CRIMINAL, John C. Reilly, Diego Luna, 2004, (c) Warner Independent
El actor y director Diego Luna expresó que la propuesta lanzada por el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), de registrar a su vocera María de Jesús Patricio (Marichuy) para contender en las elecciones presidenciales de este año 2018, puede ser una oportunidad para cambiar México, porque“es la verdaderamente independiente porque no es reciclaje político, no es alguien que porque no la escogió su partido o se peleó con este o con el otro se está postulando, o se salió y se llevó las bases del partido”.
A propósito de las ofertas que ha recibido por parte de partidos políticos para ser parte de su equipo, señaló: “No me imagino ahí” y “yo me imagino siendo ciudadano durante estas elecciones, por lo tanto informándome, cuestionando a los actores políticos, a las distintas opciones: Quiénes son, quiénes están detrás de ellos, cuáles son sus posturas, porque esa es la labor de los ciudadanos, estar al pendiente”, señaló.
El actor, quien se ha pronunciado por los derechos de los migrantes y también contra la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada por senadores y diputados, mayoritariamente del PRI, PAN, PVEM y Panal, agregó que la importancia de que Marichuy figure "en la boleta sí sería algo distinto y muy bueno para este país, traería temas a la agenda que los demás candidatos no tienen en su radar. Ahí estarían las mujeres representadas, las comunidades indígenas, los que menos tienen, y enriquecería mucho la discusión".
Mientras tanto, indígenas que forman parte de CIG han comenzado un recorrido por los Estados Unidos para encontrarse con los Mexicanos que han migrado a este país al no tener más opciones. El objetivo es dar a conocer su propuesta, pero sobre todo, “la necesidad de organizarse para construir una realidad diferente en México”.
Marichuy, a menos de 40 días para recolectar las firmas necesarias para su registro como candidata, continua recorriendo diversos estado de la república mexicana para “visibilizar la guerra que se ha desatado contra los pueblo originarios y llamando a la organización”. Un llamado al cual han hecho eco diversas comunidades, barrios y colonias donde han comenzado apoyar para la recolección de firmas.
El reloj marca las cinco de la tarde, ha llovido todo el día. Las personas intentan buscar un refugio para no mojarse. Hay policía militar en todas partes. Portan armas de fuego y equipos antidisturbios. Algunos jóvenes comienzan a reunirse frente al teatro municipal de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, tal como lo han hecho otras generaciones en años pasados. El motivo es, el aumento del costo del trasporte publico, casi 1.5 dólares estadounidenses (4 reales) para abordar el metro o autobús, algunos abordan hasta cuatro o seis en un día.
Leliche Passos es una estudiante que recientemente ha terminado la secundaria. Ella se ha unido a la manifestación y va repartiendo panfletos que reivindican el trasporte público como un derecho y no como una mercancía. “Esta es la primera protesta contra el aumento del pasaje en este año (2018) y no vamos a parar hasta que bajen la tarifa. Hay trabajadores que vienen de la periferia que no pueden pagar ese costo todos los días. Estamos en un momento de crisis en Brasil y consideramos que no hay mas posibilidades ni para los jóvenes ni para los trabajadores”, dice Passos para Avispa Midia.
Una profesora, formada en servicio social, también se ha unido a la protesta con sus compañeros. Ella forma parte del movimiento “Passe Livre” y asegura que año con año han aumentado el costo del pasaje, “cada vez la tarifa sube y con ello vienen aumentando las personas excluidas del trasporte. Así las personas de la periferia solo toman el trasporte para ir trabajar y no existe posibilidad de movilidad para realizar otras actividades”, afirma la profesora que solo se ha presentado como Davita.
La docente asegura que el aumento del pasaje forma parte de un paquete de reformas políticas y económicas que están llevando una crisis severa a Brasil. “Junto a ello esta la reforma laboral y de los jubilados que va a provocar un aumento del costo de vida. Es parte de una misma orientación de la clase capitalista en nuestro país que sigue acuerdos económicos transnacionales”, dice para Avispa Midia la profesora Davita.
