La mañana de este lunes (3), representantes de la comunidad de Puente Madera, en el Istmo de Tehuantepec, reiteraron su exigencia para anular, debido a irregularidades, la asamblea mediante la cual se aprobó la instalación de un parque industrial en sus tierras de uso común en el monte Pitayal.
En conferencia de prensa, representantes de la Asamblea General de Puente Madera denunciaron la proliferación de paraísos industriales en México, lo cual se ha traducido en infiernos socioambientales para las poblaciones donde se imponen las actividades industriales. Como ejemplo mencionaron que solo en los dos corredores industriales más grandes del país - Toluca-Lerma, Edo. de México y Ocotlán-El Salto, Jalisco -, la población directamente expuesta a la contaminación ambiental llega a medio millón de personas.
Según los representantes de Puente Madera, el recorrido por estos infiernos socioambientales “nos da una muestra del futuro que nos espera si permitimos el proceso de industrialización que constituye el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, aseveraron ante la idea de desarrollo que en distintas regiones del país “representa la contaminación sistemática del aire, el agua y el suelo, aunada a procesos de urbanización salvaje y a la proliferación de basureros y espacios de disposición de desechos altamente tóxicos”.
El parque industrial previsto para Puente Madera forma parte de una serie de 10 localidades que integran el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, de los cuales cuatro se encuentran en Veracruz y seis en Oaxaca.
Industrialización
Los representantes de Puente Madera resaltaron el hecho de que el gobierno federal actual está impulsando el nuevo tratado económico T-MEC “en un contexto ambiental sin precedentes para el mundo, en el que los responsables directos de la degradación medioambiental son los que nos hablan de agendas verdes e industrias sustentables”.
Detallaron que el El Plan Maestro del Corredor Interoceánico requerira inicialmente más de 15 mil hectáreas de Suelo Industrial. “Estos Parques Industriales requerirán para el primer año de su funcionamiento, proyectado para el 2023, el uso de 207 mil litros diarios de agua limpia, además de la generación de 539 mil 729 litros de aguas residuales diarias, por cada empresa a instalarse; a lo que se le suma la producción de residuos industriales y no industriales proyectados en 2 millones de toneladas anuales; así como gas y electricidad”, contextualizaron.
De acuerdo a los comuneros, aún continúa en proceso el juicio de nulidad contra la asamblea del 14 de marzo del 2021, en la cual, mediante la falsificación de firmas, se consiguió la aprobación del parque industrial. No obstante, compartieron que, a pesar de la realización de dos audiencias, la última realizada el 6 de diciembre del 2021, las autoridades responsables no han comparecido ante los tribunales.
Mientras tanto los ataques contra su organización se mantienen. En el mismo mes de la audiencia y mediante comunicado, habitantes de El Pitayal denunciaron una campaña de hostigamiento y desprestigio contra los defensores de la comunidad indígena de Puente Madera y de la Villa del municipio de San Blas Atempa. Mediante redes sociales se realizan difamaciones y señalamientos “que ponen en riesgo la integridad de los defensores de El Pitayal”.
Estos hechos sucedieron, denuncian, después de que el 16 de diciembre, durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, un periodista realizó cuestionamientos al presidente sobre la instalación del Polo de Desarrollo en San Blas Atempa, lo cual afecta directamente las tierras de El Pitayal, espacio de recolección de leña, madera y pastoreo de campesinas y campesinos.
A su vez, los representantes de Puente Madera denunciaron a Antonino Morales Toledo y su organización “FUCO” de la violencia política ejercida durante su gestión como presidente municipal de San Blas Atempa, así como de cualquier agresión en contra de los habitantes de Puente Madera. También responsabilizaron a los tres niveles de gobierno por el clima de violencia y división en las comunidades y en la región.
Autoridades del estado brasileño de Amapá, fronterizo con Guyana Francesa y Surinam, multaron con 50 millones de reales (alrededor de 10 millones de dólares) a la empresa Mina Tucano, subsidiaria de la canadiense Great Panther, tras haber contaminado dos ríos con cianuro de mercurio, químico utilizado para la extracción de oro.
El derrame tóxico se registró a finales de noviembre de 2021 en el municipio de Pedra Branca do Amaparí, a 200 kilómetros de Macapá, ciudad capital, en la amazonia brasileña.
La población que depende de los ríos se quedó sin poder utilizar el agua, pasando a depender de donaciones del gobierno y de la empresa, que representa una de las minas de oro a cielo abierto más grandes de Brasil.
