El año de 1968 marcó al gobierno de México por el asesinato de cientos de estudiantes el 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco, en ciudad de México. Tres años después de este atroz acontecimiento, la historia se volvió a repetir. El 10 de junio de 1971 un grupo de estudiantes realizaba una manifestación que partió del Casco de Santo Tomás hacia el Zócalo capitalino cuándo un grupo paramilitar, llamado “Los Halcones”, irrumpió durante la manifestación y asesinó por lo menos a 120 estudiantes.
Supuestamente el gobierno de ese momento, presidido por Luis Echeverría Álvarez, tras el asesinato de 1968, aseguró que su gobierno estaría abierto a todo tipo de manifestaciones sociales y que respetaría la libertad de expresión.
Los estudiantes, en su mayoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), realizaron esta manifestación para apoyar la huelga que realizaba en ese momento la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Así mismo, exigían la democratización de la enseñanza, educación de calidad para todos, libertad política, control del presupuesto universitario en manos de profesores y alumnos y fin a la represión gubernamental, entre otros puntos.
Antes de que Echeverría asumiera el poder, cuándo fue secretario de gobernación en el gobierno que le antecedió, ordenó al coronel Manuel Díaz Escobar formar un aparato que castigara cualquier tipo de manifestación que criticara al gobierno, fue entonces cuando se crean “Los Halcones”.
A este grupo creado por el gobierno no le bastó con disolver las protestas y asesinar más de un centenar de estudiantes en las calles, sino que también irrumpió en los hospitales en búsqueda de sobrevivientes heridos para terminar de eliminarlos.
Durante esta represión también hubo participación de Granaderos, miembros de la policía, incluso, se hizo uso de tanques antimotines y vehículos militares.
Echeverría fue exonerado jurídicamente de toda culpa en el año de 2009 por falta de evidencia tangible, aunque diversas fuentes, como el Canal 6 de Julio, han documentado que el Estado es el responsable de esta masacre.
De acuerdo con el Canal 6 de Julio, “Los Halcones” no solo fueron entrenados por la Dirección Federal de Seguridad, sino que también por el gobierno de los Estados Unidos con la intervención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Son 49 años ya de este acontecimiento y UNAM Global ha recogido en una amplia investigación los hechos más relevantes con el documental, “Halcones, terrorismo de Estado”, dirigido por el investigador mexicano Carlos Mendoza Aupetit, y producido por Canal 6 de julio, Memoria y Verdad A.C., el político y activista Jesús Martín del Campo y por Nancy Ventura.
“Sepan que en mi país, cada vez que muere un anciano, se quema una biblioteca”, dijo el gran intelectual maliense Amadou Hampaté Bâ en 1962. La frase se pronunció en respuesta a un senador de los Estados Unidos que acusó a los africanos de ser “ingratos, analfabetos e ignorantes” en una sesión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO.
La formulación de Hampaté Bâ nos ayuda a comprender la importancia de los ancianos para las sociedades orales, que transmiten su conocimiento e historia a partir de la palabra hablada. El proverbio se aplica perfectamente a los pueblos de la selva amazónica (ya sean indígenas, ribereños o quilombolas) así como a todos los pueblos y comunidades tradicionales de todo el Brasil que tienen en sus ancianos fuentes de conocimiento, autoridad moral y orientación política y espiritual. Son precisamente estos cimientos los que, por pertenecer al principal grupo de riesgo de covid-19, están entre los primeros en morir. Y en serie: estamos presenciando un genocidio en tiempo real.
En los últimos días, hemos recibido noticias que indican la penetración del coronavirus a lo largo del río Tapajós en el oeste de Pará, incluso en su curso medio y alto, donde viven la mayoría de los Munduruku y los ribereños de Montanha y Mangabal, que se llaman a sí mismas comunidades ribereñas. Nueve Mundurukus han muerto, ocho de ellos ancianos. En mayo, Jerome Manhuary (86 años), Angelico Yori (76 años) y Raimundo Dace (70 años) se fueron. Entre el 1 y el 5 de junio, murieron Vicente Saw (71 años), Amâncio Ikõ (59 años), Acelino Dace (77 años), Francidalva Saw (40 años), Martinho Borõ (77 años), Benedito Karo (70 años) y Bernardo Akay.
Acelino Dace en el pueblo de Sawre Muybu, donde se realizó una excavación arqueológica en 2014. Foto: Bruna Rocha
La muerte de estos ancianos va mucho más allá de la tragedia local y familiar. Como se destaca en una carta de las Asociaciones Munduruku: “También nos preocupa la pérdida de nuestra historia, custodiada y transmitida por nuestros ancianos, sabios y chamanes, para quienes el virus es más peligroso”. Los ancianos de estas comunidades representan sus archivos y conocimientos sobre el territorio, la historia del grupo, la fabricación de objetos y alimentos específicos, entre otros.
Uno de los principales referentes del pueblo Munduruku del medio Tapajós, Amâncio Ikõ Munduruku, no resistió y murió el 2 de junio. Estuvo desde el 30 de mayo en una unidad de cuidados intensivos en Belém, sedado e intubado, respirando con la ayuda de ventilación mecánica. Nacido en 1960 en la parte alta del río Tapajós, llegó con su familia a la ciudad de Itaituba a principios de la década de 1970. Su historia se mezcla con la de Itaituba, que en ese momento sólo tenía una calle. Con amarga ironía, la familia eligió el lugar que se convertiría en la aldea de Praia do Mangue porque estaba lo suficientemente cerca de un puesto médico que podía atender a su madre.
Además de la lucha por la salud, la vida de Amâncio también se caracterizó por la lucha por la educación diferenciada, el territorio y la identidad. Amâncio luchó por el derecho de los Munduruku a poder registrar sus nombres originales, y no los nombres de blancos como lo obligaban los notarios en sus documentos de identidad. Con el apoyo de compañeros Munduruku, fundó la Asociación Pariri en 1998, que sigue siendo fundamental en la lucha por los derechos indígenas. También aconsejó al jefe indígena Juárez Saw, quien también dejó el Tapajós superior, que recuperara parte del territorio ancestral Munduruku que hoy es la Tierra Indígena Sawre Muybu/Daje Kapap Eïpi. “Mi padre es un gran guerrero”, señala uno de sus hijos, Ikõ Biatpu Munduruku. Ikõ temía que su padre, como su abuelo, muriera solo en Belén.
Amâncio Ikõ Munduruku, acompañando los estudios del Grupo de Trabajo para la Demarcación de la Tierra Indígena Sawre Bapin en 2019. Foto: Rosamaria Loures
Sólo después de una gran insistencia de la familia, Amâncio fue llevado en ambulancia a un puesto de salud. Antes saludable, su estado empeoró rápidamente, presentando una insuficiencia respiratoria aguda, una caída en la saturación de oxígeno y un deterioro de los pulmones. Como Itaituba, una ciudad de más de 100 mil habitantes, sólo tiene cuatro camas de terapia intensiva y todas se encontraban ocupadas, el 27 de mayo se hizo una solicitud de extracción aérea. Amâncio sólo haría el viaje el día 30, después de haber sido intubado y resucitado manualmente hasta alcanzar un nivel de saturación mínimo para sobrevivir el viaje. En un audio difundido por WhatsApp, un médico intensivista que lo atendió denunció la falta de equipo, suministros y materiales básicos.
En sus redes sociales, la oficina de comunicación del Municipio de Itaituba ofrece otra versión, alegando que una unidad de cuidados intensivos aérea fue puesta a disposición de Amâncio “inmediatamente”, y que la solicitud de una cama en Belém fue hecha por la Secretaría Municipal de Salud de Itaituba, ignorando la articulación fundamental de la COIAB (Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña) para que esto ocurriera.
