En todo el mundo se han ido promulgando medidas de emergencia sin precedentes en el marco de la pandemia de COVID-19. Mientras tanto, el virus se sigue propagando.
Hasta el 4 de junio de 2020, el portal de estadísticas en línea Statista identificaba un total de 1,142,083 casos de COVID-19 registrados en América Latina y el Caribe, donde Brasil se ubica como el país más afectado por esta pandemia en la región con más de 584 mil casos confirmados.
Dentro de los países con mayor número de contagios se encuentran también Perú, Chile, Ecuador, México, Panamá, la República Dominicana y Colombia.
Esa situación está teniendo consecuencias dramáticas sobre enteros sectores de la población, en particular sobre los grupos de personas más vulnerables, como es el caso de las personas privadas de su libertad.
En Chile, el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico (Colmed) manifestó en un comunicado su preocupación por la situación de la pandemia en las cárceles del país y advirtió que el avance del virus “ha evolucionado en una situación sanitaria fuera de control, que amenaza con agravar el problema de salud publica ya existente”.
En Colombia, el 21 de mayo de 2020 se contabilizaron 890 enfermos de COVID-19 en centros penitenciarios, según cifras de El Espectador.
En El Salvador, los casos sospechosos de COVID-19 en las prisiones superan los 1,000, mientras que los contagios suman más de 140, de acuerdo con datos oficiales divulgados el martes 2 de junio por el director de Centros Penales, Osiris Luna.
En un informe intitulado “COVID-19 y Detención”, el Grupo de Litigantes Contra la Tortura de América Latina, una plataforma conformada por abogados y abogadas de 17 organizaciones de la sociedad civil de 10 países de América Latina y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), llama la atención sobre la situación en las cárceles del continente y alerta sobre el riesgo de violaciones a los Derechos Humanos, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes de las personas encarceladas en medio de la pandemia.
Sobrepoblación
En la mayoría de las cárceles de la región las malas condiciones preceden la pandemia: la situación ya era alarmante desde antes, y por lo mismo está empeorando rápidamente.
La sobrepoblación es uno de los problemas que se encuentra en todo el continente. Por ejemplo, Guatemala es uno de los países con las tasas más altas de hacinamiento de cárceles con un porcentaje de 318% para la prisión preventiva y de 419% para el cumplimiento de condena, según el informe “La Prisión Preventiva en Guatemala” del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
El sistema carcelario guatemalteco tiene capacidad para albergar aproximadamente 6,800 personas, pero en el mes de abril se superaron los 26,000 privados de libertad.
En Argentina se había declarado la emergencia carcelaria en el sistema federal debido a la sobrepoblación desde finales de 2019. En Colombia, el hacinamiento llegaba a un promedio de 51,2% en marzo del 2020, aunque es mucho mayor en determinados centros carcelarios, como es el caso de Riohacha que posee un hacinamiento del 339%. En Perú, el nivel promedio de hacinamiento es del 142%. En más de la mitad el hacinamiento sobrepasa el 200%, pudiendo llegar incluso al 600%.
“En muchos países, los centros de detención están sobrepoblados, y en algunos casos, en peligro de estarlo, por lo que la distancia social y el aislamiento en estas condiciones son prácticamente imposibles”,
ASEGURÓ LA OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS, MICHELLE BACHELET.
El informe del Grupo de Litigantes Contra la Tortura abunda en el mismo sentido al señalar que “la sobrepoblación y la dificultad o imposibilidad de implementar medidas adecuadas de sana distancia, higiene y limpieza son factores que aumentan considerablemente el riesgo de brotes del virus entre la población recluida”.
Falta de recursos médicos
A esa situación se suma la de la falta de recursos materiales y médicos: en la mayoría de los centros penitenciarios el personal médico es insuficiente y no cuentan con materiales de protección adecuados.
