Policía estatal de Guerrero ataca a normalistas de Ayotzinapa, confirman un estudiante asesinado

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8 marzo, 2024

^{Foto de archivo por Clayton Conn}

La noche del jueves (7), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Guerrero afirmó haber recibido una llamada a través del 911, alertando sobre un vehículo con reporte de robo de la Marca Nissan tipo Frontier NP300, modelo 2020, color blanco, que se dirigía desde Chilpancingo hacia Tixtla. Según la versión oficial, el personal policial visualizó el vehículo en el punto conocido como Hotel Petatlán, gracias a las cámaras de C4, y abrió fuego cuando los normalistas no se detuvieron al pasar por un retén.

La dependencia compartió fotos del interior del vehículo donde, presuntamente, se encontró un arma de fuego corta, cartuchos útiles, tres bolsitas de una sustancia cristalina y cervezas. La Fiscalía General del Estado ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

El Centro de Derechos Humanos Minerva Bello denunció el incidente, y confirmó la muerte de un estudiante en el hospital, Yanqui Rothan Gómez Peralta, y la detención de otro más. Además, señaló que los normalistas fueron agredidos por elementos de la policía estatal. Este centro ha acompañado a varias normales del país y ha resaltado que, durante el último año, se han emitido dos recomendaciones por abuso de autoridad y otras violaciones a los derechos humanos por parte de la policía estatal en interacciones con estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La tragedia ha generado indignación en la comunidad estudiantil de la Normal de Ayotzinapa. Al enterarse del incidente, algunos estudiantes se trasladaron al lugar y lanzaron petardos contra agentes estatales y municipales. Además, un grupo de alumnos se apoderó de una patrulla y la incendió en la avenida Insurgentes en Chilpancingo, como acto de protesta.

Este incidente se produce en una fuerte criminalización contra estudiantes normalistas y representantes legales de los familiares de los 43, quienes mantuvieron un plantón durante diez días afuera del Palacio Nacional, exigiendo reanudar el diálogo con el presidente López Obrador para continuar la búsqueda de sus hijos. La falta de respuesta por parte de las autoridades ha generado frustración entre los familiares, quienes han recurrido a acciones más radicales para ser escuchados.

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Por la madrugada estudiantes normalistas realizaron una transmisión por sus redes sociales, donde denunciaron el asesinato del estudiante normalista, e informaron que el estudiante detenido fue trasladado al puerto de Acapulco.

Explicaron que sus compañeros se trasladaban en un vehículo cuando fueron atacados sin motivo por una patrulla, según testimonios de testigos presenciales.

Acusaron al gobierno de intentar encubrir el crimen y de sembrar pruebas para inculpar a los estudiantes y responsabilizaron directamente a las autoridades estatales de Guerrero por el asesinato del estudiante.

Recalcaron que este tipo de violencia policial es parte de un patrón autoritario del gobierno, que busca acallar las protestas y la disidencia.

Más tarde la Fiscalía General del Estado de Guerrero a través de sus redes sociales difundió un boletín informativo en el cual señaló que ha iniciado una investigación sobre un presunto homicidio ocurrido el 7 de marzo en el libramiento a Tixtla, cerca del Hotel Petatlán, en Chilpancingo de los Bravo.

La Policía Investigadora Ministerial está realizando entrevistas e indagatorias, mientras que los peritos están recopilando pruebas. Se espera que estas acciones aclaren los hechos y determinen responsabilidades.

Normalistas son vigilados 24 horas siete días a la semana

De acuerdo al Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI) Independientes, en el tercer informe publicado en el año 2022 sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, las autoridades militares y de inteligencia llevaban un seguimiento constante de las actividades de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Los informes revelan que se monitoreaban las movilizaciones estudiantiles, incluyendo marchas, tomas de autobuses y otros eventos. El GIEI tuvo acceso a 57 informes de seguimiento desde 2011 a 2014, periodo en el que se recibieron 12 comunicaciones e informes de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sobre las actividades de los estudiantes, incluso el día de los trágicos sucesos en Iguala.

El 22 de septiembre de 2014, la Comandancia de la 35 Zona Militar informó sobre las actividades estudiantiles en Ayotzinapa, indicando la retención de autobuses para asistir a eventos conmemorativos en la Ciudad de México. Además, se ordenó a todos los batallones del Estado de Guerrero seguir de cerca las actividades de los estudiantes, destacando la importancia de informar sobre la participación en eventos en la capital del país y otras organizaciones presentes en la zona. Este seguimiento refleja el conocimiento detallado de las autoridades militares sobre las actividades estudiantiles y el nivel de vigilancia al que estaban sujetos los estudiantes.

