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Reserva de Calakmul recibirá más de 6 mil autobuses al año

Aspectos de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, Campeche. foto: Santiago Navarro F

En portada: Fauna al interior de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche. Foto: Santiago Navarro F

La majestuosa armonía de los cantos de las aves, los monos saltando de un árbol a otro, el viento marcando el paso; así se va pintando el paisaje de la selva que hoy es conocida como la Reserva de la Biosfera Calakmul, ubicada en el estado de Campeche, al sur del México. Esta gigantesca alfombra de árboles y de vida es la segunda mayor extensión de bosques tropicales conservados del continente americano, superado tan solo por la selva del Amazonas en Sudamérica.

De pronto, la armonía se ve irrumpida. El estruendo de un motor de una camioneta de redilas toma por asalto el paisaje. Luego aparecen otras más. Sobre los vehículos van varios hombres que portan un casco amarillo y un chaleco color naranja. Son trabajadores de la construcción. Las camionetas, aunque no lo tienen permitido, viajan dentro de la reserva a más de 60 kilómetros por hora. Se dirigen presurosos hacia una carretera que se está construyendo al interior de la selva.

El general Blas Andrés Núñez Jordán informó en la conferencia matutina de la presidencia, el pasado 7 de agosto, que “se construye un camino tipo rural de 10 kilómetros, con un ancho de cinco metros”.

Este denominado camino, hacia donde se dirigen los trabajadores, es una carretera de cemento hidráulico que puede soportar camiones de carga pesada. Un equipo de Avispa Mídia que visitó la zona pudo constar que, a simple vista, no parece de cinco metros de ancho, ya que es de dos carriles. Sus medidas rondan entre 10 a 12 metros. Incluso este tipo de construcción fue realizada en comunidades en el estado de Oaxaca, por ello, el general Núñez agrego que en la obra hay presencia “de trabajadores del estado de Oaxaca”, y que lleva un avance del 22%.

Este fragmento de camino de concreto, al interior de la reserva, conecta la zona arqueológica Calakmul con un hotel que esta siendo construido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que lleva el mismo nombre de la reserva, Calakmul.

Estas son algunas de las “obras complementarias” del área de influencia del Tramo 7 de la obra magna conocida como Tren Maya. En el trascurso de este tramo se tiene proyectado la construcción de al menos cuatro estaciones, ubicadas en Nicolás Bravo, Xpujil, Conhuas y Centenario.

En un documento que lanzó la organización no gubernamental Greenpeace, en agosto del 2022, como parte del procedimiento de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tramo 7, argumentó que Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) “no presentó un análisis general de todas las actividades indirectas que serán potencialmente incidentes en la región”.

En términos del flujo del turismo se agregaron solo “generalidades de un estudio de demanda de pasajeros y de servicios de STTER (consultora) con fecha del 09 de febrero de 2021”, detalla la organización ambiental.

Derivado del análisis sobre la MIA se destaca que solo de las estaciones establecidas en Conhuas y Xpujil, principales puntos de donde provendrá el turismo hacia la Reserva de la Biosfera de Calakmul y al Sitio Patrimonio de la Humanidad Antigua Ciudad Maya de Calakmul, se espera que arriben a través de vehículos o autobuses 43 mil 600 personas para el año uno de operaciones.

Esto representa 1,453 autobuses de 30 personas cada uno que se internarían hacia las entrañas de la selva virgen. Siendo que para los años siguientes se espera el triple de turistas, casi el equivalente a 6,600 autobuses al año.

En ninguna parte de la MIA se detallan posibles afectaciones hacia la reserva por posibles emisiones contaminantes de los automotores o sobre los niveles máximos permisibles de ruido, vibraciones, de aguas residuales y mucho menos de la basura que se va a generar.

El Hotel

A casi 35 kilómetros de donde cruzará el Tran Maya y a 10 más de la zona arqueologica de Calakmul, se edifica, bajo el mando de la empresa Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V. de la SEDENA, el Hotel Calakmul. Un complejo turístico que contará con capacidad de 144 habitaciones distribuidas en dos torres de dos niveles.

Obras para la construcción de un hotel dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche. Foto: Santiago Navarro F

En el mes de abril, diversos activistas y ciudadanos de la región denunciaron que esta obra no cuenta con los permisos, ni con la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente. Gilberto del Pozo, director ejecutivo de la organización Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta A.C., afirmó haber revisado la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y el resultado fue que no encontró nada público. Esta organización finalmente presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). 

SEDENA replicó que el predio ya se encontraba impactado en su totalidad, como consecuencia de haber sido utilizado como campo chiclero hasta la década de los 90, es decir tres décadas atrás. No obstante, la Ley General del Equilibrio Ecológico exige que cualquier cambio en la reserva requiere presentar una MIA ante Semarnat. Hasta la fecha no se sabe si existe.

Plano del Hotel Tren Maya en Calakmul. Foto: especial

El general Núñez sostiene que el complejo turístico se está construyendo acorde a las “más estrictas normas ambientales y considerando equipamiento de punta como un sistema de generación eléctrica para el adecuado funcionamiento del hotel, el cual será totalmente solar”.

