El proceso de “consulta” para la realización del Tren Maya emprendido por el gobierno federal desde el 15 de Noviembre pasado está por concluir.
En realidad, son dos las “consultas” que pretenden realizarse de manera simultánea: una dirigida a ciudadanos en general por medio de un “ejercicio participativo ciudadano”, y otra a comunidades indígenas afectadas por el megaproyecto, los días 14 y 15 de Diciembre de 2019.
Para el “ejercicio participativo ciudadano”, la “Convocatoria del Proceso de Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio Participativo Ciudadano sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya” especifica que se instalarán Módulos de Participación Ciudadana en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El día 15 de diciembre, en un horario de 8:00 a 18:00 horas “se recibirá la participación de la ciudadanía a través de casillas y papeletas en la que expresarán su opinión”, precisa el documento.
En cuanto a la consulta indígena, ésta se llevará a cabo por medio de 15 Asambleas Regionales Consultivas en diferentes localidades. Según la convocatoria, para esas asambleas están convocadas “las autoridades e instituciones representativas de los municipios y las comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos indígenas Maya, Ch'ol, Tseltal, Tsotsil, y otros, de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ubicados en el área de influencia del ‘Proyecto de Desarrollo Tren Maya’”.
El texto también especifica que las 15 regiones indígenas en las que se realizarán las asambleas fueron configuradas “teniendo como base la información oficial disponible sobre municipios y localidades indígenas ubicados en el área de influencia del proyecto”.
Antes, se deben de haber realizado asambleas informativas, así como una etapa deliberativa en la que los representantes de las comunidades indígenas podrán haber llevado a cabo “asambleas o reuniones con sus integrantes a fin de reflexionar la información recibida y construir propuestas, sugerencias o planteamientos sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya”.
Según palabras del titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, tanto en la consulta ciudadana como en la consulta indígena, la única pregunta será “¿va el tren Maya, sí o no?”.
Por otro lado, el proyecto de investigación “Producción de territorialidades y resistencia a los megaproyectos en la región maya”, documenta que el tren maya afectará a 1828 comunidades y 163 núcleos ejidales por donde pasará la vía o donde se construirán las estaciones, “aunque realmente aún no sabemos la cifra exacta porque todavía es un proyecto”.
El proyecto
Según el documento “Ficha técnica del Tren Maya: Aspectos legislativos, ambientales, económicos y socio-culturales”, el proyecto contempla la puesta en marcha de un tren en un circuito de 1,525 kilómetros a lo largo de los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Se plantea la construcción de 17 estaciones en las localidades de Palenque, Tenosique, Escárcega, Campeche, Xpujil, Calakmul, Mérida, Maxcanú, Izamal, Chichén Itzá, Valladolid, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar. La ruta está dividida en tres tramos: 426 km en la selva, 653km en el Golfo y 446 km en el Caribe.
Según palabras de Rogelio Jiménez Pons, de esos 1525 km, más del 90% ya cuenta con derecho de vía.
El ferrocarril pretende transportar tres millones de turistas al año, usando locomotoras de biodiésel híbridas.
El proyecto es presentado por el gobierno federal como un plan “integral de ordenamiento territorial, infraestructura, crecimiento socioeconómico y turismo sostenible”, y que, se argumenta, tiene como principal objetivo “el bienestar social de los habitantes de la zona maya” con la conexión de “las principales ciudades y circuitos turísticos de la región para integrar territorios de gran riqueza natural y cultural al desarrollo turístico, ambiental y social en la región”.
Sin embargo, el discurso oficial omite difundir las consecuencias en la deforestación de la selva, la venta de tierras de propiedad social, el cambio de uso de suelo o la especulación inmobiliaria.
Como lo documenta la investigación “Producción de territorialidades y resistencia a los megaproyectos en la región maya”, la institución encargada del desarrollo del Tren Maya, Fonatur, es la institución que en el pasado ha impulsado la construcción de las zonas turísticas de Cancún, Huatulco, Loreto o Los Cabos. “Cabe señalar que, en todos los casos, la construcción de los Centros Integralmente Planeados generó graves conflictos agrarios, pues las tierras (mayoritariamente ejidales y comunales) fueron expropiadas de manera irregular, a veces a través del fraude y la especulación, otras con indemnizaciones muy bajas”, señala el documento sobre los estragos de la industria inmobiliaria y turística en la región.
La investigación también detalla que el proyecto del Tren Maya, además de las estaciones también “proyecta la creación de nuevos centros urbanos, los cuales, según Fonatur, podrían agregar hasta 50 mil habitantes a la región. Estas nuevas ciudades que dependerán del turismo, en lugar de traer un desarrollo de las comunidades y una mejoría en el bienestar social, pueden afectar el medioambiente y la cultura de las comunidades”, argumenta el documento.
Confiamos en la encuesta, dice titular de Fonatur
Durante su mensaje el primero de diciembre en el Zócalo por su primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que el futuro del proyecto del Tren Maya dependerá del resultado de la consulta.
Anteriormente, el mandatario ya había declarado que “si la gente dice no, hasta ahí llegamos; el pueblo manda”. Sin embargo, las declaraciones del titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, no parecen contemplar la posibilidad de un “no” al proyecto.
“No hay ninguna duda, estoy convencido de que ya medimos el agua a los tamales, como dijo el presidente. Lo que tenemos que hacer es patente ese apoyo, lo tenemos que ratificar, debe existir un ejercicio democrático, que el sureste se muestre solidario y unido en torno al proyecto”, aseguró el titular del Fonatur en entrevista con El Financiero.
De hecho, Pons ya anunció que el arranque de la primera etapa del Tren Maya comenzará en los primeros días de abril de 2020, en caso de que gane el “sí” a la consulta. “Espero que las obras empiecen en marzo, a más tardar en abril. Se ha retrasado muy poco el lanzamiento de estos procesos, podríamos decir que un mes”, dijo, también para El Financiero.
Además, el funcionario federal agregó que, aunque en el plan inicial estaba planteado presentar los estudios de impacto ambiental antes de realizar la consulta, se cambió el orden porque el gobierno necesita el respaldo de los pueblos indígenas para emprender la obra de infraestructura.
Eso significa que las consultas se llevarán a cabo sin tener información precisa sobre los riesgos que el proyecto implica para el medioambiente en las regiones en las que pretende ser desarrollado.
Por su lado, investigadores de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad Autónoma Metropolitana advierten que “con la construcción del Tren Maya, puede suceder lo que es común en muchas obras de ese tipo: la afectación de tierras de cultivo y la deforestación en zonas de reserva, así como de sitios arqueológicos donde la ruta del tren no puede ser desviada por razones técnicas”.
El gobierno financiará el 70% del Tren Maya, ya no el 10%
Otro anuncio de gran importancia por parte del titular de Fonatur es el cambio en el financiamiento para la construcción del tren: la propuesta inicial en donde el gobierno federal apenas tendría una participación de 10 por ciento en la inversión del proyecto ferroviario se transformó por completo, ya que ahora el gobierno federal pretende aportar el 70 por ciento de su costo para evitar adquirir deuda en los mercados financieros.
“Al presidente le preocupó mucho y me dijo: ‘podemos aumentar la participación del Estado para no dejar tanto dinero comprometido en deuda”, explicó el director general de Fonatur.
“Por ahora, el plan es que el gobierno participe entre un 60 y 70 por ciento y lo demás salga por sí solo”, agregó Jiménez Pons.
En días anteriores, el presidente señaló que el ferrocarril será financiado con los “ahorros” producto del combate a la corrupción y la política de austeridad de su gobierno. Cabe resaltar que, para este año, esos “ahorros” suman alrededor de 11 mil millones de pesos, apenas 7.5 por ciento de los recursos necesarios para concluir el proyecto ferroviario, según cálculos del periódico El Financiero.
916 millones de pesos en derechos de vía
Fonatur también anunció que invertirá más de 916 millones de pesos para la adquisición y acondicionamiento de 392 kilómetros de derecho de vía entre los municipios de Palenque, La Libertad y Emiliano Zapata, en Chiapas; Tenosique y Balancán en Tabasco, y Candelaria, Escárcega, Champotón y la zona urbana de Campeche en Campeche.
La institución gubernamental especificó que este año se hará un primer desembolso de 183 millones 271 mil pesos y el próximo año los restantes 733 millones 85 mil.
“Por medio del presente programa se realizará la liberación del derecho de vía, con la finalidad de llevar a cabo la construcción del Tren Maya, lo cual contribuirá al incremento de la competitividad regional y nacional”, indicó Fonatur al diario capitalino Milenio.
Comunidades declaran su rechazo absoluto al proceso de consulta
Por otro lado, comunidades indígenas de la Península de Yucatán publicaron un comunicado en el que declaran su rechazo absoluto al proyecto del tren.
“El megaproyecto Tren Maya como otros tantos estamos seguros que no nos traerán beneficios ni desarrollo regional, no está planeado para nosotros la gente común, es un proyecto turístico que sólo beneficiará a los pudientes y a los extranjeros; nosotros los dueños de las tierras sólo lo veremos pasar puesto que las estaciones no están contempladas en la mayoría de nuestros pueblos y sólo están considerados puntos de interés turístico que ya han sido copados por los grandes capitales; a nuestras comunidades sólo nos tocará cargar con la parte perniciosa del proyecto, esa situación ya la sufren las comunidades por donde circula el Tren Chepe y en su caso el desarrollo aún sigue pendiente, no queremos lo mismo para nosotros y nuestros hijos".
No estamos en contra del progreso, estamos en contra del beneficio de pocos en detrimento de muchos, ya no aceptamos espejos a cambio de nuestras tierras. Que se sepa desde hoy que rechazamos totalmente el megaproyecto Tren Maya”, afirma el comunicado firmado por numerosas colectividades, entre las cuales se encuentran el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C, Prodiversa A.C., la Red de Productores de Servicios Ambientales Ya’ax Sot’ Ot’ Yook’ol Kaab AC, el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Muuch Kambal A.C., el Consejo Indígena de Atasta-Francisca Heredia Córdoba, y el Movimiento de Resistencia Civil Candelaria Campeche.
En cuanto a la consulta, aclaran que rechazarán “cualquier resultado que la misma tenga ya sea a favor o en contra”.
“No es permisible que nadie, ninguna persona fuera de la Península de Yucatán pretenda decidir lo que se puede hacer o dejar de hacer en nuestros territorios, así como nosotros jamás intentaremos decidir lo que se hará con sus bienes, derechos y posesiones”, argumentan las comunidades indígenas.
Para los pueblos en resistencia, una verdadera consulta debe de ser “previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”, como lo estipulan tanto la legislación nacional como los tratados internacionales.
Sin embargo, denuncian que “nada de lo anterior se cumple, puesto que el megaproyecto Tren Maya a la fecha ya se inició y prueba de ello es que ya se tienen entre otras cosas presupuestos, licitaciones, trazos y hasta fecha de inicio y con nosotros nadie ha convenido absolutamente nada; la única información que tenemos es lo que los noticieros han transmitido y las filtraciones que nos han llegado, de manera oficial no hay autoridad alguna que se haya sentado a dialogar con nosotros a pesar de que la obra física pretenden asentarla en nuestro territorios; ni hablar de buena fe, esta no existe, todo se ha llevado a nuestras espaldas y para estar en condiciones de que sea culturalmente adecuada en primer término los quisiéramos que cualquier decisión que se pretenda tomar sea en presencia de nuestras representaciones y en nuestros territorios”.
En una conferencia de prensa realizada el día 11 de diciembre en la ciudad de Mérida, Yucatán, el representante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal también denunció la manera en la que se está llevando a cabo la llamada consulta. “Los procesos y los tiempos impuestos a las comunidades para formular su perspectiva han sido decididos desde el centro del país sin considerar las dinámicas de las comunidades mayas, los pueblos y los ejidos”, afirmó, y agregó “no somos sujetos de derecho como dicen”.
Señaló en particular que no se les ha proporcionado información real y clara hacia las comunidades, y mucho menos en Maya, “cuando el 80% de la población local es maya-hablante”. El representante de la Asamblea agregó que cuando ha sido usado el maya, lo ha sido “ni siquiera con una
traducción correcta”.
Por otro lado, denunció que los pueblos están siendo consultados “bajo violencia institucional”, en particular “en un clima de violencia, asesinatos de mujeres, además del desempleo, y la crisis”.
Declaró que por todas esas razones, el proyecto no es nada “intercultural”, como pretende ser, y que pone bajo amenaza no sólo los recursos naturales de la región sino “la reproducción cultural del pueblo maya”. “La consulta gubernamental sobre ese tren neoliberal es una estrategia para legitimar ese megaproyecto, para distraer y desviar la atención del pueblo maya en la exigencia de sus derechos. Nuestro derecho es la autonomía y la libre-determinación de los pueblos indígenas. Entonces es claro: no al engaño y a las decisiones tomadas a espaldas del territorio maya”, concluyó.
Experiencias previas de consultas ilegítimas
La manera en la que se está dando el proceso de consulta respeto al Tren Maya no es nada inédita: ya existen varias otras experiencias de consultas que violaron los derechos de las comunidades en las que se quieren experimentar a lo largo del país.
Un ejemplo es el caso de la consulta que se llevó a cabo con la comunidad indígena de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, durante el año 2015 con respecto al proyecto eólico de la empresa Eólicas del Sur. Integrantes del Pueblo Binnizá denunciaron el carácter ilegitimo de la consulta, en particular por no ser previa al desarrollo del proyecto.
“Los permisos y autorizaciones para la implementación del proyecto Eólicas del Sur se emitieron con anterioridad a la realización de la consulta o sin que este proceso estuviera concluido, lo que evidencia la violación clara al carácter previo de la consulta a la comunidad Zapoteca de Juchitán, así como una violación al derecho a la consulta en sentido general”, estableció Edmundo del Pozo, abogado de la organización Fundar.
Otro ejemplo es el de la consulta ciudadana que se realizó respecto al Proyecto Integral Morelos (PIM) al inicio de este año. Dos tribunales colegiados en materia administrativa dieron la razón a ocho comunidades de Puebla, Morelos y Tlaxcala quienes habían interpuesto una demanda contra el proceso de consulta.
Entre otras cosas, concluyeron que la consulta abrió la puerta a la continuación del proyecto, sin garantizar la participación efectiva de los pueblos en las medidas administrativas que puedan impactar su entorno o hábitat. También reconocieron que la metodología de la consulta no cumplió con los parámetros del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para dar a los interesados una adecuada participación.
12 municipios de Chiapas rechazan la "carretera de las culturas", obra asociada al Tren Maya
Además del rechazo abierto hacia el megaproyecto del Tren Maya, en Chiapas varias comunidades se están movilizando en contra de otro proyecto asociado conocido como “carretera de las culturas”.
Autoridades comunitarias de 12 municipios de población indígena entregaron el lunes 2 de diciembre una carta a las secretarías de Gobierno y de Obras Públicas del gobierno de Chiapas, donde manifiestan su rechazo a la construcción de dicha carretera, la cual impactaría 153 kilómetros de la actual vía que comunica San Cristóbal-Palenque.
En el escrito, las autoridades de Huixtán, Tenejapa, San Juan Cancúc, Oxchuc, Altamirano, Ocosingo, Chilón, Sitalá, Yajalón, Palenque, Salto de Agua y Ejido Candelaria de San Cristóbal de las Casas, denuncian que el pasado 29 de octubre, representantes del gobierno de Chiapas acudieron al municipio de San Juan Cancúc, para gestionar el “derecho de vía” que tienen que dar las personas que poseen terrenos en donde pasaría la obra.
Denuncian en particular haber recibido la amenaza de ya no recibir recursos de programas sociales en caso de negarse a entregar el derecho de vía.
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“Quien está financiando esta obra son empresarios que se han beneficiado explotando nuestro territorio y nuestra cultura con sus carreteras, sus hoteles, sus tiendas. A nosotros solo nos usan como imagen, pero en la práctica contaminan nuestra tierra con sus hoteles, donde solo nos contratan para las labores de limpieza y servicio; compran a precio bajo nuestra artesanía para revenderla. Nosotros no tenemos ningún beneficio significativo, ningún beneficio nos trae”, explicaron las autoridades reunidas en el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), quienes mantienen su rechazo a la construcción del proyecto carretero.
