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Haitianos cambian rutas de migración tras crisis en Brasil

Fotos por Anderson Barbosa y Renata Bessi

Brasil fue el país que más recibió haitianos luego del trágico terremoto del año 2010. Pero ¿como están los haitianos ahora con la crisis que atraviesa Brasil?, agravada por el golpe de 2016

 Caminar por las calles de la región central de São Paulo, principal centro económico financiero de Brasil y de América del Sur, siempre se ha presentado como una explosión de experiencias sensitivas, justamente por la concentración de diversidad cultural que se hace presente en este lugar. Con la llegada de los africanos y principalmente con la entrada masiva de haitianos en este país en los últimos años, esta experiencia se ha intensificado con nuevas formas, sonidos, colores y fragancias, que se expresan en los puestos de venta de comida, en sus vestimentas, en las obras y artesanías que venden en las calles. El misticismo que encierran sus rituales religiosos atrapan la atención de los transeúntes en las principales plazas públicas.

Desde el año 2010 hubo un cambio radical en los flujos migratorios hacia Brasil. Anteriormente, era un flujo predominantemente sudamericano, especialmente de bolivianos, paraguayos y peruanos, que llegaban a este país para trabajar en el sector de la industria textil. Después de 2010, una oleada masiva de personas de origen haitiano comenzaron a llegar, personas que no tuvieron otra opción tras la destrucción de su país con el terremoto en el año 2010. También aumentó el flujo de migrantes provenientes de África tras las restricciones migratorias que les impuso la Unión Europea. Sobre todo los haitianos, se establecieron en pequeñas ciudades en el interior de los estados de Santa Catarina, Río Grande del Sur y sobretodo São Paulo, en el sector agro-alimentario, principalmente en el procesamiento de la carne a escala industrial y la construcción civil.

De acuerdo con el diagnóstico realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y por el Instituto de Políticas Publicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur, hasta finales del año 2016 fueron emitidas 67 mil autorizaciones de residencia permanentes y temporales para haitianos en Brasil. Pero en general se estima que al menos 98 mil haitianos ya habían ingresado entre los años 2014 y 2015.

Hacia la frontera norte de Brasil

 En el año 2010, los migrantes provenientes de Haití comenzaron a internarse a Brasil por la frontera norte, específicamente por el estado de Acre. Para llegar hasta el territorio brasileño, la ruta era viajar en autobús desde Puerto Príncipe, capital de Haití, hasta Santo Domingo, capital de República Dominicana. Llegando hasta este punto, compraban un pasaje de avión con destino hacia Panamá. Después continuaban en avión o en autobús hasta Quito, Ecuador.

Así avanzaban vía terrestre hasta la ciudad fronteriza de Tumbes en el Perú y cruzaban por Piura, Cusco y Puerto Maldonado hasta llegar a Iñaparí, ciudad que colinda con Assis Brasil (en el estado de Acre), el con el objetivo era llegar hasta a la ciudad de Brasileia, también en Acre.

En Abril del año 2013, el gobierno de Acre decretó una alerta de emergencia social en los municipios de Epitaciolancia y Brasileia por la llegada masiva de migrantes a esta región. Durante varios meses, un refugio de emergencia para los migrantes estuvo funcionando en Brasileia. El mes de abril del año 2014, la situación empeoró por el desborde de un río de la región, el río Madeira, que divide Acre con el resto de Brasil. El campamento, que ya estaba totalmente lleno, fue clausurado, dejando a la deriva a los migrantes haitianos, pero también a otros que habían llegado de otros países. Las condiciones de sobrevivencia de los migrantes paso a ser insostenible.

De acuerdo con Paulo Illes, coordinador del Centro de Derechos Humanos y Ciudadanía del Inmigrante en São Paulo, una de las primeras cosas que el gobierno brasileño hizo en ese momento fue enviar Eduardo Cardozo, ministro de ese momento, para Perú y a Ecuador, con la finalidad de que estos países fueran más exigentes con las visas de los Haitianos, para dificultar su llegada a territorio Brasileño. El Ecuador, en caso de que hubiese aceptado esta determinación, hubiera violado su propia constitución, porque fue el primer país del mundo en declarar una ciudadanía universal, es decir, ningún país del mundo necesita una visa para pisar territorio ecuatoriano. Entonces el presidente de ecuador, que en ese momento era Rafael Correa, no aceptó. Pero el estado del Perú si dio su aceptación. “Por eso hubo tantas violaciones a los derechos humanos con los inmigrantes del Perú en Brasil”, dice Illes.

La situación se tornó visible en los grandes medios de comunicación de Brasil cuando el gobierno de Acre comenzó en el mes de abril del año 2014 a llenar autobuses de haitianos y a enviarlos para el sur del país, principalmente a São Paulo. El destino de los autobuses era la Misión Paz de São Paulo, institución que realiza un trabajo de acogimiento a los refugiados e inmigrantes, además de ofrecer informaciones básicas para que se pudieran establecer en este país.

“Nosotros teníamos capacidad para cerca de 110 personas por día, y recibíamos más de 200. No había estructura, pero se crearon varios grupos de voluntarios y se pudo hacer el trabajo. Dormían fuera de la iglesia, en la calle, entonces se abrieron las puertas para que durmieran en el auditorio de la iglesia. Estuvimos con ellos algunos meses. Comenzamos a llamar a varias empresas para que los contrataran en el área de construcción y frigoríficos, entonces se colocaban de una forma segura. Tiempo después otras organizaciones se sumaron para recibirlos, inclusive la administración municipal creó servicios que antes no existían para el inmigrante”,

EXPLICA ELVIRA GONZALES, MIGRANTE PERUANA QUE TRABAJA EN LA ORGANIZACIÓN MISIÓN PAZ DE SÃO PAULO, CUYA FUNCIÓN ES ACOGER A LOS MIGRANTES QUE LLEGAN A LA CASA; ELLA TRABAJÓ INTENSAMENTE EN LA FASE MÁS CRÍTICA DE LA LLEGADA DE LOS PRIMEROS HAITIANOS.

El estado de Acre dejo de ser la principal ruta de entrada de los migrantes de Haití en este país desde que el Estado Brasileño amplió la emisión de visas por medio de su embajada en Puerto Príncipe en Haití, lo mismo con sus embajadas en Ecuador y Perú. En el año 2015, hubo un descenso del 96% de haitianos ilegales que llegaban a Brasil. “Entonces comenzaron a llegar directamente en avión hacia la región sur del país”, explica Paolo Parise, director del Centro de Estudios Migratorios, uno de los coordinadores de la Misión de Paz.

El contexto migratorio de Brasil pasó por un nuevo cambio con la crisis institucional, económica y política por la cual esta cruzando este país sudamericano, después del golpe de Estado ocurrido el año 2016 que destituyó a la presidenta electa Dilma Roussef. “Esta crisis afectó a todos, inclusive a los migrantes. Con la intensificación del desempleo, el flujo de migrantes comenzó a girar inversamente entre los años 2016 y 2017”, comparte Paolo Illes, coordinador del Centro de Derechos Humanos y Ciudadanía del Migrante, quien también fungió como Coordinador de Políticas para Migrantes en la administración municipal de la ciudad de São Paulo, entre los años 2013 y 2016.

Fueron dos años de salida intensa de haitianos de este país, con rumbo a países como Canadá, Chile y principalmente los Estados Unidos. “No sabemos cuantos salieron, no existen estadísticas, pero sabemos que fueron muchos. Muchos de los que acogimos, tuvimos información de que estaban varados en la frontera con México intentando cruzar hacia los Estados Unidos”, señala Paolo Parise, quien es uno de los coordinadores de la Misión de Paz.

Se estima que por lo menos 30 mil haitianos llegaron a la frontera con México en este periodo. Según el informe Frontera Cerrada: Haitianos y Africanos en Tijuana, publicado en febrero del año 2017, la mayoría de los migrantes que llegaron a la frontera de Tijuana, con proximidad a San Diego y California, eran haitianos que venían de Brasil. El número de albergues en Tijuana se triplicó a partir del arribo de migrantes haitianos. Por lo menos 234 albergues se activaron de acuerdo con el documento.