En la región superior del Tapajós, la gran penetración de la minería de oro puede estar directamente relacionada con la rápida expansión del covid-19. El 21 de mayo, después de una reunión en la aldea de Jacarezinho para discutir la legalización de la minería en pequeña escala en tierras indígenas, los garimpeiros (trabajadores de dicha industria) animaron a Mundurukus de varias aldeas cercanas a la ciudad, incluidos niños, para ir a la ciudad de Jacareacanga y participar en una caravana a favor de la minería, en contra de lo aconsejado por el personal de vigilancia sanitaria y el Distrito Especial de Salud Indígena del Tapajós. Esto contribuyó decisivamente a llevar el virus a las aldeas, explicando por qué el cacique Vicente, que ni siquiera había salido de su aldea, Sai Cinza, fue asesinado por el covid-19. Los datos del Instituto Amazónico del Hombre y el Medio Ambiente (Imazon) registraron que en abril de 2020, la tierra indígena Munduruku fue la más deforestada del país, deforestación estrechamente asociada al avance de la minería.
Martin Borõ, junto a su esposa Leonora Koro, en la aldea de Santo Antonio, un pueblo que él estaba construyendo en mayo de 2020. Foto: Thomas Borõ.
Disneico, con una saturación de oxígeno de alrededor del 60%, Martinho Borõ Munduruku fue internado en aislamiento en el Hospital Municipal de Jacareacanga (donde no hay cama en la unidad de cuidados intensivos). Nacido en 1943, residente en la aldea Caroçal Rio das Tropas y antiguo jefe indígena, se le considera uno de los primeros maestros munduruku, quien enseñó a muchos niños y luchó por la educación y la salud. Gran historiador, conocía las canciones Munduruku y participaba en las asambleas promovidas por el pueblo indígena, así como en acciones autónomas de vigilancia del territorio. Siempre preocupado por “contar las historias de nuestros antepasados para que los niños conozcan las historias de nuestros abuelos”, trabajó como relator de la “Historia del Antiguo Munduruku” (1977-1979).
Hace unas dos semanas, Martinho, que era diabético, comenzó a mostrar síntomas. Según los informes, el médico del Servicio Especial de Salud Indígena que estaba en la aldea habría dicho a los que tenían síntomas similares a los del covid-19 que sufrían una infección viral. Ya con dificultades para respirar, Martinho fue trasladado en avión al hospital de Jacareacanga hasta el 29 de Mayo. Allí comenzó a ser tratado con hidroxicloroquina, lo que empeoró su salud. Avalado por la Secretaría de Salud de Pará, la aplicación de este tratamiento puede hacerse incluso en pacientes “al inicio de los síntomas”.
Considerando el cuadro descrito por su sobrino, Jair Boro, quien cuando llegó a Jacareacanga su tío apenas podía hablar, y la alta probabilidad de que su compañero no dominara el idioma portugués, uno se pregunta hasta qué punto sería válido el “consentimiento” dado por el tratamiento, tan destacado por el Ministerio de Salud.
En Montanha y Mangabal, después de una gran lucha contra los acaparadores de tierra que trataron de expulsarlos violentamente de ellas y que, en piezas judiciales, los acusaron de invasores, las comunidades ribereñas tuvieron una parte de su territorio histórico contemplado por un proyecto de asentamiento agroextractivista en 2013. La decisión histórica se basó en un amplio espectro de pruebas que incluían registros hechos por viajeros desde el siglo XIX, antiguos registros de bautismos y, fundamentalmente, en la memoria colectiva del grupo, transmitida por los ancianos y basada en señales que ellos reconocían en su territorio.
Una de las principales matriarcas de esta comunidad, Odila Braga dos Anjos, proporcionó informes, fotografías y documentos que serían fundamentales para el proceso. Nacida en 1937 en la ciudad de Laje do Mangabal, la señora Diloca, como se le conoce, tiene once hermanos y tuvo diez hijos en el borde de Tapajós. Es una fuente de conocimiento sobre la historia del grupo y su intrincada red de parentesco. Ahora, su hipertensión preocupa a los hijos y nietos más que nunca.
Los garimpeiros viven en el puerto de la comunidad Sapucaia, donde vive la señora Odila, para acceder al caño de agua que sale de la colina. No se sabe si están armados; es posible que estén contaminados. El propietario del comercio más cercano, que abastece a todos los garimpos (sitios de extracción mineral) de la región, llamado “Amigo Garimpeiro”, ubicado en el km 180 de la Carretera Transamazónica, murió el 4 de junio, después de pasar días en una unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Santarém debido a su contagio del covid-19.
En 2011, doña Odila Braga dos Anjos muestra viejas hachas de piedra pulida que encontró en su granja. Foto: Bruna Rocha
En los últimos 500 años, la invasión de los territorios indígenas siempre ha ido acompañada de brotes epidémicos. La diferencia ahora radica en la escala de la degradación ambiental, sin igual, y la rápida propagación del virus. Esta degradación está desfigurando los paisajes que servían de referencia para la memoria de los pueblos de la selva que viven en el Tapajós. La llegada del covid 19 al Tapajós medio y alto profundiza ahora la degradación de la historia y las tradiciones únicas de estos territorios.
Es posible hacer una comparación con la destrucción del patrimonio histórico y cultural generada por el incendio del Museo Nacional en septiembre de 2018, pero ni siquiera eso puede abarcar la desestructuración y la sacudida irreversible que se está produciendo en los pueblos de la selva, que suelen tener altas tasas de comorbilidades resultantes de procesos desordenados de contacto con la sociedad industrial, que incluyen cambios bruscos en la dieta, actividades laborales insalubres y una atención sanitaria precaria.
En ausencia de equipo médico para todos, basar la elección en quién vive y quién muere a partir de parámetros de edad, como se ha discutido en contextos urbanos, ignora la centralidad de los ancianos para los pueblos de la selva. Jair Boro Munduruku, el primer arqueólogo graduado en la Universidad Federal de Pará Occidental, escribió: “Nuestros ancianos tienen un gran conocimiento… Cuentan los eventos que involucran a nuestra gente, sobre cómo se hicieron las cosas y por qué, así como lo que no se puede hacer”. Fue el conocimiento de los ancianos lo que aseguró el reconocimiento territorial de los diferentes pueblos de los bosques, y lo que les comparte sobre sus raíces. Y no sólo ellos: cada vez más, investigadores de diferentes áreas han consultado a los ancianos locales sobre la flora, la fauna, la historia y un universo de información. Ahora, estas bibliotecas están siendo quemadas.
En todo el mundo se han ido promulgando medidas de emergencia sin precedentes en el marco de la pandemia de COVID-19. Mientras tanto, el virus se sigue propagando.
Hasta el 4 de junio de 2020, el portal de estadísticas en línea Statista identificaba un total de 1,142,083 casos de COVID-19 registrados en América Latina y el Caribe, donde Brasil se ubica como el país más afectado por esta pandemia en la región con más de 584 mil casos confirmados.
Dentro de los países con mayor número de contagios se encuentran también Perú, Chile, Ecuador, México, Panamá, la República Dominicana y Colombia.
Esa situación está teniendo consecuencias dramáticas sobre enteros sectores de la población, en particular sobre los grupos de personas más vulnerables, como es el caso de las personas privadas de su libertad.
En Chile, el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico (Colmed) manifestó en un comunicado su preocupación por la situación de la pandemia en las cárceles del país y advirtió que el avance del virus “ha evolucionado en una situación sanitaria fuera de control, que amenaza con agravar el problema de salud publica ya existente”.
En Colombia, el 21 de mayo de 2020 se contabilizaron 890 enfermos de COVID-19 en centros penitenciarios, según cifras de El Espectador.
En El Salvador, los casos sospechosos de COVID-19 en las prisiones superan los 1,000, mientras que los contagios suman más de 140, de acuerdo con datos oficiales divulgados el martes 2 de junio por el director de Centros Penales, Osiris Luna.
