Desplazamiento forzado interno se agudiza por violencia y megaproyectos en México

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14 junio, 2019

Niño en campamento - Canalumtik - Danny Alveal — Niño en campamento de desplazados en Canalumtik, Chiapas. Foto de Danny Alveal

“Fuimos desplazados por la delincuencia organizada. Somos 58 familias, y entre esas 58 familias llevamos 27 muertos y 3 desaparecidos. Fuimos atacados a nuestras casas. Llegaron 5 veces a atacarnos en las casas. Ahí mataron, son 27. Una niña de 8 años vió cómo mataron a su mamá y a su hermano. Fue en 2012. Querían madera, plantar drogas y los minerales que hay ahí”, relata un testimonio recibido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Sierra de Totolapan, Guerrero, durante su visita a México en 2015

En México, desde el inicio de la militarización del país bajo el pretexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico” por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2006, el número de personas que han sido internamente desplazadas por la violencia y la inseguridad pública no ha dejado de aumentar.

El número es incierto ya que no existen cifras oficiales, sin embargo, varios organismos han realizado esfuerzos para dimensionar la magnitud del problema.

Según registros de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), al menos 329,917 personas han tenido que abandonar su hogar del 2006 hasta la fecha.

Entre enero y diciembre del 2017, la organización civil registró 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo, los cuales afectaron a 20,390 personas de nueve estados del país: Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Coahuila, Durango y Zacatecas.

El registro destaca la importancia de precisar que esos números no contemplan “los desplazamientos que ocurren y no son reportados por los medios, ni aquellos que desplazan menos de 50 personas o diez familias”.

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Por otro lado, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) habla de 8,726,375 personas desplazadas en el periodo de 2011 a 2017, lo que representa cerca del 6.76% de la población mexicana.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) habla de 185,936 personas en el periodo entre 2009 y 2014 y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) contabiliza 206,965 personas en el periodo de 2005 al primer trimestre de 2018 .

Regreso de familias desplazadas_de Calchihuitán, Chiapas. Foto de Cuartoscuro

Como lo señala el informe Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México realizado por la CMDPDH, “a pesar de la evidente desigualdad en la magnitud de las cifras presentadas, los números representan personas que fueron victimizadas por el contexto de inseguridad y violencia del país, de manera que inclusive la menor cifra refleja una situación alarmante”.

Según el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado en México (2016) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), esos desplazamientos han provocado que al menos 53 pueblos y comunidades del norte y sur del país se hayan ido despoblando.

COMUNIDADES EXPULSORAS DE PERSONAS DESPLAZADAS A CAUSA DE LA VIOLENCIA

ESTADO MUNICIPIO COMUNIDAD

Chiapas	Las Margaritas	Gabriel Leyva Velázquez
	Oxchuc	Oxchuc
Chihuahua	Ahumada	Miguel Ahumada
	Praxedis de Guerrero	Praxedis y el Porvenir
	Guadalupe	Guadalupe
	Ascención	Palomas, Josefa Ortiz, 6 de enero
Guerrero	Heliodoro Castillo	Tetela del Río, El Rodeo, Huerta Vieja y Tlacotepec
	Chilapa de Álvarez	Acatlán
	Leonardo Bravo	Filo de Caballo
	San Miguel Totolapan	Pericotepec, Comunidad Las Mesas II, las Shascuitas
	Chilpancingo	Chilpancingo
	Pungarabato	Altamirano
Jalisco	Tuxpan de Bolaños	Tuxpan de Bolaños
Sinaloa	Culiacán	Ranchería La Noria
	Escuinapa	Ojo de Agua Las Palmillas
	Mazatlán	Tecomate de la Noria, Tiro
	Sinaloa de Leyva	Comunidad La mesa, El Zapote
	Choix	El Oro, Tararán, Madriles, Puerto La Judía, Real Blanco, Los Laureles
	Mocorito	Corral Quemado
	Badiraguato	La Ladrillera
	Ahome	Zaragoza
	Concordia	Cieneguilla, Platanar de los Oliveros
	Angostura	El Llano
Tamaulipas	Ciudad Mier	Ciudad Mier
	Nuevo Laredo	Nuevo Laredo
Michoacán	Aquila	San Miguel de Aquila
	Aguililla	Aguililla
	Múgica	Nueva Italia de Ruiz
	Apatzingán	Apatzingán
	Tepalcatepec	Tepalcatepec
	Coahuayutla de José María Izazaga	Coahuayutla de Guerrero
Durango	Mezquital	Tierra Colorada
	Pueblo Nuevo	Las Guacamayas
	Tamazula	El Verano, El Limón
Veracruz	Cosamaloapan	Cosamaloapan
Oaxaca	Juxtlahuaca	San Juan Copala

Por otro lado, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela que la mayoría de las personas desplazadas entre 2009 y 2014 eran mujeres y niños. También enfatiza el hecho de que más de la mitad de las víctimas de desplazamiento tiene entre preescolar y secundaria como grado máximo de estudios.

Pérdida del territorio, marginación y vulnerabilidad

El desplazamiento forzado, al provocar la separación de las comunidades con sus tierras, tiene impactos negativos muy fuertes sobre las personas y colectividades. La CIDH identifica que los principales efectos son la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, graves repercusiones psicológicas, el desempleo, el empobrecimiento y el deterioro de las condiciones de vida, el incremento de enfermedades y de la mortalidad, la desarticulación social y la inseguridad alimentaria, de salud y educación.

El Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado en México de la CNDH agrega que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas desplazadas les hace más propensas a volverse “víctimas potenciales de otros fenómenos delincuenciales como desapariciones y violaciones.”

Por otro lado, la CMDPDH expresa que “reconociendo la vulnerabilidad de todas las personas que se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen o de residencia habitual para salvaguardar su vida, su integridad, su seguridad y libertad personales, los desplazados internos parecieran estar en una situación de mayor vulnerabilidad debido a la frecuente falta de reconocimiento de su situación jurídica al interior de los países, lo cual se agrava con la inexistencia de un instrumento jurídico internacional vinculante para su protección”.

Crimen organizado y megaproyectos

Según la CIDH, la presencia del crimen organizado y la implementación de megaproyectos son de las razones principales que causan los desplazamientos forzados adentro del país. Después de su visita realizada del 28 de Septiembre al 2 de Octubre de 2015, el organismo compartió en sus Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México: “la CIDH recibió abundante información y testimonios acerca de la forma en la que la violencia de grupos del crimen organizado, los cuales en algunos casos se encuentran coludidos con agentes estatales, está conllevando, directa e indirectamente, al desplazamiento interno de víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares. Los megaproyectos de desarrollo están conllevando al desplazamiento forzado de pueblos indígenas y otras comunidades en varias zonas del país. La violencia ha tenido un impacto particularmente grave en generar el desplazamiento forzado de grupos tales como pueblos indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos.”

