Mientras a finales del año 2017, la “discusión” y posterior aprobación de la Ley de Seguridad Interior ocupaba la atención mediática en México, un grupo de senadores agilizó el tramite para aprobar la Ley General de Biodiversidad (LGB), la cual vulnera principalmente a poblaciones campesinas e indígenas, quienes viven en ecosistemas de gran biodiversidad.
Por su relación ancestral con la tierra, las comunidades indígenas han protegido los cuerpos de agua, montañas, bosques, selvas y especies animales y vegetales que las habitan, lo cual ha impedido el desarrollo de megaproyectos de infraestructura y extracivos.
Pero tras el visto bueno del senado el 15 de diciembre de 2017, la LGB se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados donde mediante violaciones a los procesos legislativos se pretende consumar su aprobación para privilegiar los intereses de industrias como la farmacéutica, minera y energética, entre otras.
La principal promotora de la LGB es Ninfa Salinas, hija del empresario Ricardo Salinas Pliego quien posee inversiones en los sectores de telecomunicaciones, transporte, servicios financieros e incluso generación en energía eólica, geotérmica y solar. Denuncias masivas de organizaciones campesinas, indígenas, ambientales y académicas acusan que dicha senadora, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), impulsa con la nueva LGB actividades mineras inclusive en Áreas Naturales Protegidas (ANP).
Entre las principales críticas enunciadas por más de 200 organizaciones se encuentran:
*La propuesta no establece restricciones a las actividades extractivas como minería y la fractura hidráulica (fracking, como también se le conoce, es un método altamente destructivo empleado para extraer hidrocarburos) dentro de las ANP. También amenaza con el desplazamiento de comunidades que se encuentran en dichas zonas proyectadas para la imposición de la industria extractiva.
*La debilitación de la figura de las ANP (mismas que actualmente no son una garantía para la protección de la biodiversidad); la LGB cancelaría la Ley General de Vida Silvestre y modificaría disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, lo cual dispersa el actual marco normativo ambiental mexicano, en detrimento de los alcances jurídicos para la protección y el ordenamiento ecológico.
*Existen omisiones en el tema de protección de recursos genéticos; vacíos legales que permiten la privatización de genes, plantas y conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas mediante patentes, sin su previa consulta ni consentimiento. La LGB contribuye con la biopiratería para beneficiar a empresas cosméticas, farmacéuticas, mineras, entre otras.
*Omisión del procedimiento de la consulta previa, libre e informada y en los propios términos que las comunidades campesinas e indígenas decidan para rechazar o aprobar megaproyectos en los ecosistemas que han protegido y los cuales la LGB afecta.
México se encuentra entre los 12 países con mayor biodiversidad del mundo; el país norteamericano ocupa el primer lugar en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas, además de poseer un extraordinario número de especies endémicas.
Bosques, también en la mira
Desde febrero del 2017 avanzó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, también promovida por el PVEM. Sumado a la LGB que desprotege las plantas, la Ley Forestal reduce los requisitos parala explotación, lo cual representa una fórmula para la destrucción de la biodiversidad.
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Desde entonces productores y organizaciones denunciaron lo que consideran un retroceso en los derechos indígenas y campesinos en el manejo forestal comunitario. Actualmente la Ley Forestal aún se encuentra en revisión previa a la aprobación de congresistas afines a intereses empresariales.
“Las autoridades exhiben una necesidad de control con las políticas forestales. Muestra un proyecto de gobierno autoritario que no quiere dejar ningún resquicio de participación ciudadana. Los congresistas se han negado a consultar pueblos y comunidades indígenas pese a que en México la mayoría de los bosques se encuentran en territorios de estas poblaciones. Las leyes se hacen para saquear los territorios y permitir que siga habiendo un gran saqueo de nuestros territorios, para dejar pasar a las empresas trasnacionales…. las autoridades actúan en contubernio con los empresarios. El Gobierno nos restringe y nos quita derechos a quienes protegemos los bosques”, manifestaron coaliciones campesinas para medios electrónicos.
