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Costa e Istmo de Oaxaca comparten dolores y resistencias con caravana del CIG

Fotos: Pablo Osorio

Después de haber iniciado el recorrido en Oaxaca en Huajuapan de León y la ciudad de Oaxaca, el día 29 de Enero, y después Zaachila y Tamazulapam Mixes, el 30 de Enero, la caravana del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) siguió su camino hacia la Costa y el Istmo de Tehuantepec, entre los días 31 de Enero y 2 de Febrero. Terminado su recorrido por el istmo oaxaqueño, la caravana siguió al pueblo chontal el día 3 de Febrero, comunidades chinantecas el 4 de Febrero, para terminar en territorio mazateco el 5 de Febrero, con el 1er Encuentro de los Pueblos de la Sierra Mazateca.

En su camino, Marichuy y las y los concejales del CIG hablan poco. Sobre todo, van escuchando con atención los dolores, las victorias, las perdidas, los miedos y corajes de todos los pueblos que decidieron ser parte de su propuesta. Como lo declaro la concejal de la región del lago de Pátzcuaro María Macario, en Álvaro Obregon: "Este recorrido que estamos haciendo nos ha servido para escuchar y conocer todos los problemas que se aquejan, y que nosotros como concejo tal vez no los vamos a resolver pero si los vamos a dar a conocer para que nos sigamos organizando y todos los pueblos juntos le gritemos a este gobierno que ya basta de imposiciones, que ya no queremos extranjeros en nuestras tierras y que vamos a defender el agua, la tierra y todo lo que nos pertenece porque es la herencia de nuestros hijos y de nuestros nietos".

Abajo se les presenta un reporte de cómo encontró la caravana a las regiones de la costa y el istmo de Tehuantepec.

Palabras de la costa

El día 31 de Enero, organizaciones sociales así como comuneras y comuneros de los pueblos chatinos, zapotecos de la sierra sur, chinantecos, mazatecos, mixtecos y campesinos mestizos recibieron a la caravana del CIG y a su vocera María de Jesús Patricio en Santo Domingo de Morelos, Pochutla.

"Actualmente lo que mas nos preocupa es la defensa de nuestros territorios frente a los mega-proyectos y frente a todos los ataques del capitalismo neoliberal", expresó una integrante de las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO). "Sabemos que sin la tierra, sin nuestros territorios en su conjunto no habrá vida para nosotros, no habrá alimento, no habrá comunidad, no habrá cultura propia. No habrá nada, solo destrucción y muerte. Por eso estamos hoy aquí reconociendo al CIG y a su vocera María de Jesús Patricio porque sabemos que les preocupa lo mismo".

Después de denunciar los múltiples actos de represión que han sufrido por parte del gobierno a lo largo de sus últimos años de lucha, una pobladora le dirigió algunas palabras a Marichiuy:

"Compartimos y valoramos tu trabajo para curar, no solo las enfermedades físicas que tanto aquejan como pobres que apenas sobrevivimos, sino tu trabajo político para erradicar las graves enfermedades sociales y políticas que sufren nuestros pueblos y que sufre todo México. Los miles de asesinatos, miles de feminicidios, miles de desaparecidos, cientos de defensores de nuestros pueblos indígenas perseguidos, asesinados y encarcelados además del mal gobierno en todos los niveles.

(...)

Aunque no confiamos en el sistema electoral que nos ha engañado tantas veces, nos gustaría verte en esas boletas amarillas a manera de protesta y de clamor de nuestros pueblos, a manera de decirles a los partidos políticos autoritarios y corruptos que tanto daño nos están haciendo y que cuenten con nosotros y nosotras. Nuestras consciencias y nuestros territorios no están en venta

También nos gustaría verte en esta boleta electoral a manera de decirles a los hombres que su cacicazgo sobre nosotras las mujeres ha terminado, es hora de defender nuestros derechos, es la hora de escuchar a las mujeres. Tenemos mucho que decir contra los malos tratos que nos dan en la casa, en el pueblo, en el país, en el congreso de la unión desde los malos gobiernos. Tenemos mucho que luchar juntas para lograr una vida justa y digna para las mujeres"

(...)

"Pero más allá de las boletas, es importante verte hoy junto con nosotras y nosotros y apoyarte en esa lucha que esperamos no termina en este Julio 2018 sino apenas empieza porque lo que mas falta nos hace es unir la fuerza de nuestros pueblos indígenas más allá de cualquier propuesta electoral. Es urgente organizar nuestros pueblos en un gran movimiento nacional autónomo capaz de lograr nuestros propósitos: defender los territorios y defender la vida misma".

En el istmo, la defensa del mar en contra de los eólicos

El jueves 1 de Febrero, la caravana siguió su camino hacia el istmo de Tehuantepec para realizar una primera parada en la comunidad Ikoots de San Francisco del Mar, donde también manifestaron su presencia pobladores de Chahuites, Tapanatepec, Zanatepec, Reforma, Ixhuatán, San Dionisio, Álvaro Obregon y Unión Hidalgo.

Las diferentes participaciones resaltaron la importancia de los procesos organizativos y de resistencia de la región, en particular en contra de la instalación de parques eólicos por parte de grandes empresas transnacionales en la zona.

