Madres buscando a sus hijos desaparecidos en Torreón, Coahuila.
Las desapariciones de personas en México se elevaron a más de 30 mil, según las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Considerando que de cada 10 personas en esta situación”solo dos son denunciadas”, de acuerdo con el organismo, aun existe un vacío en el registro real de las desapariciones.
En relación al año 2015 donde se registraron 26 mil 128 personas desaparecidas, en enero la suma nacional fue de 30 mil 942 casos de personas no localizadas o desaparecidas.
La noticia de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, es uno de los temas que más ha hecho eco en todo el mundo. En su búsqueda, se han encontrado en fosas comunes a miles de personas que figuraban en las cifras registradas y no registradas de personas desaparecidas.
En ese sentido, el gobierno de Venezuela, a través de su ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, anunció que acudirá a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) -que se realizará en Cancún, Quintana Roo durante los días 19 y 21 de junio – para denunciar al Gobierno de México por la “vergüenza” del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
La canciller, en conferencia de prensa en Caracas, se refirió al canciller mexicano Videgaray Rodríguez y al gobierno de Enrique Peña Nieto, como contradictorios y desvergonzados al tocar el tema de Venezuela sin antes haber resuelto el tema de las desapariciones en México. Así mismo, los acusó de se un “Estado Fallido”, que ha permitido la incrustación del crimen organizado en las estructuras del Estado Méxicano.
“Yo creo que él – Videgaray Rodríguez – esta cumpliendo un papel, yo creo que el esta cumpliendo un mandato. No sé que le van a pagar, no sé que le han ofrecido a cambio. Pero hay que ser realmente muy desvergonzado para pararse a decir, lo que ha dicho de Venezuela, sin voltear a ver la realidad de su país”, dijo Delcy Rodríguez, quien se esta preparando para llevar el tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ante OEA, por mandato de Nicolás Maduro.
"Cuando se formó el CNI en el año de 1996 pedíamos que se nos reconociera como pueblos indígenas. Hoy ya no nos interesa que nos reconozcan, estamos entrando en otra fase. Porque no podemos esperar nada más de arriba, porque ningún partido político y ningún gobernante nos representa y nunca nos representará. Durante estos últimos años hemos compartido nuestros dolores, pero ahora nos hemos tomado de la mano para hacer retemblar la historia, porque este es un momento histórico. Porque el Concejo sigue nuestros principios, y porque es anticapitalista, y porque aun falta lo que falta”, dijo Magdalena García Duran, indígena Mazahua del estado de México y concejal del CIG.
El grito ha surgido desde lo más profundo de la sabiduría y la dignidad indígena de México. Es el tiempo de las voces de los pueblos, un asalto a las líneas de la historia que se han escrito con sangre y traición. Una pequeña grieta que se comienza abrir en los muros del sistema capitalista que quisieron enterrar a zapata y a sus exigencias de “Tierra y Libertad”. Son los pueblos que uno a uno van reviviendo las asambleas, los trabajos colectivos y a sus consejos de ancianos como una fuente de experiencia y conocimiento. Son los miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI) que han decidido, sin permiso de nadie, conformar su propio Concejo Indígena de Gobierno (CIG). No como una institución más, sino como una de tantas formas de pasar a la ofensiva, contra las instituciones caducas del Estado y contra el sistema capitalista que ha sostenido una guerra de exterminio contra los pueblos originarios por más de cinco siglos.
“Cuando se formó el CNI en el año de 1996 pedíamos que se nos reconociera como pueblos indígenas. Hoy ya no nos interesa que nos reconozcan, estamos entrando en otra fase. Porque no podemos esperar nada más de arriba, porque ningún partido político y ningún gobernante nos representa y nunca nos representará. Durante estos últimos años hemos compartido nuestros dolores, pero ahora nos hemos tomado de la mano para hacer retemblar la historia, porque este es un momento histórico. Porque el Concejo sigue nuestros principios, y porque es anticapitalista, y porque aun falta lo que falta”,
DIJO MAGDALENA GARCÍA DURAN, INDÍGENA MAZAHUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y CONCEJAL DEL CIG
En autobuses, en camionetas, en carros particulares y hasta de aventón fueron llegando los delegados del CNI provenientes de diversas partes de la república mexicana. Era el día 26 de mayo cuando había comenzado el registro de los delegados y sus invitados, así como de los medios libres y la prensa nacional e internacional, para los trabajos que se llevarían a cabo en los días 27 y 28 de mayo. El punto de reunión era, el Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI), en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Cada delegado y delegada nombrados por sus asambleas comunitarias llevaban las voces acordadas de sus pueblos para compartirlas en la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno para México. Los representantes de los pueblos, los mas jóvenes, se espejeaban y escuchaban a los mayores. “Queremos autonomía y el mandato de nuestros pueblos es aprender de los que han aprendido a resistir y a luchar con dignidad contra esta guerra de destrucción. El aprendizaje son los 20 años del camino que ha trazado el CNI y los 30 años del EZLN. No partimos de cero, hay una construcción en esa trayectoria”, dijo una delegada joven, Briselda Reyes, indígena totonaca de Veracruz.
Comandancia zapatista en la creación del CIG
La comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como parte de la inauguración de las mesas de trabajo, daba la bienvenida el 27 de mayo con las voces mas jóvenes de esta organización. El subcomandante Galeano, sin mencionar palabra alguna, cedió el micrófono a la niña Defensa Zapatista que expresó, “no tengan miedo”, y junto a ella, otro niño zapatista que se presentó como Pedro, también dijo, “sigan adelante y no se rindan”, fueron las palabras de bienvenida para los delegados y delegadas del CNI.
