El Fuerte de San Felipe, en Chetumal, logró detener a los piratas del siglo XVI pero no a la modernidad. A pocos kilómetros de la ciudad de Bacalar, donde se encuentra el fuerte y la bahía que lleva el mismo nombre, hay una pequeña población (41,754 habitantes) conformada en un origen por indígenas mayas, motivo por el cual el cuerpo de agua toma su nombre de un vocablo de la misma cultura (Bakhalal) que significa “rodeada de carrizos”. Sin embargo, tras cruzar la carretera con doble sentido que conduce a esta laguna milenaria, los hoteles de gran turismo que ofrecen habitaciones en idiomas extranjeros y algunos restaurantes de comida internacional, hacen que resulte imposible verificar la veracidad del origen del nombre.
Y el fenómeno se repite por toda la bahía. Con sus 45 kilómetros de longitud, lo que alguna vez fue una comunidad próspera, con orígenes indígenas y campesinos, ahora está circundada por resorts, casas en subarrendamiento por plataformas digitales y comercio internacional. Apenas tres escasos lugares mantienen entradas abiertas al público en general en la laguna, el Balneario Ejidal Mágico Bacalar, el Parque Ecológico y el Muelle. Estas son todas las entradas, incluso para los habitantes originarios.
“Es un problema que tiene origen en los años 70’s, que comenzó con el exgobernador priista, David Gustavo Gutiérrez Ruíz y concluyó con Jesus Martínez Roos. Antes de ellos, todas las tierras pertenecían a los ejidatarios y comuneros de Bacalar”, explica Aldair T´uut´, campesino maya habitante de Bacalar e integrante de la Asamblea Múuch' Xíinbal.
Para Aldair, el problema estalló tras el anuncio del Gobierno Federal de la construcción de un megaproyecto que contemplaba la construcción de una estación de tren a casi 20 kilómetros de su comunidad. “El Tren Maya, de la noche a la mañana, arrasó con manglares, vegetación y selva sin que las autoridades dieran avisos”, explica. Muchas personas, vecinas de Aldair y también mayas, tuvieron que mover sus viviendas para no ser aplastadas por el Tren.
No hay otra palabra que no sea “violencia”
Aldair T´uut´, como parte de la Asamblea Múuch' Xíinbal, explica que tras la llegada del tren, su principal interés como comunidad es la de mantener el diálogo con las autoridades federales para analizar los problemas que aparecieron en su comunidad con este megaproyecto, al que reclama, “nos robó la identidad”.
Sus mayores preocupaciones son dos. La primera tiene que ver con una vena del estero de Chac, un riachuelo que alimenta tanto a la laguna Xul-Ha como a Bacalar, donde denuncia que las autoridades han obstruido el flujo del agua, del tal modo que cortan la vida del lago. “La laguna de los siete colores tiene una vena tapada”, asegura entristecido.
La segunda preocupación es más compleja. Aldair comenta que tras la entrega de la gestión de los tramos 6 y 7 al ejército (que corresponden a los tramos de Bacalar), los militares fueron quienes realizaron las negociaciones con algunos integrantes de los ejidos. Muchos de ellos no tuvieron opción a negarse debido a intimidaciones. Dichos actos fueron expuestos al público por la propia comunidad sin que fueran retomados por los medios de comunicación locales, denuncia.
“Las negociaciones (del ejército) realmente terminan empujando al ejido. Ellos (los militares) dicen --bueno pues tuve que hacer esto (destrozar casas y vaciar viviendas) porque yo ya te compré las tierras a ti (comunero)--. Y eso tiene que ver con estrategias que hace el gobierno para dividir a la comunidad, o sea, a unos los obliga a vender y luego a los otros les obliga a ir a sacar a su propia gente de su tierra. ¿Cómo queda el pueblo? Así empiezan a crear conflictos y división”, explica.
¿Cómo llegó la SEDENA a dirigir el proyecto?
A pesar de que el gobierno asegura que son los militares quienes construyen el Tren Maya, salvo por las delimitaciones fronterizas con Belice, en todo Chetumal resulta extraño o poco frecuente ver militares en las callejuelas por donde dicen que la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) construye lo que será el tren de pasajeros. Esto es igual tanto en la estación frente al aeropuerto como en el fragmento a tierra abierta del tramo 7 rumbo a la laguna de los siete colores.
Y tiene sentido, pues en un origen no serían militares los encargados de la obra. En un inicio, el gobierno delegó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) como la entidad que coordinaría los procesos de contratación para la construcción del Tren Maya. Para dicha labor, las autoridades hicieron uso de la empresa estatal Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V..
Los hechos cambiaron en septiembre del 2023 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó dicha labor a la SEDENA mediante la publicación de un decreto que otorgó facultades administrativas a través de la empresa Tren Maya, S.A. de C.V,. en donde el 99% de las acciones fueron asignadas a la SEDENA y el 1% restantes al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada SNC. Dicho acto generó la ampliación al presupuesto castrense y determinó que serían ellos quienes ejecutarían el resto del proyecto.
Tan sólo en el mes de enero del año en curso, ya con los militares operando el proyecto, el Gobierno Federal ha erogado un total de 75,455,056.57 pesos mexicanos (4 millones de dólares al tipo de cambio del viernes 23 de febrero 2024), lo anterior con fines de continuar la construcción del megaproyecto. En total se trata de 23 adquisiciones divididas en dos secretarías, la SEDENA, con 16 contratos; y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con siete. Así lo revela el portal de compras públicas del Gobierno de México analizado por este reportaje.
Sin embargo, algunos gastos no se pueden explicar sólo con las facturas que el gobierno hizo públicas. Y la revelación de los mismos carece de información relevante como los motivos de algunas compras, que podrían ser cuestionadas por sus costos o su escasa y confusa información.
Del total de contratos, aparece la compra, por ejemplo, de una serie de botes de 50 galones para el depósito de basura o residuos con un costo superior a los 7 mil pesos mexicanos cada uno. Sin embargo, este mismo producto se oferta al público por menos de la mitad del precio al que lo adquirieron los militares. Este contrato forma parte de un compilado de adquisiciones que el Gobierno Federal asegura que serán para el equipamiento de los edificios corporativos de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria (EPEM) “Tren Maya, S.A de C.V.”, la cual estaría lista este 2024 y que continúa sin operar.
Otro dato que resulta confuso es que el mismo documento es por un monto superior a los 21 millones de pesos y según lo reportado en CompraNet, se trata de una adjudicación a una pequeña empresa; sin embargo, cuando se analiza la información a profundidad, resulta que se trata de varias compras comprimidas pero dirigidas a diferentes razones sociales.