Efectivamente, Brasil se comprometió hasta el año 2030 a mejorar y expandir el sistema de trasporte publico de este país. Es el objetivo número 11.2 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que entró en vigor el 1 de enero del año 2016. Entre otros puntos, el gobierno brasileño, se comprometió también a “proporcionar acceso a sistemas de trasporte seguros, sustentables y a precios accesibles para todos”. Pero en Sao Paulo, la 10ª ciudad más rica del mundo, donde hay personas que pueden viajar en taxis aéreos, por medio de helicópteros, también hay personas que no tienen la posibilidad de trasladarse hacia diversos puntos de esta gran metrópoli.
“Es un medio de control social, así los pobres nos tienen posibilidad de salir de la periferia. Es una frontera que se establece con el poder adquisitivo. Eso es para todos los servicios. Solo tienen accesos aquellos que pueden pagar y sino, quedas fuera”, agrega Davita.
La agenda de la ONU esta constituida por 17 objetivos y 169 metas donde se aborda el sistema laboral, la seguridad, la industria y la energía, la salud, entre otros servicios que se redimensionan políticamente y económicamente hacia la privatización o tercerización de los servicios.
Criminalización
Es increíble el numero de policías militares que han acordonado la movilización contra el aumento del pasaje. Algunos de ellos mantienen asegurada su arma como queriendo desenfundar contra la amenaza de la multitud, aunque ninguno de los manifestantes porta ningún tipo de artefacto peligroso, mas que algunos escudos simbólicos
“Estamos viviendo una grave crisis de la política institucional y democrática en este país. Ya no hay credibilidad en las instituciones. A las exigencias del pueblo se responde con la represión y la criminalización”, afirma Davita.
Una mascara cubre el rostro de un joven anarquista que ronda los 16 años, prefiere no mencionar su nombre, asegura que el Estado ha desarrollado un sistema de inteligencia que ha comenzado a mapear a los posibles organizadores de las protestas. “En todas las manifestaciones hay policías grabando y enfocando hacia ciertos rostros, después van a las redes sociales para buscar los vínculos políticos. La información se archiva para ser utilizada en algún momento para criminalizar y justificar la represión, porque las protestas van a continuar aumentando”, dice el joven.
“Es una crisis del propio capitalismo y es necesario hoy más que nunca, pensar en nuevas formas de organización. Debemos ver al resto de Latinoamérica para inspirarnos, como el movimiento indígena de México y Bolivia”, comparte la profesora Davita.
A pesar de las diversas protestas realizadas año con año por los jóvenes estudiantes y profesores, el gobierno ha aumentado el costo del pasaje utilizando diversas estrategias como, “aprobar este aumento en los días feriados, cuando nadie trabaja. O cuando hay un partido de fútbol. Esto es absurdo, nosotros como movimiento tenemos que aprender a ser más firmes y radicales en nuestras acciones. Esta sociedad tiene que aprender a desobedecer las normas que les perjudican en su cotidianidad. Tenemos que ser más inteligentes en nuestras acciones políticas”, agrega el joven anarquista.
Esta primera movilización fue relativamente una protesta pacifica. Los manifestantes no provocaron ninguna afectación hacia la propiedad privada de terceros. Las únicas acciones que intentaron fue, pasar por los torniquetes del metro sin pagar, motivo por el cual, la policía militar decidió descargar la furia y el poder de sus armas antidisturbios sobre los manifestantes. También los vigilantes internos del metro, algunos con uniforme y otros vestidos de civil, actuaron con violencia excesiva contras los jóvenes que intentaron pasar sin pagar su boleto.
Mientras tanto, el movimiento Passe Livre ya tiene programada diversas movilizaciones en otras ciudades de Brasil durante el resto del mes de enero. En Sao Paulo, la movilización reunió por lo menos a 10 mil personas y se espera doblar el numero del contingente en la próxima protesta .
A pesar del revuelo y especulaciones, varias de ellas con aire racista, en la prensa y el ámbito político en Chile sobre la llegada de Machi Francisca Linconao a Bolivia, ella estuvo aquí la anterior semana simplemente porque tiene el derecho de viajar a donde quiera, después de haber sido absuelta por segunda vez en el caso Luchsinger-Mackay.
Francisca Linconao, Machi de la Lof Rahue, en Temuco, accedió a brindarnos un testimonio sobre su vida en estos últimos años. La vida de una mujer mapuche, autoridad espiritual de su comunidad, en la cual podemos ver reflejadas de muchas maneras la vida y la lucha en Bolivia de mujeres en comunidades indígenas que están siendo amenazadas en su propia existencia por actividades extractivas, expansión de monocultivos, proyectos de mega infraestructura, mineros o petroleros.
