Silvia Federici y Gladys Tzul Tzul en el Segundo Congreso de Comunalidad, realizado en Guelatao, Oaxaca, 2018. Foto de Santiago Navarro F.
Dos experiencias de cómo las mujeres habitan los entramados comunales. Una en el mundo de la ciudad compartida por la feminista italiana Silvia Federici, desde la perspectiva de la mujer urbana, produciendo el común en la ciudad. La otra desde la perspectiva de las tramas comunales indígenas, de un punto de vista de las comunidades de Oaxaca, compartida por la defensora de los derechos de las mujeres indígenas Sofía Robles, quién fue presidenta municipal de Santa María Tlahuitoltepec, en la zona mixe, entre los años 2012 y 2013. Las dos experiencias fueron compartidas el 8 de marzo en la mesa Nosotras en nuestras tramas comunitarias: desafiar las mediaciones patriarcales, coloniales y capitalistas, una de las actividades del Segundo Congreso de Comunalidad, en Guelatao.
“Las mujeres son las protagonistas del proceso de construcción del común, son las más involucradas en la defensa de los bienes comunes y en la producción de nuevos entramados comunitarios. En la historia del capitalismo las mujeres han tenido una relación muy precaria con el mundo de las relaciones monetarias, con el empleo asalariado, entonces siempre han dependido más de los bienes comunes, por eso han encabezado la lucha para defenderlos”, sostuvo Federici.
Además, el trabajo de reproducción de la vida, de lo cual históricamente se han encargado las mujeres, necesita de relación comunitaria. “El trabajo de cuidar, crear los niños, cuidar a los enfermos, a los mayores, cocinar. El trabajo de la mujer no es simplemente un trabajo físico, es un trabajo emocional, de tener junta a la comunidad, de tener junta a la familia, de encargarse de controlar y armonizar los conflictos, de dar esperanza, de dar fuerza”, dijo ella.
El aporte del movimiento feminista, evalúa Federici, ha sido cambiar el discurso principalmente de los fundadores de los movimientos socialistas, marxistas que miraban la situación de la mujer y decían: “Son las oprimidas del sistema capitalista, no producen riqueza social. La riqueza social la producen los obreros, trabajadores de la industria, los hombres. Ellos, quienes producen el capital, tienen el poder de destruir el capital”. En esta óptica, como las mujeres no producen, no pueden luchar.
“Nosotras hemos cambiado totalmente esta perspectiva. Hemos dicho que es justamente al contrario. Todo el trabajo de reproducción de la vida que las mujeres han hecho ha sido el pilar del sistema capitalista, porque sin la reproducción de la vida no es posible la reproducción del capital. Todos lo que produce y reproduce el capitalismo salen del cuerpo de una mujer”, explica.
“Hubo una expropiación de la capacidad reproductiva de la mujer. Reproducimos la vida pero en condiciones que no hemos escogido, en condiciones determinadas por el Estado, por las empresas. Sujetan nuestro trabajo a sus intereses, a su acumulación de riqueza. Hubo una apropiación del cuerpo de la mujer por el Estado, que indica como el cuerpo de la mujer debe funcionar. Quien debe reproducir, quien no, como se debe parir. Todo el terreno de la procreación ha sido un terreno de lucha muy importante. Recuperar el control de nuestros cuerpos. Poder reproducir como queremos en las condiciones que queremos, que no sea en condiciones que representan nuestra muerte, un sufrimiento continuo”.
La feminista alerta que es importante que la mujer entienda el papel que el trabajo reproductivo juega, como acumulación originaria, y por tanto, como determinante en la organización del trabajo, en la producción y reproducción del capital. “Nosotras también producimos esta riqueza. Nosotras somos las que producimos lo que va a producir todo el sistema. Esto es un trabajo. Este trabajo beneficia al Estado y toda la organización del trabajo capitalista. Es la base sobre la que se sostiene el capitalismo”, analiza Federici.
Nueva forma de hacer política
El trabajo reproductivo es necesario para la sobrevivencia, pero también puede servir para la creación de una nueva forma de hacer política, que no separa la reproducción de la vida de la organización política, defiende Federici. “Para luchar con éxito se necesita de una infraestructura reproductiva. Muchas organizaciones y movimientos se caen porque basan su modo de organización en la jerarquía y en la desigualdad. Las mujeres han comprendido que para luchar hay que cambiar la vida, hay que cambiar la forma de reproducción. Debemos juntarnos en el cotidiano, crear formas de reproducción cooperativa”, dijo.
Pienso que la lucha de la mujer tanto en la ciudad como en el campo tiene tanta potencia exactamente por esta capacidad, este forma de hacer política. Por esta capacidad de crear esta infraestructura que permite que la reproducción sea no solamente una reproducción por la vida, pero si una reproducción por la lucha, por la resistencia.
Y por eso es que la mujer ha sido el centro y el objetivo de la violencia capitalista.
“Esta violencia es una señal de que las mujeres están en movimiento, es una población en movimiento. Y este movimiento tiene un impacto muy fuerte porque cuando se cambia las formas de reproducción de la vida se cambia algo fundamental que es la organización social”, comparte.
Mujeres en América Latina
La mujer, sobretodo en América Latina, es quién trae hoy la lucha por lo comunitario sea en la ciudad o en el campo, señala Federici. A pesar del pesimismo en la política de muchos de los países de la región, es justamente ahí donde están surgiendo movimiento muy poderoso de mujeres. “Por ejemplo, en Argentina, a partir de 2016 todo el mes de octubre hay un encuentro nacional de mujeres, que reúne alrededor de 80 mil mujeres, donde hacen asambleas y debates para construir y promover una agenda en común”, relata.
Lo que es más potente, de acuerdo con Federici, es que estos movimientos se construyen a partir de una perspectiva que no fragmenta las luchas. “Todo hace parte de una misma lucha: la lucha contra el capitalismo, la lucha contra la destrucción del medio ambiente y la lucha contra el patriarcado. Además, siempre nos han obligado ha reproducir a nuestra familia, a la comunidad aislada una de la otra. Esta lucha en América Latina ha empezado a romper esta lógica”.
Los mercados de México
Algo que siempre me impacta cuando llego a México son las redes comunitarias tejidas a partir de los mercados. Existe toda una red organizativa de los mercados y las mujeres son la protagonistas de este proceso. Viven juntas horas y horas por día. Sea en los mercados cubiertos, más organizados, sea en los mercados en la calle, que cada vez más crecen, por el fracaso del trabajo asalariado. María Gallindo, una mujer feminista de Bolivia, ha dicho que la mujer atrapada en la casa es una cosa del pasado. Hoy la reproducción se ha movido de la casa para el mercado, para la calle. Las mujeres cocinan, cuidan de los niños. Todo eso implica una organización increíble entre mujeres. Organizar el espacio, vender sus productos, enfrentar la policía, defender su espacio. También es una red afectiva muy importante porque se ayudan, cada una cuida de los niños de la otra.
Los entramados de la comunalidad
El estado de Oaxaca esta compuesto por 76% de tierras comunales. De los 570 municipios, 418 son regidos por la forma tradicional de organización política de ‘usos y costumbres’. “La tenencia colectiva de la tierra es fundamental para ser posible la comunalidad. Alrededor de la tierra comunal se hace posible tejer el entramado de lo que se ha llamado comunalidad. La tierra y territorio son elementos fundamentales que los pueblos defendemos”, sostiene la indígena Robles.
Otra aspecto fundamental en que se funda la comunalidad es el trabajo comunitario, el tequio. “Las comunidades no existirían sin el trabajo comunitario. La autoridad no puede trabajar sola. Solamente con el trabajo de los demás podrá sacar adelante el trabajo que se propone hacer”.
Hay todavía el sistema de servicio comunitario. “Es el lugar ocupado por quien le toca ser cabeza de trabajo, coordinar el trabajo. Quien va a estar como autoridad ya ha pasado por todos los servicios, desde abajo, para poder ganar el respecto de los demás. La cuestión de ser autoridad, no es una cuestión de poder, es una cuestión de servicio, de servir a la comunidad, es una obligación. Todos nosotros que estamos en la comunidad tenemos la obligación del trabajo colectivo, no podemos decir que no queremos”, explica.
Otra parte importante del entramado comunitario es la asamblea. Es donde se decide quien va a ser autoridad y los aspectos importantes de la comunidad.
“La comunalidad es un sistema que existe en las comunidades y que une en todos estos aspectos de la tierra, la asamblea, la fiesta, el trabajo colectivo, el servicio comunitario”, resume Roble.
En todas estas tramas están presentes las mujeres, sostiene ella. “El trabajo reproductivo de las mujeres, que habla Silvia, y que muchas veces no es reconocido, es algo que sustenta la comunalidad. Muchas veces no se mira, no se ve. Muchas veces nosotras las mujeres somos arrinconadas, pero nuestro trabajo sostiene la comunalidad”.
Incluso para que alguien ejerza su servicio como autoridad es necesario que alguien más esté por detrás sosteniéndole, ya que no son trabajos remunerados. “Es la esposa, es la madre, la hija, las hermanas. Incluso cuando nosotras como mujeres estamos en el servicio, nos apoya las familias, las suegras, las hermanas, las hijas”.
Para los hombres
Federici en una de sus intervenciones se refirió directamente hacia los hombres.“Ustedes tienen una responsabilidad, una responsabilidad de no solamente comportarse bien con las mujeres, pero si de educar los otros hombres, de hacerlos comprender que cuando atacan a las mujeres sabotean la lucha”.
En un entramado de relaciones capitalistas extractivas se ubica la consulta a los pueblos indígenas —que por derecho merecen de acuerdo al convenio 169 de la OIT— la cual pareciera ser un resquicio jurídico en el andamiaje de reformas estructurales en materia de hidrocarburos, energía, minería y de seguridad interna aprobadas en los últimos años. En este escenario se encuentra el municipio binnizá de Unión Hidalgo (Ranchu Gubiña), con 11 mil 317 hectáreas de tierras comunales de las cuales más de la mitad han sido concesionadas a empresas eólicas. Actualmente opera el parque eólico Piedra Larga de Desarrollos Eólicos de México (Demex), filial de la española Renovalia Energy, mientras Électricité de France (EDF) Énergies Nouvelles pretende instalar el parque eólico “Gunaa Sicarú” sobre 4 mil 400 hectáreas de la planicie al norte del estero de la comunidad, con una inversión de 600 millones de dólares.
