Organizaciones de la sociedad civil de Chiapas ofrecieron una conferencia de prensa para informar sobre la situación de los más de 5 mil indígenas tsotsiles desplazados en la región límitrofe entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó en la región de los Altos.
“Las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años, antes de la masacre de Acteal”
DENUNCIARON LOS INTEGRANTES DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN QUE ASISTIERON AL LUGAR LOS PASADOS DÍAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE.
La misión recogió diversos testimonios de las personas que abandonaron sus hogares debido a la violencia de grupos armados. Según testimonios, tras el asesinato de Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el día 18 de Octubre de este año, se profundizó la violencia.
Durante las noches disparos de armas de fuego se convirtieron en la constante y desde aquella fecha familias asustadas dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios para alimentar a sus animales, hasta el día 5 de Noviembre cuando debido a la presencia de los grupos armados tuvieron que abandonar sus hogares.
La situación es crítica: Enfermos en un ambiente de falta de medicamentos y de atención medica urgente y adecuada; carencia de alimentos sanos y condiciones de salubridad que ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas. Pese a la publicidad oficial, la misión denunció la omisión del aparato estatal que ha agravado la situación de los desplazados que ya cuenta a cuatro niños y dos adultos fallecidos a causa del frío y hambre. Los niños fallecidos eran de las localidades de Pom, Canaluntik y Telmut. A la fecha, los pobladores de esos sitios siguen desplazados, igual que de Bolonchojón, Cruztón y tres parajes más.
Durante la conferencia de prensa se denunció la destrucción de la carretera en el tramo Las Limas – Chalchihuitán, único camino pavimentado para llegar a la cabecera municipal. La destrucción de dicha carretera con maquinaria pesada es adjudicada a los grupos armados de Chenalhó, con la intención de sitiar a la población de Chalchihuitán. Actualmente se contabiliza a más de 200 hombres armados vigilando las carreteras que confluyen en la región. Debido a la imposibilidad de transitar con vehículos, la labor de solidaridad para la entrega de alimentos y medicinas ha sido obstaculizado y las personas que cruzan el camino lo hacen con miedo a ser asesinadas.
Como parte de los testimonios recabados, habitantes de Chalchihuitán denunciaron la existencia y operación de grupos armados en la región, sobre todo en Chenalhó, cuya actividad es permitida por las autoridades locales y federales. Señalaron también la responsabilidad de los partidos políticos a través de sus estructuras municipales y estatales que han cobijado la actuación de estos grupos armados en total impunidad.
Debido a los desplazamientos las comunidades perdieron la cosecha y no pueden ir a sembrar para la próxima temporada lo cual pronostica una crisis alimentaria en gran parte del municipio de Chalchihuitán.
El suministro de alimentos procesados por parte del gobierno estatal, a los que no están acostumbrados, les provocan diarreas y agravan su condición de salud. “Los alimentos los hacen llegar a la cabecera municipal, no a los campamentos de las personas desplazadas”. Inclusive están enviando las despensas que están rotuladas como apoyos para los damnificados de los terremotos de septiembre pasado, denunciaron los integrantes de la misión de observación.
Espiral de conflictos
El antecedente directo del conflicto que se vive actualmente proviene de las decisiones erradas de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria para resolver el problema limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó que ha traído una tensión histórica entre ambos municipios por más de 45 años. La raíz del conflicto la crea y construye el gobierno federal cuando dota de tierras primero a Chenalhó en 1935 pero no ejecuta la sentencia y después en 1973 dota a Chalchihuitán y ahí si se ejecuta la sentencia. Antes de la intervención del Estado, los dos pueblos vivían en paz. Al momento en que las autoridades federales irrespetaron los acuerdos de las autoridades tradicionales que señalaban un río como frontera entre los dos municipios, se sobreponen los límites territoriales y dan origen al conflicto actual.
Aunado a este antecedente, la misión enumeró otros factores que agravan la situación, entre ellos “las acciones contrainsurgentes a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94 en la región; la liberación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal; la violencia histórica con la que operan los grupos civiles armados en Chenalhó; los conflictos generados por los partidos políticos, de manera específica por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, con el cobijo del ahora gobernador Manuel Velasco Coello, han traído una violencia cíclica, aumentando la impunidad que se vive en la región”, destacaron los miembros de la misión.
Cabe recordar que desde el pasado 4 de Diciembre pobladores y autoridades de las comunidades de Chalchihuitán se trasladaron a Tuxtla Gutiérrez para denunciar la situación y pedir audiencia con el gobernador de la entidad, Manuel Velasco Coello. A los pobladores indígenas se les fue negada la audiencia y fueron recibidos por funcionarios que hicieron promesas de ayudar a los desplazados, ayuda que aún no llega.
La situación de emergencia se acentúa con la amenaza de “actuar drásticamente en contra de los comuneros de Chalchihuitán” en caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita resolución definitiva a favor del municipio de Chenalhó, el día 15 de Diciembre”; como lo refiere el acta de acuerdo, firmado por las autoridades de Bienes Comunales de San Pedro Chenalhó y por el Consejo de Vigilancia, así como por los presidentes del Comisariado Ejidales de Puebla, Manuel Utrilla, Santa Martha que conforman 19 comunidades, La Libertad y Miguel Utrilla Los Chorros, de fecha 5 de Diciembre de 2017.
Lo anterior evidencia que la firma del Convenio de Paz entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, es ineficaz y fue sólo una estrategia mediática, que no resuelve el conflicto ni da atención prioritaria ante la emergencia por el desplazamiento forzado masivo de población.
