En portada: Sierra Norte de Oaxaca. Foto por Santiago Navarro F
En Oaxaca, el gobernador del estado, con el aval del Congreso local, decretó la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024, mediante la cual promueve la privatización de las tierras de propiedad social.
Según el discurso de Salomón Jara, y acorde a lo aprobado por los diputados en el inciso B de dicha ley, se busca fortalecer los ingresos estatales mediante la incorporación a la propiedad privada de las tierras ejidales y comunales.
Además, en su artículo 25, plantea otorgar estímulos fiscales para que los ejidatarios y comuneros promuevan los trámites para la certificación de derechos agrarios bajo la modalidad de dominio pleno.
No obstante, dicha política encendió las alarmas en los ejidos y comunidades del estado al sur de México, donde de acuerdo a datos del Registro Agrario Nacional (RAN), hasta el 2022 existen más de 7 millones 600 mil hectáreas de tierras de propiedad social. Es decir, más del 80% del territorio oaxaqueño.
Ante ello, se pronunciaron por lo que califican como “política económica neoliberal” pues acorde a los ejidos y comundiades, la ley vulnera la seguridad jurídida de la propiedad social de las comunidades agraria, indígenas y ejidos consagrado en el artículo 27 de la Constitución mexicana.
Por ello, mediante pronunciamiento, ejidos, comunidades, autoridades agrarias y organizaciones oaxaqueñas exigen la derogación de dicha ley que consideran “política recaudatoria neoliberal”.
“La parte del decreto que se cuestiona es, una clara muestra de la visión neoliberal, fundada en la política impuesta por Carlos Salina de Gortari (ex presidente de México) mediante la reforma constitucional del 6 de enero de 1992, para la privatización de la propiedad social que detentan las comunidades agrarias indígenas y ejidos, en el Estado de Oaxaca”, contextualizan en el documento.
Salomón Jara, gobernador de Oaxaca.
En el pronunciamiento, argumentan que la pretensión del gobierno oaxaqueño de incrementar la recaudación de impuestos mediante pago por derechos catastrales y registrales “demuestra claramente el desconocimiento de la realidad de las comunidades agrarias, comunidades indígenas y núcleos ejidales”
El decreto, califican, socaba la base de la propiedad social en Oaxaca y manifiesta una “política neoliberal salinista” de privatización de la tierra de los ejidos y comunidades. Por ello, exigieron al gobernador ordene la derogación del artículo 25 de la Ley.
Además, demandan también la anulación del programada denominado “Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio”, pues argumentan que las comunidades agrarias y los ejidos ya cuentan con la certeza jurídica en sus carpetas inscritas ante el RAN.
“El programa que pretende implementar, en lo absoluto beneficia a los ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, la certeza jurídica es para los inversionistas nacionales y extranjeros que codician los recursos naturales existentes en nuestros territorios, y con ello garantizarles sus jugosos negocios, como sucede con los megaproyectos impuestos en la región del istmo y las concesiones mineras”, sostienen.
Por último, llaman a pueblos indígenas, comunidades agrarias, ejidos y organizaciones sociales para realizar acciones que exijan la derogación de “la política recaudatoria neoliberal que atenta contra nuestra propiedad social”.
Reunión de trabajo entre funcionarios del gobierno federal y estatal para el plan de justicia del pueblo mayo
Myrna Valencia, profesora y defensora de derechos humanos, integrante del pueblo Mayo-Yoreme de Cohuirimpo, en el sur de Sonora, es firme al declarar que los llamados planes de justicia impulsados por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador son perjudiciales para los pueblos indígenas de México.
Como estrategia para impulsar su política dirigida a pueblos originarios, el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T, como se le conoce popularmente) coordina trabajos con distintas comunidades, los cuales, de acuerdo al Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, “permitirán conocer y dar respuesta a las justas demandas e históricas necesidades de los pueblos”.
Por ello, el gobierno federal mantiene reuniones con integrantes de los pueblos Yaqui, Séri, Wixárika, Náyeri, O’dam, Guarijío y Yoreme-Mayo, con quienes ha anunciado la implementación de estos planes para atender cuestiones diversas. Las prometidas para la tribu Yoreme incluyen la recuperación del río Mayo y el acceso al agua; construcción de infraestructura carretera y hospitalaria; además de solución de conflictos agrarios, entre otras.
Valencia, quien también integra el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI), contrapone los dichos del funcionario y asegura que la estrategia del gobierno federal es más de lo mismo: “Los planes de justicia, especialmente ahí con nosotros los Yoreme, son el acoso y el último tiro de gracia”, sentencia a la par que denuncia la cooptación de líderes comunitarios y el uso electoral del asistencialismo gubernamental.
Reunión de trabajo entre funcionarios del gobierno federal y estatal para el plan de justicia del pueblo mayo
Su testimonio se suma al de las y los habitantes de las comunidades de Bachoco El Alto, Buaysiacobe, Masiakawi y el mismo Pueblo Cohuirimpo, quienes formalizaron la “Alianza Yoreme”, en enero de este año, para denunciar que “nuestra existencia ancestral está en grave riesgo debido al rotundo fracaso de la política indigenista implementada por el gobierno mexicano”.