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Impunidad

Ante la violencia que golpea a cada vez más comunidades, resalta la inacción de las autoridades.

Indígenas desplazados de Chiapas inician la “Caravana de pies cansados” para exigir ser atendidos por funcionarios estatales. Foto de Raúl Vera

“La problemática del desplazamiento interno forzado carece de un diagnóstico oficial, lo cual es un elemento necesario para la construcción de una política pública para la atención y protección de las víctimas de ese fenómeno en el país”, alerta la CMDPDH.

Por su parte, la CNDH responsabiliza al Estado mexicano por la impunidad que ha estado manteniendo. “Al dejar desprotegida a la población en riesgo de desplazamiento forzado interno, las autoridades de Seguridad Pública están generando impunidad y un aliciente a esos grupos para continuar afectando a la población”, alerta en su informe. “El desplazamiento interno forzado en México ha sido abordado aisladamente y sus víctimas acalladas, invisibilizadas e incluso criminalizadas por las autoridades del Estado mexicano”, recalca.

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Un problema global

El aumento del número de personas víctimas de desplazamiento forzado interno no es exclusivo de México sino que puede ser observado alrededor del mundo, como consecuencia de la violencia generalizada, los conflictos o las violaciones de derechos humanos.

“Unos 13,9 millones de personas se convirtieron en nuevos desplazados por los conflictos o a la persecución en 2014. Entre ellos había 11 millones de nuevos desplazados dentro de las fronteras de su propio país, la cifra más alta nunca registrada. Los otros 2,9 millones de personas eran nuevos refugiados”, expone el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el documento “Mundo en guerra. Tendencias globales, desplazamiento forzado en 2014”.

Según el mismo organismo en su informe de 2017, el número de desplazados internos llegaba a 40 millones en 2017. Ese mismo año, la cifra de nuevos desplazamientos equivalía a que 44.400 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares cada día.

Cuando la solidaridad es un crimen

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Avispa

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10 junio, 2019

cristobal1 — Cristóbal Sánchez y la comisión de la comida. FOTO: Irving Mondragón.

por Colectivo Línea 84

“La criminalización consiste en quitarle a alguien la posibilidad de respetar las leyes. A las personas que se les criminaliza se les excluye de la justicia… se les excluye de la protección de la ley, pero no del castigo de la ley o de ser regulados o disciplinados por la ley”. Lisa Marie Cacho

Cristóbal Sánchez ha defendido y ayudado a las personas migrantes que por estar criminalizadas -por la absurda razón de no tener documentos de viaje- no son merecedoras de la protección de la ley. Él ha protestado con acciones de ayuda contra el castigo y la regulación de leyes injustas que violentan los derechos de las personas migrantes. Él ha luchado para que las personas migrantes ejerzan sus derechos y, que, de esta forma, se les respete. Esta manera activa de defensa de derechos humanos no encaja en el humanitarismo típico de la iglesia católica (salvo en su vertiente de la teología de la liberación) en el que las personas son sujetos pasivos a los que hay que “otorgarles” derechos que no poseen.

La manera en que él se ha solidarizado con los pasados y recientes flujos migratorios de miles de personas no es convencional, pero eso no lo hace un criminal o un “incitador” de caravanas migrantes -es decir, de desplazamientos forzados y criminalizados-, así como lo declaró Alejandro Vila Chávez, delegado estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, el 6 de Mayo de 2019.

Desde niños, adolescentes y adultos, familias completas viajan en el éxodo centroamericano. Foto de Irving Mondragón.

Desde Mayo o quizás desde antes, Alejandro Vila y su equipo ya investigaba a Cristóbal Sánchez y otras personas solidarias con los migrantes pues declaró que “dentro de muy poco va a haber resultados específicos. Hay tanto mexicanos como extranjeros. Porque para que salgan de su país necesitan que alguien les incite, les diga y los convenza”.

Ante este caso de criminalización es necesario señalar un par de cuestiones. Primero sobre la migración, segundo sobre las actividades de Cristóbal Sánchez y tercero sobre las caravanas.

La migración masiva en tránsito por el territorio mexicano hacia Estados Unidos de personas provenientes de Centroamérica y de otras partes del mundo, no está incitada por ningún grupo de traficantes.

La migración internacional masiva es la consecuencia tangible y visible en nuestras sociedades y comunidades de una política-económica específica y global. Esta política es la que llevó a México a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a que los gobiernos mexicanos del último cuarto del siglo pasado hayan abandonado el interés público para darle preferencia al interés privado y económico. Esta política económica, también llamada neoliberal, incrementó de manera exponencial el flujo de mexicanos indocumentados a Estados Unidos en la década de los ochenta y los noventa.

Al neoliberalismo también se le llama globalización y es la fase más actual o moderna, como se prefiera llamar, del capitalismo contra el que -según Alejandro Solalinde entrevistado en el noticiero de Carmen Aristegui- López Obrador está luchando.

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La migración masiva es una consecuencia de un capitalismo en expansión que considera los derechos humanos como un costo y no un beneficio, por lo que exige que los gobiernos repriman las consecuencias sociales que ha provocado la caída del interés público frente al económico.

Por ello es difícil creer que López Obrador está luchando contra este capitalismo cuando utiliza la represión del flujo migratorio como moneda de cambio para frenar una imposición de aranceles a los productos mexicanos.

La negociación abierta y pública que hace el gobierno mexicano entre asumir los costos de las políticas neoliberales en países como Honduras a cambio de “beneficios” comerciales con EEUU, convierte a los humanos en mercancía.

La migración no se incita, a nadie se tiene que convencer de migrar, la migración es un desplazamiento forzado de personas obligadas a abandonar los espacios donde el capitalismo necesita entrar. Con ello, hablar sobre “incitadores” a la migración y acusar a las personas que ayudan a que los derechos se ejerzan es convertir la solidaridad en un crimen.

A Cristóbal Sánchez se le acusa, dice la Fiscalía General de la República (FGR) “por supuesta introducción de personas a territorio nacional sin la documentación correspondiente”.

Para empezar, una persona sin documentos de viaje incurre en una falta administrativa, y esto no constituye un delito; así se detalla en los artículos 69 y 70 de la Ley de Migración mexicana. Una persona que migra no es un criminal. La persona que se solidariza y ayuda a los flujos de migración forzada no es un traficante de personas.

Las organizaciones que reciben donaciones para ayudar a las personas obligadas a migrar tampoco son traficantes de personas porque en ese caso, la mayoría de las casas de migrantes de la iglesia católica que han recibido donaciones serían consideradas casas de seguridad administradas por coyotes, lo cual no son.

