Niños juegan entre la milpa que crece en tierras recuperadas por la población maya Q'eqchi' de Chapín Abajo. Valle del Polochic, Guatemala. Foto: Aldo Santiago.
Un equipo de Avispa Mídia recorrió parte del sureste de México y Centroamérica, entre junio y agosto de 2023, para documentar los impactos de diversos megaproyectos propuestos como soluciones a la crisis climática y como desarrollo a territorios indígenas y campesinos.
Geografías donde están construyendo el Tren Maya, proyectos de producción de energía, proyectos de infraestructura, parques industriales, minería, territorios azotados por los efectos del cambio climático, incluso, por monocultivos que parecen inofensivos, como la palma africana, que forman un corredor de las plantaciones desde Honduras, Guatemala y el Sureste de México. Estos son algunos de los espacios donde hemos trabajado el periodismo desde abajo y donde hemos compartido con comunidades, pueblos y colectividades en este viaje.
A partir de esta experiencia hemos creado un micrositio especial de Avispa Mídia para reunir materiales inéditos de al menos 20 distintas geografías de Mesoamérica. Aquí se ira concentrando la producción de reportajes, videos y fotoreportajes que solamente está en su inicio. Las publicaciones serán continuas a lo largo de los próximos meses.
Pavel Ulíánov Guzmán, portavoz del CSIM al micrófono.
El pasado lunes (27), integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) denunciaron penalmente a Juan Calderón Castillejo, presidente municipal de Erogarícuaro, debido a las amenazas que profirió contra Pavel Ulíánov Guzmán, portavoz de la organización indígena.
Mediante comunicado, el CSIM detalló que el funcionario municipal amenazó con desaparecer a su vocero si continuaba impulsando procesos para la construcción de autonomías entre las comunidades indígenas de la región.
El Consejo rememora que, desde junio pasado, Ulíánov ya había sido amenazado de desaparición forzada por promover una consulta para que la comunidad purépecha de San Francisco Uricho, en Erogarícuaro, decidiera si implementa un proceso para autogobernarse, alejada del sistema político partidista.
Según el CSIM, Calderón Castillejo es un funcionario que ha destacado por accionar en contra de los procesos de autonomía de los pueblos originarios, “baste recordar que presentó 18 recursos jurídicos en contra del autogobierno de la comunidad de Jarácuaro, e impidió por 2 ocasiones la consulta libre, previa e informada en la comunidad de San Francisco Uricho”, detallan mediante comunicado.
Trabajos del CSIM en las comunidades originarias de Michoacán.
Incluso, refieren que el edil también amenazó de muerte, a través de sus operadores políticos, a las consejeras del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), por lo que ha sido declarado persona no grata y traidor de los pueblos y comunidades indígenas.
“Alzamos la voz para hacer directamente responsable de la integridad física del compañero vocero Pavel Ulíánov Guzmán, así como de todos los integrantes del CSIM, a Juan Calderón Castillejo, transgresor de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que busca reelegirse como presidente municipal”, sostiene la organización.
Autonomías en construcción
El CSIM es una organización en la cual convergen representaciones y autoridades (civiles, comunales y tradicionales) de 70 comunidades indígenas de Michoacán, donde se aglutinan pueblos purépechas, nahuas, otomís y mazahuas de la región occidente del país.
A pesar del contexto de violencia criminal y ante diversas amenazas de despojo territorial, el trabajo del Consejo se enfoca en la construcción de procesos autonómicos en las comunidades indígenas de Michoacán.
Recientemente continúan incorporándose más comunidades al trabajo del CSIM. El pasado lunes (27), la comunidad purépecha de Patamban, municipio de Tangancícuaro, mediante decisión de su Asamblea General dio inicio su camino para ejercer su autonomía y autogobierno. A su vez, el pasado 21 de noviembre, se integraron las colonias 20 de noviembre, Mapeco y Valle Dorado, del municipio de Uruapan.
El CSIM anunció la “Contracampaña política comunal hacia los traidores de las comunidades originarias”, mediante la cual denuncian al edil de Erogarícuaro, así como al presidente municipal de Hidalgo y al Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Michoacán debido a sus acciones legales en contra de las autonomías de pueblos como San Matías el Grande, San Francisco Uricho y Nahuatzen.
Acorde al CSIM, a las acciones de Calderón Castillejo, se suman la negativa de José Luis Téllez Marín, presidente de Hidalgo, para transferir el presupuesto directo a la comunidad otomí de San Matías el Grande.
