo de este año por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Esta vez contra 56 personas de la comunidad, entre las que figuran adultos mayores, madres, padres, ex presos y perseguidos políticos. 

De acuerdo con la abogada mazateca, el tema con las 56 personas de la comunidad se ha retrasado debido a que el juez de Huautla de Jiménez “no ha mandado las constancias donde se compruebe que ya le avisó de la existencia del amparo a las supuestas víctimas o la parte acusadora” y que, mientras esto no suceda, la audiencia jamás llegará.

Una tercera acción es la manipulación del proceso penal tolerada por el poder judicial de Oaxaca, al permitir supuestas pruebas de la diputada Elisa Zepeda Lagunas, en el juicio 02/2015, para alentar y alargar el proceso que hasta la fecha lleva tres años sin mostrar ningún avance.

El proceso 02/2015 mantiene a los campesinos Jaime B., Alfredo B., Fernando G., Francisco D. y Herminio M., sin sentencia, pese a que pasaron casi diez años en prisión y la persecución en su contra fue reactivada con las 200 órdenes emitidas en 2025.

La última vez que una audiencia para este proceso fue cancelada, debido a que Zepeda Lagunas no se presentó, ni tampoco sus testigos, ni sus “pruebas”, fue el pasado martes 18 de noviembre. A lo que Betanzos expresa: “estamos en el absurdo de que una víctima que es funcionaria de Estado se llega a quejar de que el juez no le atiende, que presenta quejas en contra del juez porque no le pone fechas para sus audiencias, pero le pone fechas y no llega y así va tres años. Entonces, ¿cuándo se va a cerrar este ciclo de injusticia? ¿Qué se necesita? Porque el juez no implementa la ley para obligar a Elisa a presentarse”.

“El bastón de mando implica la responsabilidad de hablar por los que no pueden hablar, de defender a aquellos que no se pueden defender”, expresó Hugo Aguilar Ortiz en su toma de posesión como Ministro Presidente de la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 1ro de septiembre de este año y quien se ha distinguido por ser el segundo ministro indígena en la SCJN después de Benito Juárez.

Sin embargo, desde el 2018, ya como coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar coordinó consultas para megaproyectos de la Cuarta Transformación, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. 

Dentro de sus exigencias, las mujeres mazatecas nuevamente se dirigen al presidente de la SCJN.Lo llaman a “conocer a fondo el caso de criminalización de Eloxochitlán de Flores Magón, a reconocer que es una persecución creada y sostenida desde las estructuras de poder de Oaxaca con fines de despojo territorial y, en consecuencia, a actuar de forma definitiva a partir de la implementación de toda la infraestructura del órgano de justicia más alto del país”.

Betanzos llama a la solidaridad nacional e internacional, así como a los medios conscientes a seguir, cubrir y/o difundir de cerca su lucha hacia la libertad, e invita a no dejar de observar y denunciar la “manipulación que hace el gobierno de Salomón Jara” sobre la resistencia mazateca.

Foto: Rocío Heredia

Así mismo extiende la invitación al público en general a sumarse a sus próximas actividades: la presentación del Informe de la Primera Misión de Observación Civil el 29 de noviembre en la comunidad de Eloxochitlán a partir de las 11 de la mañana.

Otra de las actividades es la “Faena Internacionalista por el Fin a la Criminalización”, los días tres y cuatro de diciembre en la Ciudad de México, en los que se presentarán, en algunas Embajadas y consulados, a partir de las 4 de la tarde de cada día, y donde también tendrá lugar un programa político-cultural frente a la SCJN. “Precisamente para clarificar que nuestra exigencia es el fin de la criminalización, para denunciar cómo el gobierno de Oaxaca está yendo en sentido contrario y para exigir que el nuevo sistema de justicia demuestre lo que ha predicado” explicó Betanzos.

Violencia en Chiapas no es aislada: 30 años de guerra e impunidad contra pueblos indígenas

San Cristobal de Las Casas, Chiapas. 18 de mayo de 2014. Activistas nacionales e internacionales, organizaciones civiles e indigenas se concentraron hoy en La Plaza de La Paz en San Cristobal de Las Casas, Chiapas en solidaridad con los zapatistas y en repudio al asesinato del maestro (Votan) Zapatista Jose Luis Solis Lopez, conocido como Galeano. El maestro zapatisata murio asesinado a manos del grupo paramilitar CIOAC-H en un ataque al caracol de La Realidad el pasado 2 de mayo, a a fecha hay solamente seis paramilitares detenidos y se ha puesto en marcha una campaña internacional en defensa de los pueblos zapatistas, la comandancia Zapatista regresó a La Realidad para hacerse cargo de la seguridad y defens de las familias que ahi habitan. Los simpatizantes zapatistas construyeron un altar, leyeron denunciase hicieron intervenciones artisticas e informativas. Foto:

En portada: No más paramilitares en comunidades zapatistas. Foto:Elizabeth Ruiz.

A través del “Foro de Memoria Histórica: a 30 años de la guerra contrainsurgente en Chiapas” que tuvo lugar el pasado 13 de noviembre del 2025 en Palenque, Chiapas, se entabló una conversación en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos, en un periodo de tres décadas, contra comunidades indígenas en defensa de su autonomía. Del foro se derivó una alarmante verdad: a tres décadas de haber iniciado esta guerra interna, tornada en un “Conflicto Armado Interno aún no resuleto”, sólo el silencio oficial persiste.

Las organizaciones presentes afirmaron conjuntamente que “en ninguno de estos casos se ha iniciado una investigación exhaustiva y diligente con la línea de los autores intelectuales y las respectivas cadenas de mando”. Sin embargo, frente a esta atmosfera de impunidad, afirman que a 30 años de contrainsurgencia en el estado sureño, como familiares y víctimas continuarán su lucha por la Verdad, Justicia y Dignidad, desde una resistencia pacífica en pos de abrirse caminos hacia la justicia.

Esta guerra ya referida, comienza después del levantamiento oficial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en enero de 1994, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México diseñó una estrategia de contrainsurgencia para neutralizar a la guerrilla y retomar el control gubernamental en la región chiapaneca, bajo el nombre de Plan de Campaña Chipas 94, el cual tuvo como objetivo eliminar militarmente a la estructura política-militar del EZLN. 

Dicho plan fue emitido desde la VII Región militar ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y consistió en la creación de grupos militares y paramilitares, estos últimos, formados principalmente por grupos caciquiles indígenas locales conformados -a su vez-  por ganaderos, presidentes municipales militantes del Partido Institucional Revolucionario (PRI) y otros, pequeños propietarios y civiles bajo las órdenes de la Sedena, orientados a violentar al EZLN, bases de apoyo y comunidades simpatizantes con la causa insurgente.

El Plan es la herramienta fundacional de la estrategia de contrainsurgencia del Estado mexicano que durante años se ha aplicado en Chiapas. Los ataques derivados de este Plan han incluido secuestros, asesinatos, robos y desplazamientos forzados, durante tres décadas.

El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” ha documentado que frente a lo alarmante de la violencia desatada por el Plan, a nivel nacional se extendió una exigencia de paz, frente a la que el Estado mexicano cambió su estrategia impulsando una guerra integral de desgaste atacando a la población civil, ocasionando al menos “cinco asesinatos, 37 desapariciones forzadas y más de 4500 personas desplazadas en las comunidades de Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua”, en la región norte de Chiapas.

En mayo del año 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Estado mexicano en el marco de la implementación de la estrategia contrainsurgente Plan de Campaña Chiapas 94.

Como parte de los estragos del Plan de Campaña, en febrero de 1995, en el Ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, miembros del Ejército Mexicano e integrantes de grupos paramilitares participaron en la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández, maya tseltal de 43 años integrante del EZLN. A 30 años de que este caso de violación de derechos humanos fuera cometido, aún se mantiene impune, de acuerdo con el Frayba.

