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Expanden producción de hidrógeno verde en Brasil para la “transición energética” europea

En portada: Ednilson Silva, 18 años, es miembro del Quilombo de Cumbe, en el estado de Ceará, comunidad que resiste a la presión de la empresa CPFL Renováveis que hace 15 años instaló un parque eólico con 67 aerogeneradores. Foto: Galba Nogueira/BrasildoFato

El hidrógeno verde es propagandeado por los órganos internacionales, empresas y Estados en el proceso llamado de “transición energética” como el combustible del futuro, una fuente energética para sustituir los combustibles de origen fósil, por ejemplo, en los automóviles.

Alemania ocupa un papel central en la política de expansión de la producción de este combustible a nivel mundial, de acuerdo con el estudio En nombre del clima, mapeo crítico: transición energética y financerización de la naturaleza, realizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, de Brasil, y el Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

La demanda de hidrógeno verde para la “transición energética” de Alemania es estimada en 20 millones de toneladas, de los cuales 10 millones deberán ser producidas internamente y las demás serán importadas, acorde a una de las investigadoras que hicieron parte del estudio, Karin Pecis Valenti.

Alemania, por ser uno de los actores centrales en la definición de la agenda de la Unión Europea (UE), presiona los otros miembros, advierte la investigadora, principalmente Francia, Italia, España y Portugal, a destinar parte de sus fondos para desarrollar este tipo de combustible. 

Solo en 2024, la UE planea invertir 3,8 billones de euros en la industria del hidrógeno verde. El objetivo es que el hidrógeno represente “al menos 5,7% de los combustibles hasta 2030, año en que 50% de la industria debe adoptarlo, subiendo para 70% en 2035”, sostiene Valenti en el estudio. 

Lo que se busca es “construir una agenda de política externa que garantice la consolidación de una producción mundial del hidrógeno verde”. De esta manera, se busca firmar acuerdos con países donde existan buenas condiciones para la producción del combustible, es decir “países en desarrollo, ricos en sol y viento”. 

Están en esta agenda, según la investigadora, principalmente el sur del Cáucaso, países del Golfo Pérsico, Marruecos y Namibia. En América Latina, Chile, Argentina Colombia, Uruguay, México y Brasil. 

Brasil, en la mira

El mercado de hidrogeno verde lanza una mirada especial al territorio brasileño, afirma Valenti. La intención de la UE, anunciada en 2023, es invertir 2 billones de euros, en 2024, en la producción de dicho combustible en el país.

De acuerdo con una de las organizadoras del estudio, Elisangela Soldateli Paim, de la Fundación Rosa Luxemburgo, en el estado de Rio Grande del Sur, sur del país, ya fueron firmados nueve memorandos de intención de producción de hidrógeno verde. En el estado de Ceará, nordeste de Brasil, ya son más de 30 memorandos firmados entre empresas y gobierno del Estado. “Las empresas europeas tiene un papel importante”, sostiene Paim durante la presentación del estudio.

Uno de los motivos para el interés europeo es que el país posee un gran potencial de producción energética a partir de fuentes consideradas renovables, lo que hoy representa 85% de su matriz. 

La llamada energía verde es un punto fundamental para la industria del hidrógeno verde. Eso porque el hidrógeno puede ser obtenido por medio del proceso de electrólisis del agua – se rompe la molécula del agua (H2O) en hidrógeno (H2) y oxígeno (O) –, y se garantiza que sea un combustible verde porque la energía utilizada para la división de la molécula del agua se da a partir de fuentes consideradas renovables. 

Justamente para sostener las plantas de producción de este tipo de combustible se está llevando a cabo una oleada de proyectos de producción de energía eólica, principalmente con complejos en altar mar en los estados de Ceará y Rio Grande del Sul.

En julio de 2023, constaba en las bases de datos del gobierno de Brasil, 78 proyectos de producción de energía eólica en alta mar en proceso de licenciamiento junto a los órganos ambientales, según datos averiguados por Júlio Holanda, uno de los investigadores que hizo parte del estudio, siendo que 24 de ellos están localizados en el Rio Grande del Sur, y 23 en el Ceará. 

Hoy existen alrededor de mil centrales eólicas onshore (en tierra firme) instaladas en el país, sumando más de 10 mil aerogeneradores en operación. Alrededor de 90% de ellos están localizados en la región nordeste de Brasil, acorde a Holanda. Otras 491 centrales están proyectadas, pero todavía no se ha iniciado la construcción, y 145 complejos ya están en proceso de construcción.

Brasil ocupa, según Paim, el sexto lugar en el ranking de capacidad instalada de energía eólica en el mundo. En 2012, ocupaba la posición 15. “Las eólicas son la segunda fuente de participación en la matriz eléctrica de Brasil, atrás solamente de las hidroeléctricas”, informa.

La integrante de Rosa Luxemburgo en Brasil sostiene que estos proyectos están siendo presentados, incluso por los medios de comunicación hegemónicos, como parte de la llamada “transición energética”, pero alerta el hecho de que “estos proyectos están siendo pautados básicamente por el sector privado, poco espacio ha habido para discutir lo qué está pasando en los territorios frente a toda la expansión de estos proyectos”.

“Transición energética”, mayor extractivismo

Brasil está jugando el papel de “proveedor de recursos naturales, en un marco de profundización de extractivismo”, afirma. 

Además, sostiene, una central eólica en tierra requiere nueve veces mas recursos minerales que una termoeléctrica a gas, mientras un carro eléctrico requiere seis veces mas minerales que un carro convencional. Eso significa la expansión del extractivismo mineral. 

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, la demanda por litio, esencial para la construcción de baterías responsables por el almacenamiento de energía, se triplicó entre 2017 y 2022. Se estima que la extracción aumentará mundialmente en mas de 8,000% en los próximos años. Entre 2022 y 2050, esta demanda está directamente asociada con los vehículos eléctricos.

En Brasil, durante el primer semestre de 2023, se registró un aumento de 11,5% del consumo del aluminio por el sector eléctrico brasileño, demandado, sobretodo, por instalaciones eólicas y solares. El país es el cuarto productor mundial de aluminio.

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Además del aumento del extractivismo, estos proyectos considerados parte de la “transición energética” han implicado a las comunidades tradicionales que viven, por ejemplo, del mar en el estado de Ceará, la pérdida de sus territorios. 