Para entender el contexto consulta el reportaje ⇒ Rastros obscuros de la energía limpia en Oaxaca, México

Las y los participantes denunciaron el saqueo de sus territorios por parte de esas empresas productoras de energía eléctrica, quienes además de destruir el mar y las tierras de cultivo al instalar sus molinos no ofrecen nada de la luz producida a las comunidades. “Estamos aquí luchando por las altas tarifas de la luz. Porque quieren que paguemos un recibo que nosotros no podemos pagar. Los pueblos no tienen trabajo con salario, nosotros vivimos del mar, vivimos del maíz, vivimos del mango”, denunció la coordinadora del movimiento en contra de las altas tarifas de la energía eléctrica de Chahuites.

 Por otro lado, Santiago López Alegría, coordinador del movimiento en San Francisco del Mar, denunció la criminalización de las luchas por parte de los gobiernos municipales, el gobierno estatal y el gobierno federal, recordando en particular el asesinato del compañero José Alberto Toledo Villalobos en la comunidad de Chahuites el año pasado.

De igual manera, lamentó la ausencia del coordinador general de la Asamblea de Pueblos Indígenas de Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), Rodrigo Flores Peñaloza, quién recibió hace unos días una orden de aprensión además de las amenazas de muerte que ya había recibido a lo largo de los últimos meses.

Lopéz Alegria recordó que a pesar de la represión, los pueblos de la zona ya han logrado algunas victorias en contra de las empresas y alentó la población a seguir adelante. “Mientras estemos unidos, no nos va a pasar nada”, declaró.

Jazani Martinez, concejala y estudiante de la preparatoria comunitaria José Martí de San Francisco Ixhuatán, también llamó a la organización del pueblo y en particular a la participación de los jóvenes. “Soy una joven defendiendo este territorio, no soy una señora, no soy una niña y quiero convencer a los demás jóvenes de participar con nosotros, con la comunidad, colectivamente. Gritemos, alcemos la voz, juntos podemos cambiar este México y hacer un mundo mejor”.

Álvaro Obregon festeja el quinto aniversario de su asamblea general comunitaria

La caravana realizó su siguiente parada en la comunidad binni'zaa de Álvaro Obregon, célula de resistencia y rebeldía en la región. A lo largo de las diferentes participaciones se hizo un recuento de la lucha del pueblo a partir del ataque que sufrió el 2 de Febrero del año 2013 por parte de la policía estatal. Ese día, centenas de elementos llegaron a la comunidad con la intención de permitir la entrada de la empresa transnacional Mareña Renovables a la barra Santa Teresa, lugar donde quería instalar uno de los parques eólicos mas grandes de la zona.


Tras ese evento, las comuneras y los comuneros de Álvaro Obregon tomaron la decisión de expulsar a su presidente municipal acusado de apoyar a la empresa, tomaron el palacio municipal y regresaron a sus formas tradicionales de organización con la creación de su asamblea general comunitaria. "Esta determinación no les pareció muy bien a los partidos políticos", expresó un participante, "y desde esta fecha estamos siendo acosados, estamos siendo invadidos, estamos siendo agredidos".

A pesar de la represión, la asamblea sigue firme y se estaba preparando a festejar su quinto aniversario el 2 de Febrero del 2018. Respecto a las elecciones presidenciales de julio del 2018, ya anunció que no dejará entrar las casillas. "En nuestra bandera solo existen dos consignas principales: No a las empresas transnacionales y NO a los partidos políticos" afirmó un participante.

La lucha de los Chimalapas

Durante el evento en Álvaro Obregon, fueron invitados a participar compañeros de la región vecina de los Chimalapas, que describieron la situación de la “región con mayor diversidad biológica y mejor conservada de México”. Esa riqueza biológica increíble y su particular conservación existen gracias a la relación de intercambio – y no de explotación – que existe entre el pueblo zoque y la naturaleza, explicaron.

Sin embargo, la riqueza del territorio atrae las inversiones y desde hace 60 años diversos proyectos tales como el corredor transístmico, represas hidroeléctricas y concesiones mineras, han intentado invadir al territorio con el afán de privatizar y mercantilizar la naturaleza.

Los participantes denunciaron la colusión que existe entre las grandes empresas y las distintas escalas de gobierno. “Los gobiernos nunca han resuelta nuestros problemas”, empezaron. Peor aún, saben por experiencia que el Estado mexicano mismo tiene a su disposición una diversidad de estrategias para fomentar el despojo de los territorios. Así, recordaron el ataque que sufrió su pueblo en el año 1998, cuando el gobierno federal mandó a quemar miles de hectáreas de sus bosques y calificaron los hechos de “criminalidad de Estado”.

También condenaron la imposición de programas tales como los programas de pago por servicios ambientales y de eco-turismo “que invaden los territorios y transforman las tierras comunales en tierras federales”, así como los programas individuales como PROCAMPO y PROSPERA que rompen con el tejido comunitario.

“Nosotros no vendemos nuestras tierra, no negociamos nuestros bosques, selvas, ríos y montañas. Nosotros seguimos defendiendo de las empresas y los gobiernos que nos han querido engañar con programas”,

AFIRMARON.

Finalmente, externaron su preocupación acerca de la violencia que se está intensificando en la región con la entrada de grupos vinculados con el crimen organizado. “Conocemos por otros compañeros que el gobierno usa esa estrategia para sembrar miedo en las poblaciones y hacer que abandonen sus tierras para luego poder trabajarlas con cultivos de amapola o venderlas a las empresas”, alertaron.