Tienen prisa por construir el parque eólico; se entrevé en la consulta que quieren realizar en Ranchu Gubiña pese a la ausencia de condiciones físicas, políticas y económicas para una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, ya que la situación de la población binnizá después del sismo de 8.2 el siete de septiembre de 2017 ha exacerbado la crisis económica y política de la región.
Los comuneros, las mujeres gubiña en defensa del territorio, organizaciones independientes y colectivos, en la reunión del 12 de febrero con el director general de impacto social y ocupación superficial de la Secretaria de Energía, hicieron saber que no existen condiciones para la consulta, ante la emergencia de la reconstrucción de viviendas y medios de trabajo. La situación es tensa y complicada ante la prisa que muestran los pequeños propietarios y las autoridades municipales para la realización de la consulta y la instalación del parque eólico.
Los comuneros señalan que el procedimiento de consulta no ha sido coherente con el carácter “previo” que debe tener, ya que desde hace dos años EDF acapara las tierras sin consentimiento de la asamblea, mientras ha afianzado su relación con los pequeños propietarios, pasando por alto el carácter comunal del territorio: un agravio más a los derechos sobre la posesión del territorio comunal y a la libre determinación. Esta discrepancia entre comuneros y pequeños propietarios es grave y tiene sus antecedentes en el siglo pasado. En 1964 se emitió la Resolución Presidencial sobre Titulación de Bienes Comunales, que reconoció 68 mil 112 hectáreas al pueblo zapoteca de Juchitán de Zaragoza y sus anexos: Xadani, La Ventosa, El Espinal, Chicapa de Castro y Unión Hidalgo.
El ejercicio de la comunalidad agraria mediante la asamblea duró sólo 14 años. La última sesión se realizó en 1978, un año de cambio de autoridades comunales en medio de la intensa represión que atravesó el movimiento campesino nacional, cuyas demandas agrarias confrontaron al régimen corporativista del Partido Revolucionario Institucional y marcaron su disidencia ante la Confederación Nacional Campesina.
Fueron los años de la histórica Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI). Su proyecto político quedó arraigado al poder municipal, mientras en la cuestión agraria no prosperó, pues desde 1978 el comisariado coceísta Alberto de la Cruz fue impugnado por el PRI. La violencia alcanzo su máxima expresión con la desaparición forzada de Víctor Pineda Henestrosa, la masacre de niños, jóvenes y campesinos en las orillas de Juchitán y los enfrentamientos entre campesinos y terratenientes, parte de la represión sistemática de la guerra sucia emprendida por el Estado mexicano. Ello sentó las bases de la irregularidad agraria actual, mediante la disolución de la asamblea y la ausencia del comisariado de bienes comunales.
Con la COCEI en el poder municipal no se reconstituyó el carácter de comunidad agraria y se desató la fragmentación de las tierras comunales, permitiendo una oleada de pequeñas propiedades mediante arbitrariedades agrarias y dinámicas caciquiles. Cuarenta años han transcurrido desde la última asamblea y el último comisariado de bienes comunales. Las tierras de Juchitán fueron desmanteladas y hay 12 parques eólicos sobre su plano, airoso y extenso territorio.
A la luz de esta desventajosa situación para los pueblos, el anexo agrario de Unión Hidalgo reconstituyó su asamblea comunal y nombró al representante de bienes comunales en ejercicio de su autonomía y libre determinación. Cada mes sesiona la asamblea ordinaria, donde se informa sobre los litigios que ha emprendido en la defensa del territorio:
Un juicio contra DEMEX que impugna sus contratos con particulares, arguyendo que estos son ilegales pues están sobre tierras comunales.
Un litigio de tres años por conflicto de límites con Niltepec y San Miguel Chimalapas, del cual el pasado octubre resultó una sentencia a favor de Unión Hidalgo del Tribunal Unitario Agrario en Tuxtepec, Oaxaca.
Otro conflicto limítrofe con San Dionisio del Mar, donde en el fondo se encuentra una concesión minera a la Cooperativa La Cruz Azul de 2 mil 660 hectáreas que planean dinamitar y explotar ante el aumento de demanda de materiales para la construcción que dejó el sismo de septiembre.
Esto implica una problemática estructural donde la consulta resulta un protocolo para la instalación de los parques eólicos. La fragmentación de la comunalidad agraria como producto de la guerra sucia pareció preparar el terreno para la cimentación de eólicos. Comuneros y organizaciones sociales argumentan la inviabilidad del proceso de consulta ante la ausencia de condiciones jurídicas, políticas, sociales y materiales para un proceso legítimo y legal de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. Pese a los intentos de reconstituir el territorio comunal, y ante la inercia caciquil y partidista en víspera de elecciones municipales y federales, el lucro con la tragedia del sismo, el aumento de la violencia como en ningún otro tiempo, atribuida al crimen organizado y la militarización, convierten el proceso de la consulta en un derecho vulnerado que favorece a los intereses de las empresas y legitima el despojo del territorio.
La oposición de la asamblea de comuneros se sustenta en el antecedente que marcó Juchitán en 2013, cuando la consulta indígena violó todos sus principios, la empresa transgredió los derechos humanos del pueblo binnizá y la inercia de los terratenientes se impuso para la instalación de Eólicas del Sur. Además está la violación del derecho a la libre determinación con la imposición de parques eólicos concesionados a Demex sobre territorios comunales sin previa consulta, así como el otorgamiento de permisos administrativos a Eólica de Oaxaca con fechas especificas para el inicio de la construcción antes de realizarse el proceso de consulta.
Otros antecedentes han sido señalados por la abogada Silvia Ruiz, a partir de su participación e investigación en las consultas aplicadas a la tribu yaqui para el acueducto Independencia: la hidroeléctrica Agua Zarca en Honduras, la presa Choxoy en Guatemala, la hidroeléctrica Marañon en Perú, la hidroeléctrica Neltume en Chile y la presa Belo Monte en Brasil han evidenciado que la implementación de la consulta a los pueblos indígenas es parte de una simulación jurídica que legitima el despojo de los territorios de los pueblos de América Latina.
Esta afirmación no niega la defensa del territorio; por el contrario, traza los límites y posibilidades jurídicas ante la acumulación por despojo, cuya continuidad condiciona el marco legal a la economía capitalista del siglo XXI, convirtiendo en simulación jurídica una práctica que debía ser el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en su carácter de autónomos y con libre determinación.
Por lo menos 700 mil personas se movilizaron en Buenos Aires, Argentina, una de las protestas más grandes de Latinoamérica que se sumaron al Paro Internacional de Mujeres realizado este 8 de marzo del 2018. Adolescentes, adultas y ancianas, pero también la comunidad sexo-diversa expresaron su rechazo a las reformas estructurales implementadas por Mauricio Macrí, así como en contra de los feminicidios y la legalización del aborto.
“La Plaza de los Dos Congresos estuvo copada desde las dos de la tarde por cuerpas diversas con la necesidad de estar presentes. Desde Plaza de Mayo, las columnas organizadas se mezclaron con la marea de mujeres que llegaban de todas partes”, comparte la colectiva de mujeres llamada Quilomba.
En Argentina, la lucha feminista ha cobrado mucho más fuerza en los últimos años, sobre todo, a partir de la campaña contra los feminicidios llamada "Ni Una Menos", también por el aborto legal, seguro y gratuito. Así mismo, se han manifestado contra el paquete de reformas estructurales implementada por el gobierno de Mauricio Macri. Al paro nacional se sumaron Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. “Las consignas fueron un claro mensaje hacia el Gobierno Nacional y a todo el Congreso: Aborto Legal Seguro y Gratuito Basta De Ajuste y Despidos”, señala Quilomba.
Este país sudamericano es uno de los países donde la movilización de las mujeres fue masiva y radical en sus exigencias hacia el Estado Argentino, no solo lograron paralizar la ciudad, sino que lograron la atención de otros sectores de la sociedad Argentina y de diversos medios de comunicación nacional e internacional, quienes retomaron el documento presentado públicamente por los manifestantes, asegurando que el paro se justifica porque, "somos parte de una historia colectiva e internacional. Paramos porque hacemos visible el mapa del trabajo en clave feminista y porque hemos tramado en asamblea alianzas transversales entre los distintos conflictos. Paramos porque exigimos aborto legal, seguro y gratuito. Paramos para decir basta a las violencias. Paramos para denunciar que el estado es responsable. Paramos porque exigimos un Estado laico. Paramos y construimos el movimiento de mujeres como sujeto político", argumenta el manifiesto de la movilización del 8 de Marzo en Argentina.
“Liliana Daunes fue la voz que logró aunar y representar el documento que cientos de mujeres, travestis y trans consensuaron luego de más de un mes de asambleas abiertas y colectivas. El documento lo componen ocho puntos centrales que abarcan el gran universo de violencias machistas que nos oprimen, precarizan y asesinan sistemáticamente. En cada línea se reflejan las vidas y realidades de cada una de las que marcharon esta tarde”, argumenta Quilomba.
“Paramos porque venimos a decirle basta a las violencias femicidas y travesticidas y a las violencias económicas y estatales que las sustentan. Venimos produciendo este tiempo de desobediencia al patriarcado y al capitalismo que acumula fuerza en los territorios, revoluciona las casas, las camas y las calles. Venimos reclamando a todas las centrales sindicales la convocatoria al paro y la organización de asambleas”, continua el documento.
Se dice que Argentina es punta de lanza en la lucha feminista y contra las nuevas políticas económica implementadas en el resto de Latinoamérica. Así mismo, es un movimiento que ha hecho suya la lucha contra los feminicidios sistemáticos ocurridos desde el Rio Bravo hasta la Patagonia. “Argentina. Tierra Latinoamericana, hoy luchamos por nuestras hermanas asesinadas”, rezan varias pancartas.
