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Oaxaca: Juez decidirá el destino de una profesora mazateca con cinco órdenes de captura

Foto de portada: Santiago Navarro F

La comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, México, se presentó en la mañana del martes (24) ante el Juzgado Mixto de la ciudad de Huautla de Jiménez para acompañar a la profesora Olga Maribel Betanzos Fuentes, una de las ocho mujeres mazatecas que, desde el 31 de marzo, tiene diversas órdenes de aprehensión en su contra. 

Además de las órdenes contra las ocho mujeres, fueron emitidas también contra otros 48 mazatecos, totalizando más de 200 órdenes de captura. Varios de ellos ya habían sido detenidos hace más de 10 años por delitos que prescribieron o que no se pudieron fundamentar.

Olga Maribel tiene cinco órdenes de aprehensión por los delitos de robo e incendio que presuntamente fueron realizados el 14 de diciembre de 2014, cuando la asamblea comunitaria, que elegía por usos y costumbres su autoridad, fue balaceada por un grupo de hombres que, según los comunitarios que vivieron los hechos, hacen parte del grupo “neocaciquil” de la familia Zepeda, con intereses partidistas. A partir de entonces se inició un proceso de persecución política y jurídica contra estos mazatecos que defienden los usos y costumbres, sistema con el que eligen a sus autoridades.

La primera misión de observación realizada el pasado fin de semana, en Eloxochitlán de Flores Magón, registró las consecuencias de más de una década de persecución

La presentación de la profesora Maribel al juzgado tiene el objetivo de iniciar su proceso. “Este primer acto de presentación es importante para activar el proceso. Pedimos que el juez Constantino Santiago Agustín determine la situación jurídica de la profesora Olga Maribel. El juez tendrá 72 horas para determinar la situación de la profesora. Puede dictaminar auto de libertad, como lo esperamos, con base en que los delitos están prescritos y que, además, no existen pruebas que demuestren la responsabilidad de la profesora Maribel. Y, en un caso extremo, podría determinar auto de formal prisión”, explica para Avispa Mídia, la abogada mazateca Argelia Betanzos.

Las 72 horas empiezan a contar, explica la abogada, a partir del 8 de julio cuando la profesora Olga Maribel tendrá que presentarse nuevamente al juzgado para su declaración. “El juez de Huautla tiene que reconocer que ya se reconoció siete veces – en casos anteriores - a nivel federal e, incluso, en el Tribunal de Oaxaca que los delitos [de los cuales también se acusan decenas de otros mazatecos] no existen o están prescriptos”, sostiene la abogada. 

La mazateca explica que la acción de presentarse ante al juez local de Huautla de Jiménez, donde se emitieron las órdenes de captura, se debe a un amparo que fue ganado a nivel federal, el 19 de junio, otorgado por el juez quinto de distrito de Boca del Río, Veracruz, que determina que la profesora no puede ser detenida mientras el juez de Huautla decide su situación jurídica.

“Vamos a seguir luchando. Me deben mi libertad. Necesito ser libre, andar por las calles, retomar mi trabajo como profesora”, declaró Olga Maribel después de su presentación en el juzgado.

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de Oaxaca, ha declarado su apoyo a la profesora Olga Maribel. La abogada Janet Gallegos, del gremio magisterial, acompañó a la profesora en su presentación ante la justicia y declaró su apoyo incondicional. “La asamblea estatal dictaminó que se dé el apoyo político y jurídico a la maestra”, declaró la abogada en un mitin realizado frente el juzgado mixto.

Foto: Santiago Navarro F

El profesor Cesar Neri, de la CNTE de ciudad de México, hizo parte de la misión de observación llevada a cabo el pasado fin de semana en la comunidad. Además del apoyo por parte del gremio en Oaxaca, “la asamblea nacional también se pronunció exigiendo el cese de la criminalización para los mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón; se exige la cancelación de las más de 200 órdenes de aprehensión”, puntualizó el profesor.  

Con la voz amplificada por un aparato de sonido, frente al juzgado, la mazateca Argelia denunció el trato que se les da a las autoridades, asegurando que es un trato arbitrario que está a favor de los denunciantes -vinculados a políticos como la actual diputada local Eliza Zepeda y sus familiares - y donde se liberan este tipo de órdenes a diestra y siniestra, colocando a los acusados como rehenes de la justicia.  

“Parece que no existen ojos que vigilen este el juzgado, parece que no existen leyes penales que sancionen las conductas indebidas de los jueces; queremos denunciar esta conducta porque ya estamos cansadas que en este juzgado, los jueces, se sientan dioses, que tienen el poder de lastimar la vida de las y los habitantes que piden justicia. Someten a comunidades enteras a círculos violentos a partir de los aparatos judiciales. Ya estamos cansadas de eso (…). Aquí hay consigna política de mantener paralizada la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón para impedir que defienda su territorio”, arremetió la abogada mazateca.  

***

Avispa Mídia platicó con Olga Maribel durante la primera misión de observación, el pasado fin de semana. Aquí les presentamos parte de la entrevista realizada con la profesora mazateca sobre su vida y sobre el proceso de persecución que ha vivido ella y su familia desde 2014.

Llevo 23 años trabajando en el magisterio. Mi función actualmente es llevar el control escolar de todos mis alumnos. Mi escuela es la escuela secundaria técnica número 255, ubicada en Huautla de Jiménez, Oaxaca, a una distancia de una hora de nuestro pueblo. 

En Huautla de Jiménez es una variante de la lengua mazateca, pero pues, sin embargo, conozco también sus costumbres. Y ese es mi trabajo, orientar a mis chicos, ¿no?, de la edad de 11 a 15 años. Ese es mi trabajo hasta la fecha. Pero toda esta situación me impide, me impide regresar a mi centro de trabajo.

La profesora Olga Maribel Betanzos Fuentes durante entrevista. Ella es una de las ocho mujeres mazatecas que, desde el 31 de marzo, tiene diversas órdenes de aprehensión en su contra. Foto: Santiago Navarro F

A mí me acusan de, pues, hasta da risa, ¿no?, me sorprende que a estas alturas después de 10 años tenga yo cinco órdenes de aprehensión, que se dice que es de robo, de incendio. De robos de joyas, de edredones, mercancía y por el incendio de cuatro domicilios.

