Después de que el 6 de mayo de 2024 Israel ordenara la evacuación de los palestinos que vivían en la ciudad de Rafah, anteriormente llamada "zona segura", se presentaron diversas manifestaciones alrededor del mundo.
En la Ciudad de México se dio cita a una manifestación pacífica frente a la embajada de Israel, donde alrededor de 200 personas se concentraron para pedir justicia por la libertad de las y los palestinos, llamando a las autoridades a cortar toda relación con Israel con la intención de visibilizar el desacuerdo ante el genocidio palestino y la exigencia mundial para que se consiga un cese al fuego inmediato y permanente.
A la embajada acudieron diversos manifestantes con veladoras blancas, mantas con consignas y banderas de Palestina. Después de clamar justicia y libertad para las niñas y niños palestinos, se guardaron 21.5 minutos de silencio como símbolo de luto por los 215 días que han transcurrido desde el inicio del genocidio en Gaza.
Pasadas dos horas de protesta, la movilización continuó su camino por Paseo de la Reforma con el fin de crear un convoy seguro para el regreso de todas y todos los manifestantes, y para hacer más visible el rechazo a la guerra de Israel contra el pueblo palestino.
Esto ocurre tras el asesinato de más de 35,000 víctimas y el actual acorralamiento en la zona de Rafah tras la evacuación de la última área que resguardaba al menos a 80,000 personas, las cuales ya habían sido desplazadas anteriormente.
Durante la caminata, algunas vallas que se encontraban cercando la embajada de Israel en México fueron desplegadas y arrastradas durante el trayecto como símbolo de la lucha por derribar los muros fronterizos y el peso que los miles de palestinos han cargado durante estos meses para sobrevivir.
En portada: Sobrevivientes del conflicto armado interno se reúnen frente a la Corte Suprema, antes de una audiencia en el juicio por genocidio Ixil, en Ciudad de Guatemala, marzo de 2024. Foto: Cristina Chiquin
En Guatemala se realizan las audiencias en el juicio por genocidio contra Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor y quien se desempeñara como general del Ejército del país centroamericano entre los años de 1978 y 1982.
Es durante ese periodo que organizaciones sociales e indígenas señalan fueron cometidos crímenes de lesa humanidad contra la población campesina e indígena, en el marco del conflicto armado interno que se desarrolló entre 1960 a 1996.
Acorde al informe Guatemala Nunca más, coordinado por la iglesia católica en 1998, sólo en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, ubicados en el departamento de El Quiché y donde radican comunidades mayas ixiles, el número de víctimas por la contrainsurgencia militar es de 12,400 personas.
De acuerdo a la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA, por sus siglas en inglés) solo en la época del gobierno militar de Romeo Lucas García, entre 1978 y 1982, la política de genocidio saldó con más de 1,700 víctimas de genocidio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad por las operaciones militares desplegadas en la región maya ixil.
Indígena Ixil Lorenza Santiago, sobreviviente del conflicto armado interno, habla durante una audiencia contra el general retirado Benedicto Lucas García en una corte en la Ciudad de Guatemala el 8 de abril de 2024.
Por estas acusaciones, además de Lucas García, de 91 años, también se juzgará a Manuel Antonio Callejas y Callejas, quien se desempeñara como jefe de inteligencia militar y a quien se le juzgará en otro proceso debido a que argumentó demencia. Los dos acusados ya fueron condenados en el año 2018, acusados por violación, tortura y desaparición forzada de la activista política Emma Molina Theissen, así como por la desaparición forzada de su hermano, acontecida en 1981.
A pesar de que se anunció el inicio de las audiencias desde enero de este año, fue hasta el mes de abril que comenzaron las presentaciones de las pruebas y testimonios. Tras el anuncio de la separación de los juicios, la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR), organización que representa a las víctimas, declaró que, hasta el momento, han muerto 40 ancianos y mujeres “sin ver la justicia y frente a un Estado que sigue negando nuestra memoria del genocidio”.
El juicio
El juicio por genocidio contra la población Ixil es realizado por el Tribunal de Mayor Riesgo y prevé la participación de 125 testigos, entre ellos 30 mujeres víctimas de violencia sexual. Además, se contempla la presentación de 160 peritajes presentados por 80 peritos de los cuales 14 son expertos internacionales.
Lucas García se encuentra preso desde 2018 por otro caso vinculado al conflicto armado interno y sigue el juicio de manera virtual desde el hospital militar donde está internado. Foto: Juan Diego González.
Mediante conferencia de prensa, al anunciar el inicio de las audiencias programadas para marzo, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala señaló que entre las pruebas se presentarán, además de los testimonios de víctimas, documentos militares, algunos de ellos desclasificados por parte del Departamento de Estado de los EEUU con los cuales respaldan las acusaciones contra Lucas García.
El general del ejército guatemalteco Benedicto Lucas García señala un mapa en una guarnición militar. Santa Cruz de Quiché, Guatemala, 19 de enero de 1982. Foto: Robert Nickelsberg.
Cabe destacar que, si bien desde el año 2000 la AJR presentó la denuncia penal, fue hasta los años 2018 y 2019 que el caso fue judicializado con el proceso penal contra tres miembros de la cúpula militar, durante el gobierno militar de Romeo Lucas García, entre 1978 a 1982. Así, fue hasta el año 2020 cuando el poder judicial guatemalteco aceptó las acusaciones contra Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas y César Octavio Noguera Argueta, este último fallecido el 21 de noviembre de ese año.
Genocidio, nunca más
Acorde a la AJR, cuando Lucas García dirigía el Ejército en los años 1981 y 1982 - durante el gobierno de su hermano, el presidente Romeo Lucas García - fue el responsable de ordenar más de 30 masacres, así como de la destrucción de 23 aldeas en la región maya ixil.
El actual juicio se suma a los previos procesos penales que han investigado los crímenes de lesa humanidad acontecidos durante el conflicto armado interno en Guatemala. Acorde a Jo-Marie Burt, investigadora de la Oficina em Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), los tribunales guatemaltecos han determinado en dos ocasiones que el Ejército de ese país cometió una política estatal de genocidio durante el gobierno sucesor de Lucas García, encabezado por el general fallecido Efraín Ríos Montt.
Montt fue delcarado culpable por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la población maya ixil, en el norte de Guatemala, en el año 2013, aunque posteriormente la Corte de Constitucionalidad anuló la condena de 80 años de prisión.
Mujeres ixiles celebran la sentencia condenatoria de genocidio en 2018 Foto: Sandra Sebastián/Plaza Pública
A su vez, en el año 2018 un tribunal determinó por unanimidad que el Ejército guatemalteco cometió genocidio contra comunidades maya ixil. Sin embargo, José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia militar y miembro del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, quien fuera juzgado en ese proceso fue absuelto de todos los cargos.
Las audiencias en el juicio deben ser finalizadas en el mes de junio, por lo que desde su inicio, en marzo, organizaciones como la AJR han realizado un llamado de solidaridad, nacional e internacional para respaldar a las víctimas y sobrevivientes y así garantizar un proceso justo que evite la impunidad.
En portada: Niños y jóvenes, hijos de campesinos, descansan después de jugar futbol en las tierras recuperadas de la cooperativa El Chile. Foto: Santiago Navarro F
A la par de un camino de terracería yacen pequeñas estructuras de madera. Cubiertas con nylon, cuentan con techos de lámina y hojas de palma. Champitas, les llaman a estos albergues que ocupan cientos de familias campesinas para defender la recuperación de estas tierras de manos de la industria de palma aceitera, en el valle del Bajo Aguán, municipio de Tocoa, que fueron designadas en los años 70s a la reforma agraria y acaparadas durante los 90s por Corporación Dinant.
Hace ya 16 meses que aquí la resistencia es cotidiana. Pero la lucha por estas tierras es mucho mas añeja. Wendy Castro, joven de 26 años y madre soltera, quien nos muestra la recuperación, por parte de la cooperativa El Chile, aborda las razones de su presencia: “somos hijos, sobrinos, nietos de socios anteriores que fueron afectados por el despojo de las tierras de reforma agraria”, cuenta sobre la legitimidad de sus acciones.
“La tierra es de nosotros, porque no fue vendida. Las cooperativas siguen vivas, no están disueltas, ni liquidadas”, reafirma Wendy Castro. Cuenta que, así como hicieron sus familiares, ella también relata sus labores cotidianas de resistencia a sus pequeños hijos, quienes curiosos escuchan las historias que alimentan su lucha.
Se refiere al despojo por parte de los agroindustriales de palma aceitera, quienes durante las últimas tres décadas arrebataron, mediante fraudes y violencia, las tierras del departamento de Colón asignadas por el estado de Honduras a la reforma agraria para la producción campesina.