Great Panther negó que ocurriera cualquier derrame de sus presas o que hubiera causado cualquier daño a los ríos, animales y habitantes de la región.
Sin embargo, un comunicado del Gobierno de Amapá indicó que se detectó alta concentración de cianuro proveniente de un dique de desechos de la empresa, por lo que en los arroyos murieron gran cantidad de peces.
“Después de una colecta y un análisis minucioso se constató que los cuerpos hídricos de los arroyos Silvestre y Areia sufrieron intervenciones que resultaron en el daño ambiental con impacto negativo en medios físicos, bióticos y socioeconómicos, indicados por la pérdida significativa de fauna acuática”, expresó la secretaria de Medio Ambiente, Josiane Ferreira.
La funcionaria afirmó que hubo tres avisos de infracción separados: uno tras detectar que la empresa causó la muerte de peces y otros animales, por lo cual se le aplicó la multa de 45 millones de reales. El segundo aviso provocó una multa de 2 millones de reales por no cumplirse la solicitud de información de la Secretaría y no responder dentro del plazo.
El tercer aviso, con multa de 3 millones, está dado por el incumplimiento de una de las condiciones de la licencia, referente a accidentes en el área del proyecto y la obligatoriedad de informarlo de inmediato.
La empresa fue certificada por el gobierno del estado de Amapá con el sello de sustentable, en junio de 2020. Great Panther Mining Limited, con sede en Vancouver, Canadá, posee operaciones, además de Brasil, en México y Perú, con capital abierto en las bolsas de Toronto y Nueva York.
Antecedentes
La minera canadiense Great Panther posee antecedentes por provocar desastres ambientales en los tres países en los cuales opera, además de ser responsable por accidentes mortales de sus trabajadores.
Para citar algunos ejemplos, en 2015, la minera derramó mil 200 galones de residuos tóxicos en el río de Cata y en las inmediaciones del yacimiento El Rosario, en Guanajuato, México, de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En 2019, hubo dos muertes en menos de 10 días en su complejo minero de Coricancha, en Perú. En el mismo año, hubo otro accidente de dejó un trabajador muerto, además de heridos, en la mina subterránea San Ignacio, parte del Complejo de la Mina Guanajuato, en México.
En 2021, otro accidente en México dejó una persona muerta en la mina Topia, en el estado de Durango.
Además, en Brasil fue multada por causar daños a sitios arqueológicos en Pedra Branca do Amaparí, Amapá.
Conflicto
En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene registrado un total de 560 conflictos socioambientales de los que 173 son causados por actividad minera. La mayoría de estos conflictos están relacionados con despojos de tierras, violaciones laborales, asesinatos y afectaciones a los recursos naturales de las comunidades.
Entre las mineras canadienses con más conflictos está la empresa Great Panther Minning Limited, además de la Metallica Resources Inc, Minefinders Corporation, Blackfire Exploration, Torex Gold Resources Inc, Alamos Gold Inc, Almaden Minerals y First Majestic Silver Corp.
El Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ) informó, por medio de un comunicado, que el 27 de diciembre el grupo narco-paramilitar Los Ardillos incursionó en las comunidades de Xochitempa, Nuevo Amanecer y Xolotepec. “Este tipo de incursiones han dejado en otras ocasiones muertos, heridos y daños graves en nuestras comunidades”, sostuvo Cipog-EZ.
Por ello, las comunidades dieron aviso a la Guardia Nacional, “apelando al llamado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo al gobierno de Guerrero el pasado 11 de diciembre de 2021, a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, así como al comandante de la Guardia Nacional, de ‘realizar acciones pertinentes para garantizar la vida, integridad personal, patrimonio y seguridad individual y colectiva’ de las comunidades que integran al CIPOG-EZ”.
Frente al llamado a la Guardia Nacional, de acuerdo con el relato del Concejo, llegaron personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la policía estatal y municipal de Chilapa, y la fiscalía del estado de Guerrero.
Sin embargo, no detuvieron “la incursión de este grupo delincuencial”, sino que llegaron “para desarmar, golpear a cachazos y cachetadas a nuestra Policía Comunitaria, a compañeros y comandantes regionales en uno de los retenes que tenemos instalados en la comunidad de Xolotepec. Frente a la violencia de la Sedena y demás corporaciones, la comunidad, hombres y mujeres, les exigieron que se detuvieran y que si no ayudarían, mejor que se fueran”.
