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Confirman sobornos de Solway al gobierno del expresidente Giammattei

Por Nelton Rivera/Prensa Comunitaria

Ex presidente Alejandro Giammattei y ex ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel Mata son sancionados por recibir sobornos de las empresas mineras rusas y beneficiarse de la corrupción en el Estado. Al mismo tiempo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos levantó las sanciones a las empresas rusas en Guatemala implicadas en esos sobornos. 

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió a primera hora del 17 de enero una nueva sanción económica a través de la Ley Global Magnitsky para uno de los ministros del gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. Se trata de Alberto Pimentel Mata quien estuvo al frente del Ministerio de Energía y Minas (MEM) durante el período 2020-2024.

A Pimentel, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le congeló todos sus activos en los Estados Unidos y con la sanción previa en la Lista Engel le fue retirada la visa y se mantiene la prohibición para ingresar a ese país.

El gobierno norteamericano confirma que la empresa transnacional ruso-suiza Solway Investment Group, propietaria de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Compañía Procesadora de Níquel (Pronico) y la empresa rusa Telf Ag dueña de MayaNíquel realizaron sobornos directamente al ex ministro y a Giammattei.

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Este mismo miércoles (17) por la tarde fue publicada una nueva sanción, esta vez al ex presidente Alejandro Giammattei por su implicación en la corrupción dentro del Estado y por recibir sobornos. Se le retira la visa y a sus familiares, entre los que se encuentran los tres hijos: Ana Marcela Dinorah Giammattei Cáceres, Alejandro Eduardo Giammattei Cáceres, y Stefano Giammattei Cáceres.

“El Departamento de Estado tiene información creíble que indica que Giammattei aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato como presidente de Guatemala, acciones que minaron el estado de derecho y la transparencia gubernamental”, afirma el comunicado del Departamento de Estado.

“Pimentel utilizó su posición oficial para explotar el sector minero guatemalteco a través de esquemas de soborno, incluyendo esquemas relacionados con contratos gubernamentales y licencias mineras”, cita otro comunicado del Departamento de Estado.

Créditos- Viñeta Nelton Rivera

El 31 de octubre de 2023, el Secretario de Estado Antony Blinken, designó en la Lista Engel a Pimentel Mata y a sus familiares, también al viceministro Oscar Rafael Pérez Ramírez por su implicación en actos de corrupción en el Estado de Guatemala.

Solway que opera varios proyectos mineros en Alta Verapaz e Izabal entregaron sobornos a Pimentel para controlar, dirigir y obtener el resultado positivo en la Consulta Comunitaria de buena fe que la Corte de Constitucionalidad (CC) le ordenara al MEM realizar desde 2019.

Dos años después, Pimentel Mata y Pérez Ramírez realizaron la consulta en diciembre de 2021, bajo un Estado de Sitio, la represión del pueblo Q’eqchi y con la única participación de la empresa minera en El Estor.  

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Dicha consulta fue anulada por la CC en abril de 2022: La consulta comunitaria realizada en El Estor deberá revertirse pues la CC la ha declarado ilegal.  La resolución de la CC ordenó la suspensión de las operaciones del proyecto minero Fénix hasta que se repitiera la Consulta Comunitaria de buena fe a todas las comunidades afectadas por la mina, licencia que afecta a El Estor en Izabal, Panzós, Cahabón y Senahú en Alta Verapaz.

A esta resolución se suma la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado por el caso de la comunidad Lote 9 Agua Caliente y le ordena repetir la Consulta Comunitaria en la misma línea de lo resuelto por la CC. Estado de Guatemala y la empresa Solway reciben revés con sentencia de la Corte-IDH

A las mineras rusas se les levantan las sanciones de OFAC 

El mismo día que Estados Unidos informó sobre las nuevas sanciones, las tres filiales en Guatemala de las dos empresas rusas Telf Ag y Solway fueron beneficias por la OFAC.

MayaNíquel, CGN y Pronico fueron removidas de la base de datos de empresas y personas sancionados de la OFCA y en su lugar fue agregado Pimentel Mata.

La misma tarde del 17 de enero, a las 17:05 horas, en el medio Soy502 se publicó una nota confirmando que Mayaníquel ya no esta sancionada por la OFAC, por su lado CGN hizo el mismo anuncio localmente en el municipio de El Estor.