Entre sus memorias de la infancia, Wendy aún se acuerda de los relatos de sus abuelos y padres cuando se opusieron al despojo. Sobre todo, de las trágicas consecuencias para su familia y miles de campesinos de la región que vieron sus sueños de labrar sus propias tierras interrumpidos.
En abril del año 1994, las tierras asignadas para la cooperativa El Chile fueron despojadas mediante una venta ilegal. Como consta en denuncias presentadas por la Plataforma Agraria del Aguán ante el Ministerio Público hondureño, esta transacción fue realizada por personas sin representación legítima de los campesinos, para traspasar el territorio a manos de la Empresa Agropecuaria Camaro, quien a su vez cedió los títulos a Exportadora del Atlántico, perteneciente a la hondureña Corporación Dinant.
Integrante de la plataforma y miembro de la cooperativa El Chile, Wendy espeta que, fue tanta la amenaza sobre los antiguos propietarios, entre ellos su abuelo que, como pasó con él, muchos murieron de la desesperación frente al acaparamiento por parte de los terratenientes de las familias Facussé, Canales y Morales.
“Las tierras son de ustedes”, rememora sobre los dichos de su padre, quien se encargó de transmitir la historia de estas tierras, las cuales hoy pasaron de dedicarse a los monocultivos de palma aceitera para la exportación, para dar espacio a la siembra de alimentos y sostener a 246 familias en una superficie disputada que cubre 486 hectáreas.
La Plataforma Agraria del Aguán contabiliza 25 cooperativas que buscan la recuperación de sus tierras en ese valle. A ellas, suman las luchas de empresas asociativas campesinas, con quienes totalizan 43 organizaciones que buscan, a través de distintas luchas, recuperar las tierras que les fueron despojadas.
Acorde a Raúl Ramírez, campesino de la empresa campesina La Lempira y miembro de la plataforma, son más de 46 mil hectáreas de tierras que buscan recuperar de los agroindustriales de la palma aceitera.
Aspectos de la recuperación de tierras en la finca El Chile. Pese a la ocupación por familias campesinas, la planta procesadora propiedad de Corporación Dinant se mantiene activa. Foto: Aldo Santiago
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) señala que, hasta 2023, en Honduras existían 197 mil hectáreas con monocultivos de palma aceitera, las cuales entre los años 2022 y 2023 alcanzaron una producción de 600 mil toneladas métricas por año. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), esta superficie representa poco más del 18% del total de la tierra cultivable disponible en el país centroamericano.
Organización
Un grupo de jóvenes resguarda las rejas que dan acceso a la otrora finca palmera. “Viveros”, se lee en un escueto letrero frente a las puertas de metal, vestigio del uso que la Corporación Dinant - la mayor productora de aceite de palma en Honduras, quien cuenta con 13,300 hectáreas de plantaciones - destinaba a este espacio.
Foto: Santiago Navarro F
Es allí, en la entrada de la cooperativa El Chile, donde platicamos con Iris Lizeth Aguilar, quien hace parte de la directiva y nos detalla el uso colectivo de la tierra. El acuerdo entre las familias recuperadoras, relata, es que a cada asociada y asociado se le asigna un pedacito de tierra para la siembra de alimentos, con lo cual una misma familia puede tener múltiples espacios para sus cultivos, principalmente de autoconsumo.
Los principales trabajos son aquellos destinados a los cultivos, colectivos e individuales. “Se ha empezado a sembrar maíz, yuca, papaya y plátanos”, comenta la asociada María Rodríguez.
Desde el interior de la recuperación se observan los monocultivos de palma africana que cercan totalmente las tierras campesinas. Solo el departamento de Colón aglutina una cuarta parte del total de cultivos existentes en Honduras. Sin dejarse abrumar por la palma, los campesinos han desocupado algunos espacios para resembrar con cultivos de maíz. Además construyeron viveros donde producen tomates, chile y hortalizas. También hay áreas con siembra de yuca, árboles frutales y platanales.
Departamento de Colón inundado por monocultivos de palma aceitera. Fuente: Departamento de Agricultura de EEUU
“Esta es mi casa. Es un futuro para mis hijos”, resume Aguilar las razones de su lucha, pues considera que recuperar las tierras constituye una enorme responsabilidad con las nuevas generaciones. También con las mujeres, resalta. “Las mujeres representan una buena parte de las personas que recuperan tierras, incluso quienes son madres solteras, por lo que es una urgencia brindarles acceso a un espacio para vivir y tierra para cultivar”.
María Margarita Rodríguez bromea junto a sus compañeros mientras desciende de la motocicleta con la cual alcanza nuestro recorrido. Tras un breve saludo, nos comparte que su principal motivación para participar en la recuperación son sus hijos y que las mujeres tienen un papel destacado en las labores de la cooperativa. Sobre todo, piensa que su participación cobra relevancia en la directiva para contrarrestar prácticas machistas y promover el apoyo mutuo entre las y los campesinos.
Foto: Renata BessiFoto: Renata Bessi
Pero no todo es celebración. Lizeth mira de reojo las champitas y nos comparte las necesidades para la cooperativa: un centro de salud, una escuela, además de infraestructura básica como agua potable. Aún con las limitantes, Rodríguez recalca sobre el cuidado para los niños y enfatiza que ellos, a diferencia de las infancias de la región, no trabajan dentro de El Chile. “Nosotros protegemos a los niños, ellos no pueden trabajar. A los jóvenes se les da permiso para que estudien pues son el futuro de la cooperativa”, sentencia.
Las mujeres comparten también el funcionamiento de la asamblea, órgano de decisión que constituyen todas y todos los asociados de la cooperativa. “Tratamos de tomar las mejores decisiones conforme sea más bien de beneficio para todos”, detalla Aguilar y añade que actualmente son 16 las organizaciones campesinas que se encuentran en procesos de recuperación de tierras, aunque “faltan más”, aclara. Según Wendy Castro, la superficie reclamada solo por éstas cooperativas alcanza las 12 mil hectáreas.
La ocupación actual no es el primer intento de los campesinos para gestionar estas tierras. Aguilar cuenta que fue hace tres décadas cuando la cooperativa El Chile fue despojada de manos campesinas. Y desde el año 2009, en el contexto de las movilizaciones contra el golpe de Estado, han buscado su recuperación agrupados en el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
“Tenemos toda la documentación, de todo lo que es el territorio que abarca la cooperativa El Chile”, sostiene la directiva acerca de su registro ante el Instituto Nacional Agrario (INA). “Si no tuviéramos la documentación, no estuviéramos aquí, ya hubiera habido un desalojo, pero nosotros estamos formalmente peleando algo que es nuestro”, señala en referencia a la posesión legítima de acuerdo al Título Definitivo de Propiedad, fechado en marzo de 1991, el cual alude a la propiedad de la Cooperativa Campesina El Chile sobre estas tierras.
Imágenes de la represión violenta contra los campesinos sucedida en enero del 2023. Cuerpos de seguridad del estado de Honduras y privados dispararon contra los recuperadores de tierra.
Cumplimiento de convenio, a paso lento
Los campesinos continúan la lucha iniciada por sus familiares y desde otro frente exigen el cumplimiento del convenio firmado con el gobierno nacional en febrero del año 2022.
Sobre todo, les interesa la conformación y operación de la Comisión Tripartita (CT) cuyo trabajo será la investigación de las técnicas y métodos de despojo de los últimos 30 años cometidos por los agroindustriales. “El gobierno muestra voluntad, pero en la práctica no hay nada”, reclama Wendy Castro debido a que, a más de dos años, la CT aún no opera pues carece de la aprobación del presupuesto por parte del Estado de Honduras.
A pesar del estancamiento del trabajo de la CT, las familias campesinas han presionado al gobierno y avanzado en algunos pasos contemplados en el convenio, como la remedición de las tierras para, con ello, verificar la legalidad de los documentos de compra-venta que, de acuerdo a la plataforma, fueron obtenidos por medio de falsificaciones, intimidación y violencia. Así, personal del INA y del Instituto de la Propiedad (IP) trabajaron durante el pasado abril en las tierras de 12 recuperaciones campesinas.
Trabajos de remedición de tierras de las cooperativas campesinas del Bajo Aguán
La remedición, explica Raúl Ramírez, busca que las instituciones agrarias hondureñas reconozcan los Títulos Definitivos de Propiedad y a su vez entreguen documentación que certifique la asignación de las tierras campesinas a las cooperativas y empresas asociativas que reivindican como su legítima propiedad.
En este contexto, Wendy Castro asegura que la remedición ayuda a la lucha de las cooperativas, sobre todo porque, denuncia, existe una estrategia de desestabilización que Corporación Dinant realiza para inhibir las intenciones de recuperación, la cual consiste en la entrega de pequeñas parcelas a grupos criminales y paramilitares.