En impunidad el caso de otros normalistas asesinados

Después de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas en el año 2014, el martes 4 de octubre del 2016 fueron ejecutadas cinco personas durante un asalto en el transporte público en el libramiento Chilpancingo-Tixtla, entre ellos dos normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos; los cuerpos de Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro se trasladaron al Semefo de Chilpancingo donde fueron reconocidos por otros normalistas.

El 12 de diciembre, los estudiantes de Ayotzinapa protestaron contra el entonces gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, exigieron aumento de presupuesto para el plantel, y algunos otros temas y necesidades internas.

La manifestación de ese entonces, con la que mantenían bloqueados los cuatro carriles de la Autopista del Sol, en el punto conocido como Parador del Marqués, fue desalojada con violencia por elementos de la entonces Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial, quienes usaron armas.

Jorge Alexis y Gabriel fallecieron por disparos de arma de fuego y los cadáveres quedaron tendidos sobre la carretera de cuota. Casi a 13 años no hay responsable material ni intelectual de los que perpetraron el desalojo violento, incluso los dos elementos de la Policía Ministerial detenidos fueron liberados gracias a un amparo. El crimen de Alexis y Gabriel sigue en la impunidad, ha denunciado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En la mañana de este 8 de marzo, el presidente Manuel Andrés López Obrador dijo que “es lamentable esta situación” y que pedirá que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación.

México: Gobierno comunitario de Ostula repele crimen organizado de su territorio

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Sare Frabes

7 marzo, 2024

^{Foto por Regina López}

Pueblos y organizaciones de diversos estados de México lanzaron un comunicado en el cual reconocen la labor del Gobierno Indígena Comunitario de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, en la defensa de los derechos colectivos del pueblo indígena nahua y por velar por seguridad en su territorio.

La comunidad indígena nahua de Santa María Ostula se encuentra enclavada en la región costa, sierra del Estado de Michoacán, una región rica en recursos naturales, minerales y forestales. Sin embargo, es una de las zonas más violentas de México. La disputa entre diferentes grupos del crimen organizado por el control del territorio y sus recursos ha derivado en cientos de personas asesinadas y desaparecidas.

En este contexto, las habitantes de la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula, “han entendido que solo la unidad, el trabajo comunitario, el fortalecimiento de sus sistemas normativos internos y el cuidado de la madre tierra, pueden generar una alternativa para generar condiciones de vida digna dentro de su territorio”, sostiene el comunicado.

Desde el 2011, en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, según los términos constitucionales y tratados internacionales, como lo es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, las 24 comunidades y encargaturas, que conforman la comunidad indígena de Santa María Ostula, han fortalecido sus sistemas normativos internos conforme a su derecho como pueblo indígena a la libre determinación.

De acuerdo a las decisiones tomadas en asambleas generales, como máximo órgano de gobierno, han fortalecido sus instituciones de Gobierno Indígena, basado en sus autoridades agrarias, Consejo Comunal, Jefatura de Tenencia, Encargados del Orden y la Guardia Comunal.

En tal sentido, el gobierno indígena de Santa María Ostula “es garante de la legitimidad y capacidad de sus instituciones propias para generar mejores condiciones de vida en su territorio, que es uno de los lugares más seguros del país, a pesar de estar en una de las zonas más violentas”, sostienen las organizaciones.

Ante la falta de capacidad por parte de las dependencias del Estado para brindar seguridad, los grupos del crimen organizado mantienen el control de gran parte de la región costa – sierra de Michoacán y han intentado ingresar en los terrenos comunales de Ostula generando violencia y tensión, afirman.

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A pesar de ello, la comunidad de manera organizada ha logrado repeler los ataques y ha buscado por medio del diálogo fortalecer las alianzas con el Gobierno Federal para, en conjunto y coordinación, hacer frente a la situación de violencia en la región.

De acuerdo a las organizaciones, la historia reciente “nos enseña que solo con la participación y control, legal y legítimo del Gobierno Indígena Comunal de Santa María Ostula, ha sido posible la construcción de la paz y la seguridad, que son dos de los temas más sensibles que enfrentamos como pueblo mexicano”.