Quilombo de Cumbe, en el estado de Ceará, comunidad que resiste a la presión de la empresa CPFL Renováveis que hace 15 años instaló un parque eólico con 67 aerogeneradores. Foto: Galba Nogueira/BrasildoFato

“Pérdida de sus territorios para la reproducción tradicional de sus vidas, de sus trabajos, de la agricultura comunitaria, de los espacios de convivencia, de religiosidad. Los territorios están siendo privatizados. En Ceará, comunidades quilombolas tienen que pedir permiso a la empresa para llegar hasta el mar. Sin hablar de los cambios ambientales y los riesgos que implican la instalación de estos proyectos”, señala Fabrina Pontes Furtado, profesora del CPDA y también organizadora del estudio.

Todas estas informaciones “nos llevan a cuestionar esta ‘transición energética’ tan pautada en diferentes espacios; de ninguna manera defendemos que la producción de energía sea a través de fuentes fósiles, pero es necesario desmitificar lo que es que está por detrás de este proceso que se ha llamado ‘transición energética”, alerta Paim, y que se está llevando a cabo en todo el mundo.

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“El sur global continúa a ser considerado como frontera a ser explotada, pero ahora alrededor de un consenso: la “salvación” de la humanidad a través de la ‘descarbonización’, legitimando proyectos de biocombustibles, hidrógeno verde, complejos eólicos y extractivismo minero en una lógica de capitalización de la naturaleza y explotación de los bienes naturales”, sostienen las organizadoras en la presentación del estudio.

Altepee, colectivo que construye jaranas para resistir al Corredor Interoceánico

En portada: Jóvenes de Acayucan, Veracruz, durante taller impartido por el colectivo Altepee. Forto: Santiago Navarro F

Entre las finas líneas de sus vetas se guarda la memoria de otro tiempo, el susurro del bosque, la armonía y el canto de las aves que alguna vez posaron sobre su frondosa copa. Hoy, el cedro talado de la montaña yace tirado y mutilado. Algunas partes de su tronco embellecerán un piso, se convertirán en muebles lujosos y, tal vez, nadie pondrá atención en la memoria que guarda. Pero un pedazo arrumbado, uno muy pequeño, fue rescatado, la pretensión no es poca, se busca que sea un instrumento que sacuda el cuerpo y la memoria.

Sael Blanco recuerda que hace más de una década le fue entregado el trozo de madera en un taller que presenciaba en una comunidad en el estado de Veracruz, México. “Yo solamente era espectador de lo que sucedía ahí y me lo dieron”, comparte al mismo tiempo que suelta una sonrisa cómplice. 

Sael trabajando en la laudería del colectivo Altepee. Foto: Santiago Navarro F

Aquel taller al que asistió el veracruzano era para aprender a construir jaranas con el cedro, ahí fue donde construyó su instrumento de lucha, una jarana de cedro. Este es uno de los instrumentos que le da vida y ritmo a la fiesta conocida como fandango o huapango, principalmente en los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco, en el sur-suroeste de México.

El fandango es una gran fiesta que le acompaña el canto en forma de verso replicado por las y los asistentes. El tacón de quienes suben a la tarima hace palpitar los corazones con el sonido de las jaranas. “Hoy es una música que se toca en diversas partes del mundo. Pero, hace 12 o 15 años, esta música era desvalorizada, ya solo la tocaban las personas más viejas de entre 70 y 80 años”, comparte Blanco.

Entre las vueltas y los zapateados que marcaron el tiempo de vida de este músico, hubo un momento en que, junto a sus compañeros y compañeras que llevaban la alegría a diversas fiestas de los pueblos vecinos, decidieron crear una colectividad bautizada como Altepee. “Este colectivo surge como una necesidad para la preservación de esta música que es de origen campesino. Entre las amigas y los amigos comenzamos a dar talleres para compartir este conocimiento”, cuenta este jaranero al equipo de Avispa Mídia.

La lógica de rescatar este conjunto de sonidos fue algo que vibró fuerte para los integrantes de este grupo. Entonces les surgió un cuestionamiento, “¿De qué vamos a salvar la música? Pues en realidad la música sigue existiendo y siempre tuvo una importancia muy grande en estos territorios y que no necesariamente se estaba perdiendo, solo que no nos acercábamos a las comunidades como jóvenes que vivíamos en la ciudad”, comparte Gemaly Padua Uscanga, una mujer afrodescendiente, también fundadora de Altepee. 

Han pasado catorce años desde que estos jóvenes, hoy adultos con hijos, iniciaron los talleres para compartir y aprender desde la música, sobre todo, lo que significa el fandango. “Nos dimos cuenta entonces que era más complejo que solo tocar. Porque un campesino tiene que ir al campo, tiene que comer y tiene que solventar sus necesidades. Pero, para la visión más urbana, ser campesino es sinónimo de pobreza y nadie quiere ser campesino, menos los jóvenes. Entonces volteamos a ver al campo”, relata Blanco.

En un fandango no solo intervienen los músicos, hay todo un proceso organizativo que implica pensar en comida para decenas de personas, crear las condiciones para la convivencia, además está el cuidado de la comunidad. “Entonces los músicos no solo se la pasan tocando su jarana. Es parte de su diversión, sí, pero también es un servicio que ofrecen a las comunidades que pertenecen. Además, tienen que cultivar sus alimentos, cuidar el bosque, el agua, los animales. Este conocimiento está ligado con el territorio, su cuidado y su defensa”, comparte Padua para el equipo de Avispa Mídia.

La defensa del territorio y la memoria

Más allá de aprender las notas musicales, este colectivo inició un proceso de aprendizaje y de formación constante que sostiene hasta el día de hoy, en Acayucan, Veracruz, donde están establecidos. Además de la música y las fiestas, sus integrantes comenzaron a realizar ejercicios de comunicación a través de la radio en línea, a realizar video-documental, serigrafía, dibujo y se sumergieron en explorar la medicina tradicional y otras actividades más, como la defensa de la memoria y el territorio.

“Porque el fandango y la fiesta tienen el poder de convocarnos, de reunirnos y de organizarnos, de plantearnos posibles salidas si es que se presenta un problema. No es igual a que convoques una reunión donde casi no llega gente. En cambio, la música tiene poder de convocatoria. El fandango no se puede realizar sin gente”, dice Padua.

Entre los materiales que han documentado figuran ancianos haciendo música, participando en el fandango. “Pero varios de ellos han dejado de existir. Entonces queda registrada la memoria para que sigan compartiendo”, dice con alegría la cantante. 

