Caracol de Oventik 2018, Jacinto participando en la asamblea que lanzó a María de Jesús Patricio como vocera del CNI-CIG. Foto por Santiago Navarro F
Sin titubeo alguno, siempre estaba presto a brindar su solidaridad a cualquier persona, a cambio de nada, su humildad lo caracterizaba. No solo creía que un cambio era necesario, sino urgente. Jacinto, así fue conocido entre sus más cercanos, sus compañeros y compañeras con las que compartió aquella utopía de que un mundo mejor es posible. Hoy, un jueves como cualquier otro, a él lo tomó por asalto la muerte, una muerte que pretende ser silenciosa, pero, que se desenrolla como un capullo convirtiéndose en murmullo entre las enseñanzas que dejó entre otras personas incógnitas como él.
Jacinto había cumplido 67 años y su nombre real era Marino Ramírez Pacheco, un zapoteco de la sierra sur de Oaxaca donde también dejó huella entre sus paisanos. Formó parte del Congreso Nacional Indígena (CNI). Días atrás lo había encontrado, charlamos sobre distintos temas, entre ellos, mostraba su preocupación por los niños asesinados en Palestina. También se mostraba animado por las nuevas iniciativas que recientemente había lanzado el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Sobre todo, le llamó la atención la posibilidad de colocar en nuestros pensamientos la idea de la no propiedad de la tierra, a la cual siempre terminamos volviendo a ella.
Su corazón se mostraba fuerte y animado, siempre dispuesto a seguir abriendo veredas en la conciencia de la gente, recordando que el conjunto de crisis que hoy vivimos es, “producto de la bestialidad del sistema capitalista”, decía. No tuvo estudios, pero sabía escribir y leer. Aunque la tecnología lo había dejado atrás, siempre intentaba estar informado.
La profesión de Jacinto fue como campesino y albañil. Pero, también, fue un constructor de sueños, pues “siempre se mostraba con pasión en las actividades políticas que realizaba. Siempre fue una persona de conciencia”, comparte su compañera de vida, Maura Pacheco, que, juntos a sus tres hijos, Emiliano, Sergio y Estrella, hoy lloran la partida de Jacinto.
La compañera de Jacinto se mostró preocupada de que nadie se acordara de él y que quizás su pérdida pasaría como desapercibida en un jueves como cualquier otro y, quizás, las veredas que abrió se cubran nuevamente de hierba. “Pero las palabras de solidaridad comenzaron a llegar y el peso de su partida se va aligerando al saber que entre esas veredas hay gente”, dijo vía telefónica.
El finado será sepultado en las tierras donde hizo vida en sus últimos años, en Tuxtepec, Oaxaca. Ahí la tierra lo cobijará nuevamente y, con certeza, el recuerdo de sus palabras seguirá andando la memoria y tal vez alguien continúe abriendo más veredas de la utopía de que un cabio es urgente en tiempos donde todo parece derrumbarse.
Por Darío Aranda. Foto de portada: Sebastián Granata
Desde Tierra del Fuego a Jujuy. Desde Catamarca a Buenos Aires. Asambleas socioambientales de todo el país saben que el gobierno de Javier Milei intentará avanzar con más agronegocio, megaminería, explotación petrolera y monocultivo forestal -entre otras actividades-. Y es unánime la postura: el rechazo al extractivismo y, como eje principal, la movilización popular para defender los territorios.
“¿Hasta cuándo?”, fue la pregunta que unió a organizaciones de 43 ciudades del país. Se trató de una coordinación como hacía tiempo no se veía, de diversos colectivos en el marco de la Campaña Plurinacional Anti Extractiva para denunciar el impacto social, ambiental y sanitario del extractivismo.
Planificada con mucha anterioridad a la segunda vuelta electoral, uno de los objetivos fue recordar al nuevo presidente el rechazo al modelo político-económico extractivista y, fundamental, articular redes para lo que vendrá. “Esperamos la profundización del sistema extractivista. Por eso estamos en alerta y activando más que nunca los lazos que se necesitan para frenar este modelo de destrucción y muerte. Vienen tiempos difíciles ya que es mano dura lo que se propone desde el gobierno, siempre recordando que estos gobiernos le rinden cuenta al FMI a costa del sufrimiento de los pueblos”, afirmó Paula Kaeser, de la Coordinadora Basta de Balsas Soluciones (BFS) y parte de la Campaña Plurinacional.
