^{En portada: Fotograma de video donde se muestra la irrupción violenta de los militares en el ejido Nuevo América, región fronteriza entre Chiapas y Guatemala.}

La mañana de este martes (16), miembros del Ejército mexicano y Guardia Nacional (GN) irrumpieron con violencia al ejido Nuevo América, municipio de Chicomuselo, donde pobladores habían colocado cercas para evitar el ingreso de grupos armados que se enfrentaron la noche del lunes (15) en la región.

Desde 2021, se registra una crisis de violencia y seguridad en esta región fronteriza con Guatemala. Testimonios han dado cuenta sobre una guerra entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, cuyos enfrentamientos violentos han provocado el desplazamiento forzado de miles de personas.

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A través de un comunicado urgente, la Sociedad Civil del pueblo de Chicomuselo hizo un llamado a la comunidad internacional para denunciar que, a la violencia del crimen organizado, se suma ahora el ataque de las fuerzas armadas, “quienes están violentando a la sociedad civil que ha decidido resguardar sus pueblos por la creciente violencia y enfrentamientos entre cárteles”.

Ante el arribo de los militares, quienes acusan a los pobladores de pertenecer a grupos criminales, habitantes del ejido Nuevo América y otras poblaciones circundantes a la presa Belisario Domínguez solicitaron el diálogo con las fuerzas armadas para explicarles las razones del cercamiento, pero éstos se negaron a escuchar y les violentaron.

 “La población se pregunta por qué no resguardan los lugares donde se encuentran los grupos criminales y liberan las carreteras que mantienen bloqueadas desde hace más de dos años, pero sí entran a las comunidades donde la gente está organizada para cuidar sus ejidos”, reclama la población.

Mediante videos que circulan en redes sociales se puede observar el ingreso violento de los militares y GN pese al intento de diálogo por parte de los pobladores. 

Un testimonio difundido por Radio Zapatista señala que elementos del Ejército lanzaron piedras y gas lacrimógeno contra los campesinos. “Llevaban barretas, desbarataron las líneas de los señores campesinos y la gente pues ya no tuvo donde, no aguantó”, detalla el testimonio anónimo. Mediante el audio, explica que no hubo respuesta violenta por parte de los campesinos pese las agresiones de los militares, quienes lastimaron a pobladores  y retuvieron a dos personas, cuyo paradero desconocen.

Como resultado del ingreso de las fuerzas armadas se reporta el aumento de familias desplazadas por la violencia entre las comunidades ubicadas en la franja de la presa también conocida como “La Angostura”. A éstas poblaciones, se añaden otros ejidos con migración forzada a causa del miedo y del terror de la violencia que se está viviendo. 

De acuerdo al comunicado éstas poblaciones son: Rizo de Oro, Guadalupe Maravillas, Perlas del Grijalva, Resplandor, Retiro y San Isidro del municipio de la Concordia. Puerto Rico y Chejel del municipio de Socoltenengo. Julio Sabines, Benito Juárez, Nueva América, Corona del Rosal, Pablo L. Sidar, Raizal, Madero, Nueva Morelia, Limonar, La Lucha, La Unión, San Francisco, La Pinta, San Ignacio, Sabinalito, Las Flores, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Piedra Labrada, Lázaro Cárdenas, y la cabecera municipal de Chicomuselo.

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El testimonio difundido por Radio Zapatista asevera que la situación es grave debido a que las familias, muchas con niños y gente enferma huyeron hacias las montañas y hacia la presa. “El otro problema que ahí están estancado nadie los pasa, los lancheros se corrieron también, entonces es un caos aquí en la orilla de la presa. Está muy feo, quedaron cerradas las casas, todo quedó cerrado, abandonado, abandonaron sus animales, sus animalitos de corral, ganado, caballos, sus autos ya no lo pudieron pasar para aquel lado de la presa. También hubieron mujeres que igual se salieron corriendo por el gas que aventaron, también hubo disparos por parte de ellos”, se narra en el audio.