Fabricación de Delitos: la trágica realidad de Indígenas Tseltales y Ch’ol en Chiapas

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Ñaní Pinto

6 marzo, 2024

El martes pasado organizaciones se manifestaron afuera de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estadode Chiapas, para exigir el cese a la criminalización de personas defensoras de territorio en contra de quienes, denuncian,se han fabricado sistemáticamente delitos. Exigen la liberación inmediata de José Díaz Gómez preso político zapatista y de los cinco defensores de San Juan Cancuc.

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José Díaz Gómez, indígena Ch’ol y Base de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), permanece recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS), número 17 del municipio de Catazajá, Chiapas. “A José le fue fabricado un delito en su contra como represalia a su adherencia política zapatista”, sostiene el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en un comunicado, por lo que permanece recluido en prisión preventiva desde el 25 de noviembre de 2022.

De acuerdo con la organización, su proceso se ha visto postergado maliciosamente. El juzgado que lleva la causa ha aprobado en tres ocasiones la ampliación del plazo de investigación en beneficio de la Fiscalía, pese a que esta no ha realizado ninguna investigación adicional.

“Este tipo de dilaciones han sido identificadas como parte de un patrón en que fiscales y jueces extienden el proceso y en consecuencia la prisión sin sentencia, todo ello con un fin de simulación. Durante este lapso ha sido cambiada en múltiples ocasiones su defensa pública, vulnerando los derechos a una defensa continua y diligente”, denuncia Frayba.

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El Frayba ha solicitado en tres ocasiones el cambio de medida cautelar, lo que permitiría llevar a cabo su proceso en libertad, a fin de mitigar las afectaciones a su salud y economía familiar. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa en cada ocasión.

Los 5 defensores de Cancuc

Denunciaron también la criminalización penal en contra de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez defensores tseltales del territorio.

Los tres primeros fueron aprehendidos por policías municipales y estatales, la Guardia Nacional y elementos del Ejército mexicano el 29 de mayo de 2022 en el municipio de Cancuc.

Posteriormente fueron entregados a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena en San Cristóbal de Las Casas, “quien cometió actos de incomunicación y desaparición forzada por más de veinticuatro horas; esta fiscalía fabricó una versión completamente distinta de la detención asentando que los tres habían sido aprehendidos el 30 de mayo – es decir un día después – en San Cristóbal de Las Casas por portación de enervantes”, explica Frayba en el comunicado.

Durante su detención se fabricaron pruebas para inculparlos de un segundo delito que no cometieron, y se solicitó una orden de aprehensión por el mismo. Tras ser liberados por el primer delito, nuevamente fueron aprendidos tras abrir unasegunda carpeta de investigación fabricada y llevados directamente al CERSS No. 5. Esta situación “atiende al patrón documentado en decenas de casos por el Frayba”, según la organización.

El día 01 de junio de 2022, familiares de los tres detenidos y dos testigos, en compañía del personal del Frayba y de una organización internacional de observación de Derechos Humanos, se trasladaron al juzgado de control donde se llevaría a cabo la audiencia inicial contra los tres defensores. Estando fuera del CERSS, arribaron policías ministeriales quienes se llevaron a los dos testigos de nombres Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, sumándolos a la lista de defensores criminalizados.

A lo largo del juicio, el Frayba ha señalado diversas violaciones a derechos humanos como la detención arbitraria, privación ilegal de la libertad, traducción inadecuada durante el juicio y admisión de pruebas claramente deficientes por parte del juzgado.

“Desafortunadamente el proceso ha sido un laberinto burocrático que ha prolongado su detención preventiva por casi tres años”, sostiene Frayba.

La organización hace un llamado para que los “jueces escuchen las denuncias de las víctimas sobre las violaciones a derechos humanos cometidas con el fin de construir delitos en su contra, que estudie detenidamente las pruebas fabricadas para cerciorarse de sus inconsistencias, y que no sea parte de la prolongación indebida de la prisión preventiva que es una forma más de castigo al ejercicio de los derechos políticos”.

ONU alerta que extradición de Assange vulneraría la libertad de expresión

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Sare Frabes

5 marzo, 2024

El pasado viernes (1), Irene Khan, experta de las Naciones Unidas, ha levantado la voz para mostrar su preocupación por las posibles implicaciones que podría tener la extradición y el subsiguiente procesamiento en Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para la libertad de expresión a nivel global.

Irene Khan es relatora especial sobre la libertad de expresión de la ONU, quien puntualiza que "recopilar, informar y difundir información, incluida la relativa a la seguridad nacional cuando es de interés público, es un ejercicio legítimo del periodismo y no debe tratarse como un delito".