En sitio de la OFAC se puede confirmar que fue este 17 de enero a primera hora cuando a las empresas mineras rusas se les levantó la sanción y en el mismo momento se incluye la sanción para Pimentel Mata.

Publicación de la OFAC del 17 de enero de 2024

El comunicado citado no fue publicado oficialmente por la empresa en ninguno de sus sitios oficiales. Por su lado CGN y Pronico tampoco han reaccionado públicamente.

Sobre Alejandro Giammattei pesa la denuncia de los sobornos de empresarios rusos de Mayaníquel, quienes pretendían agenciarse de la concesión del Puerto Santo Tomas de Castilla, a través de una concesión a la empresa Atlantic Bulk Cargo, S.A. (ABC).

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La Fiscalía Especial Contra la Corrupción FECI inició una investigación contra Giammattei conocido como la Alfombra Mágica o trama rusa, pero el caso no avanzó ya que el expresidente fue protegido por la fiscal general Consuelo Porras.

Este caso provocó la salida al exilio del jefe de la FECI Juan Francisco Sandoval en julio de 2021 y la prisión política del periodista Jose Rubén Zamora director de El Periódico desde el 29 de julio de 2022 hasta el día de hoy.

Por este caso, ahora Estados Unidos le retira la visa al expresidente de Guatemala y a Pimentel Mata. Alejandro Giammattei se queda sin visa por corrupto.

EE.UU. acusa de recibir sobornos millonarios al exministro Alberto Pimentel, no es el primero de los señalamientos en 2021 las Autoridades Ancestrales y comunitarias de  El Estor y Panzós denunciaron penalmente al exministro y a su viceministro por los delitos de discriminación, desobediencia, abuso de autoridad y usurpación de funciones.

Ejército genera tensión en Chiapas; retenes del crimen organizado permanecen intactos

En portada: Fotograma de video donde se muestra la irrupción violenta de los militares en el ejido Nuevo América, región fronteriza entre Chiapas y Guatemala.

La mañana de este martes (16), miembros del Ejército mexicano y Guardia Nacional (GN) irrumpieron con violencia al ejido Nuevo América, municipio de Chicomuselo, donde pobladores habían colocado cercas para evitar el ingreso de grupos armados que se enfrentaron la noche del lunes (15) en la región.

Desde 2021, se registra una crisis de violencia y seguridad en esta región fronteriza con Guatemala. Testimonios han dado cuenta sobre una guerra entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, cuyos enfrentamientos violentos han provocado el desplazamiento forzado de miles de personas.

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A través de un comunicado urgente, la Sociedad Civil del pueblo de Chicomuselo hizo un llamado a la comunidad internacional para denunciar que, a la violencia del crimen organizado, se suma ahora el ataque de las fuerzas armadas, “quienes están violentando a la sociedad civil que ha decidido resguardar sus pueblos por la creciente violencia y enfrentamientos entre cárteles”.

Ante el arribo de los militares, quienes acusan a los pobladores de pertenecer a grupos criminales, habitantes del ejido Nuevo América y otras poblaciones circundantes a la presa Belisario Domínguez solicitaron el diálogo con las fuerzas armadas para explicarles las razones del cercamiento, pero éstos se negaron a escuchar y les violentaron.

 “La población se pregunta por qué no resguardan los lugares donde se encuentran los grupos criminales y liberan las carreteras que mantienen bloqueadas desde hace más de dos años, pero sí entran a las comunidades donde la gente está organizada para cuidar sus ejidos”, reclama la población.

Mediante videos que circulan en redes sociales se puede observar el ingreso violento de los militares y GN pese al intento de diálogo por parte de los pobladores. 

Un testimonio difundido por Radio Zapatista señala que elementos del Ejército lanzaron piedras y gas lacrimógeno contra los campesinos. “Llevaban barretas, desbarataron las líneas de los señores campesinos y la gente pues ya no tuvo donde, no aguantó”, detalla el testimonio anónimo. Mediante el audio, explica que no hubo respuesta violenta por parte de los campesinos pese las agresiones de los militares, quienes lastimaron a pobladores  y retuvieron a dos personas, cuyo paradero desconocen.

Como resultado del ingreso de las fuerzas armadas se reporta el aumento de familias desplazadas por la violencia entre las comunidades ubicadas en la franja de la presa también conocida como “La Angostura”. A éstas poblaciones, se añaden otros ejidos con migración forzada a causa del miedo y del terror de la violencia que se está viviendo. 

