En portada: Milicianas del EZLN resguardan el sitio donde el sub comandante insurgente Moisés comparte las palabras en torno al 30 aniversario del levantamiento armado en Chiapas. Foto: Aldo Santiago
Reunidas en el Caracol VIII Dolores Hidalgo, previo a los primeros minutos del 2024, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) escucharon atentas al llamado urgente para la acción en común que proponen desde los pueblos indígenas de Chiapas.
El sub comandante insurgente Moisés, al filo de la medianoche, afirmó rotundamente que no se puede humanizar al sistema capitalista. “No va a decir el capitalismo, ‘me rindo de explotar’. Nadie, desde el más pequeño, no quiere dejar de engañar, de robar y de explotar, ni se diga a los grandototes”, compartió el sub comandante insurgente Moisés, vocero del EZLN.
Los más de 40 años de formación y 30 años de levantamiento armado les han servido para experimentar distintas estrategias de lucha, que fueron desde la insurrección armada, la conformación de los municipios autónomos y juntas de buen gobierno, hasta la actualidad, en la cual proponen el trabajo en común como vía para mantener la lucha.
“Estamos solos, como hace 30 años. Solos, hasta ahorita, hemos descubierto ese nuevo camino que vamos a seguir”, detalló el sub Moisés.
El vocero zapatista enfatizó que “la propiedad debe de ser del pueblo y común y el pueblo se tiene que gobernarse en sí mismo; no necesitamos esos que están ahí”, compartió en referencia a los malos gobiernos.
Compartió la postura firme del EZLN sobre los peligros que representan los malos gobiernos, cuyas amenazas - como compartieron los jóvenes zapatistas mediante representaciones teatrales previas al discurso del vocero - van desde la implementación de programas asistencialistas como Sembrando Vida, la violencia militar y paramilitar, así como la imposición de megaproyectos.
“Nosotros vamos a seguir ese camino y nos vamos a defender. No necesitamos matar a los soldados y a los malos gobiernos, pero si vienen nos vamos a defender”, advirtió el sub Moisés frente a las bases de apoyo, quienes fueron acompañadas por delegadas y delegados del Congreso Nacional Indígena y miles de simpatizantes de México y del mundo que se congregaron en la comunidad zapatista para festejar los 30 años de la insurrección indígena en Chiapas.
En la práctica
Explicó que es “sencillo” ver la situación del sistema capitalista y no necesitan más talleres o análisis para darse cuenta de sus efectos en los territorios. “Los compañeros, compañeras, del Comité (Clandestino Indígena Revolucionario), nos da gusto eso, de que ustedes entendieron, hicieron su obra de teatro, la más clara. Pero le decimos, que tenemos que hacer en los hechos, no solamente en el discurso. Ni poesía, nada más; ni obras de teatro, nada más. Ni en pintura, nada más y todas otras cosas; el documental o como se llame”, refirió y sentenció, “quien no quiere ver, será su responsabilidad”.
De acuerdo al vocero zapatista, es en la práctica donde se encuentra el camino para continuar la lucha y la organización zapatista. “Así que no se necesita mucho estudio. Lo que se necesita ya es pensar cómo cambiar esto (…). Si quieren venir, vamos a compartir nuestras ideas. A ver cuál es la mejor para la vida”.
“Lo que se necesita es organización. Hacer en los hechos. Jóvenes, mujeres, hombres, de todos los sectores. Organicémonos en cada geografía y cada quien con su calendario”, sostuvo el vocero zapatista.
Desde dos días atrás comenzaron a llegar en Chiapas personas de distintas partes del mundo y de México para acudir al aniversario número 40 del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, rememorando aquel inicio del proceso organizativo en la clandestinidad. También para traer a la memoria los 30 años de haber declarado la guerra al gobierno mexicano, justo en las vísperas de la firma de un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el 1º de enero del año 1994.
Foto Aldo Santiago
Hasta el cierre de esta nota se han registrado más de mil personas. Una gran caravana proveniente de la ciudad de México, organizada por el Congreso Nacional Indígena (CNI), arribó el sábado (30) a San Cristóbal de las Casas para integrarse con otros participantes que habían sido coordinados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. En ese momento se habían contabilizado alrededor de 725 participantes de seis estados y 20 países. Mientras que seguían llegando más personas para partir juntos hasta el Caracol “Resistencia y Rebeldía: un nuevo horizonte”, en la comunidad de Dolores Hidalgo, perteneciente al municipio de Ocosingo, Chiapas.