Machi Francisca, fue la primera mujer mapuche en interponer y ganar un Recurso de Protección el 2009, haciendo cumplir por vez primera en Chile el convenio 169.
Para muchos de nosotrxs, el nombre de Francisca Linconao, fue desconocido hasta varios años después, cuando la prensa difundió la noticia sobre su primera detención en enero de 2013 por el caso de la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.
Antes de que medios corporativos y el estado chileno a través de la Ley Antiterrorista, vincularan e inculparan a la Machi Linconao y otros 10 comuneros mapuche por la muerte de los dos hacendados, la lucha más subterránea de Francisca Linconao se había desarrollado en Temuco, cuando ella decidió proteger las plantas medicinales y los Menokos (o fuentes de agua) de su lof, interponiendo un Recurso de Protección frente a la Forestal Palermo, representada por Alejandro Taladriz.
Francisca Linconao es Machi Tralkan, es decir sus poderes de curación y sanación están ligados al trueno. Su victoria frente a una forestal que realizaba la tala ilegal de árboles, la plantación de especies nocivas como los pinos y eucaliptos, que afectaron los bosques nativos y los manantiales de la comunidad, no solo es la victoria de sus conocimientos de sanadora frente al poder de las empresas forestales, sino una de las claves, nos dice la Machi, para entender la persecución posterior que aún continúa enfrentando.
Ella, que ganó un recurso de protección a una forestal, y ahora, por decisión del poder judicial y presión de la familia Luchsinger, a sus 61 años, habiendo sido absuelta dos veces, deberá recomenzar por tercera vez el proceso legal por el mismo caso.
Comunidades mapuche: bajo la Ley Antiterrorista y los montajes judiciales
Juzgar a alguien más de una vez por el mismo caso, es algo que no está permitido (aún) en las leyes bolivianas. Sin embargo, las comunidades mapuche que viven constantemente perseguidas bajo la Ley Antiterrorista, -una de las peores herencias de la dictadura pinochetista-, son vulnerables a estas vueltas de las acciones legales del estado.
La continuidad del neocolonialismo judicial, se expresa en la aplicación de la Ley Antiterrorista a los detenidxs mapuches, la cual permite la “prisión preventiva”, y, hasta hace poco, la detención de menores de edad en casos que el estado considera son destinados a generar “terror” a la población. Las masivas huelgas de hambre protagonizadas por presos políticos mapuche del 2010 al 2011, permitieron que sea modificada en algunos elementos.
Los inculpados por el caso Luchsinger- Mackay, y por tanto Machi Francisca Linconao, son juzgadxs por la ley Antiterrorista, sobre la base de montajes judiciales, como la misma Machi nos narra en su testimonio, así como sucede en otros casos seguidos y develados sobre todo por medios alternativos en Wallmapu. Sin embargo, casos como el de Brandon Hernández Huentecol, en el que el joven mapuche de17 años, estando reducido, fue baleado con 40 perdigones por la espalda por un carabinero chileno, no es considerado por la justicia como un acto para “generar terror”. Pero entonces ¿qué es lo que viven decenas de comunidades mapuche cuando se militarizan sus regiones, cuando fuerzas de seguridad disparan impunemente a sus comuneros o cuando se violenta y reprime con brutalidad a niñxs y mujeres?
De cómo se vive juzgadx bajo la Ley Antiterrorista, de los manantiales y plantas medicinales de la Lof Rahue y su defensa, nos habla más extensamente Machi Francisca Linconao, en su breve paso por Bolivia, como experiencias en el núcleo mismo del colonialismo y del avance capitalista en los territorios.
Que se difundan sus palabras que llegan con la fuerza del Tralkan.
Tan solo se requieren 2000 voluntarios para recolectar 13 firmas por día durante los 40 días que restan para registrar a la vocera de los pueblos originarios de este país, María de Jesús Patricio, para contender en las elecciones presidenciales de este año 2018.
Una iniciativa que ya se ha comenzado a construir con otros pueblos originarios de México, estudiantes, migrantes, amas de casa, campesinos, profesores, intelectuales y artistas.