De acuerdo al comunicado éstas poblaciones son: Rizo de Oro, Guadalupe Maravillas, Perlas del Grijalva, Resplandor, Retiro y San Isidro del municipio de la Concordia. Puerto Rico y Chejel del municipio de Socoltenengo. Julio Sabines, Benito Juárez, Nueva América, Corona del Rosal, Pablo L. Sidar, Raizal, Madero, Nueva Morelia, Limonar, La Lucha, La Unión, San Francisco, La Pinta, San Ignacio, Sabinalito, Las Flores, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Piedra Labrada, Lázaro Cárdenas, y la cabecera municipal de Chicomuselo.

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El testimonio difundido por Radio Zapatista asevera que la situación es grave debido a que las familias, muchas con niños y gente enferma huyeron hacias las montañas y hacia la presa. “El otro problema que ahí están estancado nadie los pasa, los lancheros se corrieron también, entonces es un caos aquí en la orilla de la presa. Está muy feo, quedaron cerradas las casas, todo quedó cerrado, abandonado, abandonaron sus animales, sus animalitos de corral, ganado, caballos, sus autos ya no lo pudieron pasar para aquel lado de la presa. También hubieron mujeres que igual se salieron corriendo por el gas que aventaron, también hubo disparos por parte de ellos”, se narra en el audio.

En el comunicado, la población se cuestiona por qué las fuerzas armadas permitieron el desalojo de varias comunidades por parte de los grupos criminales mientras permanece secuestrado el pueblo sin que intervengan contra los sujetos armados.

“¿Por qué violentan a las comunidades en resistencia?”, cuestionan en el documento difundido tras las agresiones. “Se ha perdido la confianza en los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional del 101 batallón de infantería ubicado en el municipio de Chicomuselo, porque hasta ahora solo actúan contra la población que resguarda sus comunidades y pide diálogo y no contra los que desalojan, asesinan y secuestran a los pueblos, como en el caso de la cabecera municipal de Chicomumselo, Comalapa, Siltpec y Amatenango, donde hay retenes permanentes con casetas de los grupos criminales que revisan celulares, mochilas, cobrando el derecho del paso y de piso, controlan los precios y los tiempos de las cosechas de los campesinos”, detallan.

Militarización y crimen a la par

Organizaciones internacionales de derechos humanos, con trabajo en Chiapas y el sur de México, como el Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR) y del Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ) difundieron un comunicado para externar su preocupación por la violencia armada que azota la región desde 2021.

Mediante un documento, aseveran que la confrontación entre grupos criminales “está impactando fuertemente a la población civil, a través de actos de desaparición forzada, tortura, reclutamiento forzado, explotación sexual, extorsión y desplazamiento y otras estrategias de control de la población”.

Resaltan que el panorama de violencia afecta especialmente a personas defensoras de derechos humanos. “Hemos recibido información procedente de la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala de casos de asesinato, tortura y desaparición de personas defensoras que ejercían actividades de defensa – denunciando la vulneración de los derechos de la población civil, o negándose a sostener uno o el otro contendiente -, y cuya perpetración parece tener propósitos ejemplarizantes. Ello ha llevado a diversas personas defensoras de derechos humanos a buscar refugio lejos de sus comunidades de origen y a suspender sus actividades de defensa de los derechos humanos”, contextualizan.

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Acorde a las organizaciones, este escenario se estaría desarrollando ante la inacción de las autoridades, “siendo la militarización de todo el estado la única respuesta, sin efecto consistente para frenar la violencia”, sostienen.

Enfatizan que Chiapas es uno de los estados con mayor presencia militar en todo México. Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hasta julio del 2022 se encontraban desplegados 17 mil 160 elementos del ejército y Guardia Nacional.

“El aumento exponencial de la violencia y las omisiones del Estado están resultando en el cierre completo del espacio de acción para la defensa de los derechos humanos, y nos preocupa que ante ello no se estén implementando mecanismos de protección”, reclaman las organizaciones de derechos humanos.

Anuncian demanda contra EEUU y Reino Unido por complicidad de genocidio hacia Palestina

Cerca de 50 abogados sudafricanos, liderados por el jurista Wikus Van Rensburg, están preparando una demanda legal contra los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, acusándolos de complicidad en los crímenes de guerra ejecutados por Israel hacia Palestina. La iniciativa busca procesar a los coautores de los delitos mediante tribunales civiles y cuenta con la colaboración de abogados estadounidenses y británicos.

