Reforma electoral en México pone en riesgo la autodeterminación de pueblos indígenas

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13 agosto, 2014

El Congreso de la Unión de México aprobó a fines de mayo del 2014 las leyes reglamentarias de la reforma político-electoral que deben organizar las elecciones federales y locales para el año 2015. Tal reforma representa un retroceso para los pueblos indígenas mexicanos ya que no considera la forma de elegir autoridades locales por el sistema de usos y costumbres.

A pesar del esfuerzo de ciudadanos, académicos, organizaciones y el movimiento indígena –quienes entregaron una serie de propuestas a senadores y diputados federales de Oaxaca, mucho antes de haber sido aprobada dicha reforma– la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas no ha sido garantizada.

«Al no garantizar el derecho de autonomía y representación política de los pueblos, se niega la diversidad de organización política que existe en el país», evalúa Aldo González Rojas, indígena zapoteco y director de vigencia de los derechos indígenas de la Secretaría de Asuntos Indígenas, del estado de Oaxaca. «Se creó una laguna jurídica ya que este otro sistema existe pero no es reconocido. Las comunidades indígenas deben tener certeza jurídica», afirma González.

El consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Víctor Leonel Juan Martínez, también sostiene que la reforma pone en cuestión la autonomía de los pueblos indígenas. «Lejos de buscar el encuentro con los indígenas, buscan minar su espíritu colectivo; en lugar de establecer acuerdos, los ven como clientela política; lejos de construir un proyecto de nación multicultural, buscan intereses facciosos y hacen un uso instrumental de la bandera indígena», declaró durante la XIII Sesión del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, realizado en mayo del año 2014.

Frente a esta situación, contrasta la nueva iniciativa de reforma en materia de derechos y cultura indígena que está en trámite en el congreso de Oaxaca. «Lo que estamos haciendo en Oaxaca es que a partir de la propuesta de reforma constitucional en materia indígena, que está en discusión ahora en manos de la cámara de diputados, se aborde el tema electoral de los pueblos y se garantice la autonomía de las comunidades indígenas», explica González. Así, «si las leyes federales no regulan la materia vamos a trabajar para que sea regulada de la mejor forma en la Constitución y las leyes del estado; en Oaxaca no podemos dejar de lado este asunto».

De acuerdo con el Instituto Federal Electoral (ahora INE), no existe una estadística a nivel federal de cuántos municipios en México eligen sus autoridades por el sistema de usos y costumbres. El único estado en el país que reconoce legalmente esta forma de elección es Oaxaca. De los 570 municipios que forman el estado, 418 eligen por usos y costumbres.

Reunión del Congreso Nacional Indígena en el marco de la Cátedra Tata Juan Chávez en agosto de 2013. Fotografía: Santiago Navarro F.

La comunidad oaxaqueña de Nochixtlán recibe información acerca de cómo funciona el proceso electoral a través de los partidos políticos. Fotografía: Santiago Navarro F.

Primera consulta a los pueblos indígenas

Para la construcción de la propuesta de la iniciativa de reforma, la Secretaría de Asuntos Indígenas, dependencia del gobierno estatal, emitió una convocatoria pública y llevó a cabo una consulta. Se realizaron 24 foros regionales donde participaron más de 5 mil personas, entre ellas, 1500 autoridades municipales, un foro estatal integrado por 500 delegados representantes de cada uno de los foros regionales.

En un primer momento, líderes indígenas, académicos y abogados trabajaron para crear criterios que fundamentasen la reforma. Estos tres grupos integrados hicieron estudios y analizaron leyes nacionales e internacionales que han sido referencias sobre procesos indígenas. A partir de ahí se marcaron ejes de discusión como: comunicación indígena, cultura, medicina tradicional, mujer indígena, valores comunitarios, sistemas de gobierno, procesos electorales, autonomía, autodeterminación (tierra y territorio), jurisdicción de Estado y consulta.

Se construyó una plataforma para cada uno de los puntos y fueron sometidos a consulta. De ahí se realizó una publicación con estos criterios y fue enviada a las autoridades de las comunidades para que la revisaran y se discutiese. En seguida fue lanzada la convocatoria en los lugares donde se realizarían las consultas. «Se lanzó la convocatoria basada en el principio de que el Estado debe escuchar a los pueblos antes de hacer reformas y leyes. Es la primera consulta que se hace en los pueblos indígenas de Oaxaca», afirma Melquiades Cruz Miguel, jefe de departamento de comunicación indígena intercultural, de la Secretaría de Asuntos Indígenas, quien también fue partícipe de la realización de la consulta en la Sierra Norte.

Después de los foros, se creó un comité técnico de expertos, formado por intelectuales, abogados y líderes indígenas, para transformar en formato de proyecto de ley todo el resultado de la consulta.

Terminado el proceso, se convocó a un Foro Estatal de Pueblos Indígenas para que avalase la versión final del documento. «Y, por último, el texto fue presentado a un consejo consultivo, integrado también por intelectuales y líderes indígenas, de forma que validara y legitimara la consulta», explica Cruz.

La propuesta fue presentada al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, en agosto del año 2013. El texto pasó por un consejo técnico de gobierno y, en marzo de 2014, fue enviado para su aprobación a la Cámara de Diputados.

Se prevé tener una resolución final en el mes de octubre. «No sabemos si los diputados van aprobar la reforma completa o recortada, porque tratar de territorio, de autonomía, de jurisdicción indígena, afecta intereses», afirma Cruz.