Activistas rechazan proyecto “Sembrando Bolivia” de Evo Morales y de empresarios del agronegocio

Transgénicos, agrotóxicos y deforestación. Resistencia a la expansión del agronegocio

El 26 de enero de este año, colectivos y activistas contra los transgénicos en Santa Cruz, hicieron presencia para expresar su rechazo al seminario organizado por el Ministerio de Gobierno, partidarios del Movimiento Al Socialismo,  la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO), el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE),  entre otros. Dicha conferencia denominada “Implementación de cultivos transgénicos o genéticamente modificados, como alternativa de mejoramiento a la producción”, estaba destinada, a decir de los colectivos, a hacer propaganda a favor de las semillas transgénicas, confundiendo biotecnología con transgénicos,  y a deslegitimar la lucha que por años han realizado como sociedad civil ante la amenaza de los agrotóxicos, los transgénicos y la deforestación, que son parte fundante del modelo del agronegocio en Bolivia.

Las alianzas del gobierno y el sector  agroempresarial

El que instancias del estado y el MAS realicen un evento junto a las representaciones empresariales para mostrar los supuestos beneficios de los transgénicos como mejoramiento de la producción, tiene una historia más larga que remite a varios hechos políticos.

El 2008, se registraron los momentos de máximo enfrentamiento de sectores del empresariado más poderoso del país articulados políticamente en el Consejo Nacional por la Democracia (CONALDE), con el gobierno del Movimiento Al Socialismo. Sin embargo, poco después de aprobada la Nueva Constitución Política del Estado el 2009, el MAS comenzó a establecer  acercamientos y luego pactos con dichos sectores. Hablamos de hechos como la incorporación a filas oficialistas de ex furibundos opositores al gobierno, otrora pertenecientes a la Unión Juvenil Cruceñista, brazo de choque de la oposición; de acercamientos políticos del MAS con fracciones del muy tradicional partido de derecha Movimiento Nacionalista Revolucionario, (MNR); o la presentación de candidatxs masistas para las elecciones subnacionales, pertenecientes a élites departamentales o que  habían militado en partidos de derecha.

Afiche del seminario organizado por instancias de gobierno y los agroempresarios

En el fondo están los acuerdos que poco después el gobierno comenzó a consolidar con la CAO, la Confederación Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO), etc., destinados a satisfacer las principales demandas de estos entes, relacionadas a la legalización de áreas deforestadas, ampliación del plazo de control de la Función Económica Social (FES), transgénicos y libre exportación de sus productos. Paradójicamente, normativas como la Ley de la Madre Tierra de 2012, son contradictorias con otras leyes como la 337 (2013), calificada como la ley del “perdonazo forestal”.

La denominada “Agenda Patriótica 2025”, en términos de política agraria, anuncia como un pilar económico la ampliación de la frontera agrícola a través de la incorporación de  10 millones de hectáreas a la producción agrícola y ganadera, en un plazo de 10 años.

El 2015, en la criticada Cumbre Sembrando Bolivia del 2015, quedó de forma aún más evidente que,  a pesar de lo que establece la NCPE aprobada el 2009,  la política agraria favorecería a las agroempresas y no así a los pequeños productores y productores agroecológicos, sin embargo, esa ocasión, el tema de los transgénicos había “quedado en el limbo”.

En febrero de 2016, los acuerdos obtenidos en la Cumbre, se materializaron en tres leyes, (la 739, la 740 y  la 741),  donde el agronegocio se favoreció con la ampliación del plazo del control de la Función Social Económica (FES), de cada 2 a cada 5 años, así como se benefició por la ampliación del “perdonazo” por desmontes ilegales que hubiesen podido realizar.

Ya el 19 de diciembre de 2017, el gobierno nacional firmó un acuerdo con las principales organizaciones agroempresariales del país, el cual abarca las principales demandas de este sector.  Las tres mesas de negociación concluyeron en compromisos que favorecen  ampliamente a los empresarios privados y que resultan adversos a sectores indígenas y a la seguridad alimentaria del país.

La Fundación Tierra, en un análisis del acuerdo, señala la evidente connivencia entre la agroempresa, por ende las transnacionales vinculadas con ésta, y el gobierno. Encuentra  puntos importantes y que revisten gravedad: la aprobación de la libre exportación de productos como la soya, carne de res, derivados del alcohol, etc., una medida de corte neoliberal; se legalizarían las quemas ilegales de bosque realizadas en los últimos ocho años;  se determina establecer una nueva delimitación de la Reserva Forestal de Guarayos, sobrepuesta al territorio indígena del pueblo Gwarayu, lo que significa legalizar asentamientos e inversiones ilegales afectando casi la totalidad de la reserva; el punto cinco de la mesa 2, permite la apertura a transgénicos de la soya hacia otros tres productos más: maíz, caña de azúcar y algodón.

La resistencia frente al modelo del agronegocio en Santa Cruz 

En un contexto difícil, como sede de las principales organizaciones de la agroindustria, y como departamento donde se ha concentrado la utilización de las semillas transgénicas en la producción de soya, colectivos urbanos y  pueblos indígenas se han opuesto a la introducción de transgénicos en la producción de maíz y otros productos, así como a la política de ampliación de la frontera agrícola impulsada desde el estado, en desmedro de áreas protegidas y territorios indígenas.