En 2021, la institución responsable de la planeación y desarrollo de proyectos turísticos sustentables, Fonatur, contrató a consultores externos para realizar lo que denominó como “Proyectos conceptuales de integración urbano arquitectónica para las áreas de servicio de las zonas arqueológicas”, en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La creación de los planes maestros y los estudios estuvieron enfocados a las zonas arqueológicas de Edzná, Uxmal, Oxkintok, Chichén Itzá, Tulum, Cobá y Calakmul. Su objetivo fue identificar las necesidades que favorezcan el atractivo turístico, tales como: alojamiento, servicios de alimentos y bebidas, transporte, atención médica, esparcimiento, conectividad, entre otras “que permitan la correcta operación y funcionamiento del sitio”, según Fonatur.

En los distintos tramos del Tren Maya, la SEDENA construye los llamados Hoteles Tren Maya, principalmente los que están ubicados cerca de las zonas arqueológicas de Palenque, Chiapas; Calakmul, Campeche; Uxmal y Chichén Itzá, en Yucatán. Contarán con un promedio de 160 habitaciones, albercas, gimnasio, restaurantes y otros servicios.

Según el general Núñez de la SEDENA, al fin de este año 2023 se va a concluir la construcción “de los seis hoteles y las oficinas de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya”, a cargo del órgano militar. El proyecto ferroviario atravesará o pasará por el área de influencia de 15 áreas naturales protegidas.

Seguridad

En la Reserva de Calakmul no solo se están creando las condiciones para que permitan los mejores servicios para el turismo, sino que también se está proyectando la seguridad de la zona. El pasado mes de junio, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, en un evento realizado en la reserva, anunció que se destinaban 10 hectáreas dentro de la selva para la Guardia Nacional.

Obras del tramo 7 del Tren Maya impactan en los alrededores e interior de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, Campeche. Foto: Aldo Santiago

En el marco de esta gira se entregó a SEDENA este polígono para que se construya una base operativa para la Guardia Nacional “en la que se implementarán acciones de detección y prevención de la tala ilegal”, anunció Albores junto al Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Adán Peña.

De acuerdo con las declaraciones de estos funcionarios, la ubicación estratégica de esta base “facilitará que este destacamento enfrente los delitos ambientales en la zona y se convierta en un emblema y ejemplo a nivel nacional”, además, enfatizaron que beneficiará “en el cuidado y salvaguarda de la RB (Reserva de la Biosfera) Calakmul”.

Un equipo de Avispa Mídia realizó un recorrido por esta ruta y, certeramente, pudo constar que actualmente hay elementos de la Guardia Nacional bajo los árboles en casas de campaña y hamacas. Mientras tanto, en el área destinada se realizan diversas actividades.

Falta de Agua

En la propia MIA del Tramo 7 destaca que, debido a la composición topográfica de la región, existe muy baja capacidad de retención de agua en la superficie, ya que este “vital líquido se filtra hacia los mantos subterráneos”. Así que los principales centros urbanos sufren estrés hídrico, incluso, son abastecidos por medio de tanques cisterna, mejor conocidos como pipas.

En 2019, en las vísperas de la firma del Plan Calakmul, encabezada por Fonatur - cuyo objetivo era la coordinación entre los tres niveles de gobierno, las comunidades y actores locales para empujar el complejo del Tren Maya en la región y sus obras complementarias -, Fonatur ofreció pipas de agua.

El director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, afirmó que las pipas serían entregadas “por parte de Conagua; es el principio de una serie de trabajos para ir resolviendo paulatinamente el problema del agua” en las comunidades, destacó. En ese momento anunció, a través del Comunicado 42/2019, que se invertirían más de 200 millones de pesos en obras de infraestructura social y productiva.

Una de las mayores preocupaciones de las comunidades aledañas al complejo turístico de Calakmul, es ¿de dónde van a traer agua?. Una incógnita que aún esta por resolverse.

Aumenta violencia contra activistas que se oponen al Corredor Interoceánico

En portada: Habitantes de Puente Madera reciben a activistas y organizaciones para denunciar los efectos negativos del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Foto: El Sur Resiste

El día de ayer, 15 de agosto, se llevó a cabo una audiencia del proceso penal en contra del defensor de derechos humanos David Hernández Salazar, acusado de ataques a las vías de comunicación y daños por incendio, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

El defensor de derechos humanos ha sido criminalizado por su rol activo en la reivindicación del derecho al territorio de la comunidad indígena binnizá de Puente Madera, al protestar contra de la instalación, en sus tierras comunes, del Parque Industrial Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) en el marco del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que se planea conectar con otro proyecto de inversión a gran escala, el llamado Tren Maya.

Salazar encabezó actos de protesta, por los cuales, en mayo de 2021, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Municipio de San Blas Atempa lo denunciaron penalmente.

En una rueda de prensa, realizada el 16 de agosto, aclararon que durante la audiencia se admitió en el proceso las periciales presentadas por la defensa de Salazar donde comprueban la inocencia del indígena.

Sin embargo, la Fiscalía y el Ministerio Público de Tehuantepec decidieron continuar con el proceso penal, basados en “testimonios y declaraciones falsas”, señala Mario Quintero, integrante de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT).