“Algunas de las cooperativas estaban teniendo dificultades con parceleros, de grupos criminales, que la empresa privada Corporación Dinant les ha dado área para que ellos las explotaran en cambio a que nos intimidaran”, reclama. “El mismo día de la remedición, andaba un carro de Corporación Dinant, con guardia de seguridad SEC, tomando fotos a las personas que estaban haciendo medición”, advierte la integrante de la plataforma debido que las guardias armadas contratadas por los agroindustriales han sido responsables de numerosas masacres.
Acorde a una denuncia ante el Ministerio Público, presentada en enero del 2023 por la Plataforma Agraria del Aguán, existe un trabajo coordinado entre Dinant, sus guardias de seguridad y el grupo criminal denominado “Los Cachos”.
La plataforma señala a este grupo criminal como el encargado de perseguir y asesinar a líderes campesinos. Encabezado por Juan Carlos Lizama, opera en la zona desde el mes de marzo del año 2022, “bajo la dirección y coordinación del grupo Dinant y sus empresas de seguridad en la zona”, remarcan en una denuncia penal, en la cual enfatizan que, desde abril de ese año, ocuparon 10 hectáreas de El Chile.
“Esta posesión del grupo Dinant ha sido posible únicamente con la presencia de grupos armados como Los Cachos, los cuales han ejecutado violencia para evitar la reivindicación de derechos de la cooperativa El Chile”, detalla la denuncia. También comparten que desde ese lugar han montado puntos para vigilar el paso entre las cooperativas Tranvío, Camarones, El Chile, entre otras, por medio de drones que utilizan en diferentes horas del día.
Contaminación, un peligro más
A bordo de una bicicleta, un campesino carga a su hija y herramientas para trabajar la tierra. Juntos surcan el camino que va de los cultivos de maíz y pasa por el vivero, muy cerca del comienzo de los monocultivos. Si uno alza la mirada ahí, le abruma la monotonía de la palma. Y lo que no puede ver, se puede percibir mediante otros sentidos, como el olor del humo que proviene, a menos de dos kilómetros, de la operación de una planta extractora de aceite de palma, propiedad de Exportadora del Atlántico.
Aspectos de la recuperación de tierras en la finca El Chile. Pese a la ocupación por familias campesinas, la planta procesadora propiedad de Corporación Dinant se mantiene activa. Foto: Aldo Santiago
Según denuncias penales presentadas por la plataforma, Exportadora del Atlántico es responsable por la adquisición ilegal de 81 propiedades que constituyen un total de 20,749 hectáreas. Por ello, una de las mayores exigencias de las familias en la recuperación de El Chile es la clausura de esta fábrica. No solo porque, acusan, la empresa usurpa 32 hectáreas de esta cooperativa, sino porque su operación y los desechos que produce contaminan las afluentes de agua, suelos y provoca enfermedades en la población.
Wendy Castro refiere que desde la recuperación se le ha exigido a Dinant que clausure la planta, pero los campesinos no han obtenido ninguna respuesta. “No se va a ir, porque son millones de lempiras que le caen (…) ahí sigue la planta extractora contaminando el medio ambiente, están terminando de destruir la flora y la fauna”, reclama.
En el tablero mundial
De acuerdo a datos del Servicio Exterior Agrícola (FAS), del Departamento de Agricultura de EEUU, Honduras, durante 2023, ocupó el noveno lugar dentro de los mayores productores de aceite de palma a nivel global.
En cuanto a mercados, registros del Observatorio de Complejidad Económica (OCE) señalan que los principales destinos y valores de las exportaciones del aceite de palma de Honduras son: Italia con 155 millones de dólares, Países Bajos con 111 millones, El Salvador 51.1 millones, Alemania 43 millones y Nicaragua con 25.9 millones. El OEC destaca que entre 2021 y 2022, se registró un fuerte incremento en la demanda por parte de Italia, Alemania y El Salvador.
Incluso, denuncian que la expulsión de desechos y la contaminación forman parte de una estrategia que ha sido utilizada para hostigar a las familias campesinas. Por ejemplo, Castro recuerda que hace un año, en mayo, trabajadores de Dinant querían cercar una hectárea de las tierras campesinas para construir mas pozos para depositar el agua contaminada.
Por su parte,Olvison Antonio Romero Mejía, secretario general de la cooperativa, denuncia que, por las noches, la planta extractora activa un mayor número de calderas lo que eleva la dispersión del humo, así como la expulsión de residuos químicos, los cuales dice que afectan especialmente a los menores de edad y adultos mayores.
Imágenes recolectadas por los campesinos evidencian la muerte de peces derivada del vertido de desechos sobre los afluentes que confluyen con el río Aguán.
“Los niños son afectados en la piel y también presentan problemas respiratorios”, cuenta enfadado y añade que también, durante la época de lluvias, la extractora realiza mayor cantidad de descargas de residuos lo que termina inundado partes de las tierras campesinas recuperadas.
Certificaciones, lavado de imagen
Como muchas de las trasnacionales del aceite de palma, Corporación Dinant es miembro de RSPO, la Mesa Redonda de Aceite Sostenible, una iniciativa que busca desarrollar estándares para la expansión de los monocultivos mediante el “aceite de palma certificado como sostenible”, (CSPO, por sus siglas en inglés).
No obstante, su reciente adherencia al selecto grupo de ONGs y trasnacionales que dominan el mercado del aceite de palma a nivel global, y que hacen parte de la RSPO, se da después de tres intentos, durante la última década, por conseguir la membresía. Una minuta del Consejo de Administración de la RSPO, fechado en junio del 2022, coloca brevemente el asunto y subraya, sin abordar a detalle, que el principal argumento por el cual se le negaba su ingreso, pese a contar con los requisitos, se debía a “cuestionables problemas del pasado”.
La misma RSPO preve en el documento que, la vinculación con una empresa con graves acusaciones como Dinant, provocará cuestionamientos por lo cual debe examinar el posible riesgo para su reputación. En ese tenor, establece que, si se producen violaciones a sus normas tras aceptarle como miembro, “existen mecanismos para sancionarlos o expulsarlos”.
La membresía es solo un primer acto, antes de que la Dinant logre la certificación que otorga este grupo, lo que le permitiría expandir la venta de sus productos a más mercados. En sus reportes del 2023 y 2024 al RSPO, Exportadora del Atlántico enlista a sus dos procesadoras, activas y en búsqueda de obtener la certificación de sustentabilidad. La primera está ubicada en el Valle de Lean. La otra es la que está en las inmediaciones de la recuperación de El Chile.
Por su parte, Wendy Castro acusa que el aceite producido por Dinant va manchado de sangre. “Es un mensaje que le mandamos a la gente internacional que consume este aceite: que miren lo que Corporación Dinant hace con nuestra familia en el Aguán para que ellos puedan consumir este aceite que tienen en sus casas, en sus hogares, con mucha sangre de nuestros compañeros que han caído por luchar por las tierras que son de nosotros”, denuncia sobre la actuación violenta de la compañía contra los campesinos.
Foto: Santiago Navarro F
Además, en su Comunicación anual de progreso para la RSPO del año 2022, Corporación Dinant establece que planea obtener la CSPO para sus plantaciones y extractoras en este 2024. “Como campesinos le decimos al RSPO que si certifica a Corporación Dinant, hasta ellos van a salir denunciados porque nos ha despojado, todas las tierras que tiene son de los campesinos, son de muchas familias necesitadas que habemos aquí en el Bajo Aguán”, advierte Castro.
Wendy Castro asegura que las tierras campesinas recuperadas no buscan la acumulación de capital ni son “un lujo”, sino que representan la posibilidad de que cientos de familias en extrema pobreza puedan trabajar el campo para sobrevivir.
Pese a la acentuada sequía que azota esta región del mundo desde hace ya un año, Castro prevé que la llegada de una nueva temporada de lluvias conseguirá sumar a los esfuerzos campesinos para ver brotar el maíz, frijoles, la yuca y demás alimentos que hacen posible la lucha cotidiana.
También asevera que, aún a pesar de la violencia, levantan la voz y seguirán denunciando a Corporación Dinant por actividades criminales. “Si a mí me matan, hay un montón que están frente a la lucha y van a seguir luchando por las tierras”, comparte, lacónica.
Pero esto no le amedrenta, pues refiere que continuarán la lucha. “Mientras maten uno, nacen cinco más. No le tenemos miedo, ya suficiente hemos pasado y sabemos que la tierra es de nosotros”, concluye.
Portada: Marcelino Miramón de regreso a Eloxochitlán, después de un año en prisión. Foto: Radio Zapote
Marcelino Miramón, mazateco indígena de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, fue liberado la madrugada del pasado 20 de abril del 2024 después de pasar 11 meses en prisión.
Marcelino fue detenido el 22 de mayo del 2023, acusado del delito de incendio en la causa penal 16/2016. Su defensa argumentó desde un inicio que no había fundamentos legales para dictar la prisión de Marcelino ya que había precedentes dentro de la misma causa penal que demostraban que el delito de incendio no existía.