El domingo 31, el último del 2023, amaneció el territorio rebelde con distintas actividades artisticas relizadas por los zapatistas. Los primeros en comenzar fueron, hombres y mujeres, del Caracol Oventik, La Realidad y la Garrucha con una obra de teatro en tres partes: que comprende la resistencia ante los finqueros, la organización de la resistencia y la nueva propuesta del EZLN que crea “la no propiedad”.Todas y todos los asistentes esperan las palabras de la comandancia zapatistas, quienes harán acto de presencia hasta las últimas horas de la noche para emitir su mensaje. Para ello, Avispa Mídia, se suma a la transmisión en vivo que transmitirán diversas colectividades de Medios Libres desde este territorio.
Buenos Aires, Argentina, 2023. Foto por Santiago Navarro F
Desde que asumió su mandato Javier Milei, actual presidente de Argentina, en apenas 17 días de gobierno, ha promovido tres paquetes de reformas estructural. El primero de ellos es llamado Luis Caputo; posteriormente le siguió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU); por último, ha lanzado su paquete estrella con la Ley Ómnibus que, entre otros cambios, pretende la privatización de al menos 40 compañías estatales, las cuales impactarían directamente a las leyes de protección de bosques y glaciares.
La Ley Ómnibus, enviada el miércoles pasado al Congreso como “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, es un megraproyecto que comprende 351 páginas con más de 664 artículos. “El texto incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral”, señaló en conferencia de prensa Manuel Adorni, vocero presidencial.
Este último paquete de reformas, que será atraído por el Congreso en sesiones extraordinarias, ha sido analizado por el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) de Argentina, quienes han alertado que “en caso de aprobarse, este proyecto representaría un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental de Argentina”.
Esta asociación de abogados ha presentado el informe llamado “Sin límites para el saqueo: ataque al corazón de la legislación de protección ambiental argentina”, destacando que, al aprobarse estas reformas, se estaría liquidando la Ley de Protección de Bosques y de Glaciares.
Entre las modificaciones figura el reemplazo del articulo 26 que prohíbe la deforestación de las áreas de protección I y II (roja y amarilla). La categoría de protección roja (I) corresponde, precisamente, a las zonas de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. La categoría amarilla (II), también se prohíbe el desmonte, pero sí se permite el desarrollo de otras actividades de aprovechamiento sostenible.
También se elimina la obligación de informar sobre las actividades productivas realizadas en torno a estas áreas. Esto implica, según los abogados, el derecho a la información de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas, particularmente comprometidas en casos de desmontes.
Minería en los glaciares
Con la modificación de la Ley de Glaciares (No 26.6392), “se permite la actividad minera en el ambiente periglacial, que actualmente está expresamente prohibida”, aseveran los abogados en el informe. Esto implica la modificación de las masas de hielo y sus cursos de agua internos y superficiales, donde tampoco está permitida la minería.
Estas zonas congeladas, según los activistas ambientales, actúan como regulador de los recursos hídricos. “Su protección se incluyó en la Ley de Glaciares expresamente, producto de un arduo proceso legislativo, en el que se tuvieron en cuenta los aportes de diversos especialistas nacionales e internacionales”, subrayan los abogados.
Detrás del decreto se encuentran diversas iniciativas de exploración y explotación en zonas glaciares y periglaciares, “especialmente en la Cordillera de los Andes y su precordillera”, denuncian los abogados.
Efectivamente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha anunciado recientemente que la cordillera de los Andes de Sudamérica alberga importantes yacimientos de pórfidos de cobre. De facto es considerada la región principal que suministra cobre a nivel mundial, por tanto, es “una zona minera en proceso de exploración y desarrollos activos”, asevera en su documento publicado en 2022 llamado Yacimientos y perspectivas de pórfidos de cobre en la Cordillera de los Andes de Sudamérica.
Además de cobre, Argentina posee yacimientos de minerales considerados críticos por sus escasez, como el litio. Por ello el USGS ha catalogado el año 2023 a este país como principal proveedor de litio de Estados Unidos, con más del 50% de la cuota del mercado, destinado principalmente para la industria automotriz estadounidense.