El encuentro fue a principios de mes y hubo actividades en Tierra del Fuego, Chubut, Entre Ríos, Neuquén, Misiones, Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán, entre otras provincias. Se denunció el impacto del agronegocio y las fumigaciones con agrotóxicos, de la megaminería (con los casos extremos de San Juan, Catamarca y la explotación de litio), el monocultivo de árboles(con Misiones y Corrientes como referencias), la explotación petrolera en Neuquén y la exploración en el Mar Argentino, y el impacto negativo de las megarrepresas, donde sobresalen Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Mendoza (ésta última provincia aún sin cumplir el fallo de la Corte Suprema para liberar el agua del río Atuel a La Pampa).
Por su parte, la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) es un espacio emblemático de articulación de luchas provinciales. Se reúne periódicamente desde 2006 y siempre mantuvo la autonomía de los partidos políticos. Del 8 al 10 de diciembre celebraron su 36 encuentro, en la localidad bonaerense de Jáuregui, territorio que padece las fumigaciones con agrotóxicos, las curtiembres contaminantes y uno de los basurales a cielo abierto más grande del país.
Laura Olivares vive en Jáuregui y es parte de la UAC. Definió al gobierno de Milei como “el fascismo argentinizado”. Señaló que las razones de su triunfo son tan diversas como los sectores que lo votaron, pero con eje especial en el hartazgo de las políticas previas que no resolvieron lo más básico de la población. “Esto confirma lo que venimos diciendo hace tiempo, que este modelo no sirve más, es necesaria una democracia real, representativa de los pueblos”, resumió.
Respecto al extractivismo, no tiene dudas de que se intentará avanzar con más megaminería, explotación petrolera y agronegocio. En plena campaña electoral, Milei negó la existencia del cambio climático y sentenció que “una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera”. Afirmó que el valor del agua es “cero” y propuso la apropiación de ese bien por parte de las empresas.
Otra muestra, ya como Presidente, es ceder a conducción de la Secretaría de Bioeconomía (nuevo nombre del área de agricultura) a Fernando Vilella, ex decano de la Facultad de Agronomía de la UBA y ex funcionario de Daniel Scioli en Buenos Aires, un aliado incondicional de las compañías de transgénicos-agrotóxicos y de las exportadoras de granos. Lo mismo que su grupo de trabajo, donde sobresalen referentes de la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid), empresarios y lobistas del agronegocio local e internacional.
Olivares remarcó que desde la UAC conocen desde hace años de persecución y hostigamiento a las comunidades que se oponen al extractivismo, donde los gobiernos provinciales también instrumentan la represión. Existen numerosos ejemplos: Andalgalá, Jáchal y Salinas Grandes, por citar solo algunos. Señaló que todo indica que con el nuevo gobierno “será peor”, pero advierte que eso no frenará las acciones en defensa del agua y los bienes comunes: “Las asambleas seguiremos en nuestros territorios tejiendo redes, fortaleciendo nuestras luchas, generando resistencia, fortaleciendo la autonomía. Tenemos claro quiénes son los enemigos actuales y estaremos en las calles exigiendo nuestros derechos”.
Una de las características, y fortalezas, del movimiento socioambiental es la presencia en las calles y la acción directa. Así lo demostraron Esquel, Andalgalá, Famatina y Chilecito, Jujuy (con las movilizaciones de los pueblos indígenas), Mar del Plata y Malvinas Argentinas (Córdoba), contra Monsanto, entre otros casos. Los últimos picos masivos fueron Mendoza (2019) y Chubut (diciembre de 2021), donde hicieron retroceder a los gobiernos provinciales con sus intentos de permitir la megaminería. Paula Kaeser dejó un invitación que, de alguna manera, es también una respuesta a las corporaciones extractivas y al gobierno nacional: “Nos vemos en las calles, en defensa del agua y la vida”.
Protocolo versus movilización
El “protocolo para el mantenimiento del orden público” que presentó Patricia Bullrich como amenaza para reprimir la protesta social no sorprendió a las organizaciones socioambientales. Tienen muy vivo el recuerdo de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ambos casos donde tuvieron directa relación las fuerzas comandadas por Bullrich (Gendarmería Nacional y Prefectura Naval). “Este protocolo es inconstitucional y es lo que vimos en Jujuy, con la reforma constitucional este año, donde desde ese momento se viven hostigamientos, persecuciones, violaciones a los derechos humanos y constitucionales”, afirmó Paula Kaeser, de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones.