En un informe intitulado “COVID-19 y Detención”, el Grupo de Litigantes Contra la Tortura de América Latina, una plataforma conformada por abogados y abogadas de 17 organizaciones de la sociedad civil de 10 países de América Latina y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), llama la atención sobre la situación en las cárceles del continente y alerta sobre el riesgo de violaciones a los Derechos Humanos, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes de las personas encarceladas en medio de la pandemia.
Sobrepoblación
En la mayoría de las cárceles de la región las malas condiciones preceden la pandemia: la situación ya era alarmante desde antes, y por lo mismo está empeorando rápidamente.
El sistema carcelario guatemalteco tiene capacidad para albergar aproximadamente 6,800 personas, pero en el mes de abril se superaron los 26,000 privados de libertad.
En Argentina se había declarado la emergencia carcelaria en el sistema federal debido a la sobrepoblación desde finales de 2019. En Colombia, el hacinamiento llegaba a un promedio de 51,2% en marzo del 2020, aunque es mucho mayor en determinados centros carcelarios, como es el caso de Riohacha que posee un hacinamiento del 339%. En Perú, el nivel promedio de hacinamiento es del 142%. En más de la mitad el hacinamiento sobrepasa el 200%, pudiendo llegar incluso al 600%.
“En muchos países, los centros de detención están sobrepoblados, y en algunos casos, en peligro de estarlo, por lo que la distancia social y el aislamiento en estas condiciones son prácticamente imposibles”,
ASEGURÓ LA OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS, MICHELLE BACHELET.
El informe del Grupo de Litigantes Contra la Tortura abunda en el mismo sentido al señalar que “la sobrepoblación y la dificultad o imposibilidad de implementar medidas adecuadas de sana distancia, higiene y limpieza son factores que aumentan considerablemente el riesgo de brotes del virus entre la población recluida”.
Falta de recursos médicos
A esa situación se suma la de la falta de recursos materiales y médicos: en la mayoría de los centros penitenciarios el personal médico es insuficiente y no cuentan con materiales de protección adecuados.
En el caso de Chile, el informe sobre COVID-19 y detención señala: “las condiciones de hacinamiento de los centros penitenciarios, la falta de recursos materiales y médicos así como la ausencia de medidas sanitarias de emergencia, agravan las condiciones de vulnerabilidad ya existentes en la población penitenciaria, quienes enfrentan esta pandemia sin que a la fecha se tenga conocimiento de incremento de recursos que permitan hacer frente a un brote de contagio en los distintos centros a nivel país. De acuerdo a lo informado por la Asociación Nacional de Gendarmes, el personal médico es insuficiente para dar cobertura a la crisis sanitaria, y no cuentan con materiales de protección adecuados.”
Situaciones similares se repiten a lo largo del continente.
Factores de riesgo y falta de información
En México, un monitoreo realizado en centros penitenciarios del país por la organización Documenta expuso la preocupación de familiares de personas privadas de su libertad debido a los factores de riesgo para la propagación del virus existentes.
De las más de 600 personas interrogadas, el 67.3% indicó que la persona privada de la libertad padece una enfermedad crónica degenerativa y el 51.7% indicó que el estado de salud de la persona privada de la libertad es regular a malo.
Por otro lado, también señalaron la desinformación que sufre la población carcelaria. Así, el 51.1% indicó que no han sido informados sobre las medidas a implementar ante la pandemia por COVID-19, y el 87.3 % indicó que desconocen de la existencia de algún protocolo a seguir en caso de contagio de alguna persona privada de la libertad por COVID-19.
Limitación de las visitas
En la mayoría de los centros penitenciarios las visitas han sido suspendidas. Además del sufrimiento ocasionado por el hecho de no ver a sus seres queridos, esa situación tiene impactos graves sobre la situación alimenticia y de higiene de muchas personas ya que en muchos casos las personas detenidas dependen del apoyo de sus familiares para conseguir insumos de primera necesidad.
“La suspensión de las visitas y los traslados han agravado la casi inexistente provisión oficial de alimentos y productos de higiene, que era solventada por los familiares que se acercaban a las cárceles. A su vez, la restricción de la movilidad, obstaculiza aún más, la llegada de víveres a los detenidos”, resalta el informe con respecto al caso de Argentina.
Por otro lado, el observatorio de prisiones de Documenta expone que en el caso de México también hay “algunas personas privadas de la libertad [quienes] aportan al sustento de sus familias a través de programas o actividades implementadas en los centros penitenciarios para fomentar el empleo, pero con la suspensión de estas actividades no han podido recibir este apoyo”.
La organización alerta por último que las personas que tienen que viajar largas distancias para visitar a sus seres queridos “han visto disminuidas estas posibilidades tanto por las restricciones a la movilidad derivadas de las medidas de prevención ante la crisis sanitaria, como por las implicaciones económicas que esto representa”.
Motines y represión
Desde el inicio de la pandemia, las pésimas condiciones de detención han provocado protestas, fugas y motines en varias cárceles de América Latina.
En Perú, la situación de abandono que viven las y los reclusos desencadenó diversos motines en diferentes penales del país, cuya represión dejó un saldo de 11 muertos y decenas de heridos. Dos rehenes fallecieron en el motín del penal de Trujillo, y nueve en el penal Miguel Castro, en Lima.
“Queremos las pruebas de covid-19”, “Tenemos derecho”, Nos estamos muriendo, ayúdennos” y “Medicinas y libertad”, son algunos de los mensajes que se podían leer en los carteles que ondeaban desde las cárceles.
En Colombia, el Gobierno de Iván Duque decretó a finales de marzo la emergencia carcelaria, luego de que un motín en la Cárcel Modelo de Bogotá dejara 23 muertos y al menos 90 heridos.
El primero de mayo, en el Centro Penitenciario de Los Llanos en Venezuela, fueron asesinados al menos 47 personas privadas de libertad y otras 75 sufrieron graves lesiones por la represión violenta de un motín.
Según un recuento de las Naciones Unidas, otros incidentes han ocurrido en Argentina, Brasil, México y Estados Unidos.
Derribado en el piso como un bulto inmovilizado, con las manos esposadas y recibiendo la presión de más de 80 kilógramos en su cuello, a través de la rodilla del policía que lo había detenido, con su respiración agonizante y con un gran esfuerzo balbuceó, “no puedo respirar. Me duele el estómago y el cuello”. Hoy, sabemos que éstas fueron las últimas palabras del ciudadano afroamericano George Floyd, de 46 años, quien tenía a su esposa y una hija de seis años. Vivió y murió en Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos.
La muerte de este hombre negro pudo haber pasado desapercibido y haber representado un número más en las cifras de las personas negras muertas por las manos de un policía, pero su muerte incendió las principales ciudades de los Estados Unidos.
Floyd había sido arrestado el pasado lunes 25 de mayo por un supuesto pago que realizó con un billete falso de 20 dólares. Cuatro policías participaron en su detención y, sin haber opuesto resistencia, con las esposas en las manos y en el piso, el oficial Derek Chauvin colocó su rodilla en el cuello del detenido al menos por ocho minutos hasta dejarlo inconsciente, posteriormente fue trasladado a un hospital, pero ya había fallecido.
Una persona testificó el momento preciso en el cual el oficial Chauvin, y sus tres compañeros observando, provocaba la muerte de Floyd. Por lo que decidió subir un vídeo en las redes sociales con el registro de los hechos. Pronto se viralizó, y al día siguiente, cientos de jóvenes, universitarios y jóvenes secundarios en su mayoría, salieron a las calles. Poco a poco se fueron sumando más personas. Las protestas se amplificaron, y en sus primeros dos días, se extendieron provocando sabotajes y ocupaciones de varios negocios.
La rabia era tal que, al tercer día de manifestaciones continuas, el jueves 28 de mayo, incendiaron la comisaría del tercer distrito policial de Minneapolis tras haber forzado la retirada completa de sus elementos. Chauvin y los tres policías quienes participaron en la detención de Floyd pertenecen a este distrito, y fue en esta zona donde el oficial mató al afrodescendiente.