Alejandra Crespo, de la Coordinadora Por el Medio Ambiente (CODAPMA), luego de tres años de hacer un seguimiento y movilizarse como colectivo frente a las políticas estatales que favorecen la  expansión del agronegocio, la introducción de semillas transgénicas, el crecimiento exponencial de la importación de agrotóxicos  y la deforestación en Santa Cruz, señala:

A.C. El actor que se beneficia en este caso son las empresas transnacionales que proveen los agrotóxicos que acá en Santa Cruz principalmente, que es donde se maneja el agronegocio. En las carreteras uno puede ver sus vallas de todas estas transnacionales como BAYER, SYNGENTA, entonces son empresas que están justamente buscando el monopolio del uso de los agrotóxicos a nivel mundial y de las semillas también y cada vez ellos se están apoderando de los insumos y de las semillas, y obviamente a lo que apuntan es justamente a obtener el monopolio de estos recursos que son tan importantes, principalmente la semilla para definir qué se produce, cómo se produce, dónde se produce y a qué precio se produce.

Organizaciones civiles que también son parte de la Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos, en mayo de 2017, realizaron la denuncia sobre la existencia de plantaciones de maíz transgénico ilegal, realizada en la colonia menonita Pinondi,  en la zona de Charagua[14], la cual fue confirmada por autoridades:

A.C.: El año pasado hicimos la denuncia de que  ya habría maíz transgénico produciéndose de manera ilegal, tampoco recibimos respuesta, nos dimos la molestia de ir a la zona del Chaco, una colonia menonita, y verificar con un kit genético justamente la denuncia que hicimos, y evidentemente describimos que ahí había maíz transgénico resistente al glifosato, hicimos la denuncia, presentamos todo un estudio técnico y demás ante el SENASAG, ante e INIAF porque son las autoridades competentes que deberían regular esto,  la respuesta que nos dieron, de que irían a verificar y si en caso de que fuese cierto quemarían esos campos, pero nunca supimos nada al respecto, no nos dieron mayor información.

Las Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos, (COPNAG), por su lado, se han pronunciado ante la decisión de realizar una nueva delimitación en la Reserva Forestal Guarayos, que a su vez es territorio indígena, declarándose esta organización en emergencia al no haber sido consultados y exigiendo el desalojo de asentamientos ilegales, sanciones a los desmontes ilegales y  rechazando de manera total el convenio entre agroempresarios y el gobierno.

A.C.: Nosotros en el marco de la plataforma nacional sacamos un pronunciamiento también los del Comité Científico de Biotecnología, plataforma agroecológica muchas plataformas que se manifestaron repudiando la situación de alianza del agronegocio con el gobierno, que son los que definen lo que se produce en Bolivia para apoyar transnacionales en desmedro de la salud y economía de los bolivianos. Es escandaloso ese seminario y por eso decidimos ir a protestar.

Mientras lxs activistas que expresaron su rechazo al evento organizado por personeros de gobierno, del IBCE y del agroempresariado, fueron  agredidos a la salida por grupos de choque, se esperan los próximos pasos que el acuerdo Gobierno- empresarios han definido para dentro de unos meses, es decir, la propuesta sobre transgénicos que deberá ser presentada por el sector privado en marzo de este año y lo que sucederá en la Reserva Forestal Guarayos. Lo que implica ver que las autoridades solo están negociando con los agroempresarios y no así con la población.

El comunicado de la COPNAG señala en su parte final:

“Hacemos recuerdo al Gobierno Nacional que Nuestro territorio no fue regalo de ningún Gobierno, sino más bien es producto de movilizaciones, luchas, sacrificios de vidas humanas, por mantener reproducir y conservar nuestro sistema de vida en un territorio ocupado y defendido ancestralmente, por tanto de no ser escuchada nuestro petitorio seguiremos defendiéndolo si es posible con nuestras vidas como lo hicieron nuestros antepasados y tomaremos todas las medidas que sean necesarias en defensa de nuestro territorio”.

Fuente: chaskiclandestino

Congreso Nacional Indígena condena ataque militar de Turquía hacia Afrin, Siria

En un comunicado con fecha del 31 de Enero de este año 2018, el Congreso Nacional Indígena (CNI), por medio de su portavoz, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, condenaron el ataque militar y los bombardeos realizados por el ejército Turco contra la ciudad de Afrin, principalmente contra el campo de refugiados sirios de Rubar y en contra de los centros de población del Cantón de Rojova, en el Norte de Siria.

Afrin es una ciudad y un distrito correspondiente a la Gobernación de Alepo, en Siria. Se encuentra al sur de la Media Luna Fértil que ha sido considerada la madre de la civilización. Situado en el oeste de Rojava, consta de 202,775 hectáreas de tierras ricas en recursos naturales. Efrîn tiene siete distritos, incluyendo Şêrawa, Cindirêsê, Mabeta, Reco, Bilbil, Şiyê û Şera.

El sábado 20 de Enero el ejército de Turquía llevó acabo un ataque aéreo sobre la ciudad de Afrin con la aprobación de Rusia. Los ataques fueron realizados por 72 aviones de combate que tuvieron como objetivo los distritos del centro de Afrin, Cindirêsê, Reco, Shera, Shêrawa y Mabeta y el campo de refugiados Rubar. En el campo Rubar viven más de 20000 refugiados de Siria.