Gema, como le conocen en el colectivo Altepee, durante entrevista. Foto: Aldo Santiago.

También comentan que tienen un registro histórico de hace 11 años atrás, cuando Veracruz fue tomada por el ejército, por el crimen organizado y una diversidad de empresas que aterrizaron en esta región. 

“Estábamos viendo un video que realizamos hace 11 años y nos dimos cuenta que documentamos de alguna manera el proceso en que Veracruz se comenzó a militarizar”, señala Padua al tiempo que, sorprendida, complementa, “hubo un cambio muy drástico en seguridad y que, obviamente, elevó los hechos de violencia que, en la actualidad, de alguna manera, están normalizados”.

Seguridad y Transístmico

El año pasado, según el informe del 1er semestre del año 2023, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Veracruz se habían desplegado para operaciones de seguridad alrededor de 1,296 militares. A esto se suma la seguridad que requieren los emprendimientos en torno al Corredor Interoceánico, que abarca los estados de Veracruz y Oaxaca. Se distribuyeron como hormigas al menos 1,950 uniformados, distribuidos en 18 destacamentos y tres estaciones navales para cubrir diariamente los 2,600 kilómetros de vía del Interoceánico.

El jaranero Blanco alerta que el escenario comenzó a cambiar muy rápidamente desde una década atrás con la llegada del crimen organizado y la militarización, cuando anunciaron que en su región se iba a crear una Zona Económica Especial y que ahora es llamado Corredor Interoceánico. “Comenzaron a abrir una gran carretera de cuatro carriles, se comenzaron a llevar el agua. Ya se hablaba de una red de fibra óptica, del puerto Coatzacoalcos. Muchas empresas y proyectos se comenzaron a establecer”, advierte Blanco. 

Elementos de la Secretaría de Marina custodian las vías de Ferrosur en Coatzacoalcos, Veracruz. (Cuartoscuro)

Una integrante de este colectivo se da a la tarea de recorrer con el equipo de Avispa Mídia la región que comprende desde Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos, parte de la ruta de la construcción del Corredor Interoceánico en Veracruz, para demostrar que el gran complejo industrial y económico - que representa el Corredor Industrial y el Tren Maya que conectan con el Puerto de Coatzacoalcos - no es nuevo, sino que se ha venido edificando gradualmente. 

Antes de la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se establecieron en la región extensas plantaciones de palma aceitera (también conocida como palma africana), un cultivo que absorbe grandes cantidades de agua y usa agroquímicos como el glifosato. Junto a estas plantaciones llegó también la procesadora industrial de aceites la empresa Industrializadora Oleofinos, S.A. de C.V.

Procesadora de aceite de palma, propiedad de Oleofinos. Foto: Aldo Santiago

Al lado de esta procesadora está la multinacional Harinera de Veracruz, S.A. de C.V. (MASECA), Campi Alimentos S.A de C.V. (BACHOCO), entre otras empresas, que han llegado a la región y que, incluso, reciben beneficios fiscales. El Estado les construyó un ducto específico para suministrarles gas de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de la empresa Igasamex Bajío, S. de R. L. de C. V. Las vías del tren pasan justo a orillas de donde están establecidas estas industrias.

A pocos kilómetros de donde se encuentran estas empresas, también hay una mina a cielo abierto de arenas de sílice, donde opera la empresa Materias Primas Monterrey, que en 2017 pasó a formar parte del grupo Covia Materias Primas, una filial de la estadounidense Covia Holdings LLC. Según la Secretaría de Economía, hasta el año 2022, procesaron arriba de 2 mil toneladas diariamente de este material.

Tajo a cielo abierto producido por la actividad minera del grupo Covia Materias Primas. Foto: Aldo Santiago.

Esta región es muy rica en biodiversidad y cultura, “porque los pueblos la han cuidado y porque su forma de vida lo ha permitido. Pero, está la explotación de los yacimientos de petróleo, están abriendo más carreteras en torno al Tren y un nuevo gasoducto”, cuenta Blanco con mucha certeza. 

Efectivamente, como dice el músico, las empresas rondan como buitres, con hambre de carroña. En su primera fase, se ofertará a los mejores postores porciones de tierras del Istmo de Tehuantepec, veracruzano y oaxaqueño, donde serán construidos al menos diez parques industriales, también llamados polos de desarrollo.

En julio del 2023 en conferencia de prensa, los gobernadores de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, afirmaron que “hay una demanda por cada polo [parque industrial] de más de 30 empresarios”, de los cuales cinco parques ya han sido destinados a tres empresas. Estos polos son: Coatzacoalcos I, Coatzacoalcos II, Salina Cruz, San Juan Evangelista y Texistepec.

Entonces, el colectivo Altepee comparte una gran preocupación que ya no solo es por preservar la música, la fiesta y las tradiciones, sino preservar la vida. “Mientras avanzan estos proyectos, también camina la devastación. Sabemos que sin agua ya no nace un cedro y no se construye una jarana, pero sin agua nosotros no vivimos. Ahí esta el problema, nadie nos habla de las grandes cantidades de agua que van a necesitar estas industrias, de los desechos que van a generar”, comparte con preocupación el músico Blanco.

Uno de los jóvenes que forman parte de este colectivo, Ángel Chávez, muestra un interés muy especial, principalmente, por las personas de su edad y los más niños. “La promesa es que va haber progreso y van a tener un ingreso las familias. Para mi, como joven, es complicado y también para el resto de los jóvenes, porque las universidades solo te forman para ser obrero para estas industrias. Muchos jóvenes, sí, están aceptando este discurso, pero, con ello se va a perder nuestra riqueza, que no es monetaria, es cultural y de biodiversidad. Se va a perder la memoria”, puntualiza el músico Chaves, mientras lija la madera para una nueva jarana.

Ángel tocando una pieza musical. Foto: Santiago Navarro F

Este colectivo tiene presente que, bajo el asfalto, bajo las industrias, a lado de los ductos de gas y petróleo, hay una memoria que podría quedar sepultada, junto con su forma de vida.  “Entonces cuando hablamos del trabajo que hacemos, tiene que ver con un trabajo de formación para que también haya compañeras y compañeros jóvenes que se interesen por estas problemáticas”, asevera el jaranero Blanco.