El equipo de este reportaje solicitó una entrevista con el personal de SEDENA para tratar de comprender el motivo de dichas compras pero hasta el momento del cierre de esta edición, ninguna autoridad respondió a la solicitud y la información de los contratos carece de descripciones explícitas de las compras, cuando se solicita esta información por transparencia, se niega apelando a Seguridad Nacional.
Respecto a las compras de tierras ejidales por la misma SEDENA, la comunidad de Múuch' Xíinbal asegura que no fueron debidamente informados, de tal modo que vía transparencia, se solicitó el listado de comunidades que fueron informadas de dichos procesos. Sin embargo, el documento donde se reportan dichas actividades se encuentra tan testado que resulta imposible saber si la comunidad fue advertida debidamente de los procesos.
“Ellos dañaron nuestro río pero nadie resultó cuestionado, si hubiéramos sido nosotros estaríamos presos. Aquí el gobierno dijo que se trató de un error humano pero no fue así. Entonces me pregunto, cuál Tren Maya, cuál cultura” y Aldair T´uut´ termina, “Nos lo arrebataron todo, hasta el nombre”.
En portada: Miembros de la Comunidad Otomí durante su participación en la Segunda Asamblea por el Agua y la Vida realizada en Amealco, Querétaro. Foto: Santiago Navarro F
Organizaciones, pueblos y colectivos en defensa del agua, en múltiples geografías de México, convocan a la Cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida a realizarse los próximos días 23 y 24 de marzo en la comunidad de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala.
En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Agua, la convocatoria enfatiza que el despojo del territorio y, por ende, el saqueo del agua contra los pueblos originarios y comunidades indígenas, no solo sucede en este país, sino a nivel global pues consideran forma parte de la guerra capitalista.
En ese sentido, subrayan que a pesar de que el agua es un elemento esencial para la vida, la crisis hídrica actual muestra que su disponibilidad está al servicio de la industria y millonarios. En particular, señalan el caso de las comunidades de Tlaxcala, estado sede de la próxima Asamblea, donde acusan se vive la sobreexplotación de pozos de agua a través de la instalación de industrias e inmobiliarias sin ningún tipo de regulación.
Señalan que la población del municipio sede, La Magdalena Tlaltelulco, se enfrenta al “despojo autoritario y violento de los pozos de agua pertenecientes a la comunidad ejidal, poniendo en riesgo su única fuente de subsistencia que es la agricultura, pero también la vida comunitaria con sus dinámicas y formas de organización propias y autónomas”.
También mencionan a las empresas trasnacionales que llegan al estado de Tlaxcala mediante proyectos de energías verdes, los cuales “llegan a privar a la población de las lluvias y el agua para las cosechas. Estos proyectos de “desarrollo” contaminan el suelo, el aire y las aguas que llegan a ríos y lagos, dañan la salud de las y los pobladores”.
Movilizaciones frente a las instalaciones de la CONAGUA en la Ciudad de México. Septiembre, 2023.
Las organizaciones lo ejemplifican también con la falta de agua que prevalece en la Zona Metropolitana del Valle de México. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó que el “Día Cero”, es decir, cuando el suministro libre de agua terminará y el acceso al líquido comenzará a ser racionado para dicha región llegará el próximo 26 de junio.
Al mismo tiempo, señalan que la iniciativa privada exige la “actualización” de los marcos legales y regulatorios para continuar con el acaparamiento del agua. Ante ello, denuncian que existe una “guerra por el agua” donde CONAGUA “opera con impunidad y complicidad en beneficios de la iniciativa privada, las transnacionales y al gran capital financiero”.
¡Sí hay agua, la tienen secuestrada!
La convocatoria emitida este martes (27) cita una investigación realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana donde indica que “un reducido grupo de políticos y empresas son responsables del saqueo y despojo del agua entre los que destacan: la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, con un despojo de agua de 143.7 mil millones de litros al año, Mexicana del Cobre, con un despojo de agua de 445 mil millones de litros al año y Compañía Industrial Minera, con un despojo de agua de 8 mil millones de litros al año”, detallan.
Enlistan también empresas que producen alimentos chatarras, tales como la trasnacional Coca Cola, que reporta el uso de 55 mil millones de litros de agua al año. O las empresas Danone y Nestlé, la primera que extrae 15 mil millones de litros y la segunda con 10 mil millones. “Sigue la lista, con Bimbo, Bachoco – empresas de pollo, Walmart, empresas inmobiliarias, y muchas más recibiendo toda el agua que quieran, mientras muchas personas y familias no tienen”, enfatizan.
Despojo y reordenamiento, institucionalizados
Las comunidades y organizaciones lanzan un llamado de alerta frente a diversas iniciativas que, desde el ámbito gubernamental y legislativo, pretenden institucionalizar el despojo del agua.
Citan los casos que se desarrollan en Querétaro con la iniciativa de Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado; en Puebla con la Ley de Agua y Saneamiento y en Tlaxcala con la Ley para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Cabe recordar que en Querétaro, desde marzo de 2021 existe una resistencia ante la denominada Ley de Aguas la cual contempla la posibilidad de que los municipios y la Comisión Estatal de Aguas (CEA) puedan privatizar el agua al otorgar concesiones a empresas particulares por un plazo de hasta 20 años.
De acuerdo con activistas e integrantes de la comunidad Otomí de Santiago Mexquititlán, no bastó con evidenciar el saqueo del agua y las múltiples irregularidades en que incurrieron funcionarios públicos, pues ello no fue tomado en cuenta por la CEA, quien favoreció a empresas privadas en su mayoría inmobiliarias por encima de los derechos de los pueblos.
Esto sucede aún cuando en un reporte del pasado 5 de febrero, CONAGUA apuntó que Querétaro es una de las entidades donde se reporta una sequía excepcional.
A su vez, la convocatoria también elude al acelerado proceso de reordenamiento territorial a través de megaproyectos promovidos por la autodenominada “Cuarta Transformación”.
Enre ellos están el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Proyecto Integral Morelos. “En Querétaro, CDMX, Tlaxcala y Puebla, el reordenamiento se nombra: Tren México-Querétaro, Programa General de Ordenamiento Territorial, Programa Metropolitano de Puebla-Tlaxcala respectivamente”.
Las comunidades en resistencia aseveran que estos planes y programas son diseñados y orquestados por un puñado de personas, “que pretenden decidir sobre la vida de pueblos completos, para satisfacer su ambición y atender las demandas de los grandes inversionistas diseñando la muerte y la destrucción de nuestras comunidades”.