Hoy estamos acá porque construimos juntas un segundo paro internacional feminista. Paramos contra los despidos, el ajuste del gobierno y por aborto legal, seguro y gratuito. Paramos porque venimos a decirle basta a las violencias feminicidas y travesticidas y a las violencias económicas y estatales que las sustentan. Venimos produciendo este tiempo de desobediencia al patriarcado y al capitalismo que acumula fuerza en los territorios, revoluciona las casas, las camas y las calles. Venimos reclamando a todas las centrales sindicales la convocatoria al paro y la organización de asambleas.
Durante todo el año vimos cómo este gobierno intensificó la represión, las cacerías contra militantes y la criminalización de la protesta. Desde el feminismo nos autoconvocamos masivamente pidiendo justicia y aparición con vida de Santiago Maldonado. Denunciamos el crimen de Estado que asesinó por la espalda a Rafael Nahuel y que sigue en estos días reprimiendo a la comunidad mapuche.
Desde el movimiento feminista, evidenciamos el engranaje entre la familia patriarcal y el terrorismo de estado. Escuchamos, también en el transcurso de este año, a las ex hijas de genocidas desafiliarse de sus progenitores, evidenciando cómo la crueldad de los campos de concentración se traducía en crueldad en la intimidad del entorno familiar. Repudiamos que se les conceda prisión domiciliaria a los represores. Nosotras volvemos a gritar que la única casa de los genocidas es la cárcel. Que no olvidamos ni nos reconciliamos. Y que desde el feminismo estamos construyendo una casa contra todas las formas de crueldad con que el capitalismo quiere aterrorizar nuestras desobediencias.
En diciembre salimos a las calles contra la reforma previsional, porque politizamos la reproducción de la vida y evidenciamos cómo las principales afectadas somos las mujeres y los cuerpos feminizados, haciendo público un diagnóstico feminista de la crisis. No hubiera habido diciembre sin nosotras. Politizamos, también, todas las formas de trabajo de las mujeres, lesbianas, trans y travestis porque trabajadoras somos todas. Frente a los despidos son las voces de las trabajadoras las que se potencian por el movimiento feminista, diciendo Ni Una Trabajadora Menos y llevando las demandas del movimiento a los ámbitos sindicales y laborales.
Nuestra fuerza callejera empujó a este momento histórico en el que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito exige ser tratado en el Congreso y nos declaramos en alerta y movilizadas frente al uso oportunista del sistema político de nuestro histórico reclamo de autonomía.
Nuestra fuerza callejera hace que cuando una de nosotras habla, muchas otras se sienten acompañadas para romper el silencio: este año, en primera persona y colectivamente, desnaturalizamos las violencias sexuales. Ya no nos callamos más. Sin embargo, la violencia feminicida y travesticida sigue descontando vidas. Anahí Benítez, Araceli Fulles, Micaela García, Vanesa Castillo, Camila Borda, son algunos de los nombres que gritamos este año. Exigimos la aparición con vida de Johana Ramallo y Yenilda Patiño. Este 8M también tenemos presente en nuestra memoria la tragedia que nos conmocionó hace un año atrás: el feminicidio y crimen de Estado en contra de las 56 niñas del Hogar Virgen de la Asunción en Guatemala y de cada una de las víctimas de feminicidios y travesticidios en todo el continente.
Contra todas estas crueldades, hemos desarrollado asambleas en las escuelas secundarias, en los lugares de trabajo, en los territorios en conflicto, en los hospitales, en las villas. En toda Argentina, las asambleas se han convertido en espacios de inteligencia colectiva y de un feminismo transversal y popular, que hoy funciona como caja de resonancia de todas las luchas. No nos hemos quedado quietas durante este año. Nos reunimos en asamblea con las trabajadoras de Pepsico,
en El Bolsón y en Jujuy. En América Latina las luchas se multiplican contra los despojos y estamos enlazadas con ellas. La marea feminista sigue creciendo como una fuerza internacionalista.
1 / Paramos porque somos parte de una historia colectiva e internacional.
Toda lucha feminista es la que nos tiene a las mujeres, lesbianas, trans y travestis organiza- das contra el patriarcado y el capitalismo en las calles, en las plazas, en los lugares de trabajo, en las casas y en las camas.
Tenemos una genealogía que nos conecta con el 8 de marzo como lucha histórica. Hoy somos millones las mujeres, lesbianas, trans y travestis movilizadas en todo el mundo y salimos a las calles en defensa de nuestras vidas y por nuestros derechos, por nuestros deseos y por nuestras autonomías.
Hoy estamos acá y traemos con nosotras, en cada una de nuestras luchas, a las 15.000 obreras textiles, en su mayoría migrantes, que marcharon por la jornada de 8 horas a principio del siglo XX en Nueva York; a las feministas de los siglos XIX y XX que lucharon por el voto, el trabajo, la educación, la representación política y por una sexualidad libre; a las que retomaron la lucha en los años 60/70 y especialmente a las feministas latinoamericanas; a las rusas que comenzaron la revolución de 1917 contra el zar; a las feministas negras de los 60; a las lesbianas y travestis que abrieron camino en el reconocimiento de otras existencias y corporalidades; a las grandes figuras y a las heroínas anónimas; a las desaparecidas y asesinadas en esta historia de lucha.
Estamos acá porque nos precedieron las luchas protagonizadas por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y por las mujeres piqueteras.
Estamos acá porque cuando las mujeres del mundo nos organizamos la tierra tiembla. Lo sen- timos con la lucha de las mujeres kurdas contra el estado-nación y con la lucha anti-imperialista de las mujeres palestinas con quienes hoy exigimos la libertad de la adolescente Ahed Tamimi. Lo vivimos con el paro internacional de 2017 realizado en 55 países, las movilizaciones del 3 de junio y 25 de noviembre en Argentina, y las marchas y acciones en muchísimos otros lugares del planeta. Estamos acá porque también traemos con nosotras las experiencias, discusiones y lazos que hemos construido entre todas en los 32 Encuentros Nacionales de Mujeres. Y porque nos reconocemos en las luchas indígenas, populares y afrodescendientes: remarcamos el protagonismo de las mujeres en las luchas comunitarias por la vida y los territorios y en particular de las mujeres mapuches que enfrentan la ofensiva empresarial y represiva del estado argentino.
Homenajeamos a las asesinadas y pedimos justicia por: Bety Cariño en México (2010), Berta Cáceres en Honduras (2016), Laura Leonor Vasquez Pineda (2017) en Guatemala. Ellas, como tantas otras, son parte de una secuencia de “feminicidios territoriales”, como se han nombrado estos crímenes políticos, por conflictos con los proyectos neo-extractivistas de recolonización del continente.
2 / Paramos porque hacemos visible el mapa del trabajo en clave feminista y porque hemos tramado en asamblea alianzas transversales entre los distintos conflictos.
Paramos las ocupadas y desocupadas, las asalariadas y las que cobramos subsidios, las trabajadoras de la economía popular y las que realizamos tareas domésticas y de cuidado. Paramos las privadas de libertad explotadas en cárceles provinciales.
Contra el ajuste del neoliberalismo magro que encara en nuestro país el gobierno de Macri y la Alianza Cambiemos, con la connivencia de los gobiernos provinciales, rechazamos la precarización total de nuestras vidas.
Por el cese de los despidos y la flexibilización laboral que intentan disciplinar a la clase trabajadora. Contra la reforma laboral en todas sus variantes, defendemos los convenios colectivos de trabajo y el conjunto de los derechos laborales. Apoyamos las luchas de las trabajadoras del Ingenio Ledesma, del INTI, del Hospital Posadas, de la minera de Río Turbio, del Ferrocarril Sarmiento, de las docentes, de las empleadas estatales de la Casa de la Moneda, de la Secretaría de Integración social y urbana de CABA, de la línea 144 y de los distintos ministerios y dependencias estatales.
Pedimos la reincorporación de todas lxs despedidxs.
Exigimos la derogación inmediata de la reforma previsional porque implica un retroceso para las amas de casa y trabajadoras domésticas informales. Rechazamos el recorte de la AUH y de todos los planes sociales. Decimos no a la suba de la edad jubilatoria para las mujeres y a todas las formas de violencia laboral contra nosotras.
Rechazamos el uso oportunista de las licencias parentales y de la referencia a la brecha salarial por parte del gobierno en el contexto de despidos masivos y de la reciente sanción de la reforma previsional neoliberal.
Exigimos que el trabajo doméstico y reproductivo que realizamos las mujeres de forma gratuita sea reconocido en su aporte como valor económico.
Reclamamos reconocimiento institucional y políticas públicas para las trabajadoras de empresas recuperadas, autogestionadas, de la economía popular, social y solidaria.
Reclamamos la aplicación de la Ley de Emergencia social y alimentaria. Exigimos: Licencias por violencia de género / Licencias más amplias de paternidad y maternidad / Asignación para mujeres en situación de violencia de género igual a la canasta familiar.
Rechazamos la suspensión del Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) que perjudica especialmente a las personas travestis/trans, mujeres en situación de violencia doméstica, personas en situación de prostitución y personas viviendo con VIH. Rechazamos la disolución del Plan Ellas Hacen.
Exigimos implementación y ampliación en todo el país de la Ley de Cupo Laboral para personas trans, travestis y transgénero, para todas aquellas con antecedentes penales y para mujeres con discapacidad y mujeres indígenas. Más presupuesto para políticas públicas que garanticen tareas de cuidado: escuelas infantiles y jardines comunitarios para trabajadoras, con vacantes suficientes. Repudiamos que el “presentismo” como premio castigue las tareas de cuidado que quedan a cargo principalmente de las mujeres.
Exigimos representación de mujeres en la cúpulas sindicales y paridad en la representación gremial. Exigimos inclusión de las demandas de las mujeres en las paritarias. Y que sean paritarias sin techo: sin condicionamientos de parte del gobierno y los empresarios.