Asamblea de comunidades que escuchan lo que los candidatos ofrecen a cambio de su voto. Fotografía: Santiago Navarro F.

Fortalecimiento de las asambleas

La iniciativa de reforma busca desde un principio fortalecer el tejido de las comunidades indígenas. «Se fortalecen los derechos de las comunidades, se reconoce que las decisiones de las asambleas comunitarias tienen efectos hacia fuera, o sea, no sólo al interior del pueblo, el Estado tiene que respetar sus decisiones», afirma González.

La propuesta establece mecanismos para que las comunidades puedan desenvolver sus planes de desarrollo, ejecutar las acciones que determinen, evaluarlas y fiscalizarlas. «Se reconoce que las comunidades tienen mecanismos propios desde planificar hasta fiscalizar sus recursos».

Otro punto de la reforma es el derecho de las comunidades a la consulta y consentimiento libre, previo y formal siempre en casos de acciones administrativas por parte de los gobiernos municipal y estatal. «No es fácil pero, por ejemplo, en casos de concesión de tierra a las empresas de minería, uno de los requisitos que les piden es tener el cambio de uso de suelo otorgado por la autoridad municipal. La propuesta es que este cambio de uso de suelo pase por asamblea», explica González.

Cortes en la propuesta

De acuerdo con el secretario de vigencia de los derechos indígenas, el gobernador quitó, antes de enviar el proyecto a la Cámara de Diputados, dos puntos básicos fruto de la consulta. La propuesta inicial contemplaba que se establecería un instituto autónomo de los pueblos indígenas de Oaxaca, que sería fundamental para llevar adelante las políticas públicas. «Y cuando se presenta por el gobernador al congreso, la propuesta del instituto ya no estaba».

Otra propuesta no aceptada completamente es la que establece la posibilidad de que los municipios que se rigen por sistemas normativos propios pudieran nombrar a sus diputados por mecanismos diferenciados a la de los partidos políticos.

«Hay algunos actores que no manejan el tema de los pueblos indígenas, que tienen temores acerca del derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos y que tratan de minimizar algunas de las propuestas», justifica González.

Disputa de fuerzas

Para González, un punto que debe generar más polémica se trata de los derechos políticos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el planteamiento de la creación de un parlamento indígena, del cual considera que quizá no se apruebe en su totalidad. «Seguramente se quedará algo general en la Constitución sobre el asunto».

Una reforma de esta naturaleza es una disputa fuerte dentro del Estado, evalúa. «No se puede olvidar que Oaxaca es esencialmente indígena y el Estado tiene una deuda enorme con los pueblos. Que se pueda aprobar una reforma de esta naturaleza sería hacer justicia. No aprobarla sería una injusticia. Los pueblos indígenas han estado invisibles. El Estado se construyó liberal de acuerdo con el pensamiento francés y norteamericano. Nunca se volteó a ver que los pueblos indígenas también tenían sus propuestas».

Resistencia Comunitaria a uno de los 28 parques eólicos planificados para la región del istmo oaxaqueño. La municipalidad se declaró autónoma. Fotografía: Santiago Navarro F.

Límites

González admite los límites de la ley. «Cuando sea aprobada la reforma, los indígenas tendrán nuevos recursos jurídicos para defender sus tierras. Pero no es una cuestión fácil. No son recursos orales, no son de fácil acceso, son necesarios los abogados para acceder a estas herramientas. Será necesario pasar por un periodo de pruebas».

Cruz advierte, por su parte, que la aprobación de la reforma constitucional no será suficiente si no se garantiza el funcionamiento de nuevas instituciones que materialicen políticas públicas para los pueblos indígenas. «Si esto no ocurre, pasará lo mismo que pasó con la ley de 1998, que no tuvo repercusión. Es necesario reglamentar, definir cómo las leyes van a ser aplicadas, cuáles instituciones deben operarlas y de dónde deben venir los recursos. El trabajo que tendremos después de la aprobación es mucho mayor. Es necesario tener los mecanismos para que se pueda aterrizar todo esto».

Historia

De acuerdo con el abogado y jurista indígena Francisco López Bárcenas, los pueblos indígenas de Oaxaca tienen una larga historia y tradición de lucha en defensa de sus derechos, que han sabido combinar para relacionarse con el Estado y el resto de la sociedad manteniendo su identidad étnica. Esto se ha reflejado en las constituciones y leyes que han normado la vida política de esta entidad federativa desde antes de la federación mexicana.

«El estado de Oaxaca cuenta entre sus méritos haber sido el primero de la República mexicana que comenzó a legislar en materia de derechos indígenas, mucho antes incluso de que el gobierno federal firmara el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en el año de 1989, y por lo mismo antes de que se reformara el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde por primera vez se reconoció la pluriculturalidad de la nación mexicana sustentada en la presencia de sus pueblos indígenas y algunos derechos culturales de ellos», afirma López Bárcenas.

Un factor determinante fue el surgimiento del movimiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, compuesto mayoritariamente por indígenas, que marcó una nueva generación del movimiento indígena en México y el mundo.

«Fue un parteaguas en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de México y del mundo. El levantamiento del EZLN, y en particular, los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena fueron factores fundamentales para la generación de un fuerte movimiento indígena nacional que conformó el Congreso Nacional Indígena (CNI), mismo que se hizo portavoz principal –junto con el EZLN- de las exigencias de los pueblos indígenas», son los antecedentes que fundamentan los documentos de esta nueva iniciativa de reforma.

