La organización Kanan Ts´ono´ot (Guardianes de los cenotes) anunció que un juzgado de Yucatán otorgó una suspensión definitiva al pueblo maya, resolución que busca evitar la imposición de megaproyectos que amenazan a estos cuerpos de agua.
La decisión fue tomada el pasado 30 de mayo por el Juzgado Cuarto de Distrito del Décimo Cuarto Circuito, quien argumentó la importancia de preservar la riqueza natural y cultural de la reserva geohidrológica del anillo de los cenotes en territorios de la península de Yucatán.
Esta resolución se da en el contexto de la presentación de una demanda de amparo por las y los Guardianes de los Cenotes, colectivo que exige la protección de los cuerpos de agua en respeto a sus derechos a un medio ambiente sano, a su autodeterminación y a la protección de su legado cultural.
“Por más de siete años hemos insistido y pedido a las autoridades federales, estatales y municipales que establezcan medidas que frenen la creciente afectación ambiental y territorial de Homún”, declaró para medios locales, José May, miembro de Kanan Ts´ono´ot.
El principal objetivo de las y los pobladores mayas es evitar el avance e imposición de megaproyectos que devastan el medioambiente y contaminan las reservas de agua, tales como las mega granjas porcícolas, monocultivos asociados con transgénicos, la expansión turística e inmobiliaria, así como otros proyectos extractivos.
Las y los miembros de Kanan Ts´ono´ot aseguran que estas iniciativas han contaminado el acuífero de la península de Yucatán, especialmente los cenotes, causando daños irreversibles al medio ambiente y afectando los derechos fundamentales de los pueblos mayas y el equilibrio de los territorios en los que viven.
Acorde al proceso de la demanda de amparo, esta resolución no significa que la acción legal haya sido ganada por las y los Guardianes de los Cenotes, pero sí representa una medida que coloca un freno a la implementación de megaproyectos de toda índole en el territorio maya de Homún debido al riesgo irreparable que podrían conllevar para el medioambiente y los derechos culturales del pueblo.
Amparo
Fue en febrero del 2022, en medio de batallas legales contra la expansión de mega granjas porcícolas que devastan el medioambiente, cuando habitantes de la comunidad maya de Homún emprendieron la exigencia al gobierno federal para que éste reconociera a los cenotes de la península como sujetos de derecho.
Para ello, las y los habitantes mayas, junto al colectivo Kanan Ts´ono´ot interpusieron una demanda de amparo, argumentando las omisiones de los diferentes niveles de gobierno y para exigir que el Estado reconozca a los cenotes como sujetos de derechos.
Presentación de amparo
La demanda de amparo fue admitida el pasado 6 de marzo por un juzgado en Yucatán. Posteriormente la jueza de dicho distrito concedió una suspensión temporal a favor del pueblo maya, exigiendo a las autoridades que respondieran a sus demandas. Posteriormente, tras conocer las alegaciones de las autoridades responsables, la jueza determinó que sí existían argumentos para mantener la suspensión debido el riesgo de afectación ambiental que corren los cenotes.
Con ello, la suspensión definitiva se resolvió bajo el argumento de que la demora de las autoridades en responder a las peticiones del pueblo maya coloca en peligro el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita, así como el principio de precaución del derecho ambiental.
Las y los Guardianes de los Cenotes, junto a pobladores de Homún, señalaron que esta decisión, y la posibilidad de que el amparo se resuelva a favor de la comunidad maya, sentarían un cambio de paradigma.
“El cambio de paradigma conllevaría transitar de una visión meramente antropocéntrica, en donde la naturaleza está al servicio del ser humano, a una de carácter ecocéntrico, en donde el concepto de dignidad reconocido a las personas, se debe de ampliar a los diversos elementos naturales que, como en el caso de los cenotes, forman ecosistemas únicos que son fundamentales para la garantizar un adecuado equilibrio ecológico”, señalan mediante comunicado.