Para la hermana del hoy occiso, no le cabe la menor duda de que esta acción no fue aislada y que es claro que tuvo un tinte de racismo, el cual sufre constantemente la comunidad negra en este país y sostiene con firmeza, “ellos asesinaron a mi hermano, él lloraba pidiendo ayuda”, pero incluso los tres policías que ayudaron a derribar a Floyd sólo observaban la acción como algo normal.
Diversos medios de comunicación hicieron eco de las declaraciones del gobierno al catalogar estas protestas como “aisladas” y que solo buscaban provocar “actos vandálicos”, pero las protestas se han sostenido por ocho días continuos hasta este 3 de junio y se han extendido en más de 140 ciudades de los Estados Unidos.
Mientras tanto, la casa Blanca, donde vive el mandatario de este país, Donald Trump, amaneció cercada con vallas de metal y con centenas de elementos de la Guardia Nacional.
En entrevista para Avispa Midia, Ryan Strand, un militante de Minneapolis, dijo que las acciones , “en muchos casos, de destrucción, era atacar objetivos bien pensados. Muchas son corporaciones que ofrecen trabajos de salario mínimo sin posibilidad de progresar”, señaló el manifestante.
Ryan asevera que el coraje mostrado por el asesinato de Floyd, se expresa hacia el sistema económico en su conjunto, por ello, entre las acciones realizadas, ocuparon “un hotel de lujo y dejaron entrar a más de cien personas sin casa a vivir ahí. Hay gente haciendo guardia todavía, cuidando y alimentando a esta gente”, señaló el activista.
Pero para Diego Taylor, un joven estudiante que participó desde las primeras protestas, asegura que fue la rabia la que se desbordó, sí, por la muerte de Floyd, pero también la rabia por “este sistema que está caduco junto con todas sus instituciones. Por ello, quemar la comisaría, condominios nuevos y otros edificios fueron actos simbólicos de una sociedad que está cansada. Cansada de este sistema que gobierna bajo una violencia sistemática, desde el policía que te puede asesinar por ser negro, latino, gay o indígena, hasta el costo de los alquileres, que son exorbitantes. Esta es otra forma de violencia, porque ha empujado a vivir en las calles a miles de personas”, dijo para Avispa Midia el manifestante.
La revuelta se extiende
En el transcurso de una sola semana esta rebelión, que surge en la ciudad de Minneapolis, se ha convertido en un levantamiento que no solo se ha expandido en la mayoría de las ciudades de este país, sino que también comienza a contagiar a otros países, como en Paris, Francia, donde han reivindicado la muerte de Floyd.
En los Estados Unidos las revueltas más nutridas, fuera del epicentro, han tenido lugar en Nueva York, Seattle, Oakland, Washington DC, Richmond, Portland, y Los Ángeles. Pero incluso diversas comunidades pequeñas y rurales han realizado también acciones de protesta como manifestaciones en las calles y ataques contra las fuerzas policiales.
Sin duda alguna la oleada de estas protestas es la más intensa de las últimas décadas. No se había visto algo así en los Estados Unidos desde 1968. “Ni siquiera en aquel año, en el cual asesinaron a Martin Luther King, un líder del movimiento para los derechos civiles de los afroamericanos, se movilizó a esta velocidad y con tanta generalización en tantas ciudades”, declara Ryan.
Otro activista que se sumó a las manifestaciones en Atlanta asegura que la multitud era nutrida, principalmente, por jóvenes desde nivel secundaria, hasta nivel superior. “Es una generación que está harta y que ha perdido credibilidad en las instituciones de gobierno, en el sistema electoral y en todo lo que se ha acumulado. Como la crisis económica, el desempleo, el cambio climático. Hay insatisfacción con el gobierno, la educación, la salud, la gente quiere romper con todo esto. Creo que esto es en todo el mundo, es el sistema capitalista lo que se cuestiona”, dijo el manifestante que por seguridad solo se presentó como Casper.
“Terrorismo doméstico”
El país que más de una vez se ha vanagloriado de respetar los derechos humanos, la libertad y la democracia, cómo si fuera una situación de amenaza externa, Trump, anunció este lunes (1) que había recomendado a los gobernadores de las principales ciudades donde las protestas se han agudizado, hacer uso de la Guardia Nacional, “para acabar con los disturbios, el caos, la violencia y la destrucción”.
Es así que la Guardia Nacional ordenó sumar 12 mil soldados más a los 5 mil que ya se habían desplegado desde el domingo 31 en las principales ciudades donde se agudizaron las protestas. Pero también se anunció que 67 mil elementos de la Guardia Aérea y del Ejército están preparados para contener las protestas que van en aumento en más de 23 estados, además de Washington, DC.
A esto se suma la declaración de un toque de queda diaria en diversos estados y ciudades de este país y, aunque estas medidas represivas han golpeado fuertemente la fuerza de esta insurrección, en algunas partes aun no se han podido contener y disolver.
“Ni en el momento más álgido de la pandemia del Coronavirus (Covid19) se movilizaron tantos militares a esa velocidad como lo hacen ahora”,
SEÑALÓ PARA AVISPA MIDIA EL PERIODISTA ARMANDO CARMONA, QUIEN HA ACOMPAÑADO LAS PROTESTAS EN CALIFORNIA.
Aun con mayor presencia militar, “ni el sabotaje, ni las ocupaciones, las protestas pacíficas, la destrucción de negocios, los vehículos policiales incendiados se han podido contener. Ni mucho menos los cuestionamientos hacia las instituciones de la supremacía blanca”, agrega Ryan.
“Los manifestantes han tenido que aprender rápido de las tácticas que surgieron en el último año en Hong Kong, Chile, y otras partes del mundo. En Seattle, por ejemplo, la gente está usando conos de tráfico y agua para extinguir las bombas de gas lacrimógeno, mientras otros se resguardan contra el gas pimienta con paraguas,” dijo para Avispa Midia una joven manifestante que prefirió mantenerse en el anonimato por cuestiones de seguridad.
Desde el pasado domingo (31), Trump, en su cuenta de twitter señaló a las protestas como un movimiento “¡ANTIFA!”, catalogándolas como “una organización terrorista”, un concepto que había sido usado exclusivamente para amenazas externas de los Estados Unidos.
Pero lo que tal vez no dimensiona el mandatario de este país es que una buena parte de la población estadounidense esta en desacuerdo con el autoritarismo de su gobierno y de las malas decisiones, por tanto, esta gente también podría ser considerada como ANTIFA.
“Cualquiera que esté en contra del fascismo y del autoritarismo puede ser catalogado como ANTIFA, porque esta palabra es una abreviatura del Antifascismo. Pero al categorizar con este término a los manifestantes o cualquiera que está en desacuerdo con el gobierno y sus instituciones, es catalogado como enemigo del Estado, como terrorista doméstico y así, se crea un enemigo interno que puede ser cualquier persona que está en contra de este gobierno”, comparte Carmona.
Antifa, según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, no tiene una organización nacional ni un líder. El servicio parlamentario la describe como una entidad “descentralizada, radical, de grupos o individuos afines”.
Aunque el antifascismo surge en el siglo XX en Italia en rechazo al Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini, que llegó al poder en 1922. Luego se extiende contra el nazismo en la Alemania Nazi y así fue evolucionando tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Hoy diversas organizaciones, colectivos y procesos organizativos, así como individuos por todo el mundo se asumen como antifascistas.
Pero la mezcla entre “Antifa” y “terrorismo Domestico”, da por hecho que cualquiera que se asuma como antifascista es catalogado en automático como terrorista y amenaza para los Estados Unidos.