Mediante pronunciamiento, la Alianza de los pueblos en el norte de México acusa que “la 4T es el instrumento ideal del capitalismo, pues, por medio de los empresarios, partidos políticos, crimen organizado y demás poderes fácticos se mimetizan políticamente para perpetuarse en el poder, dirigiéndonos acciones desidentitarias tales como desecación del Rio Mayo en el territorio de Nuestra Tribu”.
Para Myrna, el componente cultural del pueblo Mayo es fundamental para el trabajo organizativo en sus comunidades. Por ello destaca el abordaje de los pueblos de la Alianza para reclamar al Estado sus acciones que buscan negarles su identidad.
“Porque el gobierno yori, el gobierno blanco dice ‘este pueblo ya no es indígena’. Y se le pega la gana y lo anuncia”, menciona como crítica a la creación del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas por parte del INPI, quien argumenta la necesidad de identificar a estos pueblos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
Esta publicación forma parte de una serie de diálogos con participantes de la última Asamblea del CNI, realizada en Tehuacán, Puebla. Puedes consultar las entregas pasadas sobre las resistencias en el Istmo de Tehuantepec, Michoacán y Quintana Roo.
A continuación, compartimos el testimonio de Myrna Valencia quien también es miembro del Consejo del Gobierno Indígena de Cohuirimpo Río Mayo, uno de los ocho pueblos de la tribu Yoreme-Mayo, quienes abarcan una región entre el sur de Sonora y el norte de Sinaloa.
Avispa Mídia (AM): En las mesas de trabajo has reflexionado sobre los planes de justicia promovidos por el gobierno federal, ¿puedes compartirnos más detalles?
Myrna Valencia (MV): Hemos visto tristemente que es más de lo mismo. En 2019 fueron las primeras avanzadas del presidente. Hicieron un diagnóstico entre autoridades indígenas de los pueblos, de las comunidades y de diferentes liderazgos. Tuvimos la oportunidad de asistir y el diagnóstico fue muy claro. Como no sabíamos bien de qué se trataba, ni de la derrama económica que iba a significar para quienes son cazadores de este tipo de recursos económicos y de puestos políticos; entonces, la gente fue fiel en decir el sentir. ‘Nosotros queremos la tierra, queremos la legalidad de la tierra. Queremos nuestros territorios y queremos el agua’, ese fue el sentir general que entregamos.
AM: ¿Cómo se ha desarrollado el trabajo del Estado?
MV: Se empezaron a llevar a cabo reuniones. El mismo INPI y otras organizaciones, que se dicen representantes de los pueblos indígenas, empezaron a incursionar, a irrumpir en las comunidades y nombrar autoridades indígenas a su gusto y a su conveniencia, que les favoreciera, claro está. Ha habido mucha ruptura a lo que son los gobiernos indígenas auténticos, no se les ha respetado. Ha habido personajes. Recuerdo ahorita a Juan Pérez Gil, que él dice ser vocero de los 8 gobernadores de los 8 pueblos. Nunca ha sido esto, ni siquiera informado, mucho menos legitimado.
Ellos han gozado como intermediarios de los recursos de la derrama del plan de justicia y eso les permite jugar con la voluntad de la gente, les permite aprovecharse de la necesidad y también ir acarreando voluntades hacia lo que viene, porque ellos nada más saben manejarse en las cuestiones electorales, y ya se están preparando para la siguiente elección, para eso ha servido.
Es una plataforma para las cuestiones electorales y también para los puestos de poder en el gobierno local, municipales, en las mismas instituciones como el INPI, en CEDIS (Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora) que es para la atención de los pueblos indígenas en el estado. Eso es lo que estamos viviendo, es lo que estamos sufriendo. Avance en realidad no hay. En mayo del 2022 fue el presidente y anunció: ‘sé lo que quieren; yo no voy a pelear con los que tienen la tierra, voy a indemnizar y voy a cumplir con ustedes’. La gente aplaudía, era una euforia.
Visita del presidente de México al pueblo Yoreme
Pero tristemente, hemos visto muchas reuniones, talleres, mesas simultáneas de diferentes temas, a lo que nuestro pueblo no está acostumbrado. Nos está afectando bastante porque en las mesas de trabajo, hay gente que no está informada y otra gente que está mal informada. Entonces las mesas de trabajo, los talleres, las reuniones distan mucho de lo que la comunidad indígena, de lo que la población indígena necesita. Ya en tanto ir y venir, hasta se ha perdido. Nosotros hemos tenido esa constancia todavía y esa conciencia porque nos ha tocado estar desde el principio y nos ha tocado estar participando, con mucha vergüenza porque nos damos cuenta cómo se maneja la voluntad.
No se permitía el acceso si no tenían una representación como gobernadores (tradicionales, figura de los pueblos yoreme). Obviamente, quienes están al frente, ostentándose como representantes de la tribu y administradores de ese presupuesto para la puesta en marcha del plan, ellos pues, sí, reconocían a los que les daba la gana, entonces nosotros ya nos declaramos como Alianza y empezamos dentro de las reuniones a replicar, reclamar y a decir, pues esto es una farsa que es más de lo mismo.
AM: Una de las promesas se relaciona con la recuperación del río Mayo, ¿ya comenzaron estos trabajos?
MV: Si tuvieran realmente el deseo, hubieran empezado primeramente por darle la cuota de agua que viene, que es detenida en las presas para beneficiar a los terratenientes. Ya hace años que no se le da la cuota (de agua) necesaria al río y las especies de plantas y animales se están extinguiendo.