“Firma por Marichuy. María de Jesús Patricio es una mujer emblemática de las luchas de las mujeres indígenas y de las mujeres todas. Pero es, además, una vocera que reconfigura las propuestas feministas”, reza el sitio www.suvozesmivoz.mx donde se cualquiera se puede registrar como voluntario para recoger firmas con su teléfono móvil. Algo que parece tan complicado es explicado en unos cuantos pasos.
Esta iniciativa surgió a finales en el año 2016 junto con la creación de un Concejo Indígena de Gobierno (CIG) no institucional ni reconocido por el Estado. Fue emanado de las experiencias colectivas de autonomía, las resistencias y las luchas compartidas por los pueblos que han formado el Congreso Nacional Indígena (CNI), quienes realizaron una consulta con su comunidad para aprobar esta propuesta. Participaron por lo menos 523 comunidades, de 25 estados del país y de 43 pueblos indígenas.
El CIG se rige por los 7 principios del CNI: Servir y no servirse, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir, representar y no suplantar.
Los pueblos que han tomado esta iniciativa consideran que es una acción que va mas allá de la toma del poder. “Ratificamos que nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos; sino que llamaremos a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción, fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías, es decir en la defensa de la vida de cada persona, cada familia, colectivo, comunidad o barrio”.
Diversos sectores de la población mexicana consideran que esta puede ser una oportunidad para el país en su conjunto, por tanto, mientras que ha comenzado la cuenta regresiva para poder registrar a la vocera del CIG, hacen un llamado amplio al pueblo de México para sumarse a recolectar firmas.
Por otra parte, el CIG que está integrado por concejales, una mujer y un hombre de cada lengua de las diferentes regiones en donde se encuentran los pueblos, tribus y naciones que conforman el CNI. Han comenzado a realizar recorridos por cada una de sus comunidades para reorganizarse y fortalecer sus luchas y resistencia. Este es uno de sus principales objetivos, independientemente del proceso electoral.
El martes pasado los soldados del ejército israelí dispararon a Hamed al-Masri a la cabeza, hiriendo severamente al niño desarmado de Salfit. El viernes los soldados dispararon al desarmado Mohammed Tamimi, también de 15 años, en la cabeza, hiriendo gravemente al niño de Nabi Saleh. También el viernes los soldados mataron a Ibrahim Abu Thuraya, un amputado de las dos piernas a quien también dispararon en la cabeza. El mismo día Ahed Tamimi, de 16 años, estaba en el patio de su casa con su prima y abofeteó a un oficial del ejército israelí que había invadido la casa de ella.
Israel despertó de su sueño enojado: ¿Cómo se atreve? Las tres víctimas de los bárbaros disparos no interesaban a los israelíes y los medios ni siquiera se molestaron en informar sobre ellos. Pero la bofetada (y patada) de Tamimi provocó furia. ¿Cómo se atreve a abofetear a un soldado del ejército de Israel? Un soldado cuyos compañeros abofetean, golpean, secuestran y por supuesto disparan a los palestinos casi todos los días.
Realmente es audaz Tamimi. Rompió las reglas. Golpear está permitido solo para los soldados. Ella es la verdadera provocación, no el soldado que invadió su casa. Ella, que tiene tres parientes cercanos asesinados por la ocupación, cuyos padres han sido detenidos incontables veces y cuyo padre fue condenado a cuatro meses de prisión por participar en una manifestación en la entrada de una tienda de comestibles, se atrevió a resistirse a un soldado. Desfachatez palestina. Se suponía que Tamimi se enamoraría del soldado que invadió su casa, le arrojaría arroz, pero como es una ingrata lo recompensó con una bofetada. Todo se debe a la "provocación". De lo contrario, ciertamente no odiaría a su conquistador.
Pero hay otras fuentes de la desenfrenada pasión de venganza contra Tamimi. (Ministro de Educación Naftali Bennett: "Debería terminar su vida en prisión"). La niña de Nabi Saleh destrozó varios mitos de los israelíes. Lo peor de todo es que se atrevió a dañar el mito israelí de la masculinidad. De repente resulta que el soldado heroico, que nos vigila día y noche con osadía y coraje, se enfrenta a una niña con las manos vacías. ¿Qué va a pasar con nuestro machismo, que Tamimi rompió tan fácilmente, y nuestra testosterona?
De repente los israelíes vieron al enemigo cruel y peligroso al que se enfrentan: una niña de 16 años con el cabello rizado. Toda la demonización y la deshumanización en los medios aduladores se hicieron añicos al enfrentarse con una chica con un suéter azul.