El relevo generacional

Mientras que los músicos lijan y ponen cuerdas a nuevas jaranas, comparten con cierta nostalgia que son los más viejos quienes han cuidado y preservado la música, pero también el territorio. “Tú vas a las asambleas y la mayoría de la gente es de 60 y 70 años, los más jóvenes son de 50 años. Entonces hay una gran preocupación porque no hay un relevo generacional en el cuidado de nuestra madre naturaleza, de la vida”, remarca Blanco.

Además, los más viejos están siendo acosados para que vendan sus tierras, lo que vulnera más el relevo hacia los más jóvenes. 

El pasado mes de febrero, por ejemplo, Coatzacoalcos, Veracruz, fue sede del llamado Programa de Ordenamiento Territorial de la Región del Istmo de Tehuantepec (POT – RIT), donde convocaron a síndicos y presidentes municipales de 33 entidades ubicadas en torno al Corredor Interoceánico (parte de Veracruz). El objetivo es crear los lineamientos legales para ceder la tierra al capital privado, ya que la mayoría de este territorio es de propiedad social o colectiva.

Esta herramienta fue promovida por el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y ejecutada por el gobierno de Veracruz, en colaboración con la academia y la sociedad civil. 

Evento del Programa de Ordenamiento Territorial de la Región del Istmo de Tehuantepec

La planeación de estos territorios es para crear condiciones que requieren los parques industriales. Además de los servicios como el agua, drenaje, luz, basureros, también requieren zonas dormitorios para sus trabajadores, hospitales, escuelas, lo que implica un cambio en el uso de suelo, de la propiedad colectiva a la propiedad privada.

Los músicos intuyen que, si el uso de la tierra cambia hacia a la propiedad privada, la razón de ser de los comuneros y comuneras perderá sentido y, por tanto, la asamblea como máxima autoridad de una comunidad también tenderá a desaparecer. “Entonces los jóvenes perderían la posibilidad de tomar decisiones en asamblea y eso es otro golpe para nuestras comunidades”, agrega Blanco. 

Gema y Sael comparten su música. Foto: Santiago Navarro F

El músico hace énfasis en que por eso es muy importante el trabajo con los jóvenes. “Parte de lo que hacemos es organizarnos con las chicas y los chicos”, complementa.

“Pero de nada sirve si nos organizamos solo nosotros, tenemos que organizarnos con más gente que haga conciencia de los tiempos que estamos viviendo. Porque estas problemáticas no solo nos afectan a nosotros, es a nivel planetario”, señala el jaranero y, acrecienta que, “algo que está pasando en estos tiempos es la deshumanización, se ha perdido la sensibilidad, no nos importa de dónde viene el agua, no hay interés en los bosques, en los animales. Entonces tenemos que sumar esfuerzos”. 

Blanco es enfático y pone el dedo en el renglón en el tema de la crisis climática que estamos viviendo. “Es importante que la gente entienda que el hecho de que estemos experimentado calores de más de 50 grados [Celsius] tiene que ver con nuestras vidas y es nuestra responsabilidad. No podemos pensar que la siguiente generación la va a componer, porque la siguiente generación no tendrá nada que componer. Al final es un llamado a la acción. Sino sabes que hacer, hay gente haciendo cosas, acércate a esas personas”.

El jaranero insiste en que tenemos que voltear la mirada más allá de nuestros espacios, “aunque parezca mucho trabajo, tenemos que hacerlo, pensar en los pueblos que están siendo devastados por la minería, donde están talando bosques, construyendo represas, porque son temas que incumben a la humanidad”, añade el músico. 

La jarana y el arte, concluye otro integrante de este colectivo, Ángel Escudero, son las herramientas de lucha con las que continúan el andar. “La memoria está ahí guardada y solamente hace falta una sacudida para que nos pongamos a recordar y eso hace la jarana”, reafirma.

Patrulla Fronteriza involucrada en muerte de migrantes y subregistro de fallecimientos

En portada: Migrantes que entraron a Estados Unidos desde México hacen fila para ser procesados ​​por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EEUU.

Los abusos de la Patrulla Fronteriza y su involucramiento en el fallecimiento de migrantes que intentan cruzar la frontera entre México y EEUU son temas de un reciente informe que revela cómo las políticas migratorias norteamericanas minimizan y subregistran el número de muertes causadas por el abuso del poder y las leyes que criminalizan a las personas en movilidad.

Sólo en una década, entre los años 2012 y 2022, la base de datos recopilada por la organización norteamericana No más muertes demuestra un mayor número de fallecimientos que los datos proveídos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés).

Registro de muertes de migrantes en el sector de El Paso, frontera compartida entre EEUU y México. Elaborado por No más muertes

Esto lo evidencian con los datos recogidos del cruce fronterizo del Sector El Paso, que incluye la frontera entre el estado de Nuevo México y los condados texanos de El Paso y Hudspeth. “Con algunos años mostrando hasta dos, tres o incluso cuatro veces (en 2020) más muertes”, revela el informe.

Esta tendencia se mantiene durante los años. Por ejemplo, mientras la CBP reporta la muerte de 10 migrantes en el Sector El Paso para el año 2020, la base de datos de la organización demuestra el fallecimiento de 39 personas en movilidad. Para el año 2022, el informe revela 109 fallecimientos contrastando con el subregistro de 71 muertes por parte de la CBP.

Comparación de registros de muertes de migrantes entre los datos oficiales y los recabados por No más muertes.

Entre las causas de los fallecimientos, la base de datos de No más muertes enfatiza que el 15% de los casos están vinculados al uso de la fuerza por parte de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso. Esto incluye muertes derivadas por las persecuciones, caídas desde el muro fronterizo y bajo custodia de los agentes.

Muros, barreras mortales 

En la región fronteriza del Sector El Paso se despliegan barreras y muros fronterizos, casi todos construidos durante la presidencia de Donald Trump (periodo entre los años 2016-2020), que cubren una extensión de más de 424 kilómetros.

Acorde a No más muertes, lejos de que las barreras redujeran los numerosos intentos de cruce por esta región, el Sector El Paso ha experimentado un drástico aumento de detenciones de migrantes, “además de un desastre ecológico bien documentado en otros lugares”, asevera el informe.

De acuerdo a la base de datos, existe el registro de 26 muertes atribuidas a caídas desde los muros fronterizos en el Sector El Paso. “La mayoría de las muertes en el muro que registramos aquí no fue reportada por ninguna entidad, oficial o independiente, e insinúan la crisis sub-reportada de lesiones y sufrimiento debido a caídas no fatales”, detalla el reporte.