El Cipog-EZ informó además, en su comunicado, que el 28 de diciembre el secretario de gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, se comprometió, en asamblea con las comunidades, “a llamar la atención a la Sedena, para que se respete a la población”, así como a continuar con el diálogo el próximo 7 de enero con los 3 niveles de gobierno en la comunidad de Alcozacán.
El Concejo advierte,“nosotras y nosotros no nos negamos al diálogo, pues paz es lo que queremos, pero también sabemos que los malos gobiernos nos han burlado muchas veces, por lo que esta vez anunciamos que si ocurre nuevamente una acción semejante, detendremos al personal de la Sedena, como pueblos originarios y comunidades organizadas que somos”.
Y hace un llamado: “No queremos más violencia, ni de los grupos delincuenciales, ni del Estado, por lo que les exigimos a las autoridades que hagan su trabajo, que desarticulen a los grupos delincuenciales, que respeten y dejen de hostigar al pueblo”.
El 24 de noviembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó la primera concesión comunitaria para el uso del agua subterránea en México a 16 comunidades zapotecas, organizadas bajo la Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda). Durante 16 años, Copuda se ha organizado no sólo para recuperar sus acuíferos amenazados por la prolongada sequía en los Valles Centrales de Oaxaca, sino también para que el Estado respete su derecho de administrar su agua.
Un decreto presidencial de noviembre de 2021 levantó la veda impuesta en 1967, que prohibía el uso del agua del subsuelo de la que dependen las comunidades campesinas para cultivar las hortalizas que comercializan en toda la región.
El decreto establece la “Zona Reglamentada del Acuífero 2025 de Valles Centrales del Estado de Oaxaca” y reconoce, en su séptimo artículo, “su derecho a la libre determinación y autonomía, así como su derecho al territorio y en consecuencia a participar en la administración coordinada del acuífero”, con Conagua.
De igual manera, su octavo artículo sostiene que las comunidades indígenas ubicadas en el acuífero “tendrán derecho de contar con un título de concesión comunitaria y un reglamento comunitario”. Las comunidades ya están poniendo en práctica estos reglamentos comunitarios que establecen normas para la conservación y el uso del agua.
Los representantes de Copuda afirman que el siguiente paso supone un gran reto: deben llegar a acuerdos para coadministrar su agua con Conagua, una dependencia que históricamente no sólo ha eludido su responsabilidad de salvaguardar los acuíferos, sino que ha obstaculizado activamente el acceso de las comunidades al agua.
Esto no será nada fácil, sostienen los zapotecas. Pero los y las defensoras del agua creen que el decreto al menos ha empezado a cambiar las reglas del juego. “Por parte de ellos ya no nos pueden hacer la presión de que tenemos que sujetarnos a sus formas, sino realmente ellos deben adaptarse a las formas de administración colectiva. Ya entendieron que tenemos el derecho humano al agua.”
Las 16 comunidades zapotecas asentadas en la microrregión Xnizaa del Valle de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla son: San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol, Santa Ana Zegache, San Martín Tilcajete, San Pedro Apóstol, San Pedro Mártir, Asunción Ocotlán, San Jacinto Ocotlán, San Sebastián Ocotlán, La Barda Paso de Piedras, Tejas de Morelos, San Felipe Apóstol, San Matías Chilazoa, Maguey Largo, El Porvenir y San Isidro Zegache.
De humedales abundantes a campos muertos
Andrés Odilón Sánchez Gómez, uno de los fundadores de Copuda, recuerda que “nuestros abuelos nunca sufrieron de agua. Les tocó vivir una época de abundancia”.
En esa época de abundancia el ecosistema se caracterizaba por ciénagas y humedales que funcionaban como esponjas naturales, recibiendo con gratitud el agua de la lluvia y filtrándola lentamente hacia el suelo, recargando así los acuíferos. Los habitantes de San Antonino Castillo Velasco -comunidad zapoteca a unos 30 kilómetros al sur de la capital oaxaqueña y el pueblo natal de Andrés- utilizaban estos humedales para los cultivos de temporal, lo que les permitía sembrar milpa dos veces al año. En las cabeceras de los terrenos el agua se acumulaba en zanjas que se convertían en el hogar de una diversidad de ranas, tortugas, peces de colores y hasta cangrejos, recuerdan Andrés y sus compañeros de Copuda.
