“Exigimos que nos escuchen y nos den el retorno porque necesitamos de nuestras tierras para trabajar y mantener a nuestros hijos”, demanda con firmeza la voz de una mujer al encarar a funcionarios de derechos humanos de México y Guatemala quienes el pasado 20 de octubre visitaron el campamento de la comunidad desplazada de Laguna Larga.
Ella no es la única en hacer énfasis en dicha exigencia. Durante la asamblea realizada en el precario refugio en la línea fronteriza entre el estado de Campeche, México y el departamento del Petén, Guatemala, los reclamos por la falta de alimentación, salud y vivienda digna fueron una constante ante una de las pocas veces que funcionarios de ambos gobiernos se presentan ante las familias desplazadas.
Fue el 2 de junio del año 2017 cuando un operativo policiaco y militar se dirigió hacia Laguna Larga con la orden de desalojo. Con solo un par de horas de aviso, las familias decidieron abandonar sus tierras y pertenencias para evitar sufrir la violencia de los cuerpos de seguridad. Desde aquel día la población de Laguna Larga ha permanecido en el campamento improvisado que ellos mismos montaron en la frontera.
¿Quién devasta la naturaleza?
Mientras que la justificación oficial para realizar el desalojo yace en la “conservación” de la naturaleza en la Reserva de la Biósfera Maya, resulta contradictorio que el Estado guatemalteco permite la operación de empresas extractivas en la misma región que pretende conservar.
Desde el año de 1985 opera la petrolera Perenco, empresa franco-británica que extrae hidrocarburos en la zona núcleo del Parque Nacional de Laguna del Tigre, zona que junto al Parque Nacional Sierra del Lacandón alberga más de 50 comunidades en riesgo permanente de sufrir un desalojo como el ocurrido contra Laguna Larga.
“Nosotros conocemos que la urgencia de desalojar a las comunidades es por la existencia de un proyecto llamado GuateCarbón donde hay empresas internacionales financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo para la venta de carbono, en el cual para realizar un proyecto de esa categoría no debe haber presencia humana en las supuestas áreas protegidas. Por otro lado, ha sido visible que al gobierno le urge dejar la tierra sin poblaciones para así facilitar la entrega de concesiones a la empresa francesa Perenco para explotación petrolera. También están los monocultivos de palma aceitera y de teca, propiedades de trasnacionales en búsqueda de expandirse aún más en las áreas de conservación”, relatan testimonios de campesinos quienes habitan la región desde principios de la década de los 80s, antes de la conformación de las reservas naturales donde las industrias mencionadas han sido los principales causantes de la devastación ambiental del Petén.
Aunque la reciente visita de los funcionarios de derechos humanos buscó evidenciar la situación de precariedad entre los habitantes del campamento, a más de dos años tanto las autoridades mexicanas como guatemaltecas permanecen omisas ante las demandas de la comunidad de Laguna Larga.
Actualmente el asentamiento en la franja fronteriza está habitado por 350 personas. Sin embargo, existe el riesgo permanente de desalojo para casi 60 mil personas, la inmensa mayoría campesinos, quienes se encuentran en peligro de sufrir un desplazamiento forzado con el pretexto de la protección de las Áreas Naturales Protegidas en el Petén.
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“¿Por qué no nos quieren dar el retorno provisional?”, fue el principal cuestionamiento de los campesinos hacia el procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas y a Édgar Corzo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
“Queremos que Conap (Comisión Nacional de Áreas Protegidas) venga a dialogar con la comunidad”, fue otra de las exigencias solicitadas por los habitantes de Laguna Larga pues refieren que en ningún momento los funcionarios de dicha institución, responsable de la administración de las áreas protegidas, se han presentado con ellos para dialogar sobre las causas del desalojo y su posible retorno.
Ceder territorio
En la tienda que le sirve de refugio, Juana borda una manta mientras sus hijos juegan entre los postes y lonas que sostienen la estructura que les da protección. Al mismo tiempo una brigada médica revisa a los niños que meses atrás resintieron un brote de varicela y atiende a las mujeres embarazadas, pues su parto podría correr riesgo en las condiciones del campamento y la dificultad de traslado.
“No nos hacía falta nada. Todo teníamos. No comprábamos maíz, ni frijol y con las cosechas podíamos conseguir lo que no producíamos”, cuenta Juana para quien sus preocupaciones diarias pasan por obtener suficiente alimento y agua para su familia.
“Sembrábamos maíz, frijol, chigua que era lo que más nos dejaba y sobrevivíamos perfectamente bien, no teníamos ningún inconveniente. Para decirle que ni nos enfermábamos, no le pedíamos al gobierno ni medicamentos ni comida”, complementa Obdulia, quien ha visto como algunos miembros de su familia han abandonado el campamento debido a las dificultades en alimentación y en la salud.