Los israelíes perdieron la cabeza. Esto no es lo que les dijeron. Están acostumbrados a oír hablar de terroristas y comportamientos asesinos. Es difícil acusar a Ahed Tamimi de todo eso, ni siquiera tenía unas tijeras en sus manos. ¿Dónde está la crueldad palestina? ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está el mal? Podrías perder el entendimiento. De repente, todas las cartas se reorganizaron, por un extraño momento, el enemigo parecía muy humano. Por supuesto, se puede confiar en la maquinaria de propaganda y lavado de cerebro de Israel, que son tan eficientes, para asesinar al personaje de Tamimi lo suficientemente pronto. Ella también será etiquetada de cruel terrorista que nació para matar, se dirá que no tiene motivos justificables y que no hay contexto para su comportamiento.
Ahed Tamimi es una heroína palestina. Logró volver locos a los israelíes. ¿Qué dirán los corresponsales militares, los incitadores de derecha y los expertos en seguridad? ¿Por qué son buenas 8200, Oketz, Duvdevan, Kfir y todas estas otras unidades especiales si al final del día el ejército se enfrenta a una población civil indefensa que está cansada de la ocupación, encarnada en una chica con un kufiya en el hombro?
Si solo hubiera muchos más como ella. Tal vez las chicas como ella podrán sacudir a los israelíes. Tal vez la intifada de las bofetadas tenga éxito donde todos los demás métodos de resistencia, violentos y no violentos, han fallado.
Mientras tanto Israel ha reaccionado de la única manera que sabe hacerlo: un asalto nocturno en su casa y la detención de ella y su madre. Pero en el fondo de su corazón, todo israelí decente probablemente sepa no solo quién tiene la razón y quién no, sino quién es fuerte y quién es débil. ¿El soldado armado de pies a cabeza que invade una casa que no le pertenece o la niña desarmada que defiende su casa y su honor perdido con sus propias manos, con una bofetada?
Organizaciones de la sociedad civil de Chiapas ofrecieron una conferencia de prensa para informar sobre la situación de los más de 5 mil indígenas tsotsiles desplazados en la región límitrofe entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó en la región de los Altos.
“Las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años, antes de la masacre de Acteal”
DENUNCIARON LOS INTEGRANTES DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN QUE ASISTIERON AL LUGAR LOS PASADOS DÍAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE.
La misión recogió diversos testimonios de las personas que abandonaron sus hogares debido a la violencia de grupos armados. Según testimonios, tras el asesinato de Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el día 18 de Octubre de este año, se profundizó la violencia.
Durante las noches disparos de armas de fuego se convirtieron en la constante y desde aquella fecha familias asustadas dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios para alimentar a sus animales, hasta el día 5 de Noviembre cuando debido a la presencia de los grupos armados tuvieron que abandonar sus hogares.
La situación es crítica: Enfermos en un ambiente de falta de medicamentos y de atención medica urgente y adecuada; carencia de alimentos sanos y condiciones de salubridad que ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas. Pese a la publicidad oficial, la misión denunció la omisión del aparato estatal que ha agravado la situación de los desplazados que ya cuenta a cuatro niños y dos adultos fallecidos a causa del frío y hambre. Los niños fallecidos eran de las localidades de Pom, Canaluntik y Telmut. A la fecha, los pobladores de esos sitios siguen desplazados, igual que de Bolonchojón, Cruztón y tres parajes más.
Durante la conferencia de prensa se denunció la destrucción de la carretera en el tramo Las Limas – Chalchihuitán, único camino pavimentado para llegar a la cabecera municipal. La destrucción de dicha carretera con maquinaria pesada es adjudicada a los grupos armados de Chenalhó, con la intención de sitiar a la población de Chalchihuitán. Actualmente se contabiliza a más de 200 hombres armados vigilando las carreteras que confluyen en la región. Debido a la imposibilidad de transitar con vehículos, la labor de solidaridad para la entrega de alimentos y medicinas ha sido obstaculizado y las personas que cruzan el camino lo hacen con miedo a ser asesinadas.