No más muertes subraya el desconocimiento del total de personas que han sufrido discapacidades y lesiones resultado de caídas no mortales -algunas desde alturas de más de 10 metros. Fuentes como el Departamento de Bomberos de Sunland Park, Texas, han recabado informes de hasta cinco lesiones graves por caídas del muro en un solo día.

Un reporte periodístico confirmó que, desde 2019, cuando se construyeron los muros más altos en la frontera, el Centro Médico Universitario, el único centro de traumatología a una distancia de 400 km de El Paso, ha tratado alrededor de 1,100 pacientes que cayeron desde las barreras fronterizas.

El informe de la organización humanitaria también destaca que la CBP ha vinculado la muerte de migrantes derivada de las caídas a otras causas. Tal es el caso ocurrido en el año 2022, cuando una joven hondureña falleció mientras era trasladada al hospital tras caer del muro. 

No más muertes señala que el parte médico que examinó el cuerpo de la joven determinó que la causa de la muerte fue un “traumatismo contuso”, no obstante “el informe no menciona ni una sola vez el muro fronterizo (…). En otro caso, un salvadoreño fue encontrado cerca del muro fronterizo, donde se había lesionado gravemente la espalda en una caída, y murió cuando iba a camino al hospital. La causa de su muerte figuraba como ‘exposición ambiental’”, detalla el reporte. 

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No más muertes acusa a la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso (EPCOME, por sus siglas en inglés) y a la CBP por la omisión de las causa de fallecimiento, lo que “sugiere un intento de desinflar las cifras de estas muertes”.

Asilo

El reporte señala un incremento en el caso de migrantes que murieron al cruzar hacia los EEUU tras solicitar asilo. Particularmente, No más muertes señala que existe un mayor número de muertes de migrantes no mexicanos en comparación con otros sectores.

“Los restos humanos recuperados recientemente en el sector de El Paso se han asemejado más a la demografía de los solicitantes de asilo, tanto por nacionalidad como por género; en 2023, las mujeres constituían más del 50% de los restos humanos recuperados, una proporción sin precedentes en ningún año para ningún sector en el que se disponga de estos datos”, enfatiza el informe. 

Una cruz en memoria de un migrante fallecido y cuyo cuerpo fue recuperado del Río Grande

Esta situación, argumenta No más muertes, deriva de las políticas implementadas desde el año 2017, bajo la administración de Trump y que continúan “de manera informal o bajo diferentes nombres” en la actual presidencia de Joe Biden, con las cuales se restringen las solicitudes de asilo, “incluidas las prácticas ilegales de dosificación y devolución”.

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Con ello, las personas atrapadas en el limbo de los trámites del lado mexicano deciden emprender el cruce hacia los EEUU para solicitar asilo una vez detenidos por la Patrulla Fronteriza en suelo estadounidense. 

“Creemos que este mayor número de muertes de mujeres está relacionado con las recientes y continuas restricciones de asilo y el cierre de los puertos de entrada a los solicitantes de asilo”, asevera No más muertes.

Persecuciones

Los agentes de la Patrulla Fronteriza de los EEUU realizan persecuciones contra cualquier persona que intente evadir el paso por un control de inmigración y de vehículos de los que sospechen un cruce ilegal, lo cual señala No más muerteses una “práctica innecesaria y peligrosa”.

Según la organización humanitaria, las persecuciones de la Patrulla Fronteriza representan la mitad (35 de 73) de las muertes de agentes fronterizos, 20 en vehículo y 15 a pie. 

También citan un informe de LATimes del 2019, el cual rastreó 500 casos de persecuciones de vehículos de la Patrulla Fronteriza, entre 2015 y 2018, y descubrió que las estrategias empleadas significaron que “1 de cada 3 terminó en un accidente”, contabilizando al menos 250 lesiones y 22 muertes.

Migrantes cruzando la frontera entre México y EEUU.

A la par de las persecuciones en automóvil, los agentes de la Patrulla Fronteriza emplean otros métodos como el de “zumbar” a grupos de migrantes desde un helicóptero, es decir, volar a un nivel bajo para levantar polvo e intimidar y desorientar a los migrantes, lo que puede provocar lesiones, hacer que los grupos se dividan y que aumente en gran medida sus posibilidades de muerte.

“Se sabe que la CBP encubre intencionadamente muchos de estos casos. Hemos encontrado múltiples referencias en los datos que muestran que los investigadores no pudieron entrevistar a los agentes de la CBP involucrados, lo que se hizo imposible una investigación completa”, acusa No más muertes cuya labor para recopilar los datos hecho mano de diversas fuentes gubernamentales, instituciones médicas e investigaciones independientes.

Responsabilidad

No más muertes registra 16 muertes relacionadas con el actuar de los agentes de la CBP para el año 2022, mientras que sólo 6 aparecen en el recuento oficial de la OPR (Oficina de Responsabilidad Profesional).

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Falta de datos

Pese a lo extenso del informe, No más muertes subraya que no se conoce el verdadero número de muertes de personas que migraron a través de Nuevo México debido a que muchos restos nunca son encontrados. “La descomposición puede tener lugar muy rápidamente en condiciones desérticas, y los restos pueden quedar ocultos a la vista o dispersos”, enfatiza.

A su vez, señala que faltan datos sobre las muertes que ocurren del lado mexicano de la frontera, donde los migrantes se enfrentan a veces a condiciones igual de peligrosas antes de iniciar la parte estadounidense de su viaje. “Por ejemplo, tenemos datos de las personas que murieron al caer desde el muro hacia el norte, en dirección a Estados Unidos, pero no de las que murieron al caer hacia el sur, en dirección a México”, detallan.

Los datos que hacen parte del informe se recopilaron de la Oficina del Investigador Médico de Nuevo México (OMI), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP), el Departamento de Transporte de Nuevo México (NMDOT), la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso (EPCOME), los Juzgados de Paz de los Distritos 1 y 2 del Condado de Hudspeth, el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la OIM, fuentes de noticias independientes y declaraciones del Departamento de Bomberos de Sunland Park, así como la observación directa de voluntarios sobre el terreno.

Disidencias de FARC atacan indígenas Nasa; reportan asesinato de lideresa en Cauca

En portada: Indígenas Nasa durante el entierro de la lideresa Carmelina Yule Paví.