Incluso, Argentina es considerada como uno de los 13 gobiernos que forman parte de la Asociación para la Seguridad de los Minerales (MSP), una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos (EEUU), para catalizar la inversión pública y privada en las cadenas de suministro de minerales críticos a nivel mundial que tienen por objetivo las cadenas de suministro de minerales a los sistemas productivos encaminados hacia la transición energética.
Los abogados son tajantes al aseverar que, en el caso de Argentina con las nuevas reformas de Milei, se está retrocediendo en términos ambientales, por “la exigencia histórica de grandes mineras transnacionales como Barrick Gold que pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y, con dicha modificación, podrán hacerlo sin limitaciones, estrechando de manera considerable la zona de protección”.
Los abogados advierten que entre las reformas también están consideradas las Fuerzas Armadas extranjeras en territorio argentino, ya que el articulo 346 faculta al Poder Ejecutivo la autorización del ingreso al país de contingentes militares pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado.
La comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom por sus siglas en inglés), Laura Richardson, se refiere a Sudamérica como un teatro de operaciones considerando parte de su seguridad nacional de los Estados Unidos. Es “como nuestro vecindario debido a la proximidad física, a los lazos familiares, económicos y culturales”, dijo este alto mando del ejercito estadounidense en 2022 ante 117º Congreso de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.
Richardson argumenta que su presencia en la región es de vital importancia debido a que “el 60% del litio del mundo se encuentra en el Triángulo del Litio en Sudamérica”, que comprende Argentina, Bolivia y Chile, declaró ante la audiencia del senado de EEUU en marzo del 2022
“En un contexto global donde los países refuerzan sus fronteras y la seguridad nacional, la Ley Ómnibus habilita la posibilidad que fuerzas armadas extranjeras ingresen a nuestro país bajo el sutil disfraz de prácticas de ejercitación, instrucción o protocolares, cediendo control de nuestros suelos y bienes comunes”, alertan los abogados.
De facto, estas organizaciones consideran que esta reforma es “de entrega y despojo de nuestra soberanía nacional”, al considerar que va encaminada con la derogación de la Ley de Tierras Rurales realizada por el DNU 70/2023, a través del cuál se habilita que capitales extranjeros puedan adquirir tierras nacionales en zonas de frontera, renunciado al control sobre límites fronterizos.
Privatización
La Ley Ómnibus pretende privatizar al menos 40 compañías estatales, entre ellas la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, la Casa de Moneda (donde se imprimen los billetes), la agencia de noticias Télam, la empresa de agua AYSA y Ferrocarriles Argentinos.
En términos ambientales, se desregulariza la fiscalización de la explotación de combustibles fósiles que, de por sí ya venía ocasionando severos impactos ambientales, denuncian en el informe.
Por ello, “la privatización de las empresas públicas del sector, tanto estatales como provinciales, intensificará y profundizará las desigualdades socioambientales ocasionadas por el avance de la frontera hidrocarburífera en nuestro país”, acrecientan los abogados.
Además, con el decreto se desregula la fiscalización de quema de vegetación, pastizales y residuos, las cuales requerían el permiso del Estado. La “Ley Ómnibus da lugar a que, transcurridos 30 días hábiles desde la solicitud de una autorización de la quema, si el Estado no se expide, su silencio se interprete como autorizado tácitamente”, destaca el informe.
Con estas reformas también se propone la privatización de la Administración General de Puertos, creando las condiciones para “la privatización de los ríos, en particular, el Paraná, imposibilitando aún más el control social y de las provincias en la gestión pública con visión de cuenca del mismo, en el contexto del federalismo de concertación, negando la titularidad de las provincias de sus bienes naturales”, agregan en este documento.
La asociación de abogados hace un llamado a la sociedad argentina para “rechazar y resistir estas propuestas que ponen en riesgo la naturaleza, sus ecosistemas y la capacidad del Estado para regular y proteger el ambiente”. De la misma forma exigen a los legisladores que “rechacen enérgicamente este proyecto y resguarden la poca legislación vigente que puede servir como un puntapié para la justicia ecosocial y la protección ambiental en Argentina”.
Agricultores de Condadillo, La Unión, denuncian acoso del Estado para vender sus tierras a bajo costo donde se construye el aeropuerto del pacífico. Foto: Carolina Amaya/MalaYerba.
¿Por qué no llevan ese aeropuerto a otro lado?, reclama Santos Cruz, campesino que arribó en los ochentas a las tierras de Condadillo y donde, en medio de la guerra, junto a otros hombres y mujeres anclaron su vida a este territorio en el litoral centroamericano.