“Hay supremacistas blancos que han asesinado en masa a diversas personas. Por ejemplo, en El Paso (Texas) hubo un supremacista que mató a casi 20 personas. Cerca de San José (California) también otro supremacista realizó otra matanza. Pero existen clasificaciones distintas para la categoría de “terrorismo doméstico”, depende a quién beneficia. Por ejemplo, para las acciones de la supremacía blanca no cabe esta tipificación, ellos no son enemigos, no son terroristas. Pero en este caso como se trata de la comunidad afroamericana y contra la violencia policial, pues ya encontraron un enemigo y en este caso es, todo aquel que no esta de acuerdo con estas acciones racistas”, agrega el periodista Carmona.
Strand advierte que este enemigo interno se recarga principalmente hacia la juventud negra, “que es la que está dando rumbo a este movimiento”.
Pero no hay que perder de vista, dice otra joven manifestante que solo se ha presentado por seguridad como Irene, que, “con la fabricación de este enemigo también buscan dividir el movimiento y justificar una violencia y represión más severa, sobre todo contra las poblaciones no blancas, pero también hacia cualquier proceso organizativo”.
El oportunismo
Es claro que tras las manifestaciones realizadas en las más de 140 ciudades de Estados Unidos no hay una organización vertical o líderes que conduzcan el rumbo de estas expresiones de resistencia. Pero sí hay lazos de colectividad y solidaridad que comparten los manifestantes, además del descontento y el desprecio hacia un sistema senil que comienza a mostrarse debilitado.
“La gente que hemos salido a las calles buscamos otra cosa, no nos interesan sus disputas políticas, pero es seguro que intentarán montarse en esta resistencia, por ello, tenemos que trabajar más en nuestra organización trazando alternativas a seguir”, comparte Casper.
Mientras tanto, el domingo pasado apareció de forma improvista el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, en una protesta de Wilmington, la ciudad donde reside. Más allá de las palabras que pudo compartir con los manifestantes y la prensa, “es un claro oportunismo político y esto es lo que pasará con diversos políticos que intentarán usarnos como moneda de cambio. Pero de nosotros depende el rumbo que le daremos a este momento histórico”, argumenta Taylor.
“Hemos ofrecido a la nueva administración nuestra cooperación y aporte en todos los temas estratégicos(…) con la seguridad pública. Lamentablemente tenemos una experiencia más que cualquier otra nación en la lucha contra el terrorismo. (…) Son experiencias que Israel ha acumulado y ofrece al nuevo gobierno de México, a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)”, afirmó Jonathan Peled, ex embajador de Israel en México, días después de reunirse con AMLO durante la conmemoración por el día del agua en 2019.
La invitación es la continuación de una larga relación entre los dos países. Desde hace siete décadas, México ha sido cliente del Estado israelí para conseguir materiales y estrategias militares.
De hecho, la investigación “El papel de Israel en la militarización de México”, elaborada por la organización palestina Stop the Wall y, que a su vez, retoma información del informe del Militarismo Israelí en América Latina realizado por grupos latinoamericanos adherentes al BDS, sección de México, argumenta que el estado de violencia e inseguridad sin precedentes que se vive en Mexico tiene que ver con la implementación de tecnologías y prácticas similares a las que utiliza Israel en Palestina, mismas que han sido clasificadas como genocidas por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Israel siempre está allí para ayudar a quienes buscan paradigmas, metodologías y tecnologías de represión y vigilancia cada vez más sofisticados. Son líderes mundiales en el sector, utilizan a nuestra gente como su laboratorio continuo y han probado sus métodos y armas en nuestros cuerpos. Al mismo tiempo, este comercio trae el dinero necesario para financiar la ocupación y el apartheid contra nuestro pueblo, y llenar las arcas de Israel”, denuncia por su parte Jamal Juma, líder y fundador de la organización Stop the Wall, reconocido luchador por los derechos humanos en Palestina.
Por décadas, Israel ha influenciado en los “métodos” utilizados en la estrategia de seguridad de México para tratar a la población civil como el enemigo: desde la venta de las aeronaves con las cuales el ejército mexicano ejecutaba los vuelos de la muerte durante la guerra de contrainsurgencia de los años 70, hasta la implementación actual de sofisticados programas para realizar espionaje cibernético contra activistas, funcionarios y periodistas.
Actualmente ambos países impulsan la renovación de un Tratado de Libre Comercio vigente desde hace dos décadas, a la vez de aumentar la colaboración bilateral en materia de seguridad mediante reuniones de trabajo como la sucedida entre personal de la Guardia Nacional y funcionarios del Ministerio de Defensa de Israel y de la Embajada de esa nación en febrero pasado.
México reconoció al estado de Israel en enero del año 1950 y ambas naciones establecieron sus primeros contactos diplomáticos formales el 1 de julio de 1952.
Según la base de datos SIPRI Arms Transfers, en 1972 México compró los primeros cinco aviones militares de carga y transporte de tropas tipo Arava a la empresa Israel Aircraft Industries (IAI). Para 1979, había adquirido nueve unidades más así como 60 morteros M-65 de la empresa Soltam Systems11, según los registros oficiales. Entre los años de 1990 y 1994, la compra de armamento empezó a aumentar significativamente para realmente explotar después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994.
“Desde entonces, Israel ha intervenido en la capacitación a militares, así como fuerzas policíacas locales y federales. Además, el ejército mexicano usó aviones Arava israelíes modificados para labores de intervención en Chiapas”, precisa la investigación de Stop the Wall.
Durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) las compras aumentaron 267.65% respecto a los seis años previos. El aumento porcentual entre los sexenios de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) en la compra de armas y tecnología militar a Israel fue del 1,632%, afirma el informe.
Actualmente, las inversiones de empresas israelíes en México alcanzan la cifra de 3 mil millones de dólares mediante la actividad de 200 companías. De entre ellas destacan 16 corporaciones de la industria militar israelí con presencia en el país.
Además de la compra-venta de armas, Mexico e Israel han hecho acuerdos e intercambiado conocimientos a lo largo de las últimas décadas.
En febrero de 1997 los gobiernos de Israel y México firmaron un acuerdo sobre cooperación en el combate al tráfico ilícito y abuso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y otros delitos graves. El acuerdo especifica entre otras cosas que tras su firma los dos países “deberán cooperar en el intercambio de experiencias sobre el uso de tecnología de punta y prácticas utilizadas”.
Ese mismo año, 150 agentes judiciales del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la capital del país, fueron entrenados por la empresa israelí ISDS. Al menos 60 de ellos recibieron su curso durante tres meses en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicadas en Temamatla, Estado de México.
En 1999, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León impulsó la creación de la Policía Federal Preventiva (PFP), incorporando a elementos de la Policía Federal de Caminos, una brigada del ejército mexicano y unidades formadas en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como el Grupo de Operaciones Especiales (Gopes). En 2003, Miguel Ángel de la Torre, quien era en ese entonces jefe de los Gopes, marcó el inicio el 11 de septiembre de 2003 de los programas de capacitación antiterrorismo para casi 300 agentes de la PFP que conforman los Gopes, los cuales incluían un viaje a Israel.
De acuerdo al documento Militarismo israelí en América Latina, realizado por el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel (BDS, por sus siglas en inglés), comandantes y líderes de alto rango de la policía federal, estatal y municipal participan en cursos anuales promovidos por el organismo de cooperación internacional Mashav y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
A su vez, el Ministerio de Defensa israelí y la Policía Federal de Israel han impartido capacitación a las fuerzas policiales de varios estados de México como la policía municipal de León, Guanajuato; la policía ministerial de Baja California y la Comisión de Seguridad Ciudadana del Estado de México.
Aunado a ello, existen casos de gobernadores o alcaldes municipales quienes intercambian experiencias en seguridad israelíes, para ser ejecutados de vuelta en sus territorios. Es el caso del alcalde de Huixquilucan, Estado de México quien visito instalaciones del Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales (Mosad).
También funcionarios israelíes han visitado México tal como el caso del director de la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Defensa de Israel (SIBAT), Mishel Ben Baruch, quien se reunió con funcionarios de seguridad en Chiapas, “único estado de la República Mexicana donde se ha buscado asesoramiento israelí para reprimir los movimientos indígenas”, denuncia el informe.