La siguiente audiencia ocurrirá en aproximadamente un mes para desahogo de las pruebas.

Además de la criminalización enfrentada por David Hernández Salazar, 17 integrantes más de Puente Madera han corrido con la misma suerte y cuentan con carpetas de investigación en su contra y órdenes de aprehensión.

La organización de derechos humanos Front Line Defenders expresó su preocupación por los actos de criminalización y violencia hacia Salazar y las demás personas defensoras de derechos humanos del APIIDTT.

La organización insta a las autoridades de México a retirar los cargos en contra de las 18 personas y las investigaciones y órdenes de aprehensión en contra de las y los integrantes de la comunidad indígena binnizá de Puente Madera y garantizar su derecho al debido proceso.

Acoso y violencia

La comunidad de Puente Madera y la APIDTT divulgaron un historial detallado de todos los incidentes de seguridad que han ocurrido contra sus miembros. El acoso y violencia se han intensificado justo después de que la Asamblea General Comunitaria de Puente Madera se amparó contra la declaratoria del PODEBI en San Blas Atempa en juzgados federales en materia de derechos humanos.

El 6 de junio de 2023, el juez decidió por la suspensión de oficio y de plano contra la declaratoria y el PODEBI en favor de Puente Madera.

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El mismo día, alrededor de las 19h30, vehículos del ejército mexicano ingresaron a Puente Madera, instalándose en el puente, al interior de la comunidad a unos metros de la Agencia y la Radio Comunitaria, revisando con violencia a los habitantes que transitaban, sin dar ninguna explicación, relataron miembros de la Asamblea.

El 20 de junio de 2023, el gobierno federal hace pública las licitaciones de todos los PODEBI del CIIT. Por el amparo interpuesto, no aparece el PODEBI de San Blas Atempa.

Salazar señala que han tenido vigilancia constante por parte de la Guardia Nacional, Ejército mexicano, de la Policía Estatal y de la Marina. “Hemos tenido mucha intimidación, han entrado al pueblo, han implementado puestos de control cerca de las escuelas, han detenido compañeros sin ninguna explicación, esto vemos claramente como acto de intimidación hacia nosotros, hacia a esta comunidad”, dice.

Las oficinas de la APIDTT, en Juchitán, y las casas de miembros de la Asamblea también han sido vigiladas por personas armadas. Las llamadas anónimas que difunden amenazas también son constantes.

Otra de las estrategias de intento de intimidación son las llamadas telefónicas indirectas. El 10 de agosto de 2023, alrededor de las 22h30, Salazar recibió, a través de su número personal, un mensaje de una persona conocida en la comunidad que le preguntó sobre el paradero de Mario Quintero, así como sus informaciones personales.

Sin embargo, esta persona de la comunidad hizo las preguntas en nombre de personas del Ejército mexicano con sede en la Zona Militar de Ixtepec. En el mensaje que recibió Salazar se añadió audios de militares para “invitar a Mario a una comida”. El audio fue divulgado por la APIDTT durante la rueda de prensa.

“Accidentes”

El 14 de julio de 2023, alrededor de las 21h30, dos habitantes de Puente Madera viajaban en un pointer rojo rumbo a la terminal de autobuses de Tehuantepec, a la altura del Rancho Los Caporales, a unos metros del entronque de Puente Madera, cuando fueron embestidos por un Jetta gris. Juan Cortés Meléndez, de 31 años, perdió la vida al instante. El copiloto, Kevin Alberto Solorzano Cortés, de 17 años, falleció días después en terapia intensiva.

El 19 de Julio de 2023, ocurre otro “accidente”. Viajaban en una camioneta de redila David Hernández Salazar y Guadalupe Ríos Maldonado. A las 15h30, fueron embestidos por una camioneta de 3.5 toneladas, a unos kilómetros de la entrada de Puente Madera, a la altura de la mojonera de Tehuantepec. Aunque la camioneta en la que viajaban quedó con daños irreparables, ninguno de los dos resultó con daños físicos.

“Lo que vemos es que se intensifican amenazas y persecución mediante los avances jurídicos y organizativos que se tiene como comunidad”, sostiene Quintero.

“No hay conflicto”

Los integrantes de Puente Madera y de la APIDTT también respondieron al intento del titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (SEGO), Jesús Romero López, de invisibilizar el conflicto que se ha instalado en el Istmo de Tehuantepec con la llegada de la implementación del Corredor Interoceánico.

El último sábado (12), el funcionario de gobierno dijo a los medios de comunicación: “Solamente vemos dos problemas, el que existe en San Blas Atempa, que es un litigio que está en el Tribunal Agrario y el de Santa María Mixtequilla, donde se está dialogando”.

“No es solo un juicio agrario o una disputa local por tierras. Lo que está puesto es la imposición de un gran proyecto de dimensiones catastróficas para los pueblos indígenas, para el medio ambiente y que tiene una dimensión geopolítica, con intereses de Estados Unidos y China”, declara Quintero.

Además, Romero López minimizó el trabajo de los integrantes de la Misión Civil de Observación, quienes visitaron comunidades impactadas por el Corredor Interoceánico y clasificó sus conclusiones como “sesgadas”.