Mujeres declaran autónomo su municipio. Fotografía: Santiago Navarro F.

Contradicción

Las herramientas jurídicas han sido importantes para que los pueblos puedan ser reconocidos como sujetos colectivos de derecho, pero independientemente de esto, existen comunidades que con reconocimiento o sin él, siguen fortaleciendo sus lazos comunitarios y su autonomía. Los desobedientes y rebeldes seguirán siendo las minorías, los que siguen construyendo su cotidianidad con o sin permiso.

«Nosotros tenemos muy bien arraigadas nuestras formas de organizarnos y una cosa es lo que las leyes dicen en los papeles, aquí todo tiene que pasar por asamblea y nosotros seguiremos viviendo así porque nos ha funcionado bien», afirma Saúl Aquino, comisariado de bienes comunales de la comunidad zapoteca de Capulalpam de Méndez.

«Los pueblos indígenas deben fortalecer sus procesos autonómicos preparando a las nuevas generaciones como autónomas y no esperar nada bueno de la clase política de este país», afirma el antropólogo e investigador Gilberto López y Rivas.

A través de América Latina, la lucha por la tierra comunal y la autonomía indígena

Por

Renata Bessi y Santiago Navarro F

4 agosto, 2014

Este reportaje es parte de cuatro entregas que documentan sobre los sistemas normativos de los pueblos originarios de Oaxaca. De los 570 municipios que conforman este estado, 418 se rigen por la forma tradicional de organización política conocido como “usos y costumbres”, sólo 152 han adoptado el sistema convencional de los partidos políticos.

Tierras comunales y autonomía

Adentrarse en el corazón de las comunidades indígenas del estado de Oaxaca, México, tierra de los mixtecos y zapotecas, es como abrir puertas y ventanas a un mundo de colores, formas, texturas y sabores que contrastan con la cultura occidental que rige la cotidianidad de las grandes ciudades y de las familias modernas. Estas comunidades indígenas son parte de las montañas, del aroma a café que se mezcla con el olor de los pinos y la fragancia de las flores, que abren también puertas hacia las leyendas y la poesía tejida en la vestimenta y en los telares, todo esto pasa en las tierras que no tienen dueño ni precio.

Si la poesía, las leyendas, la vestimenta y la comida son los canales por los cuales se materializa y se mantiene viva la cultura de los ancestros indígenas oaxaqueños, los llamados «usos y costumbres» son la expresión viva de un sistema político propio de estos pueblos, que han sostenido su legitimidad históricamente como cualquier sistema estatal. De los 570 municipios del estado de Oaxaca, 418 se rigen por la forma tradicional de organización política de «usos y costumbres», sólo 152 han adoptado el sistema convencional de los partidos políticos, una realidad peculiar que no sólo es relevante en México sino en toda América Latina.

Por citar un ejemplo, Bolivia es el país con mayor población indígena de Latinoamérica según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 62% de su población. No obstante, sólo se reconocen 11 autonomías indígenas campesinas que tienen el derecho de elegir a sus autoridades mediante «usos y tradiciones propias».

Oaxaca es uno de los 31 estados de México donde se encuentra la mayor diversidad y cantidad de población indígena del país. De 3,5 millones de habitantes que tiene el estado, según las estadísticas oficiales, más de un tercio de ellos son de origen indígena (1,165,186 personas). No fue sino hasta el año de 1995 que a todos los municipios se les reconoció jurídicamente en el Congreso de Oaxaca, sus sistemas normativos de «usos y costumbres».

Cada pueblo tiene sus propias reglas para organizar de la mejor forma su vida en comunidad, no son homogéneos. A pesar de la diversidad, dos puntos caracterizan estos sistemas políticos propios: el sistema de cargos y la asamblea.

A las asambleas, que constituyen la máxima instancia de decisión, asisten todos los jefes de familia, hombres y mujeres, y de viva voz deliberan sobre los asuntos del pueblo para llegar al consenso. La asamblea es presidida por autoridades designadas. Existen distintos niveles de asambleas: la doméstica amplia, la de barrio o sección, la de cabildo, la civil, la religiosa y la de tipo agrario. La asamblea comunitaria es producto y culminación de estas asambleas previas. De hecho, es la máxima autoridad indígena y la que decide las reglas de funcionamiento de la comunidad.

Sus autoridades no son elegidas por el sistema tradicional electoral, pero sí manejan un sistema jerárquico de cargos, desempeñados de forma gratuita y por obligación a cada miembro de la comunidad, llamado «sistema de escalafón». Así, para que se llegue a ocupar el cargo en la presidencia municipal, el ciudadano necesita prestar su servicio en una serie de cargos a lo largo de su vida en la comunidad. Por lo general se inicia a muy temprana edad. Un niño de 10 años puede iniciar sus actividades comunitarias con algún tipo de servicio en la iglesia, tocando las campanas en horarios clave para la comunidad, por ejemplo.

Desde ahí se inicia un proceso de tránsito por los cargos, todos deliberados en asamblea. Las comunidades de Guelatao de Juárez, habitada por no más de 800 habitantes, y Capulalpam de Méndez, con 1500 habitantes, ubicadas a 60 km de la ciudad de Oaxaca –ambas localizadas en la Sierra Norte del estado– son un referente donde prevalecen estas tradiciones. En estas comunidades se inicia el cargo desde topil o auxiliar de policía, luego mayor, regidor tercero o de obras, regidor segundo o de educación, ecología, salud, regidor primero de hacienda, síndico y presidente.