Por su parte, la Campaña Popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas denunció que “Este caso que involucra a Chalchihuitán y Chenalhó, ambos municipios que son parte de la Alerta de Violencia de Género, demuestra la situación de violencia estructural existente en Chiapas misma que no fue incluida y considerada dentro de las medidas a implementar para erradicar la violencia contra las mujeres. La marginación histórica y la pobreza extrema, el racismo, la desigualdad, la exclusión, la paramilitarización, la guerra contrainsurgente, la impunidad, corrupción y no ejercicio de derechos, son parte de la violencia estructural que caracteriza a esta entidad y que denunciamos en el marco de la solicitud de Alerta de Violencia Género para Chiapas, en el año 2013, como origen de todos los problemas que se consideraron en esta declaratoria. Reiteramos que mientras no se resuelvan los problemas estructurales, la violencia se seguirá multiplicando en la entidad”.
Ante la crisis humanitaria se hace necesaria la solidaridad internacional y nacional, debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal. Urge ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas.
Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. Correo: caritas@caritasancristobal.org
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De la noche a la mañana, los órganos encargados de impartir justicia en materia de derecho agrario en México, desconocieron el reconocimiento legal de las tierras comunales de más de 70 familias indígenas zapotecos en la costa de Oaxaca. Por lo menos un orden de aprensión se ha librado para cada jefe de familia, argumentado que han cometido el delito de despojo de tierras hacia dos supuestos propietarios privados. Las tierras de la región han sido destinadas para la construcción de complejos turísticos de lujo.
Tilzapote se encuentra dentro del Municipio de Santa María Tonameca, Distrito de Pochutla, Oaxaca. Aquí habitan por lo menos 300 personas que viven del cultivo del maíz, frijol, cacahuate, melón, sandía, Jamaica y también se dedican a la pesca. Sus tierras son comunales y cuentan con títulos primordiales que datan desde el año 1870. También los respalda una Resolución sobre reconocimiento y titulación de los terrenos comunales del poblado denominado San Francisco Cozoaltepec, ubicado en el Municipio de Santa María Tonameca. Esto acredita que los zapotecos son legalmente los legítimos dueños de estas tierras.
Pero en el año 2008, de la nada aparecieron dos supuestos dueños de 300 hectáreas, Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera. Extrañamente nadie en la comunidad los conoce.
“Hay documentos que datan de la época del virreinato que le dan derecho a los bienes comunales de San Francisco Cozoaltepec. Cuando se integra el expediente de la resolución presidencial por la Secretaria de la Reforma Agraria, ellos (los zapotecos) obtienen un polígono de 29 mil hectáreas. Los supuestos dueños impugnan esta resolución presidencial alegando que ellos tienen una propiedad privada enclavada dentro de las tierras comunales de Cozoaltepec, específicamente en Tilzapote. Una superficie de 300 hectáreas”, dijo para Avispa Midia Beatriz Ramírez Hernández, abogada particular, quien ha dado asesoría jurídica a los habitantes de esta comunidad.
Este año 2017 el Tribunal Agrario falló a favor de los supuestos dueños. La comunidad se enteró por una persona que se presentó como Cruz Amador Martínez, enviado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), quien les advirtió que desde el mes de octubre de este mismo año comenzaría a correr el tiempo para que desocuparan sus tierras, a cambio ofreció una reubicación en terrenos de 10x30 metros. También argumentó que de ser necesario, se recurriría a la fuerzas de seguridad. Los habitantes de Tilzapote aseguran que ha habido un trafico de influencias y que hay políticos que han servido a este proceso ya que han ocupado cargos del gobierno federal, como “Héctor Pablo Ramírez Puga diputado federal dos veces, Gerardo Estrada, Alfredo Ramírez Gómez sub delegado agrario”.
“Tilzapote se considera como una de las playas más preciosas que tiene Oaxaca, en posesión de campesinos y campesinas zapotecas. Es la belleza de estas playas lo que ha levantado la codicia de caciques y particulares que buscan apoderarse de estas tierras para construir parques turísticos”, señaló para Avispa Midia el abogado particular de Tilzaporte, Abram Cruz García, quien también ha fungido como vocero de la asociación de periodistas de Oaxaca.
En este estado sureño de México se ha vuelto común el despojo de tierras comunales, un obstáculo para la Inversión Extranjera Directa, pero también para los pequeños y medianos flujos de inversión. Los intereses en torno a los corredores industriales y turísticos han aumentado drásticamente el cambio de uso de suelo. Se utiliza en primera instancia el convencimiento o compra de las autoridades locales y tradicionales, la compra de influencias y en el último de los casos, el desplazamiento forzoso.
“Estas injusticias son el pan de todos los días en Oaxaca. En diversas regiones del estado los indígenas son despojados de sus tierras, y en este trabajo tienen que ver las autoridades del ramo, porque son cómplices de esos atropellos y esas injusticias que han derramado mucha sangre en la entidad. Están utilizando todos los instrumentos legales para crear este despojo ”, agrega el abogado Cruz.
Pobladores de Tilzapote llegan a la audiencia
Tribunal Agrario
El 8 de diciembre del este año 2017, los habitantes de Tilzapote se desplazaron hacia la ciudad de Oaxaca con sus pancartas y mantas donde denunciaban el despojo. El objetivo era participar en una audiencia publica en el Tribunal Agrario, donde también llegó el apoderado legal de los supuestos dueños de las 300 hectáreas. Al final, las autoridades correspondientes no se presentaron y no se llevó acabo la audiencia. “Ahora hay que esperar a la resolución de dos amparos. Uno que promovieron los supuestos dueños de estos predios, donde se exige que se ejecute la sentencia y por tanto, el desalojo de los habitantes de Tilzapote. Otro amparo por parte de la defensa de los habitantes de Tilzapote, donde exigen que se respeten sus documentos que datan de la época virreinal”, argumentó para Avispa Midia la organización Tequio Jurídico, quienes han dado acompañamiento del caso.