Los campesinos narran la historia no tan lejana de este territorio frente a un campo de girasoles, cuyas cabezas negras nos miran como si ellos también tuvieran recuerdos entrañables de la “época de los abuelos”, o al menos un vivo interés por estos relatos de sus suelos. Sigo su línea de vista hacia el cielo. Es la primera tarde nublada en medio de un diciembre demasiado caluroso y no necesito un sombrero para contemplar una amplia vista del valle abierto entre laderas.
A un lado del camino, hay campos de flores y hortalizas como cebolla, col, lechuga, tomate, miltomate, jícama, betabel y chiles, que la mayoría de la población comercializa para ganarse la vida. Hay agua suficiente para alimentar estos cultivos gracias a más de una década de trabajos de construcción de pozos de absorción para recargar los acuíferos.
Aún así, no hay ranas ni peces, y mucho menos tortugas y cangrejos, y la vista al otro lado de la carretera está dominada por tierra seca y dura, donde los pozos de absorción no se han excavado lo suficientemente profundo como para tener un impacto significativo en la capa freática. “Tuvimos un gran logro, pero todavía nos queda muchísimo por hacer”, enfatiza Andrés.
El productor de tomates y rosas ve esta gran labor como una continuación de la realizada por sus antepasados, cuyas costumbres sostenían una relación de cuidado mutuo con el agua. En ese entonces cada casa de San Antonino tenía un pozo, del que se sacaba el agua con un mecate y un cántaro de barro, mismo que se utilizaba para regar los cultivos. En todos los predios era fácil encontrar agua a menos de ocho metros de profundidad.
Cuando un padre regalaba un predio a su hijo, lo primero que hacían era construir un pozo juntos, a mano, a lo largo de un día. Los pozos se construían con un anillo de carizo, parecido a los canastos que usaban para cargar pan y verduras. “Esto se metía en la parte del agua para que no se llenara el pozo de tierra. Y así vivieron los abuelos con estos pozos de canasto. Ya al año este canasto se podría, lo descomponía el agua, pues se metía uno a sacar todo el sedimento y se le metía un canasto nuevo. Eso era el trabajo que había para darle mantenimiento”.
Este trabajo permitió a las abuelas y abuelos tener acceso a agua abundante para el riego, el consumo y el uso diario. Su suministro era tan generoso que nunca hubieran imaginado que a sus nietas y nietos les faltara el vital líquido.
Entre sequía y la obstrucción de Conagua, nace la Copuda
Los primeros cambios notables se hicieron sentir en la década de 1990, cuando la sequía comenzó a recorrer la región de los Valles Centrales.
Las causas de la sequía fueron múltiples y entrelazadas. El uso de bombas de gasolina y luego eléctricas facilitó la explotación desmedida de las aguas subterráneas. La deforestación incontrolada disminuyó aún más la capa freática. Y las obras del gobierno terminaron de aniquilar los ecosistemas naturales de los humedales.
En San Antonino, el gobierno, a petición de la población, construyó un canal de drenaje de aguas pluviales para evitar las inundaciones. Los campesinos dicen que ni siquiera los ingenieros encargados del proyecto se dieron cuenta de que el ensanchamiento del río se llevaría toda su agua, cortando la línea de vida de los humedales.
Los fundadores de Copuda, chamacos en aquella época, sólo recuerdan a un anciano que dio la voz de alarma, y cuya voz aún les resuena décadas después, un recordatorio de prestar atención a la sabiduría de la práctica ancestral. El vecino mayor dijo: “No hombre, ¿qué están haciendo?”....Están mal de la cabeza ustedes....van a secar el pueblo”. Y esto es precisamente lo que pasó.
“Aquí en Valles Centrales se acabó el agua de nuestros pozos norias que ocupamos para regar nuestras hortalizas. La escasez se vino y se acabó el agua”, cuenta Juan Justino Martínez González, el representante común de Copuda.
Sin agua no hay campo, y sin agua y campo no hay vida. Así que los campesinos desesperados de San Antonino cavaron pozos cada vez más profundos. “Llegamos a una profundidad de más de 30 metros...y le paramos porque chocamos ya con piedra. Hay una plancha de pura roca abajo y no se podía”, dice Juan Justino.
Al mismo tiempo que la población se preguntaba cómo sostener sus campos y familias, Conagua comenzó a endurecer su política hídrica en la región.
A finales del siglo 20, el organismo prácticamente obligó a los campesinos a obtener concesiones individuales para sus pozos. A principios del siglo 21, en el punto más álgido de la sequía, Conagua envió cartas a los concesionarios exigiendo que pagaran un excedente en el uso del agua. El organismo argumentó que el aumento del consumo de energía eléctrica, debido al uso continuo de bombas para acceder al agua escasa, indicaba que los agricultores también habían utilizado un excedente de agua. “Cosa que no fue cierta”, insiste Andrés, cofundador de Copuda, ya que prácticamente no había agua.
