En portada: Hilda Moreno busca a su hijo Jesús Esteban desparecido en un establecimiento público de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, el 6 de diciembre de 2023.
Ante un problema sistemático e imposible de ocultar, México requiere de verdadera ayuda internacional para frenar la crisis de desapariciones forzadas, coincidieron integrantes de la colectiva Madres Buscadoras de Chiapas luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU remitió el tema a la Asamblea General.
“Esperemos que sea para algo bueno ya que las autoridades mexicanas parecen no ver la crisis. Nosotras, desde la colectiva desde el año pasado (2025) pedimos a la ONU la intervención para que el Estado busque a nuestros desaparecidos”, dijo Liliana Pérez Gutiérrez, madre de Marvin y Luis Nanga Pérez, desaparecidos forzadamente el 24 de febrero de 2024 en Salvador Urbina, municipio de Chiapa de Corzo.
Esa madrugada hombres portando armas de alto poder con uniformes del Ejército mexicano, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad Pública ingresaron por la fuerza a las casa de Liliana y se llevaron a dos hijos con violencia y amenazas. “Vivíamos en una colonia rodeada de retenes. Si no es gente del Estado, ¿por qué tienen libre paso en retenes?”, cuestionó Liliana Pérez.
Te puede interesar - Violencia criminal, los estragos en las infancias y adolescentes de Chiapas
A Liliana, como a muchas familias, le indigna que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, niegue la participación del Estado. De acuerdo a la documentación de la colectiva Madres Buscadoras de Chiapas, en la mayoría de las desapariciones existe la participación de fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno. “Y el gobernador (de Chiapas) Eduardo Ramírez no se pronuncia, no nombra a las víctimas, pese a que la crisis ya es inocultable”, dijo.
La carpeta de investigación de los hijos de Liliana está estancada, no son tomadas en cuenta las líneas de investigación que ella ha sugerido para buscarlos, ni las peticiones de búsqueda basadas en las geolocalizaciones de los teléfonos móviles.
En situaciones similares se encuentran los demás casos de Madres Buscadoras de Chiapas, confirmó Hilda Moreno, madre de Jesús Esteban Mazariegos Moreno quien fue desaparecido forzadamente en un establecimiento público de la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, el 6 de diciembre de 2023.
Tras más de dos años de lucha, a Hilda Moreno solo le han autorizado una búsqueda de campo que se hizo a finales de 2025, en el predio El Cedro, localizado en el municipio de Venustiano Carranza, donde personal de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) se negó a cavar a profundidad, a pesar de que la llamada anónima que denunció el lugar señaló que se debía buscar a una profundidad de metro y medio.
“La presidenta y el gobernador (Eduardo Ramírez), es decir, los tres niveles de gobierno no aceptan las desapariciones, dicen que no existe nada de eso, que hay paz en México y que Chiapas está tranquilo. No es cierto y ellos conocen la realidad”, enfatizó Hilda Moreno, también integrante de Madres Buscadoras.
Para Hilda es urgente que el Estado acepte la responsabilidad y atienda la urgencia en la materia, “si no hay participación del Estado, entonces se entiende que están rebasados por el crimen organizado o ¿por qué no hacen algo para detenerlos? Se tiene que considerar también que no todas las familias denuncian por el temor y por esta complicidad del Estado, pero si lo hicieran, los números de desaparecidos se elevarían. Quieren tapar el sol con un dedo, pero es imposible”, señaló la madre de Jesús Esteban.
Las abogadas de la Colectiva Cereza que acompañan a los colectivos Madres Buscadoras de Chiapas, Corazones que Buscan y Los 7 de la Urban, consideran importante el respaldo técnico del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para fortalecer los equipos de identificación forense, entre otras necesidades. “Hay razones para que las organizaciones y colectivas de familiares hayan promovido esta acción en Naciones Unidas, pero, hay que decirlo, tiene un doble filo porque las Naciones Unidas es un compendio de Estados con muchos intereses políticos y económicos”, hizo hincapié Patricia Aracil, abogada de Colectiva Cereza en entrevista con Avispa Mídia.
México tiene una relación con el alto comisionado y en concreto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA) desde hace un par de años para la colaboración técnica y de asistencia en la materia. A partir de los recientes acuerdos de la UNPFA con la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejemplo, ahora los hallazgos de restos biológicos en Chiapas serán enviados al Instituto Nacional del Genoma en la Ciudad de México, pues la Fiscalía enviaba los hallazgos y datos biológicos a los laboratorios de genéticamente forense de la Guardia Nacional en Jalisco.
“Es una pérdida de tiempo impresionante, están saturados y no dan confianza porque pensamos que el crimen organizado está dentro de todos los de seguridad del Estado, de una o de otra manera, incluida la Guardia Nacional”. Por ello, aunque es de suma relevancia la parte técnica, “pensamos que lo más importante a combatir es la corrupción y la impunidad que tiene que ver con la participación de los cuerpos de seguridad del estado y de las fiscalías”, especificó Aracil.
Aquiescencia del Estado
En 2023, 27 víctimas directas e indirectas de desaparición en Chiapas, acompañadas por abogadas de la Colectiva Cereza, interpusieron un amparo colectivo ante un juez federal, que resolvió en 2024. El gobierno estatal promovió un recurso de revisión y a finales de 2025 se confirmó la sentencia a favor de las familias buscadoras, al reconocer que los casos constituyen desaparición forzada y un crimen de lesa humanidad.
“Es muy importante en el sentido de que existe la desaparición forzada. Es importante reconocer que son desapariciones forzadas cuando participan elementos de seguridad del Estado y de las fiscalías por acción directa, colaboración o por aquiescencia”, explicó Patricia Aracil.