Apoyamos la huelga como elemento de lucha de lxs trabajadoras y la movilización como forma de protesta social. Repudiamos las intervenciones a los sindicatos como forma de disciplinamiento y extorsión ante la discusión salarial.
3 / Paramos porque exigimos aborto legal, seguro y gratuito.
#Abortolegalseguroygratuito
Estamos transitando un tiempo histórico, los pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto nos hermanan en un grito que ya es global: Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Los mismos que hoy copan las plazas, como lo hicieron el 19F en el Pañuelazo, cuelgan en las mochilas de adolescentes y están presentes en numerosas postales cotidianas, construyen una marea verde que se multiplica en cada reclamo para exigir nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Hoy paramos y marchamos hacia el Congreso de la Nación para exigir la urgente aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, presentado por séptima vez el 6 de marzo pasado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En nuestro país se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos por año. Hoy el aborto clandestino, e inseguro, sigue siendo la principal causa de muerte de personas gestantes.
Denunciamos pública e internacionalmente a El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam como Estados feminicidas. Al ser los únicos 6 países en América Latina con prohibición absoluta del aborto, son responsables de las muertes y graves violaciones al derecho a la salud de cientos de niñas, mujeres y trans.
Reclamamos provisión y producción pública de Misoprostol y Mifepristona, y que la A.N.M.A.T. los reconozca como de uso ginecológico. Instamos a que el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se implemente sin restricciones en todo el territorio nacional. Repudiamos enérgica-
mente la persecución a médicas y médicos que garantizan el derecho a la salud y el acceso a abortos no punibles en cumplimiento con la legislación vigente.
Seguimos tiñendo las calles de verde, movilizadas como lo hicimos por la liberación de Belén y en innumerables situaciones desde hace 13 años y de esta misma manera, lograremos que nuestro proyecto de interrupción voluntaria del embarazo sea ley; y nuestra consigna, realidad: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
4 / Paramos para defender nuestras disidencias sexuales y de género.
#Bastadeviolenciaalascuerpasdisidentes
Basta de criminalizarnos por defendernos: exigimos la absolución para Higui, atacada por lesbiana, presa por defenderse, liberada por el movimiento feminista y el activismo lesbiano. ¡Absolución ya!. Demandamos el desprocesamiento de Mariana Gómez, perseguida y detenida por besarse en la vía pública.
Exigimos el sobreseimiento de las lesbianas y bisexuales, activistas de diversas organizaciones, detenidas y encarceladas en la jornada previas al paro del año pasado y en la jornada de protesta contra la reforma previsional y contra la llegada de la Organización Mundial de Comercio a Buenos Aires. Basta de criminalizar la protesta
Abajo el protocolo LGBTTTI de Bullrich. Los derechos conquistados por las disidencias son derechos humanos que atañen a todo el conjunto de la sociedad. No necesitamos tratos especiales, exigimos tratos humanos.
Reclamamos la implementación plena de la ley de identidad de género en todo el territorio nacional: acceso real al derecho a la salud integral, a las rectificaciones registrales expeditas, al respeto a la propia identidad. Por la protección de las infancias trans de una vida libre de violencias, de patologización, de acoso en las escuelas y los centros de salud.
Por la integridad y el respeto de los cuerpos intersex, le decimos ¡no! a las cirugías compulsivas que buscan una normalidad que es sólo opresión y represión. Por la integridad y el respeto de los cuerpos gordos, patologizados y estigmatizados.
Exigimos que se tenga en cuenta en las políticas públicas a las mujeres con discapacidad, especialmente visual y auditiva.
Denunciamos la precarización que sufren nuestras lesbianas mayores, que llegan a la adultez sin vivienda y sin familia.
Exigimos la aprobación de la Ley de Reparación Histórica de las compañeras trans-travestis perseguidas, criminalizadas y torturadas por el Estado a través de los códigos contravencionales que siguen vigentes.
Queremos que nuestros deseos vitales estén presentes en las escuelas, en los barrios, en las fábricas, en las plazas, las oficinas y en todos lados. Demandamos que la academia y las instituciones de salud dejen de patologizar nuestros deseos y existencias. Basta de violencia ginecológica contra lesbianas y trans. Queremos representación en los libros de textos y en los medios de comunicación.
La hetero-cis-sexualidad obligatoria es violencia. Los ataques y crímenes de odio se fundan en el discurso de deseos y existencias naturales, depositando en la disidencia lo antinatural, lo aniquilable. Denunciamos una avanzada biologicista que atenta contra personas trans y travestis. ¡Todos los cuerpos cuentan!
5 / Paramos para decir basta a las violencias.
#Bastadefeminicidiosytravesticidios.
No queremos más niñas ni adolescentes acosadas, abusadas, violadas, asesinadas. No queremos más compañeras revictimizadas por los medios de (in)comunicación.
Basta de feminicidios y travesticidios: el machismo, la misoginia y el odio hacia mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y trans nos matan.
Pedimos justicia por Amancay Diana Sacayán, militante política, social y de los derechos humanos, quien fuera brutalmente asesinada en 2015. Le exigimos al poder judicial que dicte una condena ejemplar calificando este terrible hecho como un travesticidio y un crimen de odio. Convocamos al inició del juicio el día 12 de marzo en los tribunales de Talcahuano.
¡Pepa Gaitán y Lohana Berkins, presentes!
Justicia por Melina Romero, Laura Iglesias, Celeste Martinez y todas las mujeres asesinadas y violentadas. Justicia para Cristina Santillán y para Zulema Soto, torturada y violada en su casa por personal policial.
Paramos contra las redes del narco que utilizan los cuerpos de las mujeres, transexuales, les- bianas, travestis y niñas como mercancías de canje. Paramos contra los abusos de poder de las fuerzas represivas dentro de los barrios hacia nuestras pibas. Paramos porque tenemos poco ac- ceso a la salud en los barrios y en las villas, donde las ambulancias no entran, y las instituciones de salud son vaciadas. Paramos porque nos proponemos una infancia y una juventud digna y feminista.
Exigimos que se contemplen las desigualdades y las violencias a las que están expuestas las niñas, adolescentes, mujeres, lesbianas, travestis, transexuales y transgénero que se encuentran en situación de calle, en riesgo de estarlo y/o en situación de consumo problemático de sustancias.
Repudiamos la estigmatización del ejercicio de las maternidades diversas que, en los casos de las mujeres en situación de calle, implica que el Gobierno les quite a sus niñxs por no contar con un lugar donde vivir.
Repudiamos que las mujeres seamos encarceladas por delitos menores que criminalizan formas de supervivencia, mientras los crímenes de las corporaciones y el narcotráfico quedan impunes porque benefician al capital.
Nosotras paramos como mujeres, migrantes y trabajadoras: porque vivimos una triple opresión. A un año del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 que modificó la ley de migraciones 25871, exigimos la eliminación del Centro de Detención de Migrantes, el tratamiento del proyecto de ley para la anulación del decreto, la resolución del amparo colectivo contra este decreto por in- constitucional, racista, xenófobo, que discrimina, criminaliza, estigmatiza y vulnera nuestros derechos como mujeres migrantes. Migrar no es un delito, es un derecho humano.
Nos pronunciamos contra la violencia simbólica que ejercen los medios de comunicación, la cristalización de los estereotipos de género, la estigmatización de nuestras decisiones, la invisibilización de nuestras luchas. ¡No somos adornos! Queremos más voces feministas en todos los de- bates políticos, económicos, sociales, culturales, somos productoras de sentidos y luchas en todos los ámbitos ¡Dejen de hablar por nosotras!
Contra las nuevas colonizaciones de los territorios por empresas multinacionales que nos despojan de nuestros bienes comunes mediante el extractivismo favorecido por los gobiernos, tratando a la vida como una mercancía y degradando la Madre Tierra. Contra la intoxicación por agrotóxicos que nos envenena y nos mata: ¡paren de fumigarnos! Paramos por la defensa de las semillas y la diversidad de nuestros recursos naturales.
Contra la concesión del acuífero guaraní a Coca Cola-Nestlé. Paramos en contra del especismo.
Paramos contra el racismo, la discriminación y xenofobia hacia las mujeres indígenas, negras afrodescendientes y afroindígenas. Paramos para exigir la libertad de las mujeres de la comunidad Wichi de Juárez. Basta de persecución, criminalización y judicializaciòn a las mujeres y comunidades mapuche.
Paramos contra el genocidio y feminicidio de mujeres que tiene su origen en la trata esclavista y en la violencia colonial. Paramos contra la justicia clasista, blanca y patriarcal. Paramos por el buen vivir de nosotras y nuestras comunidades.
6 / Paramos para denunciar que el estado es responsable.
El Estado y los gobiernos son responsables
En nuestro país, en 2018, es asesinada una mujer cada 29 horas. ¡Exigimos una justicia que no ampare el poder clasista y patriarcal!
Exigimos la efectiva aplicación de la Ley Brisa. Pedimos excarcelación a las mujeres con prisión preventiva por delitos menores, domiciliaria para madres con niñxs menores de 4 años y para jefas de familia. Exigimos que el Estado revise las causas por homicidio que en muchos casos responden a autodefensa ante una agresión machista.
Nos pronunciamos contra la justicia patriarcal que no hace cumplir la ley 27206 que declara imprescriptibles los delitos de abuso sexual en la infancia. Por la derogación de la ley 24270 de impedimento de contacto. Contra la vinculación forzada con los abusadores bajo el nombre del Síndrome de Alienación Parental (SAP). Contra la Justicia patriarcal que amputa maternidades y revictimiza las infancias.
Exigimos que se reglamente y se cumpla la ley de Patrocinio jurídico gratuito para mujeres victimizadas por la violencia machista. Exigimos tribunales especializados para la atención de violencia de género y la despatriarcalización de todo el Sistema Judicial. Paridad en en todos los ámbitos de Justicia.
Exigimos la reapertura y financiamiento de los espacios de atención por violencia de género en las municipalidades, en las Universidades y en cada espacio común donde la ley 26.485 prevé que se atienda a las que son victimizadas.