Mientras Conagua no hacía nada para garantizar el acceso al agua a la población, los campesinos se reunían para ver cómo salvar sus medios de vida. Andrés recuerda: “Nos reuníamos así en el campo. A la hora de sentarse en la sombra [nos preguntábamos]: ¿qué vamos a hacer? Veíamos todos nuestros campos secos. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos?”
Su primer “chiripazo” se inspiró en el exceso de agua que inundaba sus calles cada temporada de lluvias. Se preguntaron: ¿Cómo podemos aprovechar toda esa agua que se desperdicia? ¿Qué pasaría si pudiéramos llevar esta agua a nuestros pozos secos? Decidieron excavar pequeños canales que dirigieran el agua de lluvia a los pozos abandonados. “Fue la necesidad y el hambre que los llevó a ir explorando, descubriendo y probando”, cuenta Andrés.
En 2007, estos pozos piloto habían dado sus primeros frutos: no sólo volvían a tener agua, sino que podían aguantar todo un medio día de riego.
Para 2008 el Ayuntamiento, a cargo de Juan Justino, apoyó la construcción de 66 pozos y 2 grandes retenes, con un costo de 2 millones 20 mil pesos.
Para 2010, los sembradores de agua de San Antonino habían recuperado sus pozos, y desde entonces han permanecido atentos para evitar que el nivel freático baje.
El desafío de la coadministración
Después de casi dos décadas de recuperar sus acuíferos gracias a la organización comunitaria de base y sin ayuda del gobierno, los representantes de Copuda ven oportunidades y retos en esta nueva etapa de coadministración con la Comisión Nacional del Agua.
Por un lado, los zapotecas apuestan por forzar a la dependencia a que por fin comience a cumplir con su obligación de salvaguardar el agua, en este caso reforzando el trabajo existente de Copuda mediante asistencia financiera, técnica y de infraestructura.
En particular, Copuda espera lograr un mayor conocimiento del estado actual de su acuífero al exigir que Conagua realice estudios actualizados del mismo. Esperan lograr un mayor ahorro de agua al procurar el apoyo del organismo para la construcción y mantenimiento de obras hidráulicas, así como para la tecnificación del riego en sus comunidades. Y esperan lograr una mayor participación, sobre todo de la gente que aún no quiere incorporarse a la concesión o labor colectiva, mediante la regulación de los usuarios por parte de Conagua.
Por otro lado, tienen serias dudas sobre la participación del organismo gubernamental en la administración del agua en sus comunidades.
En los últimos 6 años han lidiado directamente con la obstrucción de Conagua durante un proceso de consulta para revisar la veda de 1967. Actualmente la consulta, que fue ordenada por la primera Sala Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en 2013, se encuentra en su quinta fase, de ejecución y seguimiento de los acuerdos, en la que se busca definir los términos de la coadministración.
Incluso en esta fase final, se arrastra la misma “pelea dura en que estamos hasta ahorita con Conagua”, asegura Juan Justino. “Porque Conagua todavía quiere ser el jefe del agua y nosotros no. [Aún] con este nuevo decreto que ya nos lo ganamos, ahorita Conagua todavía no quiere soltar el hueso. Ya tuvimos una reunión con ellos y todavía mencionan las concesiones [individuales], cuando nosotros ya no queremos [estas] concesiones”.
Por lo pronto, el representante se muestra esperanzado pero realista. “Si Conagua no comparte el trabajo, sabes que, mejor hazte a un lado y dejanos a nosotros”, concluye.
Elías Santiago, otro cofundador de Copuda, coincide: “Si Conagua cumple lo que se ha firmado y nosotros cumplimos con lo que firmamos...yo creo que va a caminar bien. Pero si Conagua no cumple entonces ahí va a ser lo duro.Porque Conagua siempre pone obstáculos en todos las mesas de diálogo que hemos tenido”.
Concluye Santiago que el decreto “trae su buena y su mala”, ya que “nos da derecho a administrar nuestra agua, que es nuestra de por si, no es de una instancia de gobierno. Lo que queremos es que nos respeten y que nos dejen trabajar a gusto, porque el agua nosotros la sabemos cuidar”. En ese sentido, lo más “importante es tener una concesión colectiva, para que así cualquier cosa que pase y Conagua quiere restringirnos, pues ya no va a pelear con uno solo, va a pelear con la comunidad”, entera.