En un Reportaje Especial Realizado por Avispa Midia se documentó en ese mismo periodo la travesía de los haitianos por Centroamérica con rumbo a los Estados Unidos, donde la mayoría de los entrevistados se comunicaban en portugués, un indicio de que el punto de partida había sido Brasil.

El flujo de migración de haitianos ha creado un cuello de botella en México a partir de las medidas implementadas por el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una de las determinaciones de Trump fue cerrar completamente las puertas a los haitianos. De acuerdo con el padre Patrick Murphy, coordinador de la Casa del Migrante de Tijuana, ya no han llegado haitianos y africanos a la casa. “La verdad es que 90% de la gente en la casa son deportados”, explica. Se estima que solamente en Tijuana se quedaron 3 mil donde están intentando comenzar de nuevo una nueva vida.

Trump expulsa haitianos

El Gobierno de Donald Trump anunció en noviembre del año 2017 el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití, y dio un margen de 18 meses a sus 58.706 beneficiarios para que regresen a su país o que busquen una alternativa. De este modo, el TPS para Haití finaliza el 22 de julio de 2019, según informo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Estados Unidos concedió el TPS en 2010 tras el catastrófico terremoto que dejó unos 300.000 muertos y sumió al país en el caos.

En Noviembre del año 2017 representantes del consulado de los Estados Unidos estuvieron en la Misión de Paz, cuenta Paolo, para que la institución informara a los migrantes que no salearan más de Brasil rumbo a los Estados Unidos porque el TPS había dejado de existir.

“Lo que se observa son cambios muy rápidos del flujo migratorio haitiano, que va siguiendo el comportamiento de las economías y políticas que se vienen experimentando el continente americano y el mundo en general. Después de 8 años del terremoto, la situación de Haití es demasiado precaria y ellos continúan buscando un lugar y una forma de reconstruir sus vidas”,

AFIRMA ILLES.

Otras rutas

Uno de los principales destinos de los haitianos hoy es Chile, donde trabajan principalmente en la construcción civil. Allá basta conseguir un trabajo para conseguir su permanencia en el país. Otros más se están dirigiendo hacia la Guayana Francesa o buscan salida para el norte del continente por Colombia y Panamá. Illes comenta que hay una nueva ruta, poco mencionada o estudiada por ser muy reciente, que es la de Paraguay. “Hay muchas empresas brasileñas yendo para Paraguay, entonces están demandando más mano de obra en al región de Asunción principalmente. Como hay mucha propaganda, muchos han decidido ir hacia allá”.

De Jean Pierret*, un inmigrante haitiano que vive en el centro de São Paulo:

Vi un periódico en Haití que aquí en Brasil se ganaba mucho dinero. Los anuncios estaban en muchos lugares. Decían que se ganaba por los menos 1500 dólares por mes. En cuanto llegue aquí, me di cuenta de que era mentira.

De acuerdo con Paolo Parise, existía una red de coyotes vendiendo un producto que no existía para los haitianos. “Los coyotes tuvieron una gran responsabilidad en crear un imaginario entre los haitianos de que aquí se ganaría mucho dinero. Aun con los vientos de la crisis este imaginario continuaba. La decepción fue fatal”.

Gasté 5 mil dólares para llegar. Junté todo lo que tenia ahorrado para venir y cuando llegué fue la cosa más difícil. A mi me gusta Brasil, pero ahora esta muy difícil la situación. Llegué hace cuatro años, conseguí trabajo muy rápido. Llegue con la Misión Paz y ahí me ayudaron a conseguir un trabajo. Yo entré por Acre. Ya tenía un primo que vivía en São Paulo. Ahora no pienso en salir de aquí. Generalmente los que salen es porque sus familias aun consiguen mandar dinero. Muchos de los que se fueron hacia Estados Unidos gastaron por lo menos 8 mil dólares. Allá en Haití yo era militar y trabajaba de seguridad con gente importante. Hoy trabajo de ayudante en la cocina en una empresa. La verdad es que ganaba mejor allá. Y si tú me preguntas ¿porqué no regreso? La respuesta es simple: solo un inmigrante sabe que tan difícil es volver sin nada, o peor que cuando salió. Es una lucha. Pasé hambre para traer a mi mujer. Porque no puedo quedarme aquí y ella allá. No esta bien, pero ahora estamos juntos. Ella llegó hace un año. Ya tiene su permanencia y acaba de nacer nuestro hijo brasileño.

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El flujo de haitianos hacia Brasil cayó drásticamente pero no se detuvo totalmente.

Para Gonzales, existen distintas situaciones en las cuales los haitianos se encuentran en Brasil. “Ellos están reuniendo a sus familias, teniendo hijos, otros esperan su residencia permanente. La mayor parte tiene su permanencia, pero todavía hay un numero muy grande que espera sus papeles para la permanencia, serían como unas 15 mil personas que están por todo Brasil”, estima ella.

De acuerdo con Illes, ahora es momento de que aquellos que decidieron quedarse traigan a su familia, generalmente esposas o hijos. “Es un flujo natural de los procesos migratorios. Primero viene alguien para encontrar trabajo y después traen a sus familiares”, sostiene Illes.

Mones Lapaix* es haitiano, hace cuatro años que llegó a Brasil. Entro por Acre, paso por São Paulo y de ahí se fue a trabajar al interior de Santa Catarina. Perdió el trabajo y regresó a São Paulo. Vendió todo lo que tenia en Haití. Tenía su propia casa. “Ahora ya no pienso en volver para Haití. Tengo que conseguir por lo menos el dinero que gasté para llegar aquí”. El tiene cuatro hijas, pero solo pudo traer a su mujer hace un año. “No pienso en traer a mis hijas ahora. El dinero mensual que gano no me alcanza”. El hace cuentas. “Son 9 mil reales para traer cada persona”. En Haití el era carpintero. En São Paulo es barrendero. El tiene un contracto, así como muchos haitianos, con la administración publica de la ciudad. Es un trabajo temporal. “Ya estoy buscando otras cosas. La perspectiva de vivir en la calle en São Paulo es muy presente. Aquí en el centro convivimos con millares de personas en esta situación, brasileños y no brasileños”.

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La migración haitiana es diferente de la migración histórica de los latinoamericanos que llegaron a Brasil, analiza Illes. “Inicialmente no se constituyo como una migración para las grandes ciudades. Las grandes ciudades, que siempre fueron puntos de llegada de los migrantes, pasa a ser un punto de transito, tanto en São Paulo, como en Curitiba, Florianópolis y Puerto Alegre. Existe una comunidad en estas ciudades, pero el trabajo estaba en el interior de estos estados. En los informes de la prefectura de São Paulo o de la Misión de Paz, esta claro, los haitianos llegaban aquí en São Paulo, en los albergues, se quedaban 3 o 4 días, y ya salían para trabajar, conseguían empleo inmediatamente. Ahora la realidad es otra”, explica.

Con la crisis económica vivida en el país, se generó una dinámica interna en el que los haitianos que estaban trabajando en las pequeñas ciudades acabaron regresando para los grandes centros urbanos. “Hoy hay una concentración de estas personas en la economía informal en los grandes centros urbanos, principalmente en São Paulo”, señala Paulo Illes.

En muchos de los casos, evalúa Illes, la gran ciudad continua siendo un punto de paso. “Buscan conseguir dinero para poder continuar otro flujo migratorio. Lo que humanamente es una tragedia. Imagina lo que estas personas han invertido con su familia, vendieron sus bienes que tenían en su país, pensando en un sueño en Brasil y, de pronto, es obligado a repetir aquello que hizo en su país”.

Otra diferencia detectada por Illes es que hace algunos años la migración estaba localizada básicamente en el centro de la ciudad y hoy se ha expandido, inclusive ocupando espacios en la región metropolitana de São Paulo. “Pero es claro que se mantienen en una gran concentración de migrantes en la región central de la ciudad”, agrega.

El espacio público debe ser pensado a partir de esta nueva dinámica, reflexiona Illes. “Las nuevas configuraciones generan conflictos por la disputa de los espacios públicos en las grandes ciudades. Ellos están ocupando espacios de uso público. Hoy, por ejemplo, pensar una política para vendedores ambulantes en São Paulo es básicamente pensar en una política para migrantes”, explica.