Gigantes de la industria militar con presencia en México
Elbit Systems
Es la segunda empresa fabricante de armas en Israel y, que opera en diversas áreas que incluyen sistemas aeroespaciales, terrestres y navales, comando, control, comunicación, computadoras, inteligencia y vigilancia.
El principal cliente individual de Elbit Systems es el Ministerio de Defensa de Israel (IMOD), pero la compañía también comercializa sus productos fuera de Israel como “probados en el combate” y basados “en la experiencia operativa obtenida a través de decenas de miles de operaciones clasificadas por las fuerzas de defensa israelí”. Sólo en el mes de julio de 2014, durante el ataque a Gaza, las ganancias de Elbit Systems aumentaron un 6.1%, el mayor nivel de aumento desde 2010.
International Security and Defense Systems (ISDS)
ISDS se enorgullece de haber sido fundada por un ex agente del Mossad – una de las agencias de inteligencia de Israel, responsable de la recopilación de información de inteligencia, acción encubierta, espionaje y contraterrorismo en todo el mundo – , Leo Gleser, su director hasta hoy.
La empresa se dedica al entrenamiento antiterrorista, escuadrones, vigilancia electrónica y recolección de información, así como la venta de armas, como helicópteros y aviones. También se especializó en la realización de interrogatorios y en la supervisión de prisioneros en América Latina. En el contexto de las dictaduras en las que operó, la empresa israelí está relacionada con las prácticas generalizadas de tortura y detención ilegal.
Israel Aerospace Industry (IAI)
IAI fue durante mucho tiempo a la vanguardia de la producción y exportación de armas de Israel. En 2013, el 73% de sus ingresos por ventas provinieron de las exportaciones.
Fue una de las primeras empresas bélicas en desarrollar la tecnología de aviones no tripulados, más conocidos como drones. Los promueve como probados en combate y explica en su sitio web que sus drones tienen un historial de más de un millón 200 mil horas de vuelo operativas, para más de 50 usuarios en cinco continentes.
En septiembre de 2017, IAI fue elegido por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. para construir un prototipo del muro entre EE.UU. y México.
Nice Systems
Es una empresa que se especializa en grabación de voz por teléfono, seguridad de datos y vigilancia, así como en sistemas para analizar estos datos registrados.
Nice Systems fue establecido por siete ex oficiales de inteligencia militar israelí que prestaron servicio en la Unidad 8200, la célula de inteligencia más grande en el ejército de Israel.
Plasan Sasa
Plasan Sasa desarrolla, fabrica y ensambla sistemas de blindaje de vehículos hechos a medida, ademas de equipos de protección de armadura adicionales para camiones tácticos o aviones. También es un importante proveedor de armaduras de protección de personal. En México, Plasan produce los vehículos blindados SandCat, que han estado involucrados, entre otros casos, en la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa.
Control militar de fronteras
En materia de vigilancia, México ha invertido millones de dólares en drones de alta tecnología para vigilar las fronteras, en particular fabricados por empresas israelíes.
Los primeros drones o “Vehículos Aéreos no Tripulados” israelíes que llegaron a realizar labores de vigilancia en México provenían de Estados Unidos (EEUU).
“En 2004, la empresa militar privada Northrop Grumman, armó y operó dos drones Hunter de Israel Aircraft Industries (IAI) que fueron usados para patrullar la frontera sur de Estados Unidos”,
Fue en el año de 2008 cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició gestiones para adquirir sus primeros drones, un par de Hermes 450 producidos por Elbit Systems por un monto total de 287 millones 500 mil pesos. Según el Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012, titulado Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana, su meta era “garantizar la seguridad interior (operaciones contra el narcotráfico, vigilancia de instalaciones estratégicas y de zonas fronterizas) y protección a la población civil (apoyo al Plan DN-III-E)”.
El primer dron llegó a México en julio de 2009. Para el año 2013-2014, el apartado militar del 2o informe de labores del presidente Enrique Peña Nieto indica que “mediante el empleo de sistemas de aeronaves no tripuladas tipo Hermes 450, S-4 Ehécatl y G-1 Guerrero, se llevaron a cabo 149 misiones de vigilancia y reconocimiento en apoyo a diversos mandos territoriales, con un total de 581:40 horas de vuelo”.
El informe de Stop the Wall señala que “ya sea en Palestina, México u otros lugares del mundo, la presencia de los Hermes 450 y drones han marcado un aumento importante de la violencia y muerte en los países que comercian con este tipo de armamento y capacitación militar”.
La investigación también informa que la última de una larga lista de compras de drones israelíes se realizó en 2015, cuando México ordenó dos Dominator 2 XP de la compañía Aeronautics Ltd. Estos aparatos pueden portar hasta 300 kilogramos y convertirse en bombarderos.
Además de los drones, el control de la zona fronteriza entre México y EEUU se inspira la construcción por parte del Estado israelí de un muro de unos 800 kilómetros que se extiende por Cisjordania y rodea Jerusalén. Su construcción comenzó en 2002, creando una frontera nueva. Pese a que la ONU y el Tribunal Internacional de Justicia lo han declarado ilegal, su construcción sigue avanzando.
“La Franja de Gaza está bajo completo sitio, rodeada por un muro, vigilada y bombardeada constantemente por drones israelíes. Según cifras oficiales, en la Franja de Gaza hay cerca de dos millones de personas que viven bajo este sistema de reclusión. Así, la población palestina de Jerusalén y los ciudadanos palestinos de Israel están bajo vigilancia total y permanente, lo que permite mecanismos de represión diversificados y omnipresentes. El muro y los retenes militares son entonces un aspecto fundamental en la militarización de la vida bajo ocupación. Definen si se puede llegar a los campos de cultivo, a las escuelas y universidades, a los lugares de trabajo o incluso a los hospitales”, relata la investigación.
A propósito del proyecto de muro entre Mexico y EEUU, Juma Jamal declaró “esta monstruosa construcción que destroza la vida y las esperanzas de las personas, impuesta por el poder imperialista en la tierra y el pueblo, este muro de la vergüenza que se ha convertido en la marca registrada de la administración Trump se debe a que Israel, a través del ministro Bibi Netanyahu le dijo que los muros funcionan.”
La investigación también señala que los mismos drones israelíes y los sistemas de vigilancia fronteriza también son utilizados por los EEUU para intensificar la militarización de la frontera entre EEUU. y México.
Contrainsurgencia
El éxito de las empresas israelíes en México es resultado de un trabajo de propaganda y promoción que inició en los años 70 y sigue hasta la fecha, a través de operadores tanto privados como oficiales, incluyendo la embajada de Israel en México.
En el año 2000, el 10 de abril, se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México e Israel, siendo uno de sus principales promotores el comerciante de armas David Marcus Katz, quien amasó fortunas mediante su participación en la red que suministró armas a escuadrones de la muerte como los contras en Nicaragua y regímenes genocidas en Guatemala durante el periodo presidido por Ríos Montt, Nicaragua bajo Somoza y Chile con Pinochet.
Para facilitar sus actividades, Israel creó el SIBAT, el Departamento de Cooperación para la Defensa Internacional del Ministerio de Defensa de Israel, cuya tarea principal es la promoción de la industria militar, de los intereses y paradigmas ideológicos del Estado de Israel. Sus tareas son “la identificación de oportunidades, la localización de soluciones tecnológicas relevantes para requisitos específicos, el establecimiento de empresas conjuntas, el inicio de visitas de delegaciones oficiales y la generación de acuerdos de gobierno a gobierno”. Uno de los cuatro representantes de SIBAT en América Latina está en México.
“Smart” y “Safe Cities”
Israel fue el país invitado de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el año 2013. Ese evento fue el pretexto para organizar el VI Congreso Internacional “Retos y Perspectivas de la Seguridad Pública”, donde el gobierno israelí expuso su modelo ante las autoridades, académicos, expertos y público en general.