Nuestros territorios están secos, ya las personas que vivían en la ribera del río, pues hasta eso, les están afectando porque se les dieron concesiones a los habitantes originarios. Ellos tenían de cierta medida del cauce del río hacia las orillas, pero ahora como el cauce decreció, es apenas un chorrito de agua, pues sus casas quedaron fuera de la concesión y, aun así, pues los gobiernos les están cobrando esas posesiones, esos impuestos.
El río, que es uno de los elementos más identitarios de nuestra tribu está seco (…), seguimos siendo tratados como extranjeros en nuestro propio territorio, conducidos a un pensamiento que atenta contra la diversidad y todo esto.
AM: ¿Cuál crees es la importancia de los trabajos de este evento que les convoca?
MV: Respecto a la organización, pues es la base. Nadie de un gobierno externo va a venir y va a darse cuenta de lo que nos duele, mucho menos va a resolver nuestros problemas. Alguien que viene de fuera y que se dice ser nuestro representante, en este caso como el gobierno blanco, lo único que hace, pues, es aprovechar los recursos que hay de nuestros impuestos.
Pero la organización, en este caso, el Congreso Nacional Indígena que nos congrega en esta ocasión, y que nos anima a la organización, yo creo que es lo mejor que podemos hacer como pueblos originarios, como personas con una identidad de un pueblo nativo, porque eso nos va a permitir conocer en lo personal, en lo cerca, los dolores que sufrimos como pueblos, que sufrimos como comunidades.
Aquí el rasgo que se fomenta, que se reconoce y que nos hace sentir realmente orgullosos de nuestro origen es la comunalidad. Aquí eso lo vivimos, eso lo expresamos, lo manifestamos y también lo podemos llevar a nuestros lugares, gracias pues a los principios del mandar obedeciendo del CNI y el compromiso tan grande que tenemos como Concejo Indígena de Gobierno de ir formando, implementando y organizando esta forma de autogobernarnos en nuestras tribus.
Conmemoración por la Masacre de Acteal. Foto: Área de comunicación de Las Abejas
Este viernes, 22 de diciembre, se cumplen 26 años de la Masacre de Acteal, crimen de Estado que conmocionó al país por el actuar de la política genocida del gobierno mexicano en Chiapas.
En este contexto, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, a 31 años de su caminar, junto al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba) se pronunciaron ante la falta de voluntad del Estado mexicano para avanzar en acciones de justicia y castigo a los perpetradores del crímen. “Los responsables siguen impunes. Esto es una muestra de la postura negacionista y la apuesta al olvido y la apatía”, reclamaron mediante comunicado.
A 26 años en espera de justicia, Las Abejas de Acteal destacan que actualmente cuentan con dos notificaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A través de estas, informan que el caso por la Masacre de Acteal está en lista para su discusión y su publicación como Informe de Fondo., el cual "es importante para el reconocimiento de este Crimen de Estado como un crimen de lesa humanidad sobre el cual tiene responsabilidad total el Estado mexicano", aseveran Las Abejas mediante comunicado.
La organización tzotzil considera que, con ello, “aunque tarde, se abre una pequeña ventana para avanzar en la justicia y la reparación para las y los sobrevivientes, aunque sabemos que no vendrá cabal”.
Las y los indígenas tzotziles remarcan la responsabilidad de los funcionarios de ese momento. En específico, señalan al entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León; el Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet; así como el Secretario de la Defensa Nacional, General Enrique Cervantes Aguirre quien incluso fue condecorado por Andrés Manuel López Obrador en octubre de este año.
Otros funcionarios involucrados son el ex Gobernador de Chiapas, Julio Cesar Ruiz Ferro; el Secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani; el Subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín, y el Presidente Municipal de Chenalhó, Jacinto Arias, entre otros.
Las Abejas de Acteal recordaronb que su proceso de lucha y resistencia es contra la amnesia social, pues consideran “importante reclamar justicia y señalar a los responsables que construyeron e implementaron la estrategia de exterminio hacia la población civil en el marco de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como señalar la responsabilidad de funcionarios cómplices”.
Conmemoración por la Masacre de Acteal. Foto: Área de comunicación de Las Abejas
Además de señalar a las autoridades federales y estatales por obstruir la justicia para Acteal, también se pronunciaron por lo que consideran el “contundente” fracaso en temas de justicia social, paz y seguridad de los gobiernos, tanto federal, encabezado por AMLO, y estatal, a cargo deRutilio Escandón Cadenas.
“Han promovido la división comunitaria a través de proyectos gubernamentales, que representan la continuidad de la contrainsurgencia bajo formas de manipulación y cooptación. Han optado por abrazar, empoderar y premiar al poder militar y les han otorgado un perdón implícito por la violencia política desatada en la década de los noventa”, condenaron.
Debido a ello, Las Abejas de Acteal consideran que las circunstancias actuales en todo el estado de Chiapas son críticas.
“Estamos inmersos en una espiral de violencia que confluye e involucra a los procesos históricos de exigencia de justicia(…) Sobresale la crisis de violencia en la zona fronteriza, cuya situación genera graves violaciones a los derechos humanos como desplazamientos forzados, desapariciones de personas, asesinatos, extorsiones, torturas, secuestros, control de población, comunidades y municipios silenciados. Todo lo anterior en medio de un proceso electoral que agudiza más la violencia en los territorios”, detallan en el comunicado.