Desde ese momento, su esposa, Alejandra, y sus diez hijos e hijas emprendieron la lucha para arrancar la libertad de Marcelino Miramón junto con las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán.
La familia de Marcelino participó en marchas, mítines, plantones, foros con el fin de exigir a las autoridades judiciales de Oaxaca la libertad de Marcelino y de otros presos y perseguidos de Eloxochitlán de Flores Magón.
Marcelino es el sostén económico de su familia, su encarcelamiento provocó fuertes estragos en la economía familiar. Dos de sus hijos tuvieron que abandonar sus estudios para dedicarse a la lucha por la libertad de su padre, dando seguimiento a los trámites legales necesarios para ampararse en contra de su detención, así como para trabajar y obtener ingresos para sostener a toda la familia y a Marcelino dentro de prisión.
El caso de Marcelino no es un hecho aislado. El indígena mazateco es una de las más de 40 personas de la comunidad de Eloxochitlán que han enfrentado cargos penales.
De acuerdo con las mujeres mazatecas, el caso de persecución y criminalización en contra de la comunidad de Eloxochitlán se remonta al 2011 cuando la Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, comenzó a ser atacada por otro grupo de la comunidad con intereses partidistas, conformado por Manuel Zepeda y Eliza Zepeda Lagunas. Eliza, quien es una de las partes acusadoras en el caso, hasta hace unos meses, sostenía el cargo secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca y es parte del partido político MORENA.
El punto más álgido de las agresiones en contra de la Asamblea Comunitaria se suscitó el 14 de diciembre del 2014 cuando un grupo de personas armadas, que según pobladores actuó bajo el mando de la familia Zepeda, atacó a la Asamblea Comunitaria. De ahí comenzó la persecución política en contra de las familias que integraban la Asamblea.
Para el 2016 había 40 familias con familiares con órdenes de aprehensión, desplazados o encarcelados. El caso está dividido en cuatro expedientes, el 02/2015 por homicidio y tentativa de homicidio, el 16/2016 por incendio, y otros dos expedientes por homicidio y tentativa de homicidio.
La mayoría de los hombres y mujeres que han sido acusados de algún cargo penal sostenían algún tipo de representación o autoridad en la comunidad. Marcelino Miramón sostenía el cargo de regidor en 2014. A lo largo de casi una década, y gracias a la lucha de las familias, y el apoyo de otros colectivos y grupos, la mayoría de los indígenas mazatecos que han estado presos han logrado ganar su libertad. En el caso de los perseguidos políticos han logrado obtener amparos contra las ordenes de aprehensión en su contra.
En prisión, hay aún tres hombres mazatecos, Alfredo Bolaño y Fernando Gavito, que están a medio año de cumplir 10 años en prisión, y Francisco Durán que lleva cinco años en prisión. Ninguno de ellos cuenta con sentencia.
Pese a que la mayoría de las personas perseguidas ha ganado ya múltiples amparos a nivel federal y local, el Juzgado de Huautla, donde están todas las carpetas del caso de Eloxochitlán, continúa entorpeciendo y dilatando el proceso penal en su contra. Esto ha sido denunciado a partir de múltiples actos documentados por la defensa penal y las mujeres mazatecas.
El Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, que tiene la responsabilidad de vigilar el actuar de los jueces locales en la entidad, también ha sido señalado por la defensa legal y las familias de los presos y perseguidos, como partícipe en seguir prologando la persecución política en contra de la comunidad de Eloxochitlán al respaldar el actuar del Juzgado de Huautla.
En entrevista con el abogado Daniel Sosa Rafael, quien lleva la defensa legal de gran parte de los presos y perseguidos, platicamos a fondo sobre el proceso legal para entender cómo la actuación de las dos instituciones mencionadas son el mayor obstáculo para terminar, después de más de una década, la persecución política en contra de la comunidad de Eloxochitlán.
Actualmente, el Juzgado de Huautla amenaza con apelar un amparo ganado hace ya 8 años que protege a 55 personas de ser posiblemente encarceladas. La libertad de Marcelino Miramón, recientemente ganada, también está en riesgo de ser revocada.
Avispa Mídia (AM): Abogado, podría platicarnos, ¿cuál fue la ruta legal para obtener la libertad de Marcelino Miramón?, ¿cuáles fueron los posibles obstáculos legales para arrancar esta libertad?
Daniel Sosa Rafael (DSR): El delito por el cual se le acusaba a Marcelino ya lo habíamos enfrentado en 2017 con Gaspar Betanzos, otro de los compañeros que fue preso y es perseguido. Él trazó la ruta jurídica de cómo se pudiera resolver ese expediente.
Gaspar fue el primer detenido con ese expediente el 16/2016. Lo que tenemos que entender es que todo delito tiene una serie de elementos que se tienen que probar para que se pueda acreditar el cargo penal. Es decir, es necesario en primer lugar comprobar que el delito existe.
Nosotros con Gaspar Betanzos argumentamos desde un inicio que no se acreditaba la existencia del delito de incendio, y que entonces no se podía perseguir el delito. Sin embargo, el juez de Huautla dijo que sí se podía acreditar el cargo penal y dictó el auto de formal prisión [es decir, dictó la prisión de Gaspar como medida cautelar].
Nuestra respuesta fue apelar la decisión del juez de Huautla, y entonces nos fuimos al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, y ahí la sala confirma la resolución del juez de Huautla.
Con Gaspar entonces buscamos ya la protección federal, se mete el amparo sobre la decisión del juez de Huautla, y ahí se confirma lo que nosotros como defensa argumentamos, que no se encontraba acreditados los elementos del cuerpo del delito.
En ese entonces, las partes acusadoras Manuel Zepeda y Vicente Zepeda se inconformaron con el amparo que ganó Gaspar. Ellos acuden al recurso de revisión, y el Tribunal a cargo de revisar ese amparo se va a fondo a estudiar el caso y vuelve a decir que el delito no se puede acreditar.
Ese expediente nos costó bastante, al final se logra lo que la defensa había planteado desde que se luchó contra el auto de formal prisión, que no se podía acreditar el delito.
Cuando detienen a Marcelino Miramón, como ya estaba este antecedente, volvemos a hacer el mismo alegato, y ya no sólo era mi argumentación como defensa, ya estaba fundamentado con el criterio de tres órganos jurisdiccionales que es el Juzgado de Distrito y el Tribunal Colegiado, y la Sala del estado. Y aun cuando esas tres decisiones se intentaron debatir o pelear desde la parte acusadora, ya no fue procedente, es una verdad jurídica.
A pesar de eso, el juez de Huautla no quiso admitir ese criterio para el caso de Marcelino, pese a que se le juzga por los mismos hechos que Gaspar, en el mismo tiempo y en la misma forma, y dice que sí se encuentra acreditado el cuerpo del delito y decide dar al auto de formal prisión.
Entonces comenzamos el mismo camino que seguimos con Gaspar Betanzos, y es ahí cuando comienzan las trabas por parte del Juzgado de Huautla. No manda el informe a los juzgados federales, no se emiten informes justificados en tiempo y forma, no se informa a los ofendidos, el ministerio público no acusa cuando se le envían correos electrónicos.
Llegamos hasta el absurdo que el Juzgado dijo no tener el recurso ni para obtención de copias. Una de las trabas que duró mes y medio en el caso de Marcelino fue la obtención de copias.
Se llega a ese grado de violencias en el proceso, se llega a tanto que además en esta ocasión de las copias, le decían a la familia de Marcelino que tenían que pagar por las copias, y decían vamos a sacar un primer tanto la próxima semana, en otros 5 días vienes y así, hasta que podamos sacar el testimonio completo; esto es un absurdo. Eso hace muy perezoso el proceso, pero es una cuestión operativa, más que una cuestión jurídica.
Es esa dilación sistemática que ha habido en los demás expedientes de los demás compañeros, es permanente. Parecen cuestiones simples, pero con el tiempo, esas dilaciones van ocasionando una violación a los derechos humanos, porque entonces violan el derecho a un justicia pronta y expedita.
Otro caso es que de repente se les olvida firmar los expedientes, se les olvida poner un sello, y eso es inaceptable, porque dicen que es un error humano, que no manden documentos oficiales sellados o con firmas a pesar de que es lo que se necesita de ley para que tengan validez, otras veces mandan documentaciones incompletas.
Por eso, prácticamente en el amparo que Marcelino gana, tarda un año su desahogo. De manera normal ese trámite suele durar tiempo promedio de 6 meses, las dilaciones procesales prácticamente hacen que el proceso dure casi un año, tiempo que Marcelino estuvo en prisión.