Las dificultades de trabajo son inmensas. “El sector del comercio informal es extremamente disputado e inseguro. Hay un margen muy pequeño de los ambulantes que poseen un permiso para trabajar y otra gran cantidad de gente que no tiene licencia. La inseguridad es muy grande. Les quitan sus productos o se los roban”, comparte Illes.

Además de esto, "están consiguiendo otros tipos de trabajo como en bares, restaurantes, mercados. De cierta forma se van insertando en la ciudad. Sobran empleos en condiciones no adecuadas de trabajo muchas veces en condiciones análogas de esclavitud”.

Entre 2010 y 2016, 1259 trabajadores fueron rescatados en condiciones de trabajo esclavo en el estado de São Paulo, en 91 operaciones. De estos, 394 eran ciudadanos de otros países, inmigrantes legales e ilegales. El rescate de haitianos sucedió principalmente en obras de construcción civil. De acuerdo con Renato Bignami, auditor-fiscal del Ministerio de Trabajo y Empleo, los trabajadores fueron encontrados en condiciones que conjugan cuatro situaciones: trabajo en situación de servidumbre para pagar deudas al propio empleador, condición degradante, trabajo forzado, jornada exclusiva.

Una pequeña población, con pequeñas chozas, ha sido construida dentro de un antiguo cine donde trasmitían cine pornográfico, en el corazón de São Paulo. Es habitada principalmente por haitianos y africanos. El cine era uno de los más de dos mil edificios vacíos en el centro de esta ciudad. Fue cuatro años atrás, cuando en plena noche el antiguo cine fue ocupado por el Movimiento de los Sin Techo del Centro (MSTC), vinculado a un frente de movimientos que luchan por vivienda digna en la ciudad de São Paulo, Frente de Lucha por la Moradia (FLM).

En total, este frente ha ocupado por lo menos 21 edificios en esta ciudad. En buena parte de las ocupaciones viven haitianos y africanos, cuenta la coordinadora del MSTC, Carmen da Silva Ferreira, quien relata que hay un aumento de migrantes en las ocupaciones. “Siempre hemos tenido inmigrantes. Gente de Bolivia, del Perú. Pero con los haitianos el flujo de migrantes en el movimiento aumentó mucho”, relata Silva.

Ocupación Río Blanco

El antiguo cinema conecta con un antiguo hotel, que hoy también ha sido ocupado por este movimiento, donde también viven haitianos y africanos. La entrada de la ocupación esta pintada de colores fuertes y llamativos. El acceso para el antiguo cine y para el antiguo hotel es lo mismo, por la calle Río Blanco. En el hall del antiguo hotel aun hay resquicios decorativos con tintes egipcios.

La limpieza, la manutención y seguridad del lugar son realizadas por las propias familias de las ocupaciones, organizadas por asambleas. Semanalmente todo mundo contribuye para realizar la limpieza y las reparaciones necesarias. “En los dos espacios viven 74 familias, por lo menos 34 de ellas son de inmigrantes. Aquí no hay distinción de nacionalidad. El movimiento no hace ninguna diferencia entre brasileños e inmigrantes. Todos son iguales y todos necesitan donde vivir”, agrega Sidnei Ferreira Silva, coordinador de la ocupación.

Al caminar en los pasillos estrechos del antiguo hotel se perciben los diferentes acentos y sonidos que marcan las lenguas que habla cada uno de los habitantes. Entre más se adentra uno, un abanico de colores vivos, característicos de la raíz afro, decoran las puertas y las paredes, aunque contrastan con la escasa luz natural. La arquitectura del cine fue hecho para mantenerse obscuro, entonces cuando uno se interna al pequeño poblado, la luz natural se apaga. No hay ventanas, una luz artificial permanece encendida las 24 horas para poder realizar las actividades cotidianas. “Cuando entramos en un edifico abandonado, que no fue construido para vivienda, tenemos que hacer lo mejor que podemos para adaptarlo hasta conseguir una vivienda digna y más adecuada para todos. Esta es nuestra lucha”, comenta Silva.

El hijo de la haitiana Arloude Pierrel*, uno de los seis bebés que nacieron en la ocupación, tiene problemas respiratorios justamente porque el lugar cuenta con escasa luz y poca circulación de aire. “Trabajo en limpieza, gano mil reales (300 USD) por mes. La renta de un cuarto pequeño, donde no puedes dormir ni cocinar bien esta casi en 600 reales (200USD). No tengo condiciones de pagar un alquiler. Además de eso, el proceso para alquilar una casa es demasiado burocrático. Debes de tener un fiador, comprobar ingresos, demostrar que cuentas con capacidad de pago y que tienes dinero en el banco”, argumenta Pierrel, quien lleva tres años en Brasil y aun así, esta guardando dinero para traer a su madre y otro hijo que se quedó en Haití.

“La mujer no puede dormir en cualquier lugar como el hombre. Una mujer dormida en la calle no es posible, menos con hijos. Hay que tener cuidado con los hijos. Tener este lugar para vivir ayuda mucho. Sino la opción seria en la calle. Todo mundo aquí tiene un sueño. Yo tengo el mío. Quiero una casa para vivir. Pero aquí en Brasil, con el trabajo que tengo, nunca lo voy a conseguir. El movimiento es una forma de luchar por el derecho que todos tenemos de tener un lugar digno para vivir”,

DICE ELLA.

A pesar de la tensión diaria de un posible desalojo por parte del Estado, las ocupaciones son una opción para los migrantes. “Ellos constituyen una casa, donde pueden cocinar, ducharse y lavar sus ropas. Pueden tener su estufa, su refrigerador, hacer su propia comida. Se tienen las condiciones mínimas para buscar un empleo, estudiar, retomar la cotidianidad, afirma Carmen.

La coordinadora cuenta que los procesos migratorios recientes han generado nuevas dinámicas en la ciudad y que los movimientos urbanos tuvieron que aprender y entender. “Y ellos también tienen que entender cual es la dinámica de un movimiento urbano, lo que significa la ocupación en el centro de São Paulo y que lo que buscamos es la autonomía”.

“La cuestión de la inmigración no es solo un problema del migrante, es nuestra también, y es un tema que nos incumbe a todos en el mundo. Tenemos que ver como nos ayudamos en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, como integramos toda esta cuestión a nuestras luchas diarias. El capitalismo esta explotando y acabando con el mundo. El capitalismo mata, no solo con las guerras, sino principalmente, despojando a las personas de sus posibilidad de vivir y realizar sus vida de forma digan en sus territorios”, agrega Carmen.

Brasil, a lo largo de mas de 500 años, se constituyó como un país de migrantes. Cuando los portugueses colonizaron estas tierras, trajeron 5 millones de esclavos africanos y se calcula que casi 900 mil murieron en los barcos. Una migración forzada. “La esclavitud terminó en 1888, y los agentes de migración de Brasil, remplazaron la mano de obra de los esclavos con otra oleada de migrantes pobres de Europa, italianos, alemanes, poloneses. En la primera guerra mundial hubo otro gran flujo de migrantes europeos. Lo mismo aconteció en la segunda guerra mundial, donde solo de la antigua Unión Soviética migraron más de 300 mil personas. También hubo un flujo de migrantes vietnamitas, coreanos, chinos que aun continúan siendo una gran población en Brasil. Según el consulado de China en Río de Janeiro, es una comunidad compuesta por lo menos de 300 mil en el país”, relata Paolo Parise.

A partir de los años 1980 Brasil experimentó otro fenómeno. “Según las estimaciones del gobierno, por lo menos de 4 a 5 millones de brasileños salieron del país. Al mismo tiempo que los brasileños salieron, hubo muchos latinos que comenzaron a llegar a Brasil. Con la crisis del año 2008, el brasileño comenzó a regresar. Por ejemplo, un tercio de los brasileños que estaban en Japón volvieron, cerca de 100 mil personas. Hoy se calculan que 3 millones de personas están fuera del país, siempre el calculo es aproximado”, sustenta Parise.

