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A días de las elecciones en México, comunidades la califican de “farsa”

En portada: Participantes de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida durante protesta en Santiago Mexquititlán, Querétaro. Febrero, 2023. Foto: Santiago Navarro F

Colectivos, pueblos indígenas y organizaciones sociales se reunieron el pasado sábado (18) en la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes”, en la Ciudad de México, para llevar a cabo el foro “En medio de la farsa electoral, la guerra capitalista contra los pueblos”.

Las y los presentes compartieron análisis y reflexiones en torno a la violencia y represión que se vive en México, enfatizando que, con la denominada “Cuarta Transformación” (popularmente conocida como 4T), la militarización incrementó contra las comunidades indígenas, especialmente en territorios zapatistas en Chiapas.

“Grupos paramilitares y el crimen organizado operan con toda impunidad como garantes de la imposición no solo de megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos; están al servicio del Estado y el gran capital para llevar a cabo el despojo del territorio, la Madre Tierra y la vida”, aseveraron mediante comunicado firmado por la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.

En medio del contexto electoral, las y los particpantes del foro sostuvieron que, el próximo 2 de junio, no está en disputa la democracia, sino el poder económico y político “que busca sostenerse con la militarización, con la impunidad, y con la acumulación de riqueza en las manos un@s cuant@s al servicio de las grandes transnacionales”.  

“Las crisis en múltiples niveles del capitalismo y la devastación de la naturaleza están provocando fenómenos nuevos, que no habíamos observado o que no se observaban de manera tan aguda. Nuestro país, nos digan lo que nos digan, de un modo cada vez más creciente está siendo dominado, está siendo controlado por cárteles criminales que, de manera relativamente nueva, están poniendo sus miras en los territorios donde existe mayor concentración de riqueza natural y de agua”, enfatizó Carlos González García, integrante del Congreso Nacional Indígena.

Foto: Ké Huelga Radio

Por ello, la Asamblea sostuvo que el plan de la 4T es sostener una guerra capitalista contra los pueblos y comunidades indígenas y para denunciarlo, destacaron las agresiones armadas contra comunidades autónomas zapatistas; la intimidación policial contra la comunidad otomí y Diego García, quienes mantienen la toma de la Casa de los Pueblos; así como la violencia contra Pueblos Unidos de la región choluteca, quienes resisten a la operación irregular de un basurero; casos de presos políticos; el encubirmiento militar en el caso Ayotzinapa, entre muchos otros.

Ante las agresiones, miembros de la comunidad Otomí de Santiago Mexquititlán pidieron no parar con la difusión de los casos, “de hacer acciones directas para seguir denunciando, visibilizando y arrancándole (al Estado) lo poquito de justicia que podemos seguir recuperando desde nuestras fuerzas como comunidades organizadas”.

Agresiones contra zapatistas

Durante el foro se denunció el incremento de las agresiones armadas contra las comunidades autónomas zapatistas, especialmente las realizadas por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes durante años han atacado impunemente a las Bases de Apoyo del EZLN (BAEZLN), provocando desplazamientos forzados, tortura, desapariciones e intentos de homicidio. 

En lo que va del 2024, fueron desplazadas 28 personas BAEZLN de la comunidad La Resistencia. En enero, cuando se registraron las agresiones también fueron destruidas la Escuela Primaria Autónoma, 15 casas y siembras; además robaron una tienda y otros bienes de la comunidad. 

Habitantes de las comunidades de Nuevo San Gregorio han reportado el incremento de las agresiones armadas contra su comunidad autónoma.

En el poblado autónomo de Emiliano Zapata quemaron un potrero de las bases de apoyo. Para febrero, integrantes de la ORCAO atacaron la comunidad autónoma zapatista de Moisés y Gandhi, donde registraron más de 100 disparos con arma de fuego de alto calibre. 

Ante el incremento de la violencia, denunciaron la agresión armada, ocurrida en mayo del 2023 contra el integrante base de la base de apoyo Jorge López Sántiz, que puso en grave riesgo su vida. También mencionaron el caso del indígena chol, BAEZLN, José Díaz Gómez, quien desde el 25 de noviembre del 2022 es rehén del gobierno de Chiapas, pues se encuentra encarcelado acusado por robo con violencia, “como represalia por su adherencia política zapatista”.

La Asamblea sostiene que, programas sociales como Sembrando Vida, han empoderado a grupos criminales, exacerbando la violencia y el despojo de tierras colectivas. “La guerra integral de desgaste contra la autonomía zapatista, empezada desde hace décadas por los diferentes partidos políticos, ha sido intensificada durante este gobierno de la cuarta simulación”, señalan.

Guerra 

De acuerdo a las y los participantes del foro, a través del territorio mexicano existen otros ejemplos de violencia contra los pueblos organizados, como es el caso del hostigamiento a la Comunidad Otomí en CDMX, quienes desde el año 2020 tomaron el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en demanda de vivienda justa y por ello han sido objeto de violentos intentos de desalojo, así como de criminalización. 

La Asamblea denuncia la complicidad del director del INPI, Adelfo Regino Montes, y del gobierno de la CDMX en estos ataques.

En Puebla, en la región Choluteca, diversos pueblos resisten desde el pasado 21 de marzo contra la operación de un relleno sanitario, de la empresa ProFaj Hidro Limpieza, mediante protestas y un campamento, pero indican que han recibido represión estatal. 

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“El gobierno envió un operativo con más de 500 policías y grupos de choque para forzar la entrada de camiones recolectores de basura, policías estatales y municipales dispararon en contra de los habitantes que resisten en las barricadas para impedir la entrada de dichos camiones, y tras muchas horas de represión dirigida hacia el plantón y barricadas, las unidades de policía y guardia nacional, así como los camiones de basura se retiraron”, sostienen mediante comunicado.

Protestas de Pueblos Unidos para exigir la clausura de las operaciones irregulares del relleno sanitario en la Región Choluteca.

La Asamblea denuncia la criminalización de los defensores del territorio, como Miguel López Vega, primer preso político de la 4T y Alejandro Torres Chocolatl, ambos defensores del río Metlapanapa. 