Mientras que el Subcomandante Moisés compartió el sentir y la solidaridad de la Comandancia del EZLN hacia los hermanos Wixaritari (huicholes) Agustín y Miguel Vázquez Torres, miembros del CNI, quienes fueron asesinados el día 20 de mayo de este año 2017, en el municipio de Bolaños, Jalisco. Un asesinato perpetrado por el grupo delictivo conocido como el Cartel de Jalisco Nueva Generación.
Alzamiento indígena
Se organizaron 848 delegados y concejales de por lo menos 58 pueblos originarios de México en mesas de trabajo. Hablaron sobre economía, política, salud, educación, vivienda, seguridad entre otros temas. El objetivo era trazar los rumbos del Concejo Indígena de Gobierno, sus estrategias y funcionamiento, los vínculos con la sociedad civil y el papel de su vocera. Al final de los trabajos se darían a conocer los miembros del CIG y su vocera. Un gran ejercicio para la toma de acuerdos en común, regidos bajo los siete principios del CNI y del EZLN: “Obedecer y no mandar; Representar y no suplantar; Bajar y no subir; Servir y no servirse; Convencer y no vencer; Construir y no destruir; Proponer y no imponer.
Durante estos días se dio forma al CIG, donde cada miembro fue elegido por sus asambleas de sus lugares de origen, desde sus formas de organización. Algunos tuvieron que dejar el trabajo en sus campos, en la pesca, en la apicultura y en sus artesanías y en el hogar para comenzar a prestar este servicio en el nuevo órgano construido por el CNI y sus pueblos. “Apenas viene lo bueno, el trabajo duro esta por comenzar. Aquí nadie va a recibir un pago, es un servicio que prestaremos. Es una gran responsabilidad, como las que se asumen con los cargos que nos dan en nuestros pueblos tradicionales”, señaló la concejal García Duran, quien lleva 15 años caminando con cada iniciativa que ha tomado el CNI.
“El día de hoy es el día más grande de nuestra historia. 20 años nos tomó para conocernos, escucharnos, mirarnos. Durante 5 siglos estuvimos en resistencia, y llegamos a eso. O sea, se trata de un alzamiento indígena, alzamiento indígena más grande de la historia de México, y es no violento. Repito, no violento”, Prof Filo, de la mixteca de Puebla, nombrado concejal del CIG.
Otra forma
Invitados y medios de comunicación especulaban como se daría el nombramiento de la vocera de CIG, si seria la forma tradicional como lo han hecho los partidos políticos, es decir, por un voto de una mayoría contra una minoría. Una vez más el CNI demostraba que hay otras formas de hacer política. El cargo de la vocera fue definido por el trabajo realizado por ella a lo largo de 20 años en el CNI. Porque es y “ha sido una persona que no se ha vendido, que no ha claudicado y porque es del pueblo y entiende nuestras necesidades”, señaló la indígena mazahua, García Duran.
“Nosotros como pueblos indígenas consultamos a nuestras comunidades, no lo sometimos a votos, porque nosotros funcionamos de otra manera. Nosotros bajamos hasta las bases”, dijo Mario Luna, concejal indígena Yaqui de Sonora.
Toma de protesta
Durante la plenaria abierta del día 28 de mayo, el CNI pasó lista de los concejales nombrados por sus autoridades tradicionales. Hasta ese momento eran 71 concejales nombrados, aunque faltan comunidades por designar a sus representantes.
Los concejales junto con la vocera designada, la indígena nahua del sur de Jalisco María de Jesús Patricio Martínez, tomaron protesta y juramento por parte de un miembro del CNI, quien antes dijo: “Estamos en medio de una guerra cruel. Necesitamos la entereza, la valentía, la decisión, la inteligencia y sobre todo el amor, mucho amor de ustedes para llevar adelante los fines y las tareas que nos hemos propuesto para el bien de nuestros pueblos, para el bien de nuestras comunidades, para el bien de este país maltratado, dolido y agraviado”.
Todos se pusieron de pie y, con una sensación que no se podía esconder, invitados, observadores y hasta la misma prensa, sumando 1482 personas presentes, cruzaban miradas con una sonrisa cómplice. No de burla, sino de que algo nuevo comenzaba a nacer. Entonces los concejales y su vocera tomaron acto de protesta y juramento. “¿Juran portar la palabra y la decisión de sus pueblos y comunidades, cumpliendo y luchando por la libertad, la justicia y la democracia y respetando los siete principios del Congreso Nacional Indígena?”, la voz suave de cada una y cada uno hizo eco en el auditorio del CIDECI y con firmeza dijeron, “sí”.
La gente que no pudo entrar en el auditorio, abarrotado por la prensa nacional e internacional, estaba atenta a la toma de protesta transmitida a través de bocinas distribuidas fuera del reciento. “¿Juran y protestan cuidar y respetar a sus pueblos, comunidades, niñas, niños, ancianos, ancianas, hombres y mujeres, a nuestra madre tierra, nuestras culturas y nuestras lenguas?”, ¡sí! fue la respuesta y así continuaron. “¿Juran defender con su vida, sus pensamientos, sus corazones y sus cuerpos, a nuestros pueblos, comunidades y a nuestra madre la tierra?, ¿Juran ser portadores de la palabra de nuestros pueblos y del Congreso Nacional indígena, sin mentira, doblés o traición alguna, permaneciendo siempre anticapitalistas, abajo y a la izquierda. Construyendo rebeldías y resistencias con todos los explotados y explotadas de este país y de este mundo. En contra de los de arriba, de los capitalistas y sus administradores, capatoas y capataces, por un mundo donde quepan muchos mundos?”.