Si fuera así no tuviera yo el trabajo, no tuviera yo mi trabajo, no fuera yo sindicalizada. Nosotros, nuestro sindicato siempre hemos levantado, nos hemos levantado pues en protesta, ¿no?, en las calles, durmiendo ahí en las banquetas, en la calle, en el Zócalo de México. 

A partir de 2014 los que nos atacaron - la familia de la diputada Eliza Zepeda - empezaron a escalar a cargos políticos fuera de la comunidad, dentro de Morena [Partido Movimiento de Regeneración Nacional] y hasta el momento eso continúa. Y esas personas que ahorita nos acusan, pues, son los que tienen dinero, tienen dinero en el pueblo, sus grandes negocios, sus grandes mototaxis, sus grandes carros, viven bien, se dedican al negocio. Manuel [Zepeda Cortés, responsable por explotar materiales pétreos de un río en la comunidad] y su hija Elisa [Zepeda Lagunas, hoy diputada local de Morena en Oaxaca, también fue secretaria de Mujeres del Estado]. Viven bien resguardados, sus casas con mucha protección, muchas cámaras.

Yo trabajaba en nuestra escuela aquí en el pueblo, la escuela técnica 115. A raíz de que se dio esto, a mí me desplazaron. Yo aquí inicié mi trabajo. Doce años estuve en mi comunidad.

Cuando nosotros llegamos después de vacaciones a tomar nuestras instalaciones, el regreso a clases - porque de plano pues hubo un temor que se cerraron las instituciones, ya no transitaba gente -, entonces, en ese momento, padres de familia simpatizantes de Manuel no dejaron que pasáramos, una compañera y yo. Eran 22 compañeros profesores, se solidarizaron con nosotras.

Me mandaron a Huautla de Jiménez. Mi hija y yo desmañanábamos para salir al trabajo, ella a la escuela. En ese entonces pues era inicio de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia. Pero todo ese desplazamiento, todo ese temor, como que ya no nos permitía avanzar.

Dado a todo eso, pues a mí se me viene una crisis económica terrible. Terrible porque pues mí esposo o mí ex pareja (…), lo puedo agregar que pues mí familia se desintegró.

Ya no había pues el calor de hogar. Yo tenía que salir muy temprano, ya no lo veía a él. Y pues en ese momento, tantas cosas pasaron que nomás sobrevivíamos con 200 pesos, ¿no?, 200, 400 pesos a la semana. Mi hija ha sido testigo, ha vivido todo eso conmigo.

Amazonía: derechos de pueblos en aislamiento reconocidos contra negacionismo

En portada: Grupo Mashco Piro avistado en la ribera del río Las Piedras, Madre de Dios, Perú. Foto: Survival International

Una sentencia constitucional que respalda a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI), en el Perú, se suma al primer fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra un Estado, el de Ecuador, por vulnerar sus derechos.

El Tribunal Constitucional del Perú falló a favor de la inconstitucionalidad de la ordenanza 006-2023 de la Municipalidad Provincial de Ucayali, que les negaba el derecho a la vida y prohibía la creación de áreas protegidas para PIACI, con el argumento de que no existen en la jurisdicción.

La región Ucayali es la más violenta del país para comunidades nativas. Allí se encuentra una de las dos provincias donde se registra la mayor deforestación de la Amazonía peruana. Entre Coronel Portillo (Ucayali) y Puerto Inca (Huánuco) suman más de 500 mil hectáreas de bosques perdidas desde el año 2001. Además, en Coronel Portillo el cultivo de coca creció en 2.481% entre 2015 y 2021, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

En consecuencia, ambas localidades encabezan los reportes de amenazas contra defensores ambientales en el Perú. Ucayali es la región en la que se cometieron más asesinatos de guardianes de territorios desde 2010: once del total de 54 crímenes, de acuerdo al informe Situación de los defensores indígenas en Ucayali 2024.

Esta región cuenta con 12.600 kilómetros de caminos ilegales, alrededor de los cuales se expanden la tala y otras actividades ilícitas en zonas de amortiguamiento y áreas protegidas. Una de estas vías transcurre cerca de la reserva Murunahua, que protege a etnias en aislamiento como los mascho piro, chitonahua y amahuaca.  

Toma aérea que muestra cómo los caminos se han ido abriendo en territorio de este pueblo en contacto inicial. Foto: FENAMAD.

En los últimos años se reproducen discursos racistas, desde el sector empresarial agroindustrial e instituciones públicas, que niegan la existencia de los PIACI con el propósito de desarrollar actividades extractivas en sus territorios. Un juez del Tribunal Constitucional se había manifestado en la línea del relato negacionista. 

La anulada norma municipal es parte de una batalla legal en la que se tomó parte el Congreso, cuando en 2024 intentó, sin éxito, modificar la Ley PIACI. Un proyecto legislativo planteó anular funciones del Ministerio de Cultura y trasladarlas a los gobiernos regionales, para que estos decidan la categorización de áreas protegidas.

Por parte de los Estados de países de la cuenca amazónica, la desprotección de los PIACI puede ser motivo de sentencias internacionales, como indica el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Ecuador, el primero referido a los PIACI.

Este es un antecedente para el caso de los pueblos en aislamiento mashco piro, yora y amahuaca. La Corte CIDH admitió en 2024 la demanda contra el Estado peruano por violación de derechos y desprotección de las etnias, presentada por la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad). 

La inacción estatal se agrava en cuanto el Ministerio de Cultura continúa aplazando la creación de las reservas Napo-Tigre y Yavarí. De las cinco áreas de protección para PIACI en proceso, solo se han establecido tres. 

La Ley PIACI fija un plazo máximo de dos años para conformar estas reservas y pasaron dos décadas para que se reconozca a cinco pueblos originarios del que aún es el proyecto de reserva Napo-Tigre, que abarca territorio peruano y ecuatoriano.

Mientras el Estado no actúa, en el contexto de narrativas que les niegan la existencia y la expansión de los extractivismos, formales e ilegales, aumenta el impacto en las zonas que habitan y recorren.