Ahora, el desplazamiento forzado se cierne sobre la vida de cientos de familias campesinas y pescadoras de esta región.
Maquinaria invade y destruye tierras dedicadas a la agricultura para preparar la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico.
A principios del 2023, maquinaria pesada se abrió paso, devastando tierras antes utilizadas para la agricultura, afectando flora, fauna, así como las fuentes de agua de la zona adyacente a ecosistemas de manglar y al volcán de Conchagua, un cráter inactivo que, ante los ojos del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, representa la fuente de energía clave para erigir, desde sus cimientos, una ciudad que servirá como polo de desarrollo en el pacífico salvadoreño.
La ‘Ciudad Bitcoin’ es, a pesar de la parafernalia que adereza sus discursos, la vieja pretensión de construir infraestructura vital -con dineros públicos- para los capitales privados, sobre todo trasnacionales, que precisan de facilidades para la extracción de recursos, la circulación de mercancías y la incorporación de territorios -y toda forma de vida explotable dentro de ella-, a los mercados globales.
Diseño del arquitecto mexicano Fernando Romero para el proyecto de ciudad bitcoin
La construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico -ya contemplado previamente por la administración del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)- representa uno de los pasos fundamentales para consolidar a El Salvador como un corredor logístico, con abundante mano de obra barata y estratégicos recursos naturales a partir de la nueva ‘Ciudad Bitcoin’.
“Es una Zona Económica Especial (ZEE), es la privatización de los territorios”, señala José Ángel Flores, profesor de agroecología, sobre el anuncio, desde 2018, de un acuerdo entre el gobierno progresista del FMLN con China, el cual pretendía intervenir 2,800 kilómetros cuadrados para el desarrollo de la ZEE: desde el puerto La Libertad, en el cauce del río Lempa, hasta el puerto de La Unión, en el geoestratégico Golfo de Fonseca. Exactamente los mismos territorios contemplados por el Plan Cuscatlán, eje rector del gobierno de Bukele, para el desarrollo de lo que denomina “Franja Pacífico”.
En noviembre de 2023 se inauguró la nueva biblioteca de San Salvador, construida con donaciones de China.
Este plan se entreteje con la lógica regional prevista en el Plan Maestro de proyectos de inversión y desarrollo económico para la zona del Golfo de Fonseca, impulsado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el beneplácito de los gobiernos que comparten acceso a estos territorios: Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Además de dinamizar el comercio y el turismo, el plan propone generar un nuevo polo agroindustrial, energético y para la industria pesquera. Para ello, es necesario integrar la infraestructura carretera, aérea y marítima para funcionar como un corredor logístico integral donde destacan los transbordadores para conectar los puertos de La Unión, en El Salvador; Corinto y Potosí en Nicaragua; Amapala y San Lorenzo en Honduras.
Desde la aprobación de la Ley Orgánica que permitía la operación de las Zonas de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDE), en 2013, amplios sectores de la sociedad hondureña se organizaron contra su operación.
Desde el año 2007, los tres Estados centroamericanos han mantenido pláticas para el desarrollo de estos proyectos. Liderados por el BCIE, la entidad financiera promueve la transformación de territorios para el desarrollo económico que, a pesar de contar con distintas nomenclaturas, comparten como objetivo similar la consolidación de incentivos económicos y fiscales para la atracción de empresas; además de la ya mencionada ZEE-Ciudad Bitcoin para El Salvador, en el caso de Honduras corresponde la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE, actualmente renombradas como “ciudades modelo”, las cuales, a pesar de su derogación, aún se esparcen por distintas geografías del país centroamericano) y en Nicaragua, al Parque Agroindustrial en la Zona Franca.
La geoestratégica bahía en el pacífico centroamericano cobra mayor relevancia en la actual disputa hegemónica entre EEUU y China para controlar los mercados que convergen en la cuenca pacífico. Así, no sorprenden las visitas a Managua en 2023, del ministro de Asuntos Exteriores ruso y del presidente de la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo, quienes anunciaron la promoción de distintos acuerdos de cooperación económica.
Desde que, en 2021, China y Nicaragua establecieron relaciones diplomáticas, el gigante asiático ha promovido inversiones en el país centroamericano para la construcción de viviendas sociales, proyectos de educación, salud, transporte e infraestructura para aumentar la generación energética por medio de plantas térmicas. Estas inversiones suceden en el marco de las negociaciones entre Managua y Pekín para la firma de un acuerdo de libre comercio entre las dos naciones.