Hay dos presidentes, uno es municipal, dedicado a la administración del área urbana, como el servicio de educación, drenaje, agua potable; y el otro es el presidente o comisariado de Bienes Comunes, quien administra cuestiones agrarias como las tierras comunales, ya que no existe la propiedad privada. Existen aún otros tres cargos: el alcalde, el tesorero y la secretaria. En Guelatao existe un consejo consultivo, formado por ancianos y personas con experiencia y de respeto para la comunidad.

Calpulapam. Fotografía: Santiago Navarro

En las tierras de Guelatao de Juárez, Jesús Hernández Cruz acaba de asumir su cargo de presidente municipal, aún tiene las manos ásperas, típica de un campesino, empuña un lápiz y un cuaderno donde hace sus notas, sentado en un escritorio hecho con madera de la región. El presidente fue profesor por 34 años, se jubiló en 2005 e inició sus servicios comunitarios hasta ser elegido como presidente. Tiene una pensión y aún se dedica al cultivo de sus árboles frutales de tejocote, del cual produce jalea.

El presidente explica la lógica de participar en los cargos desde abajo, como la limpieza de lugares públicos, hasta alcanzar la presidencia. «El objetivo es que la persona pueda conocer los problemas y las necesidades de la comunidad para poder resolverlos cuando se asumen los cargos mas importantes. De forma colectiva, se van acomodando las personas en sus actividades, de acuerdo con sus habilidades. Antes de todo es un proceso de aprendizaje en el que se pulen las capacidades. No se gana dinero aquí. Así, cada uno va acumulando conocimiento sobre la realidad de la comunidad. Lo único que se gana al prestar un buen servicio, es el respeto de la comunidad y el reconocimiento del pueblo», comparte.

En Guelatao, los habitantes son compensados con servicios como el agua o el alumbrado público, que no pagan. «Los cargos son un servicio a la comunidad y, a cambio de él, la comunidad ofrece beneficios a los ciudadanos, como distintas facilidades que otorga la autoridad municipal en retribución. Por dicha razón, está mal visto que alguna persona no cumpla con el cargo y recurra a la autoridad a solicitar favores. Caso contrario, si no siente deseos de realizar el servicio –el cargo– de manera gratuita, es preferible que la persona abandone el pueblo, o dejará de gozar de los beneficios».

Las festividades también son momentos importantes para los pueblos. Las comunidades realizan por lo menos una fiesta cada año, donde participan todos y la asamblea nombra una comisión responsable por la organización, tarea que también forma parte del sistema de cargos.

Pilares

Un medio de comunicación en las comunidades son los altavoces que están principalmente en el centro del pueblo y las radios comunitarias. Desde ahí las autoridades anuncian los festejos, las asambleas, el llamado al tequio –trabajo colectivo– que se presta a la comunidad. «Apenas invitamos a todos para limpiar la carretera que marca los linderos con la comunidad de Ixtlán. Este tipo de servicio sirve también para integrar a las personas en un sentido de comunidad», afirma el Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpam de Méndez, Saúl Aquino Centeno.

Los elementos que sustentan toda la estructura organizativa comunitaria son los saberes y valores que han predominado a lo largo de su historia. «Debemos entender lo que somos nosotros, no como el yo o el tú, sino, el nosotros, y debemos aferrarnos a esos principios, para impedir la intromisión vulgar y descarada de los principios individualistas. No debemos entrar en competencia sino reproducir la compartencia», afirma el indígena y antropólogo zapoteco, Jaime Martínez Luna. «Estamos en contra del desarrollo, porque es lineal y ascendente, nosotros somos circulares, en espiral, por eso entendemos que el hombre y la mujer no son el centro de la naturaleza, no somos dueños de la naturaleza, es ella la dueña de nosotros».

Además, «a la tierra se le considera una madre y no se le puede violentar porque nos da la vida, y respetamos a las semillas porque nuestros abuelos nos han enseñado que ellas lloran sino se les cuida, los abuelos dicen que la madre tierra nos da de comer y cuando morimos nos recibe y nos abraza», dice Silvestre Ocaña López, indígena de Tlahuitoltepec Mixes, Oaxaca, quien al mismo tiempo no duda en marcar una diferencia con el pensamiento de su pueblo y el pensamiento occidental. «Dentro del mundo occidental la tierra es una mercancía y para nosotros los pueblos indígenas, la vemos como nuestra madre, ella no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella».

Jesús Hernández Cruz, presidente municipal de Guelatao. Fotografía: Santiago Navarro

Antecedentes

El abogado en derecho indígena Francisco López Bárcenas se ha sumergido al contexto histórico de las comunidades indígenas en Oaxaca, quien afirma que el debate sobre los derechos indígenas en este estado se ha sostenido desde antes de la creación del Estado. «Se retomó el 10 de enero de 1825, al promulgarse la primera Constitución Política del Estado, la cual estableció en su artículo 5 que para la administración del mismo se dividía en departamentos, partidos y pueblos; estos últimos serían administrados por Ayuntamientos integrados por alcaldes, regidores y síndicos, siempre que su población llegara a tres mil «almas». De esta forma, el Estado de Oaxaca reconocía la organización que desde la época de la colonia asumieron los pueblos indígenas para resistir la opresión española».