A partir del año 2010, como ya se relató, aumento la migración haitiana y africana. Con la nueva crisis, el escenario cambió nuevamente entre el los años 2016 y 2017, con la salida de un gran numero de haitianos.

Después de Haití, Brasil recibió una gran cantidad de inmigrantes de la República Democrática del Congo, debido al conflicto de este país con Angola. El punto de destino era principalmente Rio de Janeiro y São Paulo. El numero de mujeres congoleñas que llegaron entre los años 2015 y el 2016 fue enorme. Ocuparon gran parte de los albergues de la ciudad de São Paulo. Se emitieron cerca de 6500 visas para congoleses en la embajada de Brasil ubicada en Angola”, afirma Illes.

“Aquí aconteció un fenómeno inverso al de los haitianos. En el caso de Haití, generalmente el hombre venía primero para después traer a los hijos y a la mujer. En el caso de la REPÚBLICA Democrática del Congo, fue al contrario. Como era una situación de guerra, la decisión familiar era generalmente de colocar primero a la mujer y a los hijos en situación mas segura”,

EXPLICA PARISE.

Ahora, mas recientemente, existe un flujo de venezolanos que están entrando por la frontera norte del país, en el estado de Roraima. “Se esta dando en una región del país poco habitada, es por eso que se ha tornado muy visible y hasta cierto punto conflictivo. Los medios de comunicación comerciales lo han manejado como una invasión y eso ha creado un clima de inestabilidad e inseguridad para las comunidades”, explica Illes.

La migración en Brasil continuará, apuesta Illes, independientemente de la crisis política y económica. “Un poco más tímida, pero continuará”.

Claudine Shindany tiene dos años en Brasil, ella es de la República Democrática del Congo (RDC). Su país lleva 20 años en guerra civil. Ella es periodista. Sufrió persecución por su actividad y tuvo que salir del país. Ella relata:

La persecución que sufrí me forzó a salir. Antes de salir del país no fue fácil. Yo estaba al borde de la muerte. Perdí a mi madre por causa de esto, quemaron mi diploma por esa situación. Antes yo trabajé en la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia) en el área de comunicación, eso me permitió viajar mucho por mi país. Hay muchos lugares donde las niñas no pueden ir a las escuelas y yo, como mujer que estudié hasta la universidad, realizaba en la UNICEF el trabajo de sensibilización de los padres para que mandaran a las niñas a la escuela. Trataba de decir a ellos que las niñas y los niños son iguales. Conozco bien mi país. Hay cuatro lenguas nacionales y yo hablo todas ellas. Las mujeres están sufriendo mucho en mi país. No tengo las palabras para describir este sufrimiento. Son mujeres violadas, les roban a sus hijos, los rebeldes roban niños de 10 a 11 años para sus ejércitos. ¿Cómo una mujer va a soportar eso?. Ellas siquiera tienen el derecho de hablar. Visité regiones, fui a una pequeña ciudad y vi una niña de 11 años embarazada, después de una violación de 30 hombres. Tu no puedes imaginar como las mujeres están sufriendo. Todo eso es sufrimiento. La situación de sobrevivencia aquí en Brasil es muy difícil. Si uno no encuentra empleo terminas por quedarte en la calle. Pero cualquier lugar es mejor que vivir en aquella situación.

La llegada de los haitianos movió el estado de inercia en el que estaba enclaustrado el gobierno brasileño. “La migración haitiana mostró que una política de regularización migratoria no basta. Es necesario tenerla, pero es necesario tener también una política de inclusión social de los inmigrantes”, analiza Illes.

Después de un largo proceso de construcción de un proyecto de ley, donde se realizaron conferencias, encuentros y debates con organizaciones y con los migrantes, se llegó a una propuesta de ley votada en el Congreso Nacional. Antes, los derechos y deberes de los migrantes eran regidos por el estatuto del extranjero, creado en el año de 1980, durante el régimen militar. La nueva Ley fue aprobada en mayo del año 2017.

Este proceso de construcción de la Ley no fue fácil. “La derecha actuó muy fuertemente contra nuestras propuestas. La fracción parlamentaria de la Policía Federal atacó el proyecto con consignas que decían “deportación inmediata” y “sin derecho a defensa”, recuerda Paolo Parise.

El texto original de la Ley deja de tratar al inmigrante como una amenaza al país y reconoce el derecho universal a migrar. El texto aprobado en mayo del 2017 derribó los posicionamientos políticos que dificultan la entrada de nuevas personas al país y facilitó la garantía de derechos a esos inmigrantes. “Esa nueva Ley trae importantes garantías, como la creación de una visa humanitaria y regulación migratoria. Hoy ya no es considerado como un crimen el que los inmigrantes participen en manifestaciones políticas o sindicatos”, señala Illes.

Pero el decreto que reglamente la Ley, hecho durante el periodo del gobierno golpista de Temer, descalifica puntos importantes de la Ley, de acuerdo con diversas organizaciones que trabajan con el tema y que han participado en el proceso de la construcción del texto original en el poder legislativo.

El decreto de Temer cortó y modificó por lo menos 20 artículos de la Ley. “El decreto retomó aspectos de criminalización, como los puntos que permiten la prisión cautelar de migrantes en situación irregular, hasta la libertad vigilada, cuando la Ley aprobada por el congreso dice que, en hipótesis alguna, la situación irregular puede ser usada como factor para criminalizar a los migrantes”, dice Illes.

Ahora se inicia una amplia movilización para la construcción de una Política Nacional del Inmigrante, prevista en el articulo 120 de la Ley. “Estamos presionando para que sea realizado un decreto del gobierno federal estableciendo metodologías y parámetros que deberá seguir una política nacional de migración. Que haya una coordinación nacional con la participación de los estados, municipios, organizaciones, migrantes. Que no quede solo en una coordinación, pero que se creé un sistema nacional de control social y participación. Esta es nuestra lucha ahora”, finaliza Illes.

*Los nombres son ficticios, para resguardar la seguridad de los entrevistados

México: de la prohibición, al dominio de los transgénicos en 30 años

La siembra y distribución de transgénicos ha ido en aumento en México desde 1988, fecha en que el gobierno autorizó la primera siembra experimental de tomate genéticamente modificado. El primer OGM fue procesado en Guasave, Sinaloa por la empresa Sinalopasta y sólo entre 2005 y agosto de 2017 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) autorizó la liberación de transgénicos en 24 estados mexicanos.

Hasta agosto de 2017 han sido solicitados por lo menos 356 sitios distintos de liberación de transgénicos sobre todo por empresas extranjeras, indica el estudio Treinta años de transgénicos en México, análisis del transcurso entre la prohibición y la masificación de producción y venta legal de OGM en el país latinoamericano.

En el mismo periodo las entidades de Tabasco, Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México no solicitaron la producción de OGM, mientras en Michoacán, Aguascalientes, Puebla y Estado de México, fueron negadas las solicitudes de cultivo.

Las operaciones se concentraron en producción e importación de semillas, comercialización de nueve tipos de cultivo: alfalfa, algodón, canola, frijol, limón mexicano, maíz, naranja dulce, soya y trigo. México importa más de 6 millones de toneladas de maíz anualmente, de las cuales 45% son maíz transgénico.

De 853 solicitudes hechas entre 2005 hasta 2017, solo 22 fueron operadas por centros de investigación gubernamental mexicanos, a la par que los principales beneficiarios es un grupo de empresas extranjeras, donde imperan Bayer y Monsanto, cuyo monopolio concentra el 60% de los permisos otorgados.

Monsanto es señalado por obtener dádivas gubernamentales. El 18 de Marzo de 2005 se beneficio de la publicación de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, renombrada "Ley Monsanto" tras las denuncias de diversos sectores de la sociedad mexicana por los privilegios otorgados para la empresa del mismo nombre.

Dicha norma, permite hasta la fecha, el avance de los transgénicos en nuestro país. Es la base de la regulación para actividades de uso confinado y liberación de  transgénicos al ambiente, su comercialización, importación y exportación. Ademas, determina las competencias de las diversas dependencias de gobierno en materia de bioseguridad.