En enero de 2022, la administración de Daniel Ortega firmó la adhesión de Nicaragua a la Iniciativa de La Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), un programa de China que contempla inversiones para el desarrollo de infraestructura con énfasis en la producción energética y la extracción minera.
Mapa de los canales marítimos y terrestres de la GEI (Interconexión Energética Mundial, por sus siglas en inglés) proyectada dentro de la BRI para el año 2070. Fuente: Estudios de la Red Principal de Interconexion Energetica Mundial, GEIDCO.
Panamá fue el primer país latinoamericano en adherirse a la iniciativa asiática. En 2019, El Salvador siguió sus pasos y, al igual que Nicaragua, actualmente se encuentra en la fase de negociaciones para concretar un acuerdo de libre comercio con China, criticado por organizaciones ecologistas pues temen que incluya vías para introducir concesiones mineras en el único país centroamericano que mantiene la prohibición de la industria extractiva.
La influencia China en Latinoamérica se dinamizó desde los primeros años del nuevo milenio, en el marco del boom por las materias primas que el país asiático aprovechó para realizar préstamos por millones de dólares en Sudamérica a cambio de petróleo. Ahora, con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, a través del Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China, ha dado prioridad a proyectos de infraestructuras regionales, tales como puentes, terminales portuarias, centrales hidroeléctricas y autopistas. Así, en solo cinco años desde la presentación de la BRI en la región, una veintena de países latinoamericanos se han adherido a la iniciativa, convirtiendo a China en el primer socio comercial de América del Sur y el segundo de América Latina en su conjunto, después de Estados Unidos.
El régimen de Daniel Ortega acordó elevar a nivel de “asociación estratégica” sus relaciones con China, quien a su vez rechazó “injerencias extranjeras” en Nicaragua mediante delcaración conjunta difundida el pasado 20 de diciembre.
En paralelo, el BCIE, respaldado por fondos norteamericanos provenientes de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, perteneciente al Banco Mundial, mantiene el financiamiento previsto para la consolidación de proyectos ferroviarios, energéticos -mediante gasoductos para el transporte de gas natural- e hídricos, donde destaca la prioridad de integrar múltiples trenes para la circulación de recursos y mercancías en el istmo centroamericano.
En palabras de Dante Mossi, economista hondureño y quien ocupara la presidencia ejecutiva del banco de desarrollo hasta mayo de este año, “la región tiene una gran cantidad de proyectos para elegir, pero las iniciativas férreas se han convertido en la marca registrada del banco de desarrollo”, expresó durante entrevista, en 2020, sobre la estrategia de ayuda del ente financiero para hacer más competitiva las economías centroamericanas en la post pandemia. “Hemos trabajado con estrategias ferroviarias para obtener otro modo de transporte disponible para carga porque los volúmenes y los pesos de las cargas no se dan abasto (…) El congestionamiento en algunas capitales centroamericanas como Guatemala, San Salvador, San José, Panamá es realmente malo. El congestionamiento de estas capitales está volviendo a sus economías menos competitivas”, detalló Mossi sobre las razones detrás de esa decisión.
Interconexión de vías férreas entre sur de EEUU hasta Centroamérica.Mapa elaborado por GeoComunes.
Según el economista hondureño, las inversiones del BCIE representan el 50% del financiamiento para todos los proyectos de infraestructura de los cinco países que fundaron la institución en 1960: Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador. Actualmente el BCIE está involucrado en el financiamiento de un proyecto de tren eléctrico en Costa Rica, para el cual prepara la licitación de estudios ante empresarios españoles. Además, promueve acuerdos de asociación público-privada para invertir en proyectos para la construcción de trenes eléctricos en El Salvador, Guatemala y Honduras. En contraste, el campesino salvadoreño, Santos Cruz, afirma que su país no necesita más aeropuertos. “Nosotros, la gente pobre del país, estamos sufriendo cuántas cosas por megaproyectos que trae el gobierno”, reclama sobre estos planes que, desde las necesidades del capital global, se imponen a las agendas de los Estado-nación.