El expediente 02/2015 lleva ya 10 años, y hay personas en prisión sin una resolución, y eso es gran parte causa de esta dilación sistemática del proceso por parte del Juzgado de Huautla.
AM: Además de estas dilaciones sistemáticas que usted nombra, tenemos conocimiento de que las salas del Tribunal Superior de Oaxaca recurrentemente defienden la decisión del Juzgado de Huautla pese a que, como explicó en el caso de Marcelino, haya antecedentes de decisiones y argumentaciones de otros órganos federales que emiten amparos o que se logra la libertad de personas presas, porque se muestra que no hay elementos para probar su responsabilidad. ¿No existe la obligación de jueces locales de respetar las decisiones de jueces federales?
DSR: Es muy interesante esto. Le voy a explicar cómo funciona este círculo vicioso, que podríamos llamar al proceso de desahogo de los expedientes del caso de Eloxochitlán. Voy a usar el caso de Marcelino que es el más reciente para explicar esto.
En el caso de Marcelino, el Tribunal Colegiado emite el amparo con una resolución, y el juez de Huautla entonces como tiene que cumplir con esa resolución lo hace, y Marcelino sale libre; pero dentro de esto está la trampa.
Sentencia del juez - No queda determinada con exactitud la conducta desplegada por Marcelino Moramón (…) que acredite de manera fehaciente que fue una de las personas que con su actuar causó daños por incendio (…)
Los amparos no son sentencias, son más bien como recetas que le dicen a los juzgados locales ciertos elementos que deben modificar o les ordena emitir una nueva decisión, pero entonces el Juzgado de Huautla es el que emite la nueva sentencia.
En la ejecutoria de amparo que emite el Juzgado de Huautla en el caso de Marcelino Miramón, el juez sigue insistiendo, a pesar de que todo lo que ya explicamos, que sí se dan los elementos de tipo penal para poder acreditar el delito de daños por incendio.
El juez en su cuestión de libre determinación, de acuerdo a su criterio, se escuda en eso; dice que el delito de daños por incendio sigue existiendo, y dice que lo que no se pudo acreditar es la participación de Marcelino y por eso le otorga la libertad.
Aquí es la parte tramposa que se debe de denunciar. Si tú lo lees, dices bueno pues Marcelino ya salió, ese era el fin inmediato, pero no. Esta determinación que emite el juez, ¿a qué va a dar pie?
La parte acusadora entonces va a decir que sí existe el delito de daños por incendio, y entonces va a dar pie a que el asunto se apele otra vez, esta libertad ganada se puede apelar porque el juez deja abierta la puerta diciendo que sí existe el delito.
Eso da a pie a que Marcelino siga enfrentando un proceso. Y así ha pasado con la todos los amparos y libertades ganadas.
Además, lo más grave que ha pasado en todo este caso de Eloxochitlán es que la parte acusadora presenta su recurso de apelación, ese recurso va al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
Entonces el juez de Huautla en vez de que proceda a esa apelación, la guarda, un año, dos o tres años. Tenemos una apelación en el caso de Omar Hugo que lleva 8 años ahí sin trámite porque el Juzgado de Huautla no ha querido, y la saca cuando mejor le conviene. Eso podría pasar también en el caso de Marcelino.
Aunque se ganen 10 o 20 amparos, el Juzgado de Huautla es quien tiene la última palabra.
AM: ¿No hay una forma de romper este círculo vicioso?
DSR: Lo que tendría que hacer el juez de Huautla - y en estos 10 años hemos tenido aproximadamente 5 jueces - es apegarse al derecho y a lo que dice la ley.
Pero los jueces de Huautla se han escudado en criterios que no están sustentados en la ley, y que va en contra de 10 o 20 sentencies federales y de otros jueces que sí se sustentan en la ley.
Ahí es en donde la parte que denuncia, Eliza Zepeda, ha encontrado el cobijo del Tribunal Superior de Justicia, porque nosotros sí hemos denunciado una y otra vez el actuar del Juzgado de Huautla, lo más lejos que hemos podido llegar es que se logró la suspensión de sus funciones a un secretario del Juzgado de Huautla.
Lo que siempre hacen es cambiar al juez. Nos dicen, vamos a mandar a otro juez, y empezamos de cero, y otra vez, no firman las diligencias, y entonces lo que hacen es cambiarlos una y otra vez.
Lo que el Tribunal Superior de Oaxaca debe de hacer es exigir al juez que se apegue al derecho, que cumpla con los tiempos y formas de los procesos. Amparados en esta discrecionalidad para juzgar, el Juzgado de Huautla ha impuesto su voluntad de no hacerlo.
AM: ¿Cuántas personas en el caso de Eloxochitlán son rehenes de la discrecionalidad del juez de Huautla?
DSR: En el expediente 16/2016 hay 55 personas, a lo mejor me equivoco por una o dos personas. En 2016 se ganó un amparo contra las órdenes de aprehensión en contra de esas 55 personas.
Y apenas, este año, en 2024, 8 años después, quiere el Juzgado de Huautla dar trámite a la apelación que en un momento interpuso la parte denunciante, es lo que le comentaba, 8 años ya pasaron y ahora quieren proceder.
Corremos el riesgo que 55 personas puedan ser aprehendidas, y esa lista siempre fue selectiva, las personas de esas listas al menos el 40% se repite en los otros 3 expedientes, por eso se puede confirmar que existe una persecución y prisión política, por eso hay desplazados, presos y perseguidos.
El argumento del juez que revisó el expediente es que se dio cuenta que había algo pendiente, y que el Ministerio Público no había atendido. Es algo irrisorio, y si le preguntas por qué, te va a decir que porque acaba de llegar el expediente. ¿Cómo explicas que 8 años estuvo detenida y ahora quiere proceder a promover esa apelación?
AM: Abogado, usted que ha vivido y acompañado este caso por 10 años y menciona estas dilaciones sistemáticas, y ahora que se habla mucho de reforma judicial, ¿qué se podría hacer desde la parte de la ley para que esto no siga sucediendo?
DSR: Se requiere una reforma en la ley de responsabilidades de servidores públicos. En este caso, las familias ven como fin último el ser libres, con eso quedan satisfechos, y es una percepción muy general de la sociedad, por eso no se impulsa que se apliquen procedimiento ágiles y accesibles para poder sancionar a funcionarios.
Existen conductas que no alcanzan los elementos para empezar un proceso penal, pero como en este caso sí afectan el derecho a la procuración de justicia.
Nuestras instituciones además se encuentran sujetas a necesidades personales de ciertos personajes. En este caso, el rol que ha desempeñado Eliza Zepeda en cargos públicos ha tenido injerencia en el proceso, y que a partir de ahí condiciona el actuar de los jueces y magistrados. No lo podemos comprobar, pero sí existen muchas pruebas para sugerirlo y que nosotros hemos observado.
Por ejemplo, Eliza Zepeda estuvo dentro de la última legislatura del Congreso de Oaxaca y de ahí se vuelve presidenta de la Comisión de Justicia. Ella debió renunciar a ese puesto porque había un conflicto de intereses, a ella le tocó nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
Es muy difícil creer que no existió un cabildeo previo a la elección de esos magistrados, y tenemos ese criterio, que los magistrados para poder llegar a ese cargo tuvieron posiblemente que interactuar con ella.
Por salud del expediente, por transparencia, por respeto a la ética y al estado de derecho, ella debió de haber renunciado a ese puesto, porque ella tiene un proceso, así se hubiera evitado justo una interpretación de que podía tener injerencia en el proceso. Pudo haber renunciado y formar parte en otra comisión dentro de la legislatura.
Y de manera coincidente, cuando ella ocupa ese cargo, empezamos a tener un revés, incluso empiezan a tomar en cuenta en una resolución testigos de oída, a pesar que en los últimos años eso ya no existe en el tipo penal. Entonces nosotros decimos, algo está pasando, comienza a haber una ruta de comenzar a negar todo, y no con argumentos legales sólidos, sino con argumentos totalmente inauditos.
Yo en estos años de 10 años he sufrido la intervención de mis teléfonos, y con todos estos elementos que he podido observar, me atrevo a imaginar y pensar, que sí ha habido injerencia de parte de un poder desde el legislativo al poder judicial.
Lo que sí fue noticia pública fue cuando el señor Alfredo ganó el expediente de tentativa de homicidio, y eso está en la prensa, Eliza y una fracción de MORENA hacen un desplegado y exigen a la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca que administre bien la justicia. Eso es un condicionamiento político. Eso es público. Si se atreve a eso de manera pública, no sabemos que pase en el ámbito privado.
[Además, Alejandro Murat, entonces gobernador de Oaxaca, se posicionó públicamente a favor de la familia de Eliza y le hizo una llamada de atención pública al Tribunal Superior de Justicia sobre las decisiones tomadas en el caso].