En el comunicado, la población se cuestiona por qué las fuerzas armadas permitieron el desalojo de varias comunidades por parte de los grupos criminales mientras permanece secuestrado el pueblo sin que intervengan contra los sujetos armados.

“¿Por qué violentan a las comunidades en resistencia?”, cuestionan en el documento difundido tras las agresiones. “Se ha perdido la confianza en los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional del 101 batallón de infantería ubicado en el municipio de Chicomuselo, porque hasta ahora solo actúan contra la población que resguarda sus comunidades y pide diálogo y no contra los que desalojan, asesinan y secuestran a los pueblos, como en el caso de la cabecera municipal de Chicomumselo, Comalapa, Siltpec y Amatenango, donde hay retenes permanentes con casetas de los grupos criminales que revisan celulares, mochilas, cobrando el derecho del paso y de piso, controlan los precios y los tiempos de las cosechas de los campesinos”, detallan.

Militarización y crimen a la par

Organizaciones internacionales de derechos humanos, con trabajo en Chiapas y el sur de México, como el Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR) y del Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ) difundieron un comunicado para externar su preocupación por la violencia armada que azota la región desde 2021.

Mediante un documento, aseveran que la confrontación entre grupos criminales “está impactando fuertemente a la población civil, a través de actos de desaparición forzada, tortura, reclutamiento forzado, explotación sexual, extorsión y desplazamiento y otras estrategias de control de la población”.

Resaltan que el panorama de violencia afecta especialmente a personas defensoras de derechos humanos. “Hemos recibido información procedente de la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala de casos de asesinato, tortura y desaparición de personas defensoras que ejercían actividades de defensa – denunciando la vulneración de los derechos de la población civil, o negándose a sostener uno o el otro contendiente -, y cuya perpetración parece tener propósitos ejemplarizantes. Ello ha llevado a diversas personas defensoras de derechos humanos a buscar refugio lejos de sus comunidades de origen y a suspender sus actividades de defensa de los derechos humanos”, contextualizan.

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Acorde a las organizaciones, este escenario se estaría desarrollando ante la inacción de las autoridades, “siendo la militarización de todo el estado la única respuesta, sin efecto consistente para frenar la violencia”, sostienen.

Enfatizan que Chiapas es uno de los estados con mayor presencia militar en todo México. Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hasta julio del 2022 se encontraban desplegados 17 mil 160 elementos del ejército y Guardia Nacional.

“El aumento exponencial de la violencia y las omisiones del Estado están resultando en el cierre completo del espacio de acción para la defensa de los derechos humanos, y nos preocupa que ante ello no se estén implementando mecanismos de protección”, reclaman las organizaciones de derechos humanos.

^{En portada: Ejidatarios de Tila durante movilización en Ciudad de México para reclamar la devolución de 130 hectáreas usurpadas por la presidencia municipal en la década de los ochenta. Foto: La otra Ejido Tila}

El pasado fin de semana, ejidatarios del municipio de Tila difundieron un par de comunicados para alertar sobre el incremento de la violencia y el asesinato de un integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI) en el poblado chol, región norte de Chiapas.

En uno de los documentos difundidos, aseveran que fue durante la noche del viernes, 12 de enero de 2024, cuando integrantes de un grupo criminal dispararon con armas de uso exclusivo del ejército (calibre 9mm) contra Carmen López Lugo.

Los ejidatarios señalan como responsables del asesinato de López Lugo, quien fungiera como presidente del Consejo de Vigilancia en el periodo de 2018 a 2021, a la organización criminal conocida como “Autodefensas Karma”.

 “Este grupo se ha visto promoviendo a unos supuestos precandidatos a la gubernatura del estado de Chiapas de apellido Sasil (Sasil Dora Luz de León Villard) y Eduardo Ramírez Aguilar (ambos senadores), para que se den cuenta que tipo de personas quieren gobernar el estado de Chiapas son líderes de la delincuencia organizada”, refiere el comunicado sobre Ramírez Aguilar, quien se enfila como el candidato por el partido Morena para las elecciones gubernamentales de este año.

