“La Fiscalía no hace nada, no sé qué hacer, mi hijita fue asesinada. ¿Por qué nos tratan así?, ¿qué le hicieron a mi hija?, ¿qué pasó con ella?, y no me dicen nada. ¡Pido justicia para todas!, pido que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas haga algo, que ayude a las mujeres, no que sólo esté en su curul haciendo nada”, fueron las palabras de Flor, madre de Paola Yazmín, asesinada en una escuela pública federal de la capital de Chiapas.
Madres y familiares de víctimas de feminicidio realizaron un mitin en la entrada de la Fiscalía General del Estado, en Tuxtla Gutiérrez. Foto: Jeny Pascacio
El mismo mensaje resonó en cada entidad de México, a propósito del Día Internacional de la Mujer que este 2023 convocó a miles de mujeres a alzar la voz, hartas del doble discurso y simulaciones de los gobiernos. “Cada vez somos más”, se escuchó en la conmemoración en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
10 mujeres por día
De acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, sólo en enero de 2023 se contabilizaron 68 feminicidios en el país. Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua ocupan los primeros lugares.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) dio a conocer que el 2022 cerró con 3,755 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 968 casos fueron reconocidos como feminicidio. “Es decir, únicamente en estos casos se acreditaron las razones de género”, explicó el OCNF e hizo hincapié que a pesar del subregistro, en México fueron asesinadas 10.28 mujeres al día. Los 2,787 casos restantes, las autoridades los catalogaron como homicidios dolosos, sin contar los “suicidios” que no se investigan como feminicidios.
A decir del delito de feminicidio, la Ciudad de México es uno de los focos rojos y este 8 de marzo las avenidas principales fueron pintadas de color púrpura para exigir una vida libre de violencia.
Para la marcha los distintos grupos de mujeres se congregaron en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Monumento a la Revolución y la Estela de Luz donde realizaron el pase de lista de las víctimas de feminicidio, también de las no identificadas.
Algunas se adelantaron al Zócalo desde antes de las tres de la tarde (hora programada para marchar), así también las organizaciones de madres buscadoras y de víctimas de feminicidio; artistas, niñas, niños y estudiantes.
Fotos: Jeny Pascacio
El operativo de las mujeres policías estuvo en puntos estratégicos y el gobierno federal dijo que las actividades transcurrieron con saldo blanco. Este jueves (9) las pintas que dejó la ola púrpura a su paso fueron borradas.
En el Estado de México, que también ocupa los primeros lugares a nivel nacional en feminicidios, partieron de diferentes municipios del Valle de México para unirse a la mega marcha de la Ciudad de México.
Mientras en Jalisco más de 50 mil mujeres tomaron las calles en tres marchas que tuvieron como destino distintos puntos, la Glorieta de las y los desaparecidos; la marcha que culminó en la Glorieta de la Minerva, y la que concluyó en frente al Palacio de Gobierno.
En Tamaulipas, un estado con altos índices de violencia y que en enero pasado registró dos feminicidios, la marcha fue aprovechada por el gobierno municipal que convocó a una caminata en los límites con Estados Unidos y acompañadas de una funcionaria del vecino país.
En San Luis Potosí las mujeres manifestaron el enojo y hartazgo generalizado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Palacio de Gobierno estatal, edificios ubicados en el centro histórico.
Algo similar ocurrió en Morelos donde las mujeres rompieron los vidrios del Palacio de Gobierno en Cuernavaca ante la inacción de las autoridades por erradicar la violencia contra la mujer.
Tijuana, Yucatán, Tabasco, Sonora, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo Querétaro, Baja California Sur, Chilpancingo, las mujeres también marcharon antecedidas por las familias víctimas de feminicidios, sobrevivientes, maternidades e infancias.
Al final de los recorridos en todas las entidades, las mujeres tapizaron los edificios con pancartas con mensajes exigiendo justicia y por doquier, fotografías de mujeres víctimas de feminicidio.
En el piso, las paredes, puertas y aceras escribieron los nombres de feminicidas y violentadores que caminan libres por las calles de México.
La colmena
En Chiapas, Flor, madre de Paola Yazmín que fue asesinada y hallada el 8 de diciembre de 2022, estuvo acompañada de sus hijas y de más madres y familiares de víctimas de feminicidio que previo a la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer realizaron un mitin en la entrada de la Fiscalía General del Estado (FGE), en Tuxtla Gutiérrez.
También en diciembre del año pasado, Casandra Isabel Arias Torres fue levantada por un grupo armado durante un festejo familiar en Berriozábal, Chiapas. Los hombres armados quitaron los teléfonos celulares a los invitados para eliminar la evidencia; la joven continúa desaparecida.
Isabel, madre de Casandra, también contó su historia e hizo el reclamo a las autoridades frente a la Fiscalía de Chiapas que dirige Olaf Gómez Hernández, a quien las madres de víctimas de distintos delitos contra mujeres exigieron tomar el cargo y dejar el discurso de: “fue en la administración pasada”.
Foto: Jeny Pascacio
Más de 10 familias acudieron con pancartas y su voz a Fiscalía, procedentes de varios municipios del estado al sur de México. Otras madres y hermanas enviaron cartas que fueron leídas por activistas, mientras los uniformados resguardados al interior del edificio de la Fiscalía fotografiaban a las mujeres que no dejaron de repetir la palabra ‘justicia’.
En Chenalhó, las mujeres integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal conmemoraron el 8M con una jornada de ayuno y oración, después de una caminata que realizaron del crucero Majomut hasta la ermita de los mártires de Acteal.
Las mujeres contaron sus experiencias en las luchas, “en este caminar”, hablaron sobre la violencia institucional que no respeta sus derechos por ser parte de la resistencia y la lucha.
“Somos abejas y por eso nos atacan quieren saber si tenemos fuerza y valor para defendernos… pero nos han despertado”, dijo una de las mujeres que tomaron la palabra. “Como mujer creí que no era valiente, pero un día no le tuve miedo a los hombres”.
“Vean su fuerza como mujeres, el valor y la capacidad que tenemos. No es ahora que nos damos cuenta, no es hasta ahora que las mujeres empezamos a salir adelante, a defendernos, a ver nuestro valor… como mujeres les invito a que no tengamos miedo que sigamos en esta lucha y en esta resistencia”.
En portada: Durante movilización en febrero del 2022, integrantes del CSIM derrumban el monumento “Los constructores” ubicado en Morelia, Michoacán. La razón de la acción, argumentan, es que dicho símbolo representa el racismo y despojo contra las comunidades indígenas del estado.
Persecución, criminalización, detenciones y asesinatos. Distintos rostros de la violencia arrecian en múltiples geografías de México, a la par del avance de megaproyectos de infraestructura: trenes para el despojo, gasoductos, minería, deforestación y muchas otras amenazas que se ciernen, sobre todo, contra comunidades indígenas de todo el país.
Es en ese contexto que, durante los días 4 y 5 de marzo, la red de pueblos, naciones, tribus, barrios y colectivos que convergen en el Congreso Nacional Indígena (CNI), reunidos en Tehuacán, Puebla, retomaron los trabajos de la Asamblea Nacional para compartir la palabra, analizar las realidades y proponer estrategias para hacer frente a lo que, sostienen, son diferentes mecanismos de violencia de parte del narcoestado mexicano y las empresas.
Más de 400 asistentes, miembros de 25 pueblos originarios procedentes de una veintena de Estados de la república, se dieron cita para conversar sobre la violencia institucional, del crimen organizado, la relación entre ambos actores y su confluencia con la implementación de los proyectos capitalistas.
Durante las próximas semanas, presentaremos una serie de ocho entrevistas y diálogos con participantes de la reciente Asamblea. Con esto, pretendemos esbozar un pequeño vistazo de las distintas realidades que se espejean a lo largo y ancho del territorio mexicano y que resisten a las violencias en sus distintas expresiones.
En esta primera entrega, compartimos la experiencia de las comunidades indígenas aglutinadas en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), quienes mantienen la lucha por construcción de autonomía, a la par del aumento en la violencia de grupos paramilitares, el avance de monocultivos y la implementación de estrategias de cooptación del Estado.
El largo camino en la construcción de autonomía
El arribo de una comisión bastante nutrida, integrada por más 40 personas, fue la respuesta, desde el CSIM, a la convocatoria realizada por el CNI para participar de los trabajos de la Asamblea Nacional.
El CSIM es una organización en la cual convergen representaciones y autoridades de más de 65 comunidades originarias de distintos pueblos: purépechas, nahuas, otomís y mazahuas de la región occidente del país.
Entre los asistentes, dialogamos con Alejandro Cortés, oriundo de la comunidad purépecha de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, quien resalta que el proceso actual del CSIM es un paso más en la larga historia de lucha en la región por la construcción de la autonomía de las comunidades indígenas.
Durante movilización en febrero del 2022, integrantes del CSIM derrumban el monumento “Los constructores” ubicado en Morelia, Michoacán. La razón de la acción, argumentan, es que dicho símbolo representa el racismo y despojo contra las comunidades indígenas del estado.
“Nosotros entendemos la autonomía como un proceso que lleva varias etapas (…) el principal objetivo es lograr la autonomía y libre determinación”, asevera Cortés desde el inicio de la entrevista.
Para contextualizar, apunta que el Consejo Supremo es producto de un esfuerzo organizativo que tiene sus orígenes en la década de 1970, inspirado en diferentes movimientos rurales y campesinos que nacieron con la meta de defender los derechos de los pueblos indígenas y la defensa de sus territorios.
Alejandro Cortés detalla que el objetivo compartido entre las comunidades del CSIM es fortalecer la vida comunal, “en donde la Asamblea es la máxima autoridad y es la que toma las decisiones (…) para poder lograr lo que nosotros llamamos una vida mejor, una vida comunal de justicia plena”.
Frente al despojo
La lucha de las comunidades de la región purépecha se enfrenta a diversas amenazas. Entre ellas destaca el proceso de expansión de la agroindustria mediante la voracidad de monocultivos como el aguacate y las bayas (popularmente conocidos como berries: arándanos, frambuesas y zarzamora), sobre todo, para la exportación a Estados Unidos.
De acuerdo a cifras del sector agroindustrial, estos productos ocupan el segundo y tercer lugar de exportaciones mexicanas, lo cual, en conjunto, solo en el año de 2020, alcanzó un valor de más de 6 mil millones de dólares.
En el caso particular de las bayas, un estudio para el mapeo de la expansión de la agroindustria en tierra ejidales de Michoacán, publicado en octubre de 2022, encontró que dicha producción, la cual depende cada vez más de los sistemas de invernadero, ha transformado las áreas agrícolas para satisfacer la demanda extranjera alterando los patrones locales de uso de la tierra y los recursos hídricos.
“Principalmente es el aguacate, pero también están los berries, son los que han ocasionado también desplazamiento. Incluso de mucha gente que vive o que trabaja en condiciones de esclavitud. Son jornadas largas y no les pagan lo que deberían, trabajan en condiciones muy precarias”, complementa Cortés sobre el escenario del despojo por la agroindustria.
El integrante del CISM enfatiza que esta es una realidad compartida entre las poblaciones que integran el Consejo. Otro ejemplo de ello es el caso de su comunidad, Santa Fe de la Laguna, donde denuncia la invasión de tierras por parte de pequeños propietarios, “particulares del municipio de Quiroga”, a quienes señala como responsables del cambio de uso de suelo, la deforestación y la transformación de tierras para la producción agrícola intensiva.
Esto ha generado conflictos que han desembocado en violencia contra las comunidades. Así lo muestra el caso del asesinato de Jesús Miguel Gerónimo, quien se desempeñaba como Jefe de Tenencia en la comunidad de Ichán, en la región conocida como la Cañada de los Once Pueblos.
Cortés no duda en señalar a la agroindustria como la responsable del crimen, debido a que “él se opuso a que las parcelas se siguieran rentando a las empresas agroindustriales, y pues ahí es donde plantan los berries. Entonces es otro problema, el asesinato de líderes, comuneros que defienden la tierra”, lamenta.
Pedro Pascual Cruz, coordinador de la Ronda Comunal de Ocumicho, Michoacán, fue asesinado el sábado 10 de diciembre del 2022. La comunidad purépecha se ha movilizado para exigir justicia por el crimen.
El caso más reciente es el de Alfredo Cisneros, miembro de la comunidad de Sicuicho, quien fue asesinado debido a las denuncias que interpuso, como Comisariado de Bienes Comunales, ante el avance de la deforestación en los territorios purépechas.
Lamentablemente, la respuesta de las empresas fue la violencia, pues “es una zona aguacatera. Ahí hay varios grupos paramilitares que actúan con total libertad”, denuncia Cortés.
Seguridad, comunitaria
Debido al incremento de la violencia en la región, las comunidades indígenas promueven la gestión de armas, armamento y otras herramientas para equipar a sus órganos de seguridad comunitarios, donde destaca la figura de la ronda comunal.
Según Cortés, la ronda es una agrupación ancestral, es la manera tradicional de resguardar la seguridad y, en pocas comunidades, como la suya, en Santa Fe de la Laguna, prevalece hasta la actualidad.
Una de las características de este cuerpo de seguridad es que, a diferencia de los elementos policiacos, quienes la integran son personas pertenecientes a la comunidad y no perciben ningún salario, sino ejercen un trabajo voluntario para resguardar a la población indígena. Sin embargo, actualmente, los miembros de la ronda comunal no cuentan con el reconocimiento de las autoridades estatales, lo cual implica que no se les permite la portación de armas y están expuestos a detenciones de otros cuerpos de seguridad, como la Guardia Nacional.
Miembros del CSIM bloquean diversos puntos carreteros en Michoacán para exigir respeto a sus procesos organizativos y justicia por los asesinatos de tres de sus integrantes. Febrero, 2023.
Alejandro Cortés señala su preocupación debido al avance de grupos paramilitares y, a la par, por la entrada en vigor, en 2022, de las reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, impulsada por el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla.
Cortés reclama que las comunidades no fueron consultadas respecto a dichas reformas, a pesar de que ahora el Estado les presiona para contar con su anuencia en la implementación. “En esencia, el Estado asume el control total de la seguridad y relega al último término a la Asamblea General de la Comunidad. O sea, las decisiones ya no las toma, en la cuestión de seguridad, las asambleas generales, las toma el gobierno del Estado con los mandos policiacos que tienen, la Secretaría de Seguridad”, detalla.
“Es la única forma que se pueden defender y como pueden garantizar la seguridad de las comunidades”, refiere Cortés sobre la importancia de sus instituciones comunitarias. “Es la única garantía que tenemos de una defensa comunal real, porque las otras organizaciones son fáciles de cooptar”, argumenta.
Cortés asevera que las reformas impuestas representan “un obstáculo para el proceso en búsqueda de autonomía”, esto debido a que, argumenta, lo que está en juego es la seguridad de las comunidades ante el avasallamiento de las empresas y la violencia.
¿Autonomías?
El miembro del CSIM asevera que, actualmente, un frente en disputa que se gesta ante el Estado mexicano es el que corresponde al derecho que tienen las comunidades indígenas a recibir y gestionar, de manera directa y sin injerencia del gobierno, los recursos públicos contemplados en el presupuesto local.
“El presupuesto directo entendido como un medio para lograr esta autonomía, no como un fin”, ataja Cortés. La razón de ello, argumenta, es que de esta manera, con los recursos que les corresponden, las comunidades puedan fortalecer las instituciones comunales emanadas de la organización de cada población indígena. Entre estas figuras destacan los Consejos de Gobierno Comunal, jueces tradicionales, además de los responsables por resguardar el territorio de las comunidades, tales como los comisariados de bienes comunales y las rondas comunitarias; todas, órganos independientes de la estructura del Estado mexicano.
Integrantes del CSIM se manifiestan en la Ciudad de México en defensa de las autonomías indígenas y contra la criminalización de sus procesos organizativos. Septiembre, 2022.
Cabe resaltar que, pese a que en marzo de 2021 se publicó la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, donde el legislativo local prometió el reconocimiento legal al ejercicio del derecho al presupuesto directo de las comunidades indígenas, en los recovecos de la norma se encuentran candados como el que enuncia explícitamente el artículo 116, donde establece que solo “podrán ser reconocidas las autoridades indígenas, de aquellas comunidades previstas en el catálogo de pueblos y comunidades indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)”.
Para Cortés, esto evidencia una estrategia de control de parte del Estado. “Ahorita vemos que hay, para el gobierno, procesos de autonomía ‘buenos’ y ‘malos’. Nosotros somos los malos, porque no estamos recibiendo línea del gobierno del Estado, porque no estamos dentro de la agenda del gobierno federal, ni del gobierno estatal y porque no nos pueden controlar”, argumenta.
Al mismo tiempo, enuncia otras acciones por parte de actores locales para frenar el proceso organizativo del CSIM. Por ejemplo, lo que sucede en municipios como Erongarícuaro y Ciudad Hidalgo, donde los ediles, pertenecientes al partido Morena, el mismo que controla los gobiernos estatal y federal, han interpuesto demandas de amparo para evitar a las comunidades indígenas el acceso al presupuesto directo.
“Vamos en contra de cualquier partido político”, enfatiza Cortés sobre el carácter apartidista de las comunidades que integran el Consejo. Al mismo tiempo, denuncia que la respuesta del Estado es la promoción de grupos que, bajo el discurso de la construcción de autonomía, están proponiendo una alternativa que es del lado del gobierno.
Cortés se refiere al trabajo del Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas, organización que promovió la Ley Orgánica Municipal de Michoacán. Dicha agrupación también remitió sus observaciones a la reforma de la ley de seguridad estatal, como evidencia la exposición de motivos de la iniciativa. “Están obstaculizando el trabajo, porque llegan a las comunidades a dividir (…), descalificar el trabajo que nosotros estamos haciendo, pretenden aislar a nuestro movimiento”, acusa Cortés.
Ante ello, el indígena purépecha señala que las comunidades integrantes del CSIM continuarán implementando movilizaciones, como la toma de carreteras y marchas para exigir el cumplimiento de sus demandas, así como un alto a la violencia y justicia por los asesinatos de sus autoridades.
Es el caso del crimen contra Alfredo Cisneros, donde a petición de la comunidad de Sicuicho, se realizarán protestas para exigir la investigación y justicia en el homicidio. “Nosotros no hacemos nada sin que las autoridades sean las que promuevan y eso es parte de la autonomía, la democracia comunal, comunalicracia le llamamos nosotros”, asevera.
Por Darío Aranda. Foto de portada: Gerónimo Molina / Subcoop
Dos de cada tres niños del país son pobres. La inflación llega al 95 por ciento anual. Argentina es el primer país del mundo en comer pan transgénico (y con agrotóxicos). Y, en un año de elecciones, los partidos mayoritarios tienen una sola receta: más extractivismo, basado en actividades que violan los derechos humanos. A cuatro décadas de la recuperación democrática se hacen evidentes las falsas opciones y la deuda interna que ningún Gobierno quiere saldar.
Unicef informó que el 66 por ciento de los niños y niñas de Argentina es pobre. Se trata de 8.8 millones de chicos. Quizá no se note en Puerto Madero, Barrio Norte o Nordelta, lugares donde transitan y viven los políticos que administran (o aspiran a administrar) las estructuras del Estado. Quizá por eso no hablen de este drama los principales políticos del país.
El escándalo tampoco fue tapa de diarios ni noticia principal de canales y radios. Además de los intereses económicos para silenciar la realidad, aplica (tanto para dueños/jefes de los medios como para políticos) la frase popular: “La cabeza piensa según donde caminen los pies”. O como resume la canción: “Desde lejos no se ve”.
Foto: Olmo Calvo / Subcoop
Mientras el peronismo gobernante y la Propuesta Republicana-Unión Cívica Radical (PRO-UCR) se pelean por la Casa Rosada, en un país que se autodefine como “proveedor de alimentos al mundo”: éstos no llegan a amplios sectores de la población. La carne vacuna se volvió un bien cada vez más lejano. Y el 87 por ciento de las familias de barrios populares tiene complicaciones para acceder a comida. En los comedores populares abundan los fideos y la polenta; escasean las verduras, las frutas y los alimentos saludables. Como bien definió, hace ya veinte años, el Movimiento Nacional de Chicos del Pueblo: “El hambre es un crimen”.
En 2019 el presidente Alberto Fernández lanzó desde Puerto Madero y en tono épico la “mesa contra el hambre”. Afirmó que sería una “política de Estado acabar con este flagelo”. Estuvo rodeado de personalidades, empresarios y famosos: Marcelo Tinelli, Antonio Aracre (Syngenta), Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Martín Caparrós y Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina), entre otros. Al frente de la iniciativa fue designada Victoria Tolosa Paz (esposa del millonario empresario Enrique Albistur).
La “mesa contra el hambre” no funciona más y no cumplió ninguno de sus objetivos. Tolosa Paz fue designada al frente del Ministerio de Desarrollo Social, donde —con una clásica política neoliberal— comenzó un ajuste vía eliminación de la ayuda social. Antonio Aracre (máximo directivo local de la multinacional Syngenta) fue nombrado como jefe de asesores del Gobierno.
Foto: Télam
Discursos y realidades
El presidente Alberto Fernández, que llegó con apoyo de muchas organizaciones y movimientos sociales, dio su discurso de inicio de sesiones en el Congreso Nacional el 1° de marzo. Como antes Mauricio Macri y antaño Cristina Fernández de Kirchner, entabló un relato sesgado, alejado de lo que vive y padece la mayor parte de la población de Argentina.
Sus propuestas para salir de la crisis fueron las mismas que en 2022: más megaminería, más agronegocio (proyecto de ley agroindustrial), más explotación petrolera y de litio. Como desde hace 200 años, la principal idea de los gobernantes locales es ser proveedor de materias primas, que es justamente una de las principales causas de la pobreza y la dependencia.
¿Las autoridades políticas (y los candidatos a serlo) no conocen historia y el lugar asignado a los países como Argentina en la división internacional del trabajo (ser proveedor de materias primas y dependiente)? Claro que lo saben, pero los gobiernos no piensan en la próxima generación, sino en la próxima elección. De ahí que prioricen la magaminería y no el agua, que apoyen los transgénicos y no la salud de las poblaciones fumigadas.
El trasfondo del impulso al extractivismo son los dólares que necesita el Gobierno. Divisas que no se destinan para la construcción de escuelas ni hospitales, sino para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI), una deuda que contrajo la alianza Cambiemos y que el peronismo gobernante acordó pagar.
Derechos humanos selectivos
En su discurso del miércoles pasado (1), enmarcado en los 40 años de la recuperación democrática, el Presidente reivindicó la lucha de Madres y Abuelas de Plazo de Mayo. Coincide en ese punto con el kirchnerismo: recorta la vigencia de los derechos humanos a los crímenes de la última dictadura cívico-militar. El extractivismo, que azota territorios y poblaciones de norte a sur, viola sistemáticamente los derechos humanos. No es casual que en Andalgalá y Jáchal se defina la situación como “dictadura minera”.
Policias durante un desalojo en Lugano. Foto: Sebastián Hacher / Subcoop
En una parábola del destino, el silencioso ministro de Ambiente (Juan Cabandié) es hijo de desaparecidos y, retóricamente, suele hablar solo de derechos humanos de cuatro décadas atrás. Nunca hace mención a las actuales represiones ejecutadas para imponer la megaminería, el fracking o el agronegocio. Otro botón de muestra de cómo el peronismo gobernante entiende los derechos humanos es el hoy ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, uno de los responsables del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en Avellaneda.
En una semana con ola de calor (donde el desmonte tiene su gran incidencia), y apagón de medio país, el combo tóxico lo completó la empresa Bioceres, la “Monsanto argentina”, que celebró que su cuestionado trigo transgénico ya se utiliza en los molinos harineros y, sin ninguna forma de saberlo, las familias argentinas son las primeras del mundo en comer pan, pizza y empanadas con transgénicos. Y con un agregado: el peligroso agrotóxico glufosinato de amonio (más nocivo que el glifosato). La autorización final para que esto sea posible fue del actual Gobierno (en 2022, cuando estaba al frente del Ministerio de Agricultura Julián Domínguez). Ni Mauricio Macri se había animado a tanto.
El Poder Judicial también hace su parte. Es el más conservador (y casi vitalicio) de los tres poderes del Estado. Y también ayuda (al extractivismo). La última semana, con una insólita medida, la Corte Suprema de Justicia de la Nación actuó a pedir del agronegocio y del gobierno de Entre Ríos. Luego de cuatro años de demora, el máximo tribunal se negó a tratar un recurso de queja presentado por el Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio). Las organizaciones habían obtenido fallos judiciales que alejaban las fumigaciones de las escuelas rurales (1000 metros para aspersiones terrestres y 3000 metros para las aéreas). El gobernador Gustavo Bordet, por decreto, decidió una distancia de solo 150 metros. La Corte Suprema —integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda— se negó a dar tratamiento a la causa y dejó vigente los 150 metros determinados por decreto.
“Estamos ante derechos humanos y ante niñas y niños que deambulaban por pasillos de hospitales públicos para paliar sus cánceres y leucemias, niños y niñas a los que les pesan sus dolores y sufrimientos por el hecho de haber sido expuestos a sustancias químicas cuando acudían a la escuela”, denunció la Coordinadora Basta es Basta, impulsora de la causa judicial.
Casa de Gobierno de Chubut en diciembre de 2021. Foto: Luan Colectiva
En la misma Corte Suprema duermen causas emblemáticas de los conflictos que genera el modelo extractivo: la contaminación de la empresa de bioetanol Porta Hermanos (de Córdoba) y también la definición sobre la constitucionalidad de la ordenanza 029/16 que protege la cuenca alta del río Andalgalá (Catamarca) —la decisión del máximo tribunal tendrá incidencia directa en el avance o freno del proyecto minero MARA, ubicado en la naciente del río—.
Los territorios
Alejado del micromundo de los palacios (de tribunales y casas de gobierno), el Pueblo Qom del Impenetrable chaqueño se organiza, lucha y produce miles de kilos de miel orgánica. Pero explica que no se trata solo elaborar un alimento sano, sino también que se trata de una concepción de la vida: “Lo económico debe servir a la vida y no a la inversa. Los bienes naturales del planeta son finitos y las necesidades humanas también. La economía debe estar en armonía con la naturaleza reduciendo al mínimo la contaminación y la depredación. La economía tiene que ser incluyente con principios de reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad y sustentabilidad”.
A 1,300 kilómetros del Chaco, en Mendoza, este fin de semana se desarrolla el 35 encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), donde confluyen organizaciones socioambientales de decenas de provincias. No solo cuestionan el modelo político y económico reflejado en el extractivismo, también proponen otros caminos: agroecología, comercio justo, cuidado del agua, real defensa de los derechos humanos, aplicación de los derechos de los pueblos indígenas y, lo más difícil de entender para sectores políticos, democracia participativa, donde se priorice la opinión y decisión de las poblaciones que viven en los territorios.
Una de las principales formas de lograr esos objetivos es ocupar la calle, el espacio público. Así lo demuestran desde hace cinco años en Paraná con sus "rondas de los martes" (frente a la Casa de Gobierno), desde 2015 con una carpa permanente en la plaza de Jáchal y desde hace 683 sábados las caminatas del pueblo de Andalgalá.
También desde las calles y rutas de Mendoza, en diciembre de 2019, el pueblo movilizado logró proteger el agua y frenar el extractivismo. En 2021 (a veinte años del 19 y 20 de diciembre), fue el turno del pueblo de Chubut, que hizo retroceder al gobierno provincial y a la multinacional minera Pan American Silver. Justamente en esa provincia, puntualmente en Esquel, el día 4 de cada mes se movilizan en memoria (y vigencia) de la histórica votación de 2003, cuando el sufragio popular dijo "no a la mina". El próximo 23 de marzo, a veinte años de esa gesta, se realizará una masiva movilización bajo el lema “veinte años de pie”, donde se reafirmará que “el agua vale más que oro”.
Esquel será espacio de encuentro, organización y futuro. Porque ese pueblo iluminó luchas en los 5000 kilómetros de cordillera y demostró que se podía vencer al poder.
Esquel (como Malvinas Argentinas en Córdoba y Loncopué en Neuquén —entre tantos otros pueblos—) son capítulos de una lección marcada en la historia: la defensa del territorio y de los derechos humanos se logra en las calles.
En portada: Ejidatarios y pobladores del Ejido Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla.
La Secretaría de Economía (SE) declaró, a finales de febrero de 2023, que “no es factible” otorgar nuevamente los títulos de concesiones mineras Cerro Grande y Cerro Grande 2, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla, las cuales abarcan los territorios de por lo menos 20 comunidades.
La comunidad nahua Tecoltemi logró, en febrero de 2022, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) que canceló las concesiones que pertenecían a la minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals. La comunidad había interpuesto un juicio de amparo en 2015 para la impugnación de las concesiones.
En dicha sentencia el juez ordenó, primero, que se dejara “insubsistentes
las concesiones mineras”, explica la abogada del caso Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyat Tlali. Segundo, que se “analizara por parte de la SE la factibilidad de nuevas emisiones de las concesiones”.
La SE señala, según la abogada, que no es factible otorgar concesión en el municipio de Ixtacamaxtitlán por cuestiones ambientales, sociales y culturales.
De manera que, con la decisión de la SE, la empresa Almaden Minerals no cuenta, definitivamente, con concesiones mineras en el territorio de Ixtacamaxtitlán y ya no le serán otorgadas nuevamente. “Lo que queremos es que se vaya definitivamente de nuestro territorio. En ningún lugar los queremos”, sostiene Francisca Zamora, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida, y quien vive a 300 metros de donde se pretendía hacer las excavaciones.
Un tercer punto que dicta la sentencia judicial es la necesidad de que se lleve a cabo una consulta a la comunidad. Sin embargo, a pesar de que la empresa, por medio de comunicados ha anunciado que es necesario hacerla, Pérez sostiene que solamente en el caso de que se señalara factible la emisión de nuevas concesiones habría la necesidad de un proceso de consulta. “Al no ser factible la emisión de concesiones, es improcedente la realización de cualquier consulta”, explica la abogada.
“No queremos la consulta, queremos que se respete el dictamen de la Secretaría de Economía”, señala Zamora.
La asamblea ejidal de Tecoltemi ya tomó su decisión. Aprobó un acta que declara la comunidad territorio libre de minería. “Ya hemos decidido. Queremos que respeten nuestra decisión”, dijo el inspector de vigilancia de la comunidad, Raimundo Romano, quién inició el litigio en el año 2015.
“Nuestro municipio es un municipio de historia que viene desde antes de 1519. En todos estos cientos de años no ha habido una persona que se muera de hambre. Nosotros tenemos de donde vivir. Lo que nosotros producimos ahí es la agricultura, cosechamos maíz, frijol, habas, cebada, trigo. Nosotros vivimos de la tierra. Donde querían construir el proyecto se encuentra un manto acuífero muy importante, que abastece a cuatro municipios y que es fundamental para la vida de los pueblos”, señala Zamora contrarrestando la argumentación de la empresa de que llevará empleos a la comunidad.
Los ejidatarios también rechazaron las declaraciones de la empresa de que con esta decisión se pueda afectar la seguridad jurídica de las inversiones mineras. “Exigimos a la empresa abstenerse de cualquier acto de intimidación e intromisión en el territorio”, sostuvieron.
La comunidad Tecoltemi y la Unión de Ejidos exigen que, con la decisión de la SE, la justicia federal de por terminada, definitivamente, la ejecución de la sentencia dictada en febrero de 2022.
Pendiente
Tecoltemi también había reclamado, en el juicio de amparo, la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley Minera, entre ellos, los que determinan que las actividades mineras son de utilidad pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio, y que el titular de las concesiones tiene el derecho de obtener expropiación de terrenos, así como de aprovechar las aguas presentes en el territorio para las actividades mineras.
Sin embargo, la Suprema Corte dejó intacta la legislación, reafirmando su constitucionalidad. “Queda pendiente la modificación de la Ley Minera y del actual régimen de concesiones”, dijo Jorge Peláez, de la Colectiva “Cambiémosla Ya”.
“Hay un marco regulatorio que no cumple los principales estándares internacionales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas. (Las comunidades) Se enteran que hay concesiones en su territorio cuando lo ven en la Gaceta Ecológica.”, añade.
Según datos actualizados del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, se han entregado 25, 267 concesiones mineras que abarcan una superficie de 21 millones de hectáreas del territorio nacional.
El pasado viernes (3) alrededor de las 8 de la mañana, Santos de la Cruz Carrillo, representante agrario del pueblo wixárika de Uweeni Muyewe- Bancos de San Hipólito, municipio de El Mezquital, Durango, salío a realizar diversas actividades y no se volvío a saber de su paradero. Este suceso se da a tan solo 15 días de haber iniciado diligencias para cumplir la sentencia del juicio agrario 037/2011, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del distrito 7 en la ciudad de Durango, mediante la cual se reintegraron a la comunidad legalmente casi 11 mil hectáreas, producto de una lucha de décadas.
Este sábado (4), en plena sesión del Congreso Nacional Indígena (CNI), del cual forma parte esta comunidad, han encendido la alerta y han hecho un llamado urgente a los colectivos solidarios pertenecientes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a organizaciones de derechos humanos para exigir la presentación con vida del indígena.
A Santos de la Cruz, su esposa Carlota y su hijo pequeño Paulo se les vio por última vez cuando se dirigian con rumbo al municipio de Jesús María, Nayarit, atravesando las comunidades de Calítique, pueblo perteneciente a San Lucas de Jalpa. Con este núcleo agrario se sostuvo un conflicto que derivó en el triunfo legal de Bancos de San Hipólito, ha denunciado el CNI en un comunicado.
Como antecedente, los integrantes del CNI alertan que en toda la región, incluida la comunidad wixárika, “ha sido fuertemente golpeada por la violencia generada por bandas de la delincuencia organizada y advertimos que la lucha agraria de Bancos es por la defensa de la madre tierra, por la defensa de la vida, de sus sitios sagrados y por las generaciones venideras”.
Por ello, desde Tehuacán, Puebla, desde donde secionan los integrantes del CNI este fin de semana, exigen “a los gobiernos y poderes locales la inmediata presentación con vida del compañero Santos de la Cruz Carrillo”.
Previo a este antecendente, el indígena que está en calidad de desaparecido sostuvo que esta sentencia es un precedente para la comunidad, por la legalidad de las tierras, lo cual permitirá que haya armonía y paz. Además, agregó, “vamos a avanzar, porque no solamente vamos a obtener esos documentos primordiales, sino que también tenemos que avanzar en la regulación de nuestro reglamento interno. Vamos a elaborar los estatutos comunales y entonces va a ser muy importante que la comunidad poco a poco se pueda ir regulando y fortaleciendo de manera organizativa en diferentes ámbitos.”
Fueron 54 años de litigios y fue hasta febrero de 2019 que el pleno del Tribunal Unitario Agrario resolvió por unanimidad el reconocimiento y la titulación del territorio en beneficio de Bancos de Calítique. En días pasados inició la ejecución de la sentencia definitiva de julio de 2020 bajo el recurso de revisión 582/2019-7, para reconocimiento legal de 11 mil hectareas de la comunidad.
América Latina es una de las regiones del mundo que cuenta con mayor cantidad de represas, ligadas en su mayoría a la producción de energía. Estas obras de infraestructura avanzan, en muchos casos, sin contar con licencia social, y son múltiples los impactos que generan en términos ambientales y de relocalización de habitantes, gran parte de los cuales pertenecen a pueblos indígenas. En este artículo, la autora aborda los casos de la represa de El Zapotillo (México), y las hidroeléctricas La Elena (Argentina) y Belo Monte (Brasil).
En la actualidad, existen en el mundo 38.660 represas y otras 3.700 se encuentran en proceso de construcción o en fase avanzada de planificación, lo que implica que el 60% de las grandes cuencas se encuentran hoy represadas, según un informe realizado por el Observatorio Mundial de Presas (GDW, por su sigla en inglés). A su vez, entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares; la imprecisión de este número está ligada a que muchas no fueron reconocidas o registradas, por lo que no fueron indemnizadas o reasentadas. En la mayoría de los casos, las indemnizaciones resultaron insuficientes y los reasentamientos no implicaron una restitución de los medios de subsistencia. Por otro lado, este informe de la GDW plantea que comunidades indígenas y minorías étnicas han sufrido desplazamientos de un modo desproporcionado, y son quienes han sufrido mayores impactos negativos en relación a la reproducción de sus vidas y su cultura.
Una represa es una obra de infraestructura construida sobre un río, cuyo objetivo es desviar o retener el agua. La estructura se compone de un dique que se construye de forma perpendicular al cauce del río y el agua puede ser utilizada para la generación de energía eléctrica, el riego, la piscicultura, el consumo industrial o humano, o para evitar anegamientos en las zonas aledañas a la fuente de agua.
Además de los impactos en las comunidades, este tipo de obras de infraestructura tienen grandes consecuencias negativas en el plano ambiental. Por un lado, han sido el tipo de infraestructura que más gases de efecto invernadero ha generado en el mundo, a causa de la descomposición de miles de hectáreas de materia orgánica que han sido inundadas. A ello se suma la destrucción de bosques nativos y de poblaciones de especies; la degradación de las cuencas debido a la inundación de los embalses; la pérdida de biodiversidad acuática y de los servicios brindados por humedales; el deterioro de la calidad de agua; y las sequías en algunos territorios aledaños.
América Latina, junto con el sudeste asiático y África, es una de las regiones con mayores conflictos vinculados a la construcción de represas, en su mayoría destinadas a producir energía. Esto ha implicado el creciente aumento, en las últimas décadas, de la lucha contra estos megaproyectos hídricos y, por consiguiente, el aumento de la criminalización y la represión. Algunos casos, por su magnitud y nivel de resistencia, se han convertido en emblemáticos.
Proyecto La Elena
El Carrenleufú o Corcovado es un río que nace en el Lago General Vintter -en territorio controlado por el Estado argentino- y, tras recorrer alrededor de 130 kilómetros, atraviesa la cordillera de los Andes hasta llegar a Chile. Desde los años setenta, el Estado argentino comenzó a estudiar la posibilidad de impulsar la construcción de represas hidroeléctricas sobre esta fuente de agua, aprovechando el desnivel natural que posee para el desarrollo de energía hidroeléctrica. Así, en 1982, la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica realizó una planificación integral con un proyecto de siete embalses y seis usinas: Jaramillo, Caridad, La Elena, Carrenleufú, Río Hielo y Frontera. Años más tarde, se realizó un balance de cada una de estas represas, donde se detectó que la más rentable era La Elena.
Tras décadas de estancamiento de este proyecto, en el año 2004 el gobierno de la provincia de Chubut, que en ese momento se encontraba en manos del peronista Mario Das Neves, decidió reiniciar los estudios de factibilidad de La Elena y le solicitó al gobierno nacional iniciar la licitación correspondiente. Detrás del proyecto estaba la corporación de capitales españoles Santander. Esta compañía es la principal accionista de la planta de producción de aluminio Aluar, la cual posee una división en Puerto Madryn, por lo que el interés estaba centrado en obtener un mayor potencial energético para esta empresa. Sin embargo, la movilización que se desató ante la activación de este proyecto implicó un freno al avance de La Elena, ya que las poblaciones de la región se informaron sobre los impactos que la construcción de esta represa generaría. Por un lado, se inundarían alrededor de 11 mil hectáreas de bosque nativo. Por otro lado, afectaría por completo el territorio que habita la comunidad mapuche Pillán Mahuiza.
“En ese momento se articuló con vecinos de la zona, con grupos ambientalistas, con comunidades mapuche, se inició una campaña anti represa contando el impacto que esta tendría sobre el río. Esto derivó en movilizaciones, en acciones ahí mismo en el río, acciones que tuvieron contundencia”, recuerda Mauro Millán, lonko de Pillán Mahuiza, en relación a los orígenes de la resistencia contra La Elena. Y agrega: “Las acciones que se llevaron adelante estaban vinculadas a denunciar y explicar mediáticamente lo que significa una represa en un lugar tan frágil, con biodiversidad, a diferencia de otros sectores de la Patagonia. También las consecuencias que traería acarreadas, porque cambiaría el clima, la flora, la fauna y también la vida de las personas”.
Tras este primer freno en el 2004, hubo nuevos intentos de reactivación de La Elena. En 2010 fue el secretario de Infraestructura provincial, Alejandro Pagani, el encargado de anunciarlo, planteando además que el anteproyecto estaba avanzado y que sólo faltaban los estudios de impacto ambiental. Sin embargo, se pospuso nuevamente hasta un nuevo intento en 2021, cuando el gobernador Mariano Arcioni, en medio de una crisis económica y social, insistió en avanzar con este proyecto bajo el argumento de “llevar energía a las poblaciones alejadas”. Así lo explica Millán: “Ellos hacen como una especie de prueba del impacto que tiene, por ejemplo, empezar a subir información promocionando la instalación de esta represa. Creo que estaban midiendo la intensidad y probando en qué clima se desarrollaría cualquier intención de apertura del proyecto”.
Más allá de que el proyecto La Elena se encuentra frenado al día de hoy, a lo largo de los años la Lof Pillán Mahuiza sufrió las consecuencias de la lucha que vienen llevando adelante desde hace más de una década. En 2015 se descubrió que estaban realizando espionaje ilegal contra algunos de sus integrantes, a partir del hallazgo de un expediente clasificado de la ex SIDE. Por otro lado, han recibido amenazas de muerte y, durante algunas ceremonias realizadas por la comunidad, advirtieron la presencia de miembros de las fuerzas de seguridad.
A pesar de ello, no han frenado la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico, así como también ante el avance de otras actividades extractivistas. “Hay algo que es fundamental tener en cuenta que es que, en el momento en que dejaste clavar una pala para que el proyecto comience, ya es prácticamente imparable. O sea, hay que prevenir inclusive que se acerquen a orillas del río con prospecciones, porque después no lo podés detener, es muy difícil una vez que se instala. No sólo se instala la estructura de trabajadores, sino también las fuerzas de seguridad, es muy difícil revertir eso”, finaliza Millán.
Represa El Zapotillo
El río Verde atraviesa el territorio de tres estados mexicanos emplazados en el centro del país: nace en Zacatecas y recorre Aguascalientes y Jalisco, donde confluye con el río Santiago. Posee una longitud de 200 kilómetros y su cuenca una superficie de 20.705 kilómetros cuadrados. En 1997, el gobierno nacional, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de los gobiernos estatales de Guanajuato y Jalisco, firmó un acuerdo para el aprovechamiento de esta fuente de agua.
Tras este acuerdo se anunció la construcción de una represa que se ubicaría en el poblado de San Nicolás, en el estado de Jalisco. Sin embargo, dada la movilización de los pobladores que se verían afectados, el proyecto logró frenarse. Tras esta victoria, en 2005, fue lanzada una obra alternativa: la represa El Zapotillo, la cual se ubicaría en los Altos de Jalisco, a 100 kilómetros de Guadalajara.
El argumento que se planteó desde el gobierno era la necesidad de abastecer de agua a la ciudad de León, la región de los Altos de Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara. En el primer proyecto se detallaba la construcción de una cortina (barrera construida para detener o desviar el agua) de 80 metros de altura. En 2007, el gobierno anunció que esta cortina sería de 105 metros, con el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento de agua. Sin embargo, este cambio implicaba que algunas localidades del estado de Jalisco sufrirían anegamientos, así como también pobladores de algunas regiones deberían ser relocalizados.
Desde el Estado anunciaron que tendrían que relocalizarse habitantes de las localidades Acasico y Palmarejo, regiones habitadas por integrantes del pueblo indígena Nahua. A pesar de que existe legislación internacional que protege y obliga a la consulta previa a los pueblos originarios, en el caso de El Zapotillo esta normativa no fue tenida en cuenta.
Por otro lado, se construirían dos diques para evitar el anegamiento de Temacapulín. “Pensando que tendríamos un riesgo muy grande con los diques, nos empezamos a organizar para que no se llevara a cabo el proyecto”, relata Abigail Agredano, presidenta del comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, sobre los comienzos de la resistencia contra El Zapotillo. Y agrega: “La resistencia fue larga, luchamos durante 16 años, con plantones, marchas, protestas, visitas al Congreso, a los gobernadores, cartas. En 2011 tomamos la represa, aun sabiendo que había muchos riesgos. Acudimos a organismos de derechos humanos, hicimos cuántas acciones se nos ocurrieron”.
Además de los impactos en términos sociales, en el plano ambiental las transformaciones territoriales que la represa generaría tendrían amplios efectos negativos. “Las consecuencias ambientales son muchas, inundaría 4.800 hectáreas de tierras fértiles y acabaría con la flora y fauna. Además, las represas emiten dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, los principales componentes de los gases de efecto invernadero. Cuando desazolvan una represa, contaminan las tierras donde avientan los desechos”, explica Abigail.
A pesar de las movilizaciones que la represa suscitó, el gobierno nacional continuó adelante con el proyecto. En septiembre de 2009, la CONAGUA anunció que la licitación para la construcción de la obra había sido ganada por un consorcio conformado por la firma mexicana La Peninsular, la española FCC Construcción y el Grupo Hermes. Por otro lado, el acueducto quedaría en manos de Abengoa México, Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente, Sociedad Unipersonal y Abeinsa Ingeniería y Construcción Industrial.
La construcción de la represa se fue dilatando producto de acciones judiciales interpuestas por el comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que obtuvieron tres medidas cautelares que determinaron el freno del proyecto durante algún tiempo. Sin embargo, dada la clara intención del gobierno de finalizar la represa para que comience a funcionar en 2023, los pobladores de las regiones afectadas se vieron obligados a negociar con el gobierno mexicano para obtener algún tipo de protección. Así lo detalla Abigail: “La represa no se logró echar abajo, el Presidente de la República nos dio la opción de llenarla a 40 metros de altura, ya que la cortina estaba casi terminada. A esa altura no inunda ninguna comunidad. Aceptamos porque no teníamos otra opción, se están haciendo unas ventanas vertedoras para que no haya riesgo de inundación. Actualmente, estamos revisando que se cumpla lo que se prometió, junto con el plan de justicia”.
Brasil inundado de represas
Brasil es uno de los países latinoamericanos que más ha invertido en el desarrollo de represas hidroeléctricas. De hecho, el 60% de la energía que se consume en el país proviene de esta fuente. En la actualidad, Brasil posee 120 proyectos hidroeléctricos emplazados sobre diferentes ríos del país.
Uno de los casos más emblemáticos ha sido el de la represa Belo Monte, dado que, al finalizarse, será la segunda mayor hidroeléctrica brasileña (luego de la de Itaipú, que este país posee en conjunto con Paraguay) y la tercera del mundo, detrás de Tres Gargantas, en China. A su vez, representará el 11% de la potencia instalada brasileña.
Belo Monte comenzó su construcción en 2011, en uno de los ecosistemas más importantes del mundo en términos de diversidad biológica: el Amazonas. Se encuentra ubicada sobre el río Xingú, que, con una longitud de 1.815 kilómetros, se extiende por el estado de Pará y es uno de los mayores afluentes de la vertiente meridional del río Amazonas.
El complejo de Belo Monte cuenta con una represa principal, llamada Pimentel, la cual creó un embalse de 359 kilómetros cuadrados y desvió el flujo del río Xingú hacia el noroeste, a través de un canal de 17 kilómetros. Este canal deriva en un embalse secundario y en una estación hidroeléctrica.
Norte Energía es el consorcio (compuesto por Eletronorte, Neonergia, Cemig, Light, JMalucelli Energía, Vale y Sinobras) que posee la concesión para operar Belo Monte por un período de 35 años. En abril de 2016, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) impuso una multa de 6,6 millones de dólares por la muerte de más de 16 toneladas de peces durante el proceso de llenado del embalse.
Además, al día de hoy, la construcción de la represa de Belo Monte ha implicado la reubicación de 20 mil personas.
Por otro lado, Belo Monte implica el anegamiento de una extensa área de tierra, el desecamiento de partes del río Xingú, y la reducción de reservas de peces que son imprescindibles para la reproducción de la vida de distintos pueblos indígenas que habitan la zona: los kayapó, arara, juruna, araweté, xikrin, asurini y parakanã. En 2011, integrantes del pueblo kayapó, en una carta dirigida al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmaron: “No queremos que esta presa destruya los ecosistemas y la biodiversidad que nosotros hemos cuidado durante milenios, y que aún podemos preservar”.
En memoria de Berta y Macarena
La problemática de las represas se extiende en distintos territorios de pueblos originarios y cada vez son más las redes de movimientos de afectados que se organizan para rechazar estas mega obras. Existen dos casos paradigmáticos de luchadoras indígenas que han sido asesinadas por enfrentar el represamiento de los ríos donde se asientan sus comunidades.
Por un lado, el caso de Berta Cáceres, lideresa del pueblo lenca y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien luchó contra el avance del Proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarca de la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos S. A de C.V (DESA). Esta represa iba a ser construida sobre el río Gualcarque, afectando los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá y la Reserva de Vida Silvestre Montaña Verde. El 2 de marzo de 2016, Berta fue asesinada y, en junio de 2022, un ex directivo de DESA fue condenado como autor intelectual de su homicidio.
Por otro lado, el caso de Macarena Valdés, perteneciente al pueblo mapuche e integrante de la comunidad Newen de Tranguil, ubicada en el territorio que controla el Estado chileno. Macarena era parte fundamental de la lucha de su comunidad contra la minicentral hidroeléctrica que la compañía austríaca RP Global buscaba construir sobre el río Tranquil. El 22 de agosto de 2016, Macarena fue encontraba ahorcada en su casa y, rápidamente, Carabineros y el Servicio Médico Legal catalogaron su muerte como suicidio. Sin embargo, su familia y comunidad lograron que el Poder Judicial reabra el caso de Macarena e investigue la causa de su muerte, frente a las graves amenazas que habían sufrido previo a su deceso.