Afortunadamente, gracias al seguimiento de medios independientes, colectivos, a la organización de las mujeres mazatecas, se ha podido avanzar. Nosotros no tenemos ese poder político y económico, lo único que hemos tenido es el poder de la palabra. Y con eso hemos podido ir ganando. Tenemos sentencias absolutorias, tenemos amparos, tenemos libertades. Este caso lo han conocido más de 20 jueces, mínimo, de todos los niveles, y creo que todos ellos no pueden estar equivocados.
Foto: Eliza Zepeda (la última a la izquierda) posa con la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez (en medio)
El 24 de abril, estudiantes, profesores y miembros de la comunidad se reunieron en el campus de la Universidad de Texas en Austin para manifestarse contra la complicidad de la administración universitaria en el genocidio en curso en Gaza. Temiendo que se repitieran los disturbios ocurridos en la Universidad de Columbia y en otros lugares del país, las autoridades del campus movilizaron a un gran número de policías. Sin embargo, a pesar de las detenciones y la violencia, los y las manifestantes se impusieron a la policía. En el siguiente informe, las personas que participaron describen lo que aprendieron.
Hace ya seis meses que se llevan a cabo acciones de solidaridad dirigidas por estudiantes en las universidades. En la última semana, sin embargo, se han intensificado, con acampadas y paros en más de 40 campus de todo el país. Estudiantes de lugares tan lejanos como Australia, Italia y Francia han organizado sus propias acampadas y otras protestas en solidaridad. En las últimas 48 horas, han aparecido nuevos campamentos en al menos catorce campus estadounidenses, incluidos al menos tres campamentos -en Atlanta, Filadelfia y Washington DC- que son colaboraciones interinstitucionales. La policía ha desalojado algunos de ellos, pero otros siguen resistiendo. Durante el mismo periodo de tiempo, al menos seis escuelas han acogido manifestaciones. Dos acampadas escolares tomaron edificios del campus.
El campamento de solidaridad con Gaza en el East Lawn (cesped este) de la Universidad de Columbia el miércoles 17 de abril.El campamento de solidaridad con Gaza en el East Lawn de la Universidad de Columbia una semana después.
A raíz de los acontecimientos que se describen a continuación, miembros del profesorado de la UT publicaron una valiente declaración en apoyo de los y las manifestantes y se unieron a algunos de los y las estudiantes organizadoras que fueron detenidas ayer para organizar una concentración masiva para hoy, que atrajo a 2000 personas al East Lawn. En sus discursos, algunos de los y las activistas estudiantiles relacionaron directamente el movimiento en curso con el levantamiento nacional que tuvo lugar en 2020 en respuesta a los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor y otros.
La defensa de un territorio concreto proporciona al movimiento un lugar en el que cohesionarse y abre un espacio en el que las personas participantes pueden entablar relaciones y pasar por un proceso de desarrollo político. Al mismo tiempo, proporciona a los adversarios un objetivo fijo contra el que dirigir la presión. Defender campamentos al aire libre es más difícil que defender ocupaciones en recintos cerrados, aunque estas últimas puedan entrañar mayores riesgos jurídicos. En ambos casos, lo que ocurre fuera y alrededor de la respuesta policial suele determinar el resultado al menos tanto como lo que ocurre dentro de la ocupación. Como demostró la ocupación de edificios en Cal Poly Humboldt, la policía sólo puede asediar y desalojar ocupaciones si no se ve asediada ella misma.
A los y las organizadoras actuales del campus les vendría bien leer las reflexiones de los y las participantes sobre las “zonas autónomas” del levantamiento de 2020:
Incluso si nuestro objetivo es simplemente mantener un espacio físico concreto, tenemos que dar prioridad a la realización de actividades ofensivas en toda la sociedad en general que puedan mantener a nuestros adversarios a la defensiva, a la vez que invertimos energía en las actividades que nutren los movimientos y los espacios en lugar de centrarnos en defender límites concretos. Debemos entender los espacios ocupados como un efecto de nuestros esfuerzos, más que como la causa central en torno a la que nos reunimos.
Los medios de comunicación centristas han presentado deshonestamente a los y las participantes en estas manifestaciones como “antisemitas”, ocultando intencionadamente el hecho de que una pluralidad significativa de los organizadores son judíos antisionistas. De hecho, hace sólo cuatro meses, los líderes del Partido Republicano de Texas votaron en contra de prohibir a sus miembros asociarse con nazis y negadores del Holocausto después de que un destacado republicano de Texas recibiera a un conocido supremacista blanco y antisemita. Los que reprimen estas manifestaciones son los que tienen vínculos con el antisemitismo organizado. Como coreaban los estudiantes ayer en Austin, “APD (Departmento de Policía de Austin ), KKK (Ku Klux Klan), IDF (Fuerzas de Defensa Israelí), ¡son todos iguales!”.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantiene que el ejército israelí sigue decidido a llevar a cabo un asalto terrestre a Rafah, donde actualmente se hacinan más de un millón de personas refugiadas. Si los acontecimientos de los últimos seis meses sirven de indicación, en caso de que se produzca dicha invasión, provocará la muerte de al menos decenas de miles de palestinos más, afectando de manera desproporcionada a mujeres y niños. Este es el horrible escenario que los y las manifestantes se están movilizando para evitar. Todos los que aspiran a solidarizarse con el pueblo palestino deberían estar pensando ahora mismo qué pueden hacer para impedir que Netanyahu ordene un ataque terrestre contra la población de Rafah.
Estudiantes reunidos con paraguas la noche del 24 de abril para defender el campamento de solidaridad con Gaza en la Universidad Emerson. La policía llevó a cabo una redada masiva poco después, deteniendo a 108 personas y dejando sangre por toda la acera.
Estudiantes de la Universidad de Texas Austin toman el césped
El 24 de abril de 2024, estudiantes, profesores y miembros de la comunidad se reunieron en el campus de la Universidad de Texas en Austin (UT) para protestar contra el genocidio palestino. La protesta inicial, un abandono de las clases y una Universidad Popular encabezada por el Comité de Solidaridad con Palestina, atrajo a varios cientos de personas a los alrededores del Gregory Gymnasium. A instancias del Presidente de la Universidad Jay Hartzell, un despliegue sin precedentes de policía militarizada atacó inmediatamente la protesta, incluyendo agentes de policía montados, policías estatales fuertemente armados (algunos traídos en autobús desde Houston), y agentes de los departamentos de policía de Austin y de la Universidad de Texas. Durante las seis horas siguientes, miles de personas se enfrentaron valientemente a los agentes de policía, jugando al gato y al ratón por todo el campus, lo que culminó en un enfrentamiento de varias horas en el jardín sur. Finalmente, la policía se vio obligada a retirarse y la multitud se hizo con el control del césped.
Incapaces de tolerar cualquier resistencia a los continuos actos de violencia que patrocinan, las autoridades estadounidenses han desplegado a la policía en universidades de todo el país, incluyendo la Universidad de Nueva York, la Universidad de Minnesota, la Universidad del Sur de California, Emory y Emerson. La Universidad de Austin no fue ajena a esta dinámica emergente. Antes incluso de que empezara la protesta, la universidad estaba preparada para desplegar un gran número de policías.
En cuanto la gente se reunió, la policía no perdió tiempo en cargar y arrebatar a la gente de la multitud, golpeando y empujando sin provocación. La multitud perseveró, desviando repetidamente a los agentes o rodeándolos en círculos concéntricos cada vez más grandes. En múltiples ocasiones, pequeños grupos de agentes se vieron rodeados por todos lados por multitudes que los superaban en número en un orden de magnitud. Al final, fue la policía la que se rindió y abandonó el campus derrotada.
Merece la pena celebrar la dedicación y creatividad de estos manifestantes. Nuestros coetáneos de las acampadas en universidades de todo el país nos han aportado sus propias ideas y reflexiones, ganadas con esfuerzo. A cambio, les enviamos un caluroso saludo y humildemente ofrecemos algunas reflexiones sobre los acontecimientos de ayer para nuestros compañeros que luchan en UT Austin y para aquellos que en otros lugares todavía están planeando sus próximos movimientos.
Acciones audaces, palabras audaces: el coraje es contagioso
Todas las tácticas policiales estaban encaminadas a infundir miedo: gran número de efectivos, material antidisturbios, caballos elevándose sobre la multitud, órdenes imprecisas, captura de manifestantes uno por uno.
Los y las manifestantes no sucumbieron al miedo y fueron recompensados por su valentía. Cuando la policía detuvo a la primera persona, los estudiantes se lanzaron al grito de “¡Que se vayan!”, rodearon los coches patrulla y se alinearon cara a cara con los policías con casco. Las audaces acciones resonaron ampliamente entre la multitud. La multitud ocupó el espacio enérgicamente, llegando a acorralar a la policía en la pasarela. Fue tenso y sudoroso, con una curva de aprendizaje pronunciada, pero cinco horas de enfrentamientos con la policía hicieron que la multitud se sintiera más segura, no menos.