En declaraciones a la agencia Anadolu, Van Rensburg argumenta que Estados Unidos debe rendir cuentas por las infracciones cometidas en la región, destacando la importancia de este proceso. Compara la situación con lo ocurrido en Irak, señalando que, a pesar de los crímenes cometidos, Washington no fue responsabilizado debido a la falta de atención adecuada sobre el tema. Afirmó que, actualmente, Estados Unidos está gastando recursos para permitir que Israel continúe sus ataques en Gaza, instando a poner fin a esta situación.

La acción legal surge tras las audiencias por genocidio en la Franja de Gaza presentadas por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Van Rensburg ve este caso como un ejemplo para su demanda y espera que, si la CIJ falla a favor de Sudáfrica, Estados Unidos pueda enfrentar sanciones incluso si no acepta el veredicto. Destaca que el fallo fortalecerá el caso contra la administración de Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos (EEUU).

El grupo de abogados ha escrito cartas abiertas a los líderes de EEUU y Reino Unido, recordándoles su responsabilidad en estos crímenes de guerra. Van Rensburg subraya que Sudáfrica ha presentado argumentos sólidos en La Haya y expresa confianza en llevar a cabo el proceso legal en el extranjero trabajando en conjunto.

Esta iniciativa refleja la creciente preocupación internacional por la rendición de cuentas en conflictos armados y destaca la búsqueda de justicia para las víctimas de crímenes de guerra en Palestina.

Alemania defiende a Israel

Mientras tanto Alemania ha resaltado su apoyo a Israel, rechazando la acusación de "genocidio” que viene realizando en la Franja de Gaza. El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit, anunció la intención de intervenir como tercera parte en el proceso, generando divisiones en la comunidad internacional.

Esta declaración de apoyo a Israel fue recibida con entusiasmo por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien expresó su agradecimiento al canciller alemán, Olaf Scholz. No obstante, la presidencia de Namibia condenó la posición de Alemania, recordando el genocidio cometido por colonizadores alemanes en Namibia a principios del siglo XX. 

Namibia expresó su consternación y cuestionó la autoridad moral de Alemania al recordarle que este Estado fue responsable del genocidio de los pueblos Herero y Nama en Namibia, ocurrido entre 1904 y 1908, donde los colonizadores alemanes asesinaron de entre 34 mil y 110 mil personas de estos pueblos nativos.

Berlín acabó reconociendo en 2021 lo ocurrido como un genocidio, pidió disculpas y ofreció una indemnización de 1,100 millones de euros a los descendientes.

La Presidencia de Namibia considera que Alemania, al respaldar a Israel, carece de autoridad moral para declarar su compromiso con la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio. Hace referencia a las muertes violentas de más 23 mil palestinos en bombardeos israelíes y acusa a Alemania de respaldar un "holocausto y genocidio" en Gaza.

Sin hallazgos, a un año de la desaparición forzada de defensores en Michoacán

En portada: Como parte de las protestas por la desaparición de los defensores, familiares y amigos se concentraron fuera de la Procuraduría Agraria el 27 de enero de 2023. Foto: Oliver Méndez/ObturadorMX

El pasado lunes (15) se cumplió un año de la desaparición forzada del abogado defensor de derechos humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, y del profesor y líder de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Antonio Díaz Valencia. Ambos sostenían la defensa legal de la población nahua, ubicada en la región Sierra Costa de Michoacán, para garantizar la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, propiedad de la empresa Ternium.

Lagunes y Díaz fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban entre los límites de Michoacán y Colima, después de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde aquel momento no se tiene información de su paradero y sus familiares continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.

Familiares de los defensores desaparecidos realizaron una manifestación en la Glorieta de las y los desaparecidos, en la Ciudad de México, el 22 de enero de 2023. Fotografía: Ulises Martínez/ObturadorMX

El crimen ocurrió a pesar de que, meses atrás, Díaz y Lagunes habían alertado a las autoridades, tanto estatales como federales, sobre una serie de amenazas contra ellos y otras personas de la comunidad indígena. Desde hacía tiempo, los pobladores nahuas señalaban a la minera, que extrae uno de los principales yacimientos de hierro en México, como un factor de división y fragmentación social al interior de la comunidad.