Destaca también el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A punto de cumplirse una década y, a pesar de numerosas investigaciones que apuntan como actor clave la participación del ejército mexicano en el crimen, el gobierno continúa negándose a entregar documentos, en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que podrían dar pistas para dar con el paradero de los estudiantes. 

La Asamblea resalta que, en el cierre del sexenio de López Obrador la cifra de desaparecidos alcanza la cifra de 116 mil personas, en cuya mayoría de los casos no existen avances en la búsqueda por parte de las autoridades, sino que son las madres y familiares buscadores quienes realizan las investigaciones. 

Pese a la negativa del ejército para entregar información y los intentos de división de las autoridades, los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa continúan la lucha.

“Las madres y familiares están en constante riesgo de ataques por grupos criminales, policía, ejército alentados por el desdén con que el ejecutivo federal se refiere a ellas. Andrés Manuel López Obrador termina su sexenio manchado de la sangre de 7 madres buscadoras que fueron asesinadas por buscar a sus hijos”, acusan.

Las y los participantes del foro también exigieron justicia para las víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido en marzo de 2023 y donde murieron 40 migrantes. Ante ello, denunciaron la violencia sistemática contra las personas en movilidad, pues solo en 2023, durante su paso por México fueron detenidos 782 mil 176 migrantes, un récord histórico de personas que muchas veces son víctimas de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, quienes los extorsionan o entregan a grupos del crimen organizado.

Los periodistas y defensores de derechos humanos también fueron mencionados por las agresiones en su contra. México se ha consolidado como uno de los países más peligrosos para el periodismo, con 56 periodistas asesinados en el último sexenio, que han ocurrido en medio de la legitimación de la violencia desde la presidencia contra quienes muestran una postura crítica hacia el gobierno y sus nexos criminales.

Por último, reconocieron la lucha de las y los presos políticos con casos como los defensores del territorio de San Juan CancucSaúl Rosales Meléndez, los presos de Eloxochitlán, así como el caso de criminalización contra Karla y Magda de la Okupa Cuba. 

En un llamado a la acción, la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida se sumó a la iniciativa zapatista de “el común y la no propiedad” para mantener su lucha por autonomía y autodeterminación.

Inundaciones en Brasil: “No hay manera de separar la tragedia ambiental de la cuestión agraria”

Por Mariángeles Guerrero*

Las inundaciones en Rio Grande do Sul provocaron cientos de muertes, desaparecidos y pérdidas millonarias. Su ubicación geográfica, el avance del agronegocio y las mega represas lo hacen más vulnerable frente al cambio climático. La política pública que prioriza la rentabilidad del monocultivo provoca deforestación, pérdida de biodiversidad y menor absorción en los suelos.

Foto: Nelson Almeida / AFP

Más de 140 personas muertas, otras cientas desaparecidas, municipios evacuados y el 80 por ciento del estado de Río Grande do Sul bajo las aguas. La inundación en el sur de Brasil es considerada la mayor en la historia del país. Esa región —donde domina el agronegocio con el monocultivo de soja— ya sufrió en el último año tres inundaciones y un ciclón, luego de tres años de sequías. ¿Cuáles son las causas de este desastre? Leonardo Melgarejo, activista e ingeniero agrónomo, responde desde Porto Alegre: "Hay una prioridad del punto de vista económico en relación a las políticas ambientales".

Rio Grande do Sul está conformado por 497 municipios, de los cuales 388 están padeciendo las consecuencias del temporal que comenzó el pasado 29 de abril. Debido a las lluvias que desbordaron el río Guaíba, más de dos millones de personas están afectadas en forma directa por las inundaciones o por la falta de energía, abrigo o agua.

El Movimiento Sin Tierra (MST) denuncia que "no hay manera de separar la tragedia ambiental de la cuestión agraria brasileña". Y manifiesta que no es posible luchar en defensa de la naturaleza "sin hablar de reforma agraria, de la derogación del marco temporal (una legislación sobre el derecho a la tierra de los pueblos indígenas), el reconocimiento y regularización de las tierras de los pueblos y comunidades tradicionales". Alegan: "No hay posibilidad de una alternativa sin comenzar por señalar a los verdaderos culpables de la crisis climática".

Foto: Anselmo Cunha / AFP

La organización campesina organiza actividades solidarias para contribuir con la región. Mientras, ve cómo sus cultivos de arroz se pierden por el desastre: más de diez toneladas de arroz agroecológico está en riesgo.

El Instituto de Defensa de los Consumidores, que integra el Observatorio del Clima de Brasil, cuestiona que aún se niegan "las evidencias científicas", que se tilda a los defensores ambientales de "alarmismo" y que "la defensa del medio ambiente impide el avance económico". "Todo esto es producido por el accionar de las empresas, por la deforestación y por los gobiernos que flexibilizan leyes que destruyen nuestro país y nuestro planeta", sentencia sobre las inundaciones.

Deforestación, calentamiento del planeta y suelos que no absorben

Lo que ocurre en Brasil no es una sorpresa. En 2023 hubo precipitaciones por encima de lo normal (entre el 40 por ciento y el 50 por ciento más) en el sur y el sureste de Brasil. El reciente informe del "Estado del clima en América Latina y el Caribe 2023", de la Organización Meteorológica Mundial, señala la existencia de lluvias intensas concentradas en pocos días. Explica que esto se debe al fenómeno llamada La Niña, que tuvo lugar en el primer semestre del año pasado, y El Niño, ocurrido durante el segundo semestre del año.

En junio pasado, la misma región estuvo afectada por lluvias torrenciales que desencadenaron un ciclón extratropical, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra. Tres meses después, en septiembre, otra creciente provocó al menos 48 víctimas fatales, el desplazamiento de 21.000 personas y que casi 5.000 quedaran sin hogar. En tanto, los tres años anteriores habían sido de una grave sequía.

Foto: Anselmo Cunha / AFP

El estado de Rio Grande do Sul es uno de los mayores productores de cereales del país. Además, la zona cuenta con la mayor red hidrográfica brasileña. Respecto a esto último, Melgarejo considera: “Es un premio de la naturaleza que, por ser mal aprovechado, se transforma en una condición de horror. Difícilmente sufriríamos dramas de este tipo, pero con el aumento de la temperatura del planeta nuestra posición geográfica se convirtió en lugar donde ahora sobra agua, mientras que en el futuro podemos experimentar sequías”.