¡No más esperar y ver!
A los veinte minutos de empezar la acción, la marcha se quedó sin dirección. Pero nunca estuvo sin dirección, y su negativa a ser controlada fue su fuerza.
Los momentos de estancamiento, impuestos tanto desde dentro como desde fuera, dieron repetidamente a la policía la oportunidad de dar el primer paso. En esos momentos, las palabras y los gestos improvisados de los individuos permitieron a la multitud desarrollar su inteligencia colectiva. Cada vez que los policías conseguían dividirnos entre líneas policiales, en lados opuestos de una vía pública, en lados opuestos de un edificio, nuestras llamadas a la acción fluían como el agua a su alrededor.
Las propuestas se extendieron entre la multitud. Algunas personas se esfumaron. Otras se engancharon, despertaron entusiasmo y se extendieron como un reguero de pólvora hasta que toda la multitud compartió un objetivo. ¡El césped! ¡Vamos a tomar el césped!
Los estudiantes consiguieron el objetivo de tomar el césped sin esperar instrucciones y mostrándose creativos, encontrando y mostrándose unos a otros rutas para llegar a él. La policía intentó bloquear la marcha en una calle principal, pero los y las participantes se dividieron y corrieron por callejones, saltaron escaleras, se agacharon entre arbustos y se metieron en edificios. Se abrieron las puertas y cientos de personas entraron por ellas al césped desprotegido. Atravesar estos edificios era un momento bautismal.
En Europa, esta estrategia de separarse y volver a formarse al otro lado de los obstáculos se denomina cinco dedos forman un puño.
Sigue avanzando, pero no huyas
La marcha tuvo más éxito cuando los y las participantes mantuvieron la iniciativa, moviéndose antes de que la policía los moviera a ellos y ellas. En los momentos más ingeniosos, la multitud se mantuvo en movimiento, respondiendo a las órdenes de dispersión y a las impenetrables líneas policiales redirigiendo espontáneamente la marcha.
A veces, en los movimientos de protesta, las multitudes simplemente huyen de los enfrentamientos con la esperanza de “permanecer flexibles”. Afortunadamente, esto no es lo que ocurrió en la UT. Existe un equilibrio entre enfrentarse a los obstáculos y permanecer impredecible. Si bien es necesario aprovechar al máximo los momentos en los que se nos obliga a retroceder o a salir, a largo plazo, los movimientos deben ser capaces de obligar a salir a la policía. En lugar de enzarzarnos en enfrentamientos prolongados y esperar a que nos dispersen o nos desplacen, deberíamos tomarnos a pecho esta lección del jueves: luchar donde sea posible; donde no lo sea, permanecer móviles.
Rodeales
A pesar de sus tácticas de mano dura, la policía no consiguió controlar a la multitud. Ellos tenían el césped, pero nosotras teníamos todo lo demás. Durante toda la tarde, estudiantes, profesores y miembros de la comunidad entraron y salieron del centro comercial sur. La policía se vio rodeada en repetidas ocasiones, y finalmente tuvo que abrirse paso entre la multitud para poder acceder a comida y agua. Los y las manifestantes podrían haber aprovechado mejor ese momento. Espacialmente hablando, mientras la policía ocupó el césped, teníamos las de ganar.
Mientras ellos tenían que defender su precaria posición frente a una oleada tras otra de estudiantes, nosotras podíamos ir y venir, reagruparnos, tomarnos descansos. Cuando los policías montados a caballo se abalanzaron sobre la multitud para barrer la acera, no intentaban controlar a la multitud ni empujarnos a ningún sitio en particular. Intentaban escapar.
Crear espacios que merezca la pena defender
Para mantener el impulso, especialmente el impulso de una ocupación, la gente debe tener una visión de lo que están luchando por defender, lo que quieren crear juntas. Los espacios de imaginación alegre y exuberancia nos dan impulso y dirección incluso cuando no hay una línea de policías o enemigos a los que enfrentarse. Los cánticos pueden mantener el ánimo alto durante los enfrentamientos directos, pero nadie puede gritar todo el día, y la energía del espacio muere junto con el cántico. Las mantas sobre el césped se convierten en depósitos de suministros, donde la distribución de pizza o desinfectante de manos se convierte en un lugar para la reproducción colectiva de nuestras vidas. El material de oficina se convierte en los ingredientes de una formación de acción directa. Estos esfuerzos se reproducen de un modo que las palabras por sí solas no pueden.
En cuanto ocupamos juntas un espacio, debemos llenarlo. Cada amigo, compañero de clase, compañero de trabajo debe ser llamado a unirse a nosotros, trayendo cosas para sostener el espacio y refrescar las líneas del frente. La comida, el agua, los juegos, las actividades y la música pueden anclar nuestra resistencia. Lo que hagamos juntas en estos momentos dará forma a lo que seremos capaces de hacer con el resto de nuestras vidas.
Con un poco más de iniciativa, los pequeños grupos organizados podrían haber sacado mayor partido de la situación. Gran parte del campus quedó vulnerable. Dicho esto, la confianza generada por los acontecimientos de ayer era obvia para cualquiera que permaneciera en el césped. La confianza seguirá creciendo. De momento, algunos profesores de la universidad han declarado “Sin clases, sin calificaciones, sin trabajo”, y se reunirán a mediodía para retomar la actividad donde la dejaron ayer. [Nota del editor: en el momento de la publicación, esto ya había ocurrido; véase la introducción para más detalles.] La concesión del césped por parte de la administración representa una victoria definitiva.
Lo que ocurra a continuación lo determinarán las personas que estén dispuestas a seguir actuando con valentía. Las circunstancias nos lo exigen. Haz lo que sea necesario para detener el genocidio en Gaza. La derrota no es una opción.
En portada: El Comando Sur de los EEUU y la Fuerza de Defensa de Guyana organizaron conjuntamente el primer Simposio de Suboficiales de Selva en Guyana con participantes de Belice, Brasil, Colombia, los Estados Unidos, Guatemala, Guyana y Honduras. Junio, 2022.
Por Jorge Sánchez, periodista especializado en la política internacional
Los medios estadounidenses informan que después de pasar más de 20 años luchando en las guerras de Medio Oriente, la comunidad especial estadounidense está cambiando a otros entornos. Con el potencial de un conflicto con China en el Indo-Pacífico cada vez más grande en el fondo, el mando de operaciones especiales de Estados Unidos se está centrando cada vez más en las operaciones en la jungla.
La guerra en la jungla presenta un nivel de dificultad completamente diferente y requiere entrenamiento especializado para operar de manera efectiva.
El año pasado, un pequeño equipo de Marine Raiderscompletó un curso de guerra en la jungla que aborda los desafíos que las fuerzas estadounidenses podrían encontrar en un conflicto del Indo-Pacífico. El curso de dos semanas se llevó a cabo en la isla de Oahu, Hawaii, y estaba diseñado para realizar pequeñas operaciones especiales y dar las habilidades necesarias para sobrevivir y prosperar en las operaciones en la jungla.
Los Marine Raiders se entrenaron en habilidades de movilidad en la jungla, como navegar entre matorrales espesos, escalar y hacer rappel en acantilados y atravesar ríos, técnicas para contrarrestar dispositivos explosivos improvisados, reacción al contacto y emboscadas.
Un militar de las fuerzas especiales estadounidenses dijo que “durante mucho tiempo nos entrenamos para ambientes desérticos y ahora tenemos que mirar dónde podríamos ser necesarios, y la jungla encabeza esa lista".
Dos décadas de operaciones militares en Irak, Afganistán y Siria embotaron las capacidades de guerra en la jungla de muchas unidades.
Por ejemplo, el movimiento en la jungla es mucho más restringido y la visibilidad suele limitarse a unos pocos metros. Además, hay muchos animales pequeños y grandes que pueden arruinarle el día a alguien, por lo que es necesario un entrenamiento de supervivencia adecuado. El seguimiento es otra parte importante de las operaciones en la jungla. Con tanto follaje, es fácil para una unidad no entrenada dejar evidencia de su dirección en la jungla.
Los comandos estadounidenses tienen una larga historia de realizar operaciones en la jungla. La mayor parte de ellas fueran realizadas en el siglo XX, incluso durante la Segunda Guerra Mundial.
Hoy Estados Unidos está limitado en llevar a cabo operaciones en jungla por ausencia de los conflictos militares con su participación directa. Dadas dichas limitaciones, el Pentágono está buscando un terreno ideal donde pueda llevar a cabo entrenamientos militares de forma continua. La geografía ha ofrecido una solución al mando militar de Estados Unidos: América Latina se presenta como una tierra perfecta para realizar dichos entrenamientos, especialmente en condiciones de selva.