Pese a contar con el marco jurídico a su favor, la empresa norteamericana ha sido denunciada por la siembra de sus productos en sitios prohibidos, coludidos con las instituciones y funcionarios del estado mexicano en -por ejemplo- la siembra en áreas naturales protegidas, centros de origen de los alimentos mayormente consumidos y en las mejores tierras de riego.

Economía de muerte en Guatemala: Palma de aceite y la transfiguración de las tierras del norte

El presente reportaje dividido en tres partes describe los cambios de territorialidad en la FTN de Guatemala a partir de la industria de la palma y el actuar de tales corporaciones al desplazar comunidades, contaminar aguas e imponer un modelo de agricultura el cual busca hasta el último centavo de lucro. Al aprovechar la desigual estructura agraria del país centroamericano, las alianzas de corporaciones transnacionales, bajo el discurso de la economía verde y en el empalme con negocios ilícitos, contribuyen también en la transformación de bosques y territorios campesino en desiertos verdes.

La existencia de abundantes afluentes de agua para el riego de extensas tierras fértiles, junto a la explotación de mano de obra en condiciones similares a la esclavitud y la expoliación de las tierras indígenas y campesinas por parte de las corporaciones, representan los pilares sobre los que se cierne la brutal expansión de la industria palmera que afecta toda forma de vida en la Franja Transversal del Norte (FTN) de Guatemala, región de mayor conflicto agrario de este país, frontera con México.

Como parte de los proyectos de integración económica que aterrizan en Mesoamérica el reordenamiento territorial actual en esta región, resultado de la expansión de la industria palmera, responde a una dinámica dictada desde el exterior. Enmarcada por factores globales como la crisis energética, los altos precios de los hidrocarburos y sobre todo la mercantilización de la naturaleza y su biodiversidad, el proceso iniciado hace ya casi dos décadas ha sido dinamizado por inversiones que promueven el despojo de tierras a través de estrategias, legales e ilegales, ejecutadas por empresas transnacionales y grupos criminales bajo el amparo del Estado y el discurso conservacionista de ONGs. 

Ver también--->El lavado de dinero en Guatemala y la palma aceitera

Actualmente en el mundo se cultivan 15 millones de hectáreas de palma aceitera y, según estimaciones de consultores realizadas para empresas dominantes de dicha industria como Unilever, se duplicará para 2050. En Guatemala se contabilizan 160,000 hectáreas con una producción de 545,000 toneladas, distribuidas en los departamentos de Petén, Izabal, Alta Verapaz, Quiché, Escuintla, Suchitepéquez, Quetzaltenango, San Marcos y Retalhuleu. 

Las plantaciones en el norte de Guatemala ocupan un área equivalente a la tierra de cultivo de más de 60 mil agricultores, en su mayoría, tierras de campesinos donde se reportan desplazamientos forzados de comunidades y pueblos indígenas. En total 14% de las tierras agrícolas de Guatemala se encuentran ocupadas por el monocultivo de palma cuya extensión creció 270% en una década, lo que ha provocado el detrimento en las áreas de producción de alimentos y ha engullido comunidades enteras y envenenado las aguas, los suelos y cuerpos de quienes habitan el norte de Guatemala. 

Ver también---> Guatemala: el trabajo esclavo detrás de la palma aceitera

 

De más de 38 países acudirán al 1er encuentro internacional de mujeres del EZLN

Mujeres del caracol zapatista La realidad, año 2013. Foto: Santiago Navarro F

Desde diciembre del año 2017, las mujeres que forman parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), lanzaron una convocatoria a nivel internacional, para encontrarse con las mujeres que luchan y resisten contra el capitalismo. Un evento que será realizado desde el día 7 al 9 de marzo de este año 2018 en territorio liberado por los y las zapatistas.

“si eres una mujer que lucha, que no está de acuerdo con lo que nos hacen como mujeres que somos, si no tienes miedo, si tienes miedo pero lo controlas, pues entonces te invitamos a encontrarnos, a hablarnos y a escucharnos como mujeres que somos”, dice la convocatoria llamada 1er encuentro internacional, político, artístico, deportivo y cultural de las mujeres que luchan.

A este evento solo están convocadas puras mujeres, no se aceptarán hombre. Los hombres zapatistas se encargarán de las labores necesarias para que las mujeres convocadas puedan “jugar, platicar, cantar, bailar, decir poesías, y cualquier forma de arte y cultura”, dice la invitación.

El evento se realizará en el llamado Caracol de Morelia, zona de Tzotz Choj, Chiapas, México, los días 8, 9 y 10 del mes de marzo del 2018. La llegada el 7 de marzo y la salida el 11 de marzo. Las mujeres pueden participar individualmente o en colectivo. Para asistir se deben registrar a la dirección electrónica: encuentromujeresqueluchan@ezln.org.mx

Hasta el día de hoy se han registrado 651 personas, con edades que van de los 5 meses a los 75 años. 38 mujeres van acompañadas de sus hijxs.

Los lugares del mundo de los que provienen son: Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estado Español, Estados Unidos, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, Inglaterra, Italia, Nación Mapuche, Nación Cree y Ojibwa, Nación Navajo, Suecia, Nicaragua, País Vasco, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Suiza, Uruguay, Venezuela, y 27 estados de México.

En las participaciones políticas, artísticas y deportivas hay 202 propuestas que abarcan las disciplinas de música, danza, teatro, circo, clown, poesía, cuenta cuentos, presentaciones de libros, dibujo, fotografía, cine, fútbol y voleibol. También hay talleres y pláticas con las siguientes temáticas:

Talleres: Violencia de género, yoga para niñ@s, esténcil, arcilla genésica, manifiestos feministas, juegos cooperativos, valoración y uso de la sangre menstrual, género, teatro, danza y pintura como medio de sanación, sensibilización, agroecología, violaciones correctivas, toallas de tela, producción de artículos de higiene personal, descolonizando las caderas, taller sobre el cuerpo y resistencias creativas, taller de muralismo, feminismo de mujeres de color, deconstruyendo géneros, ciberfeminismo, trabajo corporal, taller de automasaje, reiki, arte abstracto-figurativo, escritura libre, grabado, pintura, creación de libros a partir de experiencias propias, aborto, bioconstrucción, danzaterapia, cocina macrobiótica, grabado, humor y género, aroma touch, reflexología .

Pláticas: Linaje femenino, cuerpo de la mujer, formas de resistencia, defensa de derechos humanos y promoción de la cultura, educación antimachista, experiencia de sobreviviente a la violencia, lucha de mujeres en Francia e Italia, aborto, menstruación y deconstrucción del uso de roles, feminicidios, experiencia de lucha del pueblo Mapuche, machismo en los medios de comunicación, la existencia lesbiana en tiempos del patriarcado, feminismo en Cuba, el amor romántico y la erotización de la violencia de género, la violencia sexual en el conflicto armado colombiano, la violencia hacia la mujer, racismo, lucha antiminera, ecofeminismo, feminismos indígenas y negros, economía feminista y sustentabilidad, seguridad humana feminista.

El límite para registrarse como asistentas será el 8 de marzo. Desde el 7 de marzo también se aceptarán registros directamente en el lugar del evento.

Ver la convocatoria--->Convocatoria al primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan

Una guerra contra la movilidad humana

MISSION, TX - JULY 24: Central American immigrants await transportation to a U.S. Border Patrol processing center after crossing the Rio Grande from Mexico into the Texas on July 24, 2014 near Mission, Texas. Tens of thousands of undocumented immigrants, many of them families or unaccompanied minors, have crossed illegally into the United States this year and presented themselves to federal agents, causing a humanitarian crisis on the U.S.-Mexico border. The Rio Grande Sector of the border has the heaviest traffic of illegal crossings of the entire U.S.-Mexico border. (Photo by John Moore/Getty Images)

Foto: huffingtonpost

Por Pablo Bruetman

Estados Unidos extendió sus políticas de seguridad a las fronteras de todo el continente. El investigador Alain Basail explica cómo para sostener la compra de armamento se pone en riesgo vidas humanas.