Y finalmente, “¿juran no caer en la tentación de buscar los votos y el poder, no venderse, no claudicar, no rendirse frente a los de arriba?”. El “sí” fue contundente. Y remataron: “Así les exigimos que lo hagan, y si no lo hicieran, no se los vamos a demandar. Los vamos a sancionar y los vamos a quitar”. La euforia se hizo sentir en todo el auditorio. La alegría se compartía y los ánimos se levantaron.
No vamos por votos
La vocera del CIG será registrada de forma oficial ante los órganos oficiales del Estado para las elecciones de la presidencia del año 2018 en México. Pero quien gobernará será el CIG y este, a su vez, será vigilado por el CNI, y el CNI seguirá siendo el espacio y la casa de las voces de los pueblos. Mientras tanto algunos intelectuales y parte de la opinión publica no alcanzan a dimensionar otra posibilidad de reorganizar la cotidianidad y un nuevo gobierno. Muchas de las preguntas de la rueda de prensa, que cerró el encuentro, reflejaron esta duda.
“La propuesta no se trata de llevar votos, de irnos a sentar en la silla maliciada. Más bien nuestra participación es por la vida, por la organización y reconstitución de nuestros pueblos que han sido golpeados por años y años y creo que ahorita tenemos que buscar una forma de seguir existiendo”, dice la vocera del CIG. “Nosotros los pueblos hemos analizado que vamos en este proceso para pelear por la vida. Y la vida es la tierra, el territorio, el agua, los arboles, todo. Y se los están acabando. Es difícil dar este paso pero es necesario si queremos que nuestros pueblos sigan existiendo, si queremos que siga habiendo vida para todos”, dijo la indígena.
Tampoco los pueblos quieren el poder. “No queremos el poder. El poder que se está llevando todos los recursos naturales, todo lo que nos pertenece como pueblo. No vamos por votos. No somos ningún partido político. No estamos compitiendo con nadie. Vamos a destruir todo eso y reconstruir lo que nos pertenece”, Sara López, concejal del CGI, de la Península de Yucatán.
Aunque para registrar a la vocera de forma oficial como candidata independiente se tiene un tiempo límite para juntar por lo menos 800 mil firmas, el Concejo no se verá presionado por los tiempos establecidos desde estas instituciones. “Lo que importa son los procesos de los pueblos, el fortalecimiento, nuestro acercamiento. De las firmas no nos preocupamos, no solo podemos juntar ochocientas, podemos juntar varios millones, porque somos un chingo”, dijo la concejal García Duran.
Para entender la propuesta de los pueblos es necesario mirar y ser parte de los procesos que se están dando desde abajo, los procesos que están viviendo las comunidades en todo el país. “Nosotros como concejeros no buscamos cargos políticos, cargos públicos. No estamos buscando chamba. Nosotros estamos impulsando las propuestas que siempre hemos impulsado y que nunca nos han prestado oídos. Esta entonces es la oportunidad para llegar a todas las comunidades olvidadas y marginadas”, Mario Luna, de Sonora, concejal de CNI.
Efectivamente, desde hace tiempo atrás los pueblos originarios que son parte del CNI han comenzado procesos de fortalecimiento de sus resistencias, de sus asambleas, el rescate de sus usos y costumbres y su lengua. “Registrar a nuestra vocera es apenas una parte muy pequeña de nuestra lucha. Lo que sí nos preocupa es que el Estado, juntos con sus paramilitares y narcotraficantes no nos dejarán pasar libremente, y para eso hay que prepararnos. Los ataques ya empezaron. Ya hay los primeros asesinatos, mataron a los compañeros de Michoacán y Jalisco”, dijo Efrén Olivares Valdez, delegado del CNI de la Comunidad de la Barra, de Michoacán.
La salida está con los pueblos indígenas
“No nos confundan, no es una vulgar lucha por el poder, es un asunto civilizatorio. Somos los sucesores de estos antepasados, de estos antiguos que parieron ciudades, sistemas de gobierno, muchas culturas, muchas lenguas. Y aquí estamos, somos nosotros. No estamos en los libros, estamos aquí frente a ustedes. Puede decir la historia de arriba lo que quiera, pero para nosotros la historia es otra. Para nosotros da lo mismo si son conservadores o liberales, si son izquierda o derecha, o vayan a saber ustedes qué. Porque el proyecto de hace 500 años es lo mismo”, dice el concejal de CIG, Prof Filo, de la mixteca de Puebla, durante rueda de prensa.
En este contexto de guerra y muerte que ha bañado de sangre a nuestras tierras, son justamente los pueblos indígenas los que están generando alternativas reales para la guerra que se está viviendo, sostiene Fortino, concejal de CIG, de Chiapas. “Y eso se está dando a través de la reconstitución de sus tierras, articulación de sus autoridades tradicionales, métodos de seguridad propia”.
“Lo que queremos es organizarnos con ustedes para desmontar el poder que desde arriba nos imponen. Los partidos políticos se tienen que terminar. Esta forma de hacer política ya no tiene una salida viable. Así que los pueblos decidimos resistir y luchar en colectivo. Es la única salida no solamente para la existencia de los pueblos sino de la existencia civilizatoria. Nosotros ya estamos decididos”,
DICE EL CONCEJAL FORTINO.
“Es el sistema mundo que esta en crisis. Es una crisis civilizatoria. Un sistema mundo que se está derrumbando. Y el otro, lo nuestro, está resurgiendo. Pues aquí estamos, aquí estamos sobre nuestra historia”, señalo el concejal Prof Filo.
Lo que sigue
En este contexto de guerra y muerte que ha bañado de sangre a nuestras tierras, son justamente los pueblos indígenas los que están generando alternativas reales para la guerra que se está viviendo, sostiene Fortino, concejal de CIG, de Chiapas. “Y eso se está dando a través de la reconstitución de sus tierras, articulación de sus autoridades tradicionales, métodos de seguridad propia”.