Denuncian que el INPI, a través del titular en Michoacán, Celerino Felipe Cruz, “ha intervenido y litigado en contra de los autogobiernos”, además de señalar que demora los trámites para lograr la entrega de recursos directos tal como sucedió con la constancia de comunidad indígena, “requisito impuesto unilateralmente por el INPI”.
También anunciaron que, en 10 comunidades originarias, con un aproximado de 55 mil votantes, determinaron no permitir la instalación de casillas electorales para la jornada del próximo 2 de junio de 2024. Tampoco permitirán el ingreso de candidatos para realizar campañas partidistas.
Desapariciones, nunca más
Los integrantes del CSIM recuerdan que, durante la década de los 70s del siglo pasado, la familia Guzmán Cruz, de la cual es integrante su vocero Pavel Guzmán, fue víctima de desaparición forzada.
Cinco integrantes de la familia (Amafer Guzmán Cruz, Armando Guzmán Cruz, José de Jesús Guzmán Jiménez, Adenauer Solón Guzmán Cruz y Venustiano Guzmán Cruz) fueron dessaparecidos por elementos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Integrantes de la família Guzmán Cruz, desaparecidos durante la Guerra Sucia en México.
Actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “por lo que hacemos un llamado categórico y enérgico al gobierno de la República y al gobierno de Michoacán para que establezcan garantías de no repetición. Nunca más desaparición forzada en contra de opositores políticos y luchadores sociales”, sostiene el CSIM.
Manifestación de pobladores de Ixil contra el intento de despojo de tierras colectivas para desarrollos inmobiliarios.
Este martes (28), mediante conferencia de prensa, representantes de las comunidades mayas de Kinchil e Ixil, en Yucatán, quienes resisten ante proyectos inmobiliarios, reiteraron su lucha en la defensa de sus territorios.
Pobladores de Kinchil compartieron que el pasado domingo (26) consiguieron realizar una asamblea ejidal para tratar el tema de 4,000 hectáreas amenazadas por intereses inmobiliarios.
Pese a la negativa del Comisariado y el Consejo de Vigilancia para convocar a la asamblea, impulsada por 20 ejidatarios, durante la asamblea se reconocieron a 71 campesinos y campesinas que tienen posesión de las miles de hectáreas ambicionadas por intereses inmobiliarios, colindantes con la carretera que lleva de Kinchil hacia Celestún.
“Por unanimidad los ejidatarios reconocieron a todos los posesionarios, con lo que ya tienen un reconocimiento legal que les servirá para defender las tierras si las inmobiliarias intentan despojarlos. Toda esa zona ya aparece en venta en internet, a través de diversos intermediarios inmobiliarios. Son ventas fraudulentas, están engañando a posibles compradores”, denunció Federico May Cuitún, campesino de Kinchil.
Para los posesionarios del área es importante denunciar la intención de despojo por parte de las inmobiliarias. Por ello, Doña Gregoria del Rosario Dzul Cuá reiteró que “como posesionarios no queremos que esto se venda, no queremos dinero, queremos mantener esas tierras en la comunidad, eso es nuestra vida, de eso trabajamos”.
Dzul Cuá resaltó que su familia mantiene la posesión de dichas tierras desde hace 80 años, donde trabaja con abejas y ha vivido de lo que produce en el campo. También denunció que el Comisariado de Kinchil mantiene una estrategia para conseguir la firma de ejidatarios a cambio de un pago para que firmen y puedan vender las tierras. “Gracias a que la asamblea nos reconoció como posesionarios, ya estamos más protegidos”, comentó.
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Doña Sara María Dzul Tzuc, otra posesionaria de esa zona, denunció que han recibido amenazas, pero celebró la realización de la asamblea donde reconocieron a los ejidatarios de Kinchil. “Hasta ahora, los ejidatarios han sido engañados por el comisariado, pero el domingo salieron, incluso en silla de ruedas, y dieron su palabra. Ya nos habían dicho que nuestra lucha no tenía futuro, que abandonáramos, pero ahora estamos muy fuertes. La tierra no se vende, la vamos a defender”, sostuvo.
Durante la asamblea ejidal de Kinchil, también se aprobó por unanimidad una serie de acuerdos para ordenar al Comisariado Ejidal y al Consejo de Vigilancia “defender la posesión de las tierras de la comunidad de Kinchil amenazadas por intereses económicos ajenos (proyectos inmobiliarios, empresas porcícolas o avícolas)”.