Los hechos iniciaron el 19 de febrero de 1995 con el desplazamiento forzado de alrededor de 200 personas habitantes de La Grandeza, quienes se vieron forzadas a abandonar el ejido luego de recibir la alarma de la intromisión del Ejército. Al día siguiente, una patrulla militar compuesta por 65 soldados inició un tiroteo contra quienes se refugiaban en la montaña desde la noche anterior. Las víctimas se desplazaron por los alrededores logrando esconderse, a excepción de Jiménez, debido a que cargaba en sus espaldas a su hija de 2 meses de edad. Uno de los militares le disparó, causándole muerte instantánea.

Tres personas más fueron detenidas: Manuel Jiménez Gómez, hijo de Jiménez, Sebastián Mena López y Ramiro Alfonso Hernández -acusado de tener vínculos con el EZLN-. Dos días después de la masacre, los detenidos fueron liberados, el cuerpo de Gilberto fue entregado a su familia y los militares abandoran La Grandeza.

El 18 de enero de 1999, el indígena maya, defensor comunitario e integrante del EZLN, Antonio González Méndez fue víctima de desaparición forzada en la cabecera municipal de Sabanilla, Chiapas. Los hechos fueron cometidos por integrantes del grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia, de acuerdo con el Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas presentado por el Frayba en mayo de 2022.

Familiares de Antonio González Méndez quien fue desparecido forzadamente por paramilitares en el año 1999. Foto: CDH Frayba

En agosto del 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad internacional del Estado mexicano en la desaparición de González Mendéz, en un contexto de persecución política contra la disidencia política y el EZLN.

En diciembre de 1997, una incursión militar en la localidad de Acteal en el municipio de Chenalhó ubicado en la región de Los Altos de Chiapas, desató un ataqué armado por parte de un grupo paramilitar local contra indígenas tzotziles, miembros de la organización pacifista “Las Abejas”, mientras realizaban una jornada de ayuno y oración en una ermita, dejando 45 personas asesinadas, entre las que se contaron 18 infancias, 19 mujeres  -4 embarazadas- y 8 hombres.

A 28 años de esta masacre, la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal continúa denunciando la impunidad en torno al caso, pues los autores intelectuales y funcionarios de alto nivel que pudieron estar implicados, no han recibido sentencia alguna.

En noviembre del 2006, cuatro personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y cuatro más fueron víctimas de desaparición forzada en la comunidad de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, en la región Selva de Lacandona. Los hechos ocurrieron -de acuerdo con el Frayba- cuando personas vestidas de civil entraron a la comunidad junto a 300 personas vestidas con botas y uniformes negros y azules, con armas de grueso calibre con las que agredieron a los comuneros.

Acto para exigir justicia por la masacre de Viejo Velasco.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Organización Xinich’ y la Misión Santísima Trinidad -en conjunto con múltiples organizaciones-, el motivo de este ataque fue el sembrar terror en los habitantes del municipio para obligarlos a desalojar sus tierras, enmarcado en el conflicto agrario presente la Selva Lacandona desde hace décadas, un conflicto que busca reubicar y desalojar forzosamente a “más de treinta poblados indígenas tseltales, tsotsiles, ch’oles y tojolabales, ubicados en la zona, para realizar negocios verdes con nuestra Madre Tierra”, menciona la Organización.

En el pronunciamiento correspondiente al Foro de Memoria Histórica, quienes suscriben reafirman que a 30 años de que la ofensiva contrainsurgente se desatara, sólo persiste un aire de impunidad al que se le suman casos actuales de violaciones a derechos humanos, tales como: “la ejecución extrajudicial de Simón Pedro Pérez, la Masacre de Nueva Morelia y la ejecución extrajudicial del Padre Marcelo Pérez Pérez”.

Se suman también la constante violencia contra “ la autonomía y El Común de los pueblos zapatistas, como en el poblado Autónomo Zapatista Belén, Región Campesina, perteneciente al Caracol 8 La Luz que Resplandece al Mundo, con sede en la comunidad Dolores Hidalgo, con el fin de convertir el territorio recuperado en tierra privada y seguir con el despojo hacia los pueblos”, sostienen mediante pronunciamiento.

Mientras se realiza la COP30, Brasil aprueba 30 plaguicidas altamente peligrosos

En portada: Protestas contra la agroindustria en la ciudad amazónica de Belém, Brasil, donde se realiza la COP30.

El pasado martes (11), un día después del arranque de la COP30, el Ministerio de Agricultura y Ganadería brasileño (MAPA, por sus siglas en portugués) difundió una nueva autorización para el registro y uso de 30 plaguicidas en el país sudamericano. 

Destaca que, entre ellas, 16 de las sustancias están clasificadas como Productos Muy Peligrosos para el Medio Ambiente (Clase II) debido al alto potencial de riesgo ambiental derivados de su uso. El resto de los componentes están clasificados como Productos Peligrosos para el Medio Ambiente (Clase III), e incluso algunos de ellos están prohibidos para su uso por la Unión Europea.

Entre las sustancias presentes en los productos registrados recientemente se incluyen la azoxistrobina y trifloxistrobina, las cuales representan peligros a la salud humana y animal vinculados con malformaciones fetales y el desarrollo de problemas neurológicos. 

Sobresale también que dentro de los agrotóxicos se incluye un nuevo tipo de glifosato, sustancia asociada con posibles efectos carcinogénicos, reproductivos y endocrinos. Entre otras sustancias se encuentran insecticidas y herbicidas como el clocernapir, S-metolacloro y protioconazol, todas relacionadas con impactos reconocidos como toxicidad para peces y aves, contaminación de aguas subterráneas, resistencia a hongos y riesgos directos para la salud humana.

Según recogen medios locales, para Paulo Petersen, miembro de la Red Nacional de Agroecología (ANA), la aprobación de 30 plaguicidas durante la realización de la COP30 en la ciudad amazónica de Belém, es absurda y la califica como “una burla total”. A ello se suma la postura de la Campaña Permanente contra los Plaguicidas y por la Vida, a través de Jakeline Pivato, quien denuncia la contradicción ambiental que se vive actualmente en el país, sede de las negociaciones climáticas.

“Brasil alberga uno de los eventos más importantes en el debate sobre el cambio climático, pero el agronegocio sigue dominando la toma de decisiones interna. Vendemos una imagen de preocupación por la sostenibilidad, pero mantenemos el grifo abierto, conservando nuestra posición como el mayor mercado mundial de plaguicidas”, denunció a través de de la ANA.

Pivato también ahondó en la violencia asociada al uso de los agrotóxicos ya que son las comunidades quienes sufren las consecuencias de estas sustancias, “cada vez más presentes en sus vidas y territorios, y la postura del gobierno federal permanece inalterable”, denunció al mismo tiempo que aseguró que solo a través de la movilización popular se podrá revertir esta situación.

“No es en estos acuerdos comerciales internacionales donde se producirá un cambio real”, sostuvo.

La autorización para el registro de estas sustancias en Brasil sucede a pesar del lanzamiento del Programa Nacional de Reducción del Uso de Plaguicidas (Pronara). Dicho programa hace parte del Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica (Pnapo) y derivó de un decreto firmado por el presidente Luis Ignácio da Silva el pasado 30 de junio.

Lanzamiento del Pronara cuyo objetivo es reducir el uso de agrotóxicos en Brasil.

Entre sus principales objetivos, el Pronara, aún en fase de implementación busca crear mecanismos para restringir el uso, la producción y la comercialización de plaguicidas altamente tóxicos en Brasil. También busca fomentar la reducción del uso de plaguicidas mediante la transición a sistemas de producción orgánicos y agroecológicos, por lo que fue celebrado por la ANA como uno de los logros tras más de una década de movilizaciones contra los intereses de la agroindustria brasileña.