Desde la caravana masiva del 2018, Sánchez se solidarizó con las personas que llegaban a la ciudad de Tapachula, la mayoría proveniente de Honduras. El fotógrafo Irving Mondragón, quien ha documentado los flujos migratorios, da su testimonio sobre Cristóbal: “Él vino para apoyar… y armamos una cocina porque nadie estaba comiendo y ahí estuvo siempre al pie del cañón… porque no había comida… después de que fue atacada toda la caravana, él se puso dar comida por abajo, por las rejas”, cuenta el fotoreportero sobre los sucesos en el Puente Fronterizo Roberto Robles, acceso a Ciudad Hidalgo, Chiapas.

La cuestión es que Cristóbal Sánchez no pertenece a ninguna institución que lo proteja lo que hace que su solidaridad hacia la población migrante sea doblemente peligrosa.

Junto con Amelia Frank-Vitale, antropóloga de la ciudad de Michigan, Cristobal Sánchez realizó una colaboración fotográfíca basada en las caravanas-viacrusis de los años de 2017 y 2018 en la que construyeron mapas tridimensionales que representaban la ruta y las variedades de violencia a las que los migrantes enfrentan en su tránsito por el territorio mexicano.

Las fotos de Cristóbal se presentaron en el museo de Antropología e Historia en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras en el 2018, así como en distintas partes de ese país. Mostrar en un país como Honduras los problemas de violencia asociados con la ruta migratoria suena más a una forma de prevenir la migración más que incentivarla.

Su mayor preocupación era exhibir la cara de personas cuyas expresiones le habían removido las tripas. “Híjole eso sí no me lo perdonaría”, solía contar Sánchez antes de la exposición. Las acciones de Cristóbal siempre han estado encaminadas a la protección de las personas migrantes, por lo cual suena completamente fuera de lugar que él busque algún tipo de lucro con sus actividades. En este sentido, desde sus inicios, las caravanas o contingentes numerosos de personas migrantes cruzando la frontera han sido una forma e iniciativa propia de estas personas, en la mayoría de los casos, de protegerse de la violencia que enfrentan. Las caravanas organizadas han sido siempre una forma de protesta y unión.

Las caravanas de personas migrantes

En el año 2011, Cristóbal Sánchez se encontraba tecleando en la computadora de un cuarto en obra negra que se utilizaba como oficina en el Albergue Hermanos en el Camino, dirigido por el Padre Alejandro Solalinde en Ciudad Ixtepec, Oxacaca.

Cristóbal Sánchez a la izquierda. Foto: Irving Mondragón.

Cristóbal Sánchez, junto con otras personas y organizaciones idearon y articularon la caravana “Paso a Paso hacia la Paz”, una de las primeras en su tipo, la cual se organizaba alrededor de la visita de Felipe González , el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus familias. Esta caravana era un acto de protesta ante los secuestros masivos de personas migrantes que ya habían perpetrado la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE) participó en esa ocasión.

Tanto Cristóbal como el padre Solalinde y muchos otros más, ayudaron a más de un ciento de personas migrantes, algunas víctimas de secuestro, a llegar a Tierra Blanca en el estado de Veracruz a donde iría el relator a escuchar sus testimonios. En el camino se sumaron muchas más personas migrantes quienes se incorporaron a la caravana. Ayudar a desplazarse a estas personas no fue en ese entonces ni es, actualmente, ilegal. En esas fechas hubo autobuses que trasladaron a las personas y eso no convirtió a los organizadores de esa caravana en un grupo de coyotes. Ayudar no es lucrar.

Unas semanas antes del inicio de la caravana Paso a Paso hacia la Paz, Cristóbal se encontraba en un centro botanero en uno de esos barrios de la ciudad de Tapachula donde muchas mujeres centroamericanas terminan trabajando de manera forzada.

Cristóbal investigaba cómo esas mujeres habían terminado ahí. En este lugar clandestino, la policía fronteriza decidió hacer una redada. Cristóbal la grabó. Los policías lo golpearon, le rompieron la nariz y lo echaron a una especie de celda en las instalaciones de la PGR de esa ciudad. Hubo tiempo de intervenir y antes de que lo transfirieran al penal de Tapachula bajo cargos fabricados, terminó detenido en una oficina de la antigua Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Migrantes de Chiapas, ensangrentado y golpeado. “No pudieron darme un golpe en la cara porque lo esquivé y me dieron un cabezazo”, eso contaba Sánchez sobre el abuso policial en aquella ocasión.

Las acusaciones a Cristóbal Sánchez, más bien obedecen, como lo mencionó Mariana Zaragoza del Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la Universidad Iberoamericana, a la postura del nuevo gobierno mexicano en cuanto al tema migratorio y a la solidaridad que Sánchez siempre ha mostrado hacia las personas migrantes.

La posición del actual gobierno es clara: las acciones solidarias del pueblo mexicano hacia las personas migrantes serán estereotipadas como actividades criminales. El nuevo gobierno reprimirá con la nueva policía militar concretada en la Guardia Nacional a los flujos migratorios que intenten cruzar el territorio mexicano.

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La detención de Cristóbal Sánchez y el reciente envío de 6,000 elementos más de la Guardia Nacional a la frontera sur es la carta de presentación del gobierno de López Obrador hacia el gobierno estadounidense, y un mensaje claro sobre su postura ante los derechos humanos: obedecer y reprimir.

Las declaraciones en el evento de Tijuana el pasado domingo 9 de Junio confirman que el gobierno de Obrador hará todo lo que quiera Estados Unidos en materia migratoria. Esto nos ha convertido oficialmente en el perro policía de una frontera extendida de un imperio moderno.

Una vez, años atrás, hablando con Cristóbal Sánchez, él decía, decepcionado, sobre la actitud de los gobiernos mexicanos que sirven de filtro y guardián de la frontera estadounidense y reprime el flujo migratorio que se dirige hacia ese país: nosotros solo somos perro matando perro.

México cede ante presión de EEUU: Represión, criminalización y militarización en la frontera sur

Por

Sare Frabes

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10 junio, 2019

operativo antimigrante-junio2019 — Operativo antimigrante en junio del 2019.

Las presiones económicas norteamericanas de la administración de Donald Trump han conseguido que México endurezca aún más su política migratoria y anuncie la militarización de su frontera sur.

Para ello, la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha desplegado a la recién creada Guardia Nacional (GN), un nuevo cuerpo militar encaminado a sustituir a las policías en labores de seguridad pública y con la facultad también de actuar como agentes migratorios.

Al mismo tiempo, el Estado mexicano ha desplegado una campaña de criminalización contra personas que se han solidarizado con los migrantes, principalmente centroamericanos, quienes desde octubre del año pasado han ingresado en caravanas para aminorar los riesgos de desaparición, secuestro y asesinato de los que son presa mientras cruzan el territorio mexicano rumbo a EEUU.