Rezago en el Sur
María Luisa Santos Martínez es una mujer que rebasa los 70 años y ha vivido toda su existencia en Tilzapote. Es la memoria viva de esta comunidad que conoce y reconoce como la palma de su mano. Es casi seguro que los supuestos dueños de estas tierras no conocen ni un milímetro de lo que ella guarda en sus recuerdos. Es una abuela de gran valor, conocida por ser férrea y dura con la defensa de su territorio ancestral.
Junto con otros pobladores de su comunidad, en el año 2011, fue llevada presa acusada del delito de Despojo Agravado. Cuenta para Avispa Midia que “en un inicio no había agua ni carretera en su comunidad”, pero hoy, se encuentran a orilla de una de las principales carreteras costeras, la número 200, por donde circula una gran cantidad de turistas. “Todo comenzó con esa chingada carretera. Mucha gente de otros lados aparecieron como buitres queriendo comprar nuestras tierras. Nosotros no le pedimos nada al gobierno y vienen a quitarnos lo poco que tenemos. Hablan de progreso y de empleo, pero esas son puras mentiras. Quieren nuestras tierras”, dice María
La carretera 200 forma parte de la Estrategia del Desarrollo del Sur de México, lanzada en el año 2015 por el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Para dicha estrategia se anunció una inversión 450 millones de pesos para impulsar el desarrollo de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Donde se proyectó formar mano de obra calificada en el sector agroindustrial y turístico, destinando una inversión de 127 millones de pesos para otorgar becas de capacitación a 35 mil personas, especialmente jóvenes, quienes se especializaran para trabajar en hoteles y restaurantes. Para esta inversión también se estableció un conjunto de reformas que permitieran la inversión, entre ellas, el cambio de uso de suelo.
La SEDATU, la misma quien dio la orden de desalojo de los habitantes de Tilzapote, es la institución donde se atribuye, en el marco de la Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, publicada el 2 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, en el artículo 41, el despacho entre otros asuntos de los siguientes:
Impulsar en coordinación con las autoridades estatales y municipales la planeación y el ordenamiento territorial nacional que armonicen, entre otros aspectos, el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país;
Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal;
Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional;
Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional;
Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos de las entidades federativas y municipales, la planeación regional del desarrollo.
“Se reconoce el rezago del Sur - Sureste en términos de crecimiento económico y de desarrollo humano y se busca integrar a los estados involucrados al desarrollo nacional y global. La naturaleza de las acciones que se indican muestra claramente que se tiene en mente una estrategia cuyo núcleo es el desarrollo económico”, reza el documento de la estrategia proyectada para los años 2014-2018.
La abogada Ramírez asegura que ya hay rumores de que en la zona de las playas de Tilzapote “existe un proyecto muy grande para la construcción de hoteles y un proyecto turístico”.
Un ejemplo de la construcción de estos complejos es el proyecto que ya esta encaminado, el cual se denomina Conjunto Hornitos, de la empresa Hornitos S. A de C. V, edificada en las costas de Santa María Tonameca, con 14 casas de lujo, club de playa, oficinas administrativas, bodegas, caseta de vigilancia y planta de tratamiento de agua. Un complejo que abarca 2.17 hectáreas. Es un ejemplo de cómo las especulación inmobiliaria ha comenzado a caminar en la región. No se duda que en algún momento se agudice el acaparamiento de tierras en toda la franja costera de Oaxaca.
Resistencia
Recientemente, el 6 de diciembre de este año 2017, en la comunidad del Morro Mazatán, municipio de Santo Domingo Mazatán, se reunieron autoridades agrarias y representantes de diversas comunidades de la Región costa, del Istmo, Sierra Sur y valles Centrales de Oaxaca, así como la organización civil Tequio Jurídico, donde se llevó acabo el “Encuentro Regional por la Defensa de Nuestros Territorios”. Un espacio de información y articulación organizativa, “por la defensa frente a los megaproyectos de despojo y proyectos extractivos, entre ellos, minería y Zonas Económicas Especiales”, señala el pronunciamiento de este encuentro, donde también participó la comunidad de Tilzapote.
Mientras tanto, el 8 de diciembre de este año 2017, los habitantes de Tilzapote realizaron una movilización en la costa, desde la comunidad de Santa María el Tule hasta Tilzapote.“Es una injusticia por parte de la Procuraduría Agraria y el Tribunal Unitario Agrario, tuvieron que ver de manera directa con un juicio amañado, sucio, donde no se dio la voz a la comunidad de Tilzapote”, dijo el abogado Cruz.
Para los zapotecas, “se ha roto el dialogo” y ha comenzado un proceso de fortalecimiento de su organización. “Yo nací ahí y ahí crecí desde hace 70 años. Han llegado las maquinas amenazándonos que nos van a sacar y nos amenazado muchas veces. Nosotros decimos que no nos vamos a ir. Estas son nuestras tierras y ahí nos quedaremos, vamos a luchar”, dijo Santos, la señora de la tercera edad.
“Queremos que se presenten los supuestos dueños, queremos conocerles la cara. Porque aquí estamos peleando nuestra tierra, nuestra vida. Vamos allegar hasta las ultimas consecuencias, no vamos a entregar las tierras”, dijo Estela Pinacho Venegas, de Tilzapote.
Entre las propuestas recibidas para el ‘Reconocimiento a la Trayectoria’, el Jurado eligió al periodista Pedro Matías.
Para determinar a las personas ganadoras se integró un Jurado conformado por los periodistas y comunicadores Laura Castellanos, Diego Osorno, Daniela Pastrana (Periodistas de a pie), Clara Morales (Ojo de Agua Comunicación) y Ricardo González (Artículo 19).