Trabajos de la Tercera Asamblea por el Agua y la Vida realizada en la ciudad de México.
En el llamado para participar en la próxima Asamblea, se hace énfasis en lo que consideran crisis estructural así como por la violencia, el incremento de la inseguridad y de las actividades del crimen organizado con “la proliferación de grupos paramilitares, se incrementaron al amparo de la clase política y el gobierno en turno; el objetivo, contener la resistencia y organización de los pueblos”.
Ante ello, los convocantes a la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida definen sus principios como anticapitalista, antipatriarcal y antipartidista, autónoma y autogestiva. Remarcan que “luchamos, defendemos y resistimos desde nuestra misma existencia y nos sostenemos en la construcción de cuidados colectivos en la búsqueda de la autonomía de nuestros cuerpos-territorios tejiendo redes comunitarias por la defensa de la vida”.
En portada: Clausura de polígonos de concesiones mineras en los Chimalapas. Foto: Colectivo Matzá.
El pasado 21 de febrero, en una sesión de cabildo celebrada en el Municipio de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, se declaró el territorio municipal zoque “libre de minería”.
De esta asamblea derivó el llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, para que “nieguen la autorización de manifestación de impacto ambiental” para la empresa canadiense Minaurum Gold, quien pretende explotar oro y cobre en esta región.
Días después de esta declaratoria, la titular de Semarnat respondió a la determinación de las autoridades municipales de San Miguel Chimalapa, expresando su reconocimiento a la decisión de este pueblo indígena zoque.
En un oficio dirigido al Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional, Albores González afirmó que “el Gobierno de México celebra y respalda la decisión de declarar el territorio ancestral zoque libre de minería”.
Clausura de polígonos de concesiones mineras en los Chimalapas. Foto: Colectivo Matzá.
Reafirmó el compromiso del gobierno de México de no autorizar ningún proyecto de minería en el territorio de San Miguel Chimalapa y destacó que la determinación del municipio representa un acto de defensa de sus espacios y fuente de vida, así como de protección a las personas, familias y comunidades.
La realidad
A pesar de la declaración de las autoridades ambientales, las dos concesiones mineras que comprenden el proyecto minero Santa Marta, perteneciente a la empresa Minaurum Gold, con número actualizado de títulos correspondientemente 246936 y 225472, se encuentran vigentes ante la Secretaría de Economía.
Estas concesiones están establecidas en el lote minero Jackita y Mar de Cobre según los títulos, las cuales tienen una vigencia hasta 2055 y 2058 cada una, así lo establecen los documentos emitidos por la Secretaría de Economía.
Además de ello, Minaurum Gold, Inc. especula con sus acciones en la bolsa de varores, donde contempla, en su cartera, a los proyectos Álamos, Aurifer, Adelita, Aurena, Vuelcos del Destino, Biricu, Taviche y Santa Marta.
Darrell Rader, el presidente y CEO de Minaurum Gold, ha anunciado el pasado 14 de febrero a sus inverionistas, que sus principales descubrimientos están en México. “Tenemos lo que llamamos un modelo generador de descubrimientos y el objetivo es adquirir, avanzar y, en última instancia, monetizar proyectos a escala de distrito en México”, señaló el representate de la empresa.
Además, Darrell Rader ha agregado que tienen, “un historial de haber descubierto más de 16 millones de onzas de oro y 300 millones de onzas de plata en México hasta ahora. Y, por primera vez, Minaurum ha reunido a todo su equipo para hacer un nuevo descubrimiento”, sin detallar cual es el nuevo descubrimiento.
A esto se suma que las dos concesiones mineras están ubicadas en dos municipios, San Miguel Chimalpa y Santo Domingo Zanatepec, el segundo municipio no ha emitido declaración alguna.
El comisariado de bienes comunales de San Miguel Chimalapa, Vicente Contreras, ha advertido que están en litigio con Zanatepec, por un problema de límites, de un aproximado de 13 mil 480 hectáreas. En esa extensión se encuentran las minas. “Hubo una sentencia en 2001 y otra en 2017 a favor de Zanatepec. Entonces, actualmente, hay un nuevo proceso con un recurso de revisión que interpusimos que, hasta el momento, sigue en el tribunal”, señala la autoridad agraria.
Así que la situación “aún no está resuelta y están latentes las diversas estrategias que ha usado la empresa [para lograr los permisos], entonces estamos a la expectativa”, advierte.
Contreras está consiente de que las concesiones mineras tienen una vigencia de 50 años y que la empresa ha buscado diversas estrategias para poder avanzar con la exploración minera. “Es seguro que en algún momento vuelvan a intentar entrar a nuestras comunidades. Pero lo que nos urge es resolver el límite de tierras y después buscar hacer conciencia con el muncipio vecino para que de ninguna forma se de entrada a la minera”, dijo el comisariado.
En portada: Fuga de petróleo en un pozo al norte de Veracruz donde las instalaciones para la extracción de hidrocarburos en la zona se encuentran abandonadas. El derrame afecta tierras y fuentes de agua de las comunidades circundantes. Foto: Regina López.
Son diversos los casos en México que dan cuenta de un incremento de la violencia desplegada en contra de poblaciones campesinas e indígenas para dar paso a la imposición de megaproyectos. Es en este escenario donde se inserta el análisis que comparten habitantes del norte de Veracruz, en la región del Totonacapan, sobre la vinculación que existe entre tres actores que consideran fundamentales para el despojo de los territorios: empresas, Estado y crimen.
En voz de Óscar Espino, activista y defensor de derechos humanos en Veracruz, acompañante de colectivos de personas buscadoras e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), la denuncia señala la lógica de terror impuesta por parte de estos actores, con la intención de inmovilizar a la población y, así, evitar la organización y resistencias comunitarias.
Según la reflexión de las comunidades del Totonacapan, la violencia de estos tres actores promueve el vaciamiento de sentido de los territorios para el despojo multidimensional: el territorial, económico, organizativo y político, entre otros, para con ello catalogarlos meramente como zonas de extracción.
“No puedes luchar con una lógica de terror impuesta sobre tu territorio, por ahí está la lógica de geoterror”, sostiene Espino y lo ejemplifica con el caso del norte de Veracruz, una región sumida en actos violentos como las ejecuciones y desapariciones, enmarcada como una zona prioritaria, histórica y actualmente, para la extracción de hidrocarburos.
