A menos de unas horas de que arranque el proceso electoral en México, este 1º de julio, miembros del Concejo Indígena de Gobierno han lanzado por lo menos tres comunicados de hostigamiento hacia comunidades indígenas que no están de acuerdo con el proceso electoral y a las cuales se les quiere imponer este proceso por medio del uso de la fuerza publica.
Uno de los comunicados es emitido por la comunidad de Nahuatzén, Michoacán, donde anuncian alerta roja por mantener su postura. “Ratificamos que no habrá elecciones en nuestra comunidad”, aseguran y denuncian que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, busca imponer por medio de la fuerza las urnas para votar.
“Siendo las seis de la tarde de hoy, fuimos agredidos con armas de alto poder por simpatizantes de los partidos políticos cuando nos encontrábamos en la barricada ubicada en salida del pueblo que conduce a la comunidad de Sevina”, agregan los comuneros de Nahuatzén.
Hasta el momento no se reportan heridos en esta comunidad, “ya que hemos optado por no caer en confrontación. Nos preguntamos si ¿para el gobierno valen más unas boletas electorales que la vida de los seres humanos? ¿Quiénes armaron a estos grupos agresores que actúan como paramilitares?”, preguntan los comuneros y al mismo tiempo responsabilizan a los tres niveles de gobierno por lo que les pueda suceder durante este proceso.
Las exigencias de los comuneros es que el Instituto Electoral de Michoacán evite instalar las casillas electorales en sus comunidades, “ya que por acuerdo de asambleas de barrios y asambleas generales hemos acordado no permitir la instalación de las casillas electorales, ya que como comunidad estamos a la espera de una consulta ciudadana para transitar del sistema de partidos políticos a un sistema de usos y costumbres para elegir a nuestras autoridades y ejercer nuestro autogobierno, como ya ha ordenado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México”.
Chiapas
Este viernes (29) los indígenas de tzeltales de Amador Hernández, municipio de Ocosingo, Chiapas, denunciaron el acoso militar con sobrevuelos por parte de la Marina y la Fuerza Aérea.
La respuesta del CIG no se hizo esperar, también se manifestaron denunciando y condenando “el hostigamiento del mal gobierno con sobrevuelos de helicópteros militares en territorio de bases de apoyo del EZLN en la Selva Lacandona, en el estado de Chiapas”.
Pero también desmintieron lo que diversos medios de comunicación manejaron asegurando que supuestos representantes de 23 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) respaldan la candidatura del cacique Roberto Albores, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para gobernador de Chiapas. A estas denuncias se han sumado por lo menos una decena más sobre robo de boletas electorales en toda la republica mexicana.
“De manera mentirosa la clase política recurrió a personas encapuchadas que se hacen pasar por representantes de los MAREZ, a través de la organización llamada Unión Regional de Ejidos Marginados en el Estado (UREME)”, denunciaron los miembros del CIG.
A su vez reafirman que la organización UREME no forma parte del Concejo Indígena y que no tienen ningún vinculo con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). “ Por lo que desconocemos cualquier aseveración o posición política que puedan tener frente a la fiesta de los poderosos que son las elecciones partidistas capitalistas”, agrega en su comunicado el CIG.
Los indígenas también hicieron una denuncia más sobre la intención de querer imponer, por parte del gobierno de Chipas, las casillas electorales en el ejido de Tila, Chiapas, donde también han sido claros en señalar que no comparten este proceso electoral.
“Denunciamos públicamente que continúan las amenazas de ataque contra el ejido, y que en la zona alta, en la zona media y en la zona baja del municipio de Tila están llegando operadores políticos del ayuntamiento del partido verde a organizar gente para atacar al ejido”, denuncian los indígenas.
El CIG también denuncian “la militarización de regiones enteras del país con el pretexto de cuidar el proceso electoral”, aseguran. Y ponen de ejemplo el hostigamiento a la “comunidad Wixarika de San Sebastián Teponahuaxtlan, en Jalisco”, donde también están en descuerdo con el proceso.
Los pueblos originarios no comparten este proceso porque consideran que, “pretenden dividir a nuestros pueblos, pues para nosotros lo verdaderamente importante es la lucha por la vida, y no la muerte que trae y traerán los malos gobiernos, sean del partido que sean”.
Respaldados por la OIT
Por su parte la comunidad Indígena de Santa Fé de la Luguna, Municipio de Quiroga de Michoacán, apegados al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), declarán:
1.El desistimiento por parte del municipio de Quiroga, Michoacán de la controversia constitucional, interpuesta ante el Supremo tribunal de justicia de la nación, sobre la aprobación del presupuesto directo.
- La no instalación de la casilla especial con denominación 1661S1, ubicada en la ciudad de Quiroga, Michoacán.
- La destrucción del total de boletas correspondientes a nuestra comunidad ante la Asamblea de comuneros