Resguardar las áreas de tránsito es clave. En ese sentido, las organizaciones indígenas de los corredores yavarí-tapiche, pano-arawak y kakataibo desarrollaron el Estudio Jurídico sobre Corredores Territoriales, para respaldar el apoyo técnico legal y político en torno a los territorios de los PIACI.

La Corte IDH halló responsable al Estado ecuatoriano por hechos violentos contra pueblos aislados, “por parte de miembros de otros pueblos indígenas o terceros”, ocurridos entre 2003 y 2013.

Tras confirmarse que hay numerosos pozos petroleros alrededor del territorio intangible Tagaeri-Taromenane, la sentencia ordena que se respete la decisión de la consulta popular a la nación que en 2023 determinó no extraer petróleo del Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta.

Por un lado, la Corte IDH señala que el Estado vulneró derechos colectivos, a la integridad personal, identidad cultural y a un ambiente sano de estos pueblos originarios de la Amazonía occidental ecuatoriana. Asimismo, declaró la responsabilidad por la inacción estatal en agravio de dos niñas indígenas que fueron retiradas de su territorio por atacantes y llevadas a otro pueblo en contacto inicial. 

La agresión no fue cometida por agentes estatales, pero la Corte IDH considera que el Estado conocía la situación de riesgo y que no tomaron las medidas suficientes. Según el tribunal, las instituciones públicas de Ecuador tenían el deber de garantizar sus derechos, tomando en cuenta su condición de menores en contacto reciente. 

Esta perspectiva abre en la región amazónica alcances legales que pueden resultar claves para la defensa de los pueblos indígenas en aislamiento y desarticular los discursos que les niegan el derecho a existir. 

Oaxaca: Misión documenta consecuencias de 10 años de persecución contra Eloxochitlán de Flores Magón

En portada: Integrantes de la misión de observación en Eloxochitlán acompañan a mujeres del poblado mazateco. Foto: Renata Bessi.

N ́guixo es una palabra en lengua mazateca que significa “Entre nubes” o “Bajo lo espumoso (neblina)”. Con ese nombre, las y los habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón nombran a esta comunidad, donde es común que la neblina con su lentitud tenue cubra a la localidad durante las madrugadas, al amanecer y después de las lluvias.

Ese fue el fenómeno natural que este fin de semana recibió a más de 30 observadores de diversas disciplinas, entre las que pueden enlistarse: periodistas, defensores territoriales y de derechos humanos, antropólogos, estudiantes, comunicadores así como abogados, provenientes de más de 10 organizaciones, entre ellas, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos TDT, el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, colectivos y medios informativos, que solidariamente sumaron sus esfuerzos y conocimientos para hacer posible la misión. Representa la primera jornada de documentación, denuncia y exigencia del alto total a la criminalización, violaciones a los derechos humanos y ecocidio en la comunidad.

A finales de la década de 1960 esta comunidad recibió el nombre de Eloxochitlán de Flores Magón debido a que, el 16 de septiembre de 1873, este lugar vio nacer al periodista, político, dramaturgo y filósofo anarquista Ricardo Flores Magón, quien sostuvo una lucha incansable por la abolición del Estado, la propiedad privada y toda forma de esclavitud humana.

Resulta increíble que más de un siglo después este mismo lugar sea un territorio dominado por un grupo caciquil, como lo define la comunidad en resistencia, que a partir de infundir terror en la comunidad, mantiene a buena parte de las y los habitantes en silencio frente a sus abusos y despotismo.

Ese ambiente pareciera desvanecerse entre el aire que se respira limpio y fresco, en ocasiones, entrelazado con el humo que expiran los anafres y fogones, o con el olor a los deliciosos platillos preparados por las mujeres mazatecas, quienes además de ser grandes luchadoras sociales, son extraordinarias cocineras que con su mágico sazón llenaron los estómagos de quienes este fin de semana las acompañaron a observar.

En los alrededores del centro de la población, se dibujan accidentadas montañas cubiertas de árboles verdosos y largos tramos de tierra ocupada por milpa, una de las principales siembras en la comunidad que, junto a los cafetales y las cajas de avispas productoras de miel, sirven de sustento para varias familias de la comunidad, de manera especial para aquellas que sostienen presas y presos políticos, desplegando así una economía de resistencia.

Los sonidos de la naturaleza también reclaman su espacio, se niegan a extinguirse. Por todo el centro de esta comunidad mazateca una caída de agua se escucha sin descanso. Esta proviene del río Xangá Ndá Ge, cuyo sonido de agua incesante envuelve a la comunidad como forma de resistencia: pues nace de una de las pocas concentraciones de agua que aún persisten frente a la extracción de materiales pétreos (grava y arena).

Una de las versiones que intenta acallar la verdad de la resistencia mazateca, reduce la complejidad de este problema político a una enemistad entre dos familias, relato desconocido por las y los mazatecos que afirman y detallan que defender su Asamblea Comunitaria representó un ataque a los intereses políticos y económicos del cacique Manuel Zepeda.

Las y los mazatecos que, durante los tres días de la misión, dieron entrevistas para las y los observadores coinciden en que a inicios del 2010 los partidos políticos comenzaron a operar de forma más intensa en la comunidad, perjudicando la Asamblea Comunitaria, el máximo espacio de autoridad tradicional, donde la toma de decisiones se da a partir del Sistema de Usos y Costumbres de la localidad. Tras una serie de irregularidades en las elecciones para la alcaldía municipal, Manuel Zepeda Cortés consiguió ocupar la presidencia municipal de Eloxochitlán. Situación que marcó el inicio de una historia de violencia en la comunidad.

Foto: Renata Bessi

Durante su trienio (2011-2013), Zepeda Cortes cometió diversos abusos de poder, principalmente el hecho de violentar a quienes continuaron organizándose a través de la Asamblea Comunitaria. Pero fue hasta el 14 de diciembre del 2014 cuando se intentó realizar una Asamblea para la elección de un nuevo alcalde, sesión que no llegó a ser finalizada porque fue balaceada por un grupo vinculado a la familia Zepeda, como relatan los habitantes que vivieron la violencia.

De ese diciembre de 2014 en adelante, se empezó la fabricación de delitos contra las y los habitantes que participaban de la Asamblea, una estrategia que hasta la fecha ha ocurrido.