El mundo cambia según para qué se usan las armas. ¿Qué pasará el día que se acabe el narcotráfico? ¿Qué pasará el día que no haya más terrorismo? ¿En qué se usarán aquel día todas las armas que compran los Estados? La pregunta ya se la ha hecho la industria de la seguridad y ha encontrado un nuevo sitio donde explotar sus productos: la migración, una necesidad que tienen millones de hombres y mujeres de todos los países. Y eso explica en gran parte por qué hoy Estados Unidos tiene un presidente que prioriza la “seguridad” de sus fronteras.

Cuando pensamos en las personas que migran –o cuando los medios de comunicación nos hacen pensar poniendo el eje donde ellos lo desean- debatimos si una persona extranjera tiene más, menos o igual derecho que una persona del país a trabajar o a acceder a la salud y a la educación. Sin embargo nunca vinculamos a la migración con una necesidad humana y ambiental, que garantiza la sobrevivencia y la producción de alimentos. Alain Basail es sociólogo cubano -actualmente reside en México- y ha estudiado exhaustivamente los movimientos migratorios del continente e investigado acerca de la frontera México- Estados Unidos. Así ha llegado a varias conclusiones que plantean un eje distinto para la temática:

Los gobiernos de la región colaboran en los planes de “seguridad hemisférica” de EE.UU., primero fue la “guerra contra las drogas” que declaró internacionalmente George Bush desde septiembre de 1989, luego la “guerra contra el terrorismo” posterior a septiembre de 2001, y ahora es el control de la movilidad humana. Para ello se compran armas y se pagan entrenamientos a militares.

 Los pueblos originarios son forzados a migrar por la pobreza, la miseria y precarización de sus vidas; se les han negado sus derechos a la tierra, al agua, a las semillas, a recursos vitales, a fuentes de identidad y a la movilidad misma.

¿Han variado las políticas migratorias a partir de la asunción de gobiernos más de derecha en los países de América Latina? ¿En qué se ha notado?

Desde la asunción de Donald Trump en EEUU, se afirman las políticas de seguridad y el control de las migraciones, lo que ocasiona más riesgos, precariedades y muertes durante y después de las travesías migratorias. Las alternancias en los gobiernos que controlan los aparatos estatales buscan extender la temporalidad de formas de dominación en medio de la crisis de los estados neoliberales. La Frontera sur de México y norte de Centroamérica es un ejemplo ejemplar. Se trata de una zona de alto riesgo y violencia para las personas migrantes en la medida en que la política migratoria se ha supeditado a la agenda de seguridad, criminalizando el acto migratorio y militarizando la frontera como respuesta para el control poblacional y de los procesos socioeconómicos concurrentes.

La migración internacional se ha definido como un problema de seguridad y, como consecuencia, el paso fronterizo se ha complejizado siendo más riesgoso para los transmigrantes, naturalizándose las violencias de las que son víctimas sacrificiales. La actual estrategia de securitización no sólo busca el control de los flujos migratorios, sino de las insurgencias, las bandas juveniles, los grupos delincuenciales organizados y los traficantes de drogas, armas, seres humanos, flora y fauna. La ecuación es clara: mayor presencia y control militar, aumento de detenciones y repatriaciones de migrantes es igual a mayores riesgos de muerte en las rutas migratorias y al incremento de la violencia social e institucional. Las políticas neoliberales erosionaron los vínculos, abandonado a su suerte a conjuntos poblacionales y de familias muy significativos, dejado al mercado la resolución de necesidades básicas.

La crisis del Estado tiene guantes de seda con marcos discursivos y pragmáticos sobre la integración y el desarrollo pero —ante las fuertes derivas autoritarias y militaristas— impone, con muy sutiles formas de dominación, la ampliación de una plataforma logística para la acción paraestatal, al margen de la ley. En este sentido, no podemos perder de vista que desde tiempo atrás deviene un alineamiento con las políticas migratorias y de seguridad regional con EE.UU,a partir de una serie de instrumentos internacionales, tratados binacionales o multilaterales, reuniones regionales y “paquetes nacionales” que convergen con los intereses de EE.UU. Bajo el paradigma de la seguridad regional, el modelo preventivo y el rediseño de la propia hegemonía militar y política a nivel global después del 11-S, a nombre de la guerra contra narcoterrorismo.

La movilidad es un factor de integración económica, cultural y social: muchas familias necesitan de mercados laborales distantes del lugar donde residen para tener un ingreso que permita acceder a mercados de granos básicos y hortalizas.

Los gobiernos de la región colaboran en los planes de “seguridad hemisférica” de EE.UU., en la “guerra contra las drogas” que declaró internacionalmente George Bush desde septiembre de 1989, la “guerra contra el terrorismo” posterior a septiembre de 2001 y el control de la movilidad humana que convirtió en objeto de campaña y en programa de gobierno Trump. Para ello continúan comprando armas y pagando entrenamientos militares a los servicios de frontera (aduanales, migratorios, fitosanitarios) y las fuerzas del orden (policías, militares, judiciales). A lo que se suman intereses por la permanencia y el establecimiento de nuevas bases militares en la región, el control del comercio interoceánico, el tráfico ilícito y la intervención en operaciones especiales contra gobiernos de países de la región considerados sensibles o peligrosos para la seguridad nacional y regional.

¿Se habla mucho sobre la frontera México- Estados Unidos pero muy poco acerca de la migración desde Centroamérica a México?¿Cómo es la situación?

La política fronteriza del Estado mexicano en el sur sureste durante los últimos 17 años se ha definido en torno a tres palabras centrales: sellamiento, blindaje y ordenamiento. La búsqueda de estabilidad y gobernabilidad se ha enfocado prioritariamente en las condiciones de detención, retención y repatriación de transmigrantes en México, fundamentalmente de centroamericanos. Según cifras de la Unidad de Políticas Migratorias de la Secretaría de Gobernación de México, basadas en las estadísticas depuradas del Instituto Nacional de Migración,[1] en los primeros 7 meses de 2017 fueron presentadas ante las autoridades migratorias 52,106 personas por no acreditar su situación migratoria de las cuales el 86% procedió de Centroamérica (44,582) y, fundamentalmente, de El Salvador, Guatemala y Honduras (44,085). En el mismo periodo fueron devueltas a sus países de origen —deportadas y con retorno asistido— 44,043 personas siendo el 95% de éstas centroamericanas procedentes en su casi totalidad de los tres países mencionados (41,149). Proporcionalmente 8 de cada 10 personas ingresadas en las estaciones migratorias fueron deportadas entre enero y julio de 2017.[2]

El Estado mexicano es un operador de los intereses del norte: hace el trabajo de gendarme de EE.UU.

En el conjunto de detenidos en los siete primeros meses de 2017 destacaron 9,401 niños, niñas y adolescentes de menos de 17 años (57%, entre los 12 y 17 años, y 43%, de cero a 11 años). En el mismo periodo fueron retornados 8,295 menores (58%, entre 12 y 17 años, y 42%, menores de 11 años), es decir, 9 de cada 10 menores detenidos fueron deportados, de los cuales el 98% fue de El Salvador, Guatemala y Honduras.

El elevado número de detenciones y deportaciones que realizan las autoridades mexicanas tiene correspondencia directa con la agenda migratoria norteamericana desde años atrás, pero su continuidad en 2017 y mayor significación comparativa con las propias cifras norteamericanas, es un indicador muy notorio de la congruencia con la línea política del vecino del norte. También, del endurecimiento de las autoridades migratorias al sobreactuar la norma en el contexto de los cambios en la política exterior, los recortes de fondos, el condicionamiento de los mismos a certificaciones y el interés intervencionista de la nueva presidencia norteamericana.

A lo largo de todo el país, de sur a norte, una serie de controles de seguridad y mecanismos de selección y clasificación muestran que en la frontera sur mexicana inicia la frontera sur norteamericana. En ese camino se ha definido el Estado mexicano como un operador de los intereses del norte haciendo el trabajo de gendarme de EE.UU., al subordinarse a su agenda con una muy agresiva apuesta de securitización como estrategia del control migratorio. Aquí debemos advertir que esta agenda estratégica de securitización, con la militarización y la violencia correlativas, se expande coercitivamente  por todo el continente con el fortalecimiento de la presencia militar en múltiples escalas territoriales, regionales y nacionales. Un modelo de intervención con nuevas tácticas que propician la desestabilización política y el debilitamiento de tejidos sociales siendo un objetivo estratégico controlar la reproducción social y biológica, regular dinámicas poblacionales, y subordinar las diferencias socioculturales a las lógicas asimétricas del mercado.