La organización World Wide Fund for Nature (WWF) indica que el aumento de las represas en la Amazonía "amenaza el flujo natural de sus ríos y altera los ciclos naturales". Melgarejo, en una entrevista realizada por el Grupo de Mujeres Brasileñas, agregó: "Cuando vemos imágenes de las regiones antiguas del planeta, con ríos sinuosos llenos de curvas, indican que la sabiduría de la naturaleza ha establecido mecanismos que reducen la velocidad de circulación de las aguas. Las represas vienen haciendo el servicio contrario, generando inestabilidad en esos mecanismos. La fuerza de la velocidad del agua se agrava por el hecho de que los suelos están impermeabilizados porque las barreras biológicas fueron interrumpidas".

A principios de abril, el Código Forestal del estado fue modificado y el gobernador Eduardo Leite sancionó una ley que flexibiliza el uso de represas en áreas de preservación permanente. "El escenario es complejo, pero si además se flexibilizan la legislación ambiental y las normas que exigen cuidados en las zonas costeras, las consecuencias son escenas como las que estamos viendo", comentó al respecto Suely Aráujo, coordinadora de políticas públicas del Observatorio del Clima de Brasil, en una entrevista brindada a The Intercept.

Por otro lado, Rio Grande do Sul se encuentra en el punto de confluencia de frentes fríos que llegan desde el sur del planeta y frentes cálidos que descienden del norte. Los "ríos voladores" de la Amazonía transportan la humedad y conducen por aire el agua acumulada en la atmósfera en esa zona. Pero ese proceso también se ve afectado por el aumento de la temperatura del planeta y por la deforestación.

Foto: Anselmo Cunha / AFP

Entre 2020 y 2021, la Amazonía brasileña perdió 8.712 kilómetros cuadrados de selva. "El volumen del agua que transportan los ríos voladores es mayor por la reducción de la capacidad de contención de los ríos", prosigue el activista.

A la acumulación de agua se suma que el suelo perdió sus capacidades de absorción. "La naturaleza determina una multiplicidad de organismos que se superponen y forman una red de protección de la vida. Cuando sustituimos esa red por cultivos, que producen rentabilidad; cuando sustituimos la biodiversidad por campos de soja, estamos provocando un proceso de degradación ambiental que genera a su vez un proceso invisible que afecta la posibilidad de absorción del suelo", señala.

La bancada ruralista y las inundaciones en Brasil

Melgarejo apunta: "Rio Grande do Sul viene siendo gobernado por personas capturadas por intereses económicos, con una visión de corto plazo que está desarticulando la legislación ambiental y provocando la desmoralización de la alertas con relación a estas preocupaciones. Las administraciones negacionistas nos trajeron a este punto".

Buena parte de los parlamentarios oriundos de ese estado integran la bancada ruralista en el Congreso Federal, conocida como la “bancada del buey”. Esos legisladores trabajan “día y noche para destruir la legislación ambiental”, denuncia Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima. 

Durante su gestión como ministro de Medio Ambiente en el gobierno de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles tomó medidas para flexibilizar los delitos ambientales de la agroindustria. En 2019, el actual gobernador Eduardo Leite (del conservador Partido de la Social Democracia Brasileña) propuso modificaciones al Código Ambiental. Los mismos fueron aprobados por la Asamblea Legislativa del estado sin debate y de forma exprés. Dichos cambios desarticularon la protección ambiental frente a intereses inmobiliarios.

En 2021, el Congreso Nacional aprobó una ley que da a los municipios la posibilidad de regular las zonas de restricción a la vera de los ríos, lagos y lagunas en sus límites urbanos. "Esto fue un gran retroceso, porque en los municipios la presión inmobiliaria es enorme, e implica una tendencia de reducción de las áreas de protección", explica Aráujo.

Actualmente, se está discutiendo en el Congreso Federal un nuevo “paquete de Destrucción” que amenaza derechos socioambientales e indígenas. El mismo contiene 25 proyectos de ley y tres enmiendas constitucionales con altas probabilidades de avance inmediato, alertan desde el Observatorio del Clima. Las iniciativas versan sobre la reducción de protección ambiental de monte nativo (poniendo en peligro 48 millones de hectáreas) para su uso con fines agrícolas y mineros; sobre la reducción de la reserva legal en la Amazonía; y sobre la flexibilización de actividades agrícolas y mineras en tierras indígenas.

En Argentina, la Fundación Barbechando —lobbista del agronegocio en el Congreso— está construyendo una bancada a semejanza de la brasileña. Allí ya se encuentran 22 legisladores del Pro, el peronismo, el radicalismo y la La Libertad Avanza.

*Una versión de este texto fue publicado originalmente en Tierra Viva

Grupos armados ejecutan a once civiles en Chicomuselo, Chiapas

En portada: Casas incendiadas durante el ataque contra población civil en el ejido Nueva Morelia.

La crisis humanitaria, producto de la violencia que desborda en la región fronteriza de Guatemala con Chiapas desde hace tres años, ha escalado en días recientes con el incremento de enfrentamientos entre grupos armados y la ejecución de once civiles en la comunidad de Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, en la Sierra Madre de Chiapas.

Pobladores de la región fronteriza señalan que, desde el pasado jueves (9), grupos armados presuntamente miembros de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CDS) han incrementado sus actividades en la región, particularmente en las comunidades de Piedra Labrada y Lázaro Cárdenas, donde se registró un aumento de los enfrentamientos violentos.

El lunes (13) las agresiones por el control de los territorios en la Sierra Madre de Chiapas derivaron en la masacre en Chicomuselo. Mediante denuncias anónimas e imágenes compartidas en redes sociales se confirmó la ejecución de los civiles.

Por su parte, medios nacionales refieren que fuentes de la diócesis de San Cristóbal de las Casas informaron que entre las víctimas se registra el asesinato de dos servidoras de la iglesia católica. Una denuncia anónima a la agencia EFE asevera que entre las víctimas se encuentra un joven de 15 años, cinco hombre y cinco mujeres.