Fotos: Regina López
Para Óscar Espino, la finalidad de las estrategias de geoterror es quitar del camino a las comunidades, quienes “estorban” ante los planes para imponer megaproyectos de “desarrollo”.
La región del norte de Veracruz es atravesada por múltiples megaproyectos que buscan explotar fuentes de agua, como el Proyecto Trasvase de Pánuco que pretende extraer el líquido con destino a estados del norte como Tamaulipas y Nuevo León.
También pretende dar continuidad con la extracción de hidrocarburos mediante métodos no convencionales, como la fractura hidráulica, dentro del proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG). De acuerdo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en esta región se han fracturado 3,358 pozos.
Foto: Regina López
A esto se añade las afectaciones en los ecosistemas del Golfo de México por el paso del gasoducto Puerta al sureste, ducto submarino de 715 kilómetros que conectará con infraestructura al sur de Texas, para la exportación de gas natural proveniente de EEUU y Canadá.
Acorde al testimonio de Espino, la actuación de las empresas, Estado y crimen tiene como objetivo transformar la vida del campesino, al cual necesitan como cuidador, promotor y sometido al megaproyecto. De acuerdo al análisis, esto lo consiguen no solo mediante la violencia. “Esta lógica de terror empieza así, no empieza llevando armas, empieza seduciendo”, subraya el activista sobre las condiciones que limitan la articulación y organización comunitaria para la defensa de los territorios en esta zona del país.
Esta publicación forma parte de una serie de diálogos con participantes de la Asamblea del CNI realizada en Puebla durante el 2023. Puedes consultar las entregas pasadas sobre los procesos de resistencia en la Sierra Mazateca, Sonora, el Istmo de Tehuantepec, Michoacán y Quintana Roo. A continuación, presentamos extractos de la conversación con Óscar Espino.
Avispa Mídia (AM): Durante las reuniones con delegados del CNI compartiste algunos elementos de la reflexión que realizan desde el norte de Veracruz sobre lo que llaman estrategias de geoterror, ¿podrías platicarnos más acerca de ello?
Óscar Espino (OE): El análisis lo hemos hecho de manera colectiva, entre los pueblos y las comunidades, las organizaciones de ahí en el Totonacapan. Primero no nos dábamos cuenta cuáles eran los mecanismos que tenían, tanto el Estado, como las empresas, como el crimen organizado para actuar en nuestros territorios, pero de estos tres actores veíamos que había una lógica de meter miedo a las comunidades.
Nosotros los veíamos aislados, como el crimen organizado haciendo su propia chamba, diciendo que ellos se dedicaban a la cuestión del narco; a las empresas haciendo sus planes de megaproyectos de hidrocarburos y al Estado haciendo las leyes y las cuestiones de hostigamiento y de represión, o señalamiento de las comunidades.
Pero cuando empezamos a profundizar en el análisis, pues nos dimos cuenta que, más bien, hay una sinergia, un maridaje entre estos tres actores y otros actores de poder en la región, como cacicazgos locales que están enquistados en las comunidades campesinas e indígenas que funcionan también como mecanismo de aglutinamiento de estos tres actores que meten terror y miedo a las comunidades.
AM: ¿Cuáles son los efectos en los territorios del Totonacapan derivados de estas estrategias de geoterror?
OE: Para las comunidades ha sido muy difícil ver cómo se empieza a renombrar su territorio. Deja de ser el Totonacapan para convertirse, por ejemplo, en territorio Zeta; en campo estratégico de extracción de hidrocarburos como el “Aceite Terciario del Golfo”; en zonas de amortiguamiento para un proyecto estratégico, en rondas de exploraciones y extracción de hidrocarburos. Nombrar el territorio de un modo, también da sentido para vivir en él. Ese renombrarse es también un especie de vaciamiento del territorio. Lo que nosotros decimos es que hay una sinergia de estos actores, tanto del Estado, como del crimen organizado, como de las empresas, de vaciar el territorio del corazón y del pensamiento. La cosa no es que no estemos en el territorio, sino que estamos perdiendo vínculo con él y ese vínculo se está perdiendo por esa lógica del terror.
Infraestructura para la extracción de hidrocarburos en el municipio de Papantla, Veracruz. Fotos: Regina López
Nosotros vemos otros pueblos que se levantan y luchan, pero no es lo mismo una comunidad, a la que ahorita le llega la minera, con toda la información que tiene y que puede plantarse frente a la minera, al Totonacapan que tiene 120 años de exploración y extracción de hidrocarburos. Lo que significa es que habemos generaciones, hay incluso abuelos, bisabuelos que nacieron ya con pozos en sus comunidades, con un despojo de inicio, de no sentirse dueños, porque los primeros que estaban fueron desplazados y a ellos se les ha relegado a vivir en espacios de convivencia o de conflicto permanente con la exploración y extracción de hidrocarburos.
Te estoy hablando que los primeros pozos fueron a inicios del siglo pasado. Estamos hablando de más de 100 años de exploración y extracción de hidrocarburos, pero además de una lógica económica asociada a la vida de los hidrocarburos. Los abuelos veían las chapopoteras, como brotaba naturalmente el hidrocarburo, pero no imaginaban nunca la devastación. Salían a la calle, fascinados de ver las máquinas que llegaban, pero empezaron a ver la destrucción cuando debajo de sus casas o donde pretendían hacer su parcela, o su milpa, empezaron a ver una red de ductos. De manera que se empezó a limitar el control territorial y la decisión que los pueblos tienen sobre su territorio.
La cuestión aquí es cómo sus vidas se vieron amenazadas por la propia permanencia de los ductos de las empresas de Petróleo Mexicanos (PEMEX), en un principio, pero además del riesgo permanente.
Hay comunidades que tienen, por ejemplo, centrales de turbinas con un ruido ensordecedor, de manera que en toda la comunidad, para poderse hablar de tú a tú, se tenían que gritar. Es un sistema de privaciones y de riesgos que empieza por la salud misma.
Gente con problemas de salud muy fuertes por el gas venteado en la zona que no tiene regulación y que el Estado simula diciendo que está en los parámetros controlados de emisión de gases a la atmósfera, cuando es totalmente falso. Eso, asociado a una red de ductos de infraestructura para la extracción de hidrocarburos que implica el uso del agua. Por ejemplo, comunidades que no tenían agua y entonces Pemex llegó y les metió el agua; pues decían, “qué chingón”, pero eso ha precarizado tanto, de manera que ahorita ya no tienen, porque el agua se usa para las instalaciones de hidrocarburos.
