sábado, septiembre 26, 2020
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Política del FMI provocó el estallamiento de la crisis social en Nicaragua

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Por Gregorio Rivas



Cinco días de acciones directas, bloqueos, ocupaciones y manifestaciones en diversas regiones del país centroamericano, consiguieron hacer retroceder los planes del gobierno de Daniel Ortega para aplicar ajustes financieros dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que impactarían la salud de millones de nicaragüenses.

Tras las protestas, el saldo hasta la noche del domingo 22 de abril es de 30 muertos, 50 desaparecidos, cientos de heridos y detenidos debido a la brutal represión operada por la policía nacional y las juventudes sandinistas en las ciudades de Managua, Masaya, León, Estelí, Tipita, Ciudad Sandino, entre otras urbes.

En su quinto día, las movilizaciones consiguieron articular el descontento producto por políticas impopulares y autoritarias de 12 años de Orteguismo, demandas que alimentan las protestas pese al recule del oficialismo al derogar las reformas. Por ello las movilizaciones continúan en las calles y se han multiplicado las demandas, entre ellas la renuncia de Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

La gota que derramó el vaso

El día 17 de abril del año 2018, el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López, anunció en conferencia de prensa el aumento a la tasa de contribución de los trabajadores y empleadores, además de la reducción de 5% en las pensiones a los trabajadores retirados.

Dichas medidas, argumentaron, se tomaron para remediar la quiebra de dicho organismo que en 2017 cerró en su quinto año en crisis económica, por lo que el FMI había pronosticado una insostenibilidad de dicho organismo para 2019. Una misión del FMI encabezada por Fernando Delgado, en febrero del 2018, junto al Banco Central de Nicaragua (BCN), propuso aumentar la edad de jubilación para salvar las finanzas del INSS. En la actualidad, en Nicaragua la edad de jubilación es de 60 años y las cotizaciones son de 750 semanas.

Esto significaría que los trabajadores nicaragüenses tendrían que asumir un aumento en el aporte de 6,25% a un 7 % sobre su salario. Por otra parte, los empleadores pasarían de pagar el 19% al 22,5 % de los salarios de sus trabajadores y, los jubilados tendrían que aportar un 5% del monto que reciben como pensión de retiro.

Las medidas pretendían afectar los derechos adquiridos y ahorros de un millón de familias. A la par el gobierno del Frente Sandisnista de Liberación Nacional (FSLN) mantuvo silencio frente a las medidas que aplicarían para reducir los gastos administrativos del INSS, así como las políticas para transparentar las inversiones que se realizan sin ninguna supervisión.

“Es conveniente que comencemos a pensar en crear un espacio fiscal, un ahorro fiscal” de 1,6% del producto interno bruto (PIB) para enfrentar esos problemas, sugirió el jefe de la misión del FMI para Nicaragua, Fernando Delgado, al concluir sus visita por Nicaragua en mayo del 2017.

Ver también Avanza el neoliberalismo en Nicaragua: del rojinegro de la revolución al fiusha de las modas

El delegado del FMI también resaltó el alto crecimiento de Nicaragua, debido a la atracción de inversión extranjera y el comercio con Estados Unidos, donde coloca el 60% de sus exportaciones.

Aunque las proyecciones económicas a mediano plazo son “muy positivas”, Nicaragua debe prepararse para enfrentar tres importantes “riesgos” que amenazan el crecimiento de más del 4% que ha tenido el país en la ultima década como promedio, según Delgado.

El primero, señaló, es resolver la crisis financiera que amenaza al INSS a partir del 2019 por “falta de suficientes recursos”.

El segundo es el impacto que tendrá la reducción de la cooperación venezolana, que según datos del Banco Central, el año pasado fue de 207 millones de dólares, 43% menos que en 2015.

El tercer riesgo es la posibilidad de que se apruebe la NICA Act (Ley de Condicionalidad a las Inversiones Nicaragüenses) en el Congreso estadounidense, la cual podría impactar a la macroeconomía de Nicaragua”, fueron las recomendaciones del FMI.