Medios locales resaltan que, pese a las advertencias de la población hacia las autoridades por la incursión de los grupos armados desde la semana pasada, no se efectuaron operativos para contener la violencia, aún cuando el Cuartel del 101 Batallón de Infantería de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) se encuentra a 28 kilómetros de Nueva Morelia.

Un día después de la divulgación de las ejecuciones, en un breve comunicado, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) confirmó los asesinatos y aseguró que un grupo conformado por elementos del Ejército y la Guardia Nacional se apersonaron en el lugar de los hechos para el levantamiento e identificación de los cadáveres.

“Para garantizar la paz en la zona se realiza las investigaciones por lo que el Grupo Interinstitucional lleva a cabo patrullajes en la región con el propósito de fincar responsabilidades”, aseguró la FGE.

Minería, en el centro de la disputa

Como este medio ha documentado, desde finales del año 2022, grupos armados han incursionado en el ejido Nueva Morelia para, por medio de intimidaciones, extraer barita de una mina que fue clausurada por no contar con permisos ambientales.

Para mayo de 2023, Avispa Mídia registró que grupos del crimen organizado operaban en la región, primero para recoger la barita que había sido extraída por la minera canadiense Blackfire Exploration y que fue abandonada en un local conocido como “La Plataforma”. 

Reportes anónimos aseguraron que, meses después de la evacuación de dicho material, los grupos armados reactivaron las operaciones mineras sin que ninguna autoridad se presentara en el lugar.

Cabe destacar que, cansados de la violencia que azota la región, el 12 de octubre del 2023 miles de pobladores de Chicomuselo salieron a las calles a protestar para exigir un cese a la crisis que se vive en la región fronteriza. No obstante, días después de la manifestación, un grupo armado asesinó al profesor Artemio López Aguilar, quien participó como coordinador de la marcha contra la narcoviolencia.

En Chicomuselo existen 10 concesiones mineras vigentes y dos vencidas, pero desde el año 2009, tras el asesinato del activista ambientalista Mariano Abarca, se detuvo la extracción de barita.

Testimonios recopilados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en un informe presentado en febrero de este año, refieren que continúa la extracción del mineral con la anuencia de autoridades ambientales y cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional.

Pese a que la región está sumida en la violencia, la cual ha provocado el desplazamiento de miles de personas, hasta el cierre de esta edición resalta el silencio de parte de los gobiernos estatales y federales sobre la masacre.

En Guatemala, cooperativa campesina mantiene territorio libre de palma africana

La laguna San Juan Acul hace parte de los cuerpos de agua del Refugio de Vida Silvestre El Pucté, al suroeste del departamento de Petén, norte de Guatemala, donde floreció la civilización Maya en el periodo clásico. La región, formada por bosques tropicales con gran cantidad de vida silvestre acuática y terrestre, es atravesada por ríos que desembocan en el mar caribe y en el Golfo de México, además de sus numerosos lagos y lagunas, como es la de San Juan Acul.

Una de las amenazas al refugio de la vida silvestre, así como a las otras siete áreas protegidas que existen en el suroeste de Petén, incluyendo sitios arqueológicos, es el monocultivo de palma aceitera. Quien admite este riesgo es el propio órgano ambiental de Guatemala, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). “Este cultivo constituye una fuerte amenaza a la biodiversidad y un riesgo ambiental inminente para las áreas protegidas”, advierte el consejo.

Sin embargo, por lo menos la laguna San Juan Acul, de tres kilómetros cuadrados, está protegida contra la palma. En sus orillas viven alrededor de 180 familias en la comunidad llamada Cooperativa Manos Unidas. “Aquí la palma no entra”, dice uno de los miembros de la comunidad, Conrado Matul.

En las orillas de la laguna, donde la comunidad recibió al equipo de Avispa Mídia, Matul enseña la localización privilegiada de la comunidad. Al norte de Manos Unidas, “en la otra orilla de la laguna”, está el refugio de Pucté. “Allí donde pueden ver los árboles de tinto [especie que está en peligro de extinción]. Aquí nosotros estamos en su zona de amortiguamiento”.

Comunitarios de Manos Unidas en las orillas de la laguna San Juan Acul. Foto: Santiago Navarro F

También al norte, “atrás de estos árboles, está el río La Pasión, hay un brazo del río que se conecta a la laguna; más allá”, apunta y pregunta, “¿pueden ver?”, al tiempo que recuerda que en el año 2015 la laguna estaba de luto, pues aparecieron peces muertos. Fue considerado uno de los crímenes ambientales más grandes del país, provocado por la productora de palma Reforestadora de Palma de Petén S. A. (Repsa), que contaminó el río y provocó la muerte masiva de peces y otras especies de la fauna acuática, no solo en sus aguas, pero también en los cuerpos que alimenta.

Al sur de la comunidad Manos Unidas se ubica el Parque Arqueológico Dos Pilas, también señalado por la Conap como amenazado por la palma africana. La comunidad está en su zona de influencia. “Estamos entre áreas protegidas y vemos que hay una completa ausencia del Estado para vigilarlas y protegerlas”, alerta Matul.

La palma llegó a esta región entre los años 2002 y 2003. Las 99 caballerías (4 mil 450 hectáreas) de Manos Unidas están siendo acorraladas por la palma africana, especialmente al sur de la comunidad. “Están en nuestro entorno, pero nuestro territorio está limpio”, agrega Matul.

Además de la invasión de áreas protegidas, comunidades como Nueva Guatemala, Lo Veremos, Sepens, Pico de Oro, Las Arenas han aceptado proyectos de la palma y han vendido sus tierras. “Es lamentable, pero las personas fueron convencidas. Nueva Guatemala, por ejemplo, es tan chiquita y está aislada por la palma. Aquí la Tikindustria es la principal empresa que viene abarcando las tierras y sabemos que quieren más”, dice Fernando Ramírez, también miembro de Manos Unidas. 

En el plan maestro de las áreas protegidas del suroeste de Petén resalta la señal de alerta sobre la empresa Tikindustria, una empresa que nació en el año 2001, fundada por las familias Weissenberg Campollo y Weissemberg Ossaye. “Lastimosamente, el uso del suelo está cambiando rápidamente. La empresa Tikindustria ha adquirido enormes extensiones de tierra, para la siembra de palma africana y producción de aceite vegetal”.