La comunidad de la cual ambas mujeres fueron desalojadas se instaló desde los años ochentas a orillas de Laguna Larga, un depósito natural de agua ubicado en la zona de usos múltiples del Parque Nacional Laguna del Tigre. A pesar de que el gobierno de Guatemala la considera ilegal, la comunidad contaba con escuela oficial e incluso con la medición de su superficie calculada por el Conap.
“Sufrimos más de 19 años en la comunidad colaborando para obtener los documentos que Conap ahora no nos vale”, cuenta Obdulia con amargura sobre la intransigencia de la institución encargada de la protección de la naturaleza, quien hoy invalida su propia delimitación de 11,280 hectáreas pertenecientes a la comunidad de Laguna Larga.
Con la creación de la Reserva de la Biósfera Maya en 1989 las poblaciones campesinas del Petén pasaron a ser consideradas ilegales por el Estado de Guatemala. A partir de entonces los campesinos han sido objeto de una campaña de criminalización la cual los sitúa como los responsables de la devastación de la selva y para la primera década del siglo XXI los desalojos violentos han sucedido con mayor frecuencia.
De esa manera, desalojos violentos de comunidades como La Florida, El Picudo, El Vergelito y Cruce Santa Amelia, han ocurrido desde el año de 2007 y, particularmente entre 2009 y 2011, la intensidad y grado de la amenaza llevó a las comunidades a denunciar la evidente política de desplazamientos forzados de la población.
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“La causa de fondo es una situación de política pública del Estado guatemalteco de ceder territorios, ceder recursos con fines extractivistas a empresas privadas de EEUU, Alemania, Francia e Inglaterra, entre otros países”, cuenta Rubén Domínguez, abogado del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, quien acompaña el caso legal frente al desalojo de Laguna Larga.
Precariedad
A escasos días de cumplir 29 meses de su desplazamiento forzado, la comunidad de Laguna Larga continúa resistiendo pese a las condiciones de extrema precarización, lo cual ha impactado especialmente a los menores, ancianos y embarazadas, grupos entre los que se contabilizan ya ocho fallecidos.
De acuerdo a la brigada médica que asistió el 20 de octubre destaca la presencia de enfermedades cardio-respiratorias en por lo menos tres integrantes de cada tienda del campamento, por lo cual la atención médica y la necesidad de medicamentos son de considerable urgencia para atender a la población desplazada.
Otra de las necesidades más apremiantes es la la rehabilitación de un camino de terracería de tres kilómetros entre el campamento en la línea fronteriza y el ejido mexicano El Desengaño, el cual es intransitable y dificulta los traslados en casos de emergencia.
Dicho punto fue abordado desde junio pasado en una reunión con el presidente municipal de Candelaria, Campeche, Salvador Farías, quien se había comprometido a tener listo el camino en un plazo de 15 días. Cuatro meses después, la obra aún no se ha concretado.
Por si fuera poco, las familias desplazadas han reportado actividad militar cerca de su campamento. “El ejército pasa con frecuencia, armado, en el campamento, lo cual está prohibido. Hay drones y helicópteros que están sobrevolando el campamento. Estamos conscientes de lo que es capaz el Estado con sus fuerzas públicas de en algún momento hacerles algún daño, más de lo que ya les han hecho”, denuncia el abogado Domínguez.
“Es una vergüenza para el estado de Guatemala que a donde los niños estudiaban ahora la hallan agarrado como base militar”, reclamaron los habitantes de Laguna Larga al referirse a la actividad militar en el área.
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“El área fronteriza es patrullada constantemente por una fuerza combinada del Estado, entre ellos está el ejército, la policía, la división de protección a la naturaleza. Pero la justificación de estar en el área es por el crimen organizado, lo cual encuadra en una política de persecución y represión del Estado”, alerta Rubén Domínguez sobre la criminalización no solo contra Laguna Larga sino contra los campesinos del Petén.
“Nos niegan las tierras para trabajar, siendo nosotros campesinos y guatemaltecos con derecho. Ponen empresas extranjeras y mientras, a nosotros nos reprimen aquí. Somos los que trabajamos por nuestra propia cuenta. Ahora en este campamento está el sufrimiento y el dolor”,
REFIERE CONSTANTINO, UNO DE LOS ANCIANOS QUE HAN MANTENIDO EL ÍMPETU PARA RESISTIR EN EL CAMPAMENTO EN EXIGENCIA DEL RETORNO A SUS TIERRAS.
“Hemos estado constantes planteando soluciones para este tema y el estado nos ha hecho engaño tras engaño. Varias veces nos han prometido el retorno provisional, pero a la hora de la hora, no hay nada”, manifiesta Edgar Pérez, también abogado del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, ante la visita de los funcionarios de Guatemala y México.
“Al final no le están robando a nadie, el Estado nunca vino a dar un proyecto de desarrollo, ellos se buscaron su desarrollo y cuando ya lo tenían les pegan un machetazo y les cortan su proyecto de vida comunitario”, concluyó el abogado Pérez sobre la agresión del Estado de Guatemala no solo contra Laguna Larga, sino contra las poblaciones multiculturales del Petén, en su mayoría conformadas tras desplazamientos forzados previos.