Ante esta contradicción, Fábio Pacheco, integrante de la Comisión Nacional de Agroecología y Producción Orgánica (Cnapo), aseveró que la legislación vigente en Brasil no permite un control real sobre el registro de nuevos agrotóxicos. “Lo que sí está claro es que resulta muy perjudicial para un país con Pronara, que muestra un deseo de cambiar de rumbo, que se liberen plaguicidas clasificados como altamente peligrosos para el medio ambiente durante la COP”, denunció ante la ANA Amazonía.

Por su parte, Jaqueline Andrade, abogada de la organización Tierra de Derechos cuestionó cuál es la responsabilidad del gobierno federal en la reciente aprobación de los plaguicidas durante los días que se realiza la COP30. “El cambio en el uso del suelo, con la deforestación para monocultivos que utilizan plaguicidas de forma intensiva, es uno de los principales factores que impulsan las emisiones de gases de efecto invernadero y la crisis ambiental que estamos viviendo”, compartió para medios locales. 

Andrade sostuvo que la liberación de los agrotóxicos revela una contradicción que no se puede ignorar. “Es necesario la coherencia política, porque no hay clima en un país envenenado”, concluyó.

La liberación de los agrotóxicos recayó en la Secretaría de la Defensa Agropecuaria, el Departamento de Sanidad Vegetal e Insumos Agrícolas y la Coordinación General de Agrotóxicos.

Mapa de la enfermedad moral del poder; de Oppenheimer a Gaza

En portada: Una bandera palestina ondea entre los escombros de los edificios destruidos durante la ofensiva israelí en Rafah, al sur de Gaza. Febrero, 2025. Foto: Hatem Khaled

por Nysaí Moreno

La Flotilla Global Sumud representó uno de los gestos más contundentes de solidaridad civil en las últimas décadas: 44 nacionalidades, sumando cerca de 500 tripulantes en 40 embarcaciones, se dirigían hacia Gaza con un único objetivo: entregar alimentos, agua y medicinas. Fue una expedición de la sociedad civil global, organizada y financiada de manera independiente, un esfuerzo histórico que buscaba romper el cerco y aliviar el sufrimiento de una población sitiada.

La respuesta israelí fue desproporcionada y violatoria del derecho internacional. Varias embarcaciones fueron detenidas ilegalmente en aguas internacionales —a unas 70 millas náuticas de la costa—, lo cual, bajo el derecho marítimo, se considera zona fuera de jurisdicción israelí. Según los convenios internacionales, impedir el paso de ayuda humanitaria constituye un crimen; hacerlo mediante drones con explosivos, químicos, chorros de agua a presión, interferencia de radares y el despliegue de 600 agentes es un acto de piratería de Estado. 

Más aún, confiscar la ayuda y trasladar por la fuerza a los tripulantes a territorio israelí para procesarlos como “criminales”, —aunque una parte de los activistas fueron deportados, aún podrían estar detenidas algunas personas bajo condiciones opacas— constituye una violación directa de los derechos humanos y del derecho humanitario.

Activistas que participan en la Flotilla Global Sumud, con destino a Gaza para romper el bloqueo israelí sobre el territorio palestino, a bordo de un velero en el puerto norteño tunecino de Bizerta, el 13 de septiembre de 2025.

Este episodio encarna con nitidez lo que Michel Foucault y Giorgio Agamben llamaron Estado de excepción: la suspensión arbitraria de la ley por parte del poder soberano. Allí donde la ley debería proteger a los civiles, el poder la invierte y convierte lo ilegal en legítimo por la fuerza. Bajo el discurso de la “seguridad nacional”, Israel justifica lo que en cualquier otro contexto sería piratería, secuestro y violación del derecho humanitario. En el Estado de excepción, lo normal es que no haya norma: la vida queda despojada de derechos y convertida en “nuda vida”, mera existencia expuesta a la violencia sin protección.

Así, la democracia se muestra en su reverso: no como espacio de garantías universales, sino como aparato militar que preserva privilegios y elimina oposiciones. Las reglas, en este contexto, no son universales, sino armas que se aplican contra los desposeídos. Quien tiene ejército y armas nucleares dicta qué es ley y qué no lo es.

Esto señala la raíz de un poder que ha convertido la negación de lo básico —agua, medicinas, alimentos— en arma de guerra. Porque sí, Israel pudo haber dejado pasar la ayuda humanitaria y continuar bombardeando, su superioridad militar no estaba en riesgo. Por lo tanto, impedir la entrada no fue un error ni un exceso aislado: fue un cálculo político deliberado. Permitir ayuda debilitaría la narrativa del control absoluto; aceptarla sería reconocer que la población palestina merece sobrevivir. Mantener el asedio total, en cambio, funciona como estrategia de terror: no solo se mata con misiles, también con hambre, sed y enfermedad.

Un mes después de aquel episodio, las noticias confirman que nada ha cambiado: aunque se había anunciado un alto al fuego o una contención temporal, los informes más recientes registran nuevas incursiones aéreas israelíes en la Franja de Gaza, junto con restricciones al acceso de ayuda humanitaria que siguen vigentes. Tal continuidad revela que la tregua no implicó una pausa real en la lógica de destrucción, sino una de sus fases más visibles. En ese sentido, la entrega de asistencia humanitaria aparece menos como el final de una crisis y más como un paliativo dentro de un régimen permanente de violencia.

La gente corre a refugiarse tras un ataque israelí que tuvo como objetivo un edificio en el campamento de Bureij, en el centro de Gaza. Octubre, 2025. Fotografía: Eyad Baba.

Esto no pertenece únicamente al terreno de la política, sino a la psicología del poderLa sociopatía, entendida como la incapacidad de empatizar, se expresa aquí en su forma más descarnada: reducir a 2.3 millones de personas a la categoría de “enemigos” a neutralizar. Es una mirada que deshumaniza y convierte a la población civil en masa prescindible. Hannah Arendt lo llamó la banalidad del mal: no se requiere odio explícito, basta un aparato burocrático y militar que normaliza el exterminio y lo presenta como una decisión administrativa, como si se tratara de un trámite más.

Lo inquietante de esta lógica no es solo la violencia explícita, sino su administración meticulosa. Hannah Arendt, al analizar los juicios de Núremberg, mostró que el mal no siempre se manifiesta en figuras monstruosas cargadas de odio, sino en burócratas que cumplen órdenes y en sistemas que convierten la crueldad en rutina. Esa es la banalidad del mal: cuando el exterminio se normaliza como protocolo y deja de requerir justificación moral. El bloqueo a Gaza encarna ese mecanismo: la prohibición de la ayuda humanitaria se sostiene en regulaciones, permisos, decretos y discursos de “seguridad nacional”. Se vuelve un expediente, un documento firmado, un trámite sellado por un ministerio. 

Así, el crimen se diluye en papeles y sellos oficiales, ocultando que lo que se tramita es la asfixia sistemática de un pueblo. Lo banal no significa lo trivial, sino lo cotidiano: que matar por hambre pueda presentarse como gestión administrativa, y que esa deshumanización se acepte en la escena internacional como parte del lenguaje burocrático de los Estados.

¿Por qué Israel puede actuar con semejante impunidad? ¿Por qué parece que ninguna regla internacional lo detiene? La respuesta no se reduce a un solo factor, sino a la combinación de poder militar, respaldo político y control cultural.

En primer lugar, el respaldo de Estados Unidos y Europa es decisivo: cada año, Washington destina alrededor de 3.8 mil millones de dólares en ayuda militar a Israel, mientras que la Unión Europea le otorga legitimidad diplomática y comercial. Este flujo constante de recursos asegura que Israel mantenga una superioridad bélica sobre cualquier actor en la región.