Pozo de agua contaminado por fugas de petróleo en el norte de Veracruz. Foto: Regina López.
Y todo un sistema de control también asociado al territorio. Primero, la depreciación de la vida campesina y, por otro lado, el alza de los precios de sus territorios. Entonces dicen ellos, “¿a ver, cómo?, no sirve mi territorio para sembrar, pero luego ¿llegan las empresas privadas?”.
Porque empezó a llegar gente de fuera, contratada por Pemex y otras empresas para hacer recorridos por las montañas, los valles y los territorios de los pueblos para ubicar zonas de exploración.
Nosotros supimos, desde un centro de derechos humanos, que drogaban a las personas para que aguantaran las jornadas infrahumanas, a un calor de más de 40 grados en el Totonacapan, y que fueran a ubicar los pozos. Después de eso, el trabajo que les dieron a los compas no es el trabajo de ingenieros y de petroleros, es limpiar los lodos, que es el trabajo más insalubre y depredador de la salud de los pueblos.
AM: Platicabas acerca de los métodos violentos para el despojo de los territorios, pero tambien acerca de otras estrategias que no implicaban el uso de la fuerza, ¿podrías darnos algunos ejemplos?
OE: Los pueblos implican una amenaza para la lógica del megaproyecto. A esta lógica, no solo estorba la relación del campesino con el territorio, sino el campesino siendo campesino. Necesitan al campesino siendo otra cosa, siendo cuidador de su megaproyecto, siendo promotor del megaproyecto, siendo súbdito del megaproyecto, siendo sometido al megaproyecto. Esta lógica de terror empieza así, no empieza llevando armas, empieza seduciendo. Se impone una hegemonía, le llaman “suave”, una hegemonía impuesta sobre los pueblos de manera que les convencen, desde la precariedad de la vida campesina, indígena, abandonada por el sistema de Estado, y entonces llegaban las empresas y decían “¿cuál es la necesidad más grande que tienen ustedes aquí ahorita?”.
Y se inventaron un programa que se llama Programa de apoyo a la comunidad y el medio ambiente (Pacma), ¡imagina!, la depredación hablando de apoyo a la comunidad y del medio ambiente. Pues con ese programa, ofrecían obras. Entonces llegaba un compañero defensor de derechos humanos y decía a las personas de los pueblos “no, compañeros, los están engañando”, pero eran solo palabras. Mientras los del programa llegaban y decían “aquí está” el recurso para la obra.
Eso metió la lógica de las empresas a las comunidades, ya no el conflicto fuerte, en donde las comunidades se plantaban frente a los pozos, porque las que se plantaban empezaron a ser criminalizadas. La negociación era inducida y sometida, ni siquiera era negociación, era un sometimiento.
Esa lógica empezó a meter el terror en la comunidad, el miedo de vivir en su territorio pensando que el día siguiente serían sacados o que el día siguiente iban a explotar, o que al día siguiente iba a haber un derrame, o que al día siguiente iba a haber un incendio, o que al día siguiente, al ir a su pozo, en vez de agua, irian sacar natas de crudo, o que iban a ver uno de sus animales muertos, porque en el arroyo donde estaba consumiendo agua, hubo un derrame. Es el miedo permanente a morir.
AM: ¿Cómo se da la participación del capital privado en este entramado para imponer la lógica del terror?
OE: Empezaron a aparecer los gestores de las empresas privadas, que eran contratadas por Pemex, por contratos de subrogación de actividades que Pemex no podía hacer. Esta transición fue cambiando de manera que, primero, veías solo a Pemex y después empezamos a contar hasta más de 40 empresas privadas. Los que llevan los ductos, los que llevan los líquidos, los que llevan los químicos, los que hacen la exploración, los que meten los fierros, los que lo quitan; cada empresa dentro de su propia lógica y cada uno deslindándose de la responsabilidad. Ya no sabías con quien pelearte.
Empezó a haber seguridad privada de las empresas y, después de eso, empezamos a ver cómo, a la par de que empezaban a introducir el megaproyecto, se empezaba a introducir la droga y el crimen organizado. Lo que no sabíamos es que el objetivo era desplazar a familias completas, desplazar a comunidades completas, desplazar a actores concretos de las comunidades, meter miedo, para imponer una lógica de terror.
Fotos: Regina López
No entendíamos si estaba vinculado al megaproyecto. ¿De qué nos defendemos? ¿del crimen organizado que empieza a llegar a nuestro territorio?, ¿nos defendemos del megaproyecto?, o ¿de la empresa que nos está jodiendo?, o ¿saneamos nuestro arroyo?, ¿nos cuidamos del gas que está venteándose?, o ¿sanamos nuestros oídos?. Esa es la lógica del terror.
AM: ¿En que circunstancias atestiguaron la vinculación del crimen con el Estado?
OE: Cuando empezamos a relacionarnos con otros colectivos de familias defensoras y buscadoras (de desaparecidos), empezamos a encontrar lógicas muy raras, porque nosotros andamos defendiendo el territorio para pedir que los pozos no dañaran y ellas andaban (buscando) entre los pozos.
Porque de estos miles de pozos que hay en el Totonacapan, la mayoría está en desuso. Son pozos viejos, de yacimientos que ya fueron explorados o ya fueron explotados y que tienen poco (hidrocarburos) y no les es redituable hasta que metan para hacer fracking, pero ahí está la infraestructura petrolera.
Por ejemplo, había uno que parecía un hotel. El crimen organizado ahí hacia sus reuniones. No se lo dieron a la comunidad que lo pidio para que hiciera su bachillerato, pero sí dejaron que el crimen organizado ocupara su territorio. Entonces, decíamos, “esto no es lógico”, ¿cómo el crimen organizado llega y hace una cocina?, -así le llaman a un centro de exterminio-, en una de las zonas de Pemex, y Pemex tiene seguridad y las empresas tienen seguridad y no pasa nada.
La gente de la comunidad nos decía, años después, veían que dejaron de ocuparlo, llegaban a barrerlo y hacían montones de tierra. Aventaban todo y ahí iban restos de carros, de cosas que se robaban y restos humanos, los botes con los hoyos donde ahí deshacían los cuerpos. Es una lógica perversa.
AM: Mencionaste que el despojo no es solo del territorio, ¿cuáles son esas otras expresiones?
OE: Hay un despojo económico con el modo de depreciar la vida campesina y, al mismo tiempo, especular sobre ella, del endeudamiento de la gente, del préstamo.
