sábado, noviembre 28, 2020
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Continúa ataques paramilitares en comunidades de Chiapas

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Foto especial de paramilitares 2018

Un ataque realizado por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Santa Martha, Chenalhó, Chiapas, provocó al menos dos heridos en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama, el pasado 4 de septiembre, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Los indígenas tsotsiles Juan Pérez Gutiérrez de 27 años y Mario Pérez Gutiérrez de 22 fueron agredidos con armas de fuego alrededor de las 10:45 horas, por disparos provenientes de un punto conocido como T’elemax, cerca de salón Santa Martha, Chenalhó.

También se reportaron disparos en Ch’ayomte’ Aldama, provenientes del punto conocido como Tijera Caridad, Chenalhó.

“Esta situación crea un ambiente de terror a la población de 13 comunidades ubicadas en los límites de Aldama y Chenalhó. Insistimos que con la contingencia nacional por el COVID- 19, aumenta el riesgo en el que se encuentran en su mayoría mujeres, niñas, niños y personas mayores en situación de alta vulnerabilidad”, alertó el Frayba.

El Centro de Derechos Humanos urgió al Estado mexicano a que fueran investigadas y sancionadas las agresiones. Además, que accionara medidas de precaución para evitar hechos difíciles de reparar como el derecho a la vida, seguridad e integridad personal y el escalamiento del desplazamiento forzado. 

Más de 45 años sin resolver el problema 

Los ataques orquestados por pobladores de Santa Martha y otros poblados del municipio de Chenalhó, en contra de las comunidades que conforman el municipio de Aldama, tienen su origen en una disputa territorial por 60 hectáreas en la colindancia común a los dos municipios, que existe desde al menos 45 años.

Entre el 14 y el 17 de agosto, el Frayba ya había reportado al menos 26 ataques con armas de alto calibre en contra de la población del municipio de Aldama por parte del mismo grupo paramilitar. Entre el 15 y el 17 de julio pasado, también se habían registrado 28 atentados. Desde marzo del 2018, suman más de 300 agresiones por el mismo grupo, hacia la misma población.

Pacto de no agresión y reuniones 

Para tratar de resolver el conflicto se llevó acabo un pacto de no agresión entre los municipios de Aldama y Chenalhó,  firmado el 31 de julio de 2020 con la participación, como testigo de honor, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. Sin embargo, el pacto empezó a ser violado a los pocos días de su firma. 

Ante los ataques de agosto, Encinas sostuvo el día 25 una nueva reunión en la que participó el presidente constitucional del municipio de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, y autoridades comunales, así como la titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Josefina Bravo Rangel; el procurador agrario, Luis Hernández Palacios Mirón; y el representante del gobierno del Estado de Chiapas, Leonel Reyes González.

“Los acuerdos que habíamos venido promoviendo para evitar la confrontación entre Aldama y Chenhaló fracasaron, es lamentable que tengamos este encuentro porque no prosperaron los pactos de no agresión”, dijo el subsecretario en aquella ocasión. 

“Tenemos que atender los dos aspectos centrales que son el agrario y el vinculado con la justicia, y que no exista impunidad en los hechos de violencia que se han suscitado tanto en Chenhaló como en Aldama”, expresó también.

Además, el titular mencionó que otro de los temas a resolver es la reparación del daño, que incluya tanto la indemnización de las familias, como “una reparación integral que contempla atención a problemáticas en materia de salud y acompañamiento psicológico”.

Contradicciones 

A pesar de los diversos escenarios de diálogo, la violencia no ha parado. Además, según indicó el Frayba, las autoridades municipales de Aldama denunciaron ante diferentes medios de comunicación que a pesar de los acuerdos firmados con los tres niveles de gobierno y de los ataques persistentes hacia comunidades de Almada, los agentes de seguridad pública se retiraron, dejándoles en estado de vulnerabilidad. 

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“El gobierno continúa dando mensajes contradictorios y de impunidad que alientan la violencia en Los Altos de Chiapas”, denunció también el centro de Derechos Humanos, después de explicar que los últimos ataques armados ocurren en el contexto de la firma de los Acuerdos de Solución Amistosa respecto al Caso 12.790, Manuel Santis Culebra y Otros entre el Estado mexicano y un grupo de sobrevivientes de la masacre de Acteal.  Hasta la fecha, Encinas no se ha pronunciado.

Contrainsurgencia

La violencia y la situación de desplazamiento forzado que enfrentan las comunidades tsotsiles de Aldama no son un hecho aislado, sino que se enmarcan en un contexto de contrainsurgencia generalizada contra comunidades organizadas, que opera desde hace décadas en el estado chiapaneco.

Como lo subrayó el escritor y médico Hermann Bellinghausen para la Jornada, “la inacción institucional ante la violencia reciente, en particular la iniciada este sábado presuntamente obedece a la intención de no agravar la situación, pero en los hechos deja indefensos a los desplazados, miembros de diversos partidos y bases zapatistas. No se trata de una disputa más entre comunidades campesinas, sino de la continuación disimulada de una guerra contrainsurgente iniciada durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Los atacantes poseen armas de alto calibre y explosivos, y son herederos directos de los paramilitares que en 1997 perpetraron la masacre de Acteal”.

Bellinghausen también asegura que muchos de estos paramilitares, “pagaron algo de cárcel, pero nunca fueron desarmados, y a lo largo de todos estos años han agredido en diversas ocasiones a miembros de Las Abejas de Acteal, bases de apoyo zapatistas y otros grupos políticos o religiosos de Aldama, Chalchihuitán y el propio Chenalhó. Se sabe que a aquellas armas se han añadido nuevas y poderosas”.

El pasado 22 Agosto, bases de apoyo zapatista también habían sufrido un ataque por parte de otro grupo paramilitar conocido como la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quien incendió las instalaciones del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoiris, que se encuentra ubicado en el sitio conocido como crucero de Cuxuljá, Municipio Autónomo Lucio Cabañas, dentro del municipio oficial de Ocosingo. 

Ante los hechos, la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal junto con más de 500 colectivos e individuos, emitieron un pronunciamiento en el que denunciaron que “esta nueva agresión forma parte de la intensificación de la guerra de desgaste en el estado de Chiapas, caracterizada por el incremento de la violencia de grupos paramilitares y del crimen organizado”.

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