En segundo lugar, el arsenal nuclear no declarado —estimado entre 80 y 400 ojivas— coloca a Israel en el club restringido de potencias atómicas. Aunque nunca lo haya reconocido oficialmente, ese poder disuasorio actúa como escudo: ningún organismo internacional se atreve a sancionar de manera efectiva a un Estado con capacidad nuclear.Israel no ha firmado el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), el acuerdo internacional que busca impedir la expansión del armamento atómico y promover el desarme global. Este hecho lo coloca fuera de los mecanismos de verificación y control que rigen incluso para potencias como Estados Unidos, Rusia, China, Francia o Reino Unido. En otras palabras: opera al margen de la ley internacional sin que ello tenga consecuencias diplomáticas reales.

Oficiales del ejército estadounidense e israelí conversan frente a un sistema de defensa antimisiles Patriot estadounidense. Foto: Jack Guez.

A esto se suma su papel como potencia tecnológica y militar global. Israel lidera en el desarrollo de drones, sistemas de ciberseguridad y armas de precisión, tecnologías que exporta a decenas de países. Su economía está íntimamente entrelazada con los intereses de las potencias occidentales: sancionarlo sería algo así como “morder la mano” que sostiene gran parte del aparato militar-industrial de Occidente.

Por último, está el control del relato. Israel se presenta como víctima histórica, anclando su legitimidad en la memoria del Holocausto. Ese lugar simbólico le permite sostener que cualquier cuestionamiento a su política es antisemitismo, lo cual silencia o deslegitima críticas en los foros internacionales. Además, redes de lobby como AIPAC (Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí) en Estados Unidos o sus vínculos con partidos europeos blindan sus intereses en la arena política global.

Israel no es poderoso únicamente por sus armas, sino porque ha logrado construir un poder híbrido: militar, político y simbólico. Esa combinación le permite violar el derecho internacional sin consecuencias inmediatas. Es la demostración palpable de que, en el escenario mundial, las leyes se aplican de forma selectiva: pesan más las alianzas y los arsenales que los tratados y convenios.

Cuando se habla de que Israel posee entre 80 y 400 ojivas nucleares, no se trata de un número abstracto. Una ojiva es la parte del proyectil o misil donde se concentra la carga explosiva: el “corazón” del arma. En una ojiva nuclear, esa carga no es un simple explosivo químico como la dinamita, sino la energía liberada por la fisión o fusión del átomo, el proceso más potente que la humanidad haya conseguido desencadenar.

En la fisión nuclear, el núcleo de un átomo pesado —como el uranio-235 o el plutonio-239— se divide en dos fragmentos más pequeños al ser impactado por un neutrón. Esa división libera una cantidad gigantesca de energía, millones de veces superior a la de una reacción química común. En la fusión nuclear, que es la que alimenta el sol, ocurre lo contrario: núcleos ligeros (como los del hidrógeno) se unen para formar uno más pesado (helio), liberando aún más energía. Las bombas termonucleares combinan ambos procesos: usan la fisión como detonante y la fusión como multiplicador.

La energía nuclear tiene dos rostros. En su versión civil, puede alimentar reactores eléctricos, producir isótopos médicos o impulsar submarinos. En su versión bélica, se convierte en el arma más destructiva jamás creada: una sola bomba puede arrasar una ciudad enteraliberar radiación letal por décadas y alterar el equilibrio ecológico del planeta. Por eso lo “nuclear” no es solo una categoría militar o tecnológica: es un símbolo del límite. Representa el punto en el que el ser humano adquiere la capacidad de destruir todo lo que existe, incluida su propia especie.

El primer ministro Benjamin Netanyahu, a la izquierda, durante una visita a las instalaciones de Industrias Aeroespaciales de Israel el 17 de diciembre de 2018. Foto: Koby Gideon.

Israel, aunque nunca lo ha declarado oficialmente, mantiene uno de los arsenales nucleares más sofisticados y discretos del planeta. Sus ojivas son miniaturizadas, adaptables a misiles de largo alcance, y forman parte de una estrategia de disuasión absoluta: nadie ataca a quien puede borrar del mapa a su adversario con un solo lanzamiento. Esta asimetría tecnológica es el núcleo del poder contemporáneo. La posesión de armas nucleares no solo garantiza inmunidad militar, sino también impunidad política: quien controla la energía del átomo controla el miedo, y quien controla el miedo impone las reglas.

En ese sentido, lo nuclear no es solo un fenómeno físico, sino también una estructura de poder simbólico. Es la encarnación moderna de lo que antes se atribuía a los dioses: la facultad de aniquilar.

Lo nuclear no es solo una tecnología: es una ruptura civilizatoria. Cuando el ser humano aprendió a dividir el átomo, desató una fuerza que hasta entonces pertenecía a las estrellas. El mito de Prometeo, aquel titán que robó el fuego de los dioses para entregarlo a los hombres, adquiere aquí su sentido más literal. En la antigüedad, el fuego representaba el conocimiento; en el siglo XX, ese fuego se volvió radiante, invisible, atómico. La humanidad prometéica ya no roba solo la chispa divina: roba el relámpago del sol y lo guarda en silos subterráneos.

Pero, como advertía Hannah Arendt, cada avance técnico sin reflexión ética transforma al hombre en esclavo de su propio poder. En “La condición humana, Arendt escribe que el problema no es que el hombre haya inventado armas capaces de destruir el planeta, sino que ya no sabe qué hacer con el poder que posee. La energía nuclear revela la paradoja de nuestra era: cuanto más control ejercemos sobre la materia, menos control tenemos sobre nosotros mismos.

El filósofo Günther Anders, en “La obsolescencia del hombre, lo expresó con crudeza: el ser humano se ha vuelto “inadecuado para el tamaño de sus actos”. Somos capaces de fabricar artefactos cuyo poder excede toda comprensión moral o emocional. Anders lo llamó el “desfase entre lo que hacemos y lo que podemos imaginar”: el abismo entre la mano que construye la bomba y la mente que no puede concebir el alcance de su destrucción.

Así, lo nuclear es más que una amenaza material: es una metáfora del poder absoluto. Es el punto en el que la técnica se emancipa de la conciencia, y el cálculo sustituye al juicio ético. Ya no se mata por odio, sino por diseño. Es el triunfo de la racionalidad instrumental sobre la empatía, la culminación del proceso que Arendt definió como la banalidad del mal: cuando la aniquilación se convierte en un trámite, una orden de trabajo o un algoritmo.

Como el titán que roba el fuego, el científico moderno roba el núcleo del átomo: trae luz, pero también condena. La humanidad entera se ha vuelto prometeica, encadenada a su propio descubrimiento

El fuego que libera a los hombres también los quema. El águila que devora el hígado del titán no es castigo divino, sino metáfora del deseo insaciable de dominar: cada vez que el hígado se regenera, la humanidad vuelve a buscar otro fuego  —más conocimiento—. 

El mito advierte que robar el fuego divino no hace a los hombres dioses, sino prisioneros de su propio poder. La era nuclear es la reedición del mito prometeico: el fuego que nos permitió dominar la materia amenaza ahora con consumirnos. El águila de Zeus tiene hoy forma de radiación.

Fotografía de Prometeo del libro “Historia del mundo insólito”.

Prometeo, encadenado en la roca por robar el fuego divino, simbolizaba la culpa del conocimiento. Pero en la era nuclear, ya no hay castigo divino ni águila que devore el hígado del transgresor: hay indiferencia. Hemos naturalizado el poder de destruirlo todo. Y esa indiferencia, esa anestesia moral ante la posibilidad de la extinción, es la expresión más alta de la sociopatía de nuestro tiempo.

James Lovelock, creador de la hipótesis de Gaia junto con Lynn Margulis, plantea en este libro un giro radical en su pensamiento ecológico. Si en los años setenta Gaia era la metáfora de la Tierra como organismo vivo que se autorregula para sostener la vida, en “La venganza de Gaia (2007) Lovelock afirma que esa autorregulación ha sido sobrepasada: la humanidad ha roto el equilibrio del planeta. La Tierra ya no puede compensar la presión de nuestra especie, y está respondiendo con una suerte de “ajuste natural”; “su venganza” —por termodinámica y no por emociones humanas— frente al calentamiento global y la devastación ambiental.