Infraestructura para la extracción de hidrocarburos en el municipio de Papantla, Veracruz. Foto: Regina López
Hay un despojo organizativo a la hora de quitarle la fuerza a la Asamblea y a sus autoridades. Un despojo político porque ya la gente ahorita no puede decidir sobre su propio territorio. Si hay un ducto y lo primero que te encuentras en tu parcela es un anuncio de “no cavar”, entonces, ¿cómo le hago?, y en la siguiente parte de tu parcela, el derrame de crudo que no puedes tú limpiar, ¿cómo lo limpias?.
AM: ¿Cómo las empresas se articulan para el despojo de los territorios con otros actores?
OE: Las universidades públicas estaban haciendo alianzas con las empresas y con Pemex para hacer contratos de colaboración para el despojo. Si quiere seguirse llamando universidad pública debe hacer investigación contra el despojo y debe declararse libre de fracking, así como nos declaramos las comunidades con nuestras asambleas, la universidad pública tiene que declararse libre de fracking. Pero lo primero que hicieron fue, “nueva oferta educativa: Ingeniería Petrolera”, o sea ingeniería para el despojo.
Óscar Espino hace énfasis en compartir el análisis de las y los habitantes del Norte de Veracruz, “a manera de espejo, como nos ha enseñado el CNI”, para, con ello, colaborar con otras comunidades y procesos de resistencia e identificar de manera previa a los actores y la lógica en que se mueven para la imposición de megaproyectos.
“A veces no imaginamos esta lógica perversa de terror impuesta sobre nuestras comunidades, y nos toma mucho tiempo descubrirla”, sostiene Espino sobre la importancia de analizar el poder de las empresas, su vinculación con el crimen y la anuencia de funcionarios para hacer frente a los “proyectos de supuesto ‘desarrollo’”.
“Hay ejemplos maravillosos de las comunidades campesinas e indígenas luchando contra estos proyectos, pero creemos que este ejercicio de espejear la realidad dolorosa de algunos puede ayudarnos a sanar la propia antes de que llegue ese dolor”, finaliza.
En portada: Miembros del Centro de Sindicatos de la India durante una huelga en el campo convocada por agricultores. Jammu, India, febrero del 2024.
Al mismo tiempo que este lunes (26) comienzan los trabajos de la 13ª Conferencia Ministerial (MC13) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, a nivel global, campesinos incrementan las acciones para protestar contra lo que consideran perjuicios de las políticas neoliberales: la profundización de crisis alimentarias, conflictos agrarios, desigualdades sociales y la depredación del medio ambiente.
Estas acciones responden a una serie de comunicados emitidos por más de 200 organizaciones de agricultores, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de América, Asia, África y Europa, que confluyen en La Vía Campesina, quienes mantienen la convocatoria para movilizarse esta semana por lo que consideran los efectos perjudiciales de la OMC, a quien señalan por socavar y marginar las economías campesinas y rurales mundiales durante las últimas tres décadas.
De acuerdo a La Vía Campesina, las políticas derivadas del Acuerdo sobre Agricultura han sido las principales herramientas con las cuales la OMC ha impuesto reformas neoliberales a nivel mundial, provocando la expansión y acceso a los mercados de las corporaciones del norte global, así como la agroindustria orientada a la exportación.
Acorde a su análisis, la desregulación de los sectores agrícolas mundiales, en conjunto con el desmantelamiento de precios mínimos para los alimentos y las barreras a la importación, ha apuntalado un sistema alimentario industrial “que ha generado una crisis sin precedentes en todo el mundo, tanto para las personas como para el planeta”, acusa el movimiento que reúne a más de 200 millones de campesinos.
La Vía Campesina detalla que el sistema económico ha marginado a pequeños productores de alimentos y lo ilustra con el caso de los EEUU. El Departamento de Agricultura ha compartido datos de 2022, los cuales revelan la desaparición de que casi 5 millones de granjas en aquel país durante el último siglo, ya que las granjas necesitaban volverse más grandes para compensar los precios más bajos o simplemente desaparecer
“Este modelo económico neoliberal de agricultura ya no está confinado solo a los Estados Unidos. A través de los Acuerdos de Libre Comercio y del altamente problemático Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, ha sido exportado a otras partes del mundo. En todos los continentes, ha llevado a una apropiación violenta de tierras, agua y territorios, que desposee a las personas, devasta el planeta y su biodiversidad, y genera una crisis climática sin precedentes”, alerta la plataforma global.
Ante ello, La Vía Campesina ha promovido las protestas a nivel mundial, en el marco de los trabajos de la MC13 de la OMC, para exigir comercio y precios justos para los productos, así como para la defensa de la tierra, el agua, los bosques y la agroecología campesina como alternativa al sistema económico implementado por la organización comercial.
“La OMC tiene una inmensa responsabilidad en la actual crisis social y medioambiental. En un momento en que las movilizaciones campesinas se multiplican en toda Europa, así como en India, África y América Latina, es hora de poner fin a la OMC y construir un nuevo marco comercial basado en la soberanía alimentaria y la solidaridad internacional”, sentencia el movimiento campesino.
Movilizaciones
La convocatoria para movilizarse durante la última semana de febrero se suma a las acciones que han acontecido durante el pasado año y medio. Según registros de La Vía Campesina, en este periodo han estallado protestas en por lo menos 65 países.
Como ejemplo, menciona las movilizaciones masivas de principios de este 2024 en Europa donde agricultores de Francia, Italia, España, Rumania, Polonia, Grecia, Alemania, Portugal y Países Bajos han exigido el fin del régimen de libre comercio que perjudica a los campesinos y favorece a multimillonarios y corporaciones trasnacionales.
Protesta de agricultores en las inmediaciones del Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica.
Las protestas más radicales se han producido en Francia donde campesinos obstuyeron calles con tractores y bloquearon puertos. También se manifestaron en el Parlamento Europero, en Bruselas, Bélgica para exigir mejores precios para sus productos, regulación ambiental y el cese al exceso de burocracia con la cual tienen que lidiar.
Mas recientemente, los campesinos de la India, quienes protagonizaron agitaciones masivas durante 13 meses en el año 2020, volvieron a convocar protestas. Apenas el 16 de febrero, agricultores y sindicatos convocaron una huelga nacional, sobre todo en zonas rurales, con la demanda de revocar enmiendas que consideran perjudiciales en la legislación laboral del país asiático.
“En México, Sri Lanka, Argentina, Tailandia, Costa Rica, Camerún, Corea, Kenia, Benín y varios otros países, la gente está protestando contra un sistema que ha empobrecido a la mayoría mientras ayuda a prosperar a unos pocos selectos”, subraya La Vía Campesina.