El amparo 2023/2023 fue interpuesto, entre otros motivos, por la omisión de las fiscalías al no actuar con la debida diligencia en las carpetas de investigación; en algunos casos, estas se limitaron a registros de atención. “Por ello también hablamos de la aquiescencia del Estado, porque permite que la impunidad en cada una de las carpetas de investigación y los casos persista”, dijo Isabel Nigenda, también abogada de la organización.
En el citado amparo al igual se resolvió la instalación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas y se ordenó al Congreso del Estado y al gobierno de Chiapas emitir la convocatoria para la integración de un Consejo Ciudadano de Búsqueda. “Pero no hay voluntad para hacerlo y es inaudito”, coincidieron las abogadas.
En mayo de 2025, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura de Chiapas aprobó la creación de una comisión especial encargada y, desde entonces, se han registrado dilaciones, recesos y pretextos para la instalación del Consejo Ciudadano de Búsqueda, que debe integrarse por familiares de personas desaparecidas, personas expertas y representantes de organismos institucionales e internacionales.
“Generalmente las respuestas (del Congreso) son irrisorias y no vemos que haya una voluntad política por parte del gobernador para instalarlo. Este Consejo Ciudadano abonaría para la creación de políticas públicas de prevención, atención y sanción; también generaría lineamientos o pautas que pudieran mejorar la atención de las familias para encontrar a las personas desaparecidas”, explicó Nigenda.
La resolución del amparo enfatiza la coordinación entre instancias estatales y federales, incluidos cuerpos de seguridad, así como las comisiones estatal y nacional de atención a víctimas y de búsqueda. También ordena la inscripción de las víctimas indirectas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi). No obstante, las abogadas señalan que persisten muchos pendientes en la materia.
“La orden es no buscar”
En marzo de 2018, bajo la titularidad de Raciel López Salazar en la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) se anunció la creación de la Fiscalíapara la Investigación y Persecución de los delitos de Desaparición de personas y Desaparición cometida por Particulares.
“No hay una justificación, desde que se creó la fiscalía especializada en la materia, para que no realicen los actos de investigación como se deben y marca la ley en la materia. Tienen que actuar desde el primer momento de la desaparición de una persona, tienen que actuar de oficio”, señaló Patricia Aracil.
Las autoridades cuentan con formación, protocolos homologados y herramientas para realizar las búsquedas conforme a la ley; pese a ello, señalaron las abogadas, en algunas carpetas de investigación se omiten datos o se esgrimen pretextos para no indagar. Aclararon que, en primera instancia, la fiscalía tiene la obligación de solicitar los datos telefónicos y videograbaciones de las cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4, C5 y C6 para investigar de inmediato.
“Es muy importante y no se hace. Hay impedimento por parte de la fiscalía para solicitarlo y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) para proporcionar las videograbaciones o la información de los arcos magnéticos”, explicó Patricia Aracil.
Las abogadas reiteran que existe la tecnología y protocolo de investigación correspondiente pero no se realiza de forma inmediata. “Es muy grave. Están preparados, pero no hay voluntad y lo peor es que creemos que hay una instrucción de que no se investiguen los casos”. Otro ejemplo es que la Fiscalía sostiene que lleva años resolviendo casos y promoviendo la Unidad de Análisis de Contexto, pero se instalaron hasta que un juez federal lo ordenó tras el amparo que impulsó Colectiva Cereza.
“Es increíble ver cómo se tiene todo el aparato del Estado, los mecanismos existen como para no hacer el trabajo que corresponde. Tienen capacitación, protocolos homologados de búsqueda y de investigación, pero no son efectivas. Hasta ahora, son las madres las que realizan actos de investigación y de búsqueda”, precisó Ana Nigenda.
La Colectiva Cereza se ha percatado, además, que la Fiscalía de Chiapas divide a los colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos y disuade a las víctimas para no tomar la asistencia técnica jurídica, “la Fiscalía hace una gran trabajo en cuanto a la desestimación de lo que nosotros podamos realizar en las carpetas, crean desconfianza con las víctimas y buscan convencer de que no necesitan abogadas”, lamentó Patricia Aracil.
Ante este panorama, las abogadas recomiendan a las familias de personas desaparecidas no esperar 72 horas para hacer la denuncia ante la Fiscalía y en el caso de víctimas niñas, niños y adolescentes exigir que el caso se eleve de inmediato a carpeta de investigación para seguir los protocolos correspondientes. También pueden acudir a la Comisión Estatal de Búsqueda, “la movilización es importante y la obligación de las autoridades es actuar de inmediato”, insistieron.
En la actualidad, tanto las familias buscadoras como la Colectiva Cereza han identificado un patrón claro en las desapariciones en Chiapas: en el último año, las víctimas son principalmente adolescentes y jóvenes de entre 13 y 22 años. Los municipios identificados como foco rojo donde las desapariciones forzadas van en aumento son: Berriozábal, Chiapa de Corzo, Arriaga, Ocozocuautla, La Concordia y Frontera Comalapa, por mencionar algunos.
De manera reciente, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, sostuvo una reunión con algunos grupos de familias de personas desaparecidas en la Ciudad de México quienes alegaron que, en cinco minutos de conversación, no se puede exponer la realidad de las desapariciones en México, además de que la participación de las víctimas indirectas fue selectiva y reducida.
Las familias coincidieron que Volker Türk ha hablado del apoyo técnico sin mencionar la gravedad, la estimación real de la crisis ni la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas -que implica la intervención formal de la ONU al detectar indicios fundados de que la desaparición se practica de manera sistemática en un Estado parte-, por lo que esperan que en la Asamblea General sí haya resultados que favorezcan a la búsqueda de sus seres amados.