El premio, que recibió fue convocado por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha y la Embajada Alemana en México.
Cinco días después del simulacro electoral realizado en Honduras para elegir nuevo presidente, el pueblo hondureño se ha volcado masivamente a las calles para protestar contra el intento de consumar un fraude electoral para mantener en el poder al actual presidente Juan Orlando Hernández por un periodo de cuatro años más.
Tomas de carreteras, quema de casetas de peaje y edificios públicos han sido algunas de las acciones populares en respuesta a la violencia militar y policial que arremete contra los manifestantes que exigen un recuento transparente de los votos emitidos durante el 26 de noviembre.
Cabe destacar que la reelección presidencial está prohibida por la Constitución hondureña. Sin embargo, en 2016, la Sala Constitucional bajo influencia del presidente Hernández, dio luz verde a su intención para presentarse por segunda ocasión como candidato en 2017, violando con ello los artículos pétreos que sólo pueden ser modificados por una Asamblea Constituyente.
Honduras arrastra una crisis política desde el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio del 2009. Durante las elecciones posteriores en noviembre de 2009 y en 2013 se consolidó el régimen de gobiernos del Partido Nacional, de corte conservador. Sin embargo, ambos comicios han sido cuestionados y desconocidos por amplios movimientos sociales quienes han denunciado la imposición de un gobierno autoritario bajo la farsa electoral. Ahora tras el simulacro electoral de noviembre de 2017, parece que al pueblo hondureño se le acabó la paciencia. Nadie acepta los resultados y las calles son la viva expresión de su descontento.
Teatro
A cinco días de las votaciones, el silencio de las instituciones responsables de publicar los resultados ha incrementado la sospecha sobre la consumación del fraude electoral. Con el 60% de las actas contabilizadas, las primeras cifras difundidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante las primeras horas del lunes 27 de noviembre indicaban una ventaja de cinco puntos porcentuales para el candidato de la oposición Salvador Nasralla, sin embargo desde aquel momento el TSE comenzó a dilatar el proceso de conteo y a la par negó proporcionar mas datos acerca del resultado electoral conforme avanzaba el número de actas contabilizadas.
Para el miércoles 29 de noviembre, preso de la incertidumbre y mediante iniciativa de la Organización de Estados Americanos (OEA), el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura cedió a la presión para sumarse a un convenio de no agresión en el que se comprometía a respetar los resultados del TSE. Después de la firma, y tras una sorpresiva caída del sistema de computo electoral, los resultados desplegados por el TSE reiniciaron con una tendencia favorable a Juan Orlando Hernández quien se mantiene con una ventaja de 1.5% hasta el viernes 1 de diciembre.
Horas más tarde, Salvador Nasralla se retiró de dicho acuerdo. Diversas denuncias mencionan que además de la manipulación del sistema de conteo, ha ocurrido la introducción de hasta 5 mil actas adulteradas en el computo del TSE sin la presencia ni de observadores ni representantes de los partidos.
Para el viernes 1 de diciembre el TSE continúa en permanente silencio.
Consentimiento
Durante los días previos a las elecciones en Honduras, fueron desplegados diversas delegaciones de observadores principalmente de la Unión Europea y la OEA. Los extranjeros autorizados para vigilar los comicios hondureños realizaron pruebas del sistema de cómputo del TSE en el cual nunca diagnosticaron fallas en el procesamiento de datos.
Días después de la elección y frente al aumento en la desconfianza del conteo realizado por las instituciones hondureñas, la misión de observación de la OEA instó al TSE para procesar el 100% de las actas antes de divulgar los resultados electorales. Por su parte, la delegación de la Unión Europea recalcó que “no están siendo contabilizadas actas que corresponden a más de 300 mil votos. Esta cantidad es muy superior a la brecha entre los dos candidatos que es de unos 38 mil votos”. Mientras tanto, la Embajada norteamericana mantiene la misma línea discursiva del Partido Nacional al que pertenece JOH, al hacer un llamado a la calma “esperando el conteo final” el cual manifestantes denuncian ha sido el origen de la violencia y caos en todo el país.
“La comunidad internacional, especialmente la Unión Europea, Estados Unidos y la OEA, deben dejar de lado su falsa imparcialidad y en cambio asumir un papel activo en la exigencia y observación de un recuento físico ya que el conteo del TSE no es creíble. Si esto no sucede, será catastrófico para el pueblo hondureño ya que no tenemos mas remedio que resistir y defender el voto popular y la oberanía del país” denunció Ismael Moreno, director de Radio Progreso, quien sumo su voz contra los intereses extranjeros en la consolidación de un estado autoritario en Honduras.
Protestas y represión
Las movilizaciones en Tegucigalpa comenzaron el día posterior a las elecciones. Los primeros contingentes se manifestaron frente al TSE para exigir la difusión de los resultados. Sin embargo tras horas de protestas pacíficas, la policía desplegó un operativo violento que arrojó a dos personas heridas mediante el disparo a sus cuerpos de bombas lacrimógenos.
Para el jueves 30 de noviembre se registraban protestas y movilizaciones en 16 de sus 18 departamentos. Se registraron 53 puntos de conflicto, en los cuales se reportaron 10 eventos de represión efectuados por las fuerzas militares.
Mapa de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras
El lugar donde se cuentan las actas electorales, el Instituto de Formación Profesional (INFOP) ha sido objeto de las protestas. Los alrededores del boulevard Centroamérica fueron atestados de grupos de manifestantes que bloquearon el tránsito permanentemente. Pese a los continuos desalojos de las barricadas, los manifestantes han conseguido reorganizarse para volver al sitio donde el escrutinio de los votos se mantiene bajo resguardo militar.