Por último, celebraron que el juicio puede sentar un precedente que “refuerce el ejercicio de la libre determinación de los pueblos originarios al darles la posibilidad de cuidado y administración de los cenotes por su importancia no sólo ambiental sino también cultural”.
Representantes de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (Rema) y la familia del defensor chiapaneco Mariano Abarca estuvieron en Canadá, esta semana, para anunciar que han interpuesto una denuncia en contra de Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La denuncia, interpuesta con la colaboración de dos organizaciones canadienses, el Proyecto para la Justicia y la Responsabilidad Empresarial y Alerta Minera Canadá, señala las acciones y las omisiones realizadas por la embajada canadiense en México y que incrementaron el peligro que corría Mariano Abarca antes de su asesinato, el 27 de noviembre de 2009.
Durante los años en los cuales la minera canadiense Blackfire Exploration operó en Chicomuselo, Chiapas, la embajada tuvo conocimiento detallado del descontento de la población local con la empresa, y también tuvo información sobre Abarca y los riesgos que enfrentaba. A pesar de esto, proporcionaba apoyo constante y significativo a la empresa. Esto se pudo evidenciar tras documentos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información en Canadá. Sin embargo, después de agotar todas las instancias en Canadá, han negado abrir una investigación.
Después de agotar los pocos mecanismos disponibles en Canadá, se recurrió a la CIDH. Esta es la primera petición ante la CIDH que cuestiona la práctica de la “diplomacia económica” de Canadá, una estrategia mediante la cual este país dirige los esfuerzos de todo su cuerpo diplomático para “atender las necesidades” de sus empresas en el extranjero y que, en la práctica, se realiza sin considerar los daños que generan estas mismas inversiones en los países receptores. Es un mecanismo de presión corporativa que se hace utilizando los instrumentos del Estado canadiense.
El caso de Abarca resulta clave para entender la gravedad de esta estrategia corporativa, más aún considerando la terrible escalada de violencia en Chiapas y otros territorios del país, situación que profundiza los riesgos que enfrentan los pueblos que buscan defender sus territorios del extractivismo minero.
Abarca fue fundador de la Rema y padre de dos hijas y dos hijos. Desde 2008, inició una lucha junto con la organización Otros Mundos Chiapas, así como con otros defensores y defensoras del territorio y de la vida en el pueblo de Chicomuselo para evitar que la empresa minera canadiense Blackfire Exploration siguiera contaminando el agua y la tierra de su comunidad por la explotación de barita que se llevaba a cabo.
Desde antes de que la minera pusiera su mina en operación, la embajada tuvo conocimiento del descontento que había entre la población local frente a la empresa, y también tuvo información sobre Mariano y los riesgos que él enfrentaba al oponerse a este proyecto.
En julio de 2009 Mariano viajó a la ciudad de México junto con compañeros de Chicomuselo y otros aliados para manifestarse frente a la embajada canadiense por lo que estaba pasando en torno a la mina de Blackfire. Ahí expusieron los impactos negativos ambientales y sociales, además de las amenazas que había recibido en su contra por su movilización.
En documentos que organizaciones canadienses lograron obtener tras solicitudes bajo la ley de acceso a la información, se pudo percatar que la información que tuvo la embajada fue muy detallada.
La asamblea general de ciudadanos del ejido Nueva Morelia, localizado en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, denuncia que el retiro ilegal de la barita, por hombres armados, sin el permiso de la comunidad, continúa.
La minera canadiense Blackfire Exploration explotó una de las diez concesiones hoy vigentes en Chicomuselo, la mina La Ampliación La Revancha, hasta 2009, ubicada en el ejido Grecia, al lado del ejido Nueva Morelia.
La minera había pedido permiso al ejido Nueva Morelia para guardar el material que sacaba en el ejido Grecia, señaló uno de los habitantes de la comunidad para Avispa Mídia. Después que la minera dejó el territorio, en 2009, parte de este material permaneció clausurado.