Los habitantes de Manos Unidas listan una serie de impactos en su territorio por estar rodeados por la palma. Han notado, por ejemplo, que hay cambios en su sistema de producción. “Los frijoles, por ejemplo, aquí se planta en noviembre y se cosecha en febrero. El año pasado brotó una plaga que acabó con la producción de muchos campesinos. Nunca habíamos visto esta plaga aquí”, sostiene Ramírez. “Ellos utilizan veneno, este veneno no se queda solo en sus tierras, está en el ambiente, y eso cambia nuestra producción”, complementa.

En relación a afectaciones más directas a su territorio, los comunitarios de Manos Unidas están atentos y responden cuando hay una amenaza. Hace algunos años, Tikindustria quiso introducir un quinel en el río Charrilo, en territorio de Manos Unidas, para tirar los desperdicios de la fruta procesada, cuenta Ramírez. Este río desemboca en el río Coche y va a dar al río Petexbatún. “Así se va arrastrando la contaminación por los territorios. No lo permitimos. No se construyó”, sostiene Ramírez.

No fue por falta de intentos de la empresa que el monocultivo no entró en la comunidad. “La empresa palmera ha intentado convencernos. Ha buscado estrategias”, comenta Ramírez y agrega que les han ofrecido “proyectos, escuelas, perforación de un pozo, mejoramientos en general”.

Sin embargo, “Manos Unidos no ha cedido, no hemos aceptado ninguna clase de proyectos, porque es un tipo de compromiso que se asumiría con la palma africana”, señala.

Ya que de forma colectiva no hubo acuerdos, la empresa intentó entrar en Manos Unidos a través del convencimiento individual de sus miembros. Las tierras tienen título de propiedad colectiva y hace aproximadamente ocho años se organizó un grupo de 20 personas queriendo sacar el título de propiedad individual.

“Pero colectivamente tomamos la decisión de no aceptar. Sabemos que, si hubiéramos aceptado, estas tierras estarían inundadas de palma ahora. Fue todo un proceso, llegaron hasta donde pudieron llegar, pagando abogado. Pero no pudieron porque la organización de la comunidad fue muy clara en decir que no se aceptaba. Y, desde entonces, si ha respetado”, sostiene Ramírez.

Fernando Ramírez (en medio), comunitario de Manos Unidas. Foto: Santiago Navarro F.

Centro productor

La región norte de Guatemala, que abarca los departamentos de Petén, parte de Alta Verapaz y Quiché, es responsable por 57.78% del cultivo de palma africana en el país, de acuerdo con la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), en sus últimas estadísticas socioeconómicas, del año 2021. En la región norte existen 87 mil 400 hectáreas de plantación de palma africana, de las 180 mil 614 que existen en todo el país, siendo que solamente en Sayaxché, municipio donde está Manos Unidas, son 60 mil 869.22 hectáreas. De acuerdo al Central American Business Intelligence (Cabi), en 2021, Guatemala fue el tercer mayor exportador de aceite crudo de palma a nivel mundial.

Manos Unidas en las orillas de la laguna de San Juan Acul. Foto: Santiago Navarro F.

Lo que sostiene

Justo en las orillas de la laguna San Juan Acul, Avispa Mídia lanzó a los comunitarios la pregunta: ¿dónde está la fortaleza para no ceder a la presión de la industria de la palma? La primera respuesta vino, sin pensar, de Ramírez. “En la mayoría de las comunidades ya se maneja la propiedad privada. Aquí mantenemos el título de la tierra colectiva. Así se mantiene más segura”, comparte con mucha seguridad. 

Los comunitarios atribuyeron toda la capacidad de resistencia, además, a la historia de Manos Unidas que fue, durante casi siete décadas, un proceso duro para tejer su colectividad. 

La comunidad se constituyó a finales de la década de 1960 como una cooperativa campesina, por personas del pueblo maya Mam y K'iche' provenientes principalmente del altiplano de Guatemala, que buscaban tierras cultivables para instalarse. 

“La gestión para que se lograra estas tierras fue hecha por sacerdotes de los Estados Unidos que trabajaban en el occidente de Guatemala. Ahí nuestros padres y abuelos estaban siendo expulsados de sus tierras, entonces estaban buscando un lugar para poder tener sus propios cultivos”, explica don Julio Velásquez Hernández, representante de Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode) de Manos Unidas.

Don Julio Velásquez Hernández, representante del Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode) de Manos Unidas. Foto: Santiago Navarro F.

Don Hernández, cuya familia vino del altiplano de Guatemala, de Quetzaltenango, llegó a la comunidad cuando tenía seis años de edad. “Mi padre estaba trabajando en las algodoneras de la Costa, parte de Escuintla. No tenían suficientes tierras en Quetzaltenango para plantar para la subsistencia. Así que mis papás decidieron venir”, recuerda.

De inicio se trabajaba la tierra en conjunto. Se sembraba maíz, frijoles, arroz. Se cosechaba junto y se repartía la cosecha entre las familias. Eso en los primeros 20 años de la cooperativa. Pero las familias fueron creciendo y “la familia que tenía dos miembros recibía lo mismo que una familia que tenía diez. Ya no alcanzaba para mantener a todos. Entonces se decidió que cada quien se haría cargo de su producción, se repartió en parcelas”, cuenta Don Hernández.

Aunque cada socio tiene su parcela para trabajar, la cooperativa mantiene el título colectivo de las tierras. En la parcela que “nos toca, cultivamos para la alimentación básica, también tenemos algo de animales”, dice. 

Como las tierras no pueden ser vendidas para personas de afuera, “logramos mantenerun equilibrio; cuando no tengo trabajo en mis tierras me voy a trabajar con otro compañero que, sí, tiene; lo mismo, cuando yo tenga trabajo puedo dar a otro compañero; siempre vamos a tener trabajo”, explica Don Hernández.