“Lo que queremos es organizarnos con ustedes para desmontar el poder que desde arriba nos imponen. Los partidos políticos se tienen que terminar. Esta forma de hacer política ya no tiene una salida viable. Así que los pueblos decidimos resistir y luchar en colectivo. Es la única salida no solamente para la existencia de los pueblos sino de la existencia civilizatoria. Nosotros ya estamos decididos”, dice el concejal Fortino.
Una versión de este reportaje fue publicado en ⇒ Americas Program
Mujeres, hombres y niños de la comunidad de San Vicente Arroyo Jabalí, municipio de Jocotepec, en la región de la Chinantla, Norte de Oaxaca, desde las tempranas horas de la mañana del sábado, 20 de mayo, se dirigían de diferentes partes del pueblo hacia el área central de la comunidad llevando sus servilletas llenas de tortillas, tostadas y totopos, que acompañaría el guisado preparado colectivamente en la noche anterior para los visitantes. Era la solidaridad del pueblo hacia a las personas que llegaban a esta localidad de diferentes partes del estado de Oaxaca para el encuentro de las comunidades que se hermanan en contra a los proyectos económicos, que pretenden mercantilizar a la naturaleza del territorio chinanteco.
El encuentro hace parte del proceso organizativo que se lleva a cabo en la Chinantla contra el conjunto de megaproyecto que se pretende implementar en la región. Se creó un espacio donde las comunidades pueden platicar sobre las problemáticas vividas con los megaproyectos, además de organizar estrategias de lucha en conjunto. El encuentro fue acordado durante el Foro Contra el Despojo y la Represión, realizado entre los días 9 y 10 de abril en la comunidad Santo Antonio las Palmas, en el municipio de Choapam, convocado por el CNI de la región del Papaloapan, en coordinación con las autoridades agrarias y municipales de la región.
En la Chinantla está la tercera mayor selva tropical de México, es la mejor conservada y una de las mas ricas en biodiversidad, por eso es considerada de interés económico prioritario por el gobierno mexicano. “Conocemos nuestras tierras y la riqueza que ella alberga. Este fue un encuentro de trabajo para sentar las bases para la defensa de nuestro territorio”, sostiene el indígena chinanteco Juan Roque Pérez, integrante del CNI en la Cuenca Papaloapam.
De acuerdo con el indígena, hay un compromiso de las nuevas generaciones del pueblo chinanteco. “Tenemos el encargo de nuestros abuelos de cuidar y defender nuestro territorio. Sabemos que solos y aislados no podemos avanzar en la defensa de la vida”, dice. “Estamos avanzando y construyendo porque lo que viene, viene para destruir lo que tenemos”.
Lo que viene
Pérez advierte que existe poca información pública sobre los megaproyectos planeados para la región. “El gobierno no nos informa, al contrario, es su estrategia ocultar sus planes. Solamente nos damos cuenta de sus intenciones cuando gente de las empresas o del propio gobierno ya está en nuestro territorio”, afirma él.
Lo que es cierto es que hay planeado un conjunto de proyectos, una mezcla de presas hidroeléctricas, explotación minera, de hidrocarburos, proyectos de conservación y de infraestructura. “Solamente para el Río Cajonos son seis presas hidroeléctrica. Para el Río La Lana, son 9 proyectos. Sumando a estas presas hidroeléctricas están los proyectos de minería en toda la Chinantla”, dice. “Sabemos también que la Chinantla es propicia para la explotación de hidrocarburo y sabemos que ya existen empresas en el territorio Chinanteco estudiando estos recursos, incluso algunas autoridades ya firmaron contratos con empresas”.
Una autopista carretera también está proyectada. “Sabemos que se arranca en 2020, afectando por lo menos 20 comunidades en la Chinantla. Esta proyectada para pasar donde van a estar las presas hidroeléctricas y donde esta el territorio de explotación minera”, dice. “De acuerdo con Alejandro Murat (gobernador del estado de Oaxaca), así como el Istmo de Tehuantepec es una prioridad del gobierno, la cuenca del Río Papaloapan también lo es. Y estamos viendo todo lo que está pasando por allá. Mas que ayudar a traer el llamado desarrollo a las comunidades, los proyectos están dividiendo y despojando a la gente”.
Calentamiento global
Los proyectos de conservación están por toda el territorio chinanteco. “Donde hay reservas hay despojo, va a la par. En estos lugares existen recursos que a las grandes empresas transnacionales les interesa, que ni siquiera los pueblos saben. Es una política para ir expropiando las áreas verdes que aún conservan los pueblos. Y utilizan como símbolo político para entrar en las comunidades el calentamiento global”, dice Pérez.
A la fuerza
La comunidad San Vicente Jabalí ya tubo su experiencia con empresas mineras. En el año de 2008 llegó una empresa canadiense en el pueblo buscando muestreo de suelo. “Anduvieron trabajando un mes en el territorio y en este tiempo el pueblo sí acepto que se hiciera eso. No teníamos informaciones sobre lo que de hecho estaban haciendo”, cuenta Rogelio Cruz, ejidatario y agente de policía municipal de la comunidad San Vicente Arroyo Jabalí. “Ellos hicieron estudios en todo nuestro territorio, en nuestros arroyos, bosques, se llevaron muestras de tierra y nunca nos dijeron lo que encontraron. Nunca nos presentaron los estudios”.
En un segundo momento, hubo una nueva reunión entre empresa y el pueblo y la posición de la comunidad fue otra. “Nos dijeron que querían permiso para explotar, hacer una excavación donde iban explorar 100 metros bajo tierra. Ya traían documento para que el pueblo firmara el compromiso de que permitía que la empresa explotara los minerales que encontraron. Nosotros levantamos un acta donde el pueblo se negó a aceptar la mina. Venían seguido a convencernos, incluso con dinero, pero no pudieron”, dice Cruz.