Los operativos policíacos y militares han incrementado el uso de la violencia contra los manifestantes. La noche del jueves 30 de noviembre, durante el desalojo de una movilización en el barrio de El Pedregal, en Tegucigalpa, militares dispararon a las multitudes con lo que hirieron de bala a tres personas y un niño de 12 años que se encontraban en el lugar. Desde entonces decenas de vídeos y fotos circulan en internet como evidencia del uso de armas de fuego por parte de militares hondureños contra la población inconforme.
En otros lugares el tamaño de las movilizaciones han hecho retroceder a la policía, tal como lo ocurrido el viernes 1 de diciembre en la toma de la carretera que conduce de La Esperanza a Siguatepeque, donde miembros del COPINH fueron heridos mientras se manifestaban pacíficamente. Ante las constantes arremetidas de los cuerpos de seguridad, movimientos sociales realizan llamados a la comunidad internacional para estar atentos de los operativos policíacos contra la población inconforme con los resultados electorales.
Como parte de la consolidación de un Estado autoritario, a principios de 2017 se aprobó la reforma al Código Penal en el cual se criminaliza el derecho a la protesta, clasificándola como terrorismo. Pese a ello, con el paso de las horas las convocatorias para sumar protestas parecen indicar que la inconformidad del pueblo hondureño será encauzada en cientos de protestas por todo el territorio nacional.
Censura
Los esfuerzos por parte del Estado hondureño de minimizar los actos de inconformidad en distintos puntos del país se ha mostrado en coordinación con el discurso de las fuerzas armadas y los medios masivos de comunicación que tildan a los manifestantes de vándalos que protestan violentamente.
Sin embargo, medios comunitarios como Radio Progreso y las Radios del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras han mantenido sus micrófonos abiertos y mediante plataformas digitales continúan enviando información hacia el exterior de Honduras para evidenciar el uso de la violencia como única respuesta del Estado frente a la crisis política.
Ante la intensa cobertura mediática, los peligros de la censura y el bloqueo de la información reaparecieron la noche del jueves 30 de noviembre cuando la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras denunció que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones analizaba la clausura de la transmisión televisiva de UneTV quien ha mantenido una cobertura de las protestas en todo el país.
"Esto no es más que una evidencia de la constante persecución contra los medios de comunicación y la violación al derecho a la libertad de expresión que viven las y los comunicadores y comunicadoras. Alertamos a organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional sobre este grave presente y la posibilidad de que esto de pie a la persecución contra otros medios que se atreven a denunciar las agresiones que enfrenta la población hondureña."
Hasta la tarde del viernes 1 de diciembre aún no se habían dado a conocer los resultados de la elección del pasado domingo.
Si quieres saber más de la situación en Honduras, sigue la cobertura de medios libres y periodistas independientes en https://guancascodemedios.org/
Llega a 21 el número de asesinatos de indígenas Mapuche en Argentina. El día 25 de noviembre de este año 2017 fue asesinado Rafael Nahuel, un joven de 27 años, integrante de la comunidad Mapuche Lafken Winkul Mapu. El asesinato fue perpetrado por la agrupación Albatros, una unidad de operaciones especiales que está bajo el mando de la Prefectura Naval Argentina, en un operativo de desalojo de la comunidad Mapuche, quienes habían realizado una recuperación territorial en Villa Mascardi, una localidad del Departamento Bariloche, Río Negro, Argentina.
De acuerdo con el medico Ramón Chiocconi, el proyectil alojado en el tórax de Rafael fue un 9 milímetros, usado por la agrupación Albaratos."Ya no quedan dudas: Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda por un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. Así lo revela la autopsia", dijo el medico.
El Ministerio de Seguridad de la Nación de Argentina, por medio de la orden judicial del juez federal Gustavo Villanueva, había ordenado a un equipo de la Agrupación Albatros, recorrer la zona de Villa Mascardi con el objeto de recabar información e identificar a las personas prófugas luego del desalojo realizado el día jueves 23 de noviembre de este año 2017, donde fueron detenidos, Fausto Jones Huala y Alejandro González, quienes intentaron ayudar a Rafael.
300 elemento de Seguridad Federal participaron en el desalojo dejando como saldo media decena de heridos, 6 mujeres detenidas y el asesinato de Rafael Nahuel, con quien se suman 21 los asesinatos perpetrados por el Estado Argentino. También la prensa local, algunos periodistas y escritores se han encargado de criminalizar la lucha del pueblo Mapuche por la recuperación de sus tierras ancestrales.
Un caso es el escritor Federico Andahazi, a quién se le ha olvidado que el pueblo Mapuche es uno de los pueblos originarios de Latinoamérica que ha sobrevivido a la mayor masacre del mundo, de la cual no se habla, la masacre perpetrada por la colonización europea, quienes históricamente han despojado a los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales y quienes hasta el día de hoy siguen siendo despojando. Este escritor se atreve a equiparar la lucha Mapuche con el grupo terrorista ISIS. “La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) tiene la misma lógica que ISIS: sustraer territorio para Establecer un Estado independiente. En medio oriente lo llaman Califato y en la Patagonia Wallmapu. ¿Quienes proveen el armamento de guerra a la RAM?", dice Andahazi.
No es la primera vez que se ha intentado justificar la criminalización del pueblo Mapuche, se le ha vinculado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la organización armada del país vasco (ETA) para justificar la extrema violencia utilizada por las fuerzas de seguridad de Argentina en contra de este pueblo.
Los indígenas había realizado su recuperación de tierras por la necesidad de un lugar donde habitar, “luego de ser reducidos, reubicados y despojados de nuestra Mapu (lugar), por parte de los Wingka”, denunciaron en redes sociales antes de realizar su recuperación en una zona que ha representado una autoridad espiritual del pueblo Mapuche.