Lovelock sostiene que la magnitud de la crisis climática es tal, que ya no bastan los gestos simbólicos ni las soluciones de energía “limpia” como los molinos eólicos o los paneles solares. Desde su perspectiva, esas tecnologías son insuficientes para mantener el nivel de consumo energético global sin destruir ecosistemas o recurrir a vastas extensiones de tierra y materiales contaminantes. Por eso, su declaración más polémica es su defensa de la energía nuclear como “la opción menos mala” disponible para frenar el colapso ambiental

Parque Eólico en Unión Hidalgo. Foto: Santiago Navarro F.

Lovelock considera que la energía nuclear, pese a su carga simbólica y sus riesgos, es la única tecnología existente capaz de generar grandes cantidades de electricidad sin emitir dióxido de carbono. Para él, el miedo a lo nuclear proviene más de la psicología colectiva que de los datos: sostiene que los accidentes como Chernóbil o Fukushima, aunque trágicos, han causado menos víctimas que la contaminación del carbón o del petróleo.

Sin embargo, su argumento es profundamente paradójico. En su afán por “salvar Gaia”, Lovelock propone una solución que concentra el mismo tipo de poder que ha llevado al ser humano a amenazar su propia existencia. La energía nuclear civil y la militar comparten la misma raíz: el dominio del núcleo atómico. Y ese dominio implica una relación instrumental con la vida y con la materia: el deseo de controlar el fuego primigenio, de manipular las fuerzas que sostienen la estructura misma del cosmos.

Lovelock advierte que Gaia se venga, pero al mismo tiempo ofrece un nuevo “fuego robado” como salvación. La contradicción es profunda: la energía nuclear como remedio para el daño causado por la energía fósil es, a la vez, síntoma del mismo paradigma tecnocrático que concibe a la Tierra como una máquina susceptible de ser reparada mediante más poder, más control, más radiación.

El valor del libro no reside tanto en su propuesta nuclear —aunque ese argumento lo encuentres en las primeras páginas—, sino en su advertencia: el sistema autorregulador de Gaia está agotado. Lovelock llama a reconocer que la Tierra ya no responde pasivamente a nuestras acciones, sino que “se defiende” usando la metáfora de la venganza para referirse a la termodinámica. Pero su defensa de la energía nuclear muestra el dilema central de nuestra civilización: la incapacidad de imaginar una energía verdaderamente ecológica, una que no dependa del dominio ni de la extracción, sino de la convivencia con los ciclos planetarios.

El discurso del “verde nuclear” se presenta como una alternativa racional y tecnológica frente al colapso climático. Bajo la promesa de reducir las emisiones de carbono, gobiernos, corporaciones y científicos comienzan a rehabilitar la imagen de la energía nuclear: la visten de “energía limpia”, “sostenible” y “neutra en carbono”. Pero detrás de ese ropaje técnico se esconde una reconfiguración geopolítica del poder.

El “nuclear verde” no es una ruptura con el paradigma extractivista, sino su mutación más sofisticada. Las mismas empresas que enriquecen uranio o fabrican reactores también producen armamento, desarrollan satélites militares y controlan los sistemas de vigilancia global. 

La transición energética que se anuncia como ecológica repite, en realidad, la lógica del control centralizado: grandes infraestructuras, concentración tecnológica y dependencia de materiales altamente regulados. En lugar de liberar a las comunidades del dominio energético, las somete a una nueva forma de dependencia radiológica y tecnológica.

Desde esta perspectiva, el “verde nuclear” es un discurso de legitimación: utiliza el miedo al colapso climático como coartada para fortalecer la alianza entre Estado, industria militar y corporaciones energéticas. La retórica de “salvar el planeta” se convierte en una narrativa funcional a la acumulación de poder. Se invoca la urgencia ecológica para justificar megaproyectos, inversiones billonarias y tratados de cooperación militar disfrazados de innovación verde.

Instalaciones nucleares en Pittsburgh, Estados Unidos. Foto: Pittsburgh Post-Gazette.

Lovelock, sin pretenderlo —al parecer—, inaugura este nuevo mito: el de la energía que “nos salvará” mientras nos encadena. Su defensa de la energía nuclear revela una paradoja que atraviesa toda la modernidad: el deseo de preservar la vida mediante instrumentos de muerte. Lo nuclear, incluso en su versión civil, mantiene una relación estructural con el poder absoluto: el control del átomo, del tiempo, del miedo.

En este sentido, la “venganza de Gaia” puede leerse también como una metáfora de la venganza del sistema sobre sí mismo. El capitalismo tecnológico se autopercibe en crisis, pero su solución no es la renuncia, sino la intensificación: más ciencia, más máquinas, más radiación, más control. Frente a ese delirio de poder, el desafío no es solo ecológico, sino ontológicocómo salir del paradigma de la dominación sin sustituirlo por otro disfrazado de salvación.

La era nuclear no solo transformó la relación del ser humano con la energía: transformó la estructura misma de la existencia. Por primera vez en la historia, una especie adquirió el poder de borrar su propia huella del planeta. Ese poder absoluto fracturó el vínculo ontológico que unía la vida con la Tierra: el antiguo pacto entre los seres y su entorno, entre el fuego interior del sol y el fuego simbólico de la conciencia.

La energía atómica desnudó el núcleo de la materia, pero también el de la mente humana. En el acto de escindir el átomo se revela el impulso más profundo del pensamiento moderno: conocer para dominar, dividir para controlar, iluminar hasta cegar. Al romper la cohesión del átomo, el ser humano rompió también la cohesión del sentido. Ya no somos parte de Gaia, sino sus cirujanos y sus verdugos, fascinados por el poder de intervenir su metabolismo.

Desde esta perspectiva, lo nuclear no es solo tecnología, es la materialización del pensamiento cartesiano que separó mente y cuerpo, humanidad y naturaleza, sujeto y objeto. Es el eco de la escisión original que permitió a Occidente mirar al mundo como materia disponible, cuantificable, explotable. Gaia —esa totalidad viva, esa inteligencia planetaria— fue reducida a recurso.

Lovelock, en su paradoja, intuye esta ruptura: Gaia se venga no por resentimiento, sino por termodinámica. Su equilibrio no se defiende desde la moral, sino desde la física. Pero el ser humano, que se cree fuera del sistema, confunde la venganza de Gaia con una catástrofe, cuando en realidad es una reconfiguración del orden vital. La Tierra no muere: se sacude el exceso de una especie descentrada.

La crisis energética, política y espiritual converge en un mismo punto: la pérdida del asombro. Ya no tememos a los dioses ni reverenciamos el misterio, solo tememos quedarnos sin energía; el “salto cuántico” de la humanidad. Lo nuclear, en ese sentido, es el espejo final del “vacío metafísico” contemporáneo: el intento de sustituir la conciencia por la potencia, la vida por la eficiencia, el alma por la radiación.

El desafío no es solo ecológico ni tecnológico, sino existencialcómo volver a sentir el mundo como una totalidad viva. Cómo restituir a Gaia su condición de ser y no de objeto.

Christopher Nolan, en su película “Oppenheimer (2023), no solo retrata al físico que dirigió el Proyecto Manhattan: construye una mitología. Bajo la apariencia de un drama moral y científico, la película se convierte en una parábola sobre el poder absoluto del conocimiento y la absolución del culpable. El “padre de la bomba atómica” emerge como un Prometeo moderno, torturado por su conciencia, pero engrandecido por su culpa. El film logra lo que toda ideología busca: transformar un crimen histórico en un dilema existencial, y un acto de destrucción planetaria en una hazaña intelectual.