La mina estaba proyectada para ser construida a 2 km del centro del pueblo. “Sabemos que ellos todavía no desistieron. Sabemos que la empresa quiere meterse a la fuerza en nuestro territorio. Por eso tenemos que juntarnos a las comunidades vecinas y así poder agarrar fuerza”, dice el agente de policía.
También la comunidad se rehusó aceptar el proyecto de conservación en su territorio. “Supimos de los problemas en otras comunidades y ya no aceptamos. El cerro que tenemos aquí nosotros mismos estamos conservando como pueblo. Sabemos que la conservación es a penas una excusa para robarnos los recursos que por siglos nuestros ancestros cuidaron”, señala el agente.
Que no se olvide
El profesor bilingüe jubilado de la primaria, Mario Roque Isidro, tiene en la memoria la historia de despojo de los indígenas de Jocotepec, donde trabajó por 34 años. “La gente de afuera, de España, de apellido Mora, Vázquez, es la que empezó el cacicazgo de esta región, y se hicieron dueños de miles y miles de hectáreas del pueblo chinanteco. Empezaron a matar los indígenas que vivían aquí. Con el tiempo fueron ubicándose hacia el cerro para no morir. Los españoles se quedaron con toda la tierra baja, de primera, que tenían los indígenas”, cuenta el profesor, que es ejidatario de la comunidad Camalotal, Tuxtepec.
Las tierras fueron pasando de mano en mano de los caciques, se acuerda Isidro, hasta llegar a las manos de la cuñada de Adolfo López Mateos, presidente de la República durante el sexenio comprendido entre 1958 y 1964. Ella se llamaba María Luisa Broquier. “Ella empezó a traer pistoleros de Tuxtepec para matar a los indígenas que querían sus tierras. Cuando empezó la represión dura contra los indígenas se instaló un regimiento militar en la Alicia con el fin de reprimir aquellos que querían quitarle las tierras a esta señora”.
Entonces los indígenas fueron formando comités en las comunidades de Alicia, San Vicente Jabalí, Santo Antonio de las Palmas. “El objetivo era pelear y hacerse comunidad, ejidos y trabajar la tierra. Así se logro garantizar la tierra para los indígenas”, señala el profesor.
Nuevo cacicazgo
Con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), que ofrece la posibilidad de que los ejidatarios vendan sus tierras, está ocurriendo un nuevo proceso de concentración de tierras y consecuentemente la formación de nuevos cacicazgo, advierte el profesor.
Nos lavaron el coco de que teniendo titulada nuestra parcela, tornándonos pequeños propietarios y teniendo la facilidad de vender nuestros terrenos, somos más libres. Lo triste que pasa es que la gente está vendiendo sus tierras y no les resta otra salida sino vivir en los cinturones urbanos a mendigar o trabajar en lo que se pueda. Es una trampa. El proceso es ese. Hoy se compra la tierra de uno, mañana de otro y así se arma las condiciones para que regresen los grandes cacicazgos. Justamente en contra de eso lucharon nuestros abuelos. Esta es la libertad que nos está dando el gobierno. Cuanto menos gente con tierras mejor para transferirlas a las empresas – profesor bilingüe jubilado de la primaria, Mario Roque Isidro
Ya sabemos
Ya tenemos suficientes pruebas de que estos megaproyectos significan la muerte para nuestro pueblos. Solo basta mirar todo lo que nos causó la presa hidroeléctrica Cerro de Oro. La gente fue reubicada y eso generó una serie de enfermedades y problemas para sobrevivir. Otros que no lograron tierras y ni dinero hoy vive en el cerro y viven aislados, tienen que pasar con balsa para poder comprar comida. Está claro, los recursos no se quedan con la gente del pueblo. Y eso lo vamos a ver aquí – profesor bilingüe jubilado de la primaria, Mario Roque Isidro
Camino
El pueblo se tiene que levantar nuevamente. En el país ha habido guerras. Hubo una revolución por el cacicazgo de Porfirio Díaz. Ahora viene nueva revolución social en el país y eso se va a dar muy pronto por la misma política del gobierno federal de despojar a la gente de sus tierras. Ya ve Michoacán lo que esta pasando. Se están formando guardias comunitarias. Estoy seguro que para allá vamos, porque esta región es muy rica y la gente sí va a defender su territorio – profesor bilingüe jubilado de la primaria, Mario Roque Isidro
Continuidad
En el encuentro se reunieron autoridades de 18 comunidades hablantes de cinco lenguas. La próxima reunión será en la comunidad de Alicia, Jocotepec, el 22 de julio.
Hugo Blanco, un dirigente histórico de la lucha campesina del Perú, un símbolo vivo de las luchas revolucionarias latinoamericanas. A principios de los años 50 y 60s fue protagonista de la Reforma Agraria que encarnó la insurrección de los pobres del campo de los valles de las provincias de Convención y Lares, del departamento del Cuzco. En 1963 fue perseguido y capturado. Tres años después, fue juzgado por un Tribunal Militar que intento condenarlo a muerte, tiempo después fue liberado por una amnistía. En el exilio fue elegido por la Asamblea Constituyente con una gran cantidad de votos a su favor, en 1980 asumió su cargo como diputado y en 1990 como senador. Actualmente Blanco ha estado muy cercano a la luchas indígenas, como las del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Congreso Nacional Indígena (CNI) en México.