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Los integrantes de las 23 organizaciones que formaron parte de la Misión encontraron violaciones a los derechos humanos, agresiones contra activistas defensores de la tierra y la criminalización de las comunidades indígenas, con más de 40 carpetas de investigación.

El fantasma de la privatización de las semillas vuelve con fuerza en Guatemala

Niños desgranan maíz en la comunidad q'eqchi' de Chapin Abajo, donde monocultivos de palma aceitera despojaron de tierras a la población indígena. Foto: Santiago Navarro F

En portada: Niños desgranan maíz en la comunidad q'eqchi' de Chapin Abajo, donde monocultivos de palma aceitera despojaron de tierras a la población indígena. Foto: Santiago Navarro

La siembra del maíz es una fiesta en el territorio maya q'eqchi', Alta Verapaz, Guatemala. La abuela de la mujer maya q'eqchi' Paulina Margarita Caal Chocooj, del pueblo San Juan Chamelco, es la que siempre sostuvo la práctica ancestral de la familia. “Cada familia tiene su día para sembrar la tierra en el mes de mayo, nos ponemos de acuerdo, nos rotamos. Es una fiesta para el territorio q'eqchi'”, cuenta orgullosa.

Las mejores semillas de diversos colores son seleccionadas por las familias y las reservan para la siembra siguiente. “Así vamos cultivando la vida. Mi abuela nos enseñó a cuidar, a querer el sagrado maíz”, comparte Paulina para Avispa Mídia.

El maíz es la base de la alimentación de los pueblos en Guatemala. Las tortillas, el pozol, el tamal son algunos de los alimentos que se consumen diariamente. El maíz es también donde se funda la cosmovisión de estos pueblos, sus creencias y ceremonias sagradas.

El “respeto al sagrado maíz”, enseñado de generación en generación, fue y es lo que sostiene a pueblos indígenas de diferentes partes de Guatemala y esto permitió derrumbar la Ley de Protección de Obtención de Variedad, conocida como Ley Monsanto, en 2014.  

“La ley fue aprobada a la espalda del pueblo, de manera oculta. Cuando ya estaba aprobada la ley, pues empiezan a organizarse las autoridades indígenas y la misma sociedad civil para conocer el contenido. Es ahí donde nos damos cuenta que pretendían la privatización de las semillas (nativas), patentar las mismas”, señala.

El contenido de dicha ley pretendía proteger la propiedad intelectual sobre vegetales a quienes los “creen”, “descubran” o modifiquen, por manipulación genética, a las especies existentes. “Eso, a largo plazo, permitía la privatización de la semilla nativa del maíz y otros cultivos, y mayor dependencia de insumos, como fertilizantes y agrotóxicos, para la agricultura”, señala Paulina, que forma parte de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG).

Los beneficiados por la ley, normalmente empresas productoras de semillas transgénicas como las transnacionales Syngenta y Bayer-Monsanto, obtendrían derechos de propiedad y usos de tales variedades, plantas o semillas. También permitía la siembra, transporte y experimentos con semillas transgénicas.

Trataron también de criminalizar a quienes reprodujeran, sin autorización, el material de variedad protegida con multa y prisión de uno a cuatro años. “Esta ley buscaba dar derechos y privilegios a las empresas por encima de los derechos de los campesinos y de los pueblos, por eso nos movilizamos para derrumbarla”, agrega la mujer maya q'eqchi'.

Ahora, sin aviso o consulta a los pueblos, el gobierno de Guatemala anunció en sus canales de redes sociales que representantes del sector público y privado, vinculados al sector agrícola, se reunieron en la comisión de Agricultura y Pesca del Congreso de la República, para “afinar detalles” de la iniciativa de la nueva Ley para la Protección de Obtención de Vegetales.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Edgar De León, el promotor del proyecto de ley, resaltó que “el objetivo es regular los procedimientos para la obtención de nuevas variedades y cumplir con normativas internacionales”.

La principal normativa internacional que Guatemala tiene que cumplir es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, en materia de propiedad intelectual, establecido en 2005.

Los países miembros se deben adherir al Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización intergubernamental con sede en Suiza, que promueve desde la década de 1960 la regulación del registro de plantas y semillas, y que se impone principalmente por medio de los tratados internacionales de comercio.

Para organizaciones como la Vía Campesina, GRAIN, Grupo ETC y Amigos de la Tierra Internacional, la UPOV trabaja exclusiva y explícitamente por la privatización de las semillas en todo el mundo, imponiendo estos derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales y monopolizando las mismas por parte de las corporaciones.

Dueños de las semillas

Mediante el UPOV un pequeño grupo de grandes productores a nivel internacional —mayormente corporaciones— “se adjudicó a sí mismo la prerrogativa de facilitar la apropiación de las semillas, excluyendo la posibilidad de que el resto de personas y comunidades las utilizaran libremente, pese a que su vida está entretejida en la agricultura y son quienes las domesticaron y las legaron a la humanidad”, sostienen las organizaciones en la publicación UPOV: el gran robo de las semillas. Por eso debemos defenderlas”.