Aunado a estas acciones, el nuevo gobierno mexicano autodenominado de izquierda, se compromete a brindar refugio en la frontera norte a todas las personas migrantes que soliciten asilo a los EEUU, mientras asume su labor como policía fronteriza de los Estados Unidos... en la frontera sur de México.

Contradictorias, las políticas de México para los migrantes

El miércoles 5 de junio de 2019, elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron un operativo para bloquear el paso de aproximadamente 1, 200 migrantes provenientes de Guatemala y Honduras.

A sólo 12 kilómetros de la frontera con Guatemala en el poblado de Metapa de Domínguez, en el estado sureño de Chiapas, el INM acompañado por policías antimotines y militares asignados a la recién conformada Guardia Nacional bloquearon el paso de los migrantes centroamericanos.

Detención de familias centroamericanas. 5 junio 2019. Foto: Cuartoscuro

Familias completas, principalmente de Honduras, habían caminado por la carretera que ha servido como ruta para las caravanas que desde octubre del 2018 han atravesado México en su camino hacia la frontera con EEUU.

A pesar de la aparente permisividad de funcionarios mexicanos, la estrategia de castigo para los migrantes centroamericanos ha ido en aumento desde el inicio de la administración federal actual en diciembre de 2018.

Según cifras del INM, sólo en mayo de 2019 el número de migrantes detenidos ascendió a 22, 694 personas y se deportaron 15,654. Esto representa un aumento de 119 por ciento de personas deportadas cuando se compara con el registro de mayo del año 2018 y un 220 por ciento mayor que los casos ocurridos en mayo del 2017.

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El operativo anti-migrante reciente se realizó al mismo tiempo en que representantes del gobierno mexicano y estadounidense mantenían negociaciones en Washington con el objetivo de evitar la imposición de aranceles del cinco por ciento a todos los productos mexicanos comprados por los mercados norteamericanos.

Dicha acción fue anunciada por la administración de Donald Trump como represalia ante la “omisión” de México para detener el flujo migratorio que atraviesa su territorio con el objetivo de alcanzar los EEUU.

Finalmente, el viernes 7 de junio ambas delegaciones anunciaron el alcance de un acuerdo mediante el cual México aplicará medidas más drásticas para detener el flujo migratorio.

No obstante el resultado de las negociaciones, medios norteamericanos afirmaron que la amenaza de Trump fue un montaje pues acciones como el despliegue de la Guardia Nacional mexicana en la frontera sur ya se había acordado con funcionarios de EEUU desde marzo de este año.

Aunado a esta acción militar, el mismo artículo publicado en The New York Times, confirma lo que diversas fuentes periodísticas indicaron desde diciembre del 2018: “la expansión de un programa para permitir que los solicitantes de asilo permanezcan en México mientras continúan sus casos legales (en solicitud de asilo)”, con lo cual en la práctica México se convierte en el “tercer país seguro”, lo cual a corto plazo le obligaría a recibir aproximadamente a medio millón de refugiados.

Frontera sur de México: tortura, racismo y persecución

Apenas el pasado 31 de mayo la Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiados en el Sureste Mexicano, conformada por 24 organizaciones, difundió que tras el monitoreamiento de las principales rutas migratorias del sureste mexicano se confirma la agudización del enfoque de seguridad militarizada “por encima del respeto y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad”.

En su informe “La frontera sur es una tortura silenciosa”, la misión documentó la presencia de más retenes militares y recibieron denuncias de cateos en hoteles; además, denunciaron “las consecuencias que esta estrategia tiene sobre las familias que son separadas en redadas, durante la detención, liberación y deportación... incluso en aquellas que han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiadas”.

La misión también registró que la detención migratoria llega a formas de tortura física y psicológica e incluso identificaron prácticas racistas por parte de funcionarios mexicanos.

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Mientras frente a las cámaras funcionarios mexicanos defienden el flujo migratorio frente a la exigencia desde Washington por detenerla a todo costo, en las acciones desplegadas en Chiapas, el gobierno mexicano complace desde hace meses a las demandas de represión y militarización provenientes de los EEUU.

Chiapas, prioridad

Desde el 18 de mayo pasado, funcionarios del INM anunciaron la operación de la recién creada Guardia Nacional (GN) en labores de “vigilancia perimetral” en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI ubicada en Tapachula, Chiapas, lo que representó la primera tarea formal de la GN en ese estado.

De acuerdo al comunicado de los funcionarios de migración, la presencia del cuerpo militar sería temporal. Pero el 20 de mayo, una centena de elementos de la Marina y la Policía Militar fuertemente armados y con equipo antimotines instaló un campamento afuera de la estación migratoria, en donde permanecen migrantes que esperan la aceptación a su petición de regularización o la deportación.

Efectivos militares establecieron un campamento desde mayo en la estación migratoria en el sur de Chiapas. Foto: Luis Castillo

Dos semanas después, el 6 de junio Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció el envío de 6,000 elementos de la GN para militarizar la frontera sur de México como respuesta a las presiones económicas de la administración de Trump.

La Red Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT) analiza que “la política migratoria y la llegada de los militares, obedece a una estrategia de seguridad nacional donde no se respeta los derechos de los migrantes”.

En un boletín emitido por la tarde del 5 de junio, el INM reportó que sus acciones fueron coordinadas con militares de la Guardia Nacional, ello a pesar de que estos últimos se presentaron portando uniformes de la Policía Militar y de la Secretaría de Marina, sin indicar su adhesión al recién creado cuerpo de seguridad. Dichas acciones contradicen la fecha en que AMLO anunció la entrada de funciones de la GN, pues según el presidente lo haría hasta el 30 de junio del presente año.

Asi mismo, la semana pasada y durante las negociaciones entre funcionarios mexicanos y norteamericanos, trascendió la solicitud del gobierno de Chiapas al Congreso del estado para otorgar “vía donación” tres predios propiedad del estado sureño para la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional.

Dichos lugares serán entregados a las secretarías de la Defensa Nacional y a la Marina para la edificación de infraestructura para apoyar las operaciones de los efectivos policiaco-militares en los municipios de Tonalá, Pichucalco y Palenque, sitios claves para la coordinación regional de la Guardia Nacional en su papel anti-migratorio.

Guardia Nacional: legitimar la militarización

Aunque meses antes el gobierno federal desplegó a policías militares y navales en 150 regiones consideradas prioritarias por su índice de criminalidad, la creación de la Guardia Nacional fue un hecho consumado hasta marzo del 2019 cuando se anunciaron en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones constitucionales para legitimar su existencia.

Con el nuevo cuerpo de formación militar el presidente mexicano “podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

La aprobación se realizó pese a los múltiples cuestionamientos sobre el perfil castrense que integraran la Guardia Nacional pues desde 2006 y durante las operaciones de la seguridad pública bajo el enfoque de “guerra contra el narcotráfico”, los abusos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército han incrementado y se mantienen impunes.