El relato de “Oppenheimer no es inocente. Desde su lenguaje visual hasta su estructura narrativa, reproduce la estética del poder: la fascinación por la luz, el fuego, la explosión. Lo atómico se convierte en espectáculo. En una de las secuencias más intensas —la prueba Trinity—, Nolan consigue que el espectador experimente el éxtasis de la destrucción: el silencio previo, la expansión del fuego, el temblor del suelo. Es un momento de comunión estética con el horror, un punto donde la energía del sol se vuelve cine, y la aniquilación, belleza.

Foto histórica de la prueba Trinity. El 16 de julio de 1945 se detonó la primera bomba atómica en Los Alamos, Nuevo México.

El héroe trágico de Nolan encarna la paradoja del científico occidental: quien crea el instrumento de la muerte y al mismo tiempo busca redención a través del conocimiento. En su rostro, la culpa se vuelve virtud. No hay juicio político ni condena ética: solo el drama interior del genio. El verdadero horror —los cuerpos evaporados, las ciudades destruidas, la radiación— queda fuera de campo. El crimen se estetiza, la historia se abstrae, y la humanidad se reduce al tormento psicológico de un individuo.

En ese gesto, “Oppenheimer revela la función política del cine contemporáneo: producir empatía hacia el poder. Hollywood no censura la violencia; la convierte en catarsis. Nos invita a compadecer al creador de la bomba en lugar de mirar a las víctimas. Lo nuclear deja de ser una advertencia y se vuelve una metáfora del genio humano. La destrucción, en manos de un artista, se transforma en arte.

La película, filmada con precisión hipnótica, despliega la lógica de la necropolítica estética: la gestión emocional del espectador ante la violencia masiva. Así, el cine participa en la misma maquinaria que fabrica guerras, legitimidades y héroes. La pantalla no denuncia el poder, lo reescribe: convierte el fuego en luz, la radiación en épica, el trauma en entretenimiento.

“Oppenheimer” no nos muestra el infierno, sino su versión fotogénica. El fuego nuclear arde en silencio, pero el público sale del cine fascinado. Ese es el triunfo del relato atómico: lograr que la devastación parezca sublime.

El filósofo Arthur Schopenhauer sostenía que el mundo no es una realidad objetiva, sino una representación moldeada por la voluntad: una energía ciega que nos impulsa, nos domina y nos hace repetir la misma búsqueda incesante de satisfacción. En su obra “El mundo como voluntad y representación, esa voluntad universal carece de propósito moral o racional; es pura fuerza que se expresa en todo lo vivo, desde el instinto hasta el pensamiento. 

Si trasladamos esa intuición a la era contemporánea, el cine se convierte en el espacio donde esa “voluntad” encuentra su forma visible: la pantalla es la caverna moderna donde el deseo colectivo es moldeado, domesticado y reproducido.

Las ficciones audiovisuales —desde los thrillers bélicos hasta las distopías científicas— no solo entretienen: programan la percepción del mundo. Hollywood, en su papel de fábrica global de imágenes, produce no solo películas, sino también mitologías políticas. Cada guerra tiene su guion previo, cada invasión su justificación estética. La cámara funciona como una prótesis ideológica: naturaliza lo excepcional, estetiza el desastre, hace digerible la barbarie.

En este sentido, el cine actúa como una tecnología de gobierno emocional, un dispositivo de biopolítica en el sentido foucaultiano: regula lo que podemos sentir, imaginar o temer. Reinterpreta antiguos arquetipos: el sabio que conoce el secreto de la salvación, el científico iluminado al borde de la locura, el sacrificio redentor como destino inevitable. Cada relato repite la misma liturgia moderna: el conocimiento reservado a unos pocos, la jerarquía moral que legitima la destrucción como purificación. La pantalla traduce la ideología en relato y el relato en empatía: nos enseña a admirar la sabiduría de “los elegidos” y a aceptar el sacrificio como espectáculo.

Schopenhauer diría que el cine alimenta la voluntad en su forma más peligrosa: el deseo de poder. La industria del entretenimiento no libera la mente; la mantiene cautiva en un ciclo de placer y anestesia. Cada escena épica, cada explosión, cada héroe que salva al mundo reafirma la idea de que el poder y la destrucción son consustanciales a la condición humana. Lo nuclear, lo militar, lo mesiánico: todo se convierte en espectáculo.

El resultado es una forma de control narrativo global. La ideología se vuelve paisaje, banda sonora, gesto técnico. Lo que Schopenhauer llamó “representación” ha sido perfeccionado por el capitalismo visual: el mundo no es solo representación, sino producción audiovisual permanente. Vivimos dentro del guion que otros escriben: el del progreso, la salvación tecnológica y la guerra “justa” e inevitable.

El control de la muerte exige el control de las imágenes que la legitiman. 

El cine, así, cumple la función del espejo oscuro donde el poder contempla su propio mito. Cada imagen que nos conmueve, nos adiestra. Cada historia que admiramos, nos disciplina. Lo que era “voluntad ciega” en Schopenhauer es hoy una maquinaria perfectamente iluminada: proyectores, pantallas, algoritmos. La voluntad ha sido capturada por la industria de la representación.

Esta industria ha convertido la guerra en lenguaje, y la violencia en estética. Cada explosión en pantalla refuerza la convicción de que el conflicto es inevitable, que la humanidad se define por su capacidad de destruir para reconstruir. La figura del genio científico o del héroe solitario es la máscara moderna del poder nuclear: concentra en un individuo lo que es en realidad una maquinaria global de dominación.

Por eso, cuando Israel bombardea o intercepta flotillas humanitarias, el mundo apenas reacciona. La anestesia cultural ha hecho su trabajo. El imaginario ya fue colonizado. 

La pantalla, esa extensión luminosa del ojo colectivo, produce la aceptación del horror. Lo que antes era excepcional se ha vuelto cotidiano. Lo que antes era crimen, ahora es argumento.

El resultado es una humanidad hipnotizada por su propia imagen, convencida de que la destrucción puede redimirla. El cine, la ciencia y la ideología convergen en una misma pulsión: la voluntad de poder que Schopenhauer describía, transformada en espectáculo global.

Lo nuclear ya no es solo una bomba: es un relato. Un relato que nos hace creer que solo “el fuego” puede purificar el mundo.

El filósofo camerunés Achille Mbembe acuñó el término necropolítica para describir la forma contemporánea del poder: ya no se trata de gobernar la vida —como planteaba Michel Foucault en su noción de biopolítica—, sino de administrar la muerte. En el siglo XXI, los Estados y las corporaciones ya no solo regulan la existencia: deciden, de manera explícita o encubierta, quién merece protección y quién puede ser eliminado sin escándalo.

Esa es la matriz que sostiene el orden mundial actual. Un puñado de hombres —magnates, políticos, militares, banqueros, tecnócratas— controla la capacidad de destrucción total del planeta. Son los herederos directos del complejo militar-industrial que emergió tras la Segunda Guerra Mundial: los nuevos sacerdotes del átomo, creadores, guardianes y “sabios” del fuego nuclear, intérpretes de un conocimiento reservado a unos pocos. Unas cuantas mentes superdotadas son los herederos de Prometeo: dominan el fuego, pero han olvidado su advertencia.

La necropolítica es el régimen de la sociopatía institucionalizada: un sistema donde la empatía es sustituida por cálculo, y la justicia por estrategia.

Las armas nucleares son su emblema máximo: la amenaza de aniquilación masiva se convierte en herramienta de estabilidad geopolítica. El mundo vive bajo el chantaje del equilibrio del terror. Los pueblos, las comunidades y los cuerpos disidentes se mantienen bajo vigilancia, represión o exterminio selectivo. Los cuerpos policiales, los ejércitos y los aparatos paramilitares —a los que en América Latina se suman los cárteles, las milicias, las maras y otras economías armadas que operan como poderes paralelos o aliados del Estado— no solo custodian territorios, sino imaginarios; son los guardianes del orden necropolítico, los filtros de la desobediencia.