Exigimos cumplimiento efectivo de la capacitación en género para todos los efectores públicos que intervienen en la problemática de la trata, de la violencia de género y sexual, abarcando el poder judicial, ejecutivo, y personal de las fuerzas de seguridad y del área de salud.
Exigimos que se cumpla el protocolo integral de asistencia a las víctimas de violencia sexual.
Desmantelamiento de las redes de trata y las fuerzas represoras del Estado y sus cómplices. Condena efectiva a los proxenetas. Creación de políticas públicas que acompañen a la Ley de Trata, así como todos los instrumentos tendientes al acompañamiento jurídico y de protección integral a las víctimas y a sus familias. Denunciamos el cierre de los refugios para las víctimas.
Basta de represión, persecución, abuso y extorsión policial a las trabajadoras sexuales y a las personas en situación de prostitución. Exigimos la derogación de los artículos contravencionales que permiten mantener detenidas sin orden judicial a cualquier persona y que criminalizan el ejercicio de la prostitución en 18 provincias. En especial el artículo 68° del Código Contravencional de la Pcia. de Buenos Aires.
Exigimos el sostenimiento de los Programas de Educación Sexual y de Salud Sexual y Procreación Responsable: sin educación sexual, sin acceso a la salud reproductiva y no reproductiva, es imposible decir Ni Una Menos. ¡La ESI está en alerta y la defendemos!
Exigimos más presupuesto para salud y educación. Abajo la Cobertura Universal de Salud (CUS) que es la privatización encubierta de la salud pública.
Decimos no al vaciamiento de la Salud pública, no a los despidos de esxs trabajadorxs, al cierre de programas y quita de presupuesto. Repudiamos cualquier intento de arancelamiento.
Nos pronunciamos contra la violencia obstétrica: nosotras elegimos cuándo, cómo, dónde y con quién parir.
Hay más de 40.000 mujeres viviendo con VIH en todo el país que exigimos políticas públicas reales para la eliminación de la transmisión vertical. Basta de reducción del presupuesto que nos garantiza la prevención, Profilaxis, medicación, adherencia y reactivos. Reclamamos por el respeto de decidir sobre nuestros embarazos y partos, por el derecho a tener toda la información sobre la lactancia materna de las mujeres viviendo con VIH. Basta de estigma y discriminación. Exigimos la promulgación de la nueva ley de vih, its y hepatitis virales. No hay más tiempo.
Exigimos la descriminalización del cultivo de marihuana por motivos medicinales y la reglamentación y aplicación de la ley.
Denunciamos el protocolo anti-toma que intenta disciplinar las luchas estudiantiles y nos pronunciamos contra la reforma educativa que no toma en cuenta los debates propuestos desde lxs estudiantes. Porque las escuelas no están exentas de violencia patriarcal, reclamamos protocolo de género.
Rechazamos las propuestas del gobierno destinadas a bajar la edad de punibilidad de las y los adolescentes, criminalizándolos desde temprana edad en vez de garantizar el acceso a sus derechos.
Desprocesamiento y libertad de todas/os las/os luchadoras/es populares. Derogación de todas las leyes represivas. Desprocesamiento y cierre de las causas a César Arakaki y Dimas Ponce y libertad de todos los detenidos por las jornadas del 14 y 18 de diciembre contra la reforma pre- visional. Libertad a Milagro Sala, Gladys Díaz, Mirta Guerrero, Mirta Aizama y Graciela López.
Por la desmilitarización de nuestros territorios y contra las nuevas formas de guerra. Basta de gatillo fácil justificado y jerarquizado por el Poder Ejecutivo.
7 / Paramos porque exigimos un Estado laico.
#SeparacióndelEstadoylaIglesia
Somos un movimiento anti-clerical y exigimos el cese de subsidios a la Iglesia Católica y la educación religiosa.
Repudiamos la intervención de la Iglesia Católica y de todas las iglesias sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Repudiamos su ofensiva en toda América Latina contra lo que llaman “ideología de género”. Exigimos también cárcel común a los curas abusadores.
8 / Paramos y construimos el movimiento de mujeres como sujeto político. #Nos mueve el deseo
Por un movimiento internacional feminista que está revolucionando el mundo.
Por un feminismo inclusivo, radical y de intersección que nos invite a todes a unirnos a la resistencia al racismo y la explotación capitalista.
Rechazamos la presencia del G20 este año en Argentina, que representa los intereses de las corporaciones transnacionales y el capital financiero para el endeudamiento de nuestras existencias. Como dijimos en la Cumbre de los Pueblos contra la OMC: Luchamos por alternativas a la crisis climática, de cuidados, financiera y civilizatoria.
Contra toda forma de explotación y opresión, llamamos a nuestras hermanas de todo el mundo a seguir luchando de manera independiente de los gobiernos y a favor de construir una Internacional Feminista. Nuestras desobediencias nos abrigan, nos dan fuerza, y nos potencian en las calles y en los hogares, en los barrios y en los lugares de trabajo.
Porque el movimiento feminista es hijo e hija de esta historia antipatriarcal y anticapitalista, y emerge como un contrapoder en todo el mundo frente al avance represivo, racista y conservador. Por eso con orgullo hoy decimos: ¡Aborto legal, seguro y gratuito ya! ¡Viva el Día Internacional de las mujeres trabajadoras! ¡Viva el paro internacional feminista!
PARO INTERNACIONAL DE MUJERES, LESBIANAS, TRAVESTIS Y TRANS ¡ABORTO LEGAL YA! BASTA DE AJUSTE Y DESPIDOS #NiUnaMenos #VivasNosQueremos
Parque Eólico en Unión Hidalgo. Foto: Santiago Navarro F.
Foto: Parque eólico en Unión Hidalgo. Santiago Navarro F.
Por Sare Frabes
Los comuneros de Unión Hidalgo, comunidad zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, desmintieron el martes (6), durante una rueda de prensa, la posición del secretario de Medio Ambiente del estado de Oaxaca, José Luis Calvo Ziga, quien declaró que el proceso de consulta indígena del proyecto eólico de la empresa francesa EDF había sido concluido. La declaración de Zica fue hecha en la sexta edición de Mexico Windpower, el encuentro de negocios más importante del sector de energías renovables a nivel internacional, los días 1 y 2 de marzo.
De acuerdo con los comuneros del pueblo el secretario faltó con la verdad. “Ni siquiera ha salido la convocatoria para la consulta en nuestro pueblo. Dejamos en claro que no existe, ni ha existido tal consulta indígena para determinar un nuevo proyecto eólico que agrave más nuestro entorno, económico, político y social”, dicen los comuneros.
Tampoco, argumentan ellos, hay condiciones para una consulta en Unión Hidalgo. “Una de las razones son los tres últimos terremotos. Tenemos unas 5 mil casas en proceso de reconstrucción. Las escuelas y espacios públicos todavía no están operando. La comunidad esta unida en este proceso de reconstrucción, Nuestras prioridades no son las mismas que las del gobierno insensible”, dice uno de los comuneros.
Además, están en medio de un proceso electoral. “Una consulta inducida en medio del proceso electoral que ya se vive, podría desatar un ambiente degradante de vejaciones a nuestros derechos y la libre determinación de nuestro territorio y autonomía propia”.
En Unión Hidalgo ya existe un parque eólico con dos fases. Son alrededor de 100 aerogeneradores ya instalados. “Hace tres años que instalaron este parque y no hemos visto ningún beneficio para la comunidad. Simplemente la empresa Demex llegó a la comunidad, buscó a los dueños de las tierras y no se hizo ninguna consulta a la comunidad. Lo mismo estamos viendo ahora”, sostuvieron los comuneros.
Brasil fue el país que más recibió haitianos luego del trágico terremoto del año 2010. Pero ¿como están los haitianos ahora con la crisis que atraviesa Brasil?, agravada por el golpe de 2016
Caminar por las calles de la región central de São Paulo, principal centro económico financiero de Brasil y de América del Sur, siempre se ha presentado como una explosión de experiencias sensitivas, justamente por la concentración de diversidad cultural que se hace presente en este lugar. Con la llegada de los africanos y principalmente con la entrada masiva de haitianos en este país en los últimos años, esta experiencia se ha intensificado con nuevas formas, sonidos, colores y fragancias, que se expresan en los puestos de venta de comida, en sus vestimentas, en las obras y artesanías que venden en las calles. El misticismo que encierran sus rituales religiosos atrapan la atención de los transeúntes en las principales plazas públicas.
Desde el año 2010 hubo un cambio radical en los flujos migratorios hacia Brasil. Anteriormente, era un flujo predominantemente sudamericano, especialmente de bolivianos, paraguayos y peruanos, que llegaban a este país para trabajar en el sector de la industria textil. Después de 2010, una oleada masiva de personas de origen haitiano comenzaron a llegar, personas que no tuvieron otra opción tras la destrucción de su país con el terremoto en el año 2010. También aumentó el flujo de migrantes provenientes de África tras las restricciones migratorias que les impuso la Unión Europea. Sobre todo los haitianos, se establecieron en pequeñas ciudades en el interior de los estados de Santa Catarina, Río Grande del Sur y sobretodo São Paulo, en el sector agro-alimentario, principalmente en el procesamiento de la carne a escala industrial y la construcción civil.
De acuerdo con el diagnóstico realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y por el Instituto de Políticas Publicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur, hasta finales del año 2016 fueron emitidas 67 mil autorizaciones de residencia permanentes y temporales para haitianos en Brasil. Pero en general se estima que al menos 98 mil haitianos ya habían ingresado entre los años 2014 y 2015.
Hacia la frontera norte de Brasil
En el año 2010, los migrantes provenientes de Haití comenzaron a internarse a Brasil por la frontera norte, específicamente por el estado de Acre. Para llegar hasta el territorio brasileño, la ruta era viajar en autobús desde Puerto Príncipe, capital de Haití, hasta Santo Domingo, capital de República Dominicana. Llegando hasta este punto, compraban un pasaje de avión con destino hacia Panamá. Después continuaban en avión o en autobús hasta Quito, Ecuador.