Recordó que las organizaciones seguirán exigiendo desde las calles otra democracia, donde se respeten las decisiones de los habitantes que viven en cada territorio y ya dijeron no al extractivismo.
En portada: Sierra Norte de Oaxaca. Foto por Santiago Navarro F
En Oaxaca, el gobernador del estado, con el aval del Congreso local, decretó la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024, mediante la cual promueve la privatización de las tierras de propiedad social.
Según el discurso de Salomón Jara, y acorde a lo aprobado por los diputados en el inciso B de dicha ley, se busca fortalecer los ingresos estatales mediante la incorporación a la propiedad privada de las tierras ejidales y comunales.
Además, en su artículo 25, plantea otorgar estímulos fiscales para que los ejidatarios y comuneros promuevan los trámites para la certificación de derechos agrarios bajo la modalidad de dominio pleno.
No obstante, dicha política encendió las alarmas en los ejidos y comunidades del estado al sur de México, donde de acuerdo a datos del Registro Agrario Nacional (RAN), hasta el 2022 existen más de 7 millones 600 mil hectáreas de tierras de propiedad social. Es decir, más del 80% del territorio oaxaqueño.
Ante ello, se pronunciaron por lo que califican como “política económica neoliberal” pues acorde a los ejidos y comundiades, la ley vulnera la seguridad jurídida de la propiedad social de las comunidades agraria, indígenas y ejidos consagrado en el artículo 27 de la Constitución mexicana.
Por ello, mediante pronunciamiento, ejidos, comunidades, autoridades agrarias y organizaciones oaxaqueñas exigen la derogación de dicha ley que consideran “política recaudatoria neoliberal”.
“La parte del decreto que se cuestiona es, una clara muestra de la visión neoliberal, fundada en la política impuesta por Carlos Salina de Gortari (ex presidente de México) mediante la reforma constitucional del 6 de enero de 1992, para la privatización de la propiedad social que detentan las comunidades agrarias indígenas y ejidos, en el Estado de Oaxaca”, contextualizan en el documento.
Salomón Jara, gobernador de Oaxaca.
En el pronunciamiento, argumentan que la pretensión del gobierno oaxaqueño de incrementar la recaudación de impuestos mediante pago por derechos catastrales y registrales “demuestra claramente el desconocimiento de la realidad de las comunidades agrarias, comunidades indígenas y núcleos ejidales”
El decreto, califican, socaba la base de la propiedad social en Oaxaca y manifiesta una “política neoliberal salinista” de privatización de la tierra de los ejidos y comunidades. Por ello, exigieron al gobernador ordene la derogación del artículo 25 de la Ley.
Además, demandan también la anulación del programada denominado “Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio”, pues argumentan que las comunidades agrarias y los ejidos ya cuentan con la certeza jurídica en sus carpetas inscritas ante el RAN.
“El programa que pretende implementar, en lo absoluto beneficia a los ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, la certeza jurídica es para los inversionistas nacionales y extranjeros que codician los recursos naturales existentes en nuestros territorios, y con ello garantizarles sus jugosos negocios, como sucede con los megaproyectos impuestos en la región del istmo y las concesiones mineras”, sostienen.
Por último, llaman a pueblos indígenas, comunidades agrarias, ejidos y organizaciones sociales para realizar acciones que exijan la derogación de “la política recaudatoria neoliberal que atenta contra nuestra propiedad social”.
Reunión de trabajo entre funcionarios del gobierno federal y estatal para el plan de justicia del pueblo mayo
Myrna Valencia, profesora y defensora de derechos humanos, integrante del pueblo Mayo-Yoreme de Cohuirimpo, en el sur de Sonora, es firme al declarar que los llamados planes de justicia impulsados por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador son perjudiciales para los pueblos indígenas de México.
Como estrategia para impulsar su política dirigida a pueblos originarios, el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T, como se le conoce popularmente) coordina trabajos con distintas comunidades, los cuales, de acuerdo al Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, “permitirán conocer y dar respuesta a las justas demandas e históricas necesidades de los pueblos”.