El calor de esa atmósfera de criminalización alcanzó uno de sus grados más altos el 10 de junio de este año, cuando la abogada Argelia Betanzos descubrió la activación de más de 200 órdenes de aprehensión en contra de 56 personas de la comunidad.

Tres barrios de Eloxochitlán fueron la sede para esta primera Misión de Observación que tomó forma a partir de la recabación de datos recogidos en entrevistas grabadas tanto individuales como colectivas, fotografía, vídeo y en el caso del río, muestras de laboratorio para medir la calidad del agua. De acuerdo con el boletín oficial sobre la Observación, las entrevistas fueron dirigidas a “30 personas de la comunidad de distintas localidades, entre las que se encontraron expresos políticos, perseguidxs, familiares de personas criminalizadas y desplazadas, autoridades tradicionales y compañeras organizadas”.

En los primeros resultados de esta Observación, se pudo constatar la forma física en que se ha manifestado el ecocidio en el río Xangá Ndá Ge a consecuencia de la extracción casi cotidiana de material pétreo para sostener el negocio del cacicazgo local.

Así mismo se recabaron decenas de testimonios que constatan arbitrariedad en detenciones policiales arbitrarias, desplazamiento forzado, encarcelamiento injustificado ligado a las faltas y omisiones en los procesos jurídicos, los daños a la integridad física, emocional y psicológica contra las víctimas debido al hostigamiento que han recibido, los impactos económicos en las familias por los gastos que implican los procesos judiciales, así como las afectaciones en la vida personal de las víctimas debido a los cambios radicales a los que se han tenido que someter frente a la violencia sistémica que envuelve a la comunidad.

Además de analizar los temas legales, se confirmó la necesidad de evaluar las violaciones a derechos humanos y al territorio desde una perspectiva multicultural pues se trata de una comunidad originaria donde la mayoría de sus habitantes son hablantes de su lengua, sostienen un fuerte vínculo con la tierra y su vida comunitaria se mantiene guiada por la práctica de sus tradiciones y costumbres. Hechos que pudieron constatarse a partir de la intervención y convivencia directa con personas del lugar.

Ejemplo de lo anterior es que las y los observadores pudieron acercarse a la gastronomía local donde figuraron platillos como el mole amarillo de pollo, las trompadas que son una especie de tamales de frijol, el atole agrio, una mezcla de huevo con huazontles y café cosechado por las mismas familias mazatecas. Comidas que las familias anfitrionas aportaron de manera gratuita a las y los observadores.

Los tonos verdes que conforman la paleta de colores en las áreas naturales de esta comunidad, deslumbraron a la comitiva de observación durante las travesías hacia los dos primeros barrios de trabajo. Admirar los cerros en la medida que las camionetas subían los cerros, apreciar la diversidad de arboles y aves, sentir los caminos accidentados, oler la humedad que activa el olor terreo que a su vez impacta con su color rojizo, conocer los barrancos interrumpidos por la presencia de ganado y nuevamente la milpa, sólo le brinda sentido a una cosa: la oposición de la resistencia mazateca a ceder al desplazamiento, a quebrarse ante el terror sistémico, a doblegarse frente a la criminalización, porque ese territorio les pertenece, es parte de su vida y frente a la vida no queda más que defenderla.

La activación de más de 200 órdenes de aprehensión contra 56 comuneras y comuneros representan un sinfín de retrocesos en sus victorias legales obtenidas y un retorno al hecho de vivir en alerta al interior de la comunidad debido al vigilamiento y persecución constante. Para las mujeres mazatecas, el volver a lidiar con nuevas ordenes de aprehensión es un infierno que no quieren revivir pues han sabido en carne propia lo que eso significa.

Una de las 8 mujeres que se encuentran en la lista de 56 personas con órdenes de aprehensión, compartió en entrevista para Avispa Mídia: “Me decían mis hijos: ‘enciérrate mamá, no salgas’. Pues sí te enferma mucho, ya no puedes dormir, ya no eres libre de salir a la calle a comprar tus cosas”.

En el boletín oficial de la Misión las organizaciones hacen un llamado a una segunda misión que ya tiene el mes de realización definido, el noviembre de 2025. “Ante la magnitud de las violencias y el dolor colectivo, hay tanto que documentar que resulta urgente que más medios y defensorxs se sumen a la labor de investigación, documentación y acompañamiento, por lo cual, anunciamos la Segunda Misión de Observación”. Además, un informe con los resultados de la Misión debe ser divulgado próximamente. 

México, sin avances ante CEDAW sobre mujeres y niñas en movilidad

Organizaciones no gubernamentales ven con preocupación la respuesta del Estado mexicano sobre los derechos de mujeres y niñas, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW). 

La comparecencia celebrada el 17 y 18 de junio dio seguimiento a las observaciones de la novena revisión, con recomendaciones específicas para el Estado mexicano sobre mujeres y niñas con necesidades de protección internacional. 

La delegación mexicana fue encabezada por la secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, para sustentar el décimo informe periódico en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.

La sociedad civil, desde sus diversas voces, coincidió que el gobierno no pudo demostrar avances reales en materia de justicia, autonomía económica y política, y en la eliminación de la discriminación hacia las mujeres. La exposición del informe estuvo marcada por ausencias, información inexacta, evasiones y carencia de respuestas concretas a los cuestionamientos. 

“La delegación mexicana evitó responder preguntas clave del Comité, entre ellas, el cumplimiento de los artículos 8 al 16 de la Convención, que abarcan temas como salud, trabajo, educación, justicia y condiciones jurídicas en el ámbito familiar”, señaló la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT). 

Foto: Jeny Pascacio.

Previo a la comparecencia del Estado mexicano, el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C., Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM), Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Las Vanders presentaron el Informe Sombra o ‘Informe alternativo al Estado mexicano sobre la situaciones en movilidad humana’.

A partir de la documentación en un periodo de siete años, las defensoras hicieron observaciones generales respecto a la situación de mujeres migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, jornaleras agrícolas, entre otras en movilidad, para incidir en las próximas recomendaciones. 