Uno de los problemas apuntados por las organizaciones es que la UPOV exige y promueve uniformidad en las semillas y, por lo tanto, en el suministro de alimentos, permitiendo así que un pequeño grupo de productores internacionales, especialmente empresas transnacionales, mantengan la prerrogativa de facilitar la apropiación y el control de las semillas, sin tener en cuenta que muchos pueblos y comunidades tienen relaciones socioculturales históricas con las semillas. “Esto sirve al sistema agroalimentario industrial, que alimenta al 30% de la humanidad. Pero promueve erosión genética, vulnerabilidad económica y la pérdida de autonomía de la gente campesina, agricultoras y agricultores que alimentan al 70% del mundo en estos momentos”, señalan las organizaciones en el documento

Si los países que hacen parte del Tratado de Libre Comercio no se adhieren al Convenio de la UPOV están sujetos a sanciones por parte de otros países miembros del acuerdo, como es el caso de México que ha trabado una disputa contra Estados Unidos y Canadá porque quieren obligarlo a permitir la siembra de maíz transgénico en su territorio.

Hoy la UPOV posee 78 miembros, incluyendo la Unión Europea.

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Guatemala todavía no logró adherirse al Convenio de la UPOV. Desde 2006 inició el procedimiento para hacer parte. Para eso, el país necesita aprobar una ley de protección de obtención de variedades que esté de acuerdo con las líneas del convenio. La organización incluso ofrece modelos de proyectos de ley para que sean copiados por los países.

Y mas, la UPOV debe analizar y aprobar el proyecto de ley que será votado por el Congreso de los países. La adhesión será aceptada “siempre que no se hayan introducido modificaciones en los proyectos de leyes durante los procedimientos parlamentarios”, dice la UPOV en sus reglamentos. Es decir, los parlamentos deben aprobar exactamente los términos dispuestos por la organización.

El proyecto de ley hoy en tramitación en el parlamento guatemalteco fue aprobado por la UPOV en 2017.

Reglamento Monsanto

Otra estrategia para llevar a cabo la expansión de los transgénicos en el país fue la creación del Reglamento de Organismos Vivos Modificados, en 2018. Surge de los acuerdos de la unión aduanera entre El Salvador, Guatemala y Honduras que generó una serie de actividades en el interior del país que permite el ingreso, la experimentación, el comercio y el traslado de semillas transgénicas. “Guatemala es un país centro de origen de especies. Tenemos el privilegio de dar este aporte a la humanidad. Y estos acuerdos atentan contra nuestra biodiversidad, contra las semillas nativas y los conocimientos ancestrales de los pueblos”, enfatizó David Paredes, quien también hace parte de la REDSAG.

Las organizaciones han requerido informaciones al Ministerio de la Agricultura acerca de cómo se han realizado los protocolos para la liberación de la semilla transgénica en el país. Sin embargo, las informaciones “nos dan a medias o no nos dan”, dijo. “No hay informaciones públicas sobre qué empresas están realizando los experimentos, y tampoco dónde los están haciendo. Tampoco hay la participación de los pueblos o consultas indígenas”, señala Paredes.

Para Paulina, la desinformación generada por el Estado de Guatemala y las empresas “atentan contra nuestra libertad de poder decidir cómo queremos alimentarnos, con qué queremos alimentarnos. Porque los pueblos hemos tenido nuestros propios sistemas de alimentación”.

Libre circulación de las semillas

Organizaciones como GRAIN, Colectivo Semillas y la Alianza Biodiversidad, en su publicación "UPOV: el gran robo de las semillas. Por eso debemos defenderlas", sostienen que “proteger las semillas y brindar acceso a ellas es un entendimiento fundamental de la gente más allá de culturas, ideologías, religiones y visiones de mundo”.

Recuerdan que la noción de que la semilla debe circular libremente es tan profunda que todos los sistemas nacionales de semillas vigentes hasta 1960 se construyeron con la premisa de que las semillas almacenadas estaban a disposición de quien las pidiese.

“Libre acceso y libre custodia, uso e intercambio de las semillas se hicieron así pilares centrales de las identidades culturales, de la expansión de la agricultura en el mundo y de la capacidad de los pueblos para garantizar su alimentación, su medicina, su vestimenta y su vivienda”, sostienen.

Siguiendo la lógica de la libre circulación de las semillas, en mayo de 2002 se presentó al Congreso de Guatemala lo que se llamó la Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales, una iniciativa construida por autoridades indígenas de todo el territorio guatemalteco y que se basa en principios fundamentales de la vivencia de los pueblos, desde el respeto a la vida y desde la cosmovisión maya.

La propuesta debe todavía ser reconocida por el Pleno del Congreso para que empiece a tramitar en sus comisiones.

Un llamado desde el territorio maya q'eqchi'.

Misión de observación denuncia ataques y división comunitaria en comunidades del Istmo

Comuneras y comuneros de Santa María Mixtequilla, quienes se organizan desde que se anunció la instalación en sus tierras de uno de los mayores polos de desarrollo enmarcados en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), reiteran las denuncias sobre desinformación, manipulación y división de su comunidad para imponer las obras de dicho megaproyecto.