Lo que “vemos es que al vender sus tierras a las empresas de palma, la gente de las otras comunidades ya no tiene donde sembrar, entonces tienen que buscar alternativas para sostener sus familias, porque la palma no les da trabajo, o les da trabajo por cortos periodos, en la cosecha, por ejemplo”, señala el representante del Cocode.

La cooperativa también mantiene tres tiendas en la comunidad. “Se saca todos los gastos para el funcionamiento de la tienda, como sueldos de sus trabajadores y transporte de los alimentos. Lo que sobra de ganancia se reparte entre los socios y sus familias. Y lo que me toque a mí, también reparto a mis hijos, para seguir comprando en las tiendas de la cooperativa”, explica don Hernández.

La cooperativa posee además dos molinos de nixtamal. “Todos acudimos allí a hacer nuestra masa”, dice él. 

Manos Unidas mantiene 65% de su territorio cubierto por bosque. Están en tierras comunes de la comunidad, pero cada socio también es responsable por proteger el bosque en su parcela. “En casi la mitad de mi parcela mantengo el bosque”, dice don Hernández. En los bosques, la cooperativa desarrolla proyectos de apicultura y sistemas agroforestales. 

La cooperativa es formada por una junta directiva - el presidente, vice-presidente, secretario, vocal y tesorero. Son elegidos por sus 80 socios. La junta posee la comisión de vigilancia, la comisión agrícola, la comisión de educación. Además, están el alcalde auxiliar y el representante del Cocode, elegidos por la comunidad. “No dependemos del Estado. Somos una comunidad autónoma. Es la comunidad que vela por su misma gente”, dice Ramírez. 

Los abuelos y padres de Ramírez fueron unos de los primeros en llegar a Manos Unidas, también de Quetzaltenango. “Aprendemos y mantenemos toda esta fortaleza que trajeron estos señores, nuestros padres, nuestros abuelos, a estas tierras. La tomamos para continuar fortaleciendo nuestra organización. Tenemos la responsabilidad de velar por lo que nos fue dado”, dice Ramírez.

Niños juegan en Manos Unidas. Foto: Santiago Navarro F.

Conflicto para fortalecer

Manos Unidas sufrió con el Conflicto Armado Interno (1960-1996). “Aquí nos visitaba la guerrilla y también nos visitaba el Ejército”, sostiene el representante del Cocode. 

“Hacíamos reuniones a escondidas, privadas. Decidimos que ninguna persona podría aceptar ir con la guerrilla, ninguna persona podía aceptar ir con el Ejército. Mantuvimos la posición de no ir con ningún solo grupo”, dice Ramírez. 

“Por uno [una persona que adhería a la guerrilla] a veces venía el Ejército a terminar con toda la comunidad. Varias comunidades vecinas desaparecieron. Fueron destruidas completamente. Eso fue muy duro”, recuerda don Hernández. 

Manos Unidas nunca se rindió a ningún lado, afirman los señores. “Se fortaleció y tomó su posición de no salir de su territorio. Ahora es la palma la que busca despojarnos, pero ya vivimos otros momentos muy difíciles de los cuáles aprendimos a estar unidos”, concluye Ramírez.

Colombia: Escalada de violencia en el Cauca amenaza poblaciones indígenas Nasa

En portada: Marcha del pueblo Nasa con la Guardia Indígena al frente. 

El departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, vive un contexto de emergencia humanitaria debido a diversos acontecimientos violentos contra poblaciones indígenas que, desde enero hasta abril de 2024, han escalado en la región. 

Así lo denuncian organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes hacen un llamado al Estado colombiano para accionar y garantizar la integridad ante los ataques que, consideran, violan la autonomía y derechos colectivos del pueblo Nasa.

Acorde al llamado de alerta, las comunidades permanecen en estado de vigilancia. Destacan el asesinato de la lideresa Carmelina Yule Paví, acontecido durante marzo y denunciado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Las poblaciones indígenas acusan a grupos armados, como el denominado “Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central”, agrupación de disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como los responsables por el homicidio.

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La organización Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) detalla que esta situación de emergencia se inscribe en el contexto de la violencia armada que continúa afectando a pueblos indígenas tras la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre del 2016.

Según un informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Indígena de Colombia (ONIC), durante el año 2023 más de 58 mil hombres y mujeres pertenecientes a diversos pueblos indígenas fueron víctimas de hostigamientos, confinamientos y desplazamientos forzados. El reporte resalta que los mayores perpetradores de violencia hacia los pueblos indígenas de Colombia fueron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con 42,700 víctimas; Fuerza Pública (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional) con 6,551 y las disidencias de las FARC con 3,448.

Las actuaciones de diferentes grupos armados en el departamento del Cauca han generado una crisis humanitaria, advertida por organizaciones internacionales.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) estima que al menos 37 líderes indígenas fueron víctimas de la violencia en Colombia durante 2023. 

IPRI enfatiza en su informe de 2022 Violencia, impunidad y criminalización contra pueblos indígenas de Colombia, sobre la actuación de grupos armados dentro de los territorios de pueblos indígenas, “asesinando a guardias indígenas y autoridades, reclutando de manera forzada a niños, niñas y adolescentes indígenas, imponiendo confinamientos forzados y desplazando a personas indígenas de sus territorios”.

La organización de derechos humanos sostiene que el 90% de los casos permanecen en impunidad, lo que fomenta que los atentados contra las poblaciones indígenas se sigan perpetrando. “Las y los hermanos de los pueblos indígenas caucanos -mayoras y mayores, infancias y el propio territorio- no son actores del conflicto, sino víctimas del mismo y, como tales, merecedores de especial protección”, puntualiza IPRI.

Escalada

La escalada de violencia durante el pasado abril alcanzó niveles alarmantes con sucesos como el secuestro de comuneros nasa del Reguardo Indígena de San Andrés de Pisimbalá, según denunció el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). 

Ante la privación de la libertad de los comuneros Luis Ángel Liz y el menor de edad Estiven Quinto, la comunidad de Pisimbalá se movilizó y mediante la guardia indígena y miembros de la comunidad rescataron a los indígenas. En su denuncia, el CRIC enfatizó que ante estos hechos, “no permitirán más desarmonías en nuestros territorios”. 