Ante las medidas tomadas por Ortega en cuanto al INSS, las primeras protestas estallaron con los jóvenes universitarios, trabajadores y jubilados autoconvocados quienes tomaron las calles en diversos puntos del país para exigir la derogación de las reformas exigidas por organismos financieros internacionales, demanda que detonó el descontento social que incluso la derecha y extrema derecha también ha querido aprovechar, intentando darle rumbo a las protestas, lo cual no han conseguido.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua se pronunció el día 20mediante un comunicado: “Exhortamos a las autoridades del país a escuchar el grito de los jóvenes nicaragüenses y la voz de otros sectores que se han pronunciado al respecto de las reformas del INSS y derogar las reformas realizadas […] en el Decreto Presidencial 03-2018. Una decisión unilateral siempre trae consigo la inestabilidad social. […] Reprobamos todo brote de violencia que enfrenta a los hijos de una misma nación. Las acciones represivas ejecutadas por miembros afines al Gobierno alteran la paz”.

Este decreto, lanzado sin consenso por parte del Gobierno, también provocó la respuesta de los principales representantes empresariales de Nicaragua, hasta ahora aliados del Orteguismo: el COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada) y la AmCham (Cámara de Comercio Americana de Managua), que ya han convocado una huelga general prevista para el próximo lunes 23 de abril.

Represión, la respuesta del orteguismo

Desde el año de 2006, la familia Ortega-Murillo ha centralizado el poder político, monopolizando los medios de comunicación y clausurando espacios de participación política disidente, además de haber concentrado el control de las fuerzas armadas y la policía.

Existen denuncias de que durante los últimos 12 años, la familia gobernante de Nicaragua utiliza a la Juventud Sandinista y a la policía nacional como instrumentos represivos contra movimientos sociales y disidentes de las políticas del FSLN, así como a las escisiones o fracciones de dicho partido político.

A partir de 2008, durante el segundo periodo presidencial de Ortega se ejecutaron persecuciones contra integrantes de movimientos sociales críticos al gobierno del FSLN. Destaca el asesinato de campesinos en Somoto durante 2011; el desalojo violento en 2012 contra la “champa de dignidad” compuesta por jóvenes en Managua; la tortura y abuso de policías contra mujeres en Nueva Guinea que protestaban contra los resultados electorales del mismo año; el brutal desalojo contra el plantón de jóvenes del #OcupaInss que apoyaban un grupo de adultos mayores que protestaban contra la reducción de pensiones en 2013; además de la férrea represión a los campesinos integrantes del movimiento anti canal, quienes protestaron por los resultados electorales de noviembre de 2016 en los que Ortega se reeligió como presidente por tercer periodo consecutivo.

Las protestas tras el anuncio de las reformas en el sector salud no fueron espontáneas, sino que se articularon gracias la organización de jóvenes que combatieron el incendio en la reserva natural Indio Maíz, en el sureste del país, que se suscitó desde el 3 de abril. Dicho incendio provocó la pérdida de más de 5 mil hectáreas de bosque frente a la ineficiencia gubernamental que demoró tres días en tomar acción.

Fue entonces cuando jóvenes convocaron plantones y marchas sin afiliación partidista para protestar por la catástrofe ambiental. El incendio fue extinguido por labores comunitarias y la lluvia que finalmente llegó; sin embargo las movilizaciones identificadas como #SOSIndioMaíz fueron enfrentados por policías anti motines. Justo en ese momento fueron anunciadas las reformas dictadas por el FMI, hecho que provocó la adhesión de barrios populares de Managua, Estelí, Granada, León y Masaya a las movilizaciones.

La estrategia del FSLN consistió en la represión total, algunos de los eventos a destacar son:

*En Monimbó, Masaya, fue suspendido el servicio de energía eléctrica para que las personas no pudieran ver durante sus protesta contra las reformas al INSS.

*Francisca Ramírez, líder del Movimiento Campesino Anticanal, intentó ser acuchillada por un hombre mientras participaba de una marcha en apoyo a los universitarios y en contra de las reformas al Seguro Social, en Nueva Guinea, en el Caribe Sur.

*Centenares de pobladores del municipio de San Rafael del Norte,en Jinotega, se manifiestaron en las calles y denunciaron la represión por parte de las turbas orteguistas y antimotines.