“Hermanas y hermanos, respetuosamente compartimos el dolor por el sufrimiento ante los miles de muertos y el desplazamiento de millones de personas, entre ell@s centenares de niños y niñas, provocado por esta guerra capitalista que no tiene fronteras ni límites”,

EXTERNA EL COMUNICADO DEL CNI DIRIGIDO HACIA EL PUEBLO KURDO Y HACIA LOS PUEBLOS DEL MUNDO.

El posicionamiento del CNI es lanzado en conjunto con el Concejo Nacional Indígena (CIG), quien actualmente esta recorriendo el país de México para recoger los dolores de los pueblos indígenas y para llamar a la organización y hacer frente a los atropellos del sistema capitalista. La denuncia hacia estos ataques tienen por objetivo dice el comunicado, “acabar con este digno pueblo y concretar la ocupación capitalista, que al igual que en todos los rincones del país se viste de odio racial, capitalista y patriarcal. Por lo que rechazamos La violencia y la masacre de los pueblos para concretar sus ambiciones”.

Con la declaración de la Administración Democrática de Rojava el 19 de Julio de 2012, se estableció un nuevo sistema basado en la democracia directa, la igualdad de género, el pluralismo y el secularismo. Tanto el kurdo como el árabe fueron declarados como idioma oficial, y el sistema educativo se diseñó según el paradigma de la nación democrática. La gente de Rojava también creó su propio sistema de defensa institucionalizado en YPG (Unidades de Defensa Popular), YPJ (Fuerza de Defensa Femenina), Asayîş (fuerza de seguridad), el Deber de Autodefensa y la Fuerza de Defensa Comunitaria. Financiado por la gente, este sistema está diseñado para defenderlos en caso de ataque. Como resultado de la protección brindada por estas fuerzas, Efrîn se convirtió en el lugar más seguro de toda Siria atrayendo a cientos de miles de refugiados.

Este proceso es saludo por los indígenas integrantes del CNI, el Concejo Indígena de Gobierno, a través de su vocera Marcichuy, diciendo, “saludamos su la lucha que se construye con dignidad por sus jóvenes, mujeres y hombres para liberar su territorio y su pueblo con decisiones tomadas por todas y todos, con la formación de nuevas formas autónomas y rebeldes”.

Durante los últimos 7 años la guerra en Siria, desatada por la coalición internacional liderada por Estados Unidos, que lucha contra el autodenominado Estado Islámico, ha provocado la muerte de cientos de miles de personas y millones de desplazados. Por esa razón, el CNI hace un llamado “ a los pueblos del mundo para hacer lo que nos toca desde los rincones en los que nos encontramos, y así construir desde abajo el fin al odio y al genocidio contra el pueblo kurdo”.

Ver el comunicado completo ⇒ Comunicado al pueblo Kurdo

Trabajadores denuncian caos en el servicio de salud de Oaxaca

Por Alberto Roldán

A unos días de que el Dr. Juan Ramón Díaz Pimentel asumiera el cargo como titular de la Secretaría de Salud de Oaxaca, desde el pasado 9 de enero de 2018, emitió una serie de declaraciones en medios de comunicación afirmando la existencia de múltiples irregularidades al interior de esta dependencia de gobierno. Tales como la presencia de personal en la nómina, cuya actividad se desconoce – considerados o llamados ‘aviadores’, que cobran sin trabajar -, así como una inadecuada distribución del personal médico y de enfermería en todo el estado. A su vez, anunció que no se renovarían los contratos para el personal que trabaja eventualmente en los distintos centros de trabajo de dicha Secretaría.

Aunado a ello, trabajadores de base, regularizados y formalizados vieron afectados sus pagos de la primera quincena de enero así como su segunda parte de aguinaldo, ésta última pendiente desde mediados del mes de diciembre del año anterior.

La razón de ello, según Díaz Pimentel, consiste en el inicio de normalización de pago a terceros institucionales y no institucionales correspondiente a trabajadores de base, un asunto que ha sido aplazado durante varias decenas de meses. Esto se refiere a que los Servicios de Salud de Oaxaca, en su calidad de intermediario, no ha liquidado los pagos a empresas aseguradoras, de préstamos y crediticias, sean públicas o privadas, aun cuando el descuento a cada trabajador que ha adquirido este tipo de compromisos se ha realizado quincena tras quincena.

Cuestionado por diversos medios sobre este tópico, Pimentel se deslindó señalando que la responsabilidad de ello recae en administraciones pasadas al omitir la atención pertinente en dicho asunto. Comentó también que ese dinero se había tomado para pagar puntualmente los salarios del resto de los trabajadores.

Fue esta situación la que más alertó a la base trabajadora del sector salud en el estado puesto que deja ver los manejos desastrosos en cuestión financiera y de recursos humanos en las dependencias médicas locales.

Trabajadores entrevistados por el reportaje argumentan también que el personal que labora fuera de sus centros de adscripción ha sido comisionado a otros lugares con el visto bueno de autoridades gubernamentales en materia de salud ya que en algunas localidades no se contaba con personal suficiente para prestar servicios médicos de forma adecuada. El personal menciona a estar a favor de que se haga una revisión minuciosa y justa para verificar quién figura en la plantilla cobrando sin presentarse a laborar.

Asimismo apuntan que existe una problemática constante que tiene que ver con el continuo desabasto de medicamentos.