La necropolítica no necesita campos de concentración visibles: se ejerce a través del hambre, del asedio, de la contaminación, del silencio mediático. Gaza, los pueblos fumigados, los migrantes ahogados en el mar, los cuerpos desaparecidos en México, los asesinatos de activistas y periodistas, las mujeres asesinadas por la violencia patriarcal: todos son rostros de una misma estructura, la de un poder que se sostiene sobre la gestión de la muerte.

Lo que Mbembe describe no es una teoría lejana: es el rostro cotidiano del presente. Seguimos siendo rehenes de unos cuantos psicópatas y sociópatas que confunden el mando con la impunidad, el control con la inteligencia, la amenaza con la civilización. Pero su dominio no es invencible: su fuerza depende de nuestra anestesia. Por eso, comprender la necropolítica no es un ejercicio académico, sino un acto de resistencia.

Investigarla, leerla, discutirla es el primer paso para desmontarla. Porque lo que está en juego ya no es una ideología, sino la posibilidad misma de seguir habitando el planeta. Frente a la necropolítica, pensar y sentir son actos subversivos. Recuperar la empatía, reactivar la conciencia, volver a mirar el mundo sin miedo: esa es la nueva revolución.

En el corazón del universo actúan solo cuatro fuerzas fundamentales: la gravedad, que mantiene unidos a los planetas y las galaxias; el electromagnetismo, que enlaza la materia y permite la luz; la fuerza nuclear débil, responsable del decaimiento y la transformación; y la fuerza nuclear fuerte, que mantiene cohesionados los núcleos atómicos, el tejido último de la materia.

Estas fuerzas son el lenguaje de la naturaleza, los cuatro acordes que sostienen la sinfonía de lo existente. Todas coexisten en equilibrio dinámico. La vida es, en realidad, un fenómeno de armonía entre esas tensiones invisibles.

Sin embargo, sobre ese equilibrio cósmico, una especie —la nuestra— ha construido un sistema que ya no regula la vida, sino la muerte. Lo que Mbembe llama necropolítica describe precisamente este desvío: el momento en que el poder humano decide quién puede vivir y quién debe morir, quién merece auxilio y quién puede ser borrado sin memoria.

Las armas nucleares son la expresión suprema de esa ruptura: hemos tomado la fuerza que mantiene unido al átomo y la hemos convertido en mecanismo de exterminio. Hemos transformado la energía que da forma al cosmos en herramienta de castigo, dominio y exterminio.

Recordar las cuatro fuerzas del universo es, entonces, un acto de memoria cósmica. Es recordar que el equilibrio existe y que la destrucción no es destino, sino decisión. La gravedad no oprime: sostiene. El electromagnetismo no domina: conecta. La energía nuclear no asesina: mantiene la materia unida. El problema no está en las fuerzas del universo, sino en la distorsión de la voluntad humana.

Reaprender a mirar esas fuerzas no desde el poder, sino desde la pertenencia, podría ser el inicio de otra historia. Una historia en la que la inteligencia no sea el privilegio de destruir, sino la capacidad de sostener la vida. Frente al régimen de la muerte, pensar, sentir y crear vuelven a ser los únicos actos radicales de resistencia.

¿De dónde surge tanta maldad? ¿Cómo una especie de mamíferos pensantes, capaces de imaginar constelaciones y escribir sinfonías, llegó a diseñar su propia aniquilación?
La respuesta no está solo en la política, ni en la economía, sino en el pensamiento mismo: en la forma en que la humanidad —o, más precisamente, la civilización occidental— ha comprendido la existencia.

Desde Parménides hasta Heidegger, la filosofía europea definió el ser como algo fijo, permanente, estable: una identidad que debía conservarse frente al caos del mundo. Esa necesidad de fijar el ser fue el origen de una ontología del control. Si el ser es lo idéntico, lo puro, lo constante, entonces lo diferente, lo cambiante o lo ambiguo se vuelve amenaza.

De esa matriz nació una estructura entera de poder: el ser como dominación. Primero, el dominio del alma sobre el cuerpo; luego, del hombre sobre la naturaleza; más tarde, de Europa sobre el resto del mundo. En cada etapa, la filosofía justificó la jerarquía y el exterminio en nombre del orden, de la verdad, de la razón.

La maldad humana —la sociopatía institucionalizada que hoy vemos en los Estados, los ejércitos, las corporaciones— no brota de la “naturaleza del hombre”, sino de esa antigua obsesión metafísica: el deseo de ser uno, de permanecer, de controlar. La enfermedad moral del poder es, en el fondo, una enfermedad del ser: una mente que necesita dominar para existir.

En el cine, la filosofía y la ciencia, Occidente ha impuesto un mismo relato: el del genio solitario. El científico, el filósofo, el artista: figuras que encarnan la cima del ser occidental —autónomo, racional, capaz de dominar las fuerzas del mundo.

Es la paradoja del pensamiento occidental: quien destruye el mundo es también quien reclama salvarlo. El ser se glorifica incluso cuando aniquila. Así, la figura del genio no es inocente: funciona como dispositivo cultural de colonización, un modelo de subjetividad que ha sido exportado globalmente a través del cine, la educación, la filosofía y la ciencia.

Durante siglos, el pensamiento europeo se proclamó universal. Desde los journals del Norte hasta las pantallas de Hollywood, lo que se globalizó no fue solo una economía, sino una ontología: una manera de comprender lo humano desde la separación, la competencia, la abstracción. La colonialidad no solo ocupó territorios: ocupó la mente.

El filósofo argentino Rodolfo Kusch propuso una ruptura radical con esa tradición. Frente al “ser” que domina, opuso el “estar siendo”: una forma de existencia que no se define por la abstracción ni por el control, sino por la inmersión en la vida, el territorio y la comunidad.

En el ser, la identidad se impone; en el estar, la vida se comparte. Mientras la mente europea buscó asegurarse del mundo a través del pensamiento, América Latina lo habitó a través de la relación. El estar siendo no busca independencia, sino interdependencia; no afirma el dominio, sino la reciprocidad.

En los pueblos originarios y en la vida cotidiana latinoamericana persiste esa ontología del vínculo: el campesino que no se define por una profesión sino por su relación con la tierra; la comunidad que mide el tiempo en ciclos, no en cronómetros; la palabra que no pretende verdad absoluta sino acuerdo. Es otra forma de inteligencia, una sabiduría del equilibrio.

“Luchamos para vivir”, una de las consignas de pueblos originarios en Brasil durante las manifestaciones del Campamento Tierra Libre, un evento que reunió a miles de indígenas que protestaron para reivindicar sus luchas en defensa de sus territorios. Foto: Aldo Santiago.

Por eso, para Kusch, América Latina oscila entre esas dos formas de existencia: las élites, seducidas por el ser europeo, erigen instituciones, fronteras y sistemas de control; el pueblo, en cambio, vive el estar, una ontología relacional que resiste la abstracción del poder y afirma la continuidad con la tierra, la historia y los otros.

El estar siendo no es pasividad. Es una ética del equilibrio: una forma de sabiduría que entiende que la vida no se conquista, se sostiene. Frente a la locura de una humanidad que busca eternizarse destruyendo, el pensamiento de los pueblos originarios recuerda que existir es permanecer en movimiento, en vínculo, en mutua dependencia.

Tal vez ahí, en ese estar siendo ancestral y popular, se encuentre la única cura posible para la enfermedad moral del poder. El vínculo entre estar siendo y la posibilidad de reimaginar el poder no como dominación, sino como cuidado o sostén de la vida.

Comunidad de San Lorenzo Azqueltán resiste otro ataque a días de su aniversario de autonomía

Portada: Celebración del octavo aniversario de autogobierno y control territorial de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán

La Comunidad Indígena Autónoma Tepehuana-Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, denunció un nuevo ataque en el que personas armadas violentaron, robaron e intentaron desalojar a comuneros que trabajaban la tierra. Se trata de un hecho ocurrido cinco días antes de su 12°aniversario como territorio autónomo, celebrado el pasado 9 de noviembre.