Los medios de comunicación son los grandes productores de plusvalía simbólica para la dominación sociocultural. Realizan producción informativa en la que atribuyen responsabilidades sociales negativas a los migrantes.

¿Cuál es la importancia de la migración para el desarrollo humano?

La movilidad pendular es una de las principales claves de las estrategias de sobrevivencia de las unidades familiares y las comunidades —empleo temporal, acceso a mercados locales de alimentos básicos, servicios médicos u otros y refugio ante amenazas armadas de fuerzas estatales, paraestatales, paramilitares, bandas o narcotraficantes—. Comunidades y familias dependen de la movilidad para acceder a ingresos, bienes o servicios básicos al emplearse temporalmente en épocas de cosechas, en el sector de los servicios como en el trabajo doméstico, acudir a los servicios médicos u otros, y adquirir alimentos. La movilidad interna y transfronteriza ha sido “la alternativa” o una estrategia fundamental de vida, un factor de integración y diferenciación económica, cultural y social en la región porque muchas familias necesitan de mercados laborales distantes del lugar donde residen para asegurar algún ingreso que permita acceder a mercados de granos básicos, hortalizas y otros productos. Necesitan moverse permanentemente para acceder a medios de vida fundamentales.

Sin embargo la precariedad laboral, la criminalización de la movilidad y los controles migratorios pueden asestar un golpe muy duro a las economías familiares y poner en peligro la sustentabilidad, la seguridad alimentaria y la reproducción de la vida misma por intereses de explotación de la renta aduanera, del espacio urbano, de la tierra por el agronegocio, de las grandes empresas y conglomerados que cooptan el mercado de consumo y de otros medios o pequeños empresarios que critican la informalidad o el comercio hormiga.

¿Quiénes son los principales interesados en limitar las migraciones?

Abrir o cerrar las puertas para regular flujos migratorios expresa las necesidades de los mercados laborales de mano de obra más o menos barata para los sectores primarios y altamente especializada para los sectores de punta.

Los límites en las políticas, las prácticas y las dinámicas migratorias remiten a correlatos espaciales muy concretos entre distintas formas de violencias: procesos de desposesión de tierras, explotación de recursos estratégicos y mercantilización hasta de la vida, así como a dislocaciones humanas en busca de medios de vida para la supervivencia.

Hoy llama poderosamente la atención cómo el estado posneoliberal, cooptado por una élite política transnacional, es requerido para acompañar los actuales procesos de desarrollo capitalista y demostrar capacidad de mando con modos de gestión que tienden, ante la ausencia de legitimidad social y política, a una deriva autoritaria, militarista y armamentista.

¿Qué rol cumplen los medios de comunicación para que se diga que las personas migrantes son un enemigo?

Son los grandes productores de plusvalía simbólica para la dominación sociocultural. Su rol es fundamental al organizar representaciones del mundo. Realizan producción informativa en la que atribuyen responsabilidades sociales negativas a los migrantes. Los medios median en la construcción de convenciones culturales que abstraen la realidad y son muy bien vendidas y hasta aceptadas socialmente.

Los discursos mediáticos han privilegiado la cobertura de temas migratorios en coyunturas críticas construyendo representaciones de las y los migrantes y los procesos migratorios con absolutizaciones de una cara conflictiva, riesgosa e insegura a partir de experiencias humanas dramáticas, densas y profundas.

La abstracción de la frontera en torno al riesgo y la seguridad, a los sujetos peligrosos y no deseados que la recorren, es el eje principal del ideal modernizante de seguridad que se encuentra en los discursos mediáticos oficiales.

La porosidad o permeabilidad negativa de las fronteras que domina el discurso mediático termina conquistando el conocimiento público y oblitera las lógicas más complejas. Expone a las víctimas y no a los victimarios. Muestra las consecuencias y no las causas de los problemas actuales. Entonces, se impone la imagen de la frontera gris, oscura, riesgosa y peligrosa para la “seguridad global” que sustenta la securitización y legitima la movilidad castrense.

Los ideales modernizantes y moralizantes de la frontera han normalizado la escalada de la violencia y la violación de los derechos humanos por lo que es tristemente célebre esta Frontera sur en toda su verticalidad territorial. Si se siguen en la prensa las noticias de muertes, secuestros y violaciones (de mujeres centroamericanas en particular) durante los trayectos migratorios, se constata un memorial de vejaciones a la dignidad humana como correlato de la estrategia de seguridad que criminaliza la migración al decretarla ilegal y de manera sumaria condena a las y los migrantes con el rechazo.

Por ello los medios alternativos insisten en la importancia de lógicas relacionales e interdependientes, así como en la geopolítica desde debajo de distintos actores de las sociedades locales. Buscan desrealizar la dominación mediática tan imbricada con los discursos políticos, relativizando las construcciones legitimadoras de una “normalidad” instituida por los discursos dominantes sobre las configuraciones migratorias y, en general, de nuestras sociedades.

Estamos ante una combinación de distintos medios políticos, militares, económicos y comunicacionales que legitiman nuevas formas de intervención. Entonces, las “amenazas” a la seguridad han tenido un uso instrumental para la toma de decisiones en la política interior y exterior, la manipulación de la opinión pública y la legitimación del financiamiento de la securitización. Es un imperativo ético mostrar los complejos rejuegos de poder e intereses económicos, financieros y políticos que están detrás de lo que algunos ven como espectáculo. Para actualizarlos, los argumentos evolucionaron de la lucha contra las drogas, a la lucha contra el terrorismo y, más recientemente, contra la migración. Y ello se ha expresado en términos de guerra antinarcótico, guerra antiterrorista y guerra antimigrante apoyándose en “sobreposiciones”, “conexiones” o “lazos” como los del “narcoterrorismo” que justifican esquemas de intervención y avasallamiento mediante la propagación del miedo y la violencia con fines políticos.

¿Qué significa que haya cada vez más pueblos originarios que se ven obligados a migrar?

Significa que los pueblos originarios son forzados u obligados a migrar por la pobreza, la miseria y precarización de sus vidas; que se les han negado sus derechos a la tierra, al agua, a las semillas, a recursos vitales, a fuentes de identidad y a la movilidad misma. Que tienen que buscar cada vez más lejos los medios de vida necesarios; asumir las rupturas de vínculos sociales históricamente construidos en sus espacios de reproducción social y cultural; y resistir reconstruyendo sus vínculos en otros contextos generalmente urbanos, reinventado sus tradiciones y actualizando sus identidades.

Hay que observar, sin menospreciar o sobrevalorar, cómo los pueblos  reconocen los límites del debilitamiento de sus estructuras comunales de decisión sobre sus recursos, su dependencia de políticas públicas focalizadas que rompen formas de reproducción comunitaria, la sostenibilidad de la agricultura familiar por la dependencia de productos importados, el sometimiento de su entorno a presiones conectadas con el mercado de consumo, el turismo y las energías fósiles situándolos en el camino de despojos, ventas, abandonos de las tierras, migraciones y rupturas de los tejidos comunitarios en la lógica del consumismo y el individualismo. También, cómo actúan, luchan y resisten frente a la desvinculación del territorio que habitan, a la fragmentación con que se (re)presenta su espacio vital y cómo se oponen al desconocimiento cuando no la violación de sus propios derechos humanos, sociales, políticos y culturales, a la tierra, al agua, a la movilidad y al desarrollo sostenible. Y comparten críticas a las traiciones éticas del Estado, así como falta de fe en los gobiernos que han traicionado las promesas de proteger la vida digna y secuestrado sus vidas.