Así lo demuestran testimonios recolectados por una Misión Civil de Observación de Derechos Humanos, integrada por personas de 23 organizaciones, periodistas y académicos, quienes visitaron la región del Istmo durante los últimos días de julio.

Resaltan que el complejo industrial, previsto para operar en Santa María Mixtequilla, es el más grande de los 10 polos anunciados para la primera fase del CIIT, ocupará 502 hectáreas. Ante ello, la resistencia civil pacífica de la región denunció que será en agosto de este año cuando se realizarán las licitaciones para las obras del polo, cuestión que preocupa a la comunidad pues aún no cuentan con información sobre los impactos que ocasionará en las tierras indígenas.

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Debido a las irregularidades, desde hace cuatro meses, comuneros y comuneras ocupan la oficina de Bienes Comunales para reclamar por la falta de información, la realización de consultas a modo y la división de la población ante el megaproyecto.

“En realidad el polo de desarrollo fue aceptado por 263 personas aproximadamente que eso nada tiene que ver con una consulta indígena, de ahí en fuera jamás se volvió hacer en ninguna otra sección, ni colonia para dar información (…) la poca información que tenemos complica la situación porque no tenemos un panorama de como asimilar este impacto que nos traerá este polo de desarrollo, no tenemos ni siquiera un plan de desarrollo, ni de protección civil de lo que pueda suceder en la comunidad”, denunciaron las y los comuneros.

Por su parte, integrantes de la misión de observación señalaron acciones de intimidación por parte de elementos de la Guardia Nacional, quienes se han presentado en las asambleas comunitarias sin contar con el permiso para ello. Los habitantes de Santa María Mixtequilla también denunciaron expropiación de tierras a diversos campesinos y la compra de hectáreas por casi 20 pesos el metro, “a veces ni para un kilo de tortillas”, reclamaron acerca del monto.

Comunidades afectadas

Además de visitar a las comunidades afectadas por el polo de Santa María Mixtequilla, en la zona norte del Istmo, organizadas en el campamento “Tierra y Libertad” de Mogoñé Viejo, la misión de observación también realizó encuentros con comuneros agredidos en Santa Cruz Tagolaba y en la comunidad de Puente Madera.

Durante conferencia de prensa, realizada en Juchitán al final de la documentación, la misión enfatizó su preocupación ante las agresiones registradas contra las comunidades afectadas por el CIIT. Acorde a las denuncias recopiladas, durante 2023 se registra un aumento en la violencia contra defensores del territorio. Resalta que, durante las labores de la misión, ésta fue testigo de incidentes de seguridad, tales como la presencia constante y vigilante de las fuerzas armadas.

Los perpetradores de estas agresiones son integrantes de la Marina y la Guardia Nacional, así como elementos del ejército, policía estatal, secretaría de comunicaciones, autoridades municipales y la Procuraduría Agraria. Estos funcionarios han participado en distintos actos de criminalización, detenciones arbitrarias y desalojos violentos contra las personas que participan en el campamento de Mogoñe Viejo, estación Sarabia y Palomares; así como las amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.

“De igual forma se documentaron ataques en la zona de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, donde se han producido eventos de agresiones físicas, despojo, ocupación ilegal de tierras y desplazamientos forzados en contra de comuneros y comuneras debido a la especulación provocada por el Corredor Interoceánico al encontrarse en un punto estratégico”, resaltaron los integrantes de la misión que también responsabilizaron a grupos armados y caciques locales.

A ello, se añaden las agresiones contra la comunidad binnizá de Puente Madera, la cual ha sufrido una campaña de criminalización y difamación, así como una serie de agresiones como detención arbitraria y fabricación de delitos en contra de 18 defensoras y defensores por su lucha ante la imposición del “Polo de Desarrollo”, ubicado en el municipio de San Blas Atempa.

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La misión de observación alertó también por los ataques e impactos diferenciados en mujeres indígenas defensoras. Según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), entre octubre del 2021 y julio del 2023, se han registrado 31 eventos de agresiones colectivas e individuales en contra de comunidades y personas defensoras del territorio y los derechos humanos en el marco de la construcción del Corredor Interoceánico, principalmente en los estados de Oaxaca y Veracruz. En su mayoría, las agresiones se cometieron en contra de personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas.

Cabe destacar que, de acuerdo al informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, Oaxaca ocupó el primer lugar en número de eventos de agresión contra defensores en el periodo entre 2019 y 2022.

De acuerdo a la documentación, existen 21 casos de intimidación hostigamiento y amenazas contra personas defensoras, sus familias o colectivos; se registraron 11 casos de violencia física y psicológica, así como desalojos forzosos; tres homicidios de personas defensoras entre octubre 2022 a julio 2023; dos casos de difamación a través de medios públicos de gran alcance; y 43 casos de denuncias penales a autoridades locales y personas defensoras comunitarias en las comunidades San Juan Guichicovi, Mogoñe Viejo, Mogoñé Estación, Paso Real, Estación Sarabia, Tagolaba, y Puente Madera.

Acosan a indígenas por oponer resistencia al paso del Tren Maya en Bacalar

En portada: María Dolores Olvera Chi, junto a su esposo y sus dos hijos, resisten el desplazamiento forzado por las obras del tramo 6 del “tren maya” en Bacalar. Foto: Renata Bessi.