Bajo la advertencia de “los pequeños propietarios ya demostraron ser los dueños”, comuneros de Azqueltán fueron víctimas de un nuevo ataque por parte de sujetos auto-identificados como “pequeños propietarios”, informaron a través de un comunicado. Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre cuando personas armadas que viajaban en una camioneta Ram color gris, amenazaron de muerte, robaron e intentaron desalojar a comuneros que se encontraban trabajando en dos predios comunales distintos: El Sabino Quemado y Cuenca del Mosco.

Integrantes de esta comunidad responsabilizan -por presuntamente ordenar estos actos ilegales- a la agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional del Distrito XI, con sede en Villa Guerrero, Jalisco. Así mismo exigen al Gobierno de ese estado y a la Fiscalía Estatal que cesen de inmediato el hostigamiento, la represión y el despojo de sus terrenos comunales.

Azqueltán se encuentra en alerta permanente, emitiendo un llamando de solidaridad a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, colectivos y pueblos originarios a resonar su voz para demostrar que sus integrantes no están solos.

En septiembre del 2018, en Azqueltán fue realizada una segunda misión de observación en la que se determinó una falta de definición agraria, que da lugar a la incertidumbre jurídica que por años ha aquejado a los pobladores indígenas. Se identificó también un ambiente de impunidad al no haberse investigado -hasta ese entonces-, las agresiones e intentos de homicidio señalados en las carpetas 46/2018329/2017 y 484/2018.

Pese a la intervención de organizaciones de derechos humanos que han fungido en misiones de observación, la violencia en la comunidad ha continuado.

En abril del 2018, Catarino Aguilar Márquez, el entonces concejal de la comunidad y el comunero Noé Aguilar Rojas, fueron secuestrados por un comando armado, abordo de una camioneta Toyota Hilux doble cabina. Estuvieron retenidos durante 24 horas, tiempo en el que fueron interrogados y torturados. Posterior a este ataque toma lugar la segunda misión de observación.

En noviembre del 2019, Ricardo de la Cruz, Rafael Reyes Márquez y -nuevamente- Noé Aguilar Rojas, fueron desaparecidos, golpeados y posteriormente puestos en libertad, a manos del cacique Favio Ernesto Flores Sánchez.

Meses después en enero del 2020, denunciaron un ataque armado contra el ex comisariado de bienes comunales Jesús Manuel Aguilar Hernández, por parte de personas al servicio de Flores Sánchez. Hernández resultó ileso.

En octubre del 2024, la comunidad denunció la criminalización de 17 personas comuneras y comuneros de Azqueltán. Fueron citados ante el Juez Segundo de Control del Décimo Primer Distrito Judicial, en Colotlán, Jalisco, bajo la acusación de robo tan sólo por ejercer sus acuerdos asamblearios.

San Lorenzo Azqueltán, es una comunidad indígena autónoma ubicada en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, en la región del cañón de Bolaños, integrada por dos grupos indígenas: los tepehuanos y wixáritari, pueblos que luchan conjuntamente por la restitución de 45 mil de las 94 mil 400 hectáreas que les pertenecen de acuerdo a un título que data de la época virreinal.

Por más de dos siglos, San Lorenzo ha enfrentado situaciones de despojo territorial y violencia, propiciadas por el asentamiento de personas mestizas y ganaderas en tierras comunales que han convertido en ejidos. Actualmente, los problemas que amenazan este territorio indígena están relacionados con intereses ganaderos y mineros, que han desembocado en amenazas, secuestros, tortura y ataques armados contra comuneros tepehuanos y wixáritaris.

Miembros de esta comunidad señalan que su territorio se encuentra en trámite de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, Jalisco, ante el que se reconocen como “dueños ancestrales e históricos” de esas tierras, amparado por el título virreinal del año 1733.

Esta comunidad declaró en asamblea su autonomía el 9 de noviembre del 2013, ejerciendo su autogobierno y control territorial desde entonces y hasta la actualidad. En compañía de los consejos de las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y Santa Catarina Cuexcomatitlán, firmaron el acta declaratoria como comunidad indígena autónoma pero, fue hasta noviembre del 2015 que la Comisión Estatal Indígena de Jalisco la reconoció formalmente.

En noviembre del 2021, pobladores de Azqueltán celebraron su octavo aniversario con la inauguración de una clínica de salud comunitaria operada por miembros de la comunidad y para la cual, se inspiraron en el sistema de salud de los Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista, o Caracoles en Chiapas.

La actividad minera en San Lorenzo de Azqueltán, ha sido controversial y generadora de conflicto en la comunidad. En marzo del 2022, denunciaron a la empresa minera Amonitas junto al gobierno federal mexicano por realizar trabajos de prospección minera en camionetas con el logotipo del Servicio Geológico Mexicano, tomando muestras de piedras y materiales, sin que nadie lo haya autorizado.

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Hasta el momento la actividad se ha limitado a intentos de prospección frente a los que la comunidad tepehuana-wítarika ha declarado la prohibición al acceso, muestreo, vuelo de aeronaves y cualquier otro trabajo sin la aprobación de la asamblea comunal.

Amazonía: asesinan a profesor y luchador por educación intercultural bilingüe

El profesor indígena Isai Shuuk Shawit fue asesinado en la provincia de Datem del Marañón (región Loreto), en la Amazonía peruana. 

El dirigente del pueblo Awajún, presidente de la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas (CORMI), luchaba por la educación intercultural bilingüe y los derechos de los docentes de comunidades originarias. 

El entorno de la víctima denuncia que recibió amenazas por su defensa de las plazas de docencia bilingüe, las que el Estado ha desfinanciado e intentado reducir en los últimos años.

Isai vivía en la comunidad nativa Sachapapa, distrito de Manseriche. Loreto es una de las regiones más peligrosas para líderes de pueblos indígenas en el Perú. Actualmente, hay al menos 226 defensores en riesgo en todo el país, principalmente en la Amazonía. El cuerpo del luchador social fue encontrado con signos de violencia, la madrugada del viernes 7 de noviembre, en la carretera Pastaza. 

“Su compromiso con la educación intercultural bilingüe y la defensa de los derechos de los docentes indígenas deja un legado de lucha y servicio a su pueblo. La vida de cada dirigente y defensor indígena es valiosa y debe ser protegida”, manifestó el Gobierno Territorial Autónomo Awajún en un comunicado.

En el Congreso se presentó en 2024 un proyecto de ley para aprobar el nombramiento excepcional de docentes que solo hablan español en plazas de educación intercultural bilingüe.  Este año las organizaciones indígenas vienen protestando contra la propuesta legislativa.  

“Estamos dispuestos a defender hasta las últimas consecuencias nuestra abnegada Educación Intercultural Bilingüe (EIB) porque desde generaciones nos la heredaron nuestros antepasados”, expresó la Organización de Maestros Bilingües Nomatsigenga y Ashaninka de Pangoa (Omabinoap).

En ninguna comunidad de la Amazonía peruana se cumple por completo el modelo de Educación Intercultural Bilingüe, de acuerdo a un informe de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Solo el 20% de estudiantes indígenas de nivel inicial y primario acceden a escuelas con docentes que hablan su lengua originaria y recursos educativos enfocados en su identidad cultural.

En 2022, el Ministerio de Educación anuló el dominio de la lengua originaria, formación en educación intercultural y conocimiento de la cultura local como requisitos para postular a plazas de EIB. Las protestas en la Amazonía y comunidades andinas consiguieron que el Ejecutivo elimine las modificaciones. 

Las organizaciones indígenas defienden la educación bilingüe como una prioridad en sus plataformas de luchas. Esperan los resultados que determinen las causas de muerte, realizados en otra región debido a que en Datem del Marañón no cuentan con medicina forense.