Blanco es una parte de la memoria viva de las luchas campesinas e indígenas del Perú. A pesar de que el gobierno lo dio por muerto más de una vez, ha cumplido 83 años y continua luchando, sigue militando, transmitiendo sus conocimientos y experiencias. Debido a su trayectoria política, el Programa Democracia y Transformación Global (PDTG) y el Centro Bartolomé de Las Casas de Cusco rendirán homenaje en vida a Hugo Blanco con la presentación de la tercera re-edición de su libro “Nosotros los indios”, considerado por su autor como una “reivindicación al movimiento indígena, por su lucha permanente contra la amenaza de la extinción de la humanidad y su rol en la conservación de la naturaleza”. El homenaje a Blanco será el próximo miércoles 24 de mayo en Lima, Perú.
Banco viajó para Argentina para estudiar agronomía cuando rondaba los 20 años y fue en la Plata, donde se ligo a la Organización Troskista que publicaba el periódico Palabra Obrera. De la universidad dio un giro radical y se fue a una fabrica, ahí realizó su primera escuela de formación política. Después volvió al Perú, donde dio inicio con la toma de tierras que llevarían a la Reforma Agraria. “El campesinado del Valle de la Convención y de Lares había decidido no trabajar más para los hacendados. Era una época donde se trabajaba el campo en un sistema semifeudal, donde se trabajaba para el hacendado para pagar la pequeña parcelita que el hacendado daba al campesino sin obtener ningún centavo” dijo Blanco.
“Las autoridades lo acusaron de terrorista. Tenían razón. El sembraba el terror entre los dueños de la tierra y de la gente. Durmió bajo las estrellas y en celdas ocupadas por las ratas. Hizo 14 huelgas de hambre. En una de ellas, cuando ya no aguantaba más, el ministro del Interior tuvo un gesto cariñoso y le envió, de regalo, un ataúd”,
COMENTARIO DE EDUARDO GALEANO AL LIBRO DE HUGO BLANCO, LLAMADO “NOSOTROS LOS INDIOS”.
El luchador social, quien organizó grupos de autodefensa para la ocupación y defensa de las tierras, relata que “en Convención y Lares fueron expulsadas comunidades indígenas amazónicas que no podían adaptarse al trabajo servil. Y el Estado pagaba a los nativos por sus tierras, 10 centavos por hectárea”.
A sus 83 años, le sonríe a la senda caminada. No se arrepiente de nada, y con su mirada seria dice, “si estoy vivo es por suerte, porque la policía uniformada, con la cual yo me enfrenté, tenia orden de agarrarme muerto”.
Blanco, indígena Quechua, relata que el Estado siempre ha utilizado a los propios indígenas o campesinos para que se maten entre ellos. Ese fue el caso de cuando fue perseguido por la policía y cuando pidieron la pena de muerte para él. Sabiendo quien había pedido la pena de muerte, Blanco respondió en el juicio definitivo. “Si los cambios sociales que han habido en la Convención (Departamento del Cusco) merecen la pena de muerte, estoy de acuerdo con la pena de muerte. Y señalé al que había pedido mi cabeza. Pero que sea esté (al que pidió la pena) el que me mate con sus propias manos, que no ensucie con mi sangre las manos de los policías, que son hijos del pueblo”.
El indígena Quechua ha pintado las paginas de la historia de su país en cada una de sus acciones. Pero también Actualmente, produce una serie de publicaciones temáticas, y un periódico mensual llamado Lucha Indígena, que recoge las últimas acontecimientos sociales y políticos del país, desde una visión indigenista. Ha estado presente en diversas luchas y resistencias, sobre todo, de los pueblos originarios de la Latinoamérica. Fue en el año de 1994 cuando pisó territorio liberado por el EZLN cuando hizo su primer acercamiento a esta organización. Desde entonces ha participado en diversos eventos públicos realizados por el EZLN y el CNI, asegurando que en las manos de los pueblos indígenas esta detener la destrucción del sistema capitalista. “Ahora que hay un ataque feroz contra naturaleza, los primeros en levantarse por la defensa de la madre tierra son los indígenas, porque le quietaron su agua, su tierra, y por lo tanto, la represión se descarga sobre ella. Esta en manos de nosotros los pueblos indígenas la posibilidad de crear una alternativa al capitalismo. Los zapatistas son una esperanza para los pueblos latinoamericanos”, señaló Blanco.
Sitio sagrado de la Muxatena, Nayarit. El lugar está amenazado por la ocnstrucción de un sistema de presas que inundaría la zona protegida por náyeris y wirrárikas.
En México se viola permanentemente el derecho humano al agua y al saneamiento. Esa fue la conclusión compartida por el Relator Especial de la ONU en la materia, Léo Heller, durante conferencia de prensa el 12 de mayo en la Ciudad de México. 102 organizaciones nacionales recibieron al funcionario y lo trasladaron a comunidades y poblaciones en el Valle de México, Veracruz y Chiapas para que atestiguara las problemáticas que enfrenta la mayoría de la población mexicana ante un sistema racista e ineficaz en la distribución y acceso al agua para consumo humano.
El Salto de Juanacatlán, Jalisco, es una de las caìdas de agua más grandes de México. Los altos niveles de contaminación en los afluentes de la zona son resultado de la actividad de más de 300 industrias que descargan sus desechos al agua en detrimento de la salud de toda la población.
Las organizaciones que apoyaron la visita del relator se han conformado en una coalición que dará seguimiento a las denuncias y propuestas presentadas al relator y las que éste haga al estado mexicano el próximo septiembre cuando presentará su informe de lo presenciado en México ante el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Mientras tanto la pasividad e indiferencia de las autoridades respecto al tema es la regla.
Exclusión: la norma histórica
Las mediciones oficiales de acceso al agua en México ofrecen un panorama sesgado e incompatible con la realidad al referir que 94% de la población cuenta con acceso al agua segura y adecuada. Los informes oficiales miden solo las obras de infraestructura -mantenimiento, operación y gestión aparte- lo cual contrasta con el cotidiano de millones.