El ejido Nueva Morelia es controlado por hombres armados desde el pasado sábado 20 de mayo, como reportan habitantes de la localidad, por el grupo paramilitar MAIZ, vinculado al Cártel de Sinaloa, el objetivo es la retirada de la barita almacenada en este ejido. Las entradas y salidas del pueblo fueron bloqueadas por integrantes de esta agrupación.
La toma del ejido por paramilitares dio inicio días antes del inicio de los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, en la región de la Frontera Comalapa, extendiéndose hasta Chicomuselo, causando varias muertes desde el 25 de mayo, secuestros, bloqueos carreteros y de caminos, expulsión de comunidades y reclutamiento forzado de hombres jóvenes.
Como parte de los acuerdos de la asamblea general de ciudadanos del ejido Nueva Morelia, realizada el 1 de junio, los habitantes emitieron un documento direccionado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Secretaría de Marina, a la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República, en el cual solicitan que Sedena y GN “realicen labores de vigilancia en los caminos que conducen de Chicomuselo al ejido Grecia, para mantener el orden y la seguridad y, si fuera el caso, procedan a las detenciones de personas armadas y las remitan a las autoridades competentes”.
Piden que la intervención sea apegada “de manera estricta al respeto de los derechos humanos señalados en el Pacto Federal, absteniéndose de atentar contra los pobladores, hombres, niños, niñas, mujeres, ancianos y ancianas de nuestro Ejido”, señalan.
Esto porque “los pobladores tememos que los soldados y guardias del Ejército y GN, se metan sin permiso a nuestras casas, o quieran tomar posesión de nuestros bienes, o hacer lo que quieran porque tienen la fuerza y las armas; ya que, por desgracia, sabemos por las noticias que, en otros lugares y parte de la república mexicana, el Ejército no tiene buena reputación, y hay quejas contra elementos de esa corporación por abusar de su poder”.
Como reveló Avispa Mídia, ya el 18 de mayo se había solicitado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por medio de un oficio, la “inmediata intervención de las instituciones correspondientes de impartir justicia para activar protocolos de protección para las personas defensoras, así como el resguardo inmediato por parte de la Guardia Nacional, cuerpos de seguridad del estado y municipio, para salvaguardar y proteger a las personas quienes están siendo directamente amenazadas, así como para quienes han sido hostigados por dicho grupo”, se sostiene en el documento.
El oficio fue enviado a la CNDH por el Despacho de la Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), un día después que hombres armados se presentaron en el ejido Nueva Morelia para “avisar” que iban a intervenir en el territorio de la comunidad para retirar los materiales mineros.
“No se presentaron pidiendo permiso, como otros habían hecho antes, sino que ahora dijeron: <entramos porque entramos, si se meten con nosotros pues ya saben lo que les va a pasar>”, relató un habitante del ejido.
Hasta el momento no hubo ninguna intervención por parte de instituciones estatales ni federales.
Familiares de Miguel Peralta exigen cese a la persecución política en su contra, y libertad para los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón
La libertad de Miguel Peralta Betanzos pende de un hilo. Indígena mazateco, defensor comunitario, anarquista, Peralta es uno de los treinta y cinco integrantes de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón que han enfrentado persecución política y/o encarcelamiento tras violencia en el municipio indígena mazateco en 2014.
El 14 de diciembre de ese año, una campaña de represión y terror caciquil llegó a su punto culminante cuando la asamblea comunitaria fue atacada por un grupo armado mientras se reunía para elegir a una autoridad municipal en el centro del pueblo. La violencia subsiguiente dejó varios heridos y, poco después, una persona fue declarada muerta en circunstancias inciertas.
La represión siguió inmediatamente. Treinta y cinco integrantes de la asamblea comunitaria fueron acusados de diferentes delitos relacionados con los acontecimientos de ese día. Los cargos no corresponden a los responsables de la violencia, sino que señalan a quienes han participado activamente en la asamblea comunitaria, resistiendo la influencia caciquil y de los partidos políticos en la comunidad, luchando por la autonomía y la toma de decisiones en colectivo.
Actualmente, ocho integrantes de la asamblea comunitaria permanecen encarcelados en diferentes prisiones del estado de Oaxaca: Herminio Monfil, Jaime Betanzos, Fernando Gavito, Alfredo Bolaños, Omar Morales, Francisco Durán, Marcelino Miramón y Paul Reyes, la mayoría de los cuales lleva años sin sentencia. Además, permanecen activas trece órdenes de aprehensión contra integrantes de la asamblea comunitaria, incluyendo una contra Miguel Peralta, quien ya tiene una sentencia condenatoria pendiente en su contra de cincuenta años.
Como miembro activo de la asamblea comunitaria y opositor a la influencia del caciquismo en Eloxochitlán, Miguel Peralta se vio envuelto en la ola de represión. Peralta fue detenido el 30 de abril de 2015 en la Ciudad de México, casi cinco meses después del ataque de diciembre de 2014. Estuvo incomunicado durante 20 horas antes de ser ingresado a la prisión en Tlaxiaco, Oaxaca, acusado de homicidio y tentativa de homicidio. De Tlaxiaco fue trasladado a la cárcel en Cuicatlán, Oaxaca.
El 26 de octubre de 2018, después de más de tres años en prisión a la espera de una sentencia, Miguel Peralta fue condenado a cincuenta años, treinta por homicidio y veinte por tentativa de homicidio. La sentencia fue dictada por el Juez Juan León Montiel del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, en lo que el grupo de apoyo a Miguel Peralta argumentó ser un claro caso de corrupción judicial. Fue el primero de los treinta y cinco acusados de Eloxochitlán en recibir una sentencia condenatoria.
Tras una apelación de sus abogados, esa sentencia de cincuenta años fue recovado, ya que a Peralta no se le concedió el derecho a estar presente en su audiencia final. La segunda audiencia final de Peralta se celebró el 19 de septiembre de 2019. Ese día hizo público un comunicado en el que iniciaba una huelga de hambre exigiendo su libertad:“Una vez más okupo mi cuerpo como un arma de lucha contra la injusticia. A partir de hoy…dejaré de consumir alimentos. Huelga de hambre: menú. Mi desayuno serán los bocadillos de la paciencia. Mi comida el buffet de la resistencia. Mi merienda el plato fuerte de la solidaridad. Mi cena el postre de la libertad”
Foto: Una manifestación en frente del Juzgado Mixto de Huautla de Jiménez durante la audiencia final de Miguel Peralta, 19 de septiembre de 2019.
El 14 de octubre de 2019, tras mucho movimiento en las calles y casi un mes en huelga de hambre, Peralta fue absuelto de ambos cargos y liberado de la cárcel de Cuicatlán. Había pasado poco más de cuatro años y cuatro meses en prisión.
Más de dos años después, tras una apelación de la parte acusadora, el 4 de marzo de 2022 se revocó de nuevo la libertad de Peralta y se giró una orden de reaprehensión por la misma sentencia de cincuenta años. Su libertad había sido revocada en la Tercera Sala Penal, por los Magistrados Humberto Nicolás Vázquez, Sonia Luz Ireta Jiménez y Sofía Altamirano Rueda.
El 25 de agosto de 2022, sus abogados interpusieron un amparo a esta última resolución. Al principio, el 1 de marzo de 2023, el amparo fue asignado a la magistrada Elizabeth Franco Cervantes en el Primer Tribunal Colegiado del Estado de Oaxaca. El 26 de mayo de 2023, un nuevo magistrado fue nombrado al caso, el C. Victor Hugo Cortes Sibaja. De acuerdo con la ley, el magistrado tiene 90 días hábiles para resolver el caso, lo que pone el plazo legal en los siguientes meses.
Cacique-partido político-Estado
El caso de Eloxochitlán y Miguel Peralta ejemplifica los vínculos inequívocos entre los caciques locales, los partidos políticos y el poder estatal. La familia Zepeda, incluyendo a Manuel Zepeda Cortés y su hija Elisa Zepeda Lagunas, han sido la columna vertebral de estas fuerzas.
A principios de 2010, con el respaldo del partido político Convergencia, Manuel Zepeda lanzó una campaña para presidente municipal, comprando votos y haciendo alianzas políticas para capturar el poder. En las elecciones de noviembre de 2010, Zepeda ganó la presidencia municipal con un tercio de los votos. Contrario a la costumbre en la comunidad, Zepeda rechazó la integración del cabildo con los candidatos del segundo y tercer lugar, buscando el poder supremo en la comunidad.
En el transcurso de su mandato de tres años, Manuel Zepeda llevó a cabo una campaña de represión contra los integrantes de la asamblea comunitaria, buscando desarticular la organización comunitaria que amenazaba su control del poder. También Zepeda estuvo involucrado en la extracción de arena, grava y rocas del río local para beneficiar a sus empresas, junto con las de sus aliados. Además, fue citado para declarar sobre una cuenta pública de recursos municipales de mas de 20 millones de pesos.
El 24 de noviembre de 2014, Manuel Zepeda y su grupo ocuparon el palacio municipal, corriendo al recién electo presidente municipal y estableciéndose en el poder de la comunidad. Su principal intención era evitar rendir cuentas por el desvió de fondos municipales. La ocupación del palacio municipal condujo directamente a los hechos del 14 de diciembre de 2014.
Después del ataque, y aprovechando la persecución política contra los integrantes de la asamblea comunitaria, junto con la desarticulación del tejido comunitario como consecuencia de la represión, Elisa Zepeda Lagunas, hija de Manuel Zepeda Cortés, se abrió paso hacia el poder. En una elección comunitaria completamente ajena a las formas tradicionales de toma de decisiones en la comunidad, Zepeda fue electa en abril de 2016 como presidenta municipal, asumiendo el poder en 2017.
Sin embargo, en una clara señal de que su intención no era servir a la comunidad de Eloxochitlán, sino utilizar el cargo público como trampolín político, Zepeda se postuló al congreso del estado como diputada local por el partido político MORENA, ganando la elección en julio de 2018, y tomando el poder en noviembre del mismo año.
Durante sus tres años en el cargo, Zepeda también fungió como presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia. Como sugiere el abogado de Miguel Peralta, "en ese cargo, Elisa se relacionaba con el Fiscal, con los Ministerios Públicos, con jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado." Se codeaba con los mismos que anularían la libertad de Miguel poco después.
Grafiti en la ciudad de Oaxaca. Noticias de Abajo ML
Tras la derrota en su intento de reelección en junio de 2021, Zepeda ya había consolidado su posición en el aparato del partido político MORENA. Fue nombrada Secretaria de Mujeres del gobierno de Salomón Jara que tomó el poder en Oaxaca el 1 de diciembre de 2022. Desde estos diversos cargos públicos, Elisa Zepeda ha ejercido su poder político y sus conexiones judiciales para mantener la represión y la persecución en contra de los integrantes de la asamblea comunitaria.
La continua represión y persecución de los integrantes de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón ejemplifica no sólo la corrupción de ciertos funcionarios públicos, sino una hostilidad general del Estado-nación mexicano hacia las comunidades indígenas. A través de los caciques locales, el poder del Estado es capaz de desarticular la organización comunitaria, las luchas por la autodeterminación y la defensa del territorio. Y a través del poder estatal, los caciques adquieren los recursos económicos y políticos para dominar sus comunidades y escalar la estructura del poder estatal. En este caso, todas estas fuerzas se entrecruzan en la figura de Elisa Zepeda, y el partido político MORENA.
¡Ni condenadxs! ¡Ni perseguidxs! Acciones por la libertad
En abril de 2023, el Grupo de Apoyo por la Libertad de Miguel Peralta lanzó la campaña solidaria "Ni condenadxs, ni perseguidxs: acciones por la libertad", exigiendo la revocación de la sentencia de cincuenta años contra Miguel Peralta y una sentencia de libertad firme.
La campaña también busca solidaridad y apoyo para los ocho presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, junto con otras luchas contra las cárceles y la represión del Estado en México y todo el mundo.
Atendiendo al llamamiento a la solidaridad, el preso político indígena yaqui Fidencio Aldama compartió un audio desde la prisión de Ciudad Obregón, Sonora, en la que expresaba su solidaridad con Miguel Peralta. Aldama, que está condenado a catorce años de prisión por resistirse a la construcción de un gasoducto en territorio yaqui, relaciona su caso con el de Miguel Peralta:
“Ante esta condena y persecución política, me hago solidario a este caso, haciendo un llamado en contra la injusticia que está apareciendo a mi compañero Miguel Peralta. Un caso similar al mío. Porque defendemos nuestro territorio y nuestra autodeterminación, y nuestros usos y costumbres, nos encarcelen injustamente por la intervención del poderío y ligado con ello la participación de corrupción, para intimidarnos para así ellos los aliados de dinero salir y cumplir con su objetivo”.
Grupos de apoyo a presxs políticxs y proyectos de medios independientes están organizando un cadenazo radial el 3 de junio de 2023, con la intención de arrojar luz sobre el caso de Miguel, y articular diferentes luchas contra la represión y la persecución política. Ese mismo día, el grupo de apoyo a Miguel Peralta está convocando a acciones de solidaridad. Su mensaje es claro: ¡Revocación de la condena de cincuenta años! ¡Libertad absoluta para Miguel Peralta!
Pueblos y organizaciones sociales y de trabajadores de Perú han anunciado que van a reanudar las protestas en los próximos meses de junio y julio. Una muestra fue que el 30 de mayo hubo una paralización de 24 horas en rechazo al gobierno de la presidente Dina Boluarte en la región sureña de Puno, fronteriza con Bolivia.
Desde la destitución y el arresto del expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, y los consiguientes estados de excepción declarados por las autoridades, Perú entró en una de sus crisis políticas y sociales más profundas de las últimas décadas donde miles de personas salieron a protestar a las calles desde aquel momento y hasta marzo de 2023.
Las autoridades respondieron con uso de la fuerza letal con el objetivo de silenciar y castigar a quienes se manifestaban. De acuerdo con el informe de la Amnistía Internacional Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, entre diciembre de 2022 y febrero del 2023, 49 personas manifestantes perdieron la vida, once personas fallecieron en contextos de bloqueos carreteros y centenares de personas resultaron heridas; incluyendo a un policía, quien perdió la vida.
Según el informe, muchas de las víctimas eran menores de 21 años, y entre los casos documentados había seis niños.
Las comunidades aimaras y quechuas anunciaron que el 7 de junio, en el Día de la Bandera, no permitirán que ni la policía ni los militares enarbolen la bandera nacional. Informaron que se ha acordado de manera unánime que las comunidades portarán banderas negras en señal de duelo por los puneños caídos por la represión durante el gobierno de Dina Boluarte.
Pueblos y organizaciones al sur del país, donde se encuentra mayoría indígena, anunciaron que el 19 y 20 de junio habrá un paro de 48 horas, y reiteraron la ‘Tercera toma de Lima’ para realizarse en julio.
Mientras tanto, el gobierno de Perú dio a conocer que autorizó el ingreso a su territorio de más de un millar de militares de Estados Unidos, así como medios aéreos y náuticos, con la finalidad de entrenar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, reportó Telesur.
La autorización se oficializó a través de dos resoluciones publicadas en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. En ellas se precisa que los militares estadounidenses realizarán operaciones especiales con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (Cioec).
Además, ejecutarán actividades con las Fuerzas Especiales Conjuntas (FEC), las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Marina de Guerra, el Grupo de Fuerzas Especiales (Grufe) de la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Dirección de Fuerzas Especiales (Diroes) de la Policía Nacional.
Los entrenamientos se efectuarán en Lima, Callao, Loreto, San Martín, Santa Lucía, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac.
Los militares estadounidenses llegarán al país en diversos grupos, en fechas comprendidas entre el 1de junio y el 31 de diciembre de este año. El mayor de ellos lo integrarán 970 efectivos de la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial y las Fuerzas Especiales que, además de sus armas reglamentarias, contarán con aviones, camiones y botes de respuesta rápida.
Racismo letal
El estudio de Amnistía Internacional fue realizado en las localidades de Lima, Ayacucho (Ayacucho), Juliaca (Puno) y Andahuaylas y Chincheros (Apurímac), las regiones con el mayor número de protestas sociales y muertes. Uno de los hallazgos es que “hubo un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, dirigiéndose contra poblaciones históricamente discriminadas” debido a que “el uso de la fuerza letal se empleó de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima”.
De acuerdo con el informe, aunque estas regiones sólo representan el 13% de la población total de Perú, tienen un alto porcentaje de personas que se autoidentifican como indígenas y concentran el 80% del total de muertes registradas desde que comenzó la crisis. En Lima, la capital de Perú, se produjeron protestas similares, pero solo hubo un muerto.
Es decir, hubo una “sobrerrepresentación de muertes por fuerza letal en las regiones de pueblos indígenas”, señala el informe.
Otro punto destacado por Amnistía Internacional es que la presidenta de la República y la presidencia del Consejo de Ministros estigmatizaron de forma intencionada a los manifestantes como violentos y radicales, y públicamente no exigieron la rendición de cuentas a la policía y al ejército.
Además, denuncia que “las investigaciones penales en curso han carecido de rigor, prontitud, imparcialidad y eficacia y han incumplido con diligencias claves de su mandato de investigación”.
La guerra de despojo que viven los pueblos en el mundo recién empieza y va a durar mucho tiempo. La alerta fue lanzada por el escritor y activista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina, Raúl Zibechi, durante el Encuentro Internacional El Sur Resiste, en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci), en Chiapas. “Por más que ha avanzado (el capital), todavía hay mucha tierra que no controla, por eso digo que el despojo va para largo”.
En los países donde se han hecho estudios sobre la propiedad de la tierra, comenta, se ha revelado que el 40%, es decir 4 de cada 10 hectáreas, aún no está en las manos ni de la oligarquía, ni de las corporaciones, ni del gran capital.
Un caso es el de Brasil. Existen análisis bastante rigurosos, sostiene, los cuales revelan que el 40% de las tierras en el país son tierras de reforma agraria, de los pueblos negros e indígenas, tierras que son reservadas por el Estado como parques naturales o reservas de conservación, aquellas tierras que son de los pequeños campesinos, además de tierras donde están los pescadores tradicionales.
Hay países que sobrepasan el 40%. Un ejemplo es Colombia. “Los pueblos originarios tienen un tercio de las tierras reconocidas por la Constitución, además de las tierras donde están los pueblos negros, las reservas naturales. Probablemente en Colombia sea más de 50%”, analiza.
Las guerras de despojo son estructurales del capitalismo. “Hoy el capitalismo no puede vivir sin estas guerras. Hoy el capitalismo no puede actuar sin violencia contra los pueblos. Hay que despojar, hay que matar, hay que asesinar; y, por lo tanto, el militarismo llegó para quedarse”.
En la izquierda siempre “habíamos desconfiado de los militares, pero ahora los progresistas de América Latina defienden a las fuerzas armadas”. México es el paradigma más brutal de la militarización, sostiene, cuando les da a las fuerzas armadas la construcción de las grandes obras.
Y eso está pasando en Argentina también. “Las Fuerzas Armadas no podían salir en público porque cometieron un genocidio durante la dictadura, y ahora el gobierno progresista argentino decreta que ocho grandes emprendimientos extractivos se militarizan, algo que ningún gobierno, ni la derecha, ha podido hacer”.
En Colombia, donde hay un nuevo progresismo con el gobierno de Gustavo Petro, ya se hizo una alianza con las Fuerzas Armadas de EEUU para “defender” la Amazonía.
El narcotráfico hoy también es sistémico, analiza. “Estamos ante un período en el cual hay un entrelazamiento entre el narco y el capital. El narco y el Estado. El narco y las Fuerzas Armadas. A tal punto que sería muy difícil establecer una línea, dibujar una frontera y decir esto es narco, esto es burguesía”.
Entonces el diagnóstico del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de la Cuarta Guerra Mundial, que se ha hecho hace más de dos décadas, “nos parece totalmente acertado y totalmente correcto; se vive una guerra de despojo contra los pueblos para ‘limpiar’ el territorio, y remodelarlo a imagen y semejanza de los intereses del capital”.
Sostén de la lucha
Zibechi ha entendido en toda su vida que la base de la autonomía de los pueblos era las tierras en común. “Y, por supuesto, las tierras comunales son bien importantes, son fundamentales para que pueda haber pueblos en resistencia”, sostiene.
Pero hoy entendió, cuenta, que la base de la tierra comunal y de las autonomías es la espiritualidad de los pueblos. “La espiritualidad es lo que nos permite sostenernos en el tiempo largo; la principal victoria es que llevamos 500 años. Y es capaz que haya que estar otros 500 más”.
Hay un cuento que lo escribe el Subcomandante Marcos, un diálogo con el viejo Antonio, que dice que la lucha es como un círculo. “Empieza en un lugar pero nunca termina. Y esto ¿qué tiene que ver con la espiritualidad? Si la lucha nunca termina, quiere decir que no hay un objetivo final, la toma del palacio. No hay una victoria final. No hay un triunfo final”.
La idea de triunfo final, señala, es una idea muy católica, muy cristiana, incorporada a la lucha social. “Si la lucha es un círculo que nunca termina, la espiritualidad es lo que nos sostiene en este tiempo largo”.
La Internacional Comunista habla de la lucha final. “La lucha final es entrar en el palacio, tomar el poder. Y se considera que tomar el poder es sinónimo de hacer la revolución. Gracias a los pueblos originarios y gracias a los aportes de los compañeros del EZLN hoy sabemos que no hay una lucha final, sino un círculo”. El escritor sostiene que es necesario superar la idea del cálculo político de costo-beneficio, el pragmatismo político. “Porque sino siempre vamos a estar volviendo a esta ideología capitalista, a estos valores capitalistas, que son centrales en la dominación”.
Zibechi cita como ejemplo las guerras de Guatemala y El Salvador. “Vemos como a la lucha de los pueblos originarios se le montó encima un aparato de vanguardia y este aparato de vanguardia - de varones blancos, académicos - actuó de una manera, como solemos decir, pragmática. En cierto momento, hizo un cálculo de costos y beneficios, como el capitalismo lo hace. Y lo hicieron y negociaron, en una situación deplorable, porque no cambió nada”.
Para superar la lógica del pragmatismo, la espiritualidad de los pueblos es central, defiende. “Si queremos ser verdaderamente rebeldes, luchar por cambios de fondo, tenemos que superar esta lógica del cálculo, que es siempre individual”. Continúa: “La espiritualidad nos coloca en otro lugar, no material, profundamente humano para poder ir más allá de las contradicciones materiales”.
Todo lo que “vemos hoy es que viene una enorme tormenta, que ya está en marcha, un terremoto infernal sobre nosotros. No podemos construir barreras materiales contra eso (…) podemos unirnos y darnos los brazos y entregarnos a la vida ya a la madre tierra, con la esperanza de que ella nos indique el camino”.