Fuente: revistacitrica

México: Magdalena Teitipac, un territorio donde las mujeres sostienen su lucha haciendo tortillas

Por Diego Saydel García

Defender la producción de sus tlayudas, un tipo de tortilla base de la alimentación del pueblo oaxaqueño. Esto fue lo que llevó las mujeres de la comunidad Zapoteca de Magdalena Teitipac, ubicada en el distrito de Tlacolula, en los Valles Centrales de Oaxaca, a organizarse y, junto a la comunidad, expulsar de su territorio, en el año 2013, a la empresa Plata Real, concesionaria de la empresa Sunshine Silver Mining con sede en los Estados Unidos. La comunidad de Teitipac, mayormente formada por mujeres, es conocida por la elaboración de tlayudas, siendo esta actividad un sustento económico para las familias. Los mercados regionales de Tlacolula y el mercado de la ciudad de Oaxaca son espacios donde las mujeres de Teitipac siempre están presentes para vender sus tlayudas.

“Para las mujeres de Teitipac el territorio es la vida, la ven como madre, porque de ella nace el maíz para las tlayudas, de ella brota el agua para las tlayudas, qué es lo que hace una madre querer a sus hijos, eso es lo que hace el territorio, nos da de comer porque nos quiere”,

COMPARTE LORENA GARCÍA, VECINA DE TEITIPAC, A AVISPA MIDIA.
Ver también ⇒ El codiciado mineral que amenaza la vida de los pueblos en Chiapas

Las mujeres de Teitipac al ver que su vida comunitaria estaba siendo afectada, que los pueblos vecinos empezaron a divulgar que la empresa minera estaba contaminando el agua de la comunidad, pronto empezaron a bajar las ventas de las tlayudas en los mercados. “Entonces, la noticia se expandió rápidamente por todo el valle de Oaxaca y la gente ya no quería comprar nuestros productos, porque había contaminación del agua en nuestra comunidad, eso nos hizo enojar a las mujeres y nos organizamos para correr a la empresa minera”, cuenta para Avispa Midia Lorena García.

La minera Plata Real empezó sus trabajos en el territorio en el 2009. La exploración de la mina empezó sin ningún aviso a la comunidad. “Hubo el derrumbe de los cerros, contaminación del agua, y muerte de varios animales que vivían de esa agua. A los trabajadores de la empresa no les importaba nada, corrían sus carros a gran velocidad sin importarles nada, aunque hubiera pollitos en las calles, se sentían dueños de todo, las mujeres veíamos eso día con día, entonces fue que decidimos luchar, por nuestros hijos, por nuestro pueblo”, recuerda Lorena García.

La comunidad de Teitipac se organizó de acuerdo a su sistema normativo, en asambleas comunitarias, conformaron un comité por la defensa del territorio, destituyeron al comisariado de bienes comunales de aquel entonces por traicionar a la asamblea general, pero la empresa minería seguía en la comunidad. “Al principio eran sólo los hombres quienes iban a las reuniones y asambleas, solo los hombres tomaban las decisiones, nosotras al ver tanta problemática generada por la minería y que los hombres estaban tardando en solucionarlo, decidimos entrar a fortalecer la resistencia, las mujeres hicimos marchas, asambleas y protestas”.

Es en Julio del año 2013 que la asamblea general determinó expulsar a la minera. Las mujeres realizaron diversas acciones para que la empresa respetara la decisión del pueblo.“Le cerramos el camino a la empresa minera, hicimos un hoyo muy grande para que ya no pudieran pasar los carros de los trabajadores de la mina, ahí estuvimos durante dos días”, comenta Lorena, quien en ese entonces tenía 19 años.

La determinación de las mujeres fortaleció la organización comunitaria de Teitipac. “Enfrentamos al Estado y a la empresa. Vinieron policías estatales, judiciales, militares con la intensión de asustarnos, nos dijeron que nos regresáramos a nuestras cocinas, le dijimos que no, que no regresaríamos a nuestras cocinas, que nosotras estaríamos en lucha y que defenderíamos nuestras tierras, fue cuando la empresa minera dijo que estaba bien, que se iban a ir”, dijo Lorena.

Desde ese momento, las mujeres de Teitipac son participantes activas en la vida organizativa de su comunidad, además de seguir ofreciendo sus tlayudas en los mercados para sostener económicamente a sus familias.

Ver también ⇒ México: indígenas que expulsaron a tiempo la minería de su territorio festeja cinco años de lucha cotidiana

Concesiones en los Valles

El 6 de septiembre del año 2007 la Dirección General de Regulación Minera otorgó para su explotación, a la empresa Plata Real, la concesión registrada con el número 230489 y titulada "El Doctor", los minerales que pretendían extraer eran oro y plata en una superficie de 9 mil 653 hectáreas de tierras comunales de Magdalena Teitipac.

Actualmente el territorio de los Valles Centrales oaxaqueños está amenazado, de acuerdo con investigación de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), por lo menos 26 concesiones mineras repartidas en cuatro empresas

Teitipac reafirma: Territorio prohibido a la minería

El pasado 23 y 24 de Febrero, se realizó el segundo encuentro de comunidades y organizaciones en la comunidad de Magdalena Teitipac. A este evento asistieron más de 60 comunidades del Estado de Oaxaca, 33 autoridades agrarias, ejidales y municipales, además de 36 organizaciones de la sociedad civil. El 23 de Febrero en sesión solemne de cabildo de Magdalena Teitipac, con 33 autoridades comunitarias de diferentes regiones del Estado de Oaxaca como testigos de honor, además de 30 organizaciones de la sociedad civil, las autoridades ratificaron su declaratoria del 17 de Agosto del año 2013. “Magdalena Teitipac, Tlacolula, Oaxaca, es una comunidad indígena Zapoteca, propietaria de su territorio comunitario de la que depende la vida de nuestro pueblo, la cultura ancestral y la relación espiritual que hemos mantenido desde tiempos inmemorables”. Por eso, “Magdalena Teitipac es declarada como territorio prohibido para la minería y para cualquier proyecto transnacional que tenga por objeto extraer los bienes naturales de nuestro territorio; atente en contra de la vida de nuestros habitantes; ataque la integridad de nuestro territorio comunitario”.

El día 24 de Febrero, como parte del evento, las mujeres de Teitipac compartieron su lucha por la defensa de su territorio de hace cinco años, y cómo ha sido en estos últimos años.

No van a ver a las mujeres en las calles gritando, no verán a las mujeres en la carretera haciendo marchas; nosotras estamos haciendo tlayudas, porque aquí en Teitipac somos las mujeres quienes trabajamos más, pero nosotras somos conscientes de que hay un problema, sabemos que son las concesiones mineras que amenazan nuestro territorio. Le preguntamos a las autoridades sobre la situación, y pues entre nosotras nos platicamos cuando nos encontramos en el molino. Sabemos que nosotras tenemos un compromiso, porque somos nosotras las que estamos formando a nuestras niñas y niños, les platicamos sobre nuestra lucha, sobre cómo nos organizamos para defender el agua y la tierra, así formamos a nuestros chiquitos, para que ellos defiendan la tierra y el territorio”, sostuvo Lorena García, representante de las mujeres de Teitipac en el segundo encuentro de comunidades y organizaciones denominado “Aquí decimos si a la vida y no a la minería”, organizado por las autoridad comunitarias de Magdalena Teitipac, el Comité por la Defensa de la Integridad de los Territorial y Cultura junto con el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.

Al evento asistieron integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña de Guerrero, Sombrerete Zacatecas, la organización Familia Pasta de Conchos en Coahuila y Chicomuselo en Chiapas.

Al final del evento, en una declaratoria, los presentes exigieron la cancelación inmediata de los proyectos mineros y las concesiones mineras: Enriqueta y El Doctor, otorgadas en Magdalena Teitipac; Tlacolula en San Juan Guelavia; Progreso II, II (bis), III, en San José del Progreso; Los Ocotes II, III, IV (fracción 1 y 2), V (fracción 1 y 2), VI (fracción 1) en Ejutla de Crespo; Los ocotes 1, Reducción Taviche oeste, Unificación Cuzcatlán en San Jerónimo Taviche; Lute dos, Lutito, en San Miguel Ejutla; La Raquelita I, del municipio de San Juan Tepeuxila, Cuicatlán; El Roble y Reducción El Roble en los municipios de Ixtlán de Juárez y San Pedro Yaneri; Lachatao, en Santa Catarina Lachatao; Zapotitlán 1 en municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec y Asunción Tlacolulita, entre otras, otorgados por el Gobierno Federal.