No obstante, la organización maya tzotzil asegura que, “a pesar de este panorama obscuro, los procesos de lucha y resistencia de los pueblos se articulan para andar los senderos de la paz, la autonomía, la defensa del territorio, y el cuidado de la Madre Tierra, la Casa Común”.
Miembros de la comunidad autónoma Nuevo San Gregorio, que comprende 155 hectáreas de tierra recuperada tras el levantamiento del EZLN, han sido agredidos constantemente durante los últimos años por grupos armados que buscan despojarles de sus territorios. Foto: Caravana de Solidaridad y Documentación EZLN realizada en enero del 2022.
Este jueves (21), integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), organizaciones de derechos humanos, así como colectivos y redes de apoyo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), nacionales e internacionales, anunciaron la realización de una caravana de observación a territorio zapatista en Chiapas.
Mediante conferencia de prensa, detallaron que la caravana iniciará el próximo lunes 25 de diciembre y recorrerá seis estados mexicanos (Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Chiapas) con el objetivo de visitar a las comunidades autónomas zapatistas.
Hasta esta mañana, informaron que registran la participación de personas provenientes de 19 estados mexicanos y de 20 países del mundo. Entre estos, se incluyen grupos y colectivos europeos que participaron de la Gira por la Vida realizada por las y los zapatistas durante 2021.
Las organizaciones participantes mencionaron que la iniciativa es una “caravana de caravanas” y se mantiene abierto el registro para incorporar una cantidad mayor de participantes.
Sandra Suaste, integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT), compartió que dicha red, integrada por 87 organizaciones con presencia en 23 estados mexicanos, ve con preocupación la inseguridad que se vive en muchas regiones del país.
Suaste también detalló que la RedTDT ha documentado agresiones contra caravanas y misiones de observación de derechos humanos que se han realizado en los últimos años, por lo cual hizo un enérgico llamado a las autoridades, estatales y federales, para garantizar la seguridad de la próxima caravana zapatista.
La integrante de la RedTDT señaló que el proceso de militarización que se vive en México ha puesto en riesgo otras iniciativas similares, particularmente en Chiapas, donde recordó que, durante agosto de 2022, registaron agresiones de elementos de la Guardia Nacional contra caravanas de observación que cubrían la crisis migratoria en el sureste mexicano.
Además, destacó el hostigamiento contra el EZLN por parte del Ejército mexicano, “no solo en su territorio, sino también a través de la documentación que se hizo en su momento de los Guacamaya Leaks, pues justamente sabemos que hay un seguimiento a todas las actividades que tengan que ver con giras, con caravanas”, lo cual es motivo de preocupación entre las organizaciones.
Por su parte, Carlos González, abogado e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), enfatizó que, con el levantamiento zapatista de 1994, se marcó un parteaguas en la historia de los pueblos del mundo en lucha, por lo que informó la participación de 90 delegadas y delegados del CNI que viajarán a Chiapas en el marco de la celebración de los 30 años del inicio de la guerra contra el olvido.
Organizaciones convocantes a la Carava Zapatista en el contexto de los 30 años del levantamiento armado del EZLN en Chiapas.
González subrayó la importancia de la rebelión zapatista que colocó, ante el conocimiento de México y el mundo, “la circunstancia tan grave, explotación, de pobreza, de violencia, de despojo en la que vivían y siguen viviendo los pueblos originarios de México. Es importante decirlo, esta condición opresiva no se ha modificado”.
El abogado del CNI señaló que, a pesar del paso de gobiernos de distintos colores y partidos, el actual gobierno no es diferente a los anteriores pues “no han hecho nada por modificar la condición de explotación, pobreza y discriminación” contra los pueblos originarios en México.
“Sigue aplicando políticas muy agresivas de despojo hacia nuestros pueblos. El ‘tren maya’ que se acaba de inaugurar, el corredor interoceanico del Istmo de Tehuantepec, que no ha podido avanzar como quisieran, por la resistencia que han tenido los pueblos en esta región del Istmo, o el Proyecto Integral Morelos, que también ha sido frenado por la resistencia de los pueblos en lucha en los estados de Morelos y Puebla, son una muestra de las políticas del actual gobierno que se complementan con lo que señalaba la compañera Sandra, con toda esta situación de violencia tan grave que estamos viviendo en el país y de manera significativa en Chiapas”, aseveró.
Además, expresó que los procesos de militarización actuales no han frenado el avance en el control de los territorios por parte de los cárteles criminales. “Llamamos a estar atentos al cerco creciente militar, paramilitar y criminal hacia los pueblos zapatistas, hacia los pueblos de todo México y a que estemos también atentos y atentas al recorrido de esta caravana de caravanas”, sostuvo.
Entre las organizaciones convocantes de la caravana se encuentran la RedTDT, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Congreso Nacional Indígena, así como colectivos en apoyo al EZLN, mexicanos, europeos y de otras partes del mundo.
En el marco de su 10 aniversario, miembros del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio marchan por la carretera que lleva de la comunidad tzeltal de Patria Nueva hacia la ciudad de Ocosingo. Foto: Aldo Santiago
¡Llega la mañana, pero todavía es de noche! La frase, repetida por un religioso jesuita, recibe las respuestas de un coro juvenil frente el atrio de la iglesia en el pueblo Patria Nueva, municipio de Ocosingo, territorio recuperado tras el levantamiento zapatista del año 1994.