Pese a las advertencias reportadas a las autoridades de diferentes niveles, a quienes se les solicitó su intervención para mediar los conflictos entre la población y la minera para evitar la escalada de la violencia en la región, estas fueron ignoradas, destaca un comunicado de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (RedTDT).

No es un caso aislado

Mediante posicionamiento a un año sin información de su paradero, la RedTDT asevera que la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz no es un hecho aislado. “En los últimos 15 años han desaparecido más de 93 personas defensoras ambientales en México, 62 de ellas por defender el territorio indígena ante proyectos de minería y de tala clandestina de madera”, asevera la red de organismos de derechos humanos en México.

Cabe destacar que, durante el último año, en la región Sierra Costa de Michoacán se han registrado mas ataques y desapariciones contra otras comunidades indígenas y defensores del territorio. De acuerdo a la RedTDT, esto sucede en un contexto fuertemente marcado por la injerencia de la empresa Ternium y la presencia del crimen organizado.

Resaltan los ataques contra la comunidad nahua de Santa María Ostula, donde tres guardias comunitarios fueron asesinados días después de las desapariciones en Aquila. Ostula también reporta cuatro defensores del territorio que continúan desaparecidos.

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También se registró, el 1 de abril del 2023, la desaparición de Eustacio Alcalá, perteneciente a la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, población que desde 2017 se declaró como territorio libre de minería y que mantiene una batalla legal para cancelar las concesiones minera de Las Encinas. Tres días después de su desaparición fue encontrado el cadáver de Alcalá.

Eustacio Alcalá, líder de la comunidad nahua de San Juan Huitzontla. Foto: Cortesía Centro Prodh/Mongabay

“Ante las múltiples exigencias de colaboración con la empresa, la respuesta de todos los actores fue continuar las negociaciones económicas dejando en segundo plano las desapariciones y sin fortalecer las estrategias de búsqueda y localización. Tanto el gobierno de Michoacán como el gobierno federal aceleraron los acuerdos con la empresa Ternium, para reactivar la operación de la mina e incidieron en actores locales para que respaldaran esta decisión, aprovechando la gran dependencia económica que la mina históricamente ha generado en la comunidad”, destaca la RedTDT sobre el lento avance en la búsqueda de Lagunes y Díaz.

Acorde al posicionamiento, a un año de su desaparición forzada, las familias de los defensores han experimentado la realidad que viven miles de buscadoras y buscadores en México, “simulación, superficialidad en los compromisos de búsqueda e investigación y  revictimización desde todas las esferas gubernamentales”.

Ejido Tila denuncia agresiones armadas y asesinato de integrante del CNI

En portada: Ejidatarios de Tila durante movilización en Ciudad de México para reclamar la devolución de 130 hectáreas usurpadas por la presidencia municipal en la década de los ochenta. Foto: La otra Ejido Tila

El pasado fin de semana, ejidatarios del municipio de Tila difundieron un par de comunicados para alertar sobre el incremento de la violencia y el asesinato de un integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI) en el poblado chol, región norte de Chiapas.

En uno de los documentos difundidos, aseveran que fue durante la noche del viernes, 12 de enero de 2024, cuando integrantes de un grupo criminal dispararon con armas de uso exclusivo del ejército (calibre 9mm) contra Carmen López Lugo.

Los ejidatarios señalan como responsables del asesinato de López Lugo, quien fungiera como presidente del Consejo de Vigilancia en el periodo de 2018 a 2021, a la organización criminal conocida como “Autodefensas Karma”.

 “Este grupo se ha visto promoviendo a unos supuestos precandidatos a la gubernatura del estado de Chiapas de apellido Sasil (Sasil Dora Luz de León Villard) y Eduardo Ramírez Aguilar (ambos senadores), para que se den cuenta que tipo de personas quieren gobernar el estado de Chiapas son líderes de la delincuencia organizada”, refiere el comunicado sobre Ramírez Aguilar, quien se enfila como el candidato por el partido Morena para las elecciones gubernamentales de este año.

A su vez, los ejidatarios de Tila señalan a José Rodrigo Martínez Parcero y su hermana Doctora Adelaida Cruz de Santis Martínez Parcero, ambos trabajadores de la secretaria de salud, (y Adelaida como funcionaria plurinominal del ayuntamiento municipal de Tila), como integrantes del grupo criminal. Estos personajes han sido denunciados también por coordinarse para la imposición, mediante falsificación de firmas, de Eduardo Gutiérrez Martínez como comisariado ejidal.