Una revisión de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitidas entre 2006 y 2017 señalan que 929 personas sufrieron tortura, malos tratos, asesinatos y desaparición forzada a manos del ejército, marina y policía federal.

Ahora en 2019, las modificaciones a la Constitución incluyen un paquete de leyes secundarias propuestas por el gobierno federal para la reglamentación de la Guardia Nacional.

En estas se le otorgan un total de 45 facultades muy superiores a otras instituciones dedicadas a la seguridad pública en todo el país: Además de permitirle el uso de fuerza letal también podrán realizar investigaciones policiacas y están autorizados a operar labores de inteligencia como la intervención de telecomunicaciones; también cuidarán infraestructura estatal desde centros penitenciarios, garitas, aduanas, aeropuertos, puentes y carreteras. Además, tendrán la facultad de detener población migrante.

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¿Quién conforma la Guardia Nacional?

El comandante de este cuerpo de seguridad es el general Luis Rodríguez Bucio, no obstante un acuerdo previo en el Congreso mexicano para colocar a un mando civil en la Guardia Nacional, petición exigida desde diversas organizaciones sociales para legitimar la creación de la GN.

Rodríguez Bucio recibió formación en la Escuela de las Américas bajo instrucción del ejército estadounidense y su ascenso en la jerarquía militar ocurrió entre los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, especialmente tras sus operaciones en regiones bajo control del cártel de Los Zetas, grupo del crimen organizado fundado por militares de élite y para la contrainsurgencia.

Entre otros, la Guardia Nacional contará con un Estado Mayor que incluye personajes activos bajo el perfil de la “guerra contra el narco” de los últimos 13 años. Entre ellos se encuentran Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, general de brigada (Ejército); el contralmirante Gabriel García Chávez (Marina); y la comisaria general Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, (Policía Federal).

Aumento en detenciones

En tan solo los cinco primeros meses de este 2019, el INM detuvo a 74 mil 031 migrantes, un 36% más que el año pasado, y un 105% más que en 2017, siendo abril y mayo cuando se produjo la escalada de intensidad en el control migratorio, como lo prueba otro dato: entre enero y mayo de este año, las capturas se dispararon 175%. Mientras que, en el mismo periodo del año pasado, solo aumentó 12%.

Casi el 50 por ciento de los detenidos proceden de Honduras, país donde el régimen autoritario de Juan Orlando Hernández se mantiene apoyado por EEUU pese al descontento popular, al mismo tiempo que se agudizan las condiciones de violencia y pobreza, principales motores de la migración forzada.

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Plan de desarrollo integral Centroamérica: el despojo como solución

“Se trata de construir un nuevo espacio económico: integración comercial, productiva, energética y logística”. Con esta frase se presenta el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sureste de México, un conjunto de políticas que priorizan el incremento en las inversiones de infraestructura regional, tanto de generación y distribución energética; así como las acciones para facilitar el comercio intra-regional como medidas para detonar el desarrollo económico y así reducir la migración.

Nada nuevo. Megaproyectos para la integración centroamericana propuestos por la CEPAL.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, sostuvo que se trata de un plan que cambia de paradigma, al establecer como base la seguridad humana en cuatro ejes: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio.

Como en el caso de las Zonas Económicas Especiales en México, el plan presentado por la CEPAL pretende que con el simple cambio de nombre se puedan ejecutar como nuevos un conjunto de megaproyectos planteados desde décadas atrás bajo los denominados Plan Puebla-Panamá y el subsecuente Proyecto de Integración Mesoamérica.

Ejército de EEUU en Guatemala

Pese al silencio de los funcionarios de países centroamericanos de donde son expulsados la mayoría de los migrantes, en el caso de Guatemala el presidente Jimmy Morales firmó un memorando de cooperación con el secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan.

En dicho documento, autoridades de Guatemala se comprometen a compartir información y mejorar la seguridad fronteriza, de acuerdo a lo publicado por McAleenan a los medios norteamericanos.

**Militares estadounidenses presentes en Guatemala.**

Sin embargo, para el 3 de junio el ministro de Defensa de Guatemala, Luis Miguel Ralda confirmó que elementos del ejército estadounidense se encontraban en el departamento de Huehuetenango, en la frontera entre México-Guatemala, donde se concentran los niveles más altos de migración hacia los EEUU.

Mientras tanto, el ministro del Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, minimizó la presencia de tropas extranjeras y mencionó que "esta es una solución civil con el apoyo de la policía de ambos gobiernos, no es una solución dirigida a las tropas de seguridad nacional y regional", sino argumentó que los militares se encuentran en el país centroamericano por razones "humanitarias".

El proyecto de CEPAL fue realizado a petición del gobierno mexicano desde el inicio de funciones de la nueva administración en diciembre de 2018. En consecuencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un organismo específico para poner en marcha y dar seguimiento a este plan, a la vez de proponer a Estados unidos su apoyo a la estrategia.

Funcionarios de Honduras, Guatemala, El Salvador, México y la CEPAL anunciaron acciones conjuntas desde el 1 de diciembre del 2018.

Durante la presentación del plan en mayo del 2019, el canciller mexicano Marcelo Ebrard destacó que para concretarlo se requiere de una inversión equivalente al 25% del Producto Interno Bruto de cada uno de los cuatro países involucrados, además de 10 mil millones de dólares anuales por un periodo de 10 años.

El financiamiento se planteó provenga del extranjero, principalmente de Estados Unidos a quien también se le propuso utilizar los recursos originalmente destinados al combate al narcotráfico procedentes de la Iniciativa Mérida, así como de organismos internacionales.

Sin embargo, aunque el proyecto fue desairado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, el pasado 23 de mayo, al finalizar las negociaciones el 7 de junio pasado, ambos países acordaron “liderarán el trabajo con soscios nacionales e internacionales para construir una Centroamérica prósepra y segura y así abordar las causas subyacentes de la migración”.

Pese al anuncio de los funcionarios mexicanos en torno a la “victoria” en las negociaciones con EEUU para evitar las sanciones económicas, autoridades norteamericanas condicionaron un plazo de 90 días para analizar el avance en las acciones de México en materia migratoria con lo cual la amenaza de los aranceles no fue cancelada, sino suspendida temporalmente.

En cambio, México se comprometió a brindar los resultados exigidos por EEUU, con lo cual se avizora un incremento en las detenciones y deportaciones contra los migrantes, así como la criminalización contra activistas y defensores de las personas que se vieron obligadas a huir de sus lugares de origen.

Empresas mineras quieren explotar el fondo de los océanos

Por

Eugenia López

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7 junio, 2019

mineria profunda — Máquina para extraer minerales operada por la empresa canadiense Nautilus Minerals en los mares de Papúa Nueva Guinea.