En el caso de Chile, el informe sobre COVID-19 y detención señala: “las condiciones de hacinamiento de los centros penitenciarios, la falta de recursos materiales y médicos así como la ausencia de medidas sanitarias de emergencia, agravan las condiciones de vulnerabilidad ya existentes en la población penitenciaria, quienes enfrentan esta pandemia sin que a la fecha se tenga conocimiento de incremento de recursos que permitan hacer frente a un brote de contagio en los distintos centros a nivel país. De acuerdo a lo informado por la Asociación Nacional de Gendarmes, el personal médico es insuficiente para dar cobertura a la crisis sanitaria, y no cuentan con materiales de protección adecuados.”
Situaciones similares se repiten a lo largo del continente.
Factores de riesgo y falta de información
En México, un monitoreo realizado en centros penitenciarios del país por la organización Documenta expuso la preocupación de familiares de personas privadas de su libertad debido a los factores de riesgo para la propagación del virus existentes.
De las más de 600 personas interrogadas, el 67.3% indicó que la persona privada de la libertad padece una enfermedad crónica degenerativa y el 51.7% indicó que el estado de salud de la persona privada de la libertad es regular a malo.
Por otro lado, también señalaron la desinformación que sufre la población carcelaria. Así, el 51.1% indicó que no han sido informados sobre las medidas a implementar ante la pandemia por COVID-19, y el 87.3 % indicó que desconocen de la existencia de algún protocolo a seguir en caso de contagio de alguna persona privada de la libertad por COVID-19.
Limitación de las visitas
En la mayoría de los centros penitenciarios las visitas han sido suspendidas. Además del sufrimiento ocasionado por el hecho de no ver a sus seres queridos, esa situación tiene impactos graves sobre la situación alimenticia y de higiene de muchas personas ya que en muchos casos las personas detenidas dependen del apoyo de sus familiares para conseguir insumos de primera necesidad.
“La suspensión de las visitas y los traslados han agravado la casi inexistente provisión oficial de alimentos y productos de higiene, que era solventada por los familiares que se acercaban a las cárceles. A su vez, la restricción de la movilidad, obstaculiza aún más, la llegada de víveres a los detenidos”, resalta el informe con respecto al caso de Argentina.
Por otro lado, el observatorio de prisiones de Documenta expone que en el caso de México también hay “algunas personas privadas de la libertad [quienes] aportan al sustento de sus familias a través de programas o actividades implementadas en los centros penitenciarios para fomentar el empleo, pero con la suspensión de estas actividades no han podido recibir este apoyo”.
La organización alerta por último que las personas que tienen que viajar largas distancias para visitar a sus seres queridos “han visto disminuidas estas posibilidades tanto por las restricciones a la movilidad derivadas de las medidas de prevención ante la crisis sanitaria, como por las implicaciones económicas que esto representa”.
Motines y represión
Desde el inicio de la pandemia, las pésimas condiciones de detención han provocado protestas, fugas y motines en varias cárceles de América Latina.
En Perú, la situación de abandono que viven las y los reclusos desencadenó diversos motines en diferentes penales del país, cuya represión dejó un saldo de 11 muertos y decenas de heridos. Dos rehenes fallecieron en el motín del penal de Trujillo, y nueve en el penal Miguel Castro, en Lima.
“Queremos las pruebas de covid-19”, “Tenemos derecho”, Nos estamos muriendo, ayúdennos” y “Medicinas y libertad”, son algunos de los mensajes que se podían leer en los carteles que ondeaban desde las cárceles.
En Colombia, el Gobierno de Iván Duque decretó a finales de marzo la emergencia carcelaria, luego de que un motín en la Cárcel Modelo de Bogotá dejara 23 muertos y al menos 90 heridos.
El primero de mayo, en el Centro Penitenciario de Los Llanos en Venezuela, fueron asesinados al menos 47 personas privadas de libertad y otras 75 sufrieron graves lesiones por la represión violenta de un motín.
Según un recuento de las Naciones Unidas, otros incidentes han ocurrido en Argentina, Brasil, México y Estados Unidos.