En ese sentido, López Bárcenas asume que Oaxaca fue el primero en legislar en materia de derechos indígenas, mucho antes incluso de que el gobierno mexicano firmara el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes en el año de 1989.

Tierras comunales

Las tierras en estos pueblos son comunales, todo es de todos. No hay propiedad privada, incluso la pequeña propiedad. La transferencia de tierra se hace por cesión de derecho. El padre puede transferir sus tierras para sus hijos, por ejemplo. Y todo pasa por asamblea. Nadie puede vender y nadie puede comprar.

«Si alguien quiere trabajar en el campo se designa una parcela de tierra para esta persona. Pero debe trabajarla continuamente. Si en tres años no produce, la tierra será transferida para otra persona que tenga interés. El propio comisariado se encarga de eso», explica el presidente de bienes comunales de Capulalpam.

Las asambleas aun pueden decretar áreas comunales protegidas. «Estamos actualizando el estatuto comunal que rige los bienes comunes. Vamos a decretar intocable el área donde están nuestros manantiales. Sabemos que ya existen proyectos para tomar nuestra tierra», afirma el comisariado.

Las personas que vienen de otras comunidades tampoco pueden adquirir tierras, sólo alquilarlas. Ni pueden participar en el sistema de asamblea automáticamente. En Guelatao, «aquel que se establece tiene la obligación de reportarse al municipio para ser considerado para trabajos y cargos comunitarios, pero solamente es aceptado después de pasar por decisión de la asamblea», explica el presidente municipal de Guelatao.

Justicia

Guelatao posee un reglamento de seguridad. «Aquí los castigos son desde la cárcel –por 8 horas, 12 horas o 24 horas y de hasta tres días–, multa o trabajos forzados para beneficio de la comunidad. El síndico es la persona directamente responsable para la justicia en casos de golpes, robo y delitos. Ya el alcalde se responsabiliza por pleitos familiares. El es mediador de la familia. Y el también es el que da seguimiento a problemas que el síndico no esté en su competencia. Si fuera muy grave, la cuestión es transferida para un Ministerio Público. Pero la mayoría de los casos se solucionan aquí», explica Cruz.

Empresas comunitarias

En Guelatao, su presidente municipal afirma que la comunidad depende de recursos federales y del estado. «Existe una imposición de reglamentos a seguir que son los fondos destinados a los municipios para desarrollo social. Estos recursos provienen del gobierno federal, destinados a infraestructura y funcionamiento municipal».

En Capulalpam, también reciben recursos, pero es mínimo. «Las comunidades han crecido y mejorado con los recursos propios. Es autosuficiente económicamente», explica el presidente de bienes comunales.

La autosuficiencia del municipio proviene de recursos generados por cinco empresas comunitarias: embotellamiento de agua, aserradero –existen bosques manejados de forma sustentable en la comunidad–, trituradora de piedras, una fábrica de juguetes y el proyecto ecoturístico. «Cada empresa posee su administración propia. La asamblea elige una comisión de acompañamiento para cada una de ellas. Cada unidad debe informar al comisariado sobre los movimientos económicos, que son llevadas para aprobación en la asamblea, normalmente son cada cuatro meses», explica el presidente.

Las ganancias son aplicadas para beneficio social. «Ningún comunero o ciudadano posee apoyo o beneficio directo económico. Los recursos son repartidos de acuerdo con las necesidades de la comunidad. El municipio tiene algunos empleados, como jardinero, bibliotecaria, una persona encargada del centro de cultura. Las empresas dan un aporte para pagar a estas personas», relata.

Tequio en Nochixtlan. Fotografía: Santiago Navarro

¿Será autonomía?

Poco se habla de autonomía como concepto entre la gente de las comunidades, definición tan perseguida por los espacios académicos. Es posible que no se tenga construido un concepto totalitario que pueda abrazar todos los matices y experiencias vividas por estos pueblos. Lo que si es seguro, es que bajo sus pies que han marcado su andar y entre el viento que agita los arboles esta el bien común de sus pueblos, de su lengua y sus tradiciones, esta su territorio, la madre tierra como la reconocen ellos.

La autonomía parece ser mas bien una cotidianidad que se respira y se siente en la armonía de su gente cuando va a dar su tequio –el trabajo colectivo– o cuando acude a la asamblea, o si es necesario defender el territorio, también cuando se festeja y se baila. En los cargos de autogobierno aun lo hacen como un símbolo de respeto hacia el que es elegido a dar el servicio sin ninguna remuneración económica.

El presidente de Guelatao reconoce que existe autonomía de organización política e social, pero es critico en relación a participación de recursos gubernamentales en las comunidades. «El gobierno se está metiendo en todo, desde que comenzó hacienda y crédito publico. Antes los campesino tenían puro campo, ahí éramos autónomos. Producimos, y nos manteníamos. No necesitábamos que viniese el recurso del gobierno. Se administraban las cuestiones de la municipalidad por cooperación de la comunidad. Ahora no tenemos autonomía al 100% porque dependemos de recursos do gobierno».

Para Martínez Luna, en la medida en que las comunidades garanticen, por ellas mismas, el abasto de alimento serán mas autónomas. «Que la autonomía no sea un ejercicio que nos inyecten de fuera, sino que sea la capacidad nuestra, ejercitada, no desarrollada».