“Decidimos nuevamente hacer un llamado al Comité CEDAW para hacer notar que la deuda sigue pendiente, realmente no hay un avance sustantivo en los derechos de la población de mujeres en contexto de movilidad humana”, específica Dinorah Arceta, coordinadora de Incidencia en el IMUMI, en entrevista con Avispa Mídia.

Da cuenta que, entre 2017 y 2018, las mujeres representaron el 21% de las personas en situación migratoria irregular, pero la cifra aumentó 31% entre 2019 y 2024. Sólo en 2023, más de 24 mil mujeres fueron atendidas en albergues de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM). 

En 2024, las mujeres constituyeron el 49% de la población extranjera residente en México y representan el 44% de las nuevas solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). El 51.3% huyó de la violencia generalizada, el 18.5% buscó acceso a servicios básicos y un 8.9% escapó de violencia doméstica. 

El endurecimiento de las políticas migratorias, marcadas por la creciente militarización y la contención impuesta por Estados Unidos, desde el primer mandato de Donald Trump en 2019, restringe de manera significativa el acceso a derechos, dificulta el tránsito seguro y el acceso a mecanismos de protección internacional. 

En este punto, la falta de respuesta institucional y la detención migratoria siguen como práctica común. Según el Informe Sombra, entre 2018 y 2024, más de 1 millón de personas, 30% de mujeres, fueron detenidas en estaciones migratorias. “Hemos documentado la práctica que llamamos de ‘desgaste’”, explica Arceta, es decir, detienen a las mujeres, las trasladan a las estaciones migratorias, a pesar de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que prohíbe la detención migratoria por más de 36 horas. 

Luego de permanecer privadas de su libertad en condiciones deplorables, son trasladadas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) al sur del país para dificultar el tránsito o arribo a la frontera norte con Estados Unidos. 

Esto facilita las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del INM contra niñas y mujeres en movilidad. Arceta explica que muchas mujeres son víctimas de violencia sexual a manos de agentes del Estado, “del INM, Guardia Nacional o de la comunidad de acogida”. 

En la décima evaluación de México por el Comité CEDAW, el Estado mexicano no respondió al cuestionamiento sobre la violencia que padecen las mujeres en movilidad. 

En el periodo de 2016 a 2020, el Informe Sombra refleja un registró de 5964 delitos contra personas migrantes, en el 33% la víctima fue una mujer. “Pero si hacemos un análisis riguroso, por ejemplo, en delitos de violencia sexual, el 83% de la violencia sexual contra personas en movilidad fue cometido contra mujeres”, precisa Arceta. 

En el caso del delito de trata, el 71% fue contra mujeres migrantes. “La presencia de grupos del crimen organizado en las rutas migratorias dificulta el panorama para las mujeres en movilidad”. 

De 2018 a 2024 se abrieron más de 10 mil carpetas de investigación pero ninguna fue judicializada. “Ninguna llegó a una sentencia condenatoria. Es preocupante. Algunos de los delitos de estas carpetas de investigación incluyen el feminicidio contra mujeres migrantes, abuso sexual y secuestro”, lamenta Arceta. 

Un factor determinante para el acceso a la justicia es el “desfinanciamiento” que enfrenta la Unidad de Delitos contra Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), con poco presupuesto, muy poca capacidad y muchas veces no hace investigación con perspectiva de género, que también fue visibilizado por las organizaciones de derechos humanos. 

Las personas migrantes, sobre todo las mujeres, “no ven al sistema de justicia como un medio para hacer valer sus derechos”. Arceta describe que muchas mujeres han transitado hasta por 10 países antes de llegar a México. En el camino han padecido abusos por parte de diferentes autoridades, “y al llegar aquí la autoridad mexicana no les genera confianza y no ven a la denuncia como un mecanismo efectivo”.

En la evaluación, también cuestionaron a México sobre la reducción de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias para mujeres. “Realmente evitaron la pregunta”, señala Dinorah Arceta y que esto constituye una barrera más para que las mujeres puedan acceder a su derecho a la salud sexual y reproductiva.

En 2024, hubo una reducción de 97% en la emisión de las tarjetas y permisos que son requeridos a la mujeres en movilidad humana para acceder a sus derechos en territorio mexicano, como atención médica, seguimientos prenatales o algún tipo de servicio especializado, incluso educación para sus hijas e hijos o buscar trabajo.

“Para acceder al aborto, a productos de gestación menstrual, hay esas barreras. Además de las dificultades lingüísticas y de documentación impiden que mujeres, sobre todo en situación irregular, puedan acceder a su derecho a la salud”, precisa.

En Chiapas, la entidad con mayor población migrante contenida por los acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos, las mujeres en movilidad son obligadas a permanecer hasta un año en espera de una respuesta de la COMAR.  

“La COMAR está en una precariedad total en términos presupuestarios, de personal y de recursos materiales. Esto provoca que la comisión se abstenga de realizar determinaciones individualizadas, conforme a los estándares internacionales y con perspectiva de género, en las resoluciones de las personas que solicitan la condición de refugiada”, explica Arceta. 

En estas circunstancias se agudizó el retraso de las resoluciones de solicitudes para la condición de persona refugiada que, en teoría, debería tener respuesta en el término de 45 días. “Alrededor de 700 personas están solicitando asilo al día”, agrega Dinorah Arceta.  

Dinorah Arceta considera que, en específico, la población varada en México que se quedó sin alternativas para avanzar o retroceder, no ha sido atendida y es invisibilizada, “está desprotegida”, a pesar de que ya “constituyen más del 1% de la población en este país”. 

La situación no es más alentadora para las personas deportadas desde Estados Unidos. IMUMI ha acompañado a mujeres que a pesar de sus graves condiciones de salud son sacadas del vecino país, son discriminadas en los aeropuertos, llegan a México sin documentación y, hasta con identidad mexicana, enfrentan obstáculos para acceder a los servicios. 

“Les piden la apostilla, un sello muy costoso que impide que puedan acceder a educación, salud, trabajo, etcétera. Es una deuda pendiente del Estado mexicano. Falta mucho por hacer, no ha sido suficiente esa estrategia ‘México te abraza’ porque tiene necesidades de documentación de identidad”, explica Arceta. 

Foto: Jeny Pascacio.