De ahí nacieron una serie de conferencias y talleres más detallados sobre el sistema israelí, con un énfasis sobre su “innovador” sistema de monitoreo en las ciudades y su concepto de ciudad inteligente y sin violencia (“ Smart and safe city”), que la investigación de Stop the Wall califica de “panóptico digitalizado de represión”.
Es el caso de la Ciudad Vieja de Jerusalén, que fue totalmente transformada con la implementación del Proyecto Mabat 2000.
Mabat 2000, vigilancia 24 horas
“Sistema israelí de 320 a 400 cámaras de televisión de circuito cerrado (CCTV, por sus siglas en inglés) colocadas en la Ciudad Vieja de Jerusalén en el año 2000. Las cámaras pueden ser maniobradas 360 grados para seguir y rastrear movimientos, mientras que el software utilizado predice el comportamiento en los algoritmos. En 2017, el gobierno se comprometió a mejorar el sistema, incluyendo habilidades de reconocimiento facial, la capacidad de detectar si alguien lleva un arma (incluso si está oculta) y proporcionar perfiles completos de personas que caminan por las calles de la Ciudad Vieja. Las cámaras se monitorean las 24 horas del día, los siete días de la semana en pantallas táctiles de alta tecnología, y el sistema está grabando constantemente. En 2013, se puntualizó que la presencia de 320 cámaras corresponde a una cámara por cada 125 residentes permanentes. Este sistema lleva los conceptos israelíes de Safe City o Smart City a un nivel de control total.”
En México, este modelo se está empezando a implementar en particular en el Puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. Después de una visita del ex embajador israelí, Jonathan Peled, a Acapulco, seguida de la visita del presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre a la ciudad israelí de Eilat, empezó un proceso de intercambio entre los gobiernos. El lunes 17 de julio del 2017, Acapulco y Eilat ratificaron en la Secretaría de Relaciones Exteriores el Acuerdo de Hermanamiento firmado entre ambas ciudades. Dicho tratado llamó entre otras cosas a la cooperación en términos de “seguridad”. En el 2018, Evodio Velázquez Aguirre anunció que Israel enviaría “una delegación de especialistas en la materia, realizando un diagnóstico de lo que se vive en el Puerto y analizarán el mecanismo de ayuda que se necesita”.
Por otra parte, en el marco de una visita a Monterrey, Nuevo León, Jonathan Peled también ofreció su apoyo. “Estamos aquí para dar un poco de nuestra experiencia sobre las Smart Cities, como nosotros lo llamamos, la integración de sistemas, tecnología, capacitación, para ponernos en contacto con su equipo para cualquier cosa que se ofrezca, por favor cuente con nosotros, es impresionante ver la ciudad, y creo deberíamos de hacer más, tener más presencia en Monterrey”, declaró para el Diario Judío.
Espionaje
Otro rubro importante en el que la industria israelí ha influenciado a México es el tema del espionaje.
El primer escándalo tuvo lugar en marzo de 1998, cuando la política Layda Sansores descubrió que un centro de espionaje estaba siendo utilizado en su contra mientras competía por la gubernatura del Estado de Campeche. En el lugar fue encontrado un equipo de monitoreo, intercepción y rastreo que fue adquirido por más de 5 millones de dólares, a la empresa Teletron Ltd., de Israel, según datos de La Jornada.
Con los años, el espionaje se volvió cibernético. El primer caso registrado en México ocurrió en 2008 cuando la Policía Federal, al mando de Genaro García Luna (quien recibió entrenamiento en Israel y se encuentra actualmente preso en EEUU acusado de recibir sobornos millonarios del cartel de Sinaloa), compró el software espía (de origen israelí) Nice Track, “a través de un distribuidor local de la empresa Nice Systems, que resultó ser el mismo que distribuyó Teletron”, relata la investigación.
El mayor escándalo de la década pasada fue acerca de la compra del malware Pegasus a la empresa israelí NSO Group, el cual fue usado para realizar ataques a activistas, opositores, abogados, empresarios y periodistas.En 2017, una investigación del grupo Citizen Lab de la Universidad de Toronto reveló que “los objetivos del espionaje fueron contra personas que cuestionan o contradicen las versiones oficiales”.
Como en otros casos de este tipo, la empresa NSO Group no vendió directamente el malware a las autoridades mexicanas, sino fue a través de un intermediario local, Techbull, “una subsidiaria de la empresa mexicana Balam Seguridad Privada, S.A. de C.V., misma que en 2017 vendió a México al menos dos TUAS (Tactical Unmanned Aerial System) modelo Aerostar, de la empresa israelí Aeronautics, con un valor estimado de 15 millones de dólares”, precisa la investigación de Stop the Wall.
El enemigo está en la población civil
Los aportes de Israel en el sector militar también tienen que ver con la exportación de todo una teoría de la seguridad y del uso de la fuerza militar y policial. Esta teoría se ha ido construyendo y fortaleciendo desde la fundación del Estado de Israel en 1948, que implicó desde un principio la destrucción de más de 500 ciudades, pueblos y comunidades palestinas, así como la expulsión del 75% de las y los palestinos que vivían en lo que se convertiría en Israel.
Actualmente, los palestinos y palestinas que radican dentro del territorio israelí viven bajo un sistema de discriminación racial legalizada, mientras que la expansión colonial israelí sigue en territorios palestinos.
El constante desarrollo de paradigmas, metodologías y tecnologías por parte de Israel es necesario para permitir la represión, opresión y guerra continua contra las poblaciones civiles.
La doctrina Dahiya formulada por el general y jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes Gadi Eizenkot sigue vigente hoy en día, promueve la guerra asimétrica y aboga por el uso de la fuerza “desproporcionada” durante las represalias contra áreas civiles. “Manejaremos un poder desproporcionado contra cada aldea que dispare a Israel, y causaremos un inmenso daño y destrucción. Desde nuestra perspectiva, estas son bases militares. Esto no es una sugerencia. Éste es un plan que ya ha sido autorizado”, especificó Gadi Eizenkot.
En este mismo sentido, en el año 2018, Avigdor Lieberman, Ministro de Defensa israelí, justificó la matanza de centenas de manifestantes desarmados en Gaza argumentando “hay que entender, en la Franja de Gaza no hay personas inocentes”.
Hala Khoury-Bisharat, profesor de derecho criminal y miembro de la junta directiva de Adalah, el centro legal por los derechos de la minoría árabe en Israel, expone por otro lado la impunidad de la que se beneficia el personal militar y de seguridad israelí cuando comete abusos. Según el jurista, el sistema de cortes israelíes procura que los elementos de seguridad no sean juzgado por violaciones a los derechos humanos. Khoury-Bisharat también señala la corresponsabilidad de la comunidad internacional en el mantenimiento de la impunidad de Israel.
Estas doctrinas también implican una serie de violencias específicas en contra de las mujeres.
“Las niñas y mujeres palestinas que cruzan en los retenes experimentan la vigilancia y el control de la ocupación de manera encarnada. Están cansadas del acoso sexual en los retenes y en las investigaciones, donde las fuerzas de seguridad israelíes, ya sean privatizadas o no, también utilizan la violencia sexual, incluida la amenaza de que puedan dañar la reputación de estas mujeres a través de rumores, revelando información personal, etc”, explica por ejemplo Nadera Shalhoub-Kevorkian, del Centro de Mujeres por Asistencia y Apoyo Legal (WCLAC) en Jerusalén.