Las recuperaciones de tierras ancestrales se han realizado en Chile y Argentina. Las sociedades mapuche de Araucanía (Chile) y la Patagonia (Argentina) se mantuvieron independientes hasta la Ocupación de la región chilena (1860-1880) y la Conquista del Desierto en Argentina (1870). Desde ese entonces, los mapuche se volvieron ciudadanos de los respectivos estados, pero dejando fueron despojados de una gran parte de sus territorios. En Argentina desde el año 2001 han alcanzado 240 mil hectáreas recuperadas, también han fortalecido su idioma y sus conocimientos ancestrales.
La proliferación de empresas nacionales y multinacionales de la industria forestal y ganadera han provocado que los procesos organizativos de los Mapuche en ambos países se fortalezca. No obstante, el Estado argentino ha establecido operativos especiales para debilitar esta lucha, aplicando la ley antiterrorista para estos pueblos. Una ley establecida por condición del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), principal foro intergubernamental para la prevención y lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Periodistas de CNN publicaron hace poco un vídeo grabado en cámara escondida en el que se expone una subasta de hombres negros originarios de África Subsahariana. En el vídeo, los hombres son vendidos como esclavos para un valor de alrededor de 400 euros cada uno, en la noche, en algún lugar en las afuera de Tripoli, la capital Libia.
A pesar de lo que dicen los medios comerciales, eso no es una noticia extraordinaria ni un “descubrimiento”. Sólo son las primeras imágenes que ponen testimonio gráfico a una realidad denunciada por una multitud de supervivientes desde hace tiempo.
“Acá los llamamos los “asma boys”, son los de la guardia costera de Libia. Cuando agarran a las personas en el mar, las llevan a sus cárceles. Ahí en las cárceles llegan personas que se presentan como representantes de diferentes países, y nos van separando, los Cameruneses de un lado, los marfileños, los guineanos de otro. Y luego te agarran, te llevan y te venden. Venden hombres, seres humanos como ellos. Se atreven a vendernos por dinero. Nos venden como si fueran al mercado a comprar tomate. Maltratan, golpean, dan toques eléctricos. Muchos hombres mueren de "dolor”, denuncia un hombre originario de Camerún en un vídeo publicado en internet.
“Un día en una subasta, mataron al hombre que estaba a mi lado de un tiro en la cabeza. El que disparó quería probar el arma antes de comprarla”,
DENUNCIA OTRA PERSONA.
Una vez vendidos, la mayoría trabajan como esclavos en granjas, campos, o construcción. Algunos son comprados por particulares como trabajadores domésticos. Las mujeres tampoco se escapan de esa realidad y son principalmente vendidas como esclavas sexuales. Los niños y las niñas también. Según CNN, se han documentado subastas en al menos nueve ciudades además de la capital: Sebha, Zuara, Sabratha, Castelverde, Gharyan, Alrujban, Zintan, Kabaw y Ghadames en el sur y oeste de Libia.
Si esa realidad no es una noticia, tampoco tiene sólo que ver con Libia: implica de manera muy directa la responsabilidad de los países miembros de la Unión Europea que llevan años colaborando con el gobierno Libio para bloquear a los miles y miles de migrantes que atraviesan el país cada año con la esperanza de llegar un día a Europa.
El Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) – el organismo de la ONU encargado de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos – denuncia una “cooperación inhumana” que “condena a más refugiados a detenciones arbitrarias e indefinidas y les expondría a torturas, violación, trabajos forzosos, explotación y extorsión”.
“Los dirigentes europeos son cómplices y queremos sus respuestas”, declaró la presidenta de la ONG Médicos Sin Fronteras internacional (MSF) Joanne Liu en una conferencia de prensa en Bruselas, Bélgica, el 7 de Septiembre de este año 2017. “Las persona son tratadas como mercancías listas para ser explotadas. Los gobiernos europeos realmente ¿estarán dispuestos a asumir el precio de la violación, la tortura y la esclavitud?”, insistió.
Europa extiende sus fronteras al este y al sur
Para impedir el acceso a su suelo a las personas que considera “indeseables”, la Unión Europea ha desarrollado varias estrategias a lo largo de las últimas décadas. Además de restringir cada vez más el acceso a las visas, de perseguir, encerrar y deportar a las personas que lograron entrar a su territorio, desde hace unos 20 años la UE ha estado “externalizando” sus políticas migratorias: en vez de encargarse sola de ellas, exporta sus medidas de control y bloqueo fuera de sus propias fronteras. Gracias a esa estrategia, hoy en día el control migratorio empieza desde los países de origen de las personas consideradas como migrantes “indeseables”.
Por una parte, esas medidas son puestas en práctica por medio de “acuerdos” bilaterales con diferentes estados que hacen que las fronteras jurídicas de la UE vayan rebasando sus fronteras geográficas. Así, diferentes miembros de la Unión Europea incitan a los países de tránsito con los que colaboran a incrementar el control de sus fronteras y en varios casos hasta financian su equipamiento en herramientas sofisticadas y el entrenamiento de sus agentes de migración.
Es en 2004 que el primer acuerdo de cooperación para el “control de flujos clandestinos” fue firmado entre Italia y Libia. En 2007, el proceso fue reforzado con la implementación de patrullas marítimas mixtas conformadas por militares libios y policías italianos, en las aguas libias e internacionales. La meta era “buscar en el mar las embarcaciones candidatas a la migración hacia Europa y, sobre todo, interceptar los barcos que recogen migrantes en las playas libias de Zuwarah, Zaniyah y Miswatah”, exponen Cedric Audebert y Nelly Robin en su artículo “Fronteras norteñas en aguas sureñas: la externalización de las fronteras. El ejemplo de los aparatos estadounidense y europeos para el control de las migraciones caribeñas y Subsaharianas”. En Febrero del 2017, los dos países volvieron a firmar un nuevo acuerdo con la idea de seguir y reforzar su cooperación e Italia entregó varios barcos a las guardacostas libias.