En definitiva, si bien la Copuda espera finalmente obligar a Conagua a cumplir con su labor protegiendo el agua, el objetivo sigue siendo el mismo que ha motivado generación tras generación en el acuífero Xnizaa: fortalecer la organización comunitaria desde abajo para vivir en armonía con su territorio.
“A partir del decreto yo siento que va a haber una unificación más amplia dentro de cada comunidad y dentro de todas las comunidades”, opina Andrés. “Lo que se siente primero es una tranquilidad para toda la comunidad, para toda la zona, y más allá de nuestra zona, de las comunidades que no están organizadas, porque ya vieron que realmente sí es posible que las comunidades administren el agua”.
Su voz, suave y a la vez firme, continúa: “La misma naturaleza nos va pidiendo a gritos que algo tenemos que hacer para que tengamos agua….Entonces el reto que tenemos ahorita es reforzar la organización y hacer más obras de captación. Si tenemos cien hay que llegar a mil, si tenemos mil hay que llegar a cien mil. Entre más captemos agua más riqueza vamos a tener en toda nuestra zona”.
Estos sembradores de agua insisten en que en todos los Valles Centrales y más allá, “esta es la tarea de todos los campesinos, trabajar para tener agua”.
Pueblos originarios del estado de Acre marchan para rechazar la imposición de proyectos de conservación. Abril, 2012
En medio a una crisis económica y a la pandemia de Covid-19, se intensifican las políticas y los discursos que diseminan la urgencia de la implementación de una “recuperación verde”, cuyas políticas y programas proponen, al mismo tiempo, combatir el cambio climático y reactivar las economías globales.
Una muestra es la aprobación en junio de 2020 del “Pacto Verde” de la Unión Europea, el cual plantea la reducción de 55% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2030 y alcanzar la “neutralidad climática” en 2050. Para ello, el pacto propone que las emisiones GEI puedan ser compensadas mediante recursos naturales: bosques, suelos, océanos y ecosistemas.
Contrario a los discursos de gobiernos, empresas e instituciones financieras, una extensa investigación busca entender estas políticas y propuestas “verdes”, cuya promoción “se inserta en el contexto de nuevas formulaciones coloniales que, en nombre del clima y utilizando la métrica del carbono, han estado subyugando tierras, poblaciones y soberanías sobre los recursos naturales”.
Así lo analiza el Grupo Carta de Belém (GCB) mediante la publicación Brasil en la recuperación verde: integrar para entregar, reflexión colectiva que proviene de la demanda desde los territorios y organizaciones para analizar las múltiples iniciativas “verdes” que colocan a los bienes comunes naturales en un papel central de la discusión.
Durante la presentación del libro, Larissa Packer, integrante de la organización GRAIN, así como del GCB, explicó que “el grupo se posiciona críticamente sobre la inserción de los bosques y los recursos naturales como activos financieros, para la circulación de nuevas propiedades, nuevas mercancías que se van integrando a cadenas globales de valor”. Esto en referencia a la historia de una década del GCB, quien ha criticado las propuestas de mercado para el combate al cambio climático, tales como la estrategia REDD que insertó a los bosques como mercancías.
“Eso significa una presión enorme sobre todo a países megadiversos, territorios que tienen bosques en pie que pasarían a ser vistos como una función ecosistémica, de metabolismo, de equilibrio de las cualidades ambientales, pero también como un servicio para las compensaciones de emisiones GEI de países del norte global”, enfatizó Packer en referencia a lo que llamó capitalismo verde.
Privatización
La publicación del GCB destaca el papel clave de Brasil en la financiarización ambiental global.
“El Estado brasileño no será el protagonista del desarrollo sustentable de la Amazonía. Este papel está reservado a los empresarios amazónicos y a sus socios nacionales e internacionales, dispuestos a invertir con seguridad en busca de ingresos y sostenibilidad”, escribió el General Hamilton Mourão, vicepresidente de Brasil, en artículo donde se promueve una agenda empresarial y de políticas públicas para la bioeconomía, “un modelo de desarrollo económico y social para la región amazónica que ofrezca simultáneamente la protección y preservación de la selva y su biodiversidad con la generación de empleo e ingresos y servicios públicos esenciales de calidad”.