Como parte de los testimonios recabados, habitantes de Chalchihuitán denunciaron la existencia y operación de grupos armados en la región, sobre todo en Chenalhó, cuya actividad es permitida por las autoridades locales y federales. Señalaron también la responsabilidad de los partidos políticos a través de sus estructuras municipales y estatales que han cobijado la actuación de estos grupos armados en total impunidad.
Debido a los desplazamientos las comunidades perdieron la cosecha y no pueden ir a sembrar para la próxima temporada lo cual pronostica una crisis alimentaria en gran parte del municipio de Chalchihuitán.
El suministro de alimentos procesados por parte del gobierno estatal, a los que no están acostumbrados, les provocan diarreas y agravan su condición de salud. “Los alimentos los hacen llegar a la cabecera municipal, no a los campamentos de las personas desplazadas”. Inclusive están enviando las despensas que están rotuladas como apoyos para los damnificados de los terremotos de septiembre pasado, denunciaron los integrantes de la misión de observación.
Espiral de conflictos
El antecedente directo del conflicto que se vive actualmente proviene de las decisiones erradas de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria para resolver el problema limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó que ha traído una tensión histórica entre ambos municipios por más de 45 años. La raíz del conflicto la crea y construye el gobierno federal cuando dota de tierras primero a Chenalhó en 1935 pero no ejecuta la sentencia y después en 1973 dota a Chalchihuitán y ahí si se ejecuta la sentencia. Antes de la intervención del Estado, los dos pueblos vivían en paz. Al momento en que las autoridades federales irrespetaron los acuerdos de las autoridades tradicionales que señalaban un río como frontera entre los dos municipios, se sobreponen los límites territoriales y dan origen al conflicto actual.
Aunado a este antecedente, la misión enumeró otros factores que agravan la situación, entre ellos “las acciones contrainsurgentes a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94 en la región; la liberación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal; la violencia histórica con la que operan los grupos civiles armados en Chenalhó; los conflictos generados por los partidos políticos, de manera específica por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, con el cobijo del ahora gobernador Manuel Velasco Coello, han traído una violencia cíclica, aumentando la impunidad que se vive en la región”, destacaron los miembros de la misión.
Cabe recordar que desde el pasado 4 de Diciembre pobladores y autoridades de las comunidades de Chalchihuitán se trasladaron a Tuxtla Gutiérrez para denunciar la situación y pedir audiencia con el gobernador de la entidad, Manuel Velasco Coello. A los pobladores indígenas se les fue negada la audiencia y fueron recibidos por funcionarios que hicieron promesas de ayudar a los desplazados, ayuda que aún no llega.
La situación de emergencia se acentúa con la amenaza de “actuar drásticamente en contra de los comuneros de Chalchihuitán” en caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita resolución definitiva a favor del municipio de Chenalhó, el día 15 de Diciembre”; como lo refiere el acta de acuerdo, firmado por las autoridades de Bienes Comunales de San Pedro Chenalhó y por el Consejo de Vigilancia, así como por los presidentes del Comisariado Ejidales de Puebla, Manuel Utrilla, Santa Martha que conforman 19 comunidades, La Libertad y Miguel Utrilla Los Chorros, de fecha 5 de Diciembre de 2017.
Lo anterior evidencia que la firma del Convenio de Paz entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, es ineficaz y fue sólo una estrategia mediática, que no resuelve el conflicto ni da atención prioritaria ante la emergencia por el desplazamiento forzado masivo de población.
Por su parte, la Campaña Popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas denunció que “Este caso que involucra a Chalchihuitán y Chenalhó, ambos municipios que son parte de la Alerta de Violencia de Género, demuestra la situación de violencia estructural existente en Chiapas misma que no fue incluida y considerada dentro de las medidas a implementar para erradicar la violencia contra las mujeres. La marginación histórica y la pobreza extrema, el racismo, la desigualdad, la exclusión, la paramilitarización, la guerra contrainsurgente, la impunidad, corrupción y no ejercicio de derechos, son parte de la violencia estructural que caracteriza a esta entidad y que denunciamos en el marco de la solicitud de Alerta de Violencia Género para Chiapas, en el año 2013, como origen de todos los problemas que se consideraron en esta declaratoria. Reiteramos que mientras no se resuelvan los problemas estructurales, la violencia se seguirá multiplicando en la entidad”.
Ante la crisis humanitaria se hace necesaria la solidaridad internacional y nacional, debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal. Urge ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas.
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