El hogar de una mujer maya llamada María Dolores Olvera Chi, de 38 años, es una de las pocas casas que sobreviven en medio al trazado del tramo 6 del Tren Maya, en el Ejido Bacalar, estado de Quintana Roo, México.

La casa de María Dolores, donde vive con su esposo y dos hijos, impide que la maquinaria de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), responsable por la construcción de la vía en este tramo, trabajen libres para la conclusión de las obras, prevista para estar lista hasta deciembre de 2023. Esta obra se ha convertido en prioridad máxima para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Las máquinas están en la puerta de mi casa trabajando día y noche, sin parar”, relata la mujer maya.

Un equipo de Avispa Mídia estuvo a principios de julio de 2023 en esta localidad y fue recibido por María Dolores. Ella relató la presión que estaba sufriendo desde cuatro meses atrás, por parte del comisariado ejidal del Ejido Bacalar, para que abandonara su casa y permitiera el avance del trazo del tramo 6.

La casa de María Dolores se interpone en el trazado del tramo 6 de las obras para el "tren maya".Foto: Santiago Navarro F

El ejido desconoció que 12 años atrás le había vendido estas tierras a María Dolores. Hoy, estas tierras son parte de las 56 hectáreas que vendieron al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado de las expropiaciones de tierras para la construcción del megaproyecto.

El decreto de expropiación fue publicado el 26 de junio de 2023, en el Diario Oficial de la Federación, junto con otros cinco decretos de expropiación en favor de Fonatur Tren Maya SA de CV, que inciden en tierras de otros cinco ejidos del municipio de Bacalar y uno en el municipio de Othón P. Blanco.

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Un día después de que estuvo el equipo de este reportaje en la localidad, militares estuvieron en la casa de María Dolores. “Uno de ellos se presentó como el encargado del tramo 6; me preguntó si iba a salir de la casa, si ya me habían notificado”, dice la mujer maya.

En los últimos días, las presiones y el acoso hacia a la familia de María Dolores han aumentado por parte de las autoridades ejidales.

El viernes 4 de agosto dos integrantes del consejo de vigilancia del ejido fueron a la casa de María Dolores. Entraron a su predio sin pedir permiso. “Yo no estaba. Llegaron a mi casa y dijeron a mi esposo que los de Fonatur ya les había dado la notificación que iban a tener que agarrar mi terreno porque necesitan continuar la construcción de las vías del tren. Que ya va a entrar la máquina para raspar”, cuenta María Dolores para Avispa Mídia.

Ella cuenta que, como no se encontraba en su hogar, intentaron presionar a su “esposo para que diera la dirección de mi trabajo para que fueran a verme; no es justo que quieran ir a molestarme donde yo esté; me están quitando mi tranquilidad”, dice la mujer maya, quien ha presentado un desequilibrio en su salud desde que se enteró que su hogar es parte del Tren Maya y que es de seguridad nacional.

La presión a su esposo no funcionó. Entonces dijeron que iban a regresar horas después en el mismo día. “Nunca me dieron atención. Ahora, tampoco me citan a la casa ejidal, para que platiquemos de manera formal, pero vienen a mi casa, a buscarme, a la hora que les da la gana, entran en mi predio sin permiso”, relata Dolores.

Máquinas de ingenieros militares avanzan con la construcción del tramo 6 del tren maya. Foto: Renata Bessi.

Los ejidatarios no regresaron en el mismo día. María Dolores se quedó en suspenso.

Tres días después, el 7 de agosto, dos integrantes del consejo de vigilancia regresaron a su casa. “Dijeron que fueron mandados por Fonatur”, cuenta María Dolores. De nuevo “entraron sin permiso; les dije que no podían entrar así nada más, porque es mi propiedad y que estaban violando mis derechos y mi privacidad”. Quieren desconocer que “pagué por el terreno y me contestaron que las tierras siguen siendo propiedad del ejido”.

De acuerdo con María Dolores, le dijeron que tenía que salir de la casa. “Cómo creen que voy a salir. Es mi hogar. He tratado de juntar pesito por pesito para obtener un terreno para vivir con mis hijos desde hace años. Ellos (los ejidatarios) ya obtuvieron lo que quisieron. Ya vendieron las tierras. Ya tienen su dinero en sus bolsas por las obras del tren. Viven bien con sus familias. Nosotros somos gente humilde que trabajamos día con día. Tenemos que salir a trabajar de sol a sol, no es justo que nos quieran despojar de lo que con mucho esfuerzo hemos construido”, asevera.

Entonces dijeron que iban a regresar. “Cuando se dieron cuenta de que empecé a grabarlos, se fueron”.

El día siguiente, 8 de agosto, llegaron de nuevo a la casa de María Dolores. Esta vez llegó el comisario ejidal, Felipe Castro Gómez. “Me dijo que están obligados a entregar las tierras a ellos (Sedena y Fonatur) porque ya les pagaron y que ellos ya no pueden hacer nada”.

Entonces María le preguntó: “¿Si yo no me salgo pasarían encima de mi?”. El comisario respondió que “no” y que iba a comunicar su decisión de no salir de su casa a Sedena y Fonatur.