El terreno diverso, que incluye montañas, ríos, bosques y selvas, proporciona escenarios de entrenamiento que simulan situaciones complejas y cambiantes, preparando a las tropas para una amplia gama de desafíos y misiones. Además, la proximidad geográfica de América Latina a Estados Unidos facilita el despliegue rápido y económico de tropas y equipos para llevar a cabo estos entrenamientos.
La presencia militar estadounidense en América Latina
Desde hace muchos años la región latinoamericana está en los intereses tanto económicos como militares de Estados Unidos. La fructífera política externa de Estados Unidos llevó la presencia militar a diversos países latinoamericanos.
Cuba encabeza la lista con la Base Naval de la Bahía de Guantánamo (unos 6 mil militares y civiles estadounidenses). Se localiza al extremo sureste de Cuba y alberga una base naval estadounidense de aproximadamente 117,6 km² (49,4 de tierra firme y el resto de agua y pantanos), en que se encuentra su prisión militar. El perímetro de la base se extiende por 28,5 km.
Es evidente que el personal militar estadounidense que trabaja en la Base Naval de Guantánamo tiene restringida la salida de la base y la entrada en Cuba sin permiso y autorización previos, pero nada obstaculiza al mando militar de la base llevar a cabo los entrenamientos de desembarco.
No obstante, la tarea principal de la base comprende ser el punto de aseguramiento para las naves que están flotando desde USA hacia los países latinoamericanos. En caso de un presunto conflicto entre Estados Unidos y un país latinoamericano, Guantánamo servirá como punto de mantenimiento de una operación militar estadounidense.
El segundo lugar en la lista ocupa Honduras con el Base de Soto Cano. Esta base ha sido utilizada por USA para operaciones militares y misiones de ayuda humanitaria en América Central. En la base se ubican los militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (Joint Task Force Bravo). Los militares de dicha unidad múltiples veces participaron en las misiones de rescate y salvamento en diferentes países latinoamericanos.
El material bélico alojado en la Base Aérea de Soto Cano proporciona al comando militar la posibilidad de llevar a cabo operaciones aéreas de despliegue de unidades especiales. En el contexto de la preparación para operaciones humanitarias, se puede brindar capacitación a los militares de las fuerzas especiales en entornos médicos. Por ejemplo, podrían realizar simulacros de evacuación de soldados heridos, lo que les permitiría desarrollar habilidades vitales para responder a situaciones de emergencia médica en el campo de batalla.
Perú ocupa la tercera posición en la lista de las bases militares estadounidenses más activas en América Latina. La Unidad de Investigación Médica Naval de los Estados Unidos NAMRU-6 está activa en Perú desde 1983 (tiene tres sub sedes: Lima en el Hospital Naval, Iquitos en la Clínica Naval y Puerto Maldonado). Está directamente bajo el mando del Comando Sur (SouthCom) de EE.UU. y no bajo mando peruano.
Los objetivos anunciados por la jefatura de NAMRU-6 son estudiar las enfermedades locales y prestar resultados de sus investigaciones al ministerio de salud de Perú para aumentar la resistencia del pueblo peruano.
Utilizando las capacidades de NAMRU-6 los científicos estadounidenses estudian como se puede llevar a cabo las operaciones militares en las condiciones de selvas latinoamericanas no amistosas. Los resultados de las investigaciones servirán para aumentar la capacidad de las fuerzas especiales de sobrevivir en las selvas. Así Pentágono tiene la base que podría funcionar en los intereses de las fuerzas especiales y resolver las tareas vinculadas con el ambiente médico.
En la lista se queda solo Colombia, donde la situación es la más controvertida. Durante el periodo de Iván Duque (2018-2022) el gobierno colombiano estrechó su colaboración con Estados Unidos, incluso en el ambiente militar. Múltiples veces Colombia fue objetivo de la visita de los militares estadounidenses de una brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés). Su meta oficial era apoyo de "la lucha contra el narcotráfico". Tras la llegada al poder de Gustavo Petro la situación se cambió y actualmente Pentágono no tiene amplia presencia militar en Colombia.
Presencia militar en aumento
Recientemente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al ejército de Estados Unidos de establecer bases militares secretas en la región del Esequibo, territorio rico en minerales y yacimientos petroleros que el país caribeño se disputa con Guyana. Según su información, en el territorio de la Guyana Esequiba, administrado por Guyana, han instalado bases militares secretas del Comando Sur, núcleos del Comando Sur y núcleos de la CIA.
No se puede confirmar dicha información por ausencia de las pruebas, por eso hay que hacer todas las afirmaciones y conclusiones basándose en la lógica y los hechos probados. En el territorio de Esequibo actúa la Exxon Mobil, un poderoso instrumento geopolítico de los Estados Unidos para poder asegurar el control de los recursos energéticos disponibles en Guyana. Todos los intereses estadounidenses en Guyana se centran en funcionamiento sin cesar de la Exxon Mobil.
Es evidente que el ejército y la policía de Guyana non son capaces de asegurar la seguridad de los activos de la empresa estadounidense contra las bandas latinoamericanas. Sería lógico que la Casa Blanca enviara una pequeña unidad de las fuerzas especiales para prevenir posibles ataques y sabotajes en empresas. Además, los militares estadounidenses podrían llevar a cabo interceptaciones en la frontera venezolana para informar al alto mando militar de Guyana.
En la frontera entre Venezuela y Guyana la situación se desarrolla poco a poco, lo que no se puede decir sobre Argentina. Ahí los acontecimientos políticos se evolucionan más rápido. Actualmente, Argentina, con su gobierno orientado a la Casa Blanca, es el punto clave y crucial para Pentágono. La administración de Joe Biden aprovecha al máximo dicha situación para aumentar a través de Argentina su presencia militar en América Latina.
El director de la CIA, William Burns, se comprometió de realizar este plan ambicioso. En marzo llegó a Argentina para conversar con altos funcionarios del gobierno sobre presunta penetración de China en América Latina, los movimientos del grupo Hezbollah en la región y ciberataques ejecutados desde Rusia. Son temas oficiales y no atraen interés. Hay que ver que está detrás de ceremonias oficiales. La respuesta la ha dado el presidente argentino anunciandoconstrucción de una “base naval conjunta” con Estados Unidos en Ushuaia. Debe ser la segunda base militar de Estados Unidos en Argentina. La primera casi está construida y se encuentra en Neuquén. Llamado Centro de Operaciones de Emergencia servirá para misiones humanitarias realizadas en la región latinoamericana.
Un instrumento que justifica intervención
Haití ha experimentado una serie de crisis políticas a lo largo de su historia, incluyendo golpes de Estado, elecciones controvertidas y conflictos entre facciones políticas. Tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 el poder lo tomó Ariel Henry. En medio de una creciente inestabilidad política, los líderes de las pandillas más poderosas del país han intensificado sus presiones para que Henry renuncie. Durante su visita extranjera aprovecharon la situación y tomaron el control en el país.
Actualmente, Haití sufre grave crisis política y económica, la mayor parte de los institutos y organismos gubernamentales están paralizados. Las autoridades de los países tratan de organizar la evacuación de las embajadas por motivos de seguridad. Si unos países lo hacen con los medios disponibles dentro de Haití, la Casa Blanca utiliza sus funcionarios para sembrar la idea sobre posible intervención militar.
Así, el exembajador de Estados Unidos en Puerto Príncipe, James B. Foley, pidió a las autoridades estadounidenses que envíen una fuerza limitada a Haití. Según lo dicho, el Pentágono necesitará implementar un plan de emergencia y enviar una fuerza limitada a Haití para evitar el colapso total del Estado, este podría ser un despliegue a corto plazo con una rápida transferencia a una fuerza internacional. James B. Foley dijo que el punto esencial es que Estados Unidos simplemente no puede tolerar la anarquía a sus puertas.
En marzo Estados Unidos envió una unidad especializada de Marines para ayudar a proteger la embajada estadounidense, reforzar su seguridad y permitir la salida del personal no esencial. Ahora Estados Unidos sigue decidido a ayudar a la policía haitiana y organizar algún tipo de despliegue de seguridad.
Así se puede concluir que cualquier inestabilidad en una región o país puede servir como un trampolín para el mando militar estadounidense enviar sus tropas de paz con la misión humanitaria. La Casa Blanca sabe orquestar crisis migratoria latinoamericana para justificar altos impuestos y necesidad de aumentar los gastos al ambiente militar. El gobierno estadounidense podría argumentar que una crisis migratoria representa una amenaza para la estabilidad regional o intereses nacional, justificando así una intervención militar para restaurar el orden y la seguridad en la región.
Una intervención militar también podría presentarse como una forma de proporcionar asistencia humanitaria a los migrantes que enfrentan condiciones peligrosas o inhumanas en su país de origen o durante su viaje.