Foto: Santiago Navarro F. archivo de Avispa Midia.

Regularizados

José Salazar, médico general, trabajador de los Servicios de Salud en la Sierra Norte Oaxaqueña, comenta que fue a finales del año 2006 cuando el entonces Presidente de México, Vicente Fox, emitió un decreto para suspender el otorgamiento de plazas de base, disposición que no fue ejecutada sino hasta que su sucesor, Felipe Calderón, asumió la presidencia. Dicho decreto se emitió incluso cuando ya se habían autorizado alrededor de 4 700 plazas de base tan solo para el estado de Oaxaca. Posteriormente, menciona Salazar, en noviembre de 2007 se lleva a cabo un Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) en Puerto Vallarta, Jalisco, para dar un poco más de certeza laboral a esas plazas emitidas frente al decreto presidencial.

Consecuencia de ello es la creación  de los llamados Contratos Eventuales Precarios, que el 1 de mayo de 2008 se convertirían en la Primera Etapa de trabajadores regularizados, cuyo financiamiento se realizaría de forma tripartita entre la Federación, el Seguro Popular y la Secretaría Estatal de Salud, para el caso de Oaxaca.

Sin embargo, el manejo de este personal -entre el que se encuentran lo mismo médicos que enfermeros, odontólogos y administrativos - se ha conducido como si se tratara de un programa estatal en su totalidad, por esto es que las autoridades oaxaqueñas se deslindan del proceso de “basificación” de estos empleados así como del otorgamiento de certeza laboral y, por ende, financiera de los mismos aun cuando sí son reconocidos para efectos de cotización del Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y aun también cuando las autoridades de la entidad oaxaqueña tiene la facultad de servir como intermediarios ante la Federación para la emisión de plazas base.

Cae el peso sobre la población

El problema actual de los Servicios de Salud incide directamente en el bienestar de la población puesto que el mal manejo financiero, al incumplir su responsabilidad de pagar puntualmente salarios y garantizar seguridad laboral a los profesionistas que están en contacto directo con la gente en los distintos centros de salud, deja ver una negligencia por parte del gobierno estatal respecto a su deber de otorgar atención médica gratuita a la población.

Por mencionar un ejemplo, sostiene el médico prestador de servicios en los Valles Centrales del estado, Adelfo Ramírez, en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, “existen 2 oncólogos y una neonatóloga bajo la modalidad eventual; hoy están sin pago y si la Secretaría decide no renovar esos contratos ¿cuántas personas y cuántos padecimientos, según sea el caso, se van a dejar de atender en uno de los nosocomios con más demanda en Oaxaca?”.

La universalización de la salud, una amenaza

Todo esto, agrega Adelfo Ramírez, tiene que ver con la llamada universalización de los servicios de salud a nivel nacional mediante la cual el Estado mexicano abandona parcialmente su obligación de brindar cobertura médica total para, contrario a ello, comenzar a funcionar con la lógica de atención y seguros estadounidenses que cubren padecimientos específicos según la modalidad de atención contratada; esto es que si el usuario llega a presentar enfermedades que no estén contempladas en el “paquete” que adquirió, tendría que pagar un costo extra, que generalmente sería muy elevado.

Duda

Una duda se queda. ¿Cuál es el argumento para asignar como titular de los Servicios de Salud de Oaxaca a una persona - Dr. Juan Ramón Díaz Pimentel - que tuvo el mismo cargo en las administraciones de Heladio Ramírez López y José Murat sin que haya mostrado eficiencia durante ambas gestiones y que, por el contrario, fue objeto de acusaciones ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el ejercicio indebido de 6.5 millones de pesos destinados al departamento de Oncología del Hospital de Especialidades?.

Ataque a los sindicatos

Desde el punto de vista de trabajadores entrevistados por el reportaje, como el caso de Adelfo Ramírez, los manejos financieros que realiza la dependencia estatal para con los diferentes tipos de trabajadores obedecen también a tentativas de divisionismo al interior del SNTSA, lo cual tiene que ver con intentos sistemáticos a nivel nacional para la desaparición de los sindicatos.

Hay que observar, apunta Ramírez, que el primero de ellos en ser atacado fue el de los electricistas, para después pasar con el de los trabajadores de la educación y luego con los de salud mediante la minimización del problema real, la fractura sindical y el desgaste de los movimientos.

Fue con el sindicato de los profesores que los gobernantes encontraron resistencia y derivado de ello se da un reconocimiento de las plazas regularizadas; en el caso de salud, los trabajadores con este nombramiento así como los homologados son reconocidos como figura legal en el Artículo 6, Fracción IX de los Estatutos Generales de Trabajo del SNTSA en su edición 2013-2020. Sin embargo, no cuentan con la totalidad de las garantías que sí tienen los trabajadores de base.

Jornada de lucha

Por todo esto y, por considerar que se han tomado medidas arbitrarias por parte de las autoridades, personal de odontología, enfermería, médicos y administrativos bloquearon, el 29 de enero, tres importantes cruceros de la capital oaxaqueña - Monumento a Juárez, Hacienda Blanca y Aeropuerto -, como parte de la jornada de lucha iniciada hace dos semanas.

Plática en el bloqueo de los trabajadores de la salud de Oaxaca a mitad la carretera a la salida de Huajuapan con la vocera del Concejo Indígena de Gobierno.