Según el antropólogo, otros dos puntos son necesarios para garantizar la autonomía. «Tenemos que valorar lo que somos, porque así valoramos lo que tenemos, porque esto nos permite florecer en plenitud. Tenemos que pensar de manera descolonizada» La educación comunitaria es otro rumbo a seguir. «Impedir que el valor individual se introduzca a nuestra manera de ser, porque existe, pero tenemos que luchar por borrar eso a través de la educación comunitaria. Porque no soy yo o tú, somos nosotros».

Agradecimiento a la Madre Tierra en los Valles Centrales. Fotografía: **Santiago Navarro F**

Amenazas

Algunas comunidades indígenas han sido penetradas por los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, quienes ofrecen despensas o condicionan apoyos económicos del gobierno que de todos modos tienen que llegar a manos de los campesinos o indígenas. Otra forma en que han influido, es cuando hacen acto de presencia junto con empresas constructoras que les ofrecen un porcentaje del presupuesto destinado a ciertas construcciones de obra publica a las autoridades o representantes de la comunidad y a cambio deben aceptar dichos proyectos. En algunos casos, donde el monto económico es mas alto, como los parque eólicos, contratan sicarios o crean grupos de choque para enfrentar a la misma comunidad y así pueda injerir el Estado para restablecer «el Estado de derecho», a tal grado de que hay líderes indígenas que han sido asesinados por no aceptar dichos proyectos».

«Reconocemos que enfrentamos el despojo de las empresas transnacionales y el hostigamiento de los malos gobiernos a través de sus partidos políticos, entrega de programas y dinero que corrompen a muchos líderes y nos dividen en nuestras comunidades», sostiene la declaración del Congreso Nacional Indígena (CNI) de la región Istmo, realizada en marzo del 2014.

Mientras que en otros pueblos de México y Latinoamérica se ha desatado una lucha férrea por el reconocimiento de los derechos y cultura indígena, en este estado se debate una nueva legislación en la materia y al mismo tiempo hay proyectos a gran escala que siguen avanzando.

Textos que complementan la serie

Tierras comunales, teatro de operaciones de la contrainsurgencia

La migración transforma usos y costumbres en México y la participación de la mujer en las comunidades

Reforma electoral en México pone en riesgo la autodeterminación de pueblos indígenas

Implementan grupos de choque para imponer el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec

Por

Santiago Navarro F

3 marzo, 2013

Oaxaca. La compra de autoridades y líderes sociales, la negociación de los fondos de la federación con los diferentes partidos políticos tanto de izquierda como de derecha, y el derrame económico en programas sociales, ha sido la estrategia que ha utilizado el gobierno federal y estatal en contubernio con las empresas transnacionales para justificar la ejecución del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec.

En una primera fase de este proyecto, en 1994 la empresa Iberdrola Renovables implementó un proyecto piloto con el parque eólico La Ventosa 1, utilizando una estrategia por medio de engaños para que la gente firmara los contratos, sin ninguna traducción en la lengua originaria de estos pueblos. Asimismo, prometieron fuentes de empleo bien remunerados y una cantidad fija por el arrendamiento de las tierras.

Actualmente estas estrategias han quedado obsoletas y se ha recurrido a la conformación de grupos de choque para contrarrestar y debilitar la resistencia de los pueblos. En los últimos días, estos grupos han amedrentado a los habitantes que sostienen barricadas para no permitir la construcción de estos parques eólicos. Uno de los habitantes que integra la barricada de la Séptima sección hacia Playa Vicente, comenta: Hace unos días vinieron personas vestidas de civil con armas de fuego, nos empezaron a disparar y ya desde hace tiempo hemos recibido amenazas de la CROC, CTM y el sindicato de la empresa Corona. Nosotros responsabilizamos a Alfredo Linares cercano al PRD por estas agresiones. También nos comenta que la gente ha respondido a favor de la resistencia. El día de las agresiones se concentraron más de 600 personas a respaldarnos, gente que no tiene miedo y que está decidida a todo por que no pase este proyecto.

Actualmente son cuatro puntos estratégicos donde se mantiene una resistencia férrea: En San Dionisio del Mar está tomado el palacio municipal desde enero de 2012 y en Juchitán hay una barricada en la colonia Álvaro Obregón para impedir el paso de Mareña Renovables a la barra de Santa Teresa; también en esta ciudad pero a la salida de la Séptima Sección hacia Playa Vicente hay otro bloqueo para evitar el paso de Fenosa Gas Natural que pretende construir un parque eólico en ese lugar y en San Mateo se desconoció al presidente municipal, Francisco Valle, por estar a favor de Mareña Renovables.

Según las Asamblea del pueblo de San Dionisio del Mar y Popular de Juchitán y de la Asamblea de Pueblos Indígenasdel Istmo (de Tehuantepec) en Defensa de la Tierra y el Territorio, así como del Grupo Solidario de La Venta, en rueda de prensa realizada en la Casa de la Cultura juchiteca, mencionan: Son las empresas transnacionales constructoras las que están promoviendo la creación de grupos de choque para romper la resistencia.

El día 21 de marzo, un grupo de hombres vinculados al presidente municipal priista, Francisco Valle Piamonte, detuvieron a Rosa Rojas y Francisco Olvera, reportera y fotógrafo de La Jornada, así como a otros tres periodistas de medios alternativos y un habitante del municipio de San Mateo del Mar.