Otro tipo de “colaboración” se ejerce a través una incitación a la criminalización de la migración por parte de los estados hacia sus propia población. Así, la introducción del “delito de emigración ilegal” en las leyes nacionales de países como Marruecos, Algeria, Túnez o Egipto limita el derecho de sus ciudadanos a salir de sus países, en total contradicción con el derecho internacional.
Para lograr sus objetivos, lo miembros de la UE tienen varias formas de ejercer presión sobre los gobiernos y así ir imponiendo sus condiciones. Las ayudas al desarrollo económico, los acuerdos comerciales o de inversión son instrumentos de chantaje que sirven para corromper a los diferentes gobiernos. Por otro lado, los países que se rehusan a colaborar son castigados con limitaciones económicas o reducciones del número de visas otorgadas a sus ciudadanos.
Staffs of Frontex attends as Commissioner Dimitris Avramopoulos meets with Frontex staff + Norwegian vessel at the Port of Mytilene, on October 16,2015.
FRONTEX, brazo armado de la política anti-migratoria europea
Otro elemento fundamental para la externalización de las fronteras europeas ha sido la creación en 2004 de la “Agencia Europea para la gestión de la cooperación a las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea”, más conocida como Frontex.
La agencia se encarga en particular de la capacitación de guardias fronterizas y costeras de una multitud de países extranjeros a la UE, del intercambio de información sobre las rutas migratorias con más de 43 países en el mundo y del despliegue de fuerzas armadas fuera de Europa. La agencia también organiza la deportación de personas hacia sus países de origen (u otro país más o menos cercano).
Para su funcionamiento, cada país miembro de la UE pone un número de guardias fronterizas a disposición de la agencia que los despliega en sus operaciones. Por otro lado, Frontex tiene su propio equipamiento. “En 2009, ya disponía de 25 helicópteros, 21 aviones, 113 barcos y 475 unidades de equipo (radares, cámaras, sondas y sensores), pero no ha dejado de aumentar, tal como su presupuesto”, explica Lamia Kaghat de Migreurop. El presupuesto de la agencia pasó de 19 millones de euros en 2006, a 97 millones en 2014 y luego a 254 millones en 2016, lo que representa un aumento del 1336% en sólo diez años.
Con todos esos recursos, Frontex realiza – entre muchas otras cosas – enormes operativos en el mar Mediterráneo para impedir el paso de embarcaciones cargadas con personas migrantes. En paralelo, operaciones terrestres son desarrolladas en las fronteras ubicadas al este de la Unión Europea.
“Hoy en día, esa estrategia de disuasión con armas pesadas que utiliza la agencia Frontex se ha vuelto totalmente común, y el número de víctimas no ha dejado de aumentar”,
LAMENTA LAMIA KAGHAT.
Muchas veces presentada como una “agencia de cooperación técnica”, Frontex es en realidad “el verdadero brazo armado de la política migratoria europea” según palabras de la campaña “Frontexit”, impulsada por una red de organizaciones, colectivos e individuos del norte y del sur del Mediterráneo.
Desde su creación, Frontex ha recibido una multitud de quejas y denuncias por los abusos que comete. Sin embargo, la agencia beneficia de un estatus jurídico borroso y ambiguo que hace que es muy difícil que sea condenada de alguna manera por sus actos. “A pesar de múltiples violaciones Frontex actúa desde su creación en total impunidad”, denuncia la campaña Frontexit.
Muertes, presas y esclavos
Recientemente, la UE y Frontex han celebrado una disminución significativa del número de migrantes que llegan a Italia después de haber cruzado el Mediterráneo. Según cifras de Frontex, en julio del 2017 han llegado sólo 11.459 personas migrantes a Italia contra 23 552 en Julio del año anterior, ¡lo que representa una disminución del 57%!
Esas “victorias” por parte de la fortaleza europea tienen un costo humano muy elevado: tan sólo en 2016, más de 5 000 personas perdieron la vida al intentar cruzar el mar mediterráneo según William Spindler, portavoz del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas. En los últimos años, las cifras sólo han ido aumentando: el cierre de las fronteras hace que los trayectos migratorios sean desviados hacia rutas cada vez más largas, caras y peligrosas.
Para Hassiba Hadj Sahraoui, consejera para Médicos Sin Fronteras sobre cuestiones migratorias, los barcos libios apoyados por los de la UE también favorecen las muertes: “Supuestamente vienen para «salvar vidas» en el mar pero los guardacostas ni traen chalecos salvavidas para los migrantes, y a veces hasta los golpean. Son más interesados por la idea de detenerlos que de salvarlos”, denuncia.
Además de las miles de personas que pierden la vida cada año en las aguas del mediterráneo, miles de otras son enviadas en los centros de detención y campos cerrados – que no son más que cárceles para migrantes – que florecen en Marruecos, Argelia, Egipto, Túnez, Libia, Jordania, Lebanon, Siria, Turquía, Armenia, Georgia, Ucrania y más. Esas zonas de detención son zonas en las que se multiplican las violaciones a los derechos humanos de cientos de miles de migrantes cada año. Y es justo ahí donde se organiza el tráfico de personas migrantes, incluyendo las ventas de esclavos como las que salieron en el vídeo.
El negocio de la seguridad fronteriza
El cierre de las fronteras representa un negocio impresionante que funciona a costa de las vidas de miles y miles de personas. Los que se benefician no sólo son “traficantes” sino empresas privadas de las industrias del armamento, la aeronáutica, la vigilancia, así como todo una serie de empresas involucradas en la gestión del asilo, el encierro y la deportación (constructoras, servicios de restauración, lavandería, transporte...). Podemos citar empresas como Bouygues, Sodexo, AirFrance, o bancos como la BNP o la Société Générale.