*A lo largo de toda la carretera Norte, en Managua, centenares de personas salieron a las calles para mostrar su repudio a los actos de violencia cometidos por antimotines y turbas orteguistas

*Gupos de choque en la ciudad de Granada intentaron incendiar la alcaldía la noche del viernes 20 de abril. Según denuncias de habitantes, la intención era incriminar a las personas que marcharon pacíficamente durante la tarde.

*Grupos sandinistas quemaron la Radio Darío, en León. La población intentó sofocar el fuego que consumió la mayor parte de las instalaciones.

*Trabajadores de la salud, la alcaldía e instituciones del Estado recibieron órdenes de salir a las calles para contrarrestar la protesta ciudadana en Masaya

*El Ejército de Nicaragua desplegó tropas en el parque 16 de Julio en Estelí, la noche del viernes 20 de abril.

*Cuatro emisoras de televisión independientes fueron obligadas a salir del aire después de las protestas del jueves 19 de abril. Decenas de periodistas denunciaron ataques y robos de equipos fotográficos por parte de grupos de choque mientras cubrían las manifestaciones.

*La noche del sabado 21 fue asesinado el periodista caribeño Ángel Gahona, quien recibió un disparo en la cabeza cuando realizaba cobertura periodística en la localidad de Bluefields. Según los compañeros de Gahona, quienes filmaron el momento preciso en que el reportero cayó abatido por la bala, el disparo mortal fue realizado por efectivos de la Policía Nacional.

*Ataque a los estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua la noche del domingo 22 de abril, con saldo de dos muertos y decenas de heridos. Durante las jornadas de protesta, el gobierno del FSLN responsabilizó a los jóvenes universitarios por daños y saqueos, sin embargo circulan pruebas en redes sociales donde se evidencia la participación de grupos de choque que actuaron protegidos por policías antimotines y con pleno uso de armas de fuego.

Un mundo de contradicciones

El gobierno del FSLN bajo los tres mandatos de Ortega ha sido caracterizados por políticas que han desatado el descontento social.

La aprobación de la construcción del canal interoceánico por una empresa china a un costo económico y social muy alto (US $ 50 mil millones), pretende destruir y desplazar comunidades rurales las cuales se oponen al proyecto. Por ello se ha articulado un movimiento campesino el cual ha sido reprimido y criminalizado sistemáticamente por la estructura gubernamental.

A la par, la actividad extractiva, en particular la minería, casi ha duplicado la superficie concedida en este período, pasando del 12 % al 22 % del territorio nacional, ocasionando conflictos en las zonas rurales y con movimientos ambientales, los cuales son acusados de ser financiados por Estados Unidos y también son reprimidos.

También se observa una mayor presión sobre la tierra, ejercida principalmente por monocultivos industriales como la palma de aceite y la caña de azúcar, así como el gran aumento de la actividad ganadera, que reduce la disponibilidad de tierra para los campesinos.

En el mismo periodo, organizaciones de derechos humanos y feministas han denunciado el control fiscal como un método de represión para limitar sus actividades, disidentes del discurso oficialista.

En noviembre de 2016, la reelección presidencial, prohibida por la Constitución de Nicaragua, fue impuesta utilizando el mismo mecanismo que utilizó Juan Orlando Hernández (quien a su vez se reeligió ilegalmente como presidente hondureño en noviembre de 2017): un fallo de la corte suprema, la cual en Nicaragua se encuentra bajo el control del FSLN.

Las protestas continúan

La tarde del domingo 22 de abril, Daniel Ortega utilizó los medios masivos de comunicación en su control para anunciar la revocación de las reformas del seguro social. En su mensaje invitó a los empresarios de zonas francas y empresarios nacionales para su participación en un diálogo, del cual fueron excluidos sectores estudiantiles y de organizaciones de base.

Pese al anuncio oficial, manifestaciones multitudinarias continúan en diversas regiones de Nicaragua. Desde Río San Juan caminan hacia Managua miles de campesinos para protestar en la capital, mientras en Masaya las multitudinarias voces gritan: “Los muertos no dialogan”.

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