Los trabajadores de salud dijeron que de no cumplirse con una situación certera a todos los problemas y de no atender sus demandas - entre las cuales se encuentran la destitución del actual Secretario de Salud de Oaxaca, la permanencia justa de todos los trabajadores de contrato y el otorgamiento de bases al personal regularizado y sindicalizado -, se tomarán otras acciones que contemplan el cierre de oficinas gubernamentales, instituciones bancarias y tiendas transnacionales.

Marichuy

En el mismo 29 de enero, María de Jesús Patricio, la vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), inició su recorrido por el estado de Oaxaca. Antes de llegar a la ciudad de Oaxaca, Marichuy se detuvo en uno de los bloqueos que realizaban los trabajadores de la salud. "Ánimo estamos con ustedes, seguiremos con el recorrido llevando la palabra, pero lo que está de nuestra parte estamos luchando con ustedes", dijo Marichuy.

Marichuy y Concejo Indígena de Gobierno son recibidos en Oaxaca

Son casi las siete de la noche, el frío arrecia, la gente ha comenzado a llegar desde las 6 de la tarde al zócalo de la ciudad de Oaxaca, lugar donde será recibida la vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy. Al fin llega acompañada con una banda tradicional que toca a ritmo de chilena oaxaqueña.

En el zócalo de esta ciudad, que se encuentra frente al palacio de gobierno, centenas de personas se aglutinaron para recibir a la vocera del CIG. En el evento permearon, no los discursos incendiarios que casi siempre terminan en una mesa de negociación con el gobierno, sino el sentir de los sectores olvidados y excluidos. De acuerdo con Ana Canseco, discapacitada que habló sobre la comunidad discapacitada, Oaxaca es un estado con una pobreza enorme y con una discriminación enorme y ”realmente estamos buscando alternativas anti sistémicas, hoy vengo con convicción, como la mayoría de los que esta aquí, porque no somos acarreados, estoy aquí porque realmente queremos un cambio”, señaló Ana Canseco.

La población sexo-diversa oaxaqueña se posicionócon firmeza con la propuesta del CIG. “Nosotros hemos experimentado la violencia sistémica que la gran mayoría de las personas reproducen sin siquiera meditar. Varias compañeras y compañeros huimos de nuestras comunidades porque la vida es insostenible en estas condiciones, sin embargo en las ciudades no encontramos una vida mejor, pues es aquí donde el capitalismo machista se agudiza aun más. Pero ese tiempo ha pasado ya, hemos decidido dejar de despreciarnos a nosotrxs mismxs y enfrentar sin miedo a este sistema putrefacto y a todos a quienes le hacen eco”, dijo Pablo Osorio, de la comunidad de la diversidad sexual de Oaxaca.

La población sexo-diversa Oaxaqueña también reafirmó que es a partir de esta propuesta que decidieron organizarse. “Por eso hemos respondido a la iniciativa del Concejo Indígena de Gobierno. En su interés por impulsar la organización de otros pueblos, otros sectores de la población, esto nos ha llevado a comenzar la construcción de la Asamblea Oaxaqueña de la Diversidad Sexual, en la que podamos retomar la lucha histórica de la rebelde sexo-disidencia. Hoy más que nunca la lucha contra el despojo es una lucha compartida”, agrego la vocera de la comunidad sexo-diversa.

Oaxaca también es un estado donde los feminicidios han aumentado drásticamente, tan solo en el año 2017 el número de asesinatos de mujeres llegó a 128, pero ningún político habla sobre esta situación. En el encuentro con Marichuy se externó este problema y otros más. “Todos los problemas que escuchamos aquí y lo que hemos visto al recorrer los diferentes estados, los diferentes pueblos indígenas que hemos visitado y escuchado son problemas que se parecen hermanos. Son problemas que están pasando por todos lados y que en los medios de comunicación no lo pasan. Es justamente estos problemas lo que nos llevo a tomar la decisión de participar en el proceso electoral, fue con este fin, de visualizar toda la problemática que hay abajo, en los pueblos, en los barrios, en las colonias, en las ciudades y en todos los lugares”, agregó la vocera del CIG.

Como parte del Concejo Indígena participó María Socorro Merina Santos, representante de la comunidad de Santa María Ostula, Michoacán. Antes de compartir su palabra, entre los asistentes se logro oír la voz de solidaridad para con este pueblo, donde más de 36 indígenas han sido asesinados, han sufrido levantones, desaparecidos y hostigamiento. “Nosotros como Consejo Indígena de Gobierno les venimos a invitar a que se organicen a la lucha, para salir delante de todos los problemas y hostigamientos que nos ha hecho el gobierno. De nosotros depende de que México cambie, porque la tierra y la semilla es de nosotros y nosotros. La venimos sembrado en todos los rincones del país”, compartió María Socorro.

María de Jesús no va prometiendo nada en su recorrido, tan solo va escuchando y compartiendo su sentir. Pero hace énfasis en que la propuesta del CIG es llamar a la organización y no llegar a la silla del poder. “Nosotros vemos que la única forma de poner un hasta aquí es organizándonos, es poniéndonos de acuerdo. Es platicando entre nosotros mismos de cómo le vamos hacer para empezar a reconstruir todas esas ruinas que va dejando ese sistema capitalista. No queremos llegar arriba a la silla, a esa silla que esta maliciada. Queremos que el pueblo tome el poder en sus manos, que sea el pueblo el que mande y que el gobierno obedezca”, arremete Marichuy.