Represión contra participantes de la huelga nacional convocada por agricultores en la India. Febrero, 2024.
Para este movimiento internacional, la OMC ha demostrado su falta de relevancia al ignorar las demandas de agricultores del Sur Global. En su lugar, argumenta, “la OMC solo ha generado y agravado las crisis del hambre mundial, la extrema pobreza, los conflictos agrarios y la crisis alimentaria”, con lo cual, señalan, ilustra su “alineación con los intereses de los Estados Unidos y otros países fuertemente orientados a la exportación”.
Mediante este análisis, los campesinos señalan que la OMC se ha convertido en un espacio donde prevalece el poder de “unos pocos países desarrollados, determinando el curso del comercio mundial”. Ante ellos, señalan que recae en los campesinos y pequeños agricultores del mundo la responsabilidad de establecer un sistema de comercio justo y equitativo.
Negociaciones
El movimiento internacional indica que, dentro de las negociaciones alimentarias y agrícolas de la MC13, está pendiente llegar a aun acuerdo sobre la adquisición, almacenamiento y utilización de existencias de alimentos por parte de los gobiernos a través de empresas e instituciones, algo que, remarca La Vía Campesina, permanece en debate desde el año 2013.
Delegados asistentes a la 13ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio durante su inauguración este lunes 26 de febrero. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.
Otro punto importante es el que negociará el llamado Mecanismo Especial de Salvaguardia, un instrumento que autorizaría a los países en desarrollo a elevar temporalmente los aranceles con la finalidad de enfrentar incrementos súbitos de las importaciones alimentarias. El movimiento campesino enfatiza que ésta representa también una demanda inatendida de larga data.
A su vez, señalan la negociación acerca de los susbsidios proporcionados por los países desarrollados del Norte Global a sus agroindustrias, así como a la pesca industrial. Particularmente en Europa, campesinos han expresado descontento por lo que consideran el fomento de competencia desleal, situación por la que en este marco colocan su rechazo a las negociaciones del acuerdo de la Unión Europea y el bloque Mercosur.
De acuerdo a La Vía Campesina, “los guardianes de la agricultura industrial” citan las reglas de la OMC y sus cláusulas legales en otros acuerdos de libre comercio, negociados bilateralmente, para interferir y proteger los intereses de la agroindustria, “donde aquellos inmersos en el capital financiero deciden por el resto del mundo”.
Ante este escenario, el movimiento campesino global exige el fin de la OMC para, con ello, poder dialogar soluciones permanentes sobre las existencias públicas de alimentos para combatir la cirsis alimentaria y para la promoción del comercio entre países, “basado en los principios de la soberanía alimentaria, solidaridad, cooperación e internacionalismo, donde la tierra, el agua, las semillas y los territorios no son meras mercancías”.
En portada: Jóvenes mayas disfrutan la Laguna de Huay-Pix, que se encuentra en el extremo sur de Quintana Roo, y forma un gran sistema lagunar junto a la Laguna de Bacalar y al río Hondo. Enero, 2021. Foto: Haizel de la Cruz.
Bacalar es un pueblo maya que nuestras abuelas y abuelos más primeros eligieron porque hay una laguna: la mayoría de los pueblos en la Península de Yucatán se fundaban alrededor de alguna fuente de agua. Su nombre significa “rodeado de carrizo”, de las palabras mayas Bak’, que significa alrededor y jalal que significa caña o carrizo.
Es conocido como La laguna de los siete colores, que en realidad son siete tonalidades de azul; también tiene tres cenotes. En Bacalar, que se ubica en el estado costero de Quintana Roo, la gente vive de la milpa, siembra maíz, calabaza, frijol, papaya, piña, plátano, mango y otros, además de la apicultura y el turismo comunitario.
Foto: Haizel de la Cruz
Antes la gente de Bacalar vivía alrededor de la laguna, pero el panorama ha cambiado: hoy a la orilla vemos grandes hoteles, restaurantes y servicios de turismo.
En la última década la laguna se ha convertido en un parque acuático para los turistas, generando una derrama económica para los empresarios. Hoy, en Bacalar se pretende poner una estación del mal llamado Tren Maya, afectando no solo la salud de la laguna, sino también del pueblo maya. Ya tenemos claro que los impactos de estas megaobras dañan nuestro tejido social, económico, organizativo, político y cultural.
Hace poco más de 15 años, Bacalar fue nombrada “Pueblo Mágico” por la Secretaría de Turismo . El secretario de esta dependencia, Miguel Torruco, dijo al anunciar la designación que venían cosas mejores para Bacalar. Las declaraciones del secretario reflejan su interés únicamente por el turismo de masas. Cuando dice que vienen cosas mejores, la pregunta que tenemos nosotros es: ¿para quiénes?
Como mayas, vimos con mucha preocupación cómo nuestro territorio comenzaba a ser invadido por diversos megaproyectos. De ahí nos hemos organizado a nivel peninsular a través de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal, en la que soy integrante.
Esta asamblea tiene por objetivo la defensa de la vida maya, para esto construimos algunos acuerdos: No vendemos ni rentamos la tierra, No a las religiones, No a los partidos políticos, Sí a la cultura y lengua maya, Sí a la defensa de nuestros derechos como pueblos mayas, Sí a la identidad como pueblos mayas.
Nuestra vida, como pueblo maya, es una vida familiar que tenemos con los animales, con las aves, con las piedras, con el viento, con el fuego, con el agua, con los Yuum (guardianes).
Fotos: Haizel de la Cruz
Nos preocupa que hoy nuestra vida familiar maya toda se ve amenazada por los megaproyectos, entre ellos la soya transgénica, las granjas porcícolas, el turismo de alto impacto, la energía fotovoltaica y eólica y ahora el tren mal llamado Maya. En enero, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal, cuyo nombre significa “caminamos juntos”, cumplió seis años como organización. En el marco de la celebración de los seis años, conversé con una persona integrante de la asamblea en Bacalar.
A lo largo de la entrevista, el entrevistado señaló el crecimiento de la violencia en esa zona con la llegada del megaproyecto Tren Maya. También manifestó su desacuerdo con la postura de Torruco y otros funcionarios del gobierno federal, por asumir que el turismo de alto impacto es algo deseado por los “pobladores mayas” del lugar.
Enfatizó que las comunidades no están de acuerdo con el tren, que más bien la gente está desinformada porque la información no está llegando a las comunidades. La persona que entrevisté ha pedido que su nombre quede en el anonimato por temor a represalias. Nuestra conversación ha sido ligeramente editada por claridad y extensión.