El Cauca se ha convertido en un territorio de disputa de los grupos armados. Foto: Fernando Vergara

El CRIC señaló como responsable por los daños físicos y psicológicos de sus comuneros al grupo armado Dagoberto Ramos y exhortaron a la comunidad internacional para pronunciarse para frenar la violencia sistemática contra los pueblos del Cauca.

En una carta de solidaridad desde México, organizaciones sociales sostienen que, solo entre el 1 de enero al 31 de marzo de este 2024, se ha registrado el asesinato de 26 personas en la región. En la misiva destacan que entre los homicidios se enuentran los casos de ocho sabedores ancestrales perpetrados durante los últimos dos años.

Además, externaron su preocupación en cuanto al reclutamiento forzado por actores armados de niños, niñas y/o adolescentes, menores de 18 años, la mayoría en el norte del Cauca. “En el año 2022 se llevó un registro de al menos de 250 casos, en el año 2023 al menos de 153 casos y en lo ocurrido del año 2024 se lleva un registro de 27 menores de edad reclutados”, detallan.

Las organizaciones internacionales comunicaron su apoyo a las decisiones tomadas por el Plan de Vida Proyecto Nasa (Toribio, Cauca), a las que se sumó la Cxhab Wala Kiwe-Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) para realizar control de su territorio, como administrar justicia para los responsables de estas graves vulneraciones, y “descontaminar el territorio de toda publicidad alusiva a las organizaciones armadas con el objetivo último de defender la vida”.

Suspensión de cese al fuego

Estos actos violentos acontecen en un contexto de incremento de enfrentamientos entre grupos armados y cuerpos de seguridad en diversas zonas del Cauca luego de que, el pasado marzo, un decreto firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, suspendió el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial (CFBTNT) el cual había establecido una tregua entre el gobierno colombiano y las disidencias de las FARC en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Ya en septiembre del 2023, disidencias de las FARC asaltaron el municipio de Jambaló, al norte del departamento, donde incluso robaron un banco y se enfrentaron a elementos de seguridad pública. Recientemente, el 17 de abril, otro grupo de disidencias de las FARC, conocido como “Carlos Patiño”, atacó la estación de policía de Jambaló donde asesinó a un soldado. Apenas el pasado domingo (12), el Frente Dagoberto Ramos liberó a dos fiscales, una civil y un soldado a quienes habían privado de su libertad desde el pasado 20 de abril.

Liberación de fiscales y civiles por parte del grupo de disidencias de las FARC, Frente Dagoberto Ramos.

Además, durante los primeros días de abril se reportó una emboscada en plena vía Panamericana que saldó con un policía muerto y siete heridos. Días después, el 12 de abril, un carro bomba fue detonado en las cercanías de la estación de policía del municipio de Miranda. La explosión dejó cuatro personas heridas, así como varias viviendas cercanas al lugar de la detonación, además de que provocó desplazamientos debido al miedo por nuevos enfrentamientos.

Apagones en México revelan dependencia del gas de EEUU

Istmo de Tehuantepec, foto por Santiago Navarro F

Tras el aumento inédito de la temperatura en el clima en las últimas semanas, el sistema eléctrico de México colapsó el pasado 7 de mayo. La paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) se colocó en un momento de emergencia y activó un protocolo para atender la pérdida de suministro de energía del país. 

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) explicó que el apagón ocurrió porque la demanda de energía fue superada al momento de que varias centrales eléctricas de ciclo combinado y de energía eólica del país dejaron de generar energía, provocando un déficit de 1,668 MW, equivalente al 3.34% de la demanda máxima del día en el Sistema Interconectado Nacional.  

“Ante este escenario, a las 17h04 se declaró el Estado Operativo de Emergencia, desencadenando interrupciones rotativas en el suministro eléctrico para preservar la estabilidad del sistema”, detallaron los funcionarios.

Aún con las medidas implementadas por las autoridades competentes, la crisis estaba lejos de resolverse, ya que se fueron sumando más centrales que dejaron de producir energía en el país. Esto llevó “a una segunda declaración de Estado Operativo de Emergencia a las 19h10, esta vez con interrupciones que afectaron hasta 2,610 MW, representando el 5.23% de la demanda máxima del día”, declaró en un comunicado la Cenace.

Al día siguiente, el día 8 de mayo, en su habitual conferencia de prensa, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador refirió que la crisis de energía fue provocada por “el intenso calor”. Además, argumentó que “la mitad de la generación de la energía eléctrica [de México] se produce con empresas particulares y tenemos que ponernos de acuerdo para que se tengan las plantas en buen estado”.

Dependencia del gas de EEUU

En el año 1999 la paraestatal CFE era el único proveedor de energía para México, con capacidad de generación total. En el año 2015, su participación se había reducido drásticamente al 59%. Esto fue, según la propia CFE en su informe 2023, “resultado de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica; esta ley abrió las puertas a la participación de privados en esquemas como el autoabastecimiento, cogeneración y pequeña producción, así como la introducción del esquema de Productor Independiente de Energía (PIE)”.

De acuerdo con el Prontuario Estadístico de la Secretaría de Energía (Sener) de 2023, más del 50% de la energía en México se genera a través del gas natural, considerado un “energético limpio”.

El investigador Luis Pérez, del colectivo Geocomunes, contradice la afirmación de que este hidrocarburo es limpio. “Es un gas extraído por el método de fractura hidráulica (fracking), que genera fugas y emisiones a la atmósfera que tienen efectos en el calentamiento de la atmosfera mucho mayores, en el corto plazo, que el dióxido de carbono. Más o menos, el gas etano, es responsable de una cuarta parte del calentamiento global”, explica.

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Además, se acrecentó la dependencia del gas proveniente de Estados Unidos. De acuerdo con la propia Sener, de 8 mil 207 millones de pies cúbicos de gas que utiliza México diariamente, casi el 70% es importado de EEUU, según el prontuario. 

Esta información se corrobora con los datos presentados por la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA), según los cuales, entre enero y octubre de 2023, se exportó a México un volumen récord de 5 mil,660 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) de gas natural, equivalente a casi el 70% de lo que consume México para que sus centrales puedan generar energía eléctrica.