Si bien los minerales siempre han sido necesarios en los diversos avances tecnológicos, sus nuevos usos – particularmente en las industrias digitales y automotriz – crean una demanda cada vez mayor a nivel mundial.

Aunque las reservas son extensas, la explotación masiva conduce inevitablemente a un fenómeno de rarefacción y a una alza de los precios en el mercado global – además de un número creciente de conflictos sociales en varias regiones del planeta. Como consecuencia y para abastecerse, industriales y Estados miran hacia áreas vírgenes de minería entre los que se encuentran los fondos marinos.

Océanos: abundancia en minerales

Diagrama sintético de formación de los diferentes depósitos polimetálicos submarinos

Depósitos de minerales se encuentran en todos los océanos, a profundidades que van desde unos cientos hasta varios miles de metros. De entre todos los recursos minerales submarinos existentes, los más importantes, debido a su potencial económico e industrial, son los yacimientos de minerales polimetálicos: nódulos de manganeso, costras de ferromanganeso ricas en cobalto y sulfuros hidrotermales polimetálicos . Estos depósitos se distribuyen a lo largo de todos los fondos oceánicos.

Esa mineralización profunda contiene metales muy codiciados: cobalto, hierro, manganeso, platino, níquel, oro, plata, titanio, cobre, mercurio, tierras raras, etc. Sus concentraciones tienden a ser mucho más altas que en los depósitos terrestres y las áreas que podrían ser explotadas bajo los océanos son más extensas ya que los mares y océanos cubren el 71% de la superficie de la Tierra.

Localización mundial de los principales depósitos polimetálicos y montes submarinos asociados a ellos (Tomados de las bases de datos de la ISA y del proyecto europeo EMODnet Geology).

Así lo demuestra un informe realizado por los investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS por sus siglas en francés) y del Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar (Ifremer) el cual estima “el peso total de los nódulos en el área de Clarion-Clipperton, el más rico en el Pacífico (15% de la superficie del océano pacífico), a 34 mil millones de toneladas: 6,000 veces más talio, tres veces más cobalto y más manganeso y níquel que todos los recursos que se encuentran fuera de los océanos”.

Según el mismo informe, a diferencia de las minas terrestres, no sería necesario cavar túneles para acceder a los recursos submarinos ya que "los recursos minerales marinos accesibles se encuentran en la superficie del fondo marino".

Sabiendo que la mayor parte de los fondos marinos permanecen aún inexplorados, no cabe duda de que los recursos en metales estratégicos que albergan son inmensos.

Los mares y océanos están reglamentados

Mientras las actividades de prospección pueden realizarse sin permiso, el acceso a los recursos minerales marinos para su exploración y explotación no es libre, sino que está reglamentado por una serie de normas que varían según su ubicación.

Con base a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Internacional del Mar de 1982, los mares están divididos en cuatro categorías:

Distinción de las zonas marítimas de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Internacional del Mar de 1982 (Somoza, 2012).

El ‘Mar Territorial’ es el área hasta las 12 millas náuticas sobre el cual un país tiene derecho de soberanía sobre el espacio aéreo, el agua, suelo y subsuelo marino;
La ‘Zona Económica Exclusiva’ (ZEE) se encuentra entre las 12 y 200 millas. Un país tiene soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales vivos o no (minerales y recursos energéticos) en sus aguas, suelo y subsuelo marino;
La ‘Plataforma Continental’ puede extenderse hasta las 350 millas. Dentro de esta zona un país tiene derechos para explorar y explotar recursos naturales del suelo y subsuelo marino, sin embargo, incluye pagos o contribuciones previas a favor de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de las Naciones Unidas (AIFM, o ISA por su siglas en ingles).
El resto de los fondos marinos constituyen ‘La Zona’, que es considerada “patrimonio común de la humanidad”. Su exploración o explotación requiere la aprobación de la AIFM.

El Código de Minería

El acceso a los fondos marinos internacionales que conforman “la Zona” es reglamentado por el Código de Minería, el cual se refiere a “la totalidad de un amplio conjunto de normas, reglamentos y procedimientos promulgados por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para regular la prospección, exploración y explotación de minerales marinos en la Zona de los fondos marinos internacionales”.

En los últimos 20 años, la AIFM ha establecido reglamentos que regulan la exploración para los depósitos de nódulos de manganeso (2000), sulfuros polimetálicos submarinos (2010) y costras de ferromanganeso con alto contenido en cobalto (2012). Con base a esas regulaciones, la autoridad ha firmado contratos de exploración con 23 consorcios de diferentes países hasta el año 2015, sobre una superficie total de 2.2 millones de km² en los fondos marinos de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico.

En cuanto a la explotación de los minerales encontrados, todavía no se cuenta con una reglamentación, pese a que ciclos de negociación están en curso para determinar las reglas.

Aquí puedes consultar los mapas de todas las exploraciones en curso.

**Proyecto minero oceánico Solwara 1 en Papúa Nueva Guinea**

Sin embargo, algunas empresas no han esperado el texto definitivo para empezar a desarrollar sus proyectos. Debido a que los Estados conservan su soberanía sobre los fondos marinos costeros, las compañías negocian directamente con los gobiernos. Es el caso de la empresa canadiense Nautilus Minerals, que se presenta como "la primera compañía en explorar comercialmente los fondos marinos", la cual podría extraer minerales en un futuro próximo en las aguas territoriales de Papúa Nueva Guinea. Su proyecto Solwara 1 pretende extraer cobre, oro y otros metales valiosos a 1,500 metros de profundidad en el mar de Bismarck.

Jóvenes de las islas de Papúa Nueva guinea cercanas a la zona minera. Foto: Paul Hearne

Ubicación del proyecto minero en el mar de Papúa Nueva Guinea.

La mina sería excavada por máquinas robóticas dirigidas desde un barco en la superficie. La construcción del artefacto más grande, una máquina cortadora de 310 toneladas, fue completada por el fabricante británico especializado Soil Machine Dynamics según datos de la Fundación Nuestro Mar.

La zona elegida para ejecutar Solwara 1 alberga ricas comunidades coralinas y es el hábitat de especies de cetáceos como el cachalote. Comunidades locales han interpuesto una demanda en contra del permiso de explotación del proyecto.

Proyecto minero oceánico Don Diego en Baja California, México

En México, en las costas de Baja California, la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations – que opera a través de su filial mexicana Exploraciones Oceánicas – pretende dragar más de 91,000 hectáreas de fondo marino para extraer varios millones de toneladas de fosfato en el Golfo de Ulloa, uno de los depósitos de arena de fosfato más importantes del mundo.