De manera más general, Nada Elia de la organización Mujeres y Personas Trans de Color Contra la Violencia explica que “cuando un Estado ve a una población desposeída, marginada y ocupada, como una ‘amenaza demográfica’, esa visión es fundamentalmente racista y de género. El control de la población por razones de violencia se basa específicamente en la violencia contra la mujer. Por lo tanto, no es sorprendente que Mordechai Kedar, un oficial de inteligencia militar israelí que se convirtió en académico, sugiera de manera práctica que ‘violar a las esposas y madres de combatientes palestinos’ disuadiría los ataques de los militantes de Hamas. De manera similar, la legisladora israelí Ayelet Shaked no intentó presentar el asesinato de niños palestinos y sus madres como un ‘daño colateral’ desafortunado y desproporcionado; lo reclamó abiertamente al afirmar que las mujeres palestinas también deben ser asesinadas, porque dan a luz a ‘pequeñas serpientes’”.
Según argumenta la investigación de Stop the wall sobre el papel de Israel en la militarización de México, esos paradigmas también están teniendo un impacto en el país, donde formas parecidas de violencia están siendo utilizadas.
El informe cita por ejemplo el caso de San Salvador Atenco, Estado de México, donde el Gobierno mexicano planeaba la la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, dando lugar a un conflicto entre el gobierno federal y la población local opuesta al proyecto.
En Mayo del 2006, una serie de ataques por parte de las policías estatales y municipales y la PFP dejó a por lo menos dos muertos y 191 detenidos, de los cuales 183 denunciaron abusos policiales y 31 de las 50 mujeres detenidas denunciaron abusos sexuales, todos ocurridos durante su detención y traslado.
De acuerdo con la investigación realizada por una comisión especial respecto a estos hechos, y la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los distintos operativos que realizaron, las fuerzas de policía y los grupos especiales: “ejercieron la fuerza pública de manera excesiva, desproporcionada, ineficiente, no profesional e indolente hacia el respeto de los derechos humanos, tanto de las personas que fueron detenidas en esos operativos, como de otras que estaban en las inmediaciones”.
Sin embargo, los autores de la investigación sugieren la posibilidad de que el manejo de la crisis no haya sido un error sino una estrategia planeada, con la aplicación de un paradigma de seguridad basado en el uso de la fuerza excesiva que trata a la población civil como el enemigo, que es el paradigma de Israel sobre Palestina. “En otras palabras, quienes ordenaron y ejecutaron, no improvisaron, sino que es muy posible que lo hicieran a partir de un repertorio de violencias aprendidas durante el entrenamiento hecho por los cuerpos militares de Israel”, expresa el informe de Stop the wall.
Militarización de exportación
El 9 de abril del 2019 se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México el II Tribunal Popular a Israel, donde se juzgó al Estado de Israel como uno de los responsables de la militarización de América Latina.
En el véredicto, el tribunal popular concluyó que “A través de su embajada y de empresarios privados Israel ha mantenido, por lo menos desde los años 90, una política consciente y sistemática para promover sus paradigmas, métodos, armas y tecnología dentro del gobierno de México. Los testimonios nos han convencido de que Israel (efectivamente) facilitó y lucró con graves violaciones a los derechos humanos que han cometido, tanto el Estado mexicano como sus órganos de seguridad”.
Por otro lado, también se resaltó la responsabilidad que tiene México en el apoyo al sistema de apartheidque mantiene Israel sobre Palestina:“Entendiendo que México fomenta, a través de los tratos comerciales con la industria militar de Israel, que dicho Estado mantenga la situación ilegal y de ocupación contra la población palestina. Dado que el gasto de México en la industria militar israelí es de más 630 millones de dólares, destacamos que sin las exportaciones militares de las empresas estatales y privadas, las políticas del Estado de Israel no serían sustentables.”
Por su lado, Jamal Juma comparte “desde Palestina, México ha sido una experiencia verdaderamente formativa para mí. Lo que vi fue impactante, pero al mismo tiempo terriblemente familiar. La lucha de las comunidades indígenas por su tierra, su identidad, su historia y su futuro están muy cerca de la nuestra. Las historias de desplazamientos y asesinatos son realidades que nosotros, como palestinos, vivimos todos los días. Estamos conectados por una historia y una presencia del colonialismo que devora nuestras tierras y la brutal realidad de la necropolítica que mata a nuestros pueblos.”
La suspensión provisional de las labores de construcción del tren maya en el tramo Palenque-Escárcega, obtenida mediante demanda de amparo presentada por indígenas choles el pasado 7 de mayo, fue revocada hoy por un tribunal administrativo en Tuxtla Gutiérrez.
De acuerdo al Equipo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la reanudación de las obras del megaproyecto se justificó bajo “el absurdo e increíble argumento de que el riesgo para la comunidad Maya Ch’ol constituye un acto futuro de realización incierta. Es decir, que para los magistrados la población tendría que estar contagiada para que la suspensión de los trabajos debiera de otorgarse, lo que llevaría al absurdo de que las medidas sanitarias preventivas, en este caso a cargo del Poder Judicial de la Federación, carecieran de sentido”.
La demanda de amparo presentada por la comunidad Ch´ol de Chiapas busca evitar el peligro de contagio de Covid-19 derivado de las actividades de construcción del tren maya en los municipios de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo.
Mediante dicha acción legal, la población indígena señaló la violación a su derecho a la salud, además de que mantener los trabajos del tren durante la emergencia sanitaria les impedirá de participar en manifestaciones de impacto ambiental y social, a las que como comunidades tienen derecho frente a cualquier tipo de megaproyecto. Por estas razones fue que el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas concedió la suspensión.
“Esta situación de manera indudable potenciarían el riesgo de los habitantes de la comunidad Maya Ch’ol de contraer el virus Covid-19, y en esa misma proporción disminuiría la posibilidad de ser atendidos y recuperarse al evadir las reglas dadas por las autoridades sanitarias para la contención del multicitado virus, esto es, cumplir resguardo domiciliario corresponsable y sana distancia, al permitir a los pobladores y no pobladores la realización de actividades distintas a las esenciales de alimentación, atención médica, seguridad, movilidad interna, servicios funerarios, servicios públicos indispensables (agua, alcantarillado, luz)”,
SEÑALÓ LA JUEZA SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO AL RESOLVER OTORGAR EL AMPARO
Sin embargo, la revocación por parte de los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Tuxtla Gutiérrez, se realiza bajo la afirmación que las autoridades como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) “encargadas de la ejecución del Proyecto Tren Maya han observado las medidas de prevención para sus trabajadores y los pobladores de esa región consistentes en lavarse las manos con agua y jabón, cubrirse con un pañuelo, o no escupir”.
A través de un comunicado, el Equipo Indignación cuestiona la insuficiencia en dichas acciones frente al actual aumento de casos de contagio de coronavirus en todo el país.
“¿por qué razón, las sesiones mediante las cuales resuelven los recursos que se les plantean las resuelven a través de sesiones por videoconferencias, vía remota, es decir, porqué resuelven desde casa si no hay ningún riesgo de contagio por COVID-19? Si no hay ningún riesgo de contagio por COVID-19 como lo afirma el Tribunal Colegiado, entonces, ¿por qué razón, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal amplió el periodo de contingencia de las actividades a distancia hasta el 15 de junio?”.
Para las comunidades indígenas en la zona norte de Chiapas, “lo que los magistrados defienden a costa, precisamente de la salud de la población Maya Ch’ol y de otros sectores de la región, es un proyecto presidencial favorable para las empresas constructoras y para el interés de Fonatur. Lejos están los propios magistrados de resolver poniendo por delante las necesidades de los pueblos y comunidades, particularmente indígenas”.
Por último, las comunidades choles exhortan a la Jueza Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, que otorgue la suspensión definitiva solicitada de los trabajos del Tren Maya, en la audiencia que debe de efectuarse el 29 de mayo.
“Son amplias las razones jurídicas y de necesidades para el bienestar y la salud de la población que existen y que han sido expuestas para que esa suspensión sea otorgada. Son las mismas razones que fueron desatendidas por los magistrados en su ilegal e irresponsable resolución en contra de la suspensión provisional y de la salud de los indígenas demás pobladores de la región”, finaliza el comunicado.