Paradójicamente estados como Chiapas que cuentan con vastas fuentes de agua, padecen de los estragos por la mala distribución y las pésimas condiciones salubres en que es repartida. La desigualdad en el acceso al agua es la norma mexicana, reflejado como un problema histórico de discriminación evidente en la situación de pueblos originarios y en particular de las mujeres. A su vez, Chiapas cuenta con los mayores índices de mortalidad en niños y adultos mayores por desnutrición y enfermedades gastrointestinales, padecimientos determinados por la falta de acceso al agua segura y confiable que convierten en situación cotidiana la emergencia sanitaria en gran parte del estado.
Especialistas en manejo integrado de cuencas y calidad del agua de San Cristóbal de las Casas presentaron al relator de la ONU el sustento científico y técnico para ampliar la información de los niveles de contaminación en la ciudad de los Altos de Chiapas ante la ausencia de datos en el monitoreamiento y la información pública sobre la calidad del agua. En dichos reportes se encontró que todas las fuentes de abasto de agua en la ciudad presentan riesgos microbiológicos responsables de enfermedades que tienen incidencias en el desarrollo de diarreas comunes, tifoidea, hepatitis e incluso cáncer de estómago. Ante los resultados el grupo de expertos solicitó el saneamiento inmediato de las aguas residuales pues el agua en San Cristóbal de las Casas, como en la gran parte de Chiapas, no es potable.
También se denunció por anticipado las consecuencias negativas que traerán los planes de recortes presupuestales destinados a obras de agua que han sufrido un recorte de 37% a nivel nacional, lo cual pone entredicho cualquier plan oficial para cumplir con el derecho a la salud. En Chiapas existen 194 plantas de tratamiento de agua de las cuales solo funcionan 12 y la ciudad de San Cristóbal de las Casas es solo una de las múltiples en el estado que carecen de tratamiento de sus aguas residuales. No solo hay una falta de inversión sino un gasto errado.
Los municipios, encargados de la prestación del servicio, tienen poco soporte de los gobiernos estatales y federal, esto deriva en servicios muy precarios y se observa en la calidad del agua y el acceso real a ella pues los sistemas tarifarios impactan al sector más pobre de la población. También alarman las múltiples escuelas, hospitales y edificios públicos que carecen de instalaciones adecuadas para el suministro de agua. Por ello las organizaciones presentes en conferencia de prensa el 15 de mayo en Chiapas apuntaron hacia la corrupción en la administración de sistemas de agua potable urbanos. No solo a la cantidad de agua que suministran sino a la revisión de cuentas en obras, la administración interna de los sistemas de gestión, la falta de transparencia en gastos y la exclusión de la población en la elaboración de políticas públicas en relación al acceso al agua de calidad crean escenarios como la crisis hídrica de ayer y hoy.
¿Agua para quién?
La tribu Yaqui, de Sonora es uno de lo spueblos que mantienen la lucha contra el Acueducto Independencia, uno de los megaproyectos de infraestructura promovidos por empresas automovilistas y refresqueras para robar su agua.
Las organizaciones chiapanecas que contribuyeron a reportar varios de los 19 casos de violaciones al acceso al agua en México ante el funcionario de la ONU, demandaron que para respetar su derecho al agua de manera suficiente, salubre y potable para la población se debe colocar el bienestar público por encima de cualquier uso comercial o industrial. Por ello exigieron la revisión y revocación de las concesiones de agua que la Comisión Nacional del Agua recientemente renovó a Coca Cola-FEMSA, (propiedad local de un ramal denominado Inmobiliaria del Golfo SA de CV) quien extrae 1.6 millones de litros diarios, rebasando los 500 millones de litros de agua al año desde 1994 cuando comenzaron a explotar el Cerro del Huitepec, considerado como un “volcán de agua” por sus importantes volúmenes de aguas subterráneas.
En lugar de suministrar esa agua equivalente para 200 mil habitantes, todos los habitantes de San Cristóbal de las Casas con 80 litros por persona por un año, la empresa refresquera utiliza dichas cantidades para incrementar la epidemia de caries, obesidad y diabetes provocadas por el consumo de sus productos, principalmente en las poblaciones indígenas donde es más barato comprar Coca-Cola que en las ciudades. Otro de los problemas es la dependencia del agua embotellada y el hecho de que México tenga el más alto nivel de consumo per cápita en el mundo, 480 litros al año, es evidencia de la falta de confianza de la población sobre el agua que recibe además de que hay zonas del país donde las tarifas por el servicio son muy altas, lo cual es preocupante, porque si la gente no puede pagar se viola su derecho humano al acceso a este recurso.
Uno de los puntos retomados del discurso del realtor de la Onu es el efecto de la minería pues los aprovechamientos hidroeléctricos utilizados por la industria extractiva comprometen de forma seria el acceso de agua de calidad. Chiapas es una geografía siempre vista como surtidora de materias primas para todo el país, y en la actualidad lo es sobre todo de generación energética a través del sistema de presas en los mayores caudales de México. A dicha presión al recurso hídrico por los corredores energéticos, se suma la prioridad del uso industrial y minero conforme establece la reforma energética de 2013.
Sólo el Grupo México (empresa responsable por contaminar los mantos acuíferos del río Sonora con el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado y evasora de impuestos) mantiene 142 títulos de concesión de agua; y la minera canadiense Goldcorp, Inc, ocupa más de 47 millones 600 mil metros cúbicos anuales. Catorce empresas mineras han contaminado los cuerpos de agua de las comunidades donde se encuentran. Otras siete acaparan el líquido de tal forma que ponen en riesgo a las localidades que las circundan y el 38 por ciento de los proyectos mineros coinciden en zonas de acuíferos con disponibilidad hídrica precaria o que son considerados sobreexplotados.