Durante un recorrido por la región de Condadillo, el profesor Flores sintetizó el componente logístico mediante el cual está justificada la existencia del Aeropuerto del Pacífico. “Viene desde el ‘tren maya’ en México, su extensión en Guatemala y continúa con el tren del Pacífico en El Salvador. Este se amarra con el Aeropuerto Internacional, el puerto de Cutuco y conecta con el Corredor Seco de Honduras al canal hídrico de Nicaragua, que es otro megaproyecto que, debido a la presión social, se le ha frenado por el momento. Luego con el canal hídrico de Panamá y se extiende a lo largo de Colombia hasta llegar a la zona de la Amazonía. Toda esta lógica es la extracción de los recursos naturales de los pocos ecosistemas naturales que quedan en Latinoamérica para la transformación de mercancías”.
Para las y los habitantes de la región de Condadillo es claro el objetivo que se busca con los proyectos que vendrán tras la construcción del aeropuerto: las tierras del pacífico salvadoreño en función de un pequeño corredor logístico donde el objetivo sea el ensamblaje, el almacenamiento, la distribución y la comercialización de mercancías. “Nosotros simplemente vamos a hacer mano de obra barata como población para esta lógica (…) el objetivo que El Salvador sea una gran maquila donde estemos armando mercancía, a un costo sumamente barato, entonces a partir de toda esa lógica se está planteando esto y no existe, en este caso, la prudencia de evitar la depredación del medio ambiente”, recalcó el profesor. De gran importancia es subrayar que, toda esta región, desde el Tapón del Darién en Panamá hasta el sureste de México comprende el Corredor Biológico Mesoamericano que une las selvas tropicales húmedas del norte y del sur del continente a través del istmo centroamericano y da hogar a 10% de la biodiversidad del mundo mediante la concatenación de ecosistemas selváticos de inmensa diversidad biológica.
Región de la costa pacífico en Nicaragua donde existen importantes yacimientos de hidrocarburos. Fuente: GeoComunes
Aún más preocupante, la zona del litoral pacífico que comprende desde el Golfo de Fonseca hasta la frontera de Nicaragua con Costa Rica es una región donde se han descubierto reservas de hidrocarburos, lo cual ha generado el interés por parte de las empresas chinas para su explotación. Convergen en esta zona también los intereses por desarrollar infraestructura para la generación energética renovable, gasoductos y para el aprovechamiento de la geotermia a lo largo del Arco Volcánico Centroamericano que se desplaza por El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Corredor logístico industrial proyectado para el desarrollo de infraestructura en el Golfo de Fonseca.
Mucho se ha criticado, sobre todo desde occidente, de las prácticas de empresas chinas en África y Latinoamérica en relación al incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y cuidado al medioambiente. No obstante, el desdén por la naturaleza y la vida de quienes defienden los territorios frente a la imposición de megaproyectos se encuentra por igual en las empresas financiadas por los EEUU.
En el caso centroamericano, tanto las inversiones del país asiático como las del bloque norteamericano coinciden en la promoción de violencia contra comunidades que resisten contra la imposición de megaproyectos de integración, tal como muestra el caso de la central hidroeléctrica de Agua Zarca, en el occidente hondureño. Concebida para represar el río Gualcarque, sitio sagrado para el pueblo Lenca, el proyecto para la generación de energía ‘limpia’ recayó en la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), quien recibió financiamiento para su construcción de Synohidro, la mayor empresa estatal china constructora de presas y del BCIE.
Tras años de una enérgica resistencia indígena, liderada por comunidades Lencas y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), directivos de la empresa DESA, cuya estructura mantenía estrechos contactos con el ejército hondureño, asesinaron a Berta Cáceres, quien entonces fungía como coordinadora del Copinh.
Después del homicidio de la ambientalista, Synohidro abandonó el proyecto debido a “conflictos incontrolables”. Por su parte, el BCIE se desvinculó definitivamente del proyecto hasta 2020. A casi 8 años, tras un juicio lento y accidentado debido a las irregularidades del Estado de Honduras, en la actualidad, siete personas condenadas como autores materiales, y solo un co-autor intelectual, aún están a la espera de la confirmación de sus sentencias por su participación en el crimen.