Con esta decisión, las y los pobladores mayas exigen a sus representantes legales para que acaten las decisiones emanadas de la asamblea de su comunidad, máxima autoridad ejidal, ante malas prácticas por parte del Comisariado a quien acusan de actuar en favor de las inmobiliarias.
Ixil
Por su parte, pobladores de Ixil denunciaron el incumplimiento de la orden de suspensión que obtuvieron para evitar el cercamiento de sus tierras colectivas, lo que ha obstaculizado la realización del trabajo de campesinos y apicultores desde el pasado 17 de agosto.
Cabe recordar que la comunidad maya señala a las familias Abimerhi y Millet de intentar apropiarse de las tierras colectivas de Ixil. Jorge Yam Ek, uno de los demandantes en los juicios de amparo interpuestos por la comunidad de maya contra el intento de despojo, señaló que, tras el violento operativo policiaco de agosto, varios cientos de hectáreas de tierras de cultivo permanecen cerradas con alambre de púas y con sellos que amenazan con hasta tres años de cárcel a quienes violen los sellos.
“Aunque el Juzgado Primero de Distrito emitió la suspensión el 6 de noviembre de 2023, en la que ordena a la Fiscalía (de Yucartán) y a la SSP (Seguridad Pública de Yucatán) que se permita acceso a los pobladores de Ixil a estas tierras para la realización de actividades productivas, y que dichas autoridades se cercioren del acatamiento de la medida, aún no han quitado los alambres de púas que cierran los caminos cosecheros y los accesos a los predios”, denunció Yam Ek.
El poblador de Ixil declaró que, al igual que Kinchil, su pueblo está unido ante “la mafia de empresarios que se está queriendo apropiar de nuestras tierras. Es una maquinaria perversa compuesta de políticos, comisariados, notarios, la fiscalía, etc. Intentan que a la gente se amedrente y abandone el campo, pero estamos unidos y seguiremos defendiendo el territorio”.
Ciriaco Pech Tec, ejidatario de Ixil, detalló que debido al cercamiento de las tierras colectivas no han podido acceder con agua para suministrar a sus abejas. Tampoco han podido transportar herramientas para trabajar en su producción de hortalizas. “Todo hay que acarrearlo a mano a través de los alambres. Están los policías intimidando a la gente. El comisariado actual lleva dos años y medio pero no informa, le exigimos asambleas, le vamos a ver a su casa pero aún no convoca asamblea”, aseveró.
Durante la conferencia, se anunció el ingreso de una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), contra el proyecto inmobiliario Cedrón, aparentemente desarrollado por las empresas Grupo FIAT y ECOPSA Desarrollos, el cual pobladores de Ixil acusan que está deforestando selva a solo dos kilómetros de su comunidad.
Caminos interiores del proyecto Cedrón. Esta es un área recientemente devastadaPublicidad de la inmobiliaria Cedron
“Esto va a afectar la agricultura campesina que depende del monte para que haya buenas condiciones para la siembra, y también nos va a hacer más vulnerables ante inundaciones y ante el cambio climático. No vamos a permitirlo, en Ixil no queremos inmobiliarias ni granjas porcícolas o avícolas, queremos ser un pueblo libre”, señaló Karla Flores Arazola, de la comunidad maya.
El objetivo es clausurar el proyecto Cedrón “para que esa zona siga siendo selva y conservar nuestra agua limpia”, complementó Maria Estrella Cocom Noriega, representante de la comunidad.
Tajo a cielo abierto producido por la actividad minera del grupo Covia Materias Primas. Foto: Aldo Santiago.
En portada: Minería de arena de sílice en Jáltipan. Foto: Aldo Santiago
A través del proyecto Hilando el capital verde en Mesoamérica, Avispa Mídia atestiguó un enorme despliegue de maquinaria en el istmo veracruzano, región sur del estado. Las carreteras desde San Juan Evangelista hasta Coatzacoalcos se inundan de trabajadores, transportes y materiales. El boom del nearshoring -reubicación de cadenas productivas a las geografías más cercanas para el mercado-, impulsa la consolidación de proyectos estratégicos para el reordenamiento territorial del sureste mexicano.
La zona es clave para articular 10 parques industriales contemplados en el proyecto del Corredor Interoceánico, que también atraviesa Oaxaca. Cada estado sureño comparte cinco PODEBI (Polos de Desarrollo para el Bienestar), como se denominan los complejos industriales proyectados para la región.