La migración interna también fue puesta sobre la mesa del Comité CEDAW con el Informe Sombra, que hace hincapié en la precarización de trabajadoras agrícolas, en su mayoría de pueblos originarios, que son llevadas a otra entidad en contexto de explotación y desprotección.

Las obligan a cumplir jornadas laborales más extensas de las permitidas por ley, perciben salarios bajos, sin contratos, ni protocolos de seguridad, es decir, en condiciones en las que exponen la salud e integridad.

Luego de la sustentación de México ante las expertas, el Comité CEDAW hará público el informe de observaciones y recomendaciones al Estado Mexicano sobre aspectos que más preocupan y han sido desatendidos por México.

“Ese informe nos va a dar mucha luz de esta ruta que, nosotros como sociedad civil, esperamos que el gobierno pueda implementar en el corto y largo plazo, con participación de la sociedad civil”, enfatiza la representante de IMUMI. 

Ocho defensoras mazatecas con órdenes de aprehensión tras luchar por libertad

En portada: Mujeres mazatecas por la libertad. Foto: Observatorio Memoria y Libertad

Era diciembre del 2014 y en Eloxochitlán de Flores de Magón, una comunidad en la Mazateca, Oaxaca, se percibía un ambiente amenazador, según relatos de sus habitantes. La Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, estaba reunida para elegir a su nuevo alcalde, pero fue interrumpida por una balacera, perpetrada por un grupo de la comunidad con intereses partidistas que, según pobladores, actuó bajo el mando de la familia del cacique local Manuel Zepeda Cortes.

El ataque desembocó en las muertes de Manuel Zepeda y Gustavo Estrada, un incendio, daños a la propiedad privada y detenciones. De ahí comenzó la persecución política, que lleva una década, en contra de las familias que integraban la Asamblea. 

La abogada y defensora comunitaria mazateca Argelia Betanzos, compañera, hija y hermana de personas perseguidas en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, a partir de su lucha se ha convertido en una de las principales voceras de la causa. 

Argelia comparte para Avispa Mídia que, tras los hechos violentos del 2014, Manuel Zepeda Cortes, Vicente Zepeda Cortes, Gamaliel Zepeda Juárez, Dolli Irasema Betanzos Hernández y—la ahora diputada por Morena— Elisa Zepeda Lagunas, se presentaron ante la segunda sala penal como presuntas víctimas para conseguir la activación de decenas de órdenes de aprehensión contra habitantes de Eloxochitlán acusándolos de daño por incendio y robo. Una hazaña cometida bajo influencia del magistrado Ezequiel Raúl Gómez Martínez y Constantino Santiago Agustín, juez mixto de Huautla de Jiménez. 

Desde aquel entonces, decenas de eloxochitecos han vivido hostigamientos, agresiones y persecución a manos del caciquismo local encabezado por Manuel Zepeda Cortés, su hija Elisa Zepeda Lagunas y Eleazar Hernández, sostene la mazateca Argelia.

Aunque los colectivos Presos Políticos Eloxochitlán de Flores Magón Oaxaca y Mazatecas por la Libertad han logrado liberar a varios de sus presos, el pasado 10 de junio confirmaron la existencia de más de 200 órdenes de aprehensión en contra de mujeres y hombres eloxochitecos. En esa larga lista figuran los nombres de 8 mujeres mazatecas, cada una con cinco acusaciones.

Al respecto, Argelia menciona que la reactivación de estas 200 órdenes “para la comunidad, para cada persona criminalizada, para la familia, familiares, amigos, vecinos, vecinas de quienes están criminalizados, sin duda son la continuidad de esta política de desarticulación comunitaria, de esta política represiva, de esta criminalización selectiva, de este intento de etnocidio, es una prolongación para de alguna manera, minar nuestra vida comunitaria”.

También agrega que esa reactivación se da en un contexto en que ya no tenían presos políticos. Entonces, el Estado no está reprimiendo abiertamente a la comunidad en resistencia, sino que lo está haciendo al “disfrazar de legal esta persecución” para poder decir “no son órdenes arbitrarias, había órdenes de aprehensión” pero estás órdenes de aprensión pertenecen a un cúmulo de órdenes que ya habían sido catalogadas de violatorias por amparos federales desde el 2015 hasta la fecha”, explicó la abogada.

Así mismo comparte que esas ocho mujeres que hoy vuelven a tener orden de aprehensión, ya habían sido señaladas en la carpeta de investigación llamada Causa penal número 16/2016, en cuyo expediente están los hechos que supuestamente ocurrieron el 14 de diciembre del 2014. Además, seis de ellas ya habían sido acusadas por delitos de alto impacto, más graves que los actuales, como homicidio y tentativa de homicidio, pero dieron una batalla jurídica que ganaron.

La defensora comunitaria recuerda una situación contradictoria para la diputada morenista que las ha criminalizado: “Cuando ocurren las detenciones de estas mujeres, el caso de Eloxochitlán carecía de cobertura mediática y sólo predominaba la versión de Eliza Zepeda, quien se exponía como víctima de hombres misóginos, cuando por detrás ella había fabricado delitos contra las mujeres mazatecas”. A este punto, cabe resaltar que entre 2022 y 2024, Zepeda Lagunas fue secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca. Argelia reflexiona: “El mensaje es que son capaces de tocar a las mujeres que sostienen la lucha en Eloxochitlán”. 

Ante la indignación que le genera esta situación de criminalización a sus compañeras, con firme elocuencia Argelia asegura: “Gobierno de Oaxaca, ten en claro que de por sí sabemos de lo que eres capaz, pero aún a sabiendas nosotras también somos capaces de dar la vida y no es un reto, es un recuento histórico de como las mujeres de Eloxochitlán han dado la pelea contra un monstruo para el que la muerte no vale nada”.

En el transcurso de una década, la resistencia mazateca, además de no doblegarse ante la criminalización, ha fortalecido algunos símbolos para otorgarle identidad a su lucha. Por ejemplo, la ardua reivindicación del legado por la libertad del anarquista Ricardo Flores Magón, originario de esa comunidad. 