No es la primera vez que grupos de choque del Partido Revolucionario Institucional (PRI) intentan agredir a personas que apoyan la resistencia contra el proyecto eólico. En noviembre del 2012, más de una treintena de militantes de este partido, intentaron desalojar de forma violenta a la gente que mantenía tomado el palacio municipal de San Dionisio del Mar, entre ellos estaban: Jorge Castellanos Pino y Ernesto Juárez Valdivieso y Ruperto Martínez, René Martínez, Celestino Olivera, Edilberto Rodríguez López, Jacinto Pineda López y Héctor Gallegos Pablo, quienes golpearon a los habitantes y saquearon el municipio.

Los grupos de choque han tenido una mayor presencia en los espacios considerados rojos por parte del estado, donde se ha detenido la inversión extranjera en los proyectos de minería, presas hidroeléctricas, proyectos eólicos y muchos otros proyectos que implican efectos negativos para los pueblos originarios. Los grupos de choque cuentan con armas exclusivas de ejército, con vehículos y con financiamiento para moverse, no actúan por cuenta propia, ni mucho menos a la deriva, son selectivos y tienen órdenes de desarticular los procesos de resistencia.

Es posible que esta estrategia siga la lógica del ex director de la policía colombiana, el general Oscar Naranjo, asesor de Enrique Peña Nieto, quien entre sus recomendaciones, sugirió al presidente de México que creara grupos de choque mixtos, entre el ejército, la armada y la policía para contener la violencia que ha provocado el narcotráfico y la delincuencia organizada.

No hay que olvidar que la creciente criminalización de la protesta y la lucha social ha sido vinculada o reducida al crimen organizado, esto se acompaña de un aumento de la represión policial, los grupos de choque o mejor conocidos como grupos paramilitares, que han respondido a los intereses del Estado o al capital financiero transnacional, por lo tanto, lo que sucede con el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec no está desconectado, ni es un problema local, ya que hay una intervención directa del gobierno federal y estatal, de los inversionistas y de los partidos políticos.

De la economía verde a la comunalidad

Por

Santiago Navarro F

24 julio, 2012

^{Sierra Norte de Oaxaca. Foto por Santiago Navarro F}

En la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20) celebrada el pasado mes de junio en Brasil, los presidentes Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, y José Mujica de Uruguay utilizaron sus intervenciones para denunciar la llamada economía verde como una forma de “nuevo colonialismo”.

“Por un lado es un colonialismo de la naturaleza, al mercantilizar las fuentes naturales de la vida y por otro es un colonialismo a los países del Sur que cargan en sus espaldas la responsabilidad de proteger el medio ambiente que es destruido por la economía capitalista industrial del Norte,” declaró el Presidente Morales. “Este llamado ambientalismo mercantiliza la naturaleza convirtiendo cada árbol, cada planta, cada gota de agua y cada ser de la naturaleza en una mercancía sometida a la dictadura del mercado que privatiza la riqueza y socializa la pobreza”, agregó el mandatario de Bolivia.

A pesar de las críticas, que han hecho principalmente indígenas en varias partes del mundo en contra de las medidas sobre la “economía verde” y el desarrollismo, los tres presidentes estuvieron dentro de la minoría entre sus homólogos en el cumbre del Río+20 y la resolución final terminó retomando la denominada “economía verde” como nuevo modelo económico para “erradicar la pobreza y contribuir al crecimiento sostenible, manteniendo el funcionamiento saludable de los ecosistemas y de la Tierra”.

En un acercamiento a la Sierra Norte de Oaxaca, en el sur de México, las comunidades hacen eco de las voces que ven a la economía verde como un modelo que margina las iniciativas de los pueblos indígenas, quienes no creen en el desarrollo desde el punto de vista del crecimiento económico exponencial como una solución real a la crisis ambiental y ecológica.

Jaime Martínez Luna, indígena zapoteco de Guelatao, presidente de la fundación Comunalidad A.C. y autor del libro “Eso que llaman comunalidad”, en entrevista nos habla sobre la comunalidad y el desarrollo.

“Estamos en contra del desarrollo porque es lineal y ascendente. Nosotros somos circulares, no somos el centro, no somos dueños de la naturaleza, ella es dueña de nosotros. La comunalidad, más que un concepto, es una forma de vida que se fundamenta en la asamblea, los cargos de representación, las festividades, el tequio y la colectividad. Es un conocimiento desde dentro, que nace de la observación de lo que hacemos cotidianamente”, señala Luna.

Las Naciones Unidas y los promotores de una nueva economía más limpia han trabajado en muchas propuestas como alternativa al fin de la era del modelo económico que aún tiene como base los hidrocarburos. Esto implica una reconfiguración de los nuevos espacios y tiempos de un nuevo mercado, que busca sustituir los hidrocarburos por nuevas tecnologías, que funcionen mediante carbohidratos y bioenergéticos con la finalidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono (Co2) y poder mantener el crecimiento económico.

Existen diferentes intereses en torno a este nuevo tipo de economía. Por una parte están los inversionistas del capital transnacional que han invertido millones de dólares en la reconversión energética, el monopolio de las llamadas tecnologías limpias y el redituable mercado de los bonos de carbono –permisos de contaminación. En ese mismo sentido se encuentran los ambientalistas que han ejecutado las políticas verdes emanadas de estos organismos internacionales.