Mapa elaborado por GeoComunes
Además, es un punto nodal para la interconexión ferroviaria con el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, así como por una serie de infraestructura de carreteras, puertos y aeropuertos que constituyen la apuesta por consolidar el andamiaje para la exportación de mercancías hacia mercados de EEUU, Europa y Asia.
Estas iniciativas forman parte de la articulación de megaproyectos que en la región se enlazan para acelerar la extracción de hidrocarburos -incluidos los no convencionales, más perjudiciales para el ambiente-, minería a cielo abierto y como clúster de la agroindustria.
Foto: Aldo Santiago
Chinameca
“Pieza clave” es la descripción del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) sobre la estación de compresión ubicada en Chinameca, Veracruz.
Foto: Aldo Santiago
Dicha infraestructura funciona para la compresión y almacenamiento del gas para su posterior distribución y comercialización. Las estaciones están interconectadas mediante ductos de recolección desde los sitios para la extracción de hidrocarburos del subsuelo.
Un análisis de CartoCrítica destaca que los principales lugares de producción en México son las aguas del golfo de México, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Chiapas. Acorde a la cartografía, en México existe una red de 1,291 proyectos con una longitud mayor a 34 mil kilómetros.
Foto: Renata Bessi
A estos, se añade la construcción del gasoducto Puerta al Sureste, ducto submarino de 715 kilómetros que conectará con el ducto Jáltipan-Salina Cruz, terminal en la costa oaxaqueña desde donde exportará gas a Europa y Asia. El mismo está planeado para proveer gas a la península de Yucatán, al tren maya y a los PODEBI.
En junio de este 2023, Abraham David Alipi Mena, director general de Cenagas, anunció la rehabilitación de esta estación, que moviliza diariamente 300 millones de pies cúbicos de gas natural.
El funcionario de Cenagas, perteneciente a la Secretaría de Energía, resaltó la importancia de la estación para el transporte de gas de sur a norte de México y viceversa, con la cual buscan aumentar la producción diaria con hasta 800 millones de pies cúbicos.
Foto: Aldo SantiagoFoto: Aldo SantiagoFoto: Aldo Santiago
“La idea es darle mayor flexibilidad al sistema y con esto poder atender las necesidades que hay, y sobre todo el incremento de la inyección en la producción de gas natural”, remarcó el titular del organismo gestor del transporte y almacenamiento del hidrocarburo.
Chinameca también alberga infraestructura de, por lo menos, cuatro de las gigantes de la agroindustria en México: Bachoco, Campi, Maseca y Oleofinos.
Esta última, pertenece al grupo Oleomex, conglomerado de 15 empresas que posee participación en la siembra, procesamiento y distribución de aceite de palma. Entre sus principales clientes se encuentran multinacionales como Cargill, PepsiCo y Nestlé.
Foto: Aldo SantiagoFoto: Aldo Santiago
La planta procesadora, la primera del estado y especializada en la refinación de aceites y grasas vegetales, fue inaugurada en 2010. Con el argumento de brindar empleo en la región, también se promovió como una fuente para la producción de biodiésel y con ello impulsó los monocultivos de palma en el sur de Veracruz.
La inversión para la planta procesadora se enmarcó en el Programa Estratégico Trópico Húmedo para potencializar monocultivos de cacao, hule y palma aceitera en el sur-sureste mexicano. A su vez, Oleofinos proyectó la instalación de su infraestructura en esta región por la posibilidad de exportar el aceite de palma hacia el sur de los Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe.
Foto: Aldo SantiagoFoto: Aldo Santiago
Para el proceso de convertir el aceite de palma de una sustancia líquida a sólida o semisólida se utiliza el proceso de hidrogenación con elementos catalizadores como el níquel y el cromo, cuyo residuo derivado de la actividad industrial es altamente tóxico.
De acuerdo al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, elaborado por la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales, la procesadora de Olefinos reporta hasta 2021 la descarga de elementos como el cromo, níquel y bióxido de carbono tanto al aire, agua y suelo en Chinameca.
Mecayapan
Veracruz ocupa el cuarto lugar en producción de palma aceitera, detrás de Chiapas, Campeche y Tabasco. De acuerdo con la Federación Mexicana de Palma de Aceite, es en el sur de esta entidad donde se concentran más de 9 mil hectáreas de este monocultivo.