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Carmen López Lugo fue asesinado la noche del viernes 12 de enero del 2024.

Los ejidatarios señalan que los asesinatos ocurridos en Tila “se han denunciado ante la fiscalía del estado y los tres niveles de gobierno se han hecho del oído sordo, y se ve claro que sigue el mismo narco estado y narco gobierno. Donde el gobierno federal, diciendo en sus mañaneras que el estado de Chiapas solo es un grupo de autodefensa, pero cuando la realidad los asesinatos a manos de grupos criminales siguen cada a día”. 

En el documento, enfatizan que el ejido Tila canceló todo proyecto y programa federal en su localidad como forma de resistencia, y como respuesta, los grupos de poder ligados a Morena, y apoyados por la delincuencia organizada, están atacando su lucha y la de otros pueblos que se mantiene en resistencia por la defensa de la tierra el territorio y la vida.

“Están siendo asesinados por defender el derecho a la autonomía y la libre determinación que los tres niveles de gobierno no le conviene”, aseveran los ejidatarios choles, quienes desde 2015 expulsaron a los partidos políticos de su comunidad para ejercer su derecho al autogobierno.

Agresiones

En otro comunicado, difundido este domingo (14), los pobladores choles contextualizan sobre el incremento en la violencia en la región, pues “las ejecuciones de personas inocentes y narco menudistas han golpeado al ejido”.

Ante esta situación, los ejidatarios se deslindan de la violencia y condenan las acciones delincuenciales. Aseguran que dentro del ejido existen grupos “que han ejecutado a traición tanto como ejidatarios y grupos neutrales al conflicto agrario”, pero aseveran que el ejido mantiene su lucha por el territorio y la vida.

Ejidatarios de Tila durante movilización en Ciudad de México para reclamar la devolución de 130 hectáreas usurpadas por la presidencia municipal en la década de los ochenta. Foto: La otra Ejido Tila

“En la redes sociales circulan audios donde amenazan a cualquiera que habita dentro del núcleo de población ejidal, informamos que todas las organizaciones se mantengan al tanto de todas las acciones que promueven grupos delincuenciales dentro del ejido”, alertan sobre el clima de violencia que permanece latente entre las poblaciones de la zona norte de Chiapas. 

También, enfatizan que “quienes resulten responsables de asesinatos, que se aplique la ley, sin importar a que grupo pertenezca ya que como ejido no encubre delincuentes”. Este posicionamiento, aseveran, es debido a que como ejidatarios aún se mantienen a la espera de la sentencia de un amparo que ya fue discutido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

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Esto es en referencia a una sentenia que, desde 2008, dio la razón a los ejidatarios choles para recuerar 130 hectáreas de su territorio, las cuales fueron usurpadas por el Ayuntamiento local.

“No planeamos ni organizamos asesinatos, cabe mencionar que hoy apenas estaba en la misa un compañero del congreso nacional indígena que fue asesinado a manos del grupo delincuencial, este 12 de enero , cuando se recibe llamada de auxilio que se habían acribillado, disparado a tres personas en una carnicería ubicado en el barrio chijtieja esto con la finalidad de desestabilizar al pueblo”, divulgaron.

Señalaron que la violencia procede del grupo autodenominado “Karma”, quienes recientemente agredieron a los asistentes a un festejo religioso. “Corrieron a los compañeros que estaban en la coronación del señor de Tila, sin importarles niños, mujeres y personas de otros estados, agrediendo e insultando al comité de festejo”. 

Reportes de medios locales informan que por lo menos una de las tres personas heridas falleció. Ante ello, los ejidatarios hacen “un llamado a todos y todas las organizaciones se mantengan al tanto por lo que pueda seguir sucediendo dentro del ejido de Tila a pesar de la presencia del ejército, estaremos comunicando y denunciando”, detallaron.

Intento de división y ocultamiento de documentos militares en caso Ayotzinapa

En portada: “Como padres no vamos a dar ni un paso atrás”, declararon madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa ante el intento de división por parte de las autoridades federales. Foto: Juan Pérez / LatitudesPress

La tarde de este jueves (11), madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, denunciaron que el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” (4T) repite las estrategias de administraciones pasadas para dividir a los familiares y obstaculizar las investigaciones para conocer la verdad sobre el caso.