Según la organización Migreurop, entre 2002 y 2013 la UE y la agencia espacial europea financiaron 39 proyectos de investigación y desarrollo para la seguridad de las fronteras, gastando un total de 225 millones de euros. “Orientados hacia el desarrollo de tecnologías de seguridad en el sector de la vigilancia, esos proyectos tienen como meta, entre otras, crear «perros rastreadores mecánicos» (proyecto Handhold – 3.5 millones de euros), drones para vigilar las fronteras terrestres (proyecto talos – 12.9 millones de euros) y marítimas (proyecto i2c – 9.9 millones de euros) así como un sistema de vigilancia satelital (proyecto limes – 11.9 millones de euros). Esos proyectos son una verdadera bendición para las empresas involucradas, entre ellas Thales, Finmeccanica y Airbus”.
Según un informe del Transnational Institute, el mercado de la seguridad fronteriza debería de alcanzar los 29 000 millones de euros al año den 2022. Las empresas de seguridad no sólo se benefician pasivamente de las políticas europeas sino que “esas empresas así como la industria militar en general promueven activamente al aseguramiento de las fronteras de la UE y están dispuestas a ofrecer tecnologías cada vez más perfeccionadas y costosas para llegar a ese fin”, analiza Migreurop.
En la lista de las y los que se benefician de las políticas anti-migratorias, Claire Rodier – quién es parte de un grupo de abogados franceses solidarios llamado Gisti y co-fundadora de la red Migreurop – agrega otros dos sectores: el de los abogados que hacen dinero en los juicios, y el de las ONGs y asociaciones civiles que reciben fondos para gestionar la asistencia hacia las personas migrantes (que sea a lo largo de las rutas migratorias o en los países de destinación). “El hecho de que una A.C. o una ONG tenga como misión apoyar a los migrantes no nos puede prohibir cuestionar la dimensión económica de su trabajo”, argumenta Rodier.
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El racismo específico hacia las personas negras
Hoy en día persiste en el mundo un racismo específico hacia la población negra, también llamado negrofobia, que está directamente vinculado con la época colonial y esclavista. La ideología que estableció la inferioridad de la gente negra – y por lo tanto la superioridad blanca –, las ideas según las cuales las personas negras eran “salvajes”, “peligrosas” son las que permitieron justificar su deportación masiva y su explotación entre los siglos XV y XIX. A pesar de la abolición de la esclavitud, de alguna manera esas ideas han permanecido en los imaginarios europeos y norte americanos pero también en Asia, Latinoamérica y el norte de África. La persistencia de ese racismo específico facilita el hecho de que personas negras puedan ser vendidas, compradas y esclavizadas todavía.
Tristemente, si la historia de Libia tiene sus particularidades, no es única. Según la OIT, hoy en día alrededor de 21 millones de personas alrededor del mundo están en situación de esclavitud moderna. Gran parte de ellas son mujeres, niños y niñas en casos de esclavitud sexual. En cuanto a los hombres, son más propensos a ser esclavizados para trabajo forzado.
Un informe publicado en diciembre del 2016 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) establece que ningún país en el mundo se salva en cuanto a crímenes de esclavitud. Las regiones más ricas – Europa, America del Norte y la parte sur del Medio-oriente – son las regiones en las que se concentra la diversidad más importante de víctimas, provenientes de todo el planeta.
Las personas originarias de África Sub-sahariana y Asia del este son las más vulnerables. Víctimas de esas regiones han sido encontradas en 69 países alrededor del planeta, en particular en África, Medio-oriente y Europa, aunque también se encuentren en Asia y las Américas.
Según el informe, existe una clara correlación entre los flujos migratorios y el tráfico de personas. “La mayoría de las víctimas (alrededor del 60%) son extranjeras en el país en el que se encuentran esclavizadas. La mayoría son migrantes internacionales.”
Siddharth Kara, un economista que ha trabajado en base a más de 5000 entrevistas con personas víctimas de esclavitud, explica en una entrevista para The Guardian que los enormes flujos migratorios actuales están produciendo una oferta enorme de personas fácilmente explotables, tanto en sectores ilegales como legales. “La vida humana se ha vuelto más desechable que nunca. Esclavos pueden ser adquiridos, explotados y desechados en periodos relativamente cortos, produciendo a la vez beneficios enormes para los explotadores”, dice Kara.
Y los conflictos que se multiplican alrededor del planeta van empeorando la situación, alerta la UNDOC. “Les personas que escapan guerras y persecuciones son particularmente vulnerables en volverse víctimas de tráfico. El aumento rápido del número de víctimas sirias justo después del inicio del conflicto en Siria es un ejemplo de cómo se manifiesta esa vulnerabilidad”.
Según esa organización, el tráfico de personas es una industria criminal global, que funciona a la par de los tráficos globales de armas y drogas.
La esclavitud de migrantes sub-saharianos en Libia, como la de los 21 millones de esclavos que se encuentran hoy en día en el mundo no son casualidad sino que son parte de un sistema global que le da más importancia al dinero que a las vidas humanas, y más cuando esas vidas son las de personas originarias del sur del mundo, pobres, negras, morenas, indígenas.
“Al menos que la esclavitud empiece a ser percibida como una forma de explotación peligrosa, esa realidad no cambiará”,
CONCLUYE KARA.
En los últimos días, protestas ya han sido organizadas en ciudades como Dakar (Senegal), Conakri (Guinea), Yaoundé (Camerún), Abidjan (Costa de Marfil), Bamako (Malí) o París (Francia).