Caracol de Oventik 2018, Jacinto participando en la asamblea que lanzó a María de Jesús Patricio como vocera del CNI-CIG. Foto por Santiago Navarro F
Sin titubeo alguno, siempre estaba presto a brindar su solidaridad a cualquier persona, a cambio de nada, su humildad lo caracterizaba. No solo creía que un cambio era necesario, sino urgente. Jacinto, así fue conocido entre sus más cercanos, sus compañeros y compañeras con las que compartió aquella utopía de que un mundo mejor es posible. Hoy, un jueves como cualquier otro, a él lo tomó por asalto la muerte, una muerte que pretende ser silenciosa, pero, que se desenrolla como un capullo convirtiéndose en murmullo entre las enseñanzas que dejó entre otras personas incógnitas como él.
Jacinto había cumplido 67 años y su nombre real era Marino Ramírez Pacheco, un zapoteco de la sierra sur de Oaxaca donde también dejó huella entre sus paisanos. Formó parte del Congreso Nacional Indígena (CNI). Días atrás lo había encontrado, charlamos sobre distintos temas, entre ellos, mostraba su preocupación por los niños asesinados en Palestina. También se mostraba animado por las nuevas iniciativas que recientemente había lanzado el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Sobre todo, le llamó la atención la posibilidad de colocar en nuestros pensamientos la idea de la no propiedad de la tierra, a la cual siempre terminamos volviendo a ella.
Su corazón se mostraba fuerte y animado, siempre dispuesto a seguir abriendo veredas en la conciencia de la gente, recordando que el conjunto de crisis que hoy vivimos es, “producto de la bestialidad del sistema capitalista”, decía. No tuvo estudios, pero sabía escribir y leer. Aunque la tecnología lo había dejado atrás, siempre intentaba estar informado.
La profesión de Jacinto fue como campesino y albañil. Pero, también, fue un constructor de sueños, pues “siempre se mostraba con pasión en las actividades políticas que realizaba. Siempre fue una persona de conciencia”, comparte su compañera de vida, Maura Pacheco, que, juntos a sus tres hijos, Emiliano, Sergio y Estrella, hoy lloran la partida de Jacinto.
La compañera de Jacinto se mostró preocupada de que nadie se acordara de él y que quizás su pérdida pasaría como desapercibida en un jueves como cualquier otro y, quizás, las veredas que abrió se cubran nuevamente de hierba. “Pero las palabras de solidaridad comenzaron a llegar y el peso de su partida se va aligerando al saber que entre esas veredas hay gente”, dijo vía telefónica.
El finado será sepultado en las tierras donde hizo vida en sus últimos años, en Tuxtepec, Oaxaca. Ahí la tierra lo cobijará nuevamente y, con certeza, el recuerdo de sus palabras seguirá andando la memoria y tal vez alguien continúe abriendo más veredas de la utopía de que un cabio es urgente en tiempos donde todo parece derrumbarse.
Por Darío Aranda. Foto de portada: Sebastián Granata
Desde Tierra del Fuego a Jujuy. Desde Catamarca a Buenos Aires. Asambleas socioambientales de todo el país saben que el gobierno de Javier Milei intentará avanzar con más agronegocio, megaminería, explotación petrolera y monocultivo forestal -entre otras actividades-. Y es unánime la postura: el rechazo al extractivismo y, como eje principal, la movilización popular para defender los territorios.
“¿Hasta cuándo?”, fue la pregunta que unió a organizaciones de 43 ciudades del país. Se trató de una coordinación como hacía tiempo no se veía, de diversos colectivos en el marco de la Campaña Plurinacional Anti Extractiva para denunciar el impacto social, ambiental y sanitario del extractivismo.
Planificada con mucha anterioridad a la segunda vuelta electoral, uno de los objetivos fue recordar al nuevo presidente el rechazo al modelo político-económico extractivista y, fundamental, articular redes para lo que vendrá. “Esperamos la profundización del sistema extractivista. Por eso estamos en alerta y activando más que nunca los lazos que se necesitan para frenar este modelo de destrucción y muerte. Vienen tiempos difíciles ya que es mano dura lo que se propone desde el gobierno, siempre recordando que estos gobiernos le rinden cuenta al FMI a costa del sufrimiento de los pueblos”, afirmó Paula Kaeser, de la Coordinadora Basta de Balsas Soluciones (BFS) y parte de la Campaña Plurinacional.