Señalaron que, al mismo tiempo que el presidente despliega campañas de desprestigio contra organizaciones de derechos humanos, así como contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el ejército mexicano mantiene su negativa para la entrega de 800 folios de información que podrían dar claves para el esclarecimiento del paradero de sus hijos.

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Mediante conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” (Centro Prodh), los familiares de los estudiantes desaparecidos, acompañados de sus asesores legales, sostuvieron que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca dinamitar el diálogo y confrontar a los familiares.

Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, señaló que esa misma mañana se tenía programada la primera reunión formal con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), en la cual, la exigencia principal de los familiares era la entrega de los archivos generados por el ejército a través del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) ubicado en Iguala.

No obstante, al arribar al lugar, fueron sorprendidos por la presencia de un pequeño grupo de madres y padres vinculados a funcionarios relacionados con la desaparición forzada de los normalistas, entre ellos, a los ex gobernadores de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega, así como con el empresario Pedro Segura y el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

“¿Qué es lo que está haciendo? Aunque le duela el Presidente de la República, decimos que es el mismo como el gobierno anterior, porque nos quieren confrontar entre compañeros padres y eso es lo que pasó hoy, para que nosotros peleemos, pero no les quitamos su derecho (a los familiares), porque nosotras como madres y padres sí buscamos a los 43”, reclamó Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, quien destacó que debido a esta circunstancia decidieron no participar de la reunión.

“Es un gobierno tramposo, un gobierno sin escrúpulos, nomás diciendo pura barbaridad de nuestros equipos, sabiendo que él tiene la información sobre documentación de la Sedena que nosotros presentamos para aquellos folios que nosotros estamos exigiendo. No es necedad de los 43 padres de familia, ni es terquedad, es una exigencia que nos pertenece para saber la verdad”, aseveró Mario González, padre del normalista desaparecido César Manuel González.

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Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, recalcó que el gobierno, lejos de dar respuesta y entregar los 800 folios de información en manos de los militares, ha emprendido una campaña de descalificación contra los asesores legales de los familiares, así como contra el GIEI, la Comisión Interamericana y la Organización de Estados Americanos.

“Por muy presidente que sea no puede quitar ese derecho a las víctimas. No es un tema de una organización política, son víctimas los padres de familia que por delante tienen expedientes, tienen un trabajo técnico que se tiene que hacer y que estar asistidos por sus representantes legales. Pero el presidente hoy en día está desviando la atención, lejos de dar la información que tiene obligación de entregarla” sentenció el abogado.

Ejército niega documentos

Para los familiares y asesores legales, la exigencia principal es que el ejército entregue los documentos del CRFI, demanda que mantienen desde hace un año, derivada de la investigación que da seguimiento a la propia Covaj y la coadyuvancia del GIEI.

 “Se revisaron con este motivo archivos militares, y se solicitó información a través de sendas baterías de preguntas que se hicieron al ejército mexicano. Con todo este trabajo, hasta el año 2022, llegamos con un conjunto de información importante, pero dentro de esa información hacen falta 800 folios. En estos folios tenemos un folio importante que habla del traslado de 17 estudiantes de barandilla municipal a Loma de Coyotes, a través de una intervención telefónica que el ejército hizo en la noche del día 26 de septiembre”, enfatizó Rosales.

El abogado de Tlachinollan compartió que también han solicitado información adicional al ejército. Entre esta, pidieronla comunicación completa, el dispositivo donde ésta se encuentra, así como los números telefónicos que fueron objetos de intervención y los militares que la realizaron; así mismo, exigieron que dichos elementos comparezcan.

“Esa información la deben, no nos la han entregado y, junto a ello, los 800 folios forman parte hoy en día en la investigación. Esos folios existen, ha sido admitido por el gobierno en las reuniones que tenemos, pero públicamente, en las mañaneras, se dice otra cosa”, denunció Rosales. 

De acuerdo al abogado, es el ejército quien niega la información, “dice que no existe, sin embargo, en las reuniones serias que tenemos de la Covaj se han confirmado”.

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La exigencia de las madres y padres es que el ejército entregue dicha información mediante reunión con la Covaj y a su vez, que Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Comisión Interamericana y la Organización de las Naciones Unidas, puedan hacer una revisión de la misma.

“Si de esa revisión resulta necesario hacer una revisión -y cito- en los cuarteles pues ya se verá, pero no podemos ahorita ir a los cuarteles cuando es un trabajo que ya se hizo desde el año 2019”, señaló el abogado de Tlachinollan.