“México consume más o menos el 30% de todo lo que exporta EEUU de gas. Nos hemos convertido en un consumidor muy importante de gas proveniente de EEUU. Es el energético que sostienen la matriz energética de México y es algo de lo que se habla poco”, señala el integrante de Geocomunes.

Para que México se haya convertido en el principal receptor de gas de EEUU, “se ha construido toda una red de gasoductos, desde antes de la reforma energética del 2013”, sostiene Pérez. 

La red nacional de gasoducto en México consta de 19 mil 060 kilómetros, divididos en 10 mil 675 kilómetros del Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural (Sistrangas) público, y 8 mil 385 kilómetros de propiedad privada.

En relación a los ductos privados, solo la estadounidense Sempra Energy, a través de su filial mexicana Sempra Infraestructura, ha desplegado sus activos en 17 estados de la república mexicana, con aproximadamente 3 mil 177 kilómetros de ductos de transporte de gas natural, etano y gas LP. Además, cuenta con 16 estaciones de compresión de gas natural más una en construcción, entre otros complejos de energía renovable.

Le sigue la canadiense TC Energy (antes Transcanada), quien tiene en su poder más 3 mil 700 kilómetros de gasoductos en territorio mexicano, considerando que en el año 2023 adjudicó un proyecto estratégico que le permitirá tener presencia en el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, con el proyecto denominado “llave a Puerta al Sureste”. Es un ducto submarino de 715 kilómetros que transportará diariamente más de mil 300 millones de pies cúbicos (MMPCD) de gas natural. De acuerdo con el informe a sus inversionistas de TC Energy, este proyecto ya ha “completado más del 70% de la instalación de tuberías en aguas profundas”.

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A su vez este gran proyecto conecta otro gasoducto marino de 800 km, llamado Sur de Texas-Tuxpan, también de propiedad de la canadiense en asociación con Sempra. 

La compra del gas estadounidense y el pago de su traslado a través de los gasoductos privados están asegurados, tal como lo indica Sempra en su informe 2023, a través de “acuerdos a largo plazo basados en dólares estadounidenses con los principales participantes de la industria, como la CFE, el Centro Nacional de Control de Gas, Petróleos Mexicanos (PEMEX)”.

De la misma forma, TC Energy sostiene en su informe a sus inversionistas que, además de haber celebrado acuerdos con CFE que “consolidan una serie de gasoductos operativos y en desarrollo en el centro y sureste de México”, también tiene asegurado el mercado del gas y su cobro por el uso de sus ductos, dado que los acuerdos contienen “un contrato de arrendamiento, hemos reconocido montos en inversión neta en arrendamientos en nuestro balance general”.

Firma de memorandum CFE, Carso y Sempra.

Es así como estas dos empresas, incluyendo a Fermaca y Carso, desde el año 2020 ya concentraban casi el 50% de los gasoductos del país, según la Dirección de Inteligencia Energética de la CFE. De alguna forma tienen en sus manos el poder de suministrar este insumo para la generación de electricidad en México. “La red de gasoductos está en manos de estas empresas y se reparten la red que tiene una serie de usos, principalmente abastecer a las centrales eléctricas”, puntualiza el integrante de Geocomunes.

De acuerdo con Luis Pérez, los primeros ductos privados se comenzaron a construir en noreste de México, una de las zonas donde se comenzó a usar el gas en las centrales de ciclo combinado. “Principalmente la industria minera. De hecho, es esta industria que comenzó con la importación de gas natural y que continúan haciéndolo, principalmente en Sonora, hay ductos específicos para las mineras”, agrega el investigador de este colectivo.

México, puente del mercado del gas

Junto al entramado de gasoductos de Sempra Infraestructura figura una planta de almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado (LNG), ubicada en Ensenada, Baja California, llamada Costa Azul. De acuerdo con la empresa, “se está reconfigurando para que sea capaz de licuar y exportar gas natural procedente de Estados Unidos y enviarlo por barco a mercados en Asia”. 

“Nosotros tenemos identificados ocho proyectos de exportación, sin contar las ampliaciones. Suman más o menos una capacidad de exportaciones de 11 mil 500 millones de pies cúbicos diarios. Eso es gigantesco, considerando que México consume entre 8 y 9 mil pies cúbicos diarios”, dice el integrante de Geocomunes.

Puntos de exportación de Sempra Energy hasta 2023.

Los puertos de México serán usados como puntos estratégicos, por su posición geográfica, para la exportación de este energético que viene de EEUU. “En término de lo que se conoce, estos proyectos pretenden exportar más de lo que se consume en México. Lo primero que hay que decir es que es una re-exportación”, complementa Luis Pérez.  

De acuerdo con el investigador de Geocumunes, la región noreste de México cobra vital importancia para la exportación. “Esta región es el núcleo de estos proyectos, más o menos el 80% de la capacidad planeada está en el noreste, con cuatro terminales, en los cuales CFE está involucrada. Entonces no solo son actores privados los involucrados, sino que también está la paraestatal”.  

Es importante resaltar, dice el investigador, que la CFE y la SENER están facilitando el mercado de exportación. “Aunque no se tiene mucha información, los datos dicen que CFE tiene compromisos de compras de 22 mil millones de pies cúbicos diarios. Es casi dos o tres veces más del consumo nacional. Si se llegará a inyectar esa cantidad de gas, se tendrían que construir más gasoductos y más infraestructura. Entonces CFE tiene alianzas con estas empresas que han tenido intereses de construir estas terminales. Como la de Salina Cruz, (en el corredor interoceánico) en particular, donde figura Sempra”.

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Entonces los acuerdos con el gobierno mexicano es que, “CFE compra este gas estadounidense, que lo inyectan a ductos privados en México, a los que se comprometió el gobierno mexicano pagarle por 35 años por dejar fluir el gas. Y a su vez se pretende vender al mercado asiático”, concluye Luis Pérez.  

Mientras tanto las olas de calor siguen impactando a México, el día 10 de mayo, el día de las madres, por cuarto día seguido la Cenace declaró nuevamente estado de alerta. Así que los apagones continúan en diversas regiones de México, donde algunos lugares como, Coatzacoalcos, Veracruz, la sensación térmica ha llegado hasta los 50 grados centígrados.