Draga de fosfato de alta mar en operaciones

Según datos del Environmental Atlas Justice, es a inicios del año 2013 que pescadores artesanales de Bahía Magdalena se dieron cuenta de que algo estaba pasando en su territorio cuando comenzaron a observar una gran mortandad de animales marinos. Se pusieron a investigar y

“se percataron que la empresa operaba ilegalmente el proyecto minero denominado Don Diego, ya que solo contaba con el permiso de Secretaría de Economía, quien le otorgó una concesión por 50 años para la extracción de arenas fosfáticas, pero no contaban con ninguna autorización ambiental”.

Después de organizarse en oposición al proyecto, las comunidades locales lograron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negará la autorización de impacto ambiental al proyecto, en una decisión emitida el l7 de abril de 2016.

Dos de las cinco especies de tortugas que habitan el Golfo de Ulloa están clasificadas como especies en peligro de extinción.

Tras la decisión de la Semarnat, Odyssey notificó el 9 de enero 2019 a la Secretaría de Economía su decisión de reclamar al gobierno mexicano una indemnización de tres mil 540 millones de dólares ante un panel binacional al amparo del capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente para la solución de controversias Inversionista-Estado.

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Riesgos

Aunque todavía hace falta mucha información, no cabe duda de que los riesgos de este tipo de proyectos mineros son enormes para el planeta.

Según la investigación del CNRS y del Ifremer intitulada “Los impactos ambientales de la explotación de recursos minerales marinos profundos. Experiencia científica colectiva”, las principales operaciones de una explotación minera tendrían como consecuencias

“la destrucción permanente del hábitat y la fauna asociada, la formación de una nube de partículas finas que pueden impactar una zona más amplia que la zona de extracción después de la resedimentación, así como una perturbación en la columna de agua. Las especies migratorias también podrían enfrentarse a la contaminación electromagnética-acústica y acústica relacionada con la importante introducción de energía en el ecosistema por parte de equipos y dispositivos usados para la extracción del mineral”.

La investigación también señala que la descarga de desechos mineros tras las operaciones también provocaría grandes cambios en las aguas, lo cual tendría “una influencia en los ciclos del carbono, fosfato, sulfuros, oxígeno y alteraciones en la organización de los ecosistemas. El aumento potencial en las concentraciones de metales pesados y otros compuestos tóxicos también afectará la biodiversidad del ecosistema”.

Los investigadores resaltan lo difícil de realizar una estimación real de los impactos que podrían provocar técnicas de explotación, las cuales todavía están en proceso de desarrollo.

Por otro lado, la campaña Deep Sea Mining promovida por The Ocean Foundation denuncia: “Todas estas actividades ocurren en ausencia de áreas reguladoras o de conservación para proteger ecosistemas de aguas profundas únicos y poco conocidos. La investigación científica sobre los impactos es extremadamente limitada y no ofrece ninguna garantía para la salud de las comunidades costeras y las actividades pesqueras de las que dependen”, por ello el mensaje principal es que las actividades mineras en aguas profundas sean prohibidas.

Las mujeres de Raqqa ahora resuelven y discuten sus problemáticas en asambleas

Por

Avispa

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4 junio, 2019

La Asamblea de Mujeres de Rimele, un barrio de Raqqa, continúa creciendo. Hasta ahora, en la asamblea se han resuelto todo tipo de problemas y casos, de una manera independiente y eficiente.

La asamblea de Rimele fue creada el 1 de marzo de 2018, y es la segunda en toda la ciudad. En ella se reciben peticiones y quejas de docenas de mujeres con el objetivo de resolverlos. El espacio también trabaja para que las mujeres puedan defender sus derechos y vivir en libertad, con justicia e igualdad.

La asamblea está conformada por los comités de reconciliación, educación, economía, relaciones generales y archivos. Un total de 15 mujeres integran todos los comités.

Según las integrantes de la asamblea, desde su creación se resolvieron 300 quejas y peticiones. La mayoría de los temas se encuentran relacionados a la mentalidad patriarcal del Estado Islámico (ISIS), el grupo terrorista que declaró a Raqqa como la capital de su Califato e implantó una política de represión y castigo contra sus pobladores. La ciudad fue liberada por las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) luego de varios meses de combates contra los fundamentalistas.

En la asamblea, el comité de reconciliación es el más activo, ya que resolvió decenas de casos de divorcios o relacionados con hijos. Con esta dinámica, la asamblea intenta zanjar los problemas si tener que recurrir a la justicia formal. A su vez, en el espacio se resuelven cuestiones económicas relacionadas a las mujeres, para que de esta forma no tengan que depender de nadie.

Madlen Mater, miembro de la asamblea, indicó que “al principio las mujeres no querían formar parte de este trabajo. Trabajamos en constante comunicación con las mujeres y los equipos de formación, así tratamos de eliminar la mentalidad de ISIS”.

Madlen señaló que desde la asamblea ya se crearon 40 puestos de trabajo relacionados con la fabricación textil y en una panadería. “Así seremos capaces de implementar varios de nuestros proyectos”, aseguró la integrante de la asamblea.

Por su parte, la organización de mujeres “Sara”, del norte de Siria (Rojava), lanzó una campaña contra los femicidios y para rechazar el patriarcado. La campaña se denomina “Las mujeres son vida – No acabes con la vida”.

Şirîn Muslim, integrante de la organización, explicó que el objetivo es llegar a todas las mujeres que han sufrido la violencia patriarcal.

Como parte de la campaña, están llevando a cabo encuentros y seminarios por toda la región de Cizirê, además de desplegar apoyo psicológico para las mujeres.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

Búsqueda de personas desaparecidas en México. “Alguien está mintiendo, o los de la fiscalía, o el presidente de la república”: Lukas Avendaño

Por

Rafael E. Lozano

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3 junio, 2019

“Es lamentable que tenga que decirlo, pero creo que en la medida en la que a mí me ha tocado de cerca esta situación me pone en una posibilidad de observatorio”,
dice Lukas Avendaño en entrevista para Avispa Midia. Se refiere al caso de desaparición forzada de su hermano Bruno Alonso Avendaño Martínez, desaparecido en Tehuantepec, Oaxaca, el 10 de mayo de 2018.

Durante más de un año de búsqueda, Lukas ha sido testigo de la negligencia y obstaculización (por acciones y omisiones) del Ministerio Público de Tehuantepec, la Vice-Fiscalía Regional del Istmo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y ahora la Fiscalía General de la República (FGR). Y no ha dudado en denunciarlo en cada momento.

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El 12 de Noviembre de 2018 la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se declaró incompetente en el caso de Bruno Avendaño y remitió el expediente a la Procuraduría General de la República (PGR), ahora FGR. Desde entonces el proceso de búsqueda sigue sin arrojar ningún avance.