Hoteles, restaurantes, centros turísticos, se establecieron en la orilla de la Laguna de Bacalar, desplazando a sus habitantes. Diciembre 2023. Foto: Haizel de la Cruz.
Haizel de la Cruz: Para empezar, cuéntanos un poco de Bacalar.
Compañero de Bacalar: Es un pueblo que tiene una historia bastante larga, más de 1,500 años de historia desde que nace Bacalar como un pueblo maya, antes de la llegada de los españoles. Se ha ido poblando: la población es maya y de estados vecinos. Hasta hace una década, o 15 años, digamos, hace relativamente poco, casi todos se conocían en el pueblo. Yo creo que eso de alguna forma mantuvo segura a la población, orque, pues, conoces a tus vecinos. Todos se llevan, todos tienen algún tipo de amistad o cercanía entre familias; muchas son de la misma familia. Entonces Bacalar era bastante tranquilo, podías transitar por sus casas, por sus calles, ir por sus brechas, ir a tu terrenito, a tu milpa sin ningún problema.
El narcotráfico era algo inexistente, todo bastante tranquilo, como ha sido en las comunidades mayas desde siempre. Hasta la propia población se cuidaba, la propia población aseguraba esa tranquilidad, sin que hubiera ni policías, ni militares en la población. Estaba segura, ella misma estaba segura.
De ahí para acá vemos que la violencia inició y se fue incrementando con este empuje que el gobierno ha estado insistiendo de que Bacalar crezca como un pueblo que recibe al turismo, que este lo convierte en “pueblo mágico”.
HdlC: ¿Tú crees que esta violencia la empiezan a vivir ante el anunció de la llegada del Tren?
CdB: La violencia la viene desencadenado principalmente el megaproyecto del Tren y a los megaproyectos asociados al él, que son los aeropuertos, los hoteles, todo ese tipo de proyectos. El propio Estado los está imponiendo en el territorio y los dueños son principalmente de la [Secretaría de la Defensa].
Nosotros hemos visto que los megaproyectos vinieron también a inaugurar la violencia del crimen organizado. Viene este megaproyecto del tren que no es maya, y ahí ya viene una ola enorme de violencia, una violencia, pues, jamás vista por esta zona, por todo este territorio maya.
Está relacionada a secuestros, a extorsiones, a desapariciones forzadas, a levantones, a descuartizados. Ese tipo de violencia era impensable. No es propia de acá. No es algo que hayamos visto antes.
HdlC: ¿Cuál es tu interpretación de la violencia en tu comunidad?
CdB: Nosotros vemos [la violencia] como algo integral: donde mete la mano el gobierno imponiendo megaproyectos, llega el crimen organizado.
El gobierno, siendo pues también un narcogobierno, llegan de la mano con el mismo propósito de despojar a los pueblos indígenas de sus tierras, de su agua, de sus montes, por eso también vemos que es absurdo que digan: “Nosotros estamos militarizado la zona por el bien de la población”.
Realmente están militarizando para defender a sus narcos y defender sus megaproyectos que llegan con una demanda del turismo. También las drogas llegan, no tanto para consumo sino para venta y distribución.
Este movimiento de drogas era bastante mínimo, tal vez en las comunidades ni existía este tipo de cosas, pero sí lo veíamos en las zonas más turísticas de la península de Quintana Roo, como Cancún, Playa [del Carmen], Tulum, Mahahual, pues es donde más se mueve este tipo de sustancias.
La forma en la que esto llega le llaman desarrollo: el gobierno ve que Cancún es una ciudad desarrollada para ellos, es un ejemplo, nosotros la vemos con temor.
Flor náab (flor de loto) en la Laguna de Bacalar, abril 2017. Foto: Haizel de la Cruz.
HdlC: Tú hablabas de que lo que quiere el estado es generar una división en la comunidad y así es mucho más fácil despojar y controlar el territorio, ¿Cómo percibes esto?
CdB: Ellos [el gobierno] saben cómo meterse en las comunidades y cómo ir rompiendo la propia comunidad.
Con el auge del turismo, toda esta zona la ven como una oportunidad económica. Mucha de la población que está [trabajando] en estos hoteles es explotada. No saben bien cómo se manejan ese tipo de negocios, pues viven un poco engañados, piensan que está bien trabajar tanto y no recibir un sueldo como debería de ser, por eso la mayoría de la población juvenil vive cada vez más en la pobreza.
Se les hace más difícil acceder a la educación, a las universidades. Eso tiene que ver también con el despojo de tierra, con el incremento de las cosas básicas, de la alimentación, de la electricidad, de la luz, porque se encarece realmente Bacalar. No va a la par con los sueldos, ni con la capacidad que tenemos para poder tener ese nivel de adquisición.
[El narco] está captando a la población joven, que es la fuerza que va naciendo de la comunidad, que debería de ser esa fuerza que esté aprendiendo a defender su tierra, que esté aprendiendo a ser más fuerte. Son los herederos de este territorio.
Ahora, en lugar de estar pensando en defender su tierra, pues están pensando en defender a su cártel, están pensando en defender a su jefe y, ¿dónde va a quedar entonces quien defienda la tierra? Si ellos son los jóvenes.
Dibujos realizados por niña maya. Fotos: Haizel de la Cruz.
HdlC: Por último, ¿cómo se organizan en tu comunidad a partir de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal?
CdB: Algunas de las cosas que hacemos van enfocados en llevar información a las comunidades, tejer poco a poco ese tejido comunitario, platicar con nuestra comunidad, estar en contacto, expresar esto por medio de textos, de pequeñas asambleas dentro de las comunidades. Nosotros intentamos acercarnos e ir escuchando sus temores, sus dolores, ir buscando cómo apoyarlos, hemos puesto amparos, hemos recurrido a esta parte legal también, porque es parte del caminar.
También tenemos la No-Radio Múuch’ Xíimbal y usamos este espacio para dar la información de lo que estamos viviendo en nuestras comunidades y para reforzar nuestra identidad y nuestro pensamiento crítico respecto a lo que estamos viviendo.
Cada vez la gente afortunadamente está cuestionándose: ¿qué realmente es la Cuarta Transformación? ¿Es una transformación? ¿Eso da una pauta para hacer algo más? Eso es para pensar qué vamos a hacer como comunidades. Así es un poco lo que andamos haciendo en la Asamblea.
*Haizel de la Cruz es fotógrafa maya e integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal
