El juicio por delitos de tráfico de drogas y armas que se realiza en Nueva York contra el ex congresista Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández (JOH), reafirma las acusaciones que vinculan a políticos, policía, ejército y criminales en actividades ilícitas.
En el caso contra Tony Hernández han sido señalados desde el mismo presidente de Honduras, miembros del Congreso, el ejército y funcionarios públicos.
En el marco del cuarto día del juicio contra Juan Antonio Hernández, a fiscalía de Nueva York, asegura que el presidente Juan Orlando Hernández recibió millones de dólares del narcotráfico en sobornos y financiación electoral, pero no lo ha inculpado formalmente.
Sin embargo, el entramado de corporaciones y actores gubernamentales que permiten el tráfico de drogas con alcance transnacional, no se explica sin el respaldo político y financiero de los Estados Unidos, el mayor consumidor de sustancias ilegales del mundo y el más grande proveedor de armas para México.
En este contexto, irónicamente se desarrolla la “guerra contra las drogas” promovida por instituciones y departamentos de seguridad de EEUU, quienes financian cuerpos de seguridad hondureños bajo una narrativa que consigue encubrir la guerra contra la población y la militarización del territorio que alimenta el éxodo masivo de sus habitantes.
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Acuerdos para migración y "combate a las drogas"
La firma de un “acuerdo” para que Honduras actúe como asilo de migrantes fue el pretexto para que la administración de Trump respaldara a JOH apenas una semana antes del inicio del juicio contra su hermano.
"Resolver la crisis en la frontera significa trabajar con nuestros vecinos en la región. Honduras ha sido un gran aliado. Hoy firmamos un acuerdo bilateral para construir una mayor capacidad de asilo en el Triángulo Norte y aumentar la capacidad de asilo y protección en Honduras", escribió Kevin McAleena, del Departamento de Seguridad Nacional, en referencia al “acuerdo” que tiene el objetivo de frenar el avance de migrantes cubanos y nicaragüenses que cruzan por Honduras con destino hacia EEUU.
A su vez, apenas en agosto pasado la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su secretario general, Luis Almagro, también respaldó la administración de JOH pese a que para entonces la fiscalía de Nueva York analizaba ya las acusaciones que lo vinculan a las actividades ilícitas operadas por su hermano y otros integrantes del Estado hondureño.
A pesar de los testimonios vertidos en el juicio en curso, aún no es tiempo que el presidente de Honduras es implicado judicialmente.
Una vez más el estado norteamericano respalda una estructura criminal que garantice sus intereses tales como la operación de la base militar aérea en el Valle de Comayagua. Como en los tiempos del golpe de Estado en el año de 2009. O como en la reelección fraudulenta de JOH en 2017.
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Institucionalidad criminal, herencia del golpe
En opinión del abogado penalista, Ramón Barrios, catedrático universitario de derecho constitucional, el juicio contra Tony Hernández que se calcula dure dos semanas debe implicar, además del jefe del ejecutivo, a toda la estructura que conforma el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Dicho órgano, creado en el año de 2011 mediante una ley especial del Congreso Nacional que en aquel momento presidía JOH, “ha secuestrado la institucionalidad hondureña para construir una estructura del crimen organizado”, según ha declarado el penalista Barrios.
En lo más alto de dicho Consejo se encuentra el presidente Juan Orlando Hernández y además integra a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, el Fiscal General de la República y los secretarios de Defensa y Seguridad, quienes controlan los cuerpos de seguridad militar y policial obligados a “combatir” el narcotráfico.
De acuerdo al abogado Barrios, “el presidente hondureño no se puede deslindar del enjuiciamiento de su hermano, pues no puede alegar que no sabía que Tony estaba involucrado en el narcotráfico, pues ha tenido bajo su responsabilidad la seguridad y defensa del Estado hondureño”.
Campañas políticas con financiamiento criminal
Durante el juicio de esta semana en EEUU, un nuevo testimonio apunta al supuesto financiamiento de la campaña presidencial de JOH por parte de organizaciones criminales de México.
El ex alcalde de Copán, Alexander Ardón declaró que durante una reunión cerca de la frontera con Guatemala, Tony Hernández, entonces diputado por el gobernante Partido Nacional, recibió un millón de dólares de Joaquín “El Chapo” Guzmán para financiar la campaña electoral de su hermano quien competía por la presidencia por primera vez en aquel año de 2013.
El pago del narcotraficante mexicano fue realizado para continuar sin interferencias con el tráfico de cocaína de Honduras hacia Guatemala.
Las recientes acusaciones de dinero ilícito para el financiamiento de la campaña presidencial de JOH se suman a otras como el caso del desvío de 12 millones de dólares de la Secretaría de la Agricultura y Ganadería realizado por su hermana, Hilda Hernández, para inyectar recursos a la carrera presidencial de su hermano en 2013.
Por su parte, Tony Hernández fue detenido en Miami en noviembre del 2018, no obstante existían declaraciones que lo vinculaban con el narcotráfico desde el año de 2016. En aquel momento Santos Orellana, capitán de las fuerzas armadas señalado por autoridades de EEUU de tener nexos con el narcotráfico, denunció que se le ofreció un millón de dólares para mantener en silencio el hallazgo de un helicóptero con droga propiedad de Tony Hernández.
Pese a las múltiples evidencias recopiladas por las autoridades hondureñas, el hermano del presidente nunca enfrentó cargos en Honduras.
Ahora, ante los tribunales norteamericanos, Ardón declaró que desde 2010 traficó entre 30 y 40 toneladas de cocaína en colaboración con Tony Hernández. Además, el ex funcionario mencionó el haber pagado dos millones de dólares para la campaña electoral de 2009 en apoyo al entonces candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo, y para el mismo Juan Orlando Hernández, quien por aquella época sobornó a legisladores para alcanzar la presidencia del Congreso Nacional.