Entre los municipios de Acayucan y Mecayapan suman el 40% (3,169.5 hectáreas) de las plantaciones de la región y del estado. Y es en Mecayapan donde se registró la mayor producción en 2021, al generar el 21% del total de Veracruz con más de 15 mil toneladas de Racimos de Fruta Fresca.
Foto: Aldo Santiago
Además de las inversiones privadas, esto se ha logrado con el apoyo estatal con acciones como la entrega de toneladas de fertilizantes químicos como el “Triple 17” a miles de productores del sur de Veracruz.
En consonancia, el Consejo Mexicano Para el Desarrollo de la Palma de Aceite ha localizado entre 2 y 4 millones de hectáreas que cuentan con buen y mediano potencial para la producción de palma de aceite en los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche.
Un análisis del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano y la organización México Vía Berlín resalta la importancia de la ubicación de las plantaciones de palma. Destaca que la región del norte de Acayucan y Mecayapan se expanden cerca o a lo largo de las vías de comunicación. Lo que conllevaría a una acelerada expansión con la interconexión de la región con el Corredor Interoceánico y el Tren Maya.
Foto: Aldo Santiago
Jáltipan
El coque de petróleo es un residuo de la actividad de refinación petrolera y de derivados de carbón. Es utilizado como combustible para generadores eléctricos y cuenta con un alto nivel de azufre conllevando problemas de afectación en el ambiente.
Foto: Aldo Santiago
Desde hace más de 10 años, en el municipio de Jaltipán que cuenta con más de 40 mil habitantes, opera una planta de almacenamiento de coque. Pobladores señalan como una fuente de contaminación al encontrarse dicho material en grandes cantidades y a cielo abierto.
Organizaciones ambientalistas como Chogosteros en Acción acusan que dicho contaminante provoca enfermedades que van desde neumonías y fibrosis pulmonar hasta insuficiencia hepática y renal, deformidades, abortos y cáncer.
Foto: Aldo Santiago
Propiedad de la empresa de capital español ADN Energía, desde julio de 2013 comercializa más de 1 millón de toneladas por año de coque de petróleo. Las y los pobladores de la región denuncian que la compañía instaló el tiradero de coque a cielo abierto sobre manantiales, en una superficie que alcanza más de 25 hectáreas.
Foto: Renata BessiFoto: Aldo Santiago
Grupo Covia es una empresa norteamericana que se presenta como respetuosa del medioambiente y difunde diversas iniciativas “sustentables” y de conservación.
Así promociona que su planta de minería y procesamiento Jáltipan ha sido reconocida por “preservar y restaurar el hábitat cerca de la instalación”.
Foto: Aldo Santiago
En contraste, sus operaciones que realiza entre los municipios de Jáltipan y Chinameca, donde extrae arena de sílice para la fabricación de vidrio han sido señaladas como dañinas del medioambiente. Pobladores locales acusan que los residuos afectan a 10 mil habitantes de la región y además contamina el río Chacalapa.
Covia Holdings Corp también mantiene operaciones en Chihuahua, Puebla, Coahuila y Guanajuato. Entre los minerales que extrae se encuentran zinc, plomo, plata y hierro.
Las organizaciones de tortillerías y molinos de nixtamal de México han remarcado el rechazo al uso de maíz transgénico para la elaboración de masa y tortillas, alimento básico de los mexicanos. “Es nuestra responsabilidad y compromiso llevar a los hogares de México un producto sano y nutritivo. Por lo tanto, estamos en contra de usar como materia prima el maíz transgénico”, expresaron las organizaciones en un comunicado.
En diciembre de 2020 se publicó un decreto contra el maíz genéticamente modificado, el cual se debía eliminar de la alimentación. En un nuevo decreto, de febrero de 2023, se quita el plazo para prohibir el maíz transgénico en la alimentación animal e industrial de alimento humano. Se prohíbe el maíz transgénico, así como el uso de glifosato, a partir de 31 de marzo de 2024.
Sin embargo, a partir de la decisión del gobierno mexicano, las presiones por parte de corporaciones agroalimentarias, como Bayer-Mosanto, y de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá (T-MEC), empezaron, tanto judicialmente como por la vía del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México.
Inicialmente las presiones desembocaron en una petición de consultas técnicas en junio de 2023, cuestionando las bases científicas en que se sustenta dicho decreto.