Aspectos de la mina de oro en el cerro de San Pedro, San Luis Potosí, donde la actividad a cielo abierto se realiza a escasos metros de la comunidad, lo que orillo el desplazamiento de cientos de familias.
En el caso del norte de Chiapas, la apertura de la ronda 2.2 que se va a licitar para el 14 de julio sobre 84 mil 500 hectáreas en 9 municipios ha colocado en situación de alarma a la población zoque de la región. El riesgo: la contaminación de las fuentes de suministro en 8 arroyos y ríos de la cual depende el abasto de agua para todos.
Por último, campesinos tseltales de Petalcingo, municipio de Tila, que se dieron cita para protestar al final de la conferencia de prensa, manifestaron su rechazo a proyectos para construir centrales hidroeléctrica en su territorio; compartieron la situación de persecución y represión ejecutada por el sacerdote local, José Herrera Alcalá quien promueve la división de la comunidad mediante el otorgamiento de becas y la promoción de estatutos oficiales como el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares que han permitido la venta de tierras a particulares en México.
Campesinxs tseltales protestaron por la persecución y hostigamiento tras manifestarse contra proyectos hidroeléctricos en la zona norte de Chiapas.
Uno de los manifestantes denunció que desde hace siete años el ayuntamiento pretende controlar la gestión del agua pero debido a la resistencia de la comunidad su intento se vio frustrado. Sin embargo en la actualidad existen expediciones con helicópteros y presencia de funcionarios estatales, militarizando la región. Sumado a ello acechan una docena de órdenes de aprehensión producto de las protestas contra la construcción de la hidroeléctrica, hasta ahora no reconocida en los proyectos estatales.
La Fuerza de Tarea Conjunta Águila (FTC), presentada oficialmente este 27 de marzo para combatir al crimen organizado en Panamá, junto al Sistema Nacional de Protección Civil del país, con el uso de extrema violencia desalojaron a centenas de familias de sus viviendas, el pasado viernes 12 de mayo, en un barrio llamado Cerro Galera, en el distrito de Arraiján, considerado un asentamiento ilegal por parte de las autoridades. Durante el operativo, las fuerzas represoras provocaron la muerte de una persona, Demetria Montengero de Asprilla, que fue aplastada durante la demolición de una de las viviendas.
La Fuerza de Tarea Conjunta Águila, recibió entrenamiento del Comando Sur de los Estados Unidos y fue creada para combatir al crimen organizado. Son 300 elementos del Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio de Protección Institucional y el Servicio Nacional de Migración quienes conforman este grupo de élite.
“La unidad de la Fuerza de Tarea Conjunta Águila esta siendo utilizada para realizar desalojos y viabilizar megaproyectos, además de reprimir manifestantes”, asegura el Colectivo de Mujeres Diana Morán, quienes forman parte del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá. Dicho colectivo también exige el cese inmediato de los desalojos forzosos y una pronta solución al problema habitacional que reclama el Movimiento Comunal Nacional (MOCONA).
Asprilla pertenecía a la coordinadora Victoriano Lorenzo, una organización que reúne familias pobres del país para luchar por viviendas dignas, desde hace mas de 20 años. Cómo una de las estrategias de lucha, las familias realizan ocupaciones de tierras en el Este y Oeste de Panamá. “Las personas de Cerro Galera tenían viviendo más de 12 años ahí. Pero es una zona que el gobierno quiere recuperar para la ampliación del complejo Panamá Pacifico”, Señaló el abogado Pablo Martínez, asesor de la Coordinadora Victoriano Lorenzo.
El complejo inmobiliario Panamá Pacifico era una base de EE.UU., hasta 1999, llamada Howard. La Ley 41 de 2004 la convirtió en una Zona Económica Especial, que abarca por lo menos 1400 hectáreas, incluye espacios para oficinas, bodegas, centros comerciales, un parque industrial y de negocios, farmacias y hospitales, parques y más de 22 mil viviendas. Este proyecto solo ha avanzado el 15% y ya concentra a más de 300 empresas multinacionales. Un complejo financiado por el Banco Mundial (BM) a través de la Corporación Financiera Internacional. El desarrollo del proyecto se adjudicó a London & Regional Panamá (LRP), en abril del 2007, mediante una licitación pública internacional. “Otra áreas ocupadas por familia que no tienen dinero para comprar sus casas o pagar renta también van a ser despojadas”, agrega Martínez.
Las familias sostienen que no quieren que se regalen estas tierras, pero sí que el Estado expropie estas tierras y que se las venda a un precio que sea accesible. “Al gobierno no le interesa porque no generan ganancias como las empresas transnacionales”, dijo Martínez.
Mientras tanto, las autoridades han mostrados sus condolencias en las redes sociales ante la muerte de la señora, pero la gente de la comunidad lo toma como una burla. Por otra parte, los medios locales de información argumentan que la señora no vivía en el predio y que ella decidió entrar a su vivienda cuando llevaba más del 70% de la demolición. Pero los vecinos de esta comunidad sostienen que, “ella siempre ha vivido en este lugar. Aquí todos nos conocemos. Esto fue un asesinato y sus condolencias es una estupidez”.
Por otra parte el Colectivo de Mujeres Diana Morán denunciaron que, “el caso de la señora Asprina no es la primera víctima de estos desalojos violentos. A inicios de abril Adelaida García falleció como consecuencia de otro desalojo en Nueva Visión, Pedregal. (…) la Policía Nacional y otros elementos que conforman la Fuerza de Tarea Conjunta Águila, hoy se esta ensañando contra la gente más pobre que reclama tierra y una vivienda adecuada”.