Por ello, el gobierno federal mantiene reuniones con integrantes de los pueblos Yaqui, Séri, Wixárika, Náyeri, O’dam, Guarijío y Yoreme-Mayo, con quienes ha anunciado la implementación de estos planes para atender cuestiones diversas. Las prometidas para la tribu Yoreme incluyen la recuperación del río Mayo y el acceso al agua; construcción de infraestructura carretera y hospitalaria; además de solución de conflictos agrarios, entre otras.
Valencia, quien también integra el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI), contrapone los dichos del funcionario y asegura que la estrategia del gobierno federal es más de lo mismo: “Los planes de justicia, especialmente ahí con nosotros los Yoreme, son el acoso y el último tiro de gracia”, sentencia a la par que denuncia la cooptación de líderes comunitarios y el uso electoral del asistencialismo gubernamental.
Reunión de trabajo entre funcionarios del gobierno federal y estatal para el plan de justicia del pueblo mayo
Su testimonio se suma al de las y los habitantes de las comunidades de Bachoco El Alto, Buaysiacobe, Masiakawi y el mismo Pueblo Cohuirimpo, quienes formalizaron la “Alianza Yoreme”, en enero de este año, para denunciar que “nuestra existencia ancestral está en grave riesgo debido al rotundo fracaso de la política indigenista implementada por el gobierno mexicano”.
Mediante pronunciamiento, la Alianza de los pueblos en el norte de México acusa que “la 4T es el instrumento ideal del capitalismo, pues, por medio de los empresarios, partidos políticos, crimen organizado y demás poderes fácticos se mimetizan políticamente para perpetuarse en el poder, dirigiéndonos acciones desidentitarias tales como desecación del Rio Mayo en el territorio de Nuestra Tribu”.
Para Myrna, el componente cultural del pueblo Mayo es fundamental para el trabajo organizativo en sus comunidades. Por ello destaca el abordaje de los pueblos de la Alianza para reclamar al Estado sus acciones que buscan negarles su identidad.
“Porque el gobierno yori, el gobierno blanco dice ‘este pueblo ya no es indígena’. Y se le pega la gana y lo anuncia”, menciona como crítica a la creación del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas por parte del INPI, quien argumenta la necesidad de identificar a estos pueblos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
Esta publicación forma parte de una serie de diálogos con participantes de la última Asamblea del CNI, realizada en Tehuacán, Puebla. Puedes consultar las entregas pasadas sobre las resistencias en el Istmo de Tehuantepec, Michoacán y Quintana Roo.
A continuación, compartimos el testimonio de Myrna Valencia quien también es miembro del Consejo del Gobierno Indígena de Cohuirimpo Río Mayo, uno de los ocho pueblos de la tribu Yoreme-Mayo, quienes abarcan una región entre el sur de Sonora y el norte de Sinaloa.
Avispa Mídia (AM): En las mesas de trabajo has reflexionado sobre los planes de justicia promovidos por el gobierno federal, ¿puedes compartirnos más detalles?
Myrna Valencia (MV): Hemos visto tristemente que es más de lo mismo. En 2019 fueron las primeras avanzadas del presidente. Hicieron un diagnóstico entre autoridades indígenas de los pueblos, de las comunidades y de diferentes liderazgos. Tuvimos la oportunidad de asistir y el diagnóstico fue muy claro. Como no sabíamos bien de qué se trataba, ni de la derrama económica que iba a significar para quienes son cazadores de este tipo de recursos económicos y de puestos políticos; entonces, la gente fue fiel en decir el sentir. ‘Nosotros queremos la tierra, queremos la legalidad de la tierra. Queremos nuestros territorios y queremos el agua’, ese fue el sentir general que entregamos.
AM: ¿Cómo se ha desarrollado el trabajo del Estado?
MV: Se empezaron a llevar a cabo reuniones. El mismo INPI y otras organizaciones, que se dicen representantes de los pueblos indígenas, empezaron a incursionar, a irrumpir en las comunidades y nombrar autoridades indígenas a su gusto y a su conveniencia, que les favoreciera, claro está. Ha habido mucha ruptura a lo que son los gobiernos indígenas auténticos, no se les ha respetado. Ha habido personajes. Recuerdo ahorita a Juan Pérez Gil, que él dice ser vocero de los 8 gobernadores de los 8 pueblos. Nunca ha sido esto, ni siquiera informado, mucho menos legitimado.