Niñas y niños corretean, gritando en júbilo. Mientras, adultos escuchan atentos y ancianos descansan tras una breve, pero vigorosa peregrinación por las calles de la cabecera municipal hacia el pequeño poblado tzeltal.
Las y los presentes están congregados para celebrar el décimo aniversario del surgimiento del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite). Esta organización aglutina a comunidades choles, tzeltales, tzotsiles y mestizas de 13 municipios chiapanecos, pertenecientes a las regiones de los Altos, Selva y Sierra Madre.
Miembros del Modevite se congregan en el atrio de la iglesia del poblado tzeltal Patria Nueva, en el antiguo Caracol zapatista 10, municipio oficial de Ocosingo. Foto: Aldo Santiago
Arriba, en el templete, las y los jóvenes comparten las denuncias, una a una, de las agresiones que atraviesan su cultura, sus cuerpos y territorios. “¡Centinelas!”, gritan, alertando sobre la violencia, discriminación y despojo contra sus pueblos.
“Tenemos estas dos certezas”, complementa el jesuita. “No podemos negar que vivimos en el tiempo de la noche, no podemos negar que hay muerte, que hay economías que matan, que roban, que explotan, que hay crimen organizado, que hay ataque contra las mujeres, que hay tiempo de los migrantes (…) no tenemos respuestas para toda la noche, pero somos una comunidad que también tiene otra certeza: que viene la mañana, que el amanecer existe”, sostiene ante la escucha atenta de las y los presentes.
Mediante peregrinación en las calles de Ocosingo, integrantes del Modevite iniciaron las actividades para celebrar una década de lucha en la defensa de sus territorios. Fotos: Aldo Santiago
Mediante actividades políticas, culturales y religiosas, las y los participantes de la celebración recuerdan el origen de su organización, cuyo nacimiento, hace 10 años, respondía a las denuncias para combatir el alcoholismo dentro de las comunidades, la violencia contra la mujer y la imposición de la súper carretera San Cristóbal-Palenque.
“En aquél entonces era delante de la corriente neoliberal depredadora de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas; era clara la complicidad gobierno-empresa para implantar proyectos extractivos en el territorio”, rememoran mediante comunicado difundido en el contexto de los festejos.
Desde su origen, en noviembre del año 2013, Modevite ha sido una voz permanente en la lucha de pueblos de Chiapas para defender sus territorios, así como por la exigencia del respeto y reconocimiento de su autonomía y libre determinación.
Actualmente, en un estado violentado por la militarización y la actuación de grupos del crimen organizado, Modevite asevera ser una resistencia y opción de lucha desde la no violencia, como ha demostrado a lo largo de su existencia por medio de acciones como las peregrinaciones y en su promoción del ejercicio de gobiernos comunitarios en Chilón y Sitalá, al norte de Chiapas.
“Desde hace tiempo que el gobierno nos maltrata y quiere extraer la riqueza de nuestros recursos naturales, ahora el crimen organizado está despojando nuestro territorio. Por eso hay que caminar y estar unidos todos. Se ha sembrado una semilla y un recuerdo. Esperemos que lo que se sembró dé fruto”, comparte Alejandro Hernández, autoridad de la comunidad de San Pedro Toniná, sobre los desafíos y logros a una década de organización comunitaria.
Después de la peregrinación del día 24 de noviembre se llevó a cabo un momento de reflexión colectiva donde, tanto mujeres, hombres, niños y niñas así como jóvenes y jóvenas reflexionaron sobre todo lo que se ha logrado a lo largo de estos diez años de lucha. Alicia nos cuenta un poco sobre su perspectiva de lo que han vivido las mujeres en cuanto a desafíos, retos y logros. Video realizado por equipo de comunicación en apoyo al Modevite.
Las voces congregadas en el Modevite denuncian que los territorios y comunidades en Chiapas padecen el despojo de la paz por la imposición de la violencia del crimen organizado, situación que, a su parecer, no solo responde a la incapacidad de las autoridades gubernamentales, “sino porque proliferan los narcogobiernos en la región”.
El Modevite promueve la resistencia de la no violencia contra megaproyectos que amenazan sus territorios. Foto: Aldo Santiago
Ante esta situación, demandan el cese a la violencia criminal y política, y todas las formas de violencia, sobre todo las que afectan de manera desproporcionada a las mujeres indígenas. También expresan su rechazo a megaproyectos que amenazan los territorios de pueblos indígenas, tales como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque.
En el corazón
Entra las actividades del festejo se consideró un espacio para que las y los acompañantes del Modevite compartieran información sobre sus trabajos. De esta manera, académicos del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca) presentaron un análisis cartográfico de la conflictividad en Chiapas.
Gabriela Fenner, encargada del Laboratorio de Cartografía Crítica explicó el contenido de un mapa en el que ubican luchas en el sureste mexicano que se articulan dependiendo las amenazas que se ciernen sobre sus territorios. Así, por ejemplo, en Veracruz, comunidades resisten a los daños de la explotación petrolera y en la península de Yucatán luchan contra la devastación del “tren maya”.
“Chiapas en sí, y los municipios del Modevite, están en un corazón, están en una zona muy especial, estratégica, no solo para este gobierno, sino para la economía mundial”, resaltó la geógrafa sobre la relevancia de estos territorios para el sistema capitalista.