Las declaraciones de la relatora se presentan en el momento más álgido del caso de Assange, ya que espera la decisión del Tribunal Superior del Reino Unido sobre su apelación contra la extradición a Estados Unidos.

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Assange se ha destacado como editor, redactor y activista, se enfrenta a 17 cargos en virtud de la Ley de Espionaje de 1917 por la publicación de información clasificada en la plataforma de WikiLeaks, lo que podría acarrearle una pena máxima de 175 años de prisión.

De acuerdo con la relatora Khan, la principal preocupación radica en el uso de esta ley en el caso de Assange, ya que, "este estatuto no proporciona ninguna protección para la publicación de información de interés público".

Incluso, la especialista advierte que, en caso de que procesen a Assange en Estados Unidos por su labor informativa, "sentaría un precedente peligroso que podría tener un efecto amedrentador sobre el periodismo de investigación en Estados Unidos y posiblemente en otras partes del mundo", afirmó Khan, además de que no es la primera vez que un periodista recurre a documentos clasificados de interés público.

Khan insta a las autoridades británicas para que no extradite a Assange a los Estados Unidos, así mismo, que le retiren los cargos en su contra.

El caso del periodista ha sido objeto de controversia durante años, lo que incluye su arresto en 2010 y su permanencia en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh desde 2019.

El activista australiano ha sido objeto de una persecución legal prolongada, que muchos grupos defensores de la libertad de prensa consideran un intento de criminalizar el periodismo.

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Los cargos presentados por el Departamento de Justicia de la administración Donald Trump están relacionados con la publicación de documentos clasificados por parte de Manning en 2010, que detallaban crímenes de guerra y abusos cometidos por el gobierno estadounidense en Irak, Afganistán y Guantánamo.

El destino de Assange sigue siendo incierto, pero su caso continuará siendo un punto de referencia crucial para el futuro del periodismo de investigación y la libertad de expresión en todo el mundo. Diversos periodista y activistas en el mundo se han pronunciado para que lo liberen y le retiren los cargos en su contra.

Activistas en Alemania defienden bosque contra la empresa de autos Tesla

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Sare Frabes

4 marzo, 2024

El bosque de Grünheide, en Brandeburgo, Alemania, se ha convertido en el escenario de una batalla entre Tesla y activistas que defienden el bosque. Ellos se mantienen habitando los árboles como un acto de protesta para detener los planes de expansión del fabricante de coches eléctricos.

Desde que Tesla anunció que pretende construir un complejo mayor para sus mercancías y almacenes, ampliando en más de una tercera parte su fabrica que hoy ocupa 300 hectáreas, las protestas se activaron.

Desde el pasado jueves (29), activistas ecologistas han ocupado parte del bosque estatal, donde Tesla quiere abarcar 170 hectáreas más. Han acondicionado tiendas aéreas entre los árboles, otros más a ras del suelo, ya que su protesta es por tiempo indefinido, han comunicado.

Los residentes de Grünheide también han respaldado esta protesta. En una consulta pública realizada el pasado 22 de febrero, los ciudadanos votaron en contra del plan de desarrollo propuesto por Tesla. El resultado fue de 3 mil 499 votos en contra y solo 1 mil 882 a favor de Tesla, dejando claro su compromiso con la protección del medio ambiente.

A pesar de esta victoria, los activistas no han considerado abandonar el bosque. "No podemos confiar en que se impida la ampliación", dijo una estudiante llamada Caro Weber.

La ocupación del bosque es liderada por la iniciativa llamada "Stop Tesla". Ha logrado atraer activistas de diversas partes de Alemania y se espera que se sumen más ambientalistas de la Unión Europea.

Hasta el momento se han adherido más de un centenar de personas y organizaciones como "Robin Wood", quienes suman fuerzas en la lucha por la preservación del medio ambiente.

A pesar de la oposición comunitaria, Tesla continúa avanzando con sus planes de expansión mientras busca un diálogo con los activistas, un canal que, por el momento se encuentra cerrado, pues la posición de los activistas es no dejar que la empresa avance sobre el bosque y proteger el agua potable de la región de los efectos nocivos de la expansión industrial.

"Estamos hoy aquí para mostrar la tarjeta roja al dueño de Tesla, Elon Musk, y a todos aquellos que le están ayudando a hacer aún más grande su mega empresa", se cita en un comunicado emitido por los activistas.

La producción de Tesla en Grünheide inició en 2022, “beneficiando a la comunidad”, ha dicho la empresa en un comunicado. En ningún momento habla de la deforestación provocada en las 300 hectáreas que hoy posee y de su ampliación sobre bosques estatales.