La violencia contra la población indígena Nasa, en el Valle del Cauca, suroeste de Colombia, recrudeció con ataques registrados el pasado fin de semana por parte del Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC). 

Este frente es considerado como la mayor disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y una de las primeras en hacer presencia en el Cauca tras la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016.

Carmelina Yule Paví, indígena Nasa asesinada por el Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central. 

El sábado (16), en la zona rural del municipio de Toribío, la lideresa Carmelina Yule Paví, de 52 años de edad, resultó herida mientras acompañaba a integrantes de la Guardia Indígena para rescatar a un menor de su comunidad quien había sido reclutado forzadamente por el grupo armado.

Debido a la gravedad de las heridas, el domingo (17), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), organización que agrupa a 14 resguardos y 19 cabildos indígenas de la región norte del valle, reportó el fallecimiento de la lideresa indígena. 

Yule Paví era una reconocida lideresa en su comunidad, el Resguardo Indígena de Toribio. En 2019 fue la coordinadora local del programa Mujer del Territorio de ese mismo resguardo, espacio desde donde construyó propuestas junto a mujeres Nasa del norte del Cauca en los tejidos, como se le denomina a instancias organizativas dentro de la ACIN.

Las autoridades Nasa reportaron que durante el ataque fue herido otro comunero. La ACIN denunció que el grupo armado huyó y atacó otras comunidades indígenas. Según el reporte, dispararon ráfagas de fusil y lanzaron granadas contra las comunidades desarmadas que hacen control territorial. La asociación confirmó que ninguna persona de la comunidad resultó herida en ese ataque.

Exterminio

El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca rechazó los hechos violentos que continúan registrándose en territorios Nasa.

“Tristemente la violencia volvió apuntar, a dañar y asesinar, apagando la vida de la Mayora Carmelina, nos duele su partida, duele la indiferencia, duele que se normalice la guerra y duele que los victimarios anden libremente en los territorios mientras la comunidad tenga limitaciones en su propia casa”, manifestó el Tejido.

Por su parte, la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribio, Tacueyo y San Francisco denunció la existencia de un plan de ataque y exterminio contra el pueblo Nasa de Toribio y sus Autoridades Ancestrales.

“Con este accionar queda demostrada la descomposición y actuar delincuencial de este grupo armado que se autoproclama como “revolucionario”, pero que se ensaña en el secuestro, la desaparición, el asesinato y coerción de nuestra comunidad negándose al diálogo con ella, al mismo tiempo que se ufanan de sostener diálogos de paz con el gobierno nacional”, dijo la organización indígena Proyecto Nasa de los resguardos de Toribío, Tacueyó y San Francisco. 

Pese a que, de acuerdo al gobierno nacional y el EMC, se acordó un cese al fuego desde octubre del 2023, las comunidades indígenas han denunciado que en varias ocasiones las disidencias han violado dichos acuerdos.

Pobladores Nasa contextualizaron que recientemente, del 13 al 15 de marzo, se realizó en Cali la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, evento durante el cual los pueblos indígenas del norte del Cauca denunciaron la situación de violencia en sus territorios.

Gobierno y el EMC acuerdan cese el fuego bilateral para avanzar con los diálogos de paz.

Durante la Minga, el líder indígena Nilson Sauca compartió que, pese a los ceses de fuego bilaterales anunciados, la realidad en los territorios indígenas, campesinos y afros es diferente. “Lastimosamente, siguen cayendo compañeros y compañeras fundamentales para estos procesos”, sostuvo Sauca. Un día después de la Minga se registró el ataque contra la lideresa Carmelina Yule Paví.

Acorde a un registro realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en los tres primeros meses del año 2024 han identificado el asesinato de 33 líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de los acuerdos de paz.

Tras los ataques del pasado fin de semana, el gobierno nacional anunció la suspensión del Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral y Temporal en los departamentos del Cauca, Nariño y Valle del Cauca. El gobierno, encabezado por Gustavo Petro, señaló que las operaciones militares ofensivas contra la estructura del EMC se reanudarán a partir de este miércoles (20).

Durante el Consejo Territorial de Autoridades Cxhab Wala Kiwe, realizado este lunes (18) en la comunidad Nasa de Toribío, se rindió homenaje a Carmelia Yule Paví. En el evento, se estableció que los indígenas reforzarán las actividades de control territorial al interior del resguardo para capturar a los autores del asesinato y expulsar a integrantes del EMC.

Cabe resaltar que, durante el cortejo fúnebre de Carmelina Yule hacia su comunidad de Toribío, se registraron ataques por parte del Frente Dagoberto Ramos contra la caravana que transportaba el cuerpo de la lideresa indígena.

Vandana Shiva: Es hora de unirnos contra los que buscan controlar los sistemas alimentarios

En portada: Vandana Shiva, en su participación en la conferencia de prensa en apoyo a la defensa del maiz. Foto: Ángel Huerta

Durante el evento La defensa de las semillas libres y la biodiversidad frente al imperialismo alimentario, realizado en México el sábado (16), la ecofeminista Vandana Shiva compartió su mensaje de defensa del medio ambiente. Vandana Shiva, renombrada científica y ambientalista de la India, es reconocida por su incansable lucha contra la agricultura industrial y los cultivos transgénicos.

En un evento histórico que reunió en Ciudad de México a destacados defensores de la biodiversidad y las semillas libres contra el “imperialismo alimentario”, como define Shiva, activistas, ecologistas, defensoras del territorio de México y América Latina fueron testigos de la visita de Vandana Shiva.

En portada: Vandana Shiva, en su participación en la conferencia de prensa en apoyo a la defensa del maiz. Foto: Ángel Huerta

El evento se centró en la importancia de proteger las semillas como base fundamental de la cadena alimentaria y como parte de nuestra herencia para las generaciones futuras. Se discutió cómo los derechos de propiedad intelectual y las tecnologías de organismos genéticamente modificados (OGM) amenazan la soberanía sobre las semillas y la diversidad biocultural.

Durante la conferencia de prensa, previa al evento, Vandana Shiva enfatizó la necesidad de políticas públicas que reconozcan la diversidad cultural y promuevan sistemas agrícolas que cuiden la tierra y nutran a la población, rechazando la uniformidad que amenaza la biodiversidad y la autonomía de los agricultores.