A su vez, los ejidatarios de Tila señalan a José Rodrigo Martínez Parcero y su hermana Doctora Adelaida Cruz de Santis Martínez Parcero, ambos trabajadores de la secretaria de salud, (y Adelaida como funcionaria plurinominal del ayuntamiento municipal de Tila), como integrantes del grupo criminal. Estos personajes han sido denunciados también por coordinarse para la imposición, mediante falsificación de firmas, de Eduardo Gutiérrez Martínez como comisariado ejidal.

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Los ejidatarios señalan que los asesinatos ocurridos en Tila “se han denunciado ante la fiscalía del estado y los tres niveles de gobierno se han hecho del oído sordo, y se ve claro que sigue el mismo narco estado y narco gobierno. Donde el gobierno federal, diciendo en sus mañaneras que el estado de Chiapas solo es un grupo de autodefensa, pero cuando la realidad los asesinatos a manos de grupos criminales siguen cada a día”. 

En el documento, enfatizan que el ejido Tila canceló todo proyecto y programa federal en su localidad como forma de resistencia, y como respuesta, los grupos de poder ligados a Morena, y apoyados por la delincuencia organizada, están atacando su lucha y la de otros pueblos que se mantiene en resistencia por la defensa de la tierra el territorio y la vida.

“Están siendo asesinados por defender el derecho a la autonomía y la libre determinación que los tres niveles de gobierno no le conviene”, aseveran los ejidatarios choles, quienes desde 2015 expulsaron a los partidos políticos de su comunidad para ejercer su derecho al autogobierno.

Agresiones

En otro comunicado, difundido este domingo (14), los pobladores choles contextualizan sobre el incremento en la violencia en la región, pues “las ejecuciones de personas inocentes y narco menudistas han golpeado al ejido”.

Ante esta situación, los ejidatarios se deslindan de la violencia y condenan las acciones delincuenciales. Aseguran que dentro del ejido existen grupos “que han ejecutado a traición tanto como ejidatarios y grupos neutrales al conflicto agrario”, pero aseveran que el ejido mantiene su lucha por el territorio y la vida.

“En la redes sociales circulan audios donde amenazan a cualquiera que habita dentro del núcleo de población ejidal, informamos que todas las organizaciones se mantengan al tanto de todas las acciones que promueven grupos delincuenciales dentro del ejido”, alertan sobre el clima de violencia que permanece latente entre las poblaciones de la zona norte de Chiapas. 

También, enfatizan que “quienes resulten responsables de asesinatos, que se aplique la ley, sin importar a que grupo pertenezca ya que como ejido no encubre delincuentes”. Este posicionamiento, aseveran, es debido a que como ejidatarios aún se mantienen a la espera de la sentencia de un amparo que ya fue discutido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

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Esto es en referencia a una sentenia que, desde 2008, dio la razón a los ejidatarios choles para recuerar 130 hectáreas de su territorio, las cuales fueron usurpadas por el Ayuntamiento local.

“No planeamos ni organizamos asesinatos, cabe mencionar que hoy apenas estaba en la misa un compañero del congreso nacional indígena que fue asesinado a manos del grupo delincuencial, este 12 de enero , cuando se recibe llamada de auxilio que se habían acribillado, disparado a tres personas en una carnicería ubicado en el barrio chijtieja esto con la finalidad de desestabilizar al pueblo”, divulgaron.

Señalaron que la violencia procede del grupo autodenominado “Karma”, quienes recientemente agredieron a los asistentes a un festejo religioso. “Corrieron a los compañeros que estaban en la coronación del señor de Tila, sin importarles niños, mujeres y personas de otros estados, agrediendo e insultando al comité de festejo”. 

Reportes de medios locales informan que por lo menos una de las tres personas heridas falleció. Ante ello, los ejidatarios hacen “un llamado a todos y todas las organizaciones se mantengan al tanto por lo que pueda seguir sucediendo dentro del ejido de Tila a pesar de la presencia del ejército, estaremos comunicando y denunciando”, detallaron.