A partir de entonces el gobierno mexicano ha presentado las pruebas necesarias e incluso, propuso realizar una investigación conjunta con los Estados Unidos con el propósito de analizar los daños ocasionados por el glifosato y los maíces transgénicos a la salud humana. El gobierno estadunidense se ha negado.
“Esta negativa muestra que no existe voluntad de avanzar de manera constructiva ya que el solo hecho de aceptarlo pondría en duda lo que el gobierno de Estados Unidos y las transnacionales han buscado imponer como verdad absoluta que el paquete tecnológico glifosato y maíz transgénico no conlleva daños a la salud”, sostuvo la Campaña Nacional Sin Maíz no Hay País.
El pasado 17 de agosto, el gobierno de Estados Unidos solicitó establecer, en el marco del T-MEC, un panel de controversia sobre la restricción que el gobierno mexicano ha establecido para la importación de maíz transgénico.
“No permitamos que un país extranjero a través de un tratado comercial imponga condiciones que ponen en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano, a la salud, a la vida, a un trabajo digno libre de tóxicos”, sostuvieron las organizaciones de la campaña.Las organizaciones de tortillerías sostienen que desconocen “cualquier posicionamiento que no provenga del consenso colectivo y que responda a intereses desconocidos” y solicitan que “las autoridades competentes otorguen los apoyos necesarios a los agricultores encargados de la siembra de nuestro maíz, para alcanzar la suficiencia alimentaria”.
En 2022 se cometieron al menos 768 agresiones contra 131 defensoras y 41 organizaciones que defienden el derecho de las mujeres en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Tres de estas defensoras fueron asesinadas: Grisell Pérez Rivera y Jasibhe Natalie Díaz Morales en México, y Nesly Consuegra Monterroso en Guatemala. Los datos son del registro mesoamericano de agresiones contra defensoras de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), organización que articula a casi 3 mil defensoras y 300 organizaciones en Mesoamérica.
La mayoría de estas agresiones, 500, tuvieron carácter colectivo, frente a las 154 que estuvieron dirigidas contra defensoras a nivel personal y 112 contra organizaciones o grupos. Alrededor de 56% de las agresiones se dieron en el espacio público, principalmente en la calle. Una de cada diez se perpetró a través de medios virtuales o electrónicos como redes sociales, teléfonos, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería de texto.
Los Estados aparecen como los principales agresores de las defensoras, siendo identificados como responsables en más de la mitad de las agresiones (56,1%) a través de fuerzas de seguridad y autoridades públicas de diferentes niveles. Por otro lado, uno de cada cinco perpetradores (20%) es desconocido, ya sea porque no se identifica a la persona que realiza la agresión directa presencial o porque se trata de un usuario virtual desconocido.
Las defensoras y sus organizaciones son quienes acompañan a las víctimas de la violencia machista, quienes denuncian ante las autoridades y la opinión pública, quienes llevan a cabo campañas de prevención y proporcionan albergue y protección para las mujeres y sus hijos, hijas e hijes, entre muchas otras acciones.
Para la IM-Defensoras, reconocer la importancia de su trabajo, así como garantizar que puedan manifestarse en las calles y ejercer su labor sin limitaciones y de manera segura, es urgente y vital en un contexto como el mesoamericano, donde la violencia contra las mujeres está generalizada y normalizada y donde existe una de las tasas de feminicidios y de impunidad más altas del planeta.
En los países
En México, la IM-Defensoras documentó un total de 519 agresiones contra 91 defensoras y 5 organizaciones. La mayor parte de las agresiones se dieron en acciones colectivas como las manifestaciones feministas. Adicionalmente se registraron 23 casos de abuso sexual durante acciones colectivas. La Policía aparece como la principal responsable de las agresiones en este país, 38%.
En Nicaragua, se documentaron 155 agresiones contra 17 defensoras y 35 organizaciones. Más de la mitad de estas agresiones fueron perpetradas por autoridades públicas, 58%. Sólo en 2022, las autoridades de este país cancelaron la identidad jurídica de 30 organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las mujeres y niñas.
En Honduras,sedocumentó 70 agresiones contra 15 defensoras. Casi la mitad de las agresiones, 47%, fueron perpetradas por una persona denunciada previamente por la defensora, o el/la abogada o personas que respalda a dicha persona.
En El Salvador,las agresiones documentadas, 14, fueron en su mayoría de carácter colectivo y dirigida a organizaciones. Los usuarios virtuales desconocidos fueron los principales agresores, seguidos de instituciones del Estado.