Para Camila Moreno, doctora en sociología por la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro e integrante del GCB, cabe destacar en este proceso el debilitamiento de las instituciones de protección ambiental en Brasil y el aumento en la degradación ambiental de ecosistemas como la Amazonía y el Pantanal, así como la violación de los derechos socioambientales y de poblaciones en territorios indígenas.
“Lo que queremos resaltar es sobre la reconstrucción que fue hecha, un proceso de construcción de ecosistema institucional, de narrativas, de actores y alianzas que crearon las bases para una gobernanza territorial privada en Brasil”, señaló Moreno durante la presentación del libro.
Como ejemplo tenemos programas como “Adopte un Parque”, implementado en Brasil este año, que ya están en curso para incluir millones de hectáreas de Unidades de Conservación a la gestión privada y empresarial, bajo la legitimidad del combate a la crisis climática.
Este proceso, según la investigadora, viene acompañado del avance de la agenda ESG (por sus siglas en inglés, referentes de gobernanza social y ecológica) de las corporaciones y del sector privado, en un intento de reformación del capitalismo, hacia uno más “inclusivo”.
No obstante, a pesar de las autoridades manejar este discurso como novedoso, Moreno apunta a que es un reciclaje del paquete de economía verde implementado desde hace más de 10 años, “y que hemos criticado junto a movimientos sociales, no solo en Brasil, sino en América Latina y alrededor del mundo”.
Para Moreno, el proceso en curso en Brasil, iniciado desde 2016, se trata de una privatización a larga escala de toda la infraestructura nacional que va desde los bosques, parques, carreteras, puertos, hospitales, servicios de comunicación, entre otros, por lo cual hizo un llamado a las organizaciones aliadas para pensar fuera de esta tendencia promovida por el ambientalismo de mercado, el cual años múltiples organizaciones y comunidades alrededor del planeta han criticado y combatido durante más de una década.
A continuación presentamos un fotoreportaje que registró la situación de miles de migrantes haitianos, quienes atrapados durante los primeros días de diciembre en Tapachula, esperaron ante la promesa de las autoridades migratorias para conseguir trasladarse hacia otros puntos del país. Aún cuando la información oficial habla de miles reubicados, las autoridades desalojaron el campamento improvisado y aún no se tienen informaciones claras de hacia dónde partieron los migrantes y del número que aún permanecen en la ciudad fronteriza.
Algunos llevan años desde que emprendieron su marcha, ya no por el sueño americano, sino por mejores condiciones de vida. El destino es incierto. Las posibilidades reales se desvanecen en cada frontera y con cada declaración de algún político que jamás ha conocido en carne propia lo que significa la migración eterna, lo que significa dormir bajo un puente, en la intemperie, quedarse sin comida y sin dinero.
“Vengo de Chile, tengo cinco meses en camino. Gracias a Dios llegue acá y llevo dos semanas durmiendo acá (en Tapachula Chiapas)”, dice un migrante proveniente de Haití, quien se ha presentando como Reynol.
Foto: Santiago Navarro F.
Después del terremoto, suscitado en el año 2010 en Haití, miles de haitianos, al igual que Reynol, salieron de su país. Primero viajaban en autobús desde la capital, Puerto Príncipe, hasta Santo Domingo. Después compraban un pasaje de avión con destino hacia Panamá. Así continuaban, en avión o en autobús hasta Quito, Ecuador, pero la gran mayoría terminó en Brasil, cuando la economía pintaba bien con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, mejor conocido como Lula.
Foto: Santiago Navarro F.
Con la llegada de Jair Messias Bolsonaro al gobierno de Brasil, el éxodo tomó otros rumbos, sobre todo, comenzaron a viajar a otros países de Latinoamérica, el objetivo era llegar a Estado Unidos.
Por años o meses trabajaron y vivieron en Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y otros países. A finales de este año 2021, quienes decidieron continuar su viaje, se estancaron en Tapachula, Chiapas.
En territorio mexicano el éxodo migratorio fue recibido por la Guardia Nacional de forma represiva.
Después del uso de la fuerza y las denuncias de la sociedad civil, el gobierno mexicano tomó medidas menos duras con los migrantes atrapados en Tapachula. Implementó, en noviembre pasado, el programa de documentación y traslados en autobuses hacia 15 estados de la república mexicana. La movilidad ha sido gradual, mientras, las condiciones de vida, de quienes esperan, es cada vez más degradante.
Foto: Santiago Navarro F.