Ellos han gozado como intermediarios de los recursos de la derrama del plan de justicia y eso les permite jugar con la voluntad de la gente, les permite aprovecharse de la necesidad y también ir acarreando voluntades hacia lo que viene, porque ellos nada más saben manejarse en las cuestiones electorales, y ya se están preparando para la siguiente elección, para eso ha servido.
Es una plataforma para las cuestiones electorales y también para los puestos de poder en el gobierno local, municipales, en las mismas instituciones como el INPI, en CEDIS (Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora) que es para la atención de los pueblos indígenas en el estado. Eso es lo que estamos viviendo, es lo que estamos sufriendo. Avance en realidad no hay. En mayo del 2022 fue el presidente y anunció: ‘sé lo que quieren; yo no voy a pelear con los que tienen la tierra, voy a indemnizar y voy a cumplir con ustedes’. La gente aplaudía, era una euforia.
Visita del presidente de México al pueblo Yoreme
Pero tristemente, hemos visto muchas reuniones, talleres, mesas simultáneas de diferentes temas, a lo que nuestro pueblo no está acostumbrado. Nos está afectando bastante porque en las mesas de trabajo, hay gente que no está informada y otra gente que está mal informada. Entonces las mesas de trabajo, los talleres, las reuniones distan mucho de lo que la comunidad indígena, de lo que la población indígena necesita. Ya en tanto ir y venir, hasta se ha perdido. Nosotros hemos tenido esa constancia todavía y esa conciencia porque nos ha tocado estar desde el principio y nos ha tocado estar participando, con mucha vergüenza porque nos damos cuenta cómo se maneja la voluntad.
No se permitía el acceso si no tenían una representación como gobernadores (tradicionales, figura de los pueblos yoreme). Obviamente, quienes están al frente, ostentándose como representantes de la tribu y administradores de ese presupuesto para la puesta en marcha del plan, ellos pues, sí, reconocían a los que les daba la gana, entonces nosotros ya nos declaramos como Alianza y empezamos dentro de las reuniones a replicar, reclamar y a decir, pues esto es una farsa que es más de lo mismo.
AM: Una de las promesas se relaciona con la recuperación del río Mayo, ¿ya comenzaron estos trabajos?
MV: Si tuvieran realmente el deseo, hubieran empezado primeramente por darle la cuota de agua que viene, que es detenida en las presas para beneficiar a los terratenientes. Ya hace años que no se le da la cuota (de agua) necesaria al río y las especies de plantas y animales se están extinguiendo.
Nuestros territorios están secos, ya las personas que vivían en la ribera del río, pues hasta eso, les están afectando porque se les dieron concesiones a los habitantes originarios. Ellos tenían de cierta medida del cauce del río hacia las orillas, pero ahora como el cauce decreció, es apenas un chorrito de agua, pues sus casas quedaron fuera de la concesión y, aun así, pues los gobiernos les están cobrando esas posesiones, esos impuestos.
El río, que es uno de los elementos más identitarios de nuestra tribu está seco (…), seguimos siendo tratados como extranjeros en nuestro propio territorio, conducidos a un pensamiento que atenta contra la diversidad y todo esto.
AM: ¿Cuál crees es la importancia de los trabajos de este evento que les convoca?
MV: Respecto a la organización, pues es la base. Nadie de un gobierno externo va a venir y va a darse cuenta de lo que nos duele, mucho menos va a resolver nuestros problemas. Alguien que viene de fuera y que se dice ser nuestro representante, en este caso como el gobierno blanco, lo único que hace, pues, es aprovechar los recursos que hay de nuestros impuestos.
Pero la organización, en este caso, el Congreso Nacional Indígena que nos congrega en esta ocasión, y que nos anima a la organización, yo creo que es lo mejor que podemos hacer como pueblos originarios, como personas con una identidad de un pueblo nativo, porque eso nos va a permitir conocer en lo personal, en lo cerca, los dolores que sufrimos como pueblos, que sufrimos como comunidades.
Aquí el rasgo que se fomenta, que se reconoce y que nos hace sentir realmente orgullosos de nuestro origen es la comunalidad. Aquí eso lo vivimos, eso lo expresamos, lo manifestamos y también lo podemos llevar a nuestros lugares, gracias pues a los principios del mandar obedeciendo del CNI y el compromiso tan grande que tenemos como Concejo Indígena de Gobierno de ir formando, implementando y organizando esta forma de autogobernarnos en nuestras tribus.