Otro símbolo es el huipil mazateco. Argelia relata que Bertha Reynoso es la maestra bordadora que en la comunidad les ha enseñado a bordar su propio huipil. La maestra Bertha se ha sumado a iniciativas para rescatar el bordado y uso del huipil en Eloxochitlán, pues se trata de un textil originario que, al igual que muchos otros, se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. Son los hilos, los bordados y los colores, predominantemente el rosa junto al azul, resistiendo a la par de las Mujeres mazatecas por la libertad. 

Al paso de los años, estas mujeres se han posicionado al frente de la lucha por la liberación de los presos políticos de su comunidad. “Fueron las abuelas quienes animaron a las mujeres a luchar”, relata Argelia: “sus palabras fueron la energía de vida que necesitábamos para dar la batalla”.

En el territorio mazateco, estas mujeres conviven en unidad poniendo al centro las habilidades que cada una tiene. Como Argelia describe, las hay “campesinas guardianas de la tierra: cafeticultoras y sembradoras de maíz. Comerciantes, artesanas, pedagogas, doctoras y arquitectas”, todas muy distintas entre sí, pero con el común de ser hablantes de su lengua materna: Enna (mazateco) y llevar la herencia de “esa forma de vida comunitaria donde la ‘mano vuelta’ se les da muy natural, así como el consenso, la compartencia y el perpetrar los momentos de vida colectiva” menciona.

En esa lucha por la libertad hay mujeres de todas las edades incluso niñas. La mayoría son familiares directos de mujeres y hombres que fueron y hasta la fecha aún siguen criminalizados, sin embargo, no todas comparten lazos sanguíneos pero se mantienen firmes en la búsqueda de justicia.

Resulta difícil comprender tantos años de persecución política. La interpretación que Argelia expone sobre eso es lo siguiente: “Nuestra libertad estorba el negocio ilícito del cacique Manuel Zepeda Cortes, quien lleva 13 años ininterrumpidos extrayendo piedra y arena del río que atraviesa la comunidad”.

Ese río, llamado en mazateco Xanga Ndá Ge y que en castellano significa “el ser de brazos de generosos”, tradicionalmente ha sido respetado por la comunidad mazateca. “Jamás a nuestros ancestros se nos ocurrió hacerle semejante daño, al contrario, nuestros bisabuelos no elegían vivir alrededor de su cause porque le respetaban cuando crecía sobre todo en los tiempos de verano”, relata la defensora comunitaria.

La comunidad mazateca en resistencia ha despabilado que es el cacique actuando conjuntamente con el Estado debido a que ambos poderes persiguen intereses extractivos: “Hay que escrudiñar qué hay detrás de ambos. Él [Zepeda Cortés] no quiere perder su negocio y detrás del Estado ¿qué hay? Políticas de despojo territorial porque nuestra Sierra está llena de agua, nuestra comunidad está llena de agua, piedra, árboles. Estamos en medio de dos territorios que ya han sufrido el saqueo y el acoso”, es una de las conclusiones de Argelia.

Vivir más de una década de persecución política es un atentado al derecho humano de vivir en paz, de vivir una vida libre de violencia. Al respecto, Argelia menciona: “Nos han privado el derecho a ejercer nuestra vida comunitaria. No podemos tener un plan de vida porque no sabemos qué día se nos va a encarcelar, perseguir, limitar”. 

Pese a la injusticia que no ha dejado de perseguirles, sobre todo las mujeres mazatecas han aprendido la dura tarea de persistir con dignidad en medio del panorama hostil que el cacicazgo y el Estado les han impuesto.

“Nosotras en la comunidad, hemos cobrado el sentido de la vida a partir de imprimirle alegría a esos momentos de lucha en que nos encontramos y también hacemos comunidad porque de otra manera nos entregaríamos a la depresión, a este reclamo continuo, a la amargura”, comparte Argelia con grata sencillez.

Y continúa con su bello discurso que, además, son palabras de aliento para quienes defienden la dignidad, la libertad y la vida desde otras geografías: “Nos parece que le hemos dado sentido a nuestra vida a través de los propios actos de lucha como una forma de resistencia ante esta amenaza continua de querernos minar la vida misma”. 

Este próximo 20, 21 y 22 de junio, Eloxochitlán abrirá sus puertas para recibir a individualidades y colectividades que tendrán el objetivo de “observar y documentar violaciones a los derechos humanos, pero también violaciones al propio territorio, en este caso al río que atraviesa nuestra comunidad”, detalla Argelia. 

Así mismo hace la invitación a todo el público para participar en esta misión de observación: “para hacer llamadas y enviar correos a distintas autoridades con el objetivo de poner fin a la criminalización e interpelar a los jueces para que otorguen los amparos a la comunidad”.

Los hilos, el río, la estatua de Magón y las mujeres mazatecas ya se preparan para recibir a quienes desde diversas geografías acudirán para seguir tejiendo ese largo camino hacia la libertad, emprendido hace más de una década y que no tiene vuelta atrás. 

Siete meses sin Julia Chuñil, defensora de territorios mapuche

La búsqueda de la defensora de territorios mapuche Julia Chuñil Catricura, desaparecida hace siete meses en la región de Los Ríos, es obstruida por las instituciones del Estado de Chile. 

Las organizaciones que se movilizan por la activista demandan la separación de la fiscal Tatiana Esquivel, por haber detenido las investigaciones y supervisado diligencias policiales en las que violentaron a los familiares de Chuñil.

Desde el 8 de noviembre de 2024 no hay rastros de Julia Chuñil, de 72 años, y su perro Cholito. Por su posición como presidenta de la comunidad indígena Putreguel, en la comuna Máfil, al sur de Chile, era amenazada por el empresario forestal Juan Carlos Morstadt, quien no ha sido incluido en las indagaciones fiscales. 

Julia Chuñil se oponía a la venta de la tierra que habitabadesde el año 2015, en defensa del bosque nativo, de su flora y fauna que la industria forestal pretende destruirpara expandir los monocultivos de pino y eucalipto. Decidió vivir en territorios ancestrales recuperados, como reivindicación de su identidad. Recuperar la cosmovisión mapuche fue su forma de lucha.

Antes de ser desaparecida, a la defensora ambiental la amenazaron con incendiar su casa y la amedrentaron en varias ocasiones, debido a que era la única persona de la comunidad que se negaba a vender el terreno. “Tenemos a todos comprados, solo faltas tú”, le dijeron. El empresario presionaba para entregar el dinero cuando toda la comunidad esté de acuerdo con la transacción. Su familia y vecinos sabían de las amenazas. 