Así avanzaban vía terrestre hasta la ciudad fronteriza de Tumbes en el Perú y cruzaban por Piura, Cusco y Puerto Maldonado hasta llegar a Iñaparí, ciudad que colinda con Assis Brasil (en el estado de Acre), el con el objetivo era llegar hasta a la ciudad de Brasileia, también en Acre.
En Abril del año 2013, el gobierno de Acre decretó una alerta de emergencia social en los municipios de Epitaciolancia y Brasileia por la llegada masiva de migrantes a esta región. Durante varios meses, un refugio de emergencia para los migrantes estuvo funcionando en Brasileia. El mes de abril del año 2014, la situación empeoró por el desborde de un río de la región, el río Madeira, que divide Acre con el resto de Brasil. El campamento, que ya estaba totalmente lleno, fue clausurado, dejando a la deriva a los migrantes haitianos, pero también a otros que habían llegado de otros países. Las condiciones de sobrevivencia de los migrantes paso a ser insostenible.
De acuerdo con Paulo Illes, coordinador del Centro de Derechos Humanos y Ciudadanía del Inmigrante en São Paulo, una de las primeras cosas que el gobierno brasileño hizo en ese momento fue enviar Eduardo Cardozo, ministro de ese momento, para Perú y a Ecuador, con la finalidad de que estos países fueran más exigentes con las visas de los Haitianos, para dificultar su llegada a territorio Brasileño. El Ecuador, en caso de que hubiese aceptado esta determinación, hubiera violado su propia constitución, porque fue el primer país del mundo en declarar una ciudadanía universal, es decir, ningún país del mundo necesita una visa para pisar territorio ecuatoriano. Entonces el presidente de ecuador, que en ese momento era Rafael Correa, no aceptó. Pero el estado del Perú si dio su aceptación. “Por eso hubo tantas violaciones a los derechos humanos con los inmigrantes del Perú en Brasil”, dice Illes.
La situación se tornó visible en los grandes medios de comunicación de Brasil cuando el gobierno de Acre comenzó en el mes de abril del año 2014 a llenar autobuses de haitianos y a enviarlos para el sur del país, principalmente a São Paulo. El destino de los autobuses era la Misión Paz de São Paulo, institución que realiza un trabajo de acogimiento a los refugiados e inmigrantes, además de ofrecer informaciones básicas para que se pudieran establecer en este país.
“Nosotros teníamos capacidad para cerca de 110 personas por día, y recibíamos más de 200. No había estructura, pero se crearon varios grupos de voluntarios y se pudo hacer el trabajo. Dormían fuera de la iglesia, en la calle, entonces se abrieron las puertas para que durmieran en el auditorio de la iglesia. Estuvimos con ellos algunos meses. Comenzamos a llamar a varias empresas para que los contrataran en el área de construcción y frigoríficos, entonces se colocaban de una forma segura. Tiempo después otras organizaciones se sumaron para recibirlos, inclusive la administración municipal creó servicios que antes no existían para el inmigrante”,
EXPLICA ELVIRA GONZALES, MIGRANTE PERUANA QUE TRABAJA EN LA ORGANIZACIÓN MISIÓN PAZ DE SÃO PAULO, CUYA FUNCIÓN ES ACOGER A LOS MIGRANTES QUE LLEGAN A LA CASA; ELLA TRABAJÓ INTENSAMENTE EN LA FASE MÁS CRÍTICA DE LA LLEGADA DE LOS PRIMEROS HAITIANOS.
El estado de Acre dejo de ser la principal ruta de entrada de los migrantes de Haití en este país desde que el Estado Brasileño amplió la emisión de visas por medio de su embajada en Puerto Príncipe en Haití, lo mismo con sus embajadas en Ecuador y Perú. En el año 2015, hubo un descenso del 96% de haitianos ilegales que llegaban a Brasil. “Entonces comenzaron a llegar directamente en avión hacia la región sur del país”, explica Paolo Parise, director del Centro de Estudios Migratorios, uno de los coordinadores de la Misión de Paz.
El contexto migratorio de Brasil pasó por un nuevo cambio con la crisis institucional, económica y política por la cual esta cruzando este país sudamericano, después del golpe de Estado ocurrido el año 2016 que destituyó a la presidenta electa Dilma Roussef. “Esta crisis afectó a todos, inclusive a los migrantes. Con la intensificación del desempleo, el flujo de migrantes comenzó a girar inversamente entre los años 2016 y 2017”, comparte Paolo Illes, coordinador del Centro de Derechos Humanos y Ciudadanía del Migrante, quien también fungió como Coordinador de Políticas para Migrantes en la administración municipal de la ciudad de São Paulo, entre los años 2013 y 2016.
Fueron dos años de salida intensa de haitianos de este país, con rumbo a países como Canadá, Chile y principalmente los Estados Unidos. “No sabemos cuantos salieron, no existen estadísticas, pero sabemos que fueron muchos. Muchos de los que acogimos, tuvimos información de que estaban varados en la frontera con México intentando cruzar hacia los Estados Unidos”, señala Paolo Parise, quien es uno de los coordinadores de la Misión de Paz.
Se estima que por lo menos 30 mil haitianos llegaron a la frontera con México en este periodo. Según el informe Frontera Cerrada: Haitianos y Africanos en Tijuana, publicado en febrero del año 2017, la mayoría de los migrantes que llegaron a la frontera de Tijuana, con proximidad a San Diego y California, eran haitianos que venían de Brasil. El número de albergues en Tijuana se triplicó a partir del arribo de migrantes haitianos. Por lo menos 234 albergues se activaron de acuerdo con el documento.
En un Reportaje Especial Realizado por Avispa Midia se documentó en ese mismo periodo la travesía de los haitianos por Centroamérica con rumbo a los Estados Unidos, donde la mayoría de los entrevistados se comunicaban en portugués, un indicio de que el punto de partida había sido Brasil.
El flujo de migración de haitianos ha creado un cuello de botella en México a partir de las medidas implementadas por el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una de las determinaciones de Trump fue cerrar completamente las puertas a los haitianos. De acuerdo con el padre Patrick Murphy, coordinador de la Casa del Migrante de Tijuana, ya no han llegado haitianos y africanos a la casa. “La verdad es que 90% de la gente en la casa son deportados”, explica. Se estima que solamente en Tijuana se quedaron 3 mil donde están intentando comenzar de nuevo una nueva vida.
Trump expulsa haitianos
El Gobierno de Donald Trump anunció en noviembre del año 2017 el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití, y dio un margen de 18 meses a sus 58.706 beneficiarios para que regresen a su país o que busquen una alternativa. De este modo, el TPS para Haití finaliza el 22 de julio de 2019, según informo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Estados Unidos concedió el TPS en 2010 tras el catastrófico terremoto que dejó unos 300.000 muertos y sumió al país en el caos.
En Noviembre del año 2017 representantes del consulado de los Estados Unidos estuvieron en la Misión de Paz, cuenta Paolo, para que la institución informara a los migrantes que no salearan más de Brasil rumbo a los Estados Unidos porque el TPS había dejado de existir.
“Lo que se observa son cambios muy rápidos del flujo migratorio haitiano, que va siguiendo el comportamiento de las economías y políticas que se vienen experimentando el continente americano y el mundo en general. Después de 8 años del terremoto, la situación de Haití es demasiado precaria y ellos continúan buscando un lugar y una forma de reconstruir sus vidas”,
AFIRMA ILLES.
Otras rutas
Uno de los principales destinos de los haitianos hoy es Chile, donde trabajan principalmente en la construcción civil. Allá basta conseguir un trabajo para conseguir su permanencia en el país. Otros más se están dirigiendo hacia la Guayana Francesa o buscan salida para el norte del continente por Colombia y Panamá. Illes comenta que hay una nueva ruta, poco mencionada o estudiada por ser muy reciente, que es la de Paraguay. “Hay muchas empresas brasileñas yendo para Paraguay, entonces están demandando más mano de obra en al región de Asunción principalmente. Como hay mucha propaganda, muchos han decidido ir hacia allá”.
De Jean Pierret*, un inmigrante haitiano que vive en el centro de São Paulo:
Vi un periódico en Haití que aquí en Brasil se ganaba mucho dinero. Los anuncios estaban en muchos lugares. Decían que se ganaba por los menos 1500 dólares por mes. En cuanto llegue aquí, me di cuenta de que era mentira.
De acuerdo con Paolo Parise, existía una red de coyotes vendiendo un producto que no existía para los haitianos. “Los coyotes tuvieron una gran responsabilidad en crear un imaginario entre los haitianos de que aquí se ganaría mucho dinero. Aun con los vientos de la crisis este imaginario continuaba. La decepción fue fatal”.
Gasté 5 mil dólares para llegar. Junté todo lo que tenia ahorrado para venir y cuando llegué fue la cosa más difícil. A mi me gusta Brasil, pero ahora esta muy difícil la situación. Llegué hace cuatro años, conseguí trabajo muy rápido. Llegue con la Misión Paz y ahí me ayudaron a conseguir un trabajo. Yo entré por Acre. Ya tenía un primo que vivía en São Paulo. Ahora no pienso en salir de aquí. Generalmente los que salen es porque sus familias aun consiguen mandar dinero. Muchos de los que se fueron hacia Estados Unidos gastaron por lo menos 8 mil dólares. Allá en Haití yo era militar y trabajaba de seguridad con gente importante. Hoy trabajo de ayudante en la cocina en una empresa. La verdad es que ganaba mejor allá. Y si tú me preguntas ¿porqué no regreso? La respuesta es simple: solo un inmigrante sabe que tan difícil es volver sin nada, o peor que cuando salió. Es una lucha. Pasé hambre para traer a mi mujer. Porque no puedo quedarme aquí y ella allá. No esta bien, pero ahora estamos juntos. Ella llegó hace un año. Ya tiene su permanencia y acaba de nacer nuestro hijo brasileño.
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El flujo de haitianos hacia Brasil cayó drásticamente pero no se detuvo totalmente.