Conmemoración por la Masacre de Acteal. Foto: Área de comunicación de Las Abejas
Este viernes, 22 de diciembre, se cumplen 26 años de la Masacre de Acteal, crimen de Estado que conmocionó al país por el actuar de la política genocida del gobierno mexicano en Chiapas.
En este contexto, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, a 31 años de su caminar, junto al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba) se pronunciaron ante la falta de voluntad del Estado mexicano para avanzar en acciones de justicia y castigo a los perpetradores del crímen. “Los responsables siguen impunes. Esto es una muestra de la postura negacionista y la apuesta al olvido y la apatía”, reclamaron mediante comunicado.
A 26 años en espera de justicia, Las Abejas de Acteal destacan que actualmente cuentan con dos notificaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A través de estas, informan que el caso por la Masacre de Acteal está en lista para su discusión y su publicación como Informe de Fondo., el cual "es importante para el reconocimiento de este Crimen de Estado como un crimen de lesa humanidad sobre el cual tiene responsabilidad total el Estado mexicano", aseveran Las Abejas mediante comunicado.
La organización tzotzil considera que, con ello, “aunque tarde, se abre una pequeña ventana para avanzar en la justicia y la reparación para las y los sobrevivientes, aunque sabemos que no vendrá cabal”.
Las y los indígenas tzotziles remarcan la responsabilidad de los funcionarios de ese momento. En específico, señalan al entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León; el Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet; así como el Secretario de la Defensa Nacional, General Enrique Cervantes Aguirre quien incluso fue condecorado por Andrés Manuel López Obrador en octubre de este año.
Otros funcionarios involucrados son el ex Gobernador de Chiapas, Julio Cesar Ruiz Ferro; el Secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani; el Subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín, y el Presidente Municipal de Chenalhó, Jacinto Arias, entre otros.
Las Abejas de Acteal recordaronb que su proceso de lucha y resistencia es contra la amnesia social, pues consideran “importante reclamar justicia y señalar a los responsables que construyeron e implementaron la estrategia de exterminio hacia la población civil en el marco de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como señalar la responsabilidad de funcionarios cómplices”.
Conmemoración por la Masacre de Acteal. Foto: Área de comunicación de Las Abejas
Además de señalar a las autoridades federales y estatales por obstruir la justicia para Acteal, también se pronunciaron por lo que consideran el “contundente” fracaso en temas de justicia social, paz y seguridad de los gobiernos, tanto federal, encabezado por AMLO, y estatal, a cargo deRutilio Escandón Cadenas.
“Han promovido la división comunitaria a través de proyectos gubernamentales, que representan la continuidad de la contrainsurgencia bajo formas de manipulación y cooptación. Han optado por abrazar, empoderar y premiar al poder militar y les han otorgado un perdón implícito por la violencia política desatada en la década de los noventa”, condenaron.
Debido a ello, Las Abejas de Acteal consideran que las circunstancias actuales en todo el estado de Chiapas son críticas.
“Estamos inmersos en una espiral de violencia que confluye e involucra a los procesos históricos de exigencia de justicia(…) Sobresale la crisis de violencia en la zona fronteriza, cuya situación genera graves violaciones a los derechos humanos como desplazamientos forzados, desapariciones de personas, asesinatos, extorsiones, torturas, secuestros, control de población, comunidades y municipios silenciados. Todo lo anterior en medio de un proceso electoral que agudiza más la violencia en los territorios”, detallan en el comunicado.
No obstante, la organización maya tzotzil asegura que, “a pesar de este panorama obscuro, los procesos de lucha y resistencia de los pueblos se articulan para andar los senderos de la paz, la autonomía, la defensa del territorio, y el cuidado de la Madre Tierra, la Casa Común”.
Miembros de la comunidad autónoma Nuevo San Gregorio, que comprende 155 hectáreas de tierra recuperada tras el levantamiento del EZLN, han sido agredidos constantemente durante los últimos años por grupos armados que buscan despojarles de sus territorios. Foto: Caravana de Solidaridad y Documentación EZLN realizada en enero del 2022.