Reynol llegó en los primeros días de diciembre y ya llevaba dos semanas durmiendo bajo una sombra improvisada que, a duras penas, les cubría del sol intenso por el día y, por la noche, servía como cobijo para aligerar el frío. “Ya no tengo dinero y tampoco comida. Aquí la gente se está enfermando. Algunos no tienen dinero ni para bañarse”, cuenta el migrante.
Foto: Santiago Navarro F.
Reynol, junto a otros 3,000 migrantes, aguadraba en el Estadio Olímpico de Tapachula, desde dónde les habían indicado que serían trasladados a otros estados como parte del programa para reubicarlos y para que se pudiera regularizar su situación migratoria en el país. Durante días no vieron ningún autobús ni agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
Fue el día 10 de diciembre, a primeras horas de la mañana, cuando elementos de la Guardia Nacional (GN) ejecutaron, junto a policías estatales y locales, un operativo para desalojar a los migrantes que permanecían en la explanada del recinto deportivo, en filas que ellos mismos habían organizado.
En este operativo también ocuparon maquinaria pesada para desarmar los campamentos, levantar la basura y las vallas metálicas que usaron los migrantes para delimitar las filas y que, a su vez, sirvieron como techo. Reynol y, los que pudieron, se reorganizaron a la orilla de la carretera conocida como el libramiento en espera de camiones de parte del INM. No supimos más de él.
Foto: Santiago Navarro F.
El programa de transporte hacia otros estados del país para continuar con la regularización migratoria fue suspendido el 22 de diciembre y, de acuerdo con el INM, en un operativo conjunto con la Guardia Nacional (GN) y la policía municipal, “los últimos mil migrantes haitianos” fueron traslados en 25 autobuses que aún esperaban en Tapachula, ciudad conocida como la “gran cárcel migratoria”. De acuerdo con el INM, trasladaron más de 20 mil migrantes a diversos estados de México.
Foto: Santiago Navarro F.
“Para nosotros no existe la navidad. No hay como celebrar en estas condiciones. Estamos separados de nuestros familiares, de nuestro país. Sin dinero, sin casa y sin comida ¿tú como celebrarías?”, cuestiona Reynol.
Se desconoce la cifra oficial de migrantes que aún se encuentran en Tapachula. Mientras tanto, se aglomeran buscando trabajo, como se suscitó en las afueras de las antiguas instalaciones de Pemex, donde se ubican las oficinas del programa de emergencia social en espera de ser llamados para ser contratados en días posteriores. Otros más venden cosas e intentan sobrevivir de diversas formas.
Fotos: Santiago Navarro F.
Entre los meses de enero a noviembre de este año 2021, el Gobierno de México detuvo a más de un cuarto de millón de migrantes. Según los registros de Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación, se detuvieron a 252 mil 526 migrantes, 108 mil 448 provenían de Honduras, 18 mil 235 eran haitianos; así como otros 2,035 migrantes provenientes de Brasil y 2,246 de Chile.
Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), advirtió que el aumento de las detenciones no hubiera sido posible sin el involucramiento de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina.
Las medidas que ha tomado el Estado mexicano han sido encaminadas de acuerdo con la Declaración Conjunta entre México-Estados Unidos, firmada el 7 de junio del 2019, mediante la cual el gobierno de México se comprometió a combatir el tráfico de personas y desplegar a su Guardia Nacional en sus fronteras.
Foto: Santiago Navarro F.
También, el gobierno mexicano se comprometió con los Estados Unidos para implementar y ampliar los llamados Protocolos de Protección de Migrantes, conocidos como MPP. “Desde la firma de la Declaración Conjunta en junio (2019), hemos visto una reducción de casi el 60 por ciento en el número de inmigrantes ilegales que llegan a la frontera sur de los EE. UU”, según el testimonio del embajador Michael Kozak, registrado en el documento desclasificado Estados Unidos, Política en México y Centroamérica: garantizar políticas efectivas para abordar la crisis en la frontera, del 25 de septiembre de 2019.
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Por su parte, el Departamento de Estado de los EE. UU., a través de su secretario Antony J. Blinken, anunció el 18 de diciembre, considerado como el Día Internacional del Migrante, que trabajan con diversos gobiernos para “mejorar la cooperación y la gestión de la migración. Para proteger a los migrantes en situaciones de vulnerabilidad”.
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“Para los gobiernos nos hemos convertido en una moneda de cambio. No les interesamos, somos un estorbo. Pero cuando requieren mano de obra es cuando quieren más migrantes. Pero el planeta esta en crisis y entonces nos rechazan”, arremete Reynol.