Para Pablo Uc, miembro del Observatorio de las Democracias, sur de México y Centroamérica (Odemca), la resistencia de una década del Modevite es referente ante la continuación del reordenamiento en el sureste por medio de los megaproyectos de la autodenominada “cuarta transformación”.
Pablo Uc, miembro del Odemca, señala los megaproyectos ubicados en el mapeo realizado en colaboración con el Laboratorio de Cartografía Crítica. Foto: Aldo Santiago
Tal es el caso del Corredor Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec. Ahí, donde en la administración pasada se hablaba de las Zonas Económicas Especiales, es el lugar codiciado, desde hace más de un siglo, para consolidar infraestructura que conecte a los mares que permitan la exportación de productos a los mercados de Norteamérica, Europa y Asia.
Según Uc, atravesar ese territorio, lleno de riqueza y biodiversidad, es convertirlo en un corredor para extraer mercancías, donde las personas mismas son convertidas en mercancías y se acentúa la industria de hidrocarburos. “Nos está rodeando, porque frente a ello encontramos cómo se vincula a un gran segundo proyecto, que es el tren maya”.
Entre las actividades para el festejo del 10 aniversario, se montaron exposiciones fotográficas del histórico del Modevite. También se ofreció medicina y se reunieron en mesas de trabajo para compartir reflexiones de sus luchas. Fotos: Aldo Santiago
Fenner, por su parte, enfatiza que las luchas en el sureste mexicano son estratégicas, “y por eso es importante mirarnos y tejernos con otras resistencias. Están ahí también defendiendo los territorios, sobre todo defendiendo la cultura”, resalta. “La lucha puede ser distinta, pero la esencia es la misma (…) volvimos a poner los territorios del Modevite, sobre todo para decirles: no están solas, no están solos, hay otras y otros que están también luchando en otras partes de México y están cerca”.
Frente a la violencia, renovar la defensa
El fogón abrasa la tarde mientras una tenue lluvia rocía el campo. En medio de la celebración, conversamos a un lado del fuego con Dania Martínez, directora del Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC), quien reflexiona sobre la violencia del crimen organizado que ha tomado fuerza en las comunidades chiapanecas.
Martínez destaca que, pese a estas dificultades, la actual celebración tiene como objetivo mantener la esperanza del camino andado durante una década. Así, recuerda que desde enero de este 2023, mediante rezo y ayuno en el municipio de Yajalón, comenzó el proceso de reflexión con el objetivo de “evaluar los frutos” del Modevite.
“Necesitamos renovar la estrategia de defensa del territorio”, es una de las conclusiones que comparte Martínez. Ella argumenta que no pueden continuar con los mismos modos de lucha que hace 10 o 30 años, menos aún cuando existen situaciones como las que se desarrollan en el municipio de Chicomuselo, cerca de la frontera sur con Guatemala.
Elementos del ejército mexicano que patrullan las calles de Ocosingo observan el contingente de Modevite durante su peregrinación en la ciudad. Foto: Aldo Santiago.
En este territorio, explica, no se puede exigir un alto a la extracción mineral, pues el gobierno se defiende aduciendo que no otorgó concesión y la empresa se excusa de no estar trabajando en la mina. “Ahora, quien está saqueando el territorio, las minerías, los recursos naturales, es el crimen organizado (…) son los que custodian las puertas de las minerías y acompañan en el traslado del producto que sacan”, denuncia Martínez.
Chicomuselo, hoy es sinónimo de tragedia, una que se desarrolla con la complicidad criminal de grupos armados, el ejército, la Guardia Nacional y autoridades de los distintos niveles. Así lo describen las y los integrantes de Modevite de aquel municipio, quienes enviaron un comunicado en el que denuncian la agudización de la violencia y explican su imposibilidad para asistir a las celebraciones debido al estado de sitio que se vive en el municipio de la frontera sur.
En el documento, leído durante la peregrinación a través de las avenidas de Ocosingo, detallan que existen controles, en las entradas y salidas del municipio, por parte de grupos armados quienes realizan revisiones exhaustivas, violentan físicamente a la población y no les permiten salir de la comunidad.
Integrantes del Modevite realizan una pausa en su peregrinación por Ocosingo para leer el comunicado enviado por las y los habitantes de Chicomuselo
También denuncian que, en las últimas semanas de noviembre, familias de la comunidad de “El Pacayal”, municipio de Bellavista, fueron desplazadas violentamente de sus hogares. Ante ello, han buscado refugio en comunidades vecinas donde se les ha dado alojamiento. Esto ocurre, pese a las dificultades de conseguir víveres en la región, debido al bloqueo de los caminos por parte de grupos armados.
Miembros del Modevite expresaron su solidaridad con las y los habitantes de Chicomuselo, quienes no pudieron asistir a la celebración. Fotos: Aldo Santiago
Además, los enfrentamientos no cesan. Destacan lo sucedido el 22 de noviembre cuando chocaron grupos armados en San Francisco, municipio de Siltepec. “Personas que vivieron esta situación comparten que fue el ejército y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quienes entraron a la comunidad para emboscar al Cártel de Sinaloa (CDS) y que tiraron gases lacrimógenos para que la gente saliera de sus casas, tiraron bombas y resultaron 8 heridos”, explican en el documento.