“Hay una frustración del empresario y esta fiscal. Dentro del desprecio que tienen hacia el pueblo mapuche jamás pensaron que la familia de Julia iba a tener tanto apoyo y que tantos ojos estuvieran pendientes. Es así de discriminadora y cruel la justicia en Chile. Pensaron que la iban a olvidar, que era una vieja más, por mujer, campesina, mapuche. Pero el apoyo ha crecido”, declaró para Avispa Mídia Marjorie Carreño, representante de la Coordinadora por Julia Chuñil de la región Biobío. 

En los primeros días de búsqueda no se encontró ni un rastro de Chuñil y Cholito, por lo que se sostiene que se trata de una desaparición forzada. La ausencia del perro no es un hecho menor, pues los animales saben volver a casa. 

En cinco meses de investigación, rotaron tres fiscales distintos. Cuando uno avanzó con pruebas, pidióvacaciones y luego licencia médica. El caso fue tomado enenero por Esquivel. 

“Han interrogado a familiares, a su hija y su hijo, hanallanado casas y tomado pruebas sin órdenes. Han retenido más de tres horas en un vehículo policial a su hija, con gente armada, para quebrarla emocionalmente. El empresario se acogió a su derecho a guardar silencio y no le han sacado ninguna declaración. Él no ha sido hostigado, no lo molestaron más”, indica la activista.

Jeanette Troncoso Chuñil, hija de Julia, relató que el 30 de enero, en su vivienda y en presencia de la fiscal, un policíala presionó, desenfundando parcialmente su arma, para que se inculpe por la desaparición de su madre. Las leyes chilenas tipifican este acto como tortura. 

Tras la denuncia en su contra por abandono de deberes, Esquivel recientemente pidió a la Fiscalía Nacional ser separada del caso, solicitud que fue rechazada. Los defensores de la familia de Chuñil consideran que se tratade un intento de la fiscal de evadir responsabilidades y paralizar las investigaciones. 

Esquivel es la fiscal de un caso emblemático de la región, el del niño Tomás, cuyo abuelo ganó un juicio a una agroforestal. Luego, en 2021, el menor apareció muerto y el abuelo fue acusado del asesinato. Las investigaciones siguen abiertas.

Por su parte, desde el gobierno de Gabriel Boric no se muestra interés en una investigación sin criminalizacióninstitucional contra la familia de Julia Chuñil. Incluso el Ejecutivo declaró inadmisible una acción urgente presentada ante el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La comunidad presidida por Chuñil, conformada en su mayoría por personas ancianas, se asentó hace diez años en un terreno que había sido adquirido por la Corporación Nacional de Desarrollo indígena (Conadi), organismo estatal creado para recuperar tierras del pueblo mapuche. 

En la región Los Ríos, el proceso de despojo territorial contra mapuches y campesinos chilenos empezó entre 1850 y 1875, con la migración selectiva de alemanes. Con la reforma agraria de Salvador Allende (1970-1973), se devolvieron las tierras a sus primeros habitantes; luego, con la dictadura de Pinochet se ejecutó la contrarreforma yles arrebataron los terrenos, mediante el terrorismo de Estado, a sus legítimos habitantes. 

En 2013, Juan Carlos Morstadt vendió a la Conadi 900 hectáreas por el valor de 1,114 millones de pesos chilenos. En un principio, este terreno iba a ser entregado a otra comunidad, la que lo rechazó porque el empresario lo vendió sin derecho a uso de agua. Esta comunidad demandó por incumplimiento de contrato a la Conadi y aMorstadt. Ante el abandono del terreno, llegó la comunidad de Julia. 

Hay una serie de movimientos en la Conadi que apuntan a maniobras de la industria agroforestal. La institución devolvió el terreno a Morstadt, sin que este haya reembolsado hasta hoy ni una parte del monto detransacción. La Conadi tampoco le notificó que la Superintendencia de Chile resolvió por la devolución del dinero. 

¿Por qué querría pagar por un terreno que, sobre el papel, le pertenece?, se pregunta la familia de Chuñil. Lo que está en disputa es una cantidad millonaria de dinero adeudada por el empresario al Estado, en contraste con su imposibilidad de obtener ganancias del territorio.  

“Hay algo extraño, ¿cómo la Conadi no quiso recuperar el dinero? Llama la atención que la Conadi, que se supone es un organismo de protección a los indígenas de Chile, no se haya sumado a la denuncia que hizo la familia. Además,como organismo tampoco hizo su propia denuncia frente a la desaparición de una mujer indígena. Entonces, se acrecientan las sospechas de que hay algo ilícito. Primero, el tipo no les devuelve el dinero, no lo notifican de la resolución y luego no denuncian la desaparición”, cuestiona la integrante de la Coordinadora por Julia Chuñil.

En la comunidad Pedreguel hoy habitan el silencio y el miedo. En abril, un caballo de Julia Chuñil fue envenenado y un chancho muerto por balas, lo que significa una amenaza de parte de los responsables de la desaparición de la defensora indígena. 

“La gente comenta que siente mucho miedo. Ellos les trabajan el campo (a los latifundistas), vendiendo leña, cuidando animales, ven riesgo de perder ingresos porque les trabajan a los que tienen más plata. Nos dicen que hay gente que sabe, pero nadie va a hablar porque tiene miedo. La desaparición de una persona es muy violenta”, relata Marjorie Becerra. 

En la prensa se difundieron narrativas de montajespoliciales. Se filtraron presuntos resultados del laboratorio de Carabineros de análisis de sangre tomados en la casa de la hija de Chuñil “compatibles con la defensora”. Al no haber cuerpo para contrastar las muestras, no es ninguna revelación la compatibilidad genética entre familiares. La fiscal Esquivel llegó a señalar a la lideresa de robo de madera, refiriéndose a la recolección de ramas del bosque.  

El día ocho de cada mes se publican noticias de desprestigio contra los familiares de la defensora mapuche. Ante esta narrativa, las organizaciones que luchan por la búsqueda de Julia Chuñil responden con más movilizaciones y solidaridad hacia su familia.