El encuentro fue a principios de mes y hubo actividades en Tierra del Fuego, Chubut, Entre Ríos, Neuquén, Misiones, Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán, entre otras provincias. Se denunció el impacto del agronegocio y las fumigaciones con agrotóxicos, de la megaminería (con los casos extremos de San Juan, Catamarca y la explotación de litio), el monocultivo de árboles(con Misiones y Corrientes como referencias), la explotación petrolera en Neuquén y la exploración en el Mar Argentino, y el impacto negativo de las megarrepresas, donde sobresalen Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Mendoza (ésta última provincia aún sin cumplir el fallo de la Corte Suprema para liberar el agua del río Atuel a La Pampa).
Por su parte, la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) es un espacio emblemático de articulación de luchas provinciales. Se reúne periódicamente desde 2006 y siempre mantuvo la autonomía de los partidos políticos. Del 8 al 10 de diciembre celebraron su 36 encuentro, en la localidad bonaerense de Jáuregui, territorio que padece las fumigaciones con agrotóxicos, las curtiembres contaminantes y uno de los basurales a cielo abierto más grande del país.
Laura Olivares vive en Jáuregui y es parte de la UAC. Definió al gobierno de Milei como “el fascismo argentinizado”. Señaló que las razones de su triunfo son tan diversas como los sectores que lo votaron, pero con eje especial en el hartazgo de las políticas previas que no resolvieron lo más básico de la población. “Esto confirma lo que venimos diciendo hace tiempo, que este modelo no sirve más, es necesaria una democracia real, representativa de los pueblos”, resumió.
Respecto al extractivismo, no tiene dudas de que se intentará avanzar con más megaminería, explotación petrolera y agronegocio. En plena campaña electoral, Milei negó la existencia del cambio climático y sentenció que “una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera”. Afirmó que el valor del agua es “cero” y propuso la apropiación de ese bien por parte de las empresas.
Otra muestra, ya como Presidente, es ceder a conducción de la Secretaría de Bioeconomía (nuevo nombre del área de agricultura) a Fernando Vilella, ex decano de la Facultad de Agronomía de la UBA y ex funcionario de Daniel Scioli en Buenos Aires, un aliado incondicional de las compañías de transgénicos-agrotóxicos y de las exportadoras de granos. Lo mismo que su grupo de trabajo, donde sobresalen referentes de la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid), empresarios y lobistas del agronegocio local e internacional.
Olivares remarcó que desde la UAC conocen desde hace años de persecución y hostigamiento a las comunidades que se oponen al extractivismo, donde los gobiernos provinciales también instrumentan la represión. Existen numerosos ejemplos: Andalgalá, Jáchal y Salinas Grandes, por citar solo algunos. Señaló que todo indica que con el nuevo gobierno “será peor”, pero advierte que eso no frenará las acciones en defensa del agua y los bienes comunes: “Las asambleas seguiremos en nuestros territorios tejiendo redes, fortaleciendo nuestras luchas, generando resistencia, fortaleciendo la autonomía. Tenemos claro quiénes son los enemigos actuales y estaremos en las calles exigiendo nuestros derechos”.
Una de las características, y fortalezas, del movimiento socioambiental es la presencia en las calles y la acción directa. Así lo demostraron Esquel, Andalgalá, Famatina y Chilecito, Jujuy (con las movilizaciones de los pueblos indígenas), Mar del Plata y Malvinas Argentinas (Córdoba), contra Monsanto, entre otros casos. Los últimos picos masivos fueron Mendoza (2019) y Chubut (diciembre de 2021), donde hicieron retroceder a los gobiernos provinciales con sus intentos de permitir la megaminería. Paula Kaeser dejó un invitación que, de alguna manera, es también una respuesta a las corporaciones extractivas y al gobierno nacional: “Nos vemos en las calles, en defensa del agua y la vida”.
Protocolo versus movilización
El “protocolo para el mantenimiento del orden público” que presentó Patricia Bullrich como amenaza para reprimir la protesta social no sorprendió a las organizaciones socioambientales. Tienen muy vivo el recuerdo de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ambos casos donde tuvieron directa relación las fuerzas comandadas por Bullrich (Gendarmería Nacional y Prefectura Naval). “Este protocolo es inconstitucional y es lo que vimos en Jujuy, con la reforma constitucional este año, donde desde ese momento se viven hostigamientos, persecuciones, violaciones a los derechos humanos y constitucionales”, afirmó Paula Kaeser, de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones.
Recordó que las organizaciones seguirán exigiendo desde las calles otra democracia, donde se respeten las decisiones de los habitantes que viven en cada territorio y ya dijeron no al extractivismo.