Para Gonzales, existen distintas situaciones en las cuales los haitianos se encuentran en Brasil. “Ellos están reuniendo a sus familias, teniendo hijos, otros esperan su residencia permanente. La mayor parte tiene su permanencia, pero todavía hay un numero muy grande que espera sus papeles para la permanencia, serían como unas 15 mil personas que están por todo Brasil”, estima ella.
De acuerdo con Illes, ahora es momento de que aquellos que decidieron quedarse traigan a su familia, generalmente esposas o hijos. “Es un flujo natural de los procesos migratorios. Primero viene alguien para encontrar trabajo y después traen a sus familiares”, sostiene Illes.
Mones Lapaix* es haitiano, hace cuatro años que llegó a Brasil. Entro por Acre, paso por São Paulo y de ahí se fue a trabajar al interior de Santa Catarina. Perdió el trabajo y regresó a São Paulo. Vendió todo lo que tenia en Haití. Tenía su propia casa. “Ahora ya no pienso en volver para Haití. Tengo que conseguir por lo menos el dinero que gasté para llegar aquí”. El tiene cuatro hijas, pero solo pudo traer a su mujer hace un año. “No pienso en traer a mis hijas ahora. El dinero mensual que gano no me alcanza”. El hace cuentas. “Son 9 mil reales para traer cada persona”. En Haití el era carpintero. En São Paulo es barrendero. El tiene un contracto, así como muchos haitianos, con la administración publica de la ciudad. Es un trabajo temporal. “Ya estoy buscando otras cosas. La perspectiva de vivir en la calle en São Paulo es muy presente. Aquí en el centro convivimos con millares de personas en esta situación, brasileños y no brasileños”.
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La migración haitiana es diferente de la migración histórica de los latinoamericanos que llegaron a Brasil, analiza Illes. “Inicialmente no se constituyo como una migración para las grandes ciudades. Las grandes ciudades, que siempre fueron puntos de llegada de los migrantes, pasa a ser un punto de transito, tanto en São Paulo, como en Curitiba, Florianópolis y Puerto Alegre. Existe una comunidad en estas ciudades, pero el trabajo estaba en el interior de estos estados. En los informes de la prefectura de São Paulo o de la Misión de Paz, esta claro, los haitianos llegaban aquí en São Paulo, en los albergues, se quedaban 3 o 4 días, y ya salían para trabajar, conseguían empleo inmediatamente. Ahora la realidad es otra”, explica.
Con la crisis económica vivida en el país, se generó una dinámica interna en el que los haitianos que estaban trabajando en las pequeñas ciudades acabaron regresando para los grandes centros urbanos. “Hoy hay una concentración de estas personas en la economía informal en los grandes centros urbanos, principalmente en São Paulo”, señala Paulo Illes.
En muchos de los casos, evalúa Illes, la gran ciudad continua siendo un punto de paso. “Buscan conseguir dinero para poder continuar otro flujo migratorio. Lo que humanamente es una tragedia. Imagina lo que estas personas han invertido con su familia, vendieron sus bienes que tenían en su país, pensando en un sueño en Brasil y, de pronto, es obligado a repetir aquello que hizo en su país”.
Otra diferencia detectada por Illes es que hace algunos años la migración estaba localizada básicamente en el centro de la ciudad y hoy se ha expandido, inclusive ocupando espacios en la región metropolitana de São Paulo. “Pero es claro que se mantienen en una gran concentración de migrantes en la región central de la ciudad”, agrega.
El espacio público debe ser pensado a partir de esta nueva dinámica, reflexiona Illes. “Las nuevas configuraciones generan conflictos por la disputa de los espacios públicos en las grandes ciudades. Ellos están ocupando espacios de uso público. Hoy, por ejemplo, pensar una política para vendedores ambulantes en São Paulo es básicamente pensar en una política para migrantes”, explica.
Las dificultades de trabajo son inmensas. “El sector del comercio informal es extremamente disputado e inseguro. Hay un margen muy pequeño de los ambulantes que poseen un permiso para trabajar y otra gran cantidad de gente que no tiene licencia. La inseguridad es muy grande. Les quitan sus productos o se los roban”, comparte Illes.
Además de esto, "están consiguiendo otros tipos de trabajo como en bares, restaurantes, mercados. De cierta forma se van insertando en la ciudad. Sobran empleos en condiciones no adecuadas de trabajo muchas veces en condiciones análogas de esclavitud”.
Entre 2010 y 2016, 1259 trabajadores fueron rescatados en condiciones de trabajo esclavo en el estado de São Paulo, en 91 operaciones. De estos, 394 eran ciudadanos de otros países, inmigrantes legales e ilegales. El rescate de haitianos sucedió principalmente en obras de construcción civil. De acuerdo con Renato Bignami, auditor-fiscal del Ministerio de Trabajo y Empleo, los trabajadores fueron encontrados en condiciones que conjugan cuatro situaciones: trabajo en situación de servidumbre para pagar deudas al propio empleador, condición degradante, trabajo forzado, jornada exclusiva.
Una pequeña población, con pequeñas chozas, ha sido construida dentro de un antiguo cine donde trasmitían cine pornográfico, en el corazón de São Paulo. Es habitada principalmente por haitianos y africanos. El cine era uno de los más de dos mil edificios vacíos en el centro de esta ciudad. Fue cuatro años atrás, cuando en plena noche el antiguo cine fue ocupado por el Movimiento de los Sin Techo del Centro (MSTC), vinculado a un frente de movimientos que luchan por vivienda digna en la ciudad de São Paulo, Frente de Lucha por la Moradia (FLM).
En total, este frente ha ocupado por lo menos 21 edificios en esta ciudad. En buena parte de las ocupaciones viven haitianos y africanos, cuenta la coordinadora del MSTC, Carmen da Silva Ferreira, quien relata que hay un aumento de migrantes en las ocupaciones. “Siempre hemos tenido inmigrantes. Gente de Bolivia, del Perú. Pero con los haitianos el flujo de migrantes en el movimiento aumentó mucho”, relata Silva.
Ocupación Río Blanco
El antiguo cinema conecta con un antiguo hotel, que hoy también ha sido ocupado por este movimiento, donde también viven haitianos y africanos. La entrada de la ocupación esta pintada de colores fuertes y llamativos. El acceso para el antiguo cine y para el antiguo hotel es lo mismo, por la calle Río Blanco. En el hall del antiguo hotel aun hay resquicios decorativos con tintes egipcios.
La limpieza, la manutención y seguridad del lugar son realizadas por las propias familias de las ocupaciones, organizadas por asambleas. Semanalmente todo mundo contribuye para realizar la limpieza y las reparaciones necesarias. “En los dos espacios viven 74 familias, por lo menos 34 de ellas son de inmigrantes. Aquí no hay distinción de nacionalidad. El movimiento no hace ninguna diferencia entre brasileños e inmigrantes. Todos son iguales y todos necesitan donde vivir”, agrega Sidnei Ferreira Silva, coordinador de la ocupación.
Al caminar en los pasillos estrechos del antiguo hotel se perciben los diferentes acentos y sonidos que marcan las lenguas que habla cada uno de los habitantes. Entre más se adentra uno, un abanico de colores vivos, característicos de la raíz afro, decoran las puertas y las paredes, aunque contrastan con la escasa luz natural. La arquitectura del cine fue hecho para mantenerse obscuro, entonces cuando uno se interna al pequeño poblado, la luz natural se apaga. No hay ventanas, una luz artificial permanece encendida las 24 horas para poder realizar las actividades cotidianas. “Cuando entramos en un edifico abandonado, que no fue construido para vivienda, tenemos que hacer lo mejor que podemos para adaptarlo hasta conseguir una vivienda digna y más adecuada para todos. Esta es nuestra lucha”, comenta Silva.
El hijo de la haitiana Arloude Pierrel*, uno de los seis bebés que nacieron en la ocupación, tiene problemas respiratorios justamente porque el lugar cuenta con escasa luz y poca circulación de aire. “Trabajo en limpieza, gano mil reales (300 USD) por mes. La renta de un cuarto pequeño, donde no puedes dormir ni cocinar bien esta casi en 600 reales (200USD). No tengo condiciones de pagar un alquiler. Además de eso, el proceso para alquilar una casa es demasiado burocrático. Debes de tener un fiador, comprobar ingresos, demostrar que cuentas con capacidad de pago y que tienes dinero en el banco”, argumenta Pierrel, quien lleva tres años en Brasil y aun así, esta guardando dinero para traer a su madre y otro hijo que se quedó en Haití.
“La mujer no puede dormir en cualquier lugar como el hombre. Una mujer dormida en la calle no es posible, menos con hijos. Hay que tener cuidado con los hijos. Tener este lugar para vivir ayuda mucho. Sino la opción seria en la calle. Todo mundo aquí tiene un sueño. Yo tengo el mío. Quiero una casa para vivir. Pero aquí en Brasil, con el trabajo que tengo, nunca lo voy a conseguir. El movimiento es una forma de luchar por el derecho que todos tenemos de tener un lugar digno para vivir”,
DICE ELLA.
A pesar de la tensión diaria de un posible desalojo por parte del Estado, las ocupaciones son una opción para los migrantes. “Ellos constituyen una casa, donde pueden cocinar, ducharse y lavar sus ropas. Pueden tener su estufa, su refrigerador, hacer su propia comida. Se tienen las condiciones mínimas para buscar un empleo, estudiar, retomar la cotidianidad, afirma Carmen.
La coordinadora cuenta que los procesos migratorios recientes han generado nuevas dinámicas en la ciudad y que los movimientos urbanos tuvieron que aprender y entender. “Y ellos también tienen que entender cual es la dinámica de un movimiento urbano, lo que significa la ocupación en el centro de São Paulo y que lo que buscamos es la autonomía”.