“Les vamos a platicar a ellos, a ver la solución que pueden tomar (…). Le vamos a dar la notificación a ellos de cuál es la postura de usted (…)”, dijo Castro Gómez a María Dolores.

“Aunque me paguen millones no quiero dinero, quiero mi hogar, así como está”, dice Dolores.

Va porque va

En la conferencia de prensa matutina del día 7 de agosto, el general de brigada ingeniero constructor diplomado del Estado Mayor, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, dio a conocer que los avances del tramo 6 del Tren Maya alcanzan un 35%. “Se trata de 255.8 kilómetros entre Tulum y Chetumal, es una vía doble electrificada que también corre, se soporta sobre terraplén y en algunos lugares sobre viaducto”, explicó.

López Obrador anunció que todos los tramos del Tren Maya va a tener un sistema de seguridad especial, con elementos de la Guardia Nacional. “Ya se están construyendo cuarteles. Va a haber vigilancia por helicópteros, ya se tienen los helicópteros, es todo un plan”, dijo el mandatario mexicano.

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Para este reportaje se intentó contactar con el comisariado ejidal del Ejido Bacalar por medio de teléfono. No hubo respuesta. Ni los ejidatarios ni los represenates del gobierno estatal y federal le han presentado a María Dolores una propuesta digna de reubicación.

Comunidad de Puente Madera acusa persecución de opositores al Corredor Interoceánico

Desde el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, la Asamblea General Comunitaria de Puente Madera mantiene una campaña para alertar a la población sobre su lucha y resistencia frente a la imposición de un parque industrial en tierras de uso común de la población binnizá. Contrario al discurso gubernamental, asegura que no es un conflicto interno, sino imposición y despojo.

Con énfasis, la Asamblea hace un llamamiento en espera de la audiencia intermedia, a efectuarse el próximo martes 15 de agosto, contra David Hernández Salazar, a quien, acusan, “se inculpa y fabrican diversos delitos, con la finalidad de privarlo ilegalmente de su libertad, y de esa manera detener su labor como representante y vocero de la Comunidad Indígena Binniza de Puente Madera”, refiere mediante pronunciamiento.

La Asamblea de Puente Madera señala que, con los mismos delitos fabricados, se acusa a otros 17 habitantes de la comunidad binnizá, quienes cuentan con órdenes de aprehensión, en lo que señala como un proceso de criminalización y violencia, coordinado y ejecutado por los gobiernos locales y estatales.

Actualmente, Hernández Salazar funge como Agente Municipal Comunitario de Puente Madera, además de ser parte de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y participante del Congreso Nacional Indígena (CNI).

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La participación de Hernández en la defensa de sus territorios inició en 2017 frente a la extracción de material pétreo en el Cerro Igú, dentro de las tierras de uso común conocidas como El Pitayal. Debido a ello, fue encarcelado por primera vez; sin embargo, obtuvo su liberación y poco después se integró a la lucha contra la instalación de una Subestación Eléctrica de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), nuevamente, en tierras del Pitayal.

La resistencia de Puente Madera se reactivó el 14 de marzo del 2021, “cuando a través de una asamblea amañada, las autoridades comunales de San Blas Atempa, en confabulación con el entonces presidente municipal Antonino Morales Toledo, buscaban imponer la instalación de un Parque Industrial, por su nombre oficial; polo de desarrollo para el bienestar (PODEBI) del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en Tierras de Uso Común del Pitayal”, contextualiza un pronunciamiento de la APIIDTT.

Tras señalar la ilegalidad de dicha asamblea, en mayo de 2021, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), junto a autoridades del municipio de San Blas Atempa, iniciaron denuncias penales contra Hernández Salazar y otros habitantes de la comunidad binnizá.

“A partir de esta fecha al día de hoy, existe una campaña de difamación, hostigamientos y amenazas contra David, los habitantes de Puente Madera y la APIIDTT, por parte de los 3 niveles de gobierno, instituciones, organizaciones partidistas, políticos y empresarios con interés en la instalación del PODEBI”, acusan las organizaciones sociales.

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Aunado a ello, denuncian una serie de incidentes “que ponen en riesgo nuestra integridad física y psicológica, como ha sido la vigilancia por personas armadas en las oficinas de la APIIDTT en Juchitan, en busca del compa Mario Quintero, quién ha recibido amenazas constantes de muerte por llamadas telefónicas y mensajes de texto”, señalan en pronunciamiento difundido el pasado domingo (6).

Las organizaciones sociales y la comunidad de Puente Madera exigen alto a la persecución y criminalización contra 18 de sus habitantes. También demandan “transparencia e información pública, de la ilícita documentación agraria y convenios entre autoridades de los 3 niveles de gobierno para la imposición del Parque Industrial en Tierras de Uso Común de San Blas Atempa”.

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A su vez, acusan que las recientes intimidaciones y amenazas se deben a los “avances legales contra el Parque Industrial, por parte de los operadores políticos de Antónino Morales Toledo y Cesar Octavio Morales Toledo, quiénes ocupan ilegalmente la representación de bienes comunales, y ostentan cargos públicos en el gobierno municipal y estatal”.