Este jueves (21), integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), organizaciones de derechos humanos, así como colectivos y redes de apoyo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), nacionales e internacionales, anunciaron la realización de una caravana de observación a territorio zapatista en Chiapas.
Mediante conferencia de prensa, detallaron que la caravana iniciará el próximo lunes 25 de diciembre y recorrerá seis estados mexicanos (Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Chiapas) con el objetivo de visitar a las comunidades autónomas zapatistas.
Hasta esta mañana, informaron que registran la participación de personas provenientes de 19 estados mexicanos y de 20 países del mundo. Entre estos, se incluyen grupos y colectivos europeos que participaron de la Gira por la Vida realizada por las y los zapatistas durante 2021.
Las organizaciones participantes mencionaron que la iniciativa es una “caravana de caravanas” y se mantiene abierto el registro para incorporar una cantidad mayor de participantes.
Sandra Suaste, integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT), compartió que dicha red, integrada por 87 organizaciones con presencia en 23 estados mexicanos, ve con preocupación la inseguridad que se vive en muchas regiones del país.
Suaste también detalló que la RedTDT ha documentado agresiones contra caravanas y misiones de observación de derechos humanos que se han realizado en los últimos años, por lo cual hizo un enérgico llamado a las autoridades, estatales y federales, para garantizar la seguridad de la próxima caravana zapatista.
La integrante de la RedTDT señaló que el proceso de militarización que se vive en México ha puesto en riesgo otras iniciativas similares, particularmente en Chiapas, donde recordó que, durante agosto de 2022, registaron agresiones de elementos de la Guardia Nacional contra caravanas de observación que cubrían la crisis migratoria en el sureste mexicano.
Además, destacó el hostigamiento contra el EZLN por parte del Ejército mexicano, “no solo en su territorio, sino también a través de la documentación que se hizo en su momento de los Guacamaya Leaks, pues justamente sabemos que hay un seguimiento a todas las actividades que tengan que ver con giras, con caravanas”, lo cual es motivo de preocupación entre las organizaciones.
Por su parte, Carlos González, abogado e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), enfatizó que, con el levantamiento zapatista de 1994, se marcó un parteaguas en la historia de los pueblos del mundo en lucha, por lo que informó la participación de 90 delegadas y delegados del CNI que viajarán a Chiapas en el marco de la celebración de los 30 años del inicio de la guerra contra el olvido.
Organizaciones convocantes a la Carava Zapatista en el contexto de los 30 años del levantamiento armado del EZLN en Chiapas.
González subrayó la importancia de la rebelión zapatista que colocó, ante el conocimiento de México y el mundo, “la circunstancia tan grave, explotación, de pobreza, de violencia, de despojo en la que vivían y siguen viviendo los pueblos originarios de México. Es importante decirlo, esta condición opresiva no se ha modificado”.
El abogado del CNI señaló que, a pesar del paso de gobiernos de distintos colores y partidos, el actual gobierno no es diferente a los anteriores pues “no han hecho nada por modificar la condición de explotación, pobreza y discriminación” contra los pueblos originarios en México.
“Sigue aplicando políticas muy agresivas de despojo hacia nuestros pueblos. El ‘tren maya’ que se acaba de inaugurar, el corredor interoceanico del Istmo de Tehuantepec, que no ha podido avanzar como quisieran, por la resistencia que han tenido los pueblos en esta región del Istmo, o el Proyecto Integral Morelos, que también ha sido frenado por la resistencia de los pueblos en lucha en los estados de Morelos y Puebla, son una muestra de las políticas del actual gobierno que se complementan con lo que señalaba la compañera Sandra, con toda esta situación de violencia tan grave que estamos viviendo en el país y de manera significativa en Chiapas”, aseveró.
Además, expresó que los procesos de militarización actuales no han frenado el avance en el control de los territorios por parte de los cárteles criminales. “Llamamos a estar atentos al cerco creciente militar, paramilitar y criminal hacia los pueblos zapatistas, hacia los pueblos de todo México y a que estemos también atentos y atentas al recorrido de esta caravana de caravanas”, sostuvo.
Entre las organizaciones convocantes de la caravana se encuentran la RedTDT, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Congreso Nacional Indígena, así como colectivos en apoyo al EZLN, mexicanos, europeos y de otras partes del mundo.