Vandana señaló la importancia de las mujeres indígenas en la conservación de la biodiversidad. De acuerdo con la activista, el 80% de la biodiversidad del planeta se encuentra en las tierras de los pueblos indígenas, y son las mujeres quienes cuidan la tierra y siembran alimentos para sus comunidades.

Vanda Shiva disfruta del espectaculo de las voladoras en el patio del Cencalli. Foto: Ángel Huerta.

Explicó que la agricultura debería ser vista como una actividad de cuidado de la tierra y la biodiversidad. “Necesitamos cambiar nuestra mentalidad respecto a la producción de alimentos y reconocer que estamos produciendo para embellecer la tierra y alimentar a todos. Debemos trabajar juntos para promover sistemas agrícolas que nutran tanto la tierra como a los que dependemos de ella”.

La activista también subrayó la interconexión vital entre la salud humana y la salud del medio ambiente. Advirtió sobre los peligros de los alimentos ultraprocesados y la agricultura industrial, que no solo contribuyen al cambio climático y la degradación del suelo, sino que también tienen un impacto negativo en la salud de las personas. 

Defensa

La ecofeminista destacó la importancia de proteger la agricultura campesina y los recursos naturales frente a las presiones de las grandes corporaciones e instó a las personas a unirse en solidaridad para proteger las semillas y la biodiversidad. Sus palabras fueron recibidas con fuerza en la audiencia, recordando la importancia de defender colectivamente nuestros sistemas alimentarios y nuestro futuro frente a los intereses corporativos.

Para Shiva, la protección de nuestra biodiversidad y la adopción de prácticas agrícolas regenerativas son imperativos para garantizar un futuro saludable y sostenible. "Nuestra soberanía sobre nuestras semillas y alimentos es fundamental para nuestra supervivencia", declaró Shiva. "Es hora de unirnos y resistir juntos contra aquellos que buscan controlar nuestros sistemas alimentarios y nuestra autonomía", dijo. 

Tratado de libre comercio: recolonización

Para Vandana Shiva, las formas en las que los gobiernos y las corporaciones fuerzan la introducción de semillas genéticamente manipuladas en los países es otra de las herramientas del “imperialismo alimentario”, que se impone mediante marcos regulatorios de propiedad intelectual de las semillas, como el Convenio Internacional de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 91, y mecanismos jurídicos.

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Shiva criticó a los tratados de libre comercio que, según sus palabras, “representan una forma de recolonización destinada a someter nuestros sistemas alimentarios a los intereses de las grandes corporaciones”. 

El evento se realizó en el contexto de la controversia sobre el maíz entre México y Estados Unidos, que ha sido un tema de discusión intensa y en evolución en los últimos años. 

En México, donde el maíz es originario, se ha resistido al intento de imposición de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM). En 2020, el gobierno mexicano emitió un decreto para prohibir gradualmente el uso de glifosato y maíz transgénico en la masa para tortillas, un alimento básico para el pueblo mexicano.

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Algunas fechas importantes de esta controversia ha sido, por ejemplo, la del 13 de febrero de 2023, cuando México emitió el decreto presidencial que prohíbe el uso de maíz transgénico en tortillas y otros productos para consumo humano. Esta medida desencadenó una disputa comercial con Estados Unidos.

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Más tarde en ese mismo año, el 18 de agosto de 2023, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó que México esté violando el T-MEC. 

El 25 de agosto de 2023, Canadá se unió a Estados Unidos acusando a México de violar el T-MEC al prohibir el maíz transgénico. El gobierno canadiense comparte las preocupaciones estadounidenses sobre la falta de base científica en las medidas mexicanas.

El 20 de octubre de 2023, se forma un panel arbitral conformado por el suizo Christian Häberli, Jean E. Kalicki por parte de Estados Unidos, y Hugo Perezcano por México. Este panel tiene la responsabilidad de abordar la controversia y tomar decisiones basadas en el T-MEC.

El 31 de diciembre de 2023, Estados Unidos presentó su caso ante el panel de arbitraje. México responde acusando a Estados Unidos de presentar información desactualizada y sin rigor científico. 

El pasado 15 de marzo organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos presentaron al panel sus opiniones técnicas y argumentos basados en evidencia científica que señalan y advierten sobre los múltiples riesgos que hacen pertinente y urgente frenar la presencia de maíces genéticamente manipulados en la alimentación de mexicanas y mexicanos, y como materia prima para otras industrias.

De tener una resolución desfavorable para México en el panel, se limitaría el derecho a decidir qué semillas sembrar y con qué tipos de maíz alimentarnos, advierten la campaña Sin Maíz no Hay País.

Recientemente, Vandana Shiva expresó su apoyo a la demanda de acción colectiva contra la siembra de maíz genéticamente modificado en México, presentada contra las empresas Bayer-Monsanto, Syngenta y Corteva Agriscience, y que a partir de una medida precautoria ha impedido desde el 2013 la siembra de maíz genéticamente manipulado en territorios mexicanos.

Lucha internacional

Ponentes de diversas geografías presentaron sus perspectivas sobre la importancia de proteger la biodiversidad, defender las semillas criollas y resistir la influencia de los agronegocios y los transgénicos en la agricultura latinoamericana. Aquí les presentamos algunas de ellas.

Fernando Caballero, de Argentina

Fernando Caballero, abogado argentino que se destaca por su trabajo en la ONG Naturaleza de Derechos, resaltó la urgencia de la defensa de los pueblos fumigados en Argentina. Su llamado a la acción resonó poderosamente: "Es hora de unirnos en la lucha contra los transgénicos y el agronegocio para proteger nuestra tierra y nuestra salud".

André Leu, de Australia 

Leu, es ecologista de Australia y desempeña el cargo de Director Internacional de Regeneración Internacional, señaló el hecho de que no se hacen pruebas de ningún plaguicida sintético para evaluar cómo afectan a la salud, en particular la salud de los niños.

En su presentación Leu expuso evidencia sobre los posibles daños a la salud causados por el glifosato y los cultivos transgénicos, señalando correlaciones entre la introducción de estos elementos y el aumento de enfermedades como el cáncer, la obesidad, la insuficiencia renal y el autismo. Su análisis destaca la importancia de considerar las implicaciones para la salud pública al utilizar estos productos en la agricultura y la alimentación diaria.