El recorrido

La vocera del CIG visitó en su primer día, el 29 de enero, la ciudad de Oaxaca y Huajuapan de León. Este 30 de enero continua con Tamazulapan Mixes y Zaachila. Después, el miércoles, a las 14 horas, llegará a la comunidad zapoteca de Santo Domingo de Morelos. Mientras tanto, el jueves 1 de febrero, estará a las nueve y 12 horas en San Francisco del Mar y San Francisco Ixhuatán, comunidades huave y zapoteca.

El sábado, acudirá a las 11 de la mañana a la comunidad chontal de Santa María Zapotitlán, perteneciente al municipio de Santa María Ecatepec.

Posteriormente, el domingo acudirá a las 11 de la mañana en la comunidad chinanteca El Camalotal, correspondiente a Tuxtepec. Por la tarde, a las 16 horas, estará en la comunidad chinanteca de San Antonio Las Palmas, perteneciente a Santiago Jocotepec.

Y por último, el lunes 5 de febrero, llegará a las 16 horas a la comunidad mazateca de San Agustín Zaragoza, correspondiente a Huautla de Jiménez.

También la acompañan medios de comunicación y auxiliares quienes se han dado a la tarea de reunir un millón de firmas para poder registrar a Marichuy como candidata independiente para las elecciones presidenciales de México en este año 2018. Solo faltan algunos días para reunir las firmas necesarias, específicamente se tiene hasta el día 18 de febrero para llegar a la meta.

Comuneros en Chiapas dicen ¡no! a los 5 dólares por tonelada de titanio extraído en sus tierras

Integrantes del Ejido y de Bienes Comunales del municipio de Acacoyagua, ubicado en la Sierra Madre de Chiapas, establecieron en dos actas de asamblea la prohibición de la actividad minera en su territorio. Por los menos 21 concesiones mineras pueden afectar los mantos acuíferos de la región entre el municipio de Acacoyagua y Escuintla, quienes utilizan el agua para el cultivo, para los alimentos y para el uso domestico.

El acta del Ejido fue firmada con la aprobación del 57% de los firmantes el 24 de septiembre del 2017 durante una asamblea ordinaria. Así mismo el acta de los Bienes Comunales fue firmado el 1 de octubre del 2017 con la presencia de la mayoría de comuneros.

“Con estas actas, que han sido notificadas al H. Ayuntamiento de Acacoyagua, hacemos valer nuestra decisión de defender nuestros bienes comunes naturales de la depredación minera. Estamos organizados para proteger las montañas de la Sierra Madre de Chiapas que nos dan de comer y los ríos Cacaluta y Cintalapa que nos dan vida, amenazados por las 21 concesiones mineras ubicadas en los municipios de Acacoyagua y Escuintla”, argumentan en su declaración los miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), ejidatarios y miembros de los Bines comunales del municipio de Acacoyagua.

Ver también:El codiciado mineral que amenaza la vida de los pueblos en Chiapas

Estas actas fueron firmadas después de que los y las regidoras celebraron una Sesión Extraordinaria de cabildo el 24 de agosto del 2017 para ratificar dos compromisos. Uno: “no a la contaminación de los ríos independientemente de cual sea su origen, para así preservar la flora y la fauna de nuestro municipio”, sostienen los comuneros.

Recurriendo a los derechos agrarios, los comuneros y ejidatarios también denuncian a la empresa El Puntal S.A. de C.V. que empezó a extraer ilmenita a partir del año 2012. Dicha empresa firmó un contrato por medio de engaños con los habitantes de la región donde se comprometía a pagar 500 mil pesos para la realización de este contrato, mismos que serían liquidados en dos pagos así como una regalía de 5 dólares americanos por tonelada extraída. Por los menos 44 concesiones mineras han sido aprobadas por el gobierno federal para la región conocida como el Soconusco, en la Sierra Madre de Chiapas, 22 de ellas tienen como objetivo principal, la extracción de titanio.

“Nosotros permaneceremos unidos, a pesar de los intentos de la empresa El Puntal S.A de C.V. de dividirnos. Nuestros caminos, nuestra dotación de agua, nuestros bosques y nuestra tierra han sido cuidadas con la organización, el trabajo y el esfuerzo de las comunidades, no solamente del gobierno, y mucho menos de las empresas. Exigimos que se cancele la actividad minera de El Puntal S.A de C.V. por no contar con la licencia municipal requerida para realizar una actividad económica en el municipio”, dicen los inconformes, quienes han sufrido una serie de hostigamientos y agresiones por parte de la empresa quien ha recurrido al servicio de grupos de choque para desarticular su proceso organizativo contra la minería.

Los comuneros y ejidatarios exigen a las autoridades correspondientes que se respete su determinación apegado al derecho agrario mexicano. Por otra parte, hacen un llamado a organizaciones y a la sociedad en general a estar atentos a su lucha contra la minería.

Desde  el pasado 26 de septiembre del año 2017, el FPDS instaló dos campamentos para bloquear el paso a las maquinarias y vehículos de las empresas mineras. Con palos y piedras atravesados en el camino, los pobladores controlan desde entonces el acceso a la zona e impiden el ingreso de personal de las mineras.