“La cuestión de la inmigración no es solo un problema del migrante, es nuestra también, y es un tema que nos incumbe a todos en el mundo. Tenemos que ver como nos ayudamos en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, como integramos toda esta cuestión a nuestras luchas diarias. El capitalismo esta explotando y acabando con el mundo. El capitalismo mata, no solo con las guerras, sino principalmente, despojando a las personas de sus posibilidad de vivir y realizar sus vida de forma digan en sus territorios”, agrega Carmen.
Brasil, a lo largo de mas de 500 años, se constituyó como un país de migrantes. Cuando los portugueses colonizaron estas tierras, trajeron 5 millones de esclavos africanos y se calcula que casi 900 mil murieron en los barcos. Una migración forzada. “La esclavitud terminó en 1888, y los agentes de migración de Brasil, remplazaron la mano de obra de los esclavos con otra oleada de migrantes pobres de Europa, italianos, alemanes, poloneses. En la primera guerra mundial hubo otro gran flujo de migrantes europeos. Lo mismo aconteció en la segunda guerra mundial, donde solo de la antigua Unión Soviética migraron más de 300 mil personas. También hubo un flujo de migrantes vietnamitas, coreanos, chinos que aun continúan siendo una gran población en Brasil. Según el consulado de China en Río de Janeiro, es una comunidad compuesta por lo menos de 300 mil en el país”, relata Paolo Parise.
A partir de los años 1980 Brasil experimentó otro fenómeno. “Según las estimaciones del gobierno, por lo menos de 4 a 5 millones de brasileños salieron del país. Al mismo tiempo que los brasileños salieron, hubo muchos latinos que comenzaron a llegar a Brasil. Con la crisis del año 2008, el brasileño comenzó a regresar. Por ejemplo, un tercio de los brasileños que estaban en Japón volvieron, cerca de 100 mil personas. Hoy se calculan que 3 millones de personas están fuera del país, siempre el calculo es aproximado”, sustenta Parise.
A partir del año 2010, como ya se relató, aumento la migración haitiana y africana. Con la nueva crisis, el escenario cambió nuevamente entre el los años 2016 y 2017, con la salida de un gran numero de haitianos.
Después de Haití, Brasil recibió una gran cantidad de inmigrantes de la República Democrática del Congo, debido al conflicto de este país con Angola. El punto de destino era principalmente Rio de Janeiro y São Paulo. El numero de mujeres congoleñas que llegaron entre los años 2015 y el 2016 fue enorme. Ocuparon gran parte de los albergues de la ciudad de São Paulo. Se emitieron cerca de 6500 visas para congoleses en la embajada de Brasil ubicada en Angola”, afirma Illes.
“Aquí aconteció un fenómeno inverso al de los haitianos. En el caso de Haití, generalmente el hombre venía primero para después traer a los hijos y a la mujer. En el caso de la REPÚBLICA Democrática del Congo, fue al contrario. Como era una situación de guerra, la decisión familiar era generalmente de colocar primero a la mujer y a los hijos en situación mas segura”,
EXPLICA PARISE.
Ahora, mas recientemente, existe un flujo de venezolanos que están entrando por la frontera norte del país, en el estado de Roraima. “Se esta dando en una región del país poco habitada, es por eso que se ha tornado muy visible y hasta cierto punto conflictivo. Los medios de comunicación comerciales lo han manejado como una invasión y eso ha creado un clima de inestabilidad e inseguridad para las comunidades”, explica Illes.
La migración en Brasil continuará, apuesta Illes, independientemente de la crisis política y económica. “Un poco más tímida, pero continuará”.
Claudine Shindany tiene dos años en Brasil, ella es de la República Democrática del Congo (RDC). Su país lleva 20 años en guerra civil. Ella es periodista. Sufrió persecución por su actividad y tuvo que salir del país. Ella relata:
La persecución que sufrí me forzó a salir. Antes de salir del país no fue fácil. Yo estaba al borde de la muerte. Perdí a mi madre por causa de esto, quemaron mi diploma por esa situación. Antes yo trabajé en la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia) en el área de comunicación, eso me permitió viajar mucho por mi país. Hay muchos lugares donde las niñas no pueden ir a las escuelas y yo, como mujer que estudié hasta la universidad, realizaba en la UNICEF el trabajo de sensibilización de los padres para que mandaran a las niñas a la escuela. Trataba de decir a ellos que las niñas y los niños son iguales. Conozco bien mi país. Hay cuatro lenguas nacionales y yo hablo todas ellas. Las mujeres están sufriendo mucho en mi país. No tengo las palabras para describir este sufrimiento. Son mujeres violadas, les roban a sus hijos, los rebeldes roban niños de 10 a 11 años para sus ejércitos. ¿Cómo una mujer va a soportar eso?. Ellas siquiera tienen el derecho de hablar. Visité regiones, fui a una pequeña ciudad y vi una niña de 11 años embarazada, después de una violación de 30 hombres. Tu no puedes imaginar como las mujeres están sufriendo. Todo eso es sufrimiento. La situación de sobrevivencia aquí en Brasil es muy difícil. Si uno no encuentra empleo terminas por quedarte en la calle. Pero cualquier lugar es mejor que vivir en aquella situación.
La llegada de los haitianos movió el estado de inercia en el que estaba enclaustrado el gobierno brasileño. “La migración haitiana mostró que una política de regularización migratoria no basta. Es necesario tenerla, pero es necesario tener también una política de inclusión social de los inmigrantes”, analiza Illes.
Después de un largo proceso de construcción de un proyecto de ley, donde se realizaron conferencias, encuentros y debates con organizaciones y con los migrantes, se llegó a una propuesta de ley votada en el Congreso Nacional. Antes, los derechos y deberes de los migrantes eran regidos por el estatuto del extranjero, creado en el año de 1980, durante el régimen militar. La nueva Ley fue aprobada en mayo del año 2017.
Este proceso de construcción de la Ley no fue fácil. “La derecha actuó muy fuertemente contra nuestras propuestas. La fracción parlamentaria de la Policía Federal atacó el proyecto con consignas que decían “deportación inmediata” y “sin derecho a defensa”, recuerda Paolo Parise.
El texto original de la Ley deja de tratar al inmigrante como una amenaza al país y reconoce el derecho universal a migrar. El texto aprobado en mayo del 2017 derribó los posicionamientos políticos que dificultan la entrada de nuevas personas al país y facilitó la garantía de derechos a esos inmigrantes. “Esa nueva Ley trae importantes garantías, como la creación de una visa humanitaria y regulación migratoria. Hoy ya no es considerado como un crimen el que los inmigrantes participen en manifestaciones políticas o sindicatos”, señala Illes.
Pero el decreto que reglamente la Ley, hecho durante el periodo del gobierno golpista de Temer, descalifica puntos importantes de la Ley, de acuerdo con diversas organizaciones que trabajan con el tema y que han participado en el proceso de la construcción del texto original en el poder legislativo.
El decreto de Temer cortó y modificó por lo menos 20 artículos de la Ley. “El decreto retomó aspectos de criminalización, como los puntos que permiten la prisión cautelar de migrantes en situación irregular, hasta la libertad vigilada, cuando la Ley aprobada por el congreso dice que, en hipótesis alguna, la situación irregular puede ser usada como factor para criminalizar a los migrantes”, dice Illes.
Ahora se inicia una amplia movilización para la construcción de una Política Nacional del Inmigrante, prevista en el articulo 120 de la Ley. “Estamos presionando para que sea realizado un decreto del gobierno federal estableciendo metodologías y parámetros que deberá seguir una política nacional de migración. Que haya una coordinación nacional con la participación de los estados, municipios, organizaciones, migrantes. Que no quede solo en una coordinación, pero que se creé un sistema nacional de control social y participación. Esta es nuestra lucha ahora”, finaliza Illes.
*Los nombres son ficticios, para resguardar la seguridad de los entrevistados
La siembra y distribución de transgénicos ha ido en aumento en México desde 1988, fecha en que el gobierno autorizó la primera siembra experimental de tomate genéticamente modificado. El primer OGM fue procesado en Guasave, Sinaloa por la empresa Sinalopasta y sólo entre 2005 y agosto de 2017 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) autorizó la liberación de transgénicos en 24 estados mexicanos.
Hasta agosto de 2017 han sido solicitados por lo menos 356 sitios distintos de liberación de transgénicos sobre todo por empresas extranjeras, indica el estudio Treinta años de transgénicos en México, análisis del transcurso entre la prohibición y la masificación de producción y venta legal de OGM en el país latinoamericano.
En el mismo periodo las entidades de Tabasco, Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México no solicitaron la producción de OGM, mientras en Michoacán, Aguascalientes, Puebla y Estado de México, fueron negadas las solicitudes de cultivo.
Las operaciones se concentraron en producción e importación de semillas, comercialización de nueve tipos de cultivo: alfalfa, algodón, canola, frijol, limón mexicano, maíz, naranja dulce, soya y trigo. México importa más de 6 millones de toneladas de maíz anualmente, de las cuales 45% son maíz transgénico.
De 853 solicitudes hechas entre 2005 hasta 2017, solo 22 fueron operadas por centros de investigación gubernamental mexicanos, a la par que los principales beneficiarios es un grupo de empresas extranjeras, donde imperan Bayer y Monsanto, cuyo monopolio concentra el 60% de los permisos otorgados.
Monsanto es señalado por obtener dádivas gubernamentales. El 18 de Marzo de 2005 se beneficio de la publicación de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, renombrada "Ley Monsanto" tras las denuncias de diversos sectores de la sociedad mexicana por los privilegios otorgados para la empresa del mismo nombre.
Dicha norma, permite hasta la fecha, el avance de los transgénicos en nuestro país. Es la base de la regulación para actividades de uso confinado y liberación de transgénicos al ambiente, su comercialización, importación y exportación. Ademas, determina las competencias de las diversas dependencias de gobierno en materia de bioseguridad.
Pese a contar con el marco jurídico a su favor, la empresa norteamericana ha sido denunciada por la siembra de sus productos en sitios prohibidos, coludidos con las instituciones y funcionarios del estado mexicano en -por ejemplo- la siembra en áreas naturales protegidas, centros de origen de los alimentos mayormente consumidos y en las mejores tierras de riego.