Mercedes López Martínez, de México

La intervención de Mercedes López Martínez, activista mexicana destacada en las luchas de la sociedad civil de México en defensa del medio ambiente y la seguridad alimentaria, se centró en la lucha contra los transgénicos y la defensa del maíz en México, destacando el papel vital de las comunidades campesinas e indígenas. Su llamado a la acción fue claro: "Proteger la soberanía alimentaria y los bienes comunes es un deber moral y una responsabilidad compartida".

Mauricio García Álvarez, de Colombia

Mauricio García Álvarez, coordinador de la campaña "Semillas de Identidad" en la organización Swissaid Colombia,destacó la importancia de valorizar el trabajo de los custodios y guardianes de semillas en Colombia, subrayando la necesidad de recuperar el conocimiento ancestral y los sistemas de producción tradicionales. Su mensaje resonó con esperanza: "La investigación participativa y la incidencia política son herramientas poderosas en la lucha por la soberanía alimentaria y la justicia social".

Fabián Pacheco, de Costa Rica

Fabián Pacheco, activista ecológico y director del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica en Costa Rica, centró su presentación en la lucha contra la introducción de maíz transgénico en Costa Rica y la defensa de la biodiversidad y la agricultura orgánica en Mesoamérica. Destacó la importancia de la resistencia comunitaria y la acción directa para proteger los derechos de los agricultores y preservar las semillas criollas. 

Miguel Ángel Crespo, de Bolivia

Miguel Ángel Crespo, fundador y director ejecutivo de Probioma y especialista en el control biológico de plagas en Bolivia, abordó el control de semillas y los impactos de los agronegocios en la agricultura sostenible. Hizo hincapié en la importancia de defender las semillas como bien común y en la resistencia contra la introducción de semillas transgénicas. Destacó la necesidad de una lucha política, legal y científica para proteger la biodiversidad y los recursos genéticos. Una frase sobresaliente fue: "Las semillas son bien común, no son una mercancía."

Pánfilo Hernández Ortiz, de México

Pánfilo Hernández Ortiz, responsable del programa de Agricultura Sostenible e Intercambio de Experiencias de Campesino a Campesino en Tlaxcala, México, centró en la defensa de las semillas nativas y la resistencia comunitaria contra la imposición de transgénicos. Destacó la importancia del intercambio de semillas, la soberanía alimentaria y la resistencia campesina. Su llamado a la acción incluyó un énfasis en el consumo local y la participación ciudadana. 

Comunidad maya presenta denuncias contra empresario por intentos de despojo

En portada: Miembros de la comunidad maya de Ixil, Yucatán. Foto: Bénédicte Desrus

El pasado miércoles (13), una comisión de la comunidad maya de Ixil, Yucatán anunció una serie de acciones que realizaron para continuar con la defensa de sus territorios frente a intentos de despojo por parte de proyectos inmobiliarios y de producción energética.

Mediante conferencia de prensa, realizada en la Ciudad de México tras reuniones con diversos funcionarios en la capital del país, destacaron su visita a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR).

Ante dicha institución, los pobladores mayas interpusieron una denuncia penal contra el empresario Alejandro Escoffié por actos fraudulentos cuyo fin, argumentan, era despojarles de más de 5,200 hectáreas de tierras ejidales de uso común. 

Acorde al testimonio de Mercedes Cocom Noriega, miembro de la comunidad de Ixil, el empresario Escoffié es el principal promotor de este intento de despojo, que se remonta a una lucha desde hace 10 años por el control de las tierras de uso común. Por su parte, Maximiliano Cetz, maya quien también formó parte de la comisión de la comunidad, agregó que en la denuncia también se acusa a un notario público, dos ex visitadores agrarios, el actual Comisariado Ejidal y otros comisariados previos que fueron cómplices de Escoffié.

El motivo de la denuncia, aseveran, es por los delitos de fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa con el fin de privatizar las más de 5,200 hectáreas mediante el uso de documentos y firmas falsificadas que buscaban asignar a personas ajenas a la comunidad como sus propietarias frente al Registro Agrario Nacional (RAN).

Ante este hecho, Cocom detalló que la comisión de Ixil mantuvo una reunión con funcionarios del RAN, quienes les informaron que el intento de asignación de personas extranjeras sobre las tierras de uso común, por parte de Escoffié, fueron denegadas por el órgano agrario.

José Argemiro, también parte de la comisión maya, indicó que se sienten desamparados por parte de las instituciones que imparten justicia en el país. Esto debido a la negativa, por parte del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de Yucatán sobre una demanda de amparo que los pobladores presentaron contra la orden de aseguramiento de sus tierras que provocó el intento de despojo refectuado el 17 de agosto del 2023.

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“En este tribunal trabaja un primo segundo de una de las personas que se ostenta como propietaria y que está queriendo despojar a la comunidad”, acusó Argemiro. Por esta situación, los pobladores de Ixil hicieron un llamado a la SCJN para que sea ella quien retome el caso y decida sobre la suspensión definitiva que han solicitado mediante la demanda de amparo. 

Otros proyectos

Angélica Tec Ek, miembro de la comunidad maya, agregó que también se cierne la amenaza contra su territorio por parte un proyecto de energía eólica. La integrante de Ixil detalló que sus territorios cuentan con una enorme biodiversidad que incluye lagunas, manglares y otros ecosistemas que, de instalarse un parque eólico, serían impactados negativamente y cortaría los flujos del agua.

Tec Ek contextualizó que ya han ocurrido inundaciones en sus territorios, como lo que aconteció en el año 2020 cuando todo el pueblo se vió afectado por la anegación, “el pueblo sufrió demasiado, sufrió en su economía con pérdida de ganado, apicultores, un daño muy terrible que sufrió la comunidad”, compartió y aseguró que es una de las razones por las que los pobladores no quieren que esa situación se repita.

Durante la rueda de prensa también participó Carlos Yamá, miembro del colectivo Cantukún, e integrante de la comunidad maya de Kinchil, ubicada al poniente de Yucatán. Yamá informó que su comunidad defiende sus terrenos desde hace 10 años frente a los intentos de despojo por parte de la empresa porcícola Kekén, del grupo Kuo.

Según comunicado compartido tras la conferencia, esta problemática y despojo nace del tráfico de influencias al interior de SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). Ante ello, la comunidad de Kinchil está litigando contra la secretaría, debido a que señalan que defiende los intereses de la granja porcícola en detrimento de apicultores y pequeños ganaderos quienes son afectados por las invasiones de sus tierras.