Hasta el momento, el escenario en el bosque es pacífico, pero la tensión de una posible represión está latente. La presencia policial comienza a intensificarse. La última palabra corresponde al municipio de Grünheide, decidir sobre el procedimiento del plan de desarrollo de Tesla o reconocer la voz de los ciudadanos de Grünheide.

Se agudiza desplazamiento forzado en Latinoamérica por la crisis climática

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Ñaní Pinto

4 marzo, 2024

^{El bosque Tabasco, sur de México, desplazados por inundación. Foto por Aldo Santiago}

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó a finales de febrero la migración por efectos del cambio climático en América Latina y el Caribe. En una audiencia inédita, la Comisión recibió los testimonios de personas forzadas a desplazarse por los impactos ambientales de emergencia. La audiencia fue solicitada por 30 organizaciones de América Latina, el Caribe y Estados Unidos.

Fueron escuchados testimonios de personas de El Bosque (Tabasco, México), Cedeño (Marcovia, Choluteca, Honduras), Twuliá (La Guajira, Colombia), así como comunidades haitianas en las Bahamas y a lo largo de la región,quienes se han enfrentado a desastres repentinos o progresivos relacionados con los efectos del cambio climático. Entre ellos: huracanes, aumento del nivel del mar, erosión costera, cambios en la biodiversidad marina, sequías prolongadas e inundaciones. Estos vinculados también a las prácticas racistas de despojo y extractivismo de los recursos naturales que agudizan la degradación ambiental y la conflictividad social.

Lupita Mayoral, miembro de la comunidad de El Bosque, en Tabasco, sostuvo que su pueblo es el lugar donde se desprenden la mayoría de sus recuerdos, su historia y su identidad, y rememoró la paulatina desaparición de El Bosque por el aumento del nivel del mar desde 2019.

“Es importante que se impulsen protocolos.Es importante que nos brinden asistencia humanitaria que hasta el día de hoy no hemos recibido. Y también es importante que todos los países se unan, que Latinoamérica se una para poder hacer algo frente al cambio climático”, dijo.

Los efectos del cambio climático han generado pérdidas y daños de carácter económico, pero también humanas y culturales, que han obligado a muchas comunidades a desplazarse, reubicándose dentro de su propio territorio o incluso buscando protección en otros países.

Un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos subraya que los impactos negativos del cambio climático afectan desproporcionadamente a personas y comunidades que ya experimentan situaciones desventajosas debido a dónde se encuentran ubicadas geográficamente, la pobreza, el género, la edad, alguna discapacidad, o incluso su ambiente cultural o étnico.

Como lo ha dicho el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, especialmente en el caso de las personas en situación de vulnerabilidad, múltiples formas de discriminación, como el racismo, el sexismo y el clasismo pueden combinarse, superponerse y converger. “Lamentablemente, estas comunidades, a su vez, son las que menos han contribuido históricamente a la emisión de gases de efecto invernadero”.

Según el IPCC, desde 2008, una exorbitante media anual de más de 20 millones de personas se ha visto desplazada internamente cada año por fenómenos meteorológicos extremos, siendo las tormentas y las inundaciones los más habituales. La intensidad y frecuencia de desastres naturales como huracanes o inundaciones, al igual que otros fenómenos como la escasez de agua o el aumento del nivel del mar, afectan la forma de vida de las personas.

También un estudio del Banco Mundial estima que el cambio climático podría

empujar al desplazamiento a más de 216 millones de personas de seis regiones del mundo, para 2050. Aunque las cifras proyectadas para el año 2030 ya prevén que pueden generarse zonas críticas de migración interna debido al clima y estas se seguirían ampliando e intensificando hasta 2050.

Entre las regiones más sensibles a los desplazamientos relacionados con el clima, de acuerdo con Organización Meteorológica Mundial, se encuentran los Andes, el noreste del Brasil y los países septentrionales de América Central.

La movilidad humana por factores climáticos ha causado un gran debate en torno a términos como “refugiados climáticos” y “migrantes climáticos,” al momento de identificar la manera correcta de referirse a estas personas. En la mayoría de casos, estas personas no son reconocidas legalmente como “refugiados.”Las organizaciones solicitaron a la CIDH la formación de un grupo de trabajo para garantizar los derechos de las poblaciones afectadas, en colaboración con ellas. Propusieron hacer reuniones en conjunto para ejecutar los derechos humanos asociados al desplazamiento forzado y el cambio climático.

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