Por otro lado se encuentran las comunidades indígenas asentadas en los 10 países que concentran la mayor biodiversidad en el mundo, quienes se identifican como parte de la madre tierra y su diversidad. Por lo tanto, más que conservar sus recursos, trabajan por la preservación de sus formas de relaciones sociales y de sus saberes locales, pues existe una cosmovisión práctica que se ha ido perdiendo por la influencia del pensamiento occidentalista, que les ha enseñado a verse como individuos, pensar de forma lineal y homogénea.

El territorio de estas comunidades indígenas representa la plataforma para el mercado de Bonos Carbono, por medio de la creación de Parques Nacionales, Áreas Nacionales Protegidas, Patrimonio de la Humanidad, Áreas de Conservación Transfronterizas, Parques Transnacionales – también llamados Parques para la Paz, Corredores Ecológicos o Biológicos y las redes de Áreas Protegidas.

México es el tercer país dentro esta jerarquía de los países más ricos en cuanto a diversidad biológica y el Estado de Oaxaca – mayoritariamente indígena – representa el número uno dentro de este país y forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano.

Por más de dos décadas han hecho acto de presencia en este lugar organismos como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), Conservación Internacional (CI), y The Nature Conservancy (TNC) y empresas como Televisa, Gamesa, Coca Cola, Novartis, entre otras más quienes han ejecutado sus proyectos muchas veces sin el consentimiento o sin la información necesaria para las comunidades nativas.

En entrevista, autoridades de bienes comunales de la Sierra Mixe y la Sierra Juárez expresaron sus puntos de vista respeto a la “economía verde”.

Meliton Jiménez, presidente de vigilancia en Tlahuitoltepec, dice, “ellos ponen el precio y es un mínimo apoyo para la autoridad, la gente está molesta porque se les está expropiando parte del territorio para venta de carbono y preguntan de qué van a comer. Creemos que de todos modos necesitamos los árboles y cuidar nuestro medio ambiente. No conocemos bien los bonos de carbono para exigir que paguen lo que debe de ser, pensamos que nos dan lo que puedan”.

Ulises Díaz, suplente del secretario de bienes comunales, señala, “desde 1985 decidimos tener más cuidado de nuestro medio ambiente y en el 2002 Servicios Ambientales de Oaxaca (SAO) y PRONATURA llegaron a complementar nuestro trabajo y por medio de estas ONGs vendemos el oxígeno a CHINOIN, Fundación Televisa y Gamesa. Es compromiso de todos, pero más de los países que contaminan en una mayor medida, deben de ser responsables y tener conciencia y todos debemos de aportar, no sólo los que tenemos bosques”.

Wilfred Mendoza Jiménez, también de Tlahuitoltepec, explica el problema de dar patentes a una comunidad y no a otra. “Desde los años 90 ha habido presencia de organizaciones de las Naciones Unidas. Novartis en conjunto con el gobierno estatal y federal han realizado prácticas de bioprospección. Novartis hizo estudios en el suelo de Calpulalpan y desarrollaron patentes, a cambio les dieron un laboratorio. Pero sabemos que los microorganismos no miden territorios y también se encuentran en nuestras comunidades, pero ya no nos pertenecen”, puntualiza Mendoza.

Las diferentes comunidades de esta región se ven identificadas en la necesidad de conservar y rescatar el conocimiento perdido que les han heredado sus ancestros. Sus alternativas en relación al conservacionismo y lo que representa la economía verde o el llamado desarrollo, son sus propias formas de vida tradicional, lo comunal y colectivo.

Algunos han decidido marcar una distancia entre el conocimiento occidental que se muestra cerrado a sus alternativas y buscan retomar la memoria histórica para poder identificar cuáles han sido los motivos del rompimiento de los principios comunales en su esencia.

Martínez Luna nos comenta, “en la región se ha dado una gran lucha por detener las concesiones de los bosques y se ha logrado detener varios proyectos mineros a nivel nacional. Podemos jactarnos de que en la región existe un elevado índice de conservación de la naturaleza, el medio ambiente permanece protegido por decisión comunitaria y no es de nuestra propiedad, porque en nuestras comunidades no existe la propiedad privada, existe la posesión comunal. Se ha hecho bioprospección en diferentes niveles, unos permitidos por la comunidad y otros sin la intervención de la comunidad, hay intereses en conocer lo que tenemos. Puede venir cualquiera, pero si no se autoriza por la comunidad, no entran“.

Martínez Luna remarca que es necesario "entender y valorar lo que somos, porque de esta forma valoramos lo que tenemos; no entrar en la competencia, sino reproducir la compartencia; e impedir la intromisión descarada de los principios individualistas".

De la economía verde a la comunalidad existen diferentes principios e intereses. En la primera predomina el crecimiento y el desarrollo sustentable, pero la lógica sigue siendo la acumulación y la ganancia de capital que beneficia sólo a algunas personas. En el otro sobresale lo colectivo, lo comunal y lo diverso. No es que no quieran mejores condiciones de vida, pero no de la forma irracional del desarrollo económico que persiste mediante el subdesarrollo de otros países y regiones.

Hoy día muchos pueblos indígenas de Latinoamérica hacen eco de sus modos de pensamiento y acción, desde la comunalidad que se retoma en la sierra Norte de Oaxaca, el Mandar Obedeciendo y el Nosotros desde el sureste mexicano, hasta el Buen Vivir de los bolivianos. Voces que reclaman una deuda ecológica pendiente de los países del norte para con los del sur, pues lo que ellos conocen por desarrollo, no es más que la medida del saqueo y la destrucción de los ecosistemas y de los pueblos indígenas.

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