Lukas Avendaño hace un recorrido a través de los últimos acontecimientos y nos comparte sus reflexiones sobre el proceso de búsqueda en tiempos del nuevo gobierno: “La primera comparecencia que tenemos fue el 29 de enero: dos meses y medio después… en ese tiempo la FGR no hizo absolutamente nada, argumentando precisamente el cambio de administración”.

“El 29 de Enero se firmó una minuta de acuerdos que iba a ir encaminada para desahogarlos en un mes. Llegó febrero y no se hizo nada, llegó marzo y no se hizo nada; el 19 de marzo yo tuve una segunda comparecencia. La ministerio público en ese momento, la licenciada María Teresa Contreras, se limitó a presentarnos al nuevo ministerio público que iba a asumir el caso, diciendo que el cambio era una situación “natural” que suceden ante los cambios de administración; ese día convenimos una fecha tentativa entre el 22 y el 26 de abril para hacer una segunda comparecencia, tiempo suficiente, según la expresión del nuevo ministerio público, en que a él le iba a dar para “imponerse” (es el término técnico que usan) al expediente, es decir para conocerlo, para analizarlo, para familiarizarse con él, etc… No así terminó por cambiarse la fecha hasta el 8 de mayo: transcurrieron 50 días. Cuando yo me presento a la comparecencia el 8 de mayo, fue para decirme el ministerio público que no había recibido en su totalidad el expediente; es decir que la ministerio público anterior, María Teresa Contreras, había retenido información importante que le permitiría a él darle seguimiento – y desahogar- la minuta de acuerdos que se firmó desde el 29 de enero,” señala.

“Eso me lleva a mí a hacer una intervención por el cumplimiento de un año desde la desaparición de mi hermano” indica, “y también para poner una queja por dilación de esta funcionaria federal, dilación que va de la mano con aquiescencia. La aquiescencia es cuando se puede comprobar que un funcionario tiene interés en que no se esclarezca un caso. (…) En la medida que está reteniendo una información que se supone ya no es de su competencia, en automático está obstruyendo la justicia y por lo tanto la hace parte de un delito”, denuncia Lukas.

Sin recursos la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El 10 de mayo de 2019 reciben a Lukas Avendaño en la FGR el Mtro. Abel Galván Gallardo, Fiscal Especializado en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR, el Lic. José Antonio Pérez Bravo, Coordinador de Asesores en la Subprocuraduría y la Mtra. Irene Herrerías, Subprocuradora de Derechos Humanos de la FGR.

“Yo les externé cual era mi inconformidad, y dentro de las razones que dieron es que no hay suficiente personal, que cada ministerio público está sobrecargado de casos, que no hay recursos; esto pareciera contradecir lo que el presidente de la república dice,”
expresa Lukas.

“Estuve en la reinstalación de la Comisión Nacional de Búsqueda ahora en marzo, y el presidente de la república dijo que la búsqueda de los desparecidos era un asunto de estado y que iba a ser una prioridad del gobierno de la república, lo que significaba que no habría límites en cuanto a techo presupuestal, pero contradictoriamente designa 400 millones (de pesos) para la Comisión Nacional de Búsqueda, y 600 millones para promover el béisbol”, reflexiona, “aquí el caso es que alguien está mintiendo, o están mintiendo los de la Fiscalía General de la República o está mintiendo el presidente de la república”, concluye con enfado, pero sin desesperanza en los ojos.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en el país reporta 36 mil 266 personas desaparecidas a partir de 2014 y hasta el 30 abril de 2018, aunque según el informe de Amnistía Internacional de 2017/18 titulado La situación de los Derechos Humanos en el mundo, sugiere que “Las cifras reales eran más altas, porque la cifra oficial excluía los casos federales anteriores a 2014 y los casos clasificados como delitos de otro tipo, como secuestros o tráfico de personas”.

Esto sucede en un marco de total impunidad: el propio doctor Alejandro Gertz Manero, durante su comparecencia, en enero del presente año, ante la Comisión de Justicia del Senado, como integrante de la terna para Fiscal General de la República, declaró sobre la PGR que: “estamos manejándonos dentro de un marco de impunidad del 99 por ciento de los delitos que se cometen. Esa es la realidad en la que nosotros tenemos que enfrentar el cambio de una estructura y de una institución, como es la nueva Fiscalía, y lo que ha sido todo su antecedente de la Procuraduría General de la República.”

“Entonces cuando yo digo que tengo la mala suerte de evidenciar esas contradicciones,” continúa Lukas con su reflexión, “bajo esta premisa, veo que alguien está mintiendo; entonces con el Mtro. Abel Galván convenimos encontrarnos el próximo 10 de junio, un mes exactamente, y cuando yo le dije ‘vamos a firmar una minuta de acuerdos’ él literalmente me dijo que no era necesario porque él tenía palabra, y me acentuó: ‘tengo palabra de varón’. Cuando él me dice eso, yo le dije “para mí el valor de la palabra es el valor de la palabra, venga de quien venga, sea de hombre, de mujer o de quimera”, expresa con firmeza Lukas antes de concluir: “pues nos vamos a ver el 10 de junio, y pues vamos a ver cuánto valor tiene su palabra de varón”.

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Cigarras de Mayo

El 11 de mayo de 2019, a un año y un día de buscar sin asomo de rendición a su hermano Bruno, Lukas Avendaño escribe:

Es mayo cuando los poros de la tierra se convierten en cráteres,

mayo cuando como erupciones,

los pequeños cráteres de la tierra exhalan su aliento.

Mayo es el verano,

es en mayo la vela de la Inmortal Sandunga,

y esa inmortalidad está decretada para los que desaparecen...

Y las chicharras lo saben,

estridulan como un coro celestial pegadas a los árboles.

Las cigarras de mayo que se inmortalizan,

en el percutir de sus abdómenes,

18 de mayo es día de los beatos,

y en ese santoral te encuentras tú,

retoño de mezquite,

aleteo de chicharra,

flor de flamboyán,

Delonix regia escarlata,

cigarra canicular, Bruno.

Hoy eres una larva,

pero cuando emerjas serás un hermoso Cicada orni,

como la vez que te trajeron a casa,

chupábamos tus pies y te resoplábamos el abdomen,

y te reías estridentemente adivinando el futuro de tu tona,

de tu nahual, de tu avatar.

Bruno chicharra, quizá por eso te fuiste en mayo,

cuando el ecosistema conspira para inmortalizarte,

Niño Chicharra,

Niño Cigarra,

Niño Cicada Orni,

Niño Flamboyán,

Niño Delonix regia escarlata,

Sol de mayo y 40 grados centígrados,

a la sombra y tu estridular,

me recordarán por siempre que mayo,

es el mes NO de los desaparecidos,

SÍ de los perpetuados e inmortalizados.

-Lukas Avendaño, 11 de mayo de 2019.