En el comunicado alertan que prevalece la intimidación y amenazas a sus comunidades por el saqueo y explotación minera. También señalan que el crimen organizado presiona a las autoridades ejidales para que las personas participen en bloqueos. “Algunas comunidades están resistiendo también a ser usados por el CDS y están organizándose libremente para cuidar la comunidad, hay insistencia de los líderes de organización a que los ejidos se unan al CDS para hacer frente al CJNG y al ejército”, denuncian.
Esta situación es reiterada. El pasado domingo (17), mediante escrito, alertaron que pobladores de dos comunidades de Chicomuselo han sido amenazados de reclutamiento forzado por parte de la organización social “El Maíz”, presuntamente vinculada a células del criminal organizado.
Pese a la crisis de inseguridad, las y los pobladores de Chicomuselo se posicionaron por recuperar su capacidad organizativa para hacer frente, “desde nuestras pequeñas acciones, a toda esta ola de violencia que vulnera la vida de nuestros pueblos”.
“Lo que nos salva y nos mantiene en esta lucha, es la espiritualidad”, comparte Dania Martínez sobre la fortaleza que entrecruza elementos de la cultura maya y la no violencia. “Yo veo una conexión muy fuerte también con la espiritualidad de la Madre Tierra, es la que nos da de comer”, sentencia y recuerda que, durante la planeación de los festejos, muchos se cuestionaron dónde debían acudir para rezar.
Miembros del Modevite subieron al cerro donde nacen las fuentes de agua que abastecen al poblado tzeltal de Patria Nueva. Foto: Aldo Santiago
Pero para la mayoría fue claro: “queremos ir al cerro, porque cuando nos ha tocado desplazarnos, porque nos despojan del territorio, quien nos ha acogido es el cerro, quien nos ha dado de comer, es el cerro, entonces, vamos a ir a agradecerle que, en medio de nuestro dolor, ellos nos han acogido, la Madre Tierra y el cerro”, comparte.
Persistencia
Don Roberto, un anciano proveniente de Huixtán, se regocija participando en los actos que convoca el Modevite, pues encuentra en ellos el motor para continuar con la defensa de su territorio. “Vengo aquí a defender mi pueblo, mi comunidad, porque allá hay dos ríos que están amenazados para hacer represas”, cuenta con semblante alegre.
Como religiosamente lo realiza, participa en las movilizaciones convocadas desde la época en que el proyecto de la autopista San Cristóbal-Palenque amenazaba su comunidad. Mientras marcha, toma fotografías y grita consignas para demandar a los gobiernos el respeto a sus territorios, bosques y a su libre determinación.
Don Roberto recupera su aliento postrado a un costado del mural que retrata al Subcomandante Pedro, en el recinto que funge como sede del Colectivo de Gobierno Autónomo Zapatista de la Región Resistencia. El anciano recuerda aún a aquellos pocos, integrantes de un puñado de parroquias del estado, que se reunieron en asamblea en Bachajón en el 2013 y que fungieron como promotores para la conformación del Modevite. “De ahí empezamos las peregrinaciones”, sonríe rememorando las acciones mediante las cuales consiguieron detener la construcción de la “súper autopista”.
Tras el camino recorrido, Don Roberto se lamenta cuánto tiempo más podrá participar en las movilizaciones. “Me duele mi pie, ya no puedo caminar”, comparte con pena aunque, pese a las molestias de su condición física, recupera su buen ánimo, alistándose para caminar, cuesta arriba, hacia donde nace la fuente de agua que abastece al poblado tzeltal, lugar sagrado al cual las y los miembros de Modevite se dirigen para ofrendar cantos y rezos.
Rezos y oraciones en lo alto de la montaña. Fotos: Aldo Santiago
Antes de partir, nos detenemos a conversar con José Luis Vargas, párroco de la iglesia de San Juan Cancuc. En el municipio tzeltal de los Altos, donde existe una férrea oposición a megaproyectos como la carretera de las culturas y la construcción de presas hidroeléctricas, la respuesta de las autoridades a la organización comunitaria ha sido la represión contra defensores del territorio.
De acuerdo al sacerdote, al control que ejercen las autoridades mediante el condicionamiento de los programas asistenciales, se suma la criminalización de cinco miembros del poblado tzeltal, quienes permanecen recluidos acusados del asesinato de un policía municipal, pese a que la Fiscalía de Chiapas no ha probado con evidencia su participación en el homicidio.
A casi 19 meses de su reclusión, y tras ser sentenciados a 25 años de prisión en mayo de este año, el equipo de abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas presentó una apelación argumentando irregularidades en todo el proceso judicial, mediante la cual consiguieron la anulación de la condena y la reposición del juicio.
Sin embargo, según Vargas, días después, la Fiscalía recurrió a la viuda del policía para interponer un amparo contra la anulación de la sentencia condenatoria. “Ella solamente pone sus huellas y lo firman 20 abogados de la Fiscalía”, sostiene el párroco, para quien dicha estrategia es un recurso de las autoridades para obstaculizar su libertad y defenderse ante las denuncias que se han hecho públicas por la fabricación de delitos contra los defensores del territorio.
Acorde a Vargas, esta circunstancia ha menguado la capacidad organizativa de los pobladores tzeltales en San Juan Cancuc. “Hay temor a unirse y organizarse”, lamenta el párroco, quien vislumbra mayores desafíos ante la designación de Eduardo Ramírez Aguilar como candidato del partido Morena a la gubernatura de Chiapas. “Si queda de Gobernador va reaperturar este proyecto de la súper carretera San Cristóbal-Palenque”, reflexiona debido a la labor que Ramírez impulsó para concretar su construcción cuando era funcionario en la administración del gobernador Manuel Velasco Coello.
Autonomías en construcción
A una década del Modevite, sus miembros celebran los logros y conversan sobre los grandes obstáculos que han encontrado en su caminar. Entre las estrategias que han enarbolado sobresale la reivindicación por ejercer su libre autodeterminación, lo que ha llevado a la creación del Concejo de Gobierno Comunitario (CGC) en los municipios tzeltales de Chilón y Sitalá.
El CGC es una estructura de autogobierno indígena que mantienen activa desde 2018, un año después de que solicitaran al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) el cambio de régimen para abandonar el sistema electoral partidista y elegir a sus gobernantes de acuerdo a sus usos y costumbres.
Dentro del Concejo se realizan labores para la promoción de salud comunitaria, educación, justicia y también se fortalece la organización para rechazar injusticias como el pago de las altas tarifas de energía eléctrica, entre otras actividades. Actualmente trabajan también en el fortalecimiento de sus instancias de seguridad debido a la cada vez mayor presencia del crimen organizado.
Entre quienes han vivido la experiencia de un cargo comunitario en el CGC se encuentra Sebastián Hurtado, del municipio de Sitalá, para quien ya no es una opción mantener el sistema electoral partidista debido a que, argumenta, acaba con el lekil kuxlejal (buen vivir) de las comunidades indígenas.
“Ya no existe la democracia, nos está llevando a otro camino, en el camino de perdición, en el camino de guerra, en el camino de conflicto”, comparte acerca del actuar de los partidos políticos y lo que para él representa uno de los mayores problemas: la división del tejido comunitario.
Hurtado recorre con la memoria el proceso para ejercer su autonomía, y resalta que, a pesar de que, desde 2017, presentaron los trámites para el reconocimiento de su libre determinación, a partir del año 2021 no han recibido ninguna respuesta de parte de los funcionarios del IEPC. En cambio, señala que la influencia de los partidos políticos se ha acentuado gracias al uso discrecional que realizan en la población al manipular la entrega de recursos mediante proyectos asistencialistas.
“Los gobiernos actuales, de Morena en Chiapas y federal, están dando mas oportunidad que ganen los municipios (…) es lo que está obstaculizando nuestro proceso como gobierno comunitario (…) Los dirigentes políticos de los diversos partidos, pues están intimidando mucho al pueblo, lo intimidan mucho a quitar el apoyo que está dando el gobierno a los que no participan en los partidos políticos”, denuncia Hurtado.
No obstante las condiciones adversas, acentuadas en el periodo electoral que ya inició rumbo a las votaciones del próximo 2024, para el indígena tzeltal es claro su objetivo: defender el fruto de su trabajo, por lo cual asegura que el Modevite no abandonará esta lucha.
Mientras conversamos, la noche cae y un grupo juvenil danza con elementos del fuego y mediante un ritual maya ofrecen su respeto a la lucha de los pueblos indígenas en Chiapas.
Aspectos de los festejos de 10 años de Modevite realizados en el Caracol 10 de la comunidad tzeltal de Patria Nueva, Ocosingo, Chiapas. Fotos: Aldo Santiago
Después, dan paso a la música de marimba. Esta noche es de fiesta.
*Con información producida por el equipo de comunicación en apoyo al Modevite: Centro de Derechos Indígenas A.C., Pluriversidad Yutsilal Balumilal, Proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur, Boca de Polen y Satil Film.
Elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército de los EEUU
El pasado miércoles (13), el Senado autorizó la solicitud del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para el ingreso de militares del Ejército de Estados Unidos a territorio mexicano.
Por mayoría, el Senado aprobó la participación de actividades militares conjuntas entre los elementos castrenses de EEUU y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con ello, también autorizaron su ingreso a México con armamento, municiones y equipo táctico.
La llegada de la delegación militar norteamericana, compuesta por 11 integrantes de las Fuerzas Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte del Ejército de EEUU, está prevista para el próximo 22 de enero del 2024.
De acuerdo a la petición de AMLO, realizada en noviembre pasado, las actividades de los militares en territorio mexicano se prolongarán hasta el 22 de marzo del 2024. Entre sus objetivos, brindarán adiestramiento a Fuerzas Especiales de la Sedena en los municipios mexiquenses de Temamatla y San Miguel de los Jagüeyes, al oriente y norte de la Ciudad de México, respectivamente.
El documento enviado al senado expone que la estancia del personal militar extranjero tiene la finalidad de fomentar la cooperación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mediante el intercambio de adiestramiento, a fin de afrentar amenazas comunes en el hemisferio norte del continente americano y fortalecer la relación bilateral en materia militar.
Acorde a lo aprobado por el Senado, la Sedena deberá rendir un informe sobre los resultados de la capacitación recibida por parte del Ejército norteamericano.
También se ha solicitado autorización para que se permita la salida de los elementos que integran la delegación de tropas nacionales fuera de los límites del país, a efecto de que participen en la competencia internacional “Reto Swat“, que se llevará a cabo en la Ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, del 3 al 7 de febrero de 2024.
