A pesar de las múltiples voces de denuncia frente al proceso de consulta indígena realizado en el sureste mexicano, el lunes 16 de diciembre, el gobierno federal presumió su ejecución como un “éxito” que muestra la aprobación del proyecto del Tren Maya.
El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y principal promotor del Tren Maya, Rogelio Jiménez Pons, ya anunció que los trabajos de licitación para la construcción del tren arrancarán durante la primera semana de enero en el tramo donde ya existen permisos de vía e ingeniería básica.
Autoridades se felicitan por consulta "exitosa"
En la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, se informó que en las 286 mesas de consulta ciudadana que se instalaron durante el 14 y 15 de diciembre, el 92.3% de los asistentes dijo estar de acuerdo con la construcción del tren; 7.4% la rechazó; y el 0.3% de los votos fue anulado.
Ante esas cifras, Jiménez Pons celebró el “amplio apoyo que tiene este proyecto”. Diana Álvarez, subsecretaria de Gobernación, señaló por su parte que no faltaron boletas y que previamente se había convocado a todo aquel interesado en dar su opinión a favor o en contra.
Por otro lado, Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y quien se encargó de la elaboración del protocolo de consulta, dijo que se trató de un ejercicio participativo que cumplió con los estándares internacionales.
Menos del 3% de participación en la consulta ciudadana
Sin embargo, según cifras de la Secretaría de Gobernación, en la votación sólo se contabilizaron 100 mil 940 boletas en 84 municipios cuyos padrones electorales suman más de tres millones de personas, lo que significa que en realidad sólo el 2,8% de la población afectada por la ruta del Tren Maya aprobó el proyecto, mientras el 97.2% de los afectados no dio su punto de vista sobre la obra.
Además, según documentó la revista mexicana Proceso.com.mx, en los municipios donde se podía votar, las autoridades habían pegado mantas promocionales en las que aparecían los beneficios del Tren Maya. Entre otras cosas, las mantas afirmaban que el proyecto generaría más de 400,000 empleos directos e indirectos, que el proyecto cuidará el medio ambiente y el patrimonio histórico de la región, y que llevará un “desarrollo equilibrado”.
No obstante, las comunidades no contaron con la información completa sobre los impactos ambientales y sociales derivados del megaproyecto, pues dichos datos aún no existen o no se han dado a conocer.
No toman en cuenta el rechazo de pueblos indígenas
Cabe señalar que esas cifras sólo toman en cuenta el “ejercicio participativo ciudadano”, dejando de lado la consulta a los pueblos indígenas que habitan la región.
En cuanto a dicha consulta indígena, Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), declaró que el 75% de las 1,400 comunidades indígenas que están ubicada en el trayecto del Tren Maya participaron en la consulta para avalar la construcción de la obra. Según el funcionario, en las asambleas hubo un consenso generalizado y unánime de apoyar la construcción e implementación del Tren Maya.
Sin embargo, según el proyecto de investigación “Producción de territorialidades y resistencia a los megaproyectos en la región maya”, el tren maya afectará a 1,828 comunidades y 163 núcleos ejidales por donde pasará la vía o donde se construirán las estaciones, “aunque realmente aún no sabemos la cifra exacta porque todavía es un proyecto”. La cifra utilizada por el gobierno según la cual son 1,400 las comunidades afectadas no parece corresponder a la magnitud del proyecto.
Además, esa información proporcionada por el gobierno ignora por completo el rechazo absoluto hacia el megaproyecto y del llamado proceso de consulta, el cual hicieron público decenas de comunidades indígenas a lo largo de los últimos meses.
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