Chiapas: Colectivos denuncian racismo y extorsión de autoridades migratorias

Más de 20 organizaciones de la sociedad civil denunciaron la falta de transparencia sobre los procedimientos de traslado y de regularización migratoria por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) en la frontera sur de Chiapas. 

A través del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano explicaron que esta situación genera confusión, tensión e incertidumbre entre la población en contexto de movilidad humana que buscan la regularización para continuar con la ruta migratoria por México.

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Tras la visita en Tapachula del presidente Andrés Manuel López Obrador, el centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova denunció las anomalías en las promesas de regularización para callar las protestas que hizo la población migrante. 

Desinformación y exclusión

“Hemos observado grupos de miles de personas migrantes en oficinas de regularización en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Comitán, a partir de indicaciones del INM para estos procedimientos”, señala el Colectivo acerca de las actividades para la entrega de códigos QR; para citas en otros estados donde tramitar la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) o la promesa de entrega de Formas Migratorias Múltiples (FMM) por parte de las autoridades migratorias.

No obstante, el Colectivo informa que existe desinformación y exclusión por motivos raciales, con un trato diferenciado y en consecuencia sigue el clima de extrema tensión entre las personas migrantes con necesidades de protección internacional. 

La incertidumbre y tensión generada por parte de las autoridades en las personas migrantes ha propiciado la venta de códigos QR y de TVRH, que son gratuitos. “Denunciamos la violación a derechos humanos de las personas migrantes a través de la venta de estos procedimientos”.

A través de un comunicado, las organizaciones exigieron un alto a las prácticas de perfilamiento racial por parte de las fuerzas de seguridad y el INM; además de atención equitativa, por parte de las autoridades migratorias, a las personas en contexto de movilidad humana.

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Las organizaciones pidieron claridad, eficacia y veracidad a las instancias gubernamentales para las personas migrantes; y transparencia en los procesos de traslado y regularización migratoria. “No a la criminalización de las personas migrantes, los conflictos y tensiones son resultado directo de las acciones de las autoridades”, señalaron. Asimismo, pidieron a Segob, INM y a la Guardia Nacional, respeto a la integridad física y emocional de todas las personas. 

Luego de una protesta en las oficinas del INM en Tapachula, estas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Mientras, autoridades de migración informaron que el resto de sus espacios siguen funcionando en las distintas ciudades de Chiapas. 

Conflictos y acuerdo

Las organizaciones nacionales e internacionales cuestionan el repetido discurso del gobierno federal y del propio INM de promover “una migración ordenada, segura y regular”.

Antes, durante y después de la última visita del presidente de México, la situación en Tapachula ha evidenciado la capacidad rebasada del INM. Aunque, desde 2018 la entrada masiva de centroamericanos comenzó a evidenciar las carencias en el Instituto, siendo el trato humanitario la más mencionada por organizaciones acompañantes de migrantes. 

En el 2019,  inició la contención a partir de un acuerdo entre México y  el gobierno de Donanld Trump. Las calles aledañas a la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula se convirtieron en pequeñas comunidades que albergaron a cientos de personas de África y Haití, principalmente.

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Mientras, originarios de Bangladesh, Honduras, El Salvador y Venezuela se refugiaban para no ser detenidos en los albergues y hoteles del centro de Tapachula. Tal como ahora, las protestas, motines en las estaciones migratorias y extensiones, eran casi diarios. 

También las deportaciones masivas, documentadas por los medios de comunicación y defensores de los derechos humanos.  Tal como sucedió en 2019, al sur poniente de la ciudad, en un motín al interior de las instalaciones de la Feria Mesoamericana, donde una mujer haitiana se asomaba desesperada por la rendija de un portón para pedir auxilio.  Por casi cuatro años, los defensores de derechos humanos y periodistas han documentado las constantes violaciones a los derechos humanos que continuaron en la pandemia por la Covid-19. Los activistas Irineo Mujica y Luis García Villagrán coinciden en la falta de voluntad de las autoridades